miércoles, 17 de octubre de 2012

La democratización del dial

Ximena Cabral (PRENSA RED)

La medida cautelar que cae el próximo 7 de diciembre permite abrir la cláusula de desinversión que reordene el espacio de radiofrecuencias y digital. Si bien el eje del debate se centra en el desprendimiento de los grandes grupos económicos que hegemonizan el espacio comunicacional, desde los medios comunitarios, populares y aquellos caratulados como el “tercer sector” se abren interrogantes sobre la factibilidad de la ley.

Los debates sobre la propiedad de los medios de comunicación, las formas de oligopolio vertical o lateral, la posibilidad de acceso a nuevas frecuencias y la sustentabilidad en el tiempo son algunos de los debates candentes que se entrecruzan ante la proximidad del día D. Con la posibilidad de que la desinversión asegure una pluralidad de medios, se levantan algunas advertencias sobre la posibilidad que se haga efectiva de acuerdo a quienes administran la ley.

Luis Reinaudi, abogado laboralista del Cispren expresaba el alcance de la desinversión en donde el “desprenderse de los medios afecta no sólo a lo audiovisual porque son integración lateral”. Gráficos, semanarios, revistas y demás soportes se verían afectados después de diciembre ya que la concentración lateral implica el monopolio sobre diferentes soportes.

Con respecto a la resolución 297/2010 que regula como sería el traspaso (Boletín oficial 8/12/2010) Reinaudi explicó que “la transferencia puede ser voluntaria presentando a quienes se transfiere, pero antes se debe presentar un proyecto para ver cómo se distribuye el porcentaje del capital que tiene que ser nacional, etcétera” abriendo la posibilidad de traspaso accionario a “parientes y amigos” varios.

De acuerdo a las diferentes formas de traspaso, existe la voluntaria, intermedia o de oficio que implican diferentes escenarios para asegurar que se respete cada 33 por ciento que promueve la ley entre lo público, lo privado y las organizaciones sin fines de lucro.

Rodríguez Villafañe, especialista en derecho de la comunicación y activo promotor de la Ley, al disertar sobre la problemática ante un grupo de trabajadores de prensa, hizo referencia también a algunas dificultades presentes tanto profesionales como en el manejo de la información donde “la ley que obliga un titulo para locutores se cruza con otros temas no encarados. De acuerdo a la ley, el locutor esta habilitado a ser un fonador (que no se responsabiliza de la noticia) y el jefe del noticiero no tiene ni créditos así que puedo echarlo y nadie se entera de los que está pasando.”

El referente de la Coalición para una Radiodifusión Democrática remarcó su importancia e instó a enmarcarla en “el acceso a los medios como un derecho humano” donde “la ley no es abstracta de una realidad, es una ley de una puja” concluyó.

Las licencias

La ley está basada en los 21 puntos presentados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática discutidos y aprobados desde las propias organizaciones, gremios, cooperativas, radios populares en diversos foros y cabildos desde el año 2004, proceso del que no participaron por propia voluntad los medios dominantes. Sin embargo, algunos medios y proyectos están destacando los inconvenientes en su aplicación.

“Estamos preocupados por la factibilidad de la ley. El plan técnico no se puede llevar adelante” manifestó José Fernández desde la radio Zumba la Turbay enumera: “15.000 pesos el plan técnico; 4.000 pesos de licitación para radio y el de TV comunitaria entre 27.000 y 30.000. Es para licitar, ni siquiera arrancas”.

Dentro de las radios cooperativas y comunitarias también se discutía la pauta oficial que asegure garantías a ese 33 por ciento. Bajo el argumento de que “si se considera a la comunicación como un derecho asegurar la distribución de pauta oficial” se referenció en parte al tratado de Kyoto donde se ubica al Estado no como propietario sino como mero administrador y la necesidad de control sobre cómo se bajan los subsidios y líneas de crédito.

Con respecto a las formas de solventarse, Alfredo Alberione de la Redde Medios Alternativos (RNMA) explicaba que “la mayor parte de las veces las radios no tienen un perfil económico para poder /solventarlo; ni qué hablar si es una radio sin fines de lucro”. Cabe recordar que desde la RNMAeste año realizaron un taller para armar 15 transmisores de TV; y en el año 2010, 56 transmisores de radio para toda la Argentina. Sin embargo, a pesar de conseguir el soporte denuncian la dificultad de acceso.

La saturación del espectro radiofónico, la ejemplificaron con Giramundo TV el canal del grupo Vila Manzano que interfería en la señal de un canal comunitario en Mendoza y en el caso de Córdoba con la radio la Quinta Pata de San Vicente que también tiene problemas por el espectro.

“El problema es que el plan técnico para otorgar las frecuencias es inviable y el espacio en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, las grandes urbes están saturadas. Aunque hayan hecho un censo, no hay lugar (…) Las radios digitales también son un problema porque le han dado gran parte a Telefónica y la otra parte del espacio digital está destinado para la telefonía, para el uso de celulares”, explicó José Fernández.

Con respecto al 33 por ciento disponible para las organizaciones, remarcó que “no se está cumpliendo. Sólo en Córdoba capital están La Ranchada, Zumba la turba, Radio Sur, La Quinta Pata, Rebelde (que ahora no está transmitiendo) después la Revés, las que son educativas o universitarias… si sumás todas esas emisoras no llega a ser del 2 por ciento.”

La saturación del espectro radiofónico, la ejemplificaron con Giramundo TV el canal del grupo Vila Manzano que interfería en la señal de un canal comunitario en Mendoza y en el caso de Córdoba con la radio la Quinta Pata de San Vicente que también tiene problemas por el espectro.

Ximena Cabral es periodista – Hoy Día Córdoba.

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