viernes, 23 de noviembre de 2012

Colombia estudia retirarse del Pacto de Bogotá inscrito en la ONU

PL

El gobierno colombiano estudia la posibilidad de retirarse del Pacto de Bogotá, suscrito en 1948 y ratificado 20 años después, que reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

En vigencia desde marzo de 1949 e inscrito en la ONU una semana después, el tratado internacional impone a sus signatarios la obligación de resolver sus conflictos por la vía pacífica y agotar los mecanismos regionales de solución de los asuntos antes de acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El anuncio lo hizo la canciller colombiana, María Angela Holguín, tras precisar que la medida responde al fallo emitido por el máximo órgano judicial de Naciones Unidas, que ratificó la soberanía del país suramericano sobre el archipiélago de San Andres y definió las fronteras marítimas con Nicaragua en detrimento de Colombia, asegura.

Según analistas, el retiro del Pacto no implicaría la anulación del fallo y sí un retroceso en la política exterior colombiana.

Aun cuando Colombia decida no acatar el fallo y retirarse del Pacto, aducen, la presión regional e internacional obligaría a buscar una negociación con Nicaragua, que muy probablemente se negará a ceder un centímetro del mar que el tribunal de La Haya le otorgó, 200 millas al norte del meridiano 82.

En su comparecencia la víspera ante el Senado, prolongada hasta la madrugada, Holguín tuvo que responder a los cuestionamientos de esa instancia sobre su papel como defensora de la soberanía nacional.

Durante su intervención, deploró el fallo de la Corte que privó al país de una importante franja de mar y reiteró: "Eso no lo vamos a dejar pasar así".

También se refirió a la intención de recurrir al criterio de expertos internacionales para que arrojen luz sobre las posibilidades jurídicas de revertir el dictamen de La Haya o elevar a ese ente judicial una solicitud de aclaración de su fallo, antes expresada en la Cámara de Representantes.

Asimismo, el gobierno contempla entre sus estrategias una acción conjunta con las autoridades de Estados Unidos y Costa Rica en su condición de afectados por el dictamen, a raíz de tratados anteriores suscritos con esas dos naciones y no tomados en cuenta por la Corte a la hora de formular el dictamen.

También, enviar una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para solicitarle revise los "vacíos jurídicos" que, a juicio del Estado colombiano, se detectan en la decisión de la Corte de La Haya, y que implicaron para Colombia la pérdida de más de 100 mil kilómetros cuadrados de mar.

El Congreso colombiano decidió, por su parte, ignorar el fallo de la Corte y seguirse rigiendo por los límites fijados en la Constitución de 1991, mientras la Armada permanece desplegada en aguas territoriales que ahora son de Nicaragua.

Fuentes jurídicas en La Haya -citadas aunque no identificadas por el diario El espectador-, han explicado que Colombia puede expresar su descontento mediante una petición de "interpretación" del fallo, sustentada por una base jurídica que la respalde, si bien reconocen que en conflictos fronterizos el proceso resulta "más complicado".

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