martes, 21 de agosto de 2012

Luciano

APE

“Máximo compromiso”, dijo el gobernador Daniel Scioli. “Memoria, verdad y justicia”, agregó con solemnidad. Luego se disculpó con las formalidades necesarias por no haberlos recibido antes y expresó su indignación “con el hecho”. Tres años y siete meses después recién tuvo un lugar en su agenda.

Tres años y siete meses pasaron desde la desaparición, en manos de la policía bonaerense, de Luciano Arruga, pibe pobre de Lomas del Mirador, La Matanza. Habían querido cooptarlo para que robara para la fuerza policial más numerosa y temible del país. Dijo que no. Con 16 años vulnerables y morochos. Fue secuestrado en una esquina el 31 de enero de 2009 y sólo se supo que había sido torturado dentro de un calabozo. Sus gritos. Su sangre. Sus huellas. La memoria. La muerte segura.

“El Gobernador expresó el respaldo político e institucional e instruyó al secretario Carlotto para que asuma la responsabilidad de estrechar vínculos con los familiares, atender sus peticiones y profundizar el trabajo conjunto en torno a la causa articulando con los diferentes actores involucrados”, dice la gacetilla de prensa de la Provincia.

Tres años y siete meses, Luciano, símbolo de la crueldad institucional. Símbolo que quema. Que desnuda los rostros perversos del Estado. La causa judicial sigue caratulada como “averiguación de paradero”. Los ocho policías del destacamento de Lomas del Mirador siguen siendo custodios del orden en nombre del Estado.

Guido Carlotto, secretario de Derechos Humanos de la provincia, dijo: “En la búsqueda de fortalecer la democracia, que es la única manera de evitar la violencia institucional y las vulneraciones al Estado de derecho, tanto el Gobernador como nuestra Secretaría han decidido expresarle a la mamá, a la hermana y a los familiares de Luciano Arruga la firme voluntad y la decisión política de acompañarlos para esclarecer el caso”. Y dijo también: “un Estado presente y comprometido” y habló de “la enérgica predisposición del Gobierno provincial”.

Tres años y siete meses demandó al Estado provincial recibir en su despacho y por un rato a la familia de un desaparecido en democracia. Tres años y siete meses después ese Estado le aseguró a la familia su “máximo compromiso”. Reivindicó su firmeza. Le habló de un “Estado presente” que no era necesario, después de todo, aclarar. Porque Vanesa Orieta, la hermana; Mónica Alegre, la mamá; Mario, el hermano (el mismo que hace días fue golpeado y amenazado por policías) saben muy bien de ese tipo de presencias institucionales.

Tres años y siete meses después, Luciano sigue perdido en las nebulosas del horror. Junto a Jorge Julio López, Daniel Solano, Mario Golemba y tantos desaparecidos por los brazos imprescindibles del Estado.

Tres años y siete meses después, el gobernador de la provincia acaba de enterarse.

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