viernes, 14 de diciembre de 2012

Ministro chileno en ojo del huracán por caso de corrupción

Enrique Ahumada (Xinhua)

Una serie de sospechas de corrupción en el sistema de certificación de la Educación Superior en Chile puso en el ojo del huracán político al ministro de Justicia, Teodoro Ribera, co-propietario de la Universidad Autónoma, sujeta a una investigación.

La Justicia chilena investiga los sobornos que habría recibido el ex presidente del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, para certificar a algunas universidades privadas.

Por el caso fueron enviados a prisión mientras están en curso las investigaciones, dos rectores de centros de estudios, con eventuales ramificaciones que alcanzarían al titular de Justicia, ex rector la Universidad Autónoma y del Instituto Profesional Incacea, propiedad de su familia.

Ribera habría pagado a Díaz por servicios a Gendarmería, la unidad destinada a la vigilancia y administración de la cárceles, que pertenece al Ministerio de Justicia.

Los informes conocidos hasta ahora indican que durante su período a cargo de la Universidad Autónoma, Ribera recibió un correo en que Díaz le pedía un cupo y una beca en la casa de estudios para un familiar cuando se efectuaba el trámite de la acreditación.

El sistema de acreditación surgió en Chile para tratar de certificar las Universidades en medio de un sistema altamente desregulado que ha recibido amplias críticas por centrarse en el mercado.

La acreditación permite a los centros de estudios recibir fondos públicos y a sus alumnos créditos y becas del Estado.

Ribera se defendió al declarar que "en mi cargo de rector de la Universidad Autónoma recibía muchas peticiones de gente del mundo político de distintos colores. Los correos de Díaz los recibí, los respondí cordialmente, pero no accedí a las peticiones que él me hizo".

Díaz es acusado de recibir pagos por parte de algunas universidades privadas para apoyar su proceso de acreditación. Están sujetas a juicio los casos de las universidades del Mar y Pedro de Valdivia.

Al mismo tiempo están sujetas a una investigación las universidades Bernardo O‘Higgins, Uniacc, Sek, Andrés Bello y ahora la Autónoma.

En 2011, cuando Ribera ejercía como ministro, él mismo sugirió a Díaz para desarrollar una asesoría por un programa de modernización de la malla curricular de la Escuela de Gendarmería.

Ante estas acusaciones, el ministro se defendió al señalar que "indudablemente si hubiésemos sabido esto, no lo hubiéramos hecho. El señor Díaz fue elegido no por su razón política, que no es la del gobierno, fue elegido por su perfil académico y su gran dedicación a los Derechos Humanos", justificó.

El caso de las acreditaciones también es investigado por la Cámara de los Diputados con el objetivo de determinar las responsabilidades políticas en el caso, donde la oposición señala con el dedo al ministro de Educación, Harald Beyer.

Sobre la comisión investigadora de los diputados, Ribera dijo que "yo como ministro de Justicia estoy dispuesto a venir tan pronto como se me cite a la comisión porque creo es muy importante esclarecer los hechos profundamente de todos los que ahí participaron. A mí me citan y vengo corriendo inmediatamente".

Pero la oposición política ya levantó la voz contra el ministro Ribera. El senador Jorge Pizarro, pidió al presidente Sebastián Piñera que le solicite la renuncia.

"Es fundamental que el gobierno entregue una muy buena explicación, porque una autoridad de gobierno no puede aparecer contratando o sugiriendo la contratación de un señor que está involucrado en actos de corrupción", argumentó Pizarro.

Consideró "lo natural y lógico" que Ribera "dé un paso al costado" en estas circunstancias.

Según Pizarro, se trata de un caso "doblemente grave, porque aparece una autoridad en medio de la crisis que está viviendo la educación universitaria involucrado, sugiriendo el empleo de un señor que está siendo procesado por hechos-directamente- de corrupción".

A su vez, los dirigentes del movimiento estudiantil, que durante dos años han llevado a cabo protestas pidiendo el cambio de todo el modelo educativo chileno, han expresado sus críticas al gobierno por este tema.

Los nuevos voceros del movimiento, Andrés Fielbaum y Diego Vela, solicitaron el miércoles a la Contraloría General de la República (máximo órgano fiscalizador del Estado) que investigue los vínculos del ministro Ribera con la Inmobiliaria Gaudi.

Gaudi fue creada por Teodoro Ribera Beneit, padre del titular de Justicia y accionista de la Universidad Autónoma.

"Según su propia declaración de intereses, (Ribera) sigue siendo accionista de la Inmobiliaria Gaudí, que le arrienda terrenos a la Universidad Autónoma, que -como es de público conocimiento- es el mecanismo más usual que se ocupa para el ilegal lucro en las universidades", expresó Fielbaum.

La ley chilena impide que las Universidades tengan propósitos de lucro, por lo que se ha acusado de usar el mecanismo de arriendo de instalaciones a inmobiliarias, pertenecientes a los mismos dueños de los centros de estudios, para desviar fondos y lucrar.

Los dirigentes también acudieron hoy jueves al Ministerio de Educación, para dejar una carta al ministro Beyer con el fin de que se haga responsable de esta crisis en el sistema de acreditación.

El caso es visto por los estudiantes como un reflejo más de la crisis que vive la educación chilena, centrada en el mercado y no como un bien público.

Por ahora, con los procesos judiciales en marcha y la comisión de los diputados iniciando su trabajo, el tema queda en manos de las autoridades y el gobierno chileno trata de seguir adelante con el anuncio de una reforma al sistema de acreditación universitario.

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