miércoles, 4 de enero de 2012

Del 2001 al 2011: "La estructura económica del país no cambió tanto..."

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

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"El que se vayan todos quedó un poco diluido aunque hay un enriquecimiento y una participación popular mayor", me dijo el periodista y docente Alejandro Pérez al conversar sobre los días rebeldes del 2001. Del neoliberalimo al neodesarrollismo, del Estado de Sitio de De La Rúa-Cavallo a la flamante ley "antiterrorista"... queda el desafío de seguir aprendiendo y construyendo una alternativa ética política al orden de la plutocracia. He aquí nuestro humilde y honesto aporte para tal fin.

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Argentina, 1922/23 - La política liberal y la jubilación: El derecho a una vejez sin hambre

Ester Kandel (especial para ARGENPRESS.info)

La protesta del movimiento obrero representado por la Unión Sindical Argentina (USA) contra la aplicación de la ley 11.289 (1), de jubilación de empleados y obreros de la marina, Industria, periodismo y comercio que condujo a su suspensión primero y derogación (2) luego amerita un análisis.

El derecho a una vejez sin hambre proclamaba la USA en la misiva dirigida al Presidente Alvear por la cual pedía que los patrones pagaran el aporte obrero para la jubilación: partiendo del principio de que el capital es trabajo acumulado no pagado, los capitalistas son los que tienen la obligación de ceder una parte del producto de nuestro trabajo , que ellos retienen para su exclusivo beneficio. (3)
Varios fueron los actores presentes en ese período y desde distintos lugares: el parlamento, el movimiento obrero, los partidos políticos, las patronales y el gobierno.

La experiencia de vaciamiento de la caja de jubilaciones con las sucesivas reformas, con la complicidad de la patronal y el gobierno y sus legisladores afines fue creando un clima de desconfianza en la población sumando al no cumplimiento de la integración de los trabajadores en el directorio y las cláusulas de prohibición de huelgas.

En un contexto internacional de disputa, entre la mayoría de los gobiernos europeos empujaron la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ante el peligro que entrañaba el triunfo de la primera Revolución Socialista de 1917. El debate se hizo carne en el movimiento obrero organizado; dada la explotación laboral, elaboraron propuestas tácticas y estratégicas que apuntaban a la esencia del sistema capitalista.

Intentaremos abordar mediante una serie de artículos, las distintas posiciones, recurriendo a fuentes confiables de la época, así como a una reflexión sobre las mismas. Se puede considerar este debate como un antecedente de la seguridad social, y como parte de las batallas que venía librando el movimiento obrero desde fines del siglo pasado, en una correlación de fuerzas desfavorable con los representantes de las clases dominantes: el poder ejecutivo, parlamentarios que en connivencia con la policía garantizaban la extracción de plusvalía. (4)

Según Julio Godio (5) desde el punto de vista sindical, en 1922, se cierra un período. Señala este autor la decadencia irreversible del anarcosindicalismo (6):

En 1922, con la finalización del primer gobierno constitucional radical y su sucesión por otro gobierno radical constitucional, se cierra un período de transición de un régimen político liberal oligárquico excluyente a un régimen político liberal incluyente de las masas populares. (…)

Aunque el gobierno de Marcelo T. de Alvear, elegido por Hipólito Irigoyen para sucederlo, representaba el repliegue del radicalismo hacia posiciones de centro derecha; era el esfuerzo del partido por promover un “un compromiso histórico” sólido entre la élite conservadora modernizante y el pueblo. Pese a que Irigoyen no deseaba un repliegue profundo, objetivamente Alvear significaba un paréntesis del populismo y nuevos límites al acercamiento con el sindicalismo moderado. (…) La UCR se había rendido frente al modelo agro-exportador latifundista. (…)

En el contexto internacional la dependencia no es sólo con Inglaterra, sino también con los Estados Unidos. (7)

En el movimiento obrero lograron adecuarse mejor aquellas corrientes que formaron parte de ese proceso político. Estas corrientes obreras fueron el sindicalismo y el socialismo porque sus prácticas sociopolíticas ensamblan con el sistema político: el sindicalismo, porque aunque en su discurso seguía siendo formalmente revolucionario, la práctica concreta se ajustaba al objetivo de lograr mejoras para los trabajadores a través de las negociaciones obrero-empresariales y la búsqueda de un Estado “protector.

