viernes, 23 de noviembre de 2012

DDHH Black y semiderechos para "los otros"

Gabriel Conte (MDZOL)

Alguien está convencido de que no todos somos iguales ante la ley. Alguien, también, cree que debe haber unos castigos para los unos y otros, más severos, para los otros. Diferenciados, categorizados; de la misma manera en que unos pueden tener la tarjeta de crédito Black o Titanium, otros la Gold no más, y muchos otros, una de débito por la Asignación Universal por Hijo y poco más.

Algunos creen que esto de trata de una especie de “selección natural”.

Bajo esa línea de pensamiento, está bien que se mate a algunos y está mal que eso pase con otros. Cuando quieren morigerar el impacto negativo de admitirlo (a veces “queda mal” hacerlo y deben dar demasiadas explicaciones para sus gustos), mejor prefieren decir cosas como “tenía toda una vida por delante”, “era de una familia bien” o redirigir el hecho hacia el mundo de los deseos, diciendo cosas tales como “por qué no le tocó a algunos de esos que no hacen nada por ahí”.

Depende en qué nivel social uno se mueva es el tipo de frases que se escucha. Es difícil encontrar a quienes se animen a poner un freno a este tipo de frases dentro del mismo círculo, porque el miedo, como sabemos, paraliza y es terriblemente contagioso. Levantar una pared semántica, les parece, es una forma de prevenir su evocación directa.

El asunto de esta nota pasa porque últimamente (y cuando decimos “últimamente”, hablamos de los últimos lustros, con altibajos) se anda degradando, a veces en comidillas y otras, como ahora, con acción directa en afiches y discursos, la labor de abogados que defienden a gente que muchas veces no encuentran quiénes los defiendan.

Todos tenemos el derecho de que se nos defienda frente a un hecho del que se nos acusa, justa o injustamente. Así se trate del más aberrante de las acciones, tenemos derecho a ser juzgados.

Los que reclaman el cumplimiento de la ley saben que no existe dentro de sus parámetros el linchamiento ni el juicio sumarísimo, aunque a veces se reclame –en un acto cargado de paradojas e histeria- las dos cosas a la vez: vale decir, cumplimiento pleno de la ley y ahorcamiento en la plaza pública.

Tan necesario es que todos tengamos la posibilidad de contar con la defensa de un abogado, que las consecuencias de tener o no tener acceso a uno de ellos determina, por ejemplo, qué tipo de población hay en las cárceles.

Allí por lo general no hay ricos, y no es porque no evadan impuestos, no maten, no golpeen a sus familias, no violen ni acosen, no estafen ni emitan cheques sin fondo, no engañen a sus congéneres o a sus empleados. No están porque consiguen buenos abogados que, si bien muchas veces no les pueden sacarles a sus clientes la culpa que la ley les asigna, sí consiguen sacarlos a ellos del sufrimiento de ese Infierno.

Todos tenemos ese derecho porque así lo consagra una declaración vigente en el mundo, que tiene 30 artículos rectores y que arranca con uno que dice: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

En el segundo párrafo de su preámbulo advierte sobre por qué se llegó a su aprobación. Lo hace, hablando de lo que el mundo venía sufriendo por la ausencia de un consenso básico sobre los derechos que tenemos los humanos: “Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”.

Se trata de derechos para gente “bien”, gente “masomenos” y gente “mal”: para todos.

Por ello, el hecho que exista abogados que privilegien la defensa de los derechos de las personas menos favorecidas es muy sano para la vigencia de la convivencia en el mundo.

Otros cantares son cómo funcionan las agencias estatales a las que se le encarga la prevención de los males que alteran nuestra tranquilidad: la justicia y sus jueces y fiscales; la seguridad y sus funcionarios con y sin uniforme; la mismísima sociedad y sus conductas.

Los protagonistas individuales son una anécdota. Lo importante es que el sistema de defensa de los derechos de todos funcione. Pero más trascendente aun es que se los deje funcionar y no se les impida el ejercicio de su labor.

Obviamente, es más fácil levantar una consigna pegajosa y picante que conocer el fondo de la cuestión.

Es más fácil agredir que defenderse.

Es muchísimo más fácil encontrar culpabilidades en quien defiende a nuestro adversario, nuestro enemigo, si se quiere, que admitir que tiene los mismos derechos que yo, la víctima, el padre el hijo la madre el hermano el vecino de la víctima.

Pero lo que resulta inadmisible es atacar hasta los límites de la desacreditación a quienes cumplen la labor de poner en práctica la defensa de aquellos que, teniendo el derecho a tenerla, no la consiguen con el chasquido de dos dedos.

Eso está pasando y los argumentos son irrisorios para una democracia que el año que viene va a cumplir 30 años de vigencia con baja intensidad, pero por lo menos en forma contínua.

Gabriel Conte es Director de MDZ.

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