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La mayoría de las víctimas eran trabajadores del yacimiento de platino Marikana, a un centenar de kilómetros de Johannesburgo, y la decisión judicial de inculpar a los detenidos por asesinato generó gran controversia en el país.
El 16 de agosto murieron 34 trabajadores en enfrentamientos con la policía, la cual disparó contra los huelguistas. En las jornadas anteriores otros 10 mineros perecieron en choques entre organizaciones sindicales.
Según medios de prensa, la fiscalía surafricana decidió acusar a los 270 mineros presos tras la policía asegurar "que había encontrado cadáveres con disparos en la espalda, circunstancia que ha considerado que podría apuntar a que fueron asesinados por sus propios compañeros".
Por su parte, uno de los encausados reiteró su preocupación por las denuncias sobre "las condiciones en las que son mantenidos en prisión los trabajadores acusados" y exigió que sean liberados bajo fianza de inmediato. La policía admitió que investiga las denuncias de tortura.
En un comunicado, Radebe informó que pidió al director de la Fiscalía Nacional, Nomgcobo Jiba, que le presente un informe para explicar su decisión de hacer responsables a los mineros de los sangrientos sucesos.
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