viernes, 10 de agosto de 2012

México: Seguridad pública y cuentas oficiales

Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)

La incidencia de homicidios dolosos mostró un decremento en el país, pues en el primer semestre de 2012 disminuyó 7 por ciento, reportó Felipe Calderón al encabezar la 33 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Aseguró que dicha política está sustentada en nuevas capacidades institucionales y un estrecho vínculo con la sociedad.

Para justificar la autocrática decisión de involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, misma que arrancó en diciembre de 2006 con el Operativo Michoacán, el general de cinco estrellas justificó: “Hemos actuado siempre con un sentido de urgencia, para impedir que más ciudadanos sean víctimas de la delincuencia, y sabemos que toda política gubernamental debe estar sujeta a una revisión permanente”.

Si algo demuestra la estrategia de seguridad, militarista, subordinada a los intereses y necesidades de la Casa Blanca y del Pentágono, es la rigidez que privilegió discursivamente algunos aspectos socioculturales. El “estrecho vínculo” con la sociedad sólo es con actores que se suman a las decisiones de Calderón.

Cierto, el michoacano platicó con rectores y académicos, representantes de medios de difusión, empresarios, líderes sociales, víctimas de la violencia y familiares, pero no fue capaz de asimilar sus planteamientos bajo el pedante pretexto de que “mi estrategia es la mejor”.

No sorprende, en consecuencia, que en la recta final del sexenio del empleo (de la fuerza) que heredó al país hasta el 8 de julio y de acuerdo con el poeta Javier Cicilia, “70 mil muertos, 20 mil desaparecidos, cientos de miles de desplazados, miles de huérfanos, viudas, heridos, familias rotas y comunidades sin paz”. Para el Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados, son 230 mil los desplazados de sus hogares, de 2007 al 2010.

Las sillas vacías y la ausencia de figuras estelares, otrora presentes y hasta firmantes en actos como en la sesión número 33 del CNSP, formaron parte de la nota de color. También la cooptación de los “representantes de la sociedad civil” como Alejandro Martí, quien pasó en cuatro años del valiente pero inducido “Si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, eso también es corrupción”, al “Es evidente que México está cambiando positivamente”.

Y qué decir del reciclamiento presidencial de la impugnada María Elena Morera porque no entregó buenas cuentas, económicas, de su liderazgo en México Unido contra la Delincuencia. E Isabel Miranda Torres y el lamentable papel que jugó como candidata impuesta por Calderón para gobernar a los capitalinos.

Informó el comandante supremo de las fuerzas armadas que encontró poblados y “ciudades enteras” presas de la violencia. Ahora son regiones completas como el área metropolitana de Monterrey y la Laguna. Las tomas clandestinas de combustible se quintuplicaron en el sexenio y el daño a Petróleos Mexicanos se cuantifica en 18 mil millones de pesos.

Mas el problema empieza por lo elemental, como recuerda el director de la Agencia Nacional de Noticias, “ni Genaro García Luna ni su segundo Luis Cárdenas Palomino han pasado los exámenes de confianza. ¿Como estará lo demás? ¿Se los han hecho a Felipe Calderón?”

En tanto que el ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, tardíamente advierte a la nación lo esencial, que la seguridad pública no es competencia del Ejército mientras no exista declaración de guerra, un decreto de suspensión de garantías o uno del titular del Ejecutivo en el que disponga que puede hacer uso de la totalidad de las fuerzas armadas para la seguridad interior o exterior.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.