viernes, 31 de agosto de 2012

España aprueba nueva reforma financiera impuesta por Europa

PL

España aprobó hoy su tercera reforma financiera en apenas ocho meses de gobierno del conservador Partido Popular (PP), que incorpora las duras condiciones impuestas al país por Europa para acceder a un multimillonario préstamo.

En su reunión semanal, el Consejo de Ministros dio luz verde a los nuevos cambios en el sistema bancario, que elevan los requisitos de solvencia y contemplan segregar los activos inmobiliarios problemáticos en un denominado banco malo.

La iniciativa, exigida por la Unión Europea (UE) antes de desbloquear el rescate de hasta 100 mil millones de euros para sanear el deteriorado sector financiero español, concede amplios poderes al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Con la nueva reforma, quinta que se realiza en los últimos tres años, este fondo estatal pasará a estar controlado por el Gobierno y podrá actuar tanto en las entidades que sólo necesiten una pequeña ayuda como en las que requieran una profunda reestructuración o una verdadera liquidación.

Además, la flamante ley permitirá al Banco de España intervenir en entidades que cumplen con los requisitos de solvencia y liquidez, si es previsible que lo dejen de hacer en el futuro.

El supervisor central y el FROB serán los directores de la sociedad de gestión al que traspasan los activos de difícil cobro, es decir el banco malo.

En una rueda de prensa, el ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó que el traspaso de activos dañados (inmuebles adjudicados por impago o créditos dudosos) a esta sociedad gestora será "a precios adecuados".

El objetivo, señaló, es que esa firma -que luego debe vender esos activos en el mercado- no genere pérdidas y se pueda "minimizar" el impacto en los recursos públicos.

Durante la propia comparecencia posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Ejecutivo ibérico, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que la ley diseñada por el derechista PP responde al objetivo de que "no cueste un euro al contribuyente".

Sáenz de Santamaría subrayó que servirá para culminar la reestructuración del sector y dinamizar la "digestión" del sistema inmobiliario español, hundido tras el estallido de la burbuja en 2008.

Para algunos partidos políticos de la oposición y organizaciones sindicales, la creación del banco malo significará trasladar al sector público la responsabilidad de la debacle generada por el sistema financiero en el sector inmobiliario.

A su juicio, la constitución de esa sociedad generará nuevos recortes sociales, mientras que el Estado se convertirá en una gran inmobiliaria para que las pérdidas privadas de la banca se paguen con dinero de los ciudadanos.

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