Cambios que no cambian nada

RED ECO

Si bien en el último año algunas medidas, como la obligación de liquidar las divisas de las exportaciones en el país y la reducción en el plazo para liquidarlas y la presión para sustituir importaciones, complicaron los negocios a las mineras, las políticas de impulso para estos emprendimientos siguen indicando una misma dirección que va en detrimento de modelos productivos para la vida y en defensa del agua. Aquí unos ejemplos.

Santa Cruz - Recientemente la Secretaría de Minería de la Provincia de Santa Cruz autorizó la explotación del Proyecto Don Nicolás, de megaminería, a radicarse en cercanías del Parque Nacional Bosque Petrificado.

IRL Patagonia SA comenzará a explotar a cielo abierto el área de las Estancias La Paloma y Martinetas, cerca de la reserva paleontológica. Tiene previsto comenzar su producción hacia fines de 2013, arrancando con una extracción inicial de 55 mil onzas de oro y 52 mil de plata.

Según informó la empresa, el gobierno aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pero éste no está disponible públicamente, ni en la web de la Secretaría de Minería de Santa Cruz, ni lo ha hecho la minera.

A su vez, la empresa asumió que firmó junto con las poblaciones santacruceñas de Jaramillo y Fitz Roy, un acuerdo de Licencia Social, con los objetivos de desarrollar conjuntamente políticas para generar empleo y programas en salud, capacitación local y establecer compañías de suministros para complementar, y diversificar la provisión de bienes y servicios requeridos por la futura operación de la mina. Sin embargo, ni los vecinos, ni la prensa local, ni el portal de la Gobernación y de la Secretaría de Minería de la provincia, dan cuenta en documento alguno de cuándo, cómo y por quién fue realizado el proceso de obtención de dicha Licencia Social.

Respecto a los controles que el gobierno provincial realiza a las mineras, la agencia informativa OPI Santa Cruz señaló que son ínfimos y prácticamente inexistentes. Quien hace un tiempo se desempeñaba como Secretario de Minería, el Señor Oscar Vera, fue por mucho tiempo el único "policía minero" que tenía Santa Cruz y por falta de recursos eran (y son, actualmente) las propias mineras las que solventan su trabajo y les financian la movilidad para las recorridas en los yacimientos.

A su vez, señalaron que la forma en que se saca el oro y la plata, lo conoce un reducido grupo de funcionarios y está lejos de controles públicos. Nadie sabe cuánto se explota, lo que se paga y mucho menos lo que se denuncia, dado que las empresas son las propias redactoras de las actas donde dan fe del material extraído del subsuelo.

Chubut - Rafael Williams, quien ejerce desde diciembre de 1999 el cargo de intendente de Esquel, y mantuvo siempre una postura favorable a la minería a gran escala, declaró en estos días que ve bien que hayan salido empresarios de la construcción con sus camiones a la movilización pro minera para defender sus empresas y sus empleados.

La movilización que se realizó el último sábado sumó alrededor de 40 camiones, maquinaria y vehículos, y personal vinculado a la minera.

El intendente admitió que la marcha fue un mensaje para los diputados provinciales que deben tratar el proyecto de Marco Regulatorio de la actividad Hidrocarburífera y Minera presentado por el ejecutivo provincial a mediados de este año a pesar de la vigencia de la ley 5.001, que prohíbe desde 2003 en todo Chubut la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera.

El jefe comunal señaló que "la necesidad de trabajo hace ver con buenos ojos cualquier actividad y la minería es una". Incluso acotó que "hay gente que expresa que está de acuerdo que se desarrolle la minería, pero no condicionando la situación ambiental, en una postura intermedia a lo que es fundamentalismo".

Lo que no señaló fue por qué existe dicha necesidad de trabajo que convierte a la minería en una alternativa, ni la inexistencia de políticas serias para el desarrollo de actividades verdaderamente productivas.

Por otro lado, desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Por el No a la Mina aseguraron que la marcha a favor de la actividad fue organizada por la empresa minera y no por los vecinos de Esquel. El origen sería un pedido por parte del Gobierno provincial hacia la empresa minera dado que el Marco Regulatorio dejaría afuera a la ciudad de Esquel, a menos que los legisladores interpreten que hay vecinos que quieren la actividad en esta ciudad.

Mendoza - Desde la Asamblea por el Agua de San Rafael plantearon su desconfianza respecto a la protección ambiental ante la reapertura del proyecto de extracción de uranio en Sierra Pintada.

La asamblea planteó que “en el marco del modelo agro-minero existe una firme decisión de la Nación para acelerar la reapertura, por eso desde el ejecutivo provincial se planean distintas formas de retomar la extracción uranífera, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que data de diciembre de 2010 prohíbe la reapertura hasta tanto no esté concluida la remediación. En este contexto, nos enteramos hace algunas semanas que la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) presentaría en dos meses el estudio de impacto ambiental para la remediación de la colas de uranio y que en 2013 comenzaría las actividades de remediación”.

El yacimiento descubierto en 1968 fue explotado por la CNEA desde 1974 hasta 1995, y abandonado en 1997 debido a la baja del precio del uranio y como parte de la desarticulación estatal llevada adelante por el menemismo. El pasivo ambiental alcanza las 1.000 toneladas de desechos sólidos enterrados en 5.320 tambores y 1.700.000 colas de uranio que deben ser remediados.

La desconfianza formulada por la Asamblea Agua de San Rafael se centra en la negligencia demostrada por la CNEA para operar teniendo en cuenta lo que hizo en el pasado y algunos hechos recientes como la filtración en uno de los diques de remediación como resultado de una rotura de 30 centímetros en la membrana del dique de evaporación de efluentes. El hecho se detectó el 23 de marzo de este año y fue admitido por la CNEA en el mes de mayo luego de que circularan rumores sobre la presunta filtración.

Este suceso dejó al descubierto que la CNEA estaba avanzando en la remediación sin el conocimiento del pueblo y sin cumplir los pasos previstos que son la presentación del informe de impacto ambiental y la posterior audiencia pública.

A su vez, la Asamblea señaló la contaminación grave de napas freáticas y cauces de riego en la zona donde funcionaba el Complejo Fabril Malargüe por la que la CNEA recibió una multa de un millón de pesos, en 2002, por parte del Departamento General de Irrigación.

Por esta razón, desde la Asamblea convocaron a la implicación colectiva y la participación popular, e invitaron a redoblar esfuerzos por parte de la ciudadanía en la junta de firmas en defensa de la ley 7722 dado que la reactivación de Sierra Pintada al igual que muchos otros proyectos megamineros requieren de la modificación o derogación de la ley del pueblo para poder materializarse ya que la misma “prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos”.

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