El desaparecido de la democracia

LA ARENA

La de ayer fue una fecha infausta para la democracia argentina: se cumplieron seis años de la desaparición de Jorge Julio López, el humilde hombre de pueblo que tuvo la valentía de testificar contra uno de los más crueles represores de la última dictadura militar, a manos de quien había sufrido humillaciones y torturas. Bien puede decirse que gracias a su testimonio ese delincuente hoy está en la cárcel cumpliendo una cadena perpetua, pero también que la valiente y decidida acción de López lo convirtió en el primer desaparecido en democracia.

La memoria de López debe permanecer por su coraje civil pero más, aunque nos pese, por la incapacidad de los organismos del Estado de encontrarlo y castigar a quienes lo secuestraron. Transcurridos seis años es difícil llamarse a engaño esperando que aparezca con vida; la oscura trama de complicidades civiles, policiales y militares que sobrevivió al proceso y que no fue debidamente investigada y castigada en los comienzos de la recuperación democrática, es a todas luces la responsable de la segura muerte de este hombre. Esos personajes que componen la red lo eligieron para escarmentar a quienes en el futuro se vieran ante la situación de testificar ante un tribunal contra los represores de aquellos años tenebrosos. Es verdad que no tuvieron éxito, pero lo cierto es que un ciudadano argentino desapareció sin dejar rastros, como quien dice bajo las propias narices de la estructura estatal, que debió haberlo protegido.

Muy densos deben haber sido los intereses que intervinieron en la desaparición para que no hubiera resultados ni siquiera ante la cólera del entonces presidente Néstor Kirchner. Debe tenerse presente además que el testimonio de López involucraba a más de medio centenar de uniformados, cuya situación ante su forzada ausencia se vio notablemente aliviada.

También llama la atención que, al margen del nulo éxito que tuvieron los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires en las pesquisas sobre su paradero, los proyectos legislativos sobre formación de comisiones investigadoras y pedidos de informes a los poderes hayan sido rechazados o duerman casi olvidados. Los organismos de derechos humanos han sostenido desde los comienzos del caso que hubo inacción por parte de la Justicia y claro involucramiento de miembros de las fuerzas de seguridad, tanto de condición activa como pasiva. Ni siquiera los dos millones de pesos ofrecidos como recompensa por brindar información fidedigna han motivado la ruptura del pacto de silencio que une a los responsables o a quienes saben del secuestro.

Según trascendidos de los últimos días habría habido algunos cambios en los equipos abocados al caso, al tiempo que llamó la atención que el fiscal nacional interviniente apartara a la Policía Federal de la investigación que se sigue a partir del cruce de llamadas telefónicas ya que, dijo, "no me conformó porque no tiene capacidad técnica". La ubicación y cruzamiento de las llamadas telefónicas del área siempre se consideró un elemento muy importante para el esclarecimiento.

En medio de ese clima donde las sospechas están lejos de ser disipadas, el reclamo de los familiares conmueve en su resignación: "Hoy, seis años después, seguimos a la espera de que la Justicia nos dé una respuesta. Quisiéramos al menos una noticia, por mala que sea", han dicho. A seis años de la desaparición de López, la exigencia de justicia trasciende el dolorido marco de su familia y obliga al Estado a dar las respuestas que aún se deben.

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