miércoles, 8 de agosto de 2012

El fraude de la petrolera Perenco en Guatemala

CERIGUA

La ampliación por 15 años más, de la concesión petrolera de la empresa franco-británica Perenco, ubicada en el Área Protegida Parque Nacional Laguna del Tigre, en Petén, Guatemala, se hizo en el contexto de maniobras ilegales, que hoy salen a luz pública con la condena a tres años de prisión para Sergio Veliz, ex Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), dictada el 31 de julio del presente año.

En un artículo de opinión, Mario Enrique Sosa, analista político y miembro del Frente Popular de Guatemala, señaló que Sergio Veliz fue condenado por los delitos de falsedad ideológica y resoluciones violatorias a la Constitución, en específico por haber alterado la publicación del Plan Maestro del Parque Nacional Laguna El Tigre.

El condenado alteró aquellas disposiciones que impiden la actividad petrolera y que permitían establecer las afectaciones y riesgos a la biodiversidad ocasionadas por la actividad de la empresa Perenco, hecho ocurrido en el 2007, durante el gobierno de Óscar Berger.

No existen procesos en contra de personeros de Perenco, pese a que en el expediente judicial figura una carta fechada el 13 de abril del 2010, firmada por el representante de tal empresa en Guatemala, en la que pide al ex-secretario que suspenda el Plan Maestro.

En opinión de Sosa, la concesión de la petrolera ha sido ilegítima e ilegal y cuestionable desde las perspectivas científica, ambiental, social, política y jurídica, razón por la que organizaciones sociales, ambientalista y universidades exigen que se suspendan las operaciones en dicha área y se declare lesivo el contrato de ampliación entre dicha empresa y el Estado guatemalteco.

La explotación petrolera y la minería son parte de las formas de despojo y expolio que operan en el país, con una legislación permisiva, con gobiernos cómplices de los planes de las transnacionales y organismos que, en general, se orientan a vigilar sus intereses, destacó el analista.

La ampliación del contrato petrolero fue decretada en el 2010 por el gobierno de Álvaro Colom, el cual tuvo la característica de dar continuidad servil al modelo de acumulación de capital imperante, añadió el experto.

El gobierno de Otto Pérez tiene la responsabilidad de declarar lesivo el contrato y suspender inmediatamente las operaciones petroleras, de lo contrario será una nueva evidencia del entreguismo al capital transnacional y local; el Ministerio Público (MP) deberá continuar la investigación del caso y llevar a la justicia a todos y cada uno de los responsables directos e indirectos, concluyó Sosa.

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