miércoles, 15 de agosto de 2012

México: Acotado, el fuero de guerra

Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)

Después de recomendaciones y sentencias, respectivamente de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, múltiples exigencias de organizaciones civiles promotoras y defensoras del derecho humanitario en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, el 9 de agosto, que en los casos en que un militar sea acusado de cometer delitos contra civiles debe ser juzgado por tribunales ordinarios y no castrenses, como sucedía desde 1814.

Los medios de difusión coincidieron en calificarla como “resolución histórica” --inédita diría el levantacejas estelar del Canal de las estrellas–, pero ningún diario impreso le dio el espacio que honrara el adjetivo porque estaban demasiado ocupados en consignar lo archisabido: que Manlio Fabio Beltrones presidirá a los diputados del tricolor y Emilio Gamboa a los senadores, que Leonardo Valdés Zurita –el que rehusó hablar ante universitarios de Nuevo León– insiste en que la jornada del 1 de julio fue la “más concurrida, más vigilada y más transparente de nuestra historia”, que Enrique Peña descubrió que “es momento de ver hacia el futuro” y legislará a trasmano del sonorense y el yucateco desde el 1 de septiembre, que a la secta llamada Confederación Patronal más que le urge que el mexiquense de Atlacomulco sea declarado presidente electo; mientras el Instituto Federal Electoral cerró la puerta a la petición del Movimiento Progresista para acelerar la fiscalización de gastos de campaña de Peña Nieto, con el argumento de que “no hay elementos jurídicos para alterar plazos ni para emitir dictámenes provisionales”.

Pero dejemos el contexto. La Suprema Corte afianzó los límites al llamado fuero militar establecido en el artículo 13 de la Constitución, cuando ocho de 11 ministros determinaron que el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Morelos, es competente para desahogar el proceso contra el coronel José Arias Agredano, acusado de encubrir el homicidio de Jethro Ramsés Sánchez, quien fue asesinado por soldados del Ejército en Cuernavaca en mayo de 2011.

La SCJN fijó un primer criterio jurisprudencial, aunque aún le falta repetir la acción cuatro veces más en el mismo sentido para sentar jurisprudencia, y para que con ella todos los jueces y magistrados estén obligados a interpretar los postulados del 13 constitucional de manera restrictiva, de modo que los delitos cometidos por militares en activo contra civiles ya no puedan ser juzgados por jueces castrenses.

Estamos, sin duda, frente a un trascendente acotamiento del fuero de guerra, pero lejos de su indispensable abolición, como se empezó a plantear en las páginas de la revista Forum a partir del número 65, de abril de 1998, en la pluma del general Gallardo desde la Prisión del Campo Militar Número Uno:

“No obstante, a través de este fuero militar el alto mando en una errónea interpretación se arroga funciones supraconstitucionales que rompen el orden
institucional y fomentan la impunidad, es decir, la práctica del delito bajo la sombra del poder, acto que desde la vida independiente del país ha permanecido incólume, de esta forma, lejos de que el Ejército auspicie el desarrollo y la convivencia social y pacífica de los actores políticos, se convierte en un ancla para la democratización de México.”

Abundaba José Francisco Gallardo Rodríguez: “En la tesitura de la apertura y de la globalización, ahora y definitivamente se debe devolver al Ejército a los cauces constitucionales mediante una profunda reestructuración y reforma del Estado que lo haga sentir como un órgano del poder público en beneficio y vigilante de los principios y objetivos más sublimes de la nación”.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.