ANSA
El gobierno informó que la medida dará más protección a los propietarios de viviendas en el país y "dará un portazo en la cara a los okupas de una vez para siempre".
La pena máxima por ocupación ilegal de una propiedad privada en Inglaterra y Gales será de 5.000 libras esterlinas (7.900 dólares), una sentencia de seis meses en prisión, o ambas.
Sin embargo, los activistas de personas sin techo indicaron que la legislación podría ahora criminalizar a personas vulnerables y llevar a que más "homeless" terminen durmiendo en la calle.
Hasta ahora la ocupación ilegal de viviendas era considerada un asunto civil, lo que impedía a la Policía intervenir o desalojar a "okupas" a la fuerza, llevándose los casos a largos procesos judiciales en cortes civiles. Pero desde el 1 de septiembre, aquellos que ingresen ilegalmente a una propiedad privada estarán sujetos a la ley de delitos criminales, y por ende sujetos a acciones policiales, con la detención inmediata en caso de comprobarse que la denuncia sea fehaciente.
La prensa británica había informado que en el pasado muchos "okupas" se aprovecharon de la antigua ley para ingresar a viviendas cuando sus dueños estaban de vacaciones, y permanecer allí por meses, hasta que la corte los desalojara.
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