Desde el punto de vista de José Panettieri (8), el radicalismo como parte de la clase media no introdujo reformas de orden estructural en el país: “el primer gobierno radical no hubiera podido hacerlo por intermedio del parlamento, ni tampoco fue su intención realizarlo”.

Citando a Sergio Bagú, agrega: “los estratos sociales que sustentaban al radicalismo no sentían, en aquel momento la necesidad de ningún trastorno estructural auténtico y por el contrario, pensaban que la readaptación institucional que se operaría en el país era todo lo que urgía para corregir los inconvenientes que afloraban en una época de prosperidad económica general”.

La situación política en el año 1922, con la presidencia de Alvear, el radicalismo según Mario Rapoport (9): “parecía sólido y la amenaza electoral de los conservadores había disminuido.

En el plano de la economía, los obreros sentían los efectos de la carestía de la vida. Las maniobras patronales de los cerealistas en la provincia de Santa Fe eran denunciadas por la FORA (10).

En el año 1922 se produce un intenso debate alrededor de una propuesta de modificar la ley de jubilación de los ferroviarios, para beneficiar “a los altos empleados de las empresas, aun a riego de poner en peligro la estabilidad de la caja de jubilaciones”. (11) Haciendo referencia a este tema La Vanguardia del 21 de septiembre de 1922 comentaba bajo el título Las jubilaciones antisociales, que el día anterior se había logrado derrotar la propuesta en la votación.

También se denunciaba la corrupción que había con los fondos de los empleados públicos y otras políticas que sólo beneficiaban a las empresas.

Los usos indebidos de estos fondos, la estabilidad de las cajas de jubilaciones, eran temas que ya preocupaban a los/as trabajadores/as; de ahí las propuestas para que los beneficiarios directos participarann su administración.

Los debates

Ya en 1915, los socialistas polemizaban con los radicales, al denunciar su connivencias con las empresas de tranvías a través del proyecto presentado por el diputado Veyga. En cambio el diputado Repetto incluía la jornada máxima, el salario mínimo, la reglamentación higiénica del trabajo y el reconocimiento del derecho de asociación para los obreros tranviarios. (12)

También criticaban los discursos de los radicales cuando describían los “cuadros tétricos que se hacen con un palabrerío sentimental de la vejez desamparada, para distraer la atención de los problemas previos y más urgentes”.

En el año 1922 se inicia el debate sobre el contenido de los proyectos jubilatorios, tanto dentro del Congreso de la Nación como fuera de ese ámbito.

Los socialistas proponían una ley de seguro social que incluía maternidad, desocupación, retiro involuntario por invalidez, accidentes de trabajo o fortuitos y pensiones de ancianidad.

Una de las críticas que se hacía a la ley nacional y municipal, era su liberalidad: “con frecuencia se ve a hombres jóvenes en pleno vigor intelectual y físico, pensionados constreñidos a vivir ociosos por largos años.” (13)

Manipulación de una consigna justa

El 8 de julio de 1922 La Vanguardia denuncia que en el día de la fecha se hará:

una manifestación organizada por una “Comisión pro jubilación de empleados y obreros de comercio, industria , periodismos, etc. para presentar al presidente de la república y al congreso nacional el petitorio de la pronta sanción de una ley de jubilaciones y pensiones para los gremios citados. (…)

¿No es absurdo, dejar que aspiraciones obreras de tal magnitud sean manoseadas por policastros burgueses o que se apoderen de ellas personas que las agitan en la forma que les place o les conviene, sin la responsabilidad que para esos asuntos tiene una colectividad, mayormente si la componen los mismos interesados?

La manifestación se realizó con las siguientes características: “los periodistas estuvieron ausentes. Sólo se vio en el desfile un cartel del diario La Razón, seguido de unos pocos obreros”. Es evidente que la patronal estaba impulsando esta movilización, cerrando y obligando a los obreros a participar, según la crónica de La Vanguardia del día posterior. También se observó la presencia de mujeres, empleadas de las grandes tiendas, fábricas de tabacos, dulces, etc. Presentaron un petitorio al Presidente de la Nación. (14)

A pesar de las intenciones que impulsaron a esa movilización, el acto fue importante, pues propiciaban la sanción de ese proyecto de jubilación. En la sesión del 28 de septiembre de 1921, aprobó la orden del día 202, por lo que queda de hecho reconocido el derecho a la jubilación (llámese seguro nacional, subsidio, pensión, etc).

No faltaron críticas pues ese acto fue concebido como un apoyo al gobierno radical con el apoyo de las patronales. La Vanguardia del 10 de julio, volvía sobre el tema:

En un país de instituciones democráticas como el nuestro no es necesario el apoyo de los patrones para la sanción de leyes obreras; basta que los trabajadores manifiesten enérgicamente su voluntad de obtenerlas para que los poderes surgidos del sufragio popular se apresuren a darles cumplida satisfacción.

Lo que subyacía en ese momento era la negativa del gobierno a un seguro nacional “mediante el que se garantizaba el mismo beneficio pero con carácter amplio, a todos los que trabajan sin distinción de gremios” (15). En cambio el gobierno intercambiaba favores otorgando las jubilaciones a algunos gremios.

El gremio ferroviario se opuso a un proyecto de jubilación presentado por el diputado Bas (clérigo-radical), por considerarlo peligroso, ya que eliminaba el límite de edad, aumenta el porcentaje de los beneficios e incorporando a la ley los sueldos de pesos 1000 y 1500 pesos.

Era una propuesta que “conspiraba” contra la estabilidad de la caja de pensiones civiles, tal cual como se encontraba en ese momento beneficiando a algunos altos empleados que eran los que podían jubilarse relativamente jóvenes. (16)

El seguro nacional

La propuesta del seguro nacional la había presentado en la comisión de legislación del trabajo el diputado Augusto Bunge podía extenderse a más de un millón de obreros y empleados. Los beneficios contemplados eran: seguro de enfermedad integral; maternidad, pensiones de invalidez, pensiones de vejez, pensiones complementarias y de viudas y huérfanos y grandes obras sociales con los fondos y con una propuesta organizativa. Los radicales y los católicos se opusieron.

En el debate parlamentario del 10 de septiembre de 1922, en el que se discutieron las reformas proyectadas a las jubilaciones y pensiones ferroviarias, el diputado Enrique Dickman ratificó y amplió la propuesta de los socialistas. Básicamente señaló la oposición a discutir las jubilaciones por gremios en forma aislada, pues obturaba la propuesta de implantar el seguro nacional.

Se dice en torno al surgimiento del primer proyecto de jubilación de los ferroviarios: luego de la gran huelga de obreros del riel, principalmente de los maquinistas y foguistas, que fue quebrantada arbitraria e ilegalmente por el poder ejecutivo de la nación de aquel entonces (17). Está todavía en la memoria sobre todo de los ferroviarios la actitud abusiva e ilegal de ese ministro de obras públicas, doctor Ezequiel Ramos Mejía que ha malogrado un gran movimiento de los ferroviarios del país, solicitando mejoras en sus condiciones de trabajo.

La ley que se sancionó establecía el aporte de los obreros y empleados y de las empresas ferroviarias, las cuales desconocieron la ley y no realizaron los aportes, deuda que fue eximida por la ley orgánica. Además se les otorgó el privilegio de no pagar los servicios municipales de luz y barrido en toda la república, y se les autorizó aumentar las tarifas.

El interés de las patronales en la reforma residía, en los beneficios que alcanzarían los altos funcionarios con sueldos de 1500 ó 2000 pesos.

El gremio ferroviario en asamblea debatió y defendió la posición de no aceptar la propuesta. Sus conclusiones fueron leídas en la sesión por el diputado Dickman, ante la presencia de éstos en el Congreso:

Frente a los empleados burocráticos, jovencitos todos, que nos han llenado la barra el otro día y que cuando se hablaba de jubilarse a los 37 años aplaudían a rabiar, nosotros tenemos a los obreros robustos de cuerpo y sanos de espíritu que a los 50 años son todavía los mejores maquinistas del país y que creen que jubilarse a la edad de 37 años es una inmoralidad y una corruptela.

El debate continuó alrededor del concepto de trabajo proveniente de la concepción católica, como “castigo” o “maldición”, contenido en la expresión bíblica “ganarás el pan con el sudor de tu frente”. El debate era puntualmente con el diputado Bas. El diputado Dickman, expresó que en el proyecto subyacía esta concepción, la cual proponían jubilarse a cualquier edad, para “librarse de la maldición bíblica”. Contraponiéndose a esta visión del trabajo, pone el acento en la salud, la alegría, el orden y el método que adquieren las personas.

Otra diferencia se estableció en cuanto al significado del término jubilación, concebido como seguro social que acompaña el retiro de la vejez, es el seguro social. En cambio de la propuesta legislativa de la cual se infiería “corruptela”.

La otra incoherencia era la diferencia entre el jornal y el haber jubilatorio: el primero era inferior al segundo. La propuesta era de una jubilación de $120, mientras el jornal era de 40, 50 ó 60.

El problema del vaciamiento de la caja de jubilación (17) se retrotrae a 1907 - 1910, es decir a finales del gobierno de Figueroa Alcorta. Se suprimieron los límites de edad, desde 24 de septiembre de 1907; en 1.908, por ley 6.100, se eleva el monto de la jubilación y se suprimen los límites de edad para todos los funcionarios. El 30 de septiembre de 1910 se sanciona la ley 7.497 que establece que la jubilación se calcularía sobre el promedio del sueldo de los últimos doce meses.

Estas modificaciones derivaron en muchas situaciones irregulares cuyos beneficiarios las percibían a costas de los fondos de jubilación.

Reafirmando la posición del diputado Dickman, su compañero de banca, el diputado Repetto (18), se refirió al sentido de la representación y defensa del interés público, concibiéndolo de este modo:

No consiste solamente en interpretar todos los anhelos que a veces son confusos, que a veces son injustificados, que a veces son hasta inconcientes. La representación del pueblo no consiste en interpretar servilmente sino en interpretar aclarando, haciendo la conciencia del pueblo, iluminándola y teniendo siempre presente que cualesquiera que sean los intereses parciales, de gremios que nosotros representamos en la cámara, hay siempre un interés general que es superior a todos los intereses.

Aclaraba que el interés general no era otorgar prebendas y regalías a los empleados superiores.

Teniendo en cuenta la organización sindical de los ferroviarios, La Confraternidad presentó su propio proyecto, en contraposición al de la Asociación ferroviaria nacional, alineándose con la empresa y los diputados aliados a ella.

La situación en las provincias refutaba los discursos pronunciados en la capital, dada la falta de fondos para pagar los haberes jubilatorios de San Juan, Santa Fe.

Otro tema que ocupó el debate fue el artículo 11 de la ley ferroviaria. El diputado Dickman, explica su contenido y origen:

Como el origen de la ley fue amarillo, se ha quitado en cambio de la promesa de una jubilación, el sacrosanto derecho a la huelga, la base fundamental de todo el movimiento gremial, no para ejercitarlo sin tasa ni medida, sino como un derecho potencial en manos de los trabajadores para conseguir sus elementales reivindicaciones. Todavía hay quien sostiene que el artículo 11 no ha desaparecido y sin embargo los actuales defensores de la reforma no lo han combatido, ni esa pretendida asociación nacional de ferroviarios lo ha denunciado. (…)

La caja tiene hoy un directorio ilegalmente constituido. Han pasado tres años y todavía no se ajusta a la prescripción de la ley.. Se ha dicho (…) que los fondos de la caja pertenecen a los empleados y obreros ferroviarios y, sin embargo a estos empleados y obreros no se les ha dado ninguna intervención en la composición del directorio.

Estos temas quedaron pendientes para ser reformulados. Las reflexiones y las denuncias continuaron responsabilizando al gobierno del Presidente Irigoyen, calificándolo de “obrerismo” (19) y considerándolo una “especie de filantropía, que se asemeja demasiado a la caridad burguesa y que resulta tan intermitente e innocua como ella. No puede extrañarnos, entonces que los pretendidos benefactores (…) sean los mismos que los entregaron a las empresas atados de pies y manos sancionando con su voto el artículo 11 de la ley básica de las jubilaciones que condena la huelga como un delito (…)

A modo de cierre sobre el estado de la cuestión que nos ocupa, parece pertinente resaltar estas afirmaciones del Partido Socialista (20):

En un país donde las jubilaciones de los empleados públicos son el símbolo de la corrupción oficial, es fácil imaginar la influencia que tan desgraciado ejemplo habrá de tener sobre todas las iniciativas similares. Nada hay más peligroso que la corrupción de arriba y los casos frecuentes de robustos jubilados como miles de pesos mensuales que se dedican a toda clase de empresas comerciales, constituyen una verdadera fuente de contagio.

El déficit calculado al 31 de diciembre de 1920, de la caja de jubilaciones era de $105.963.515,97 m/n.

Para cumplir con su deber, los socialistas proponían que el concepto de jubilación no degenerara, para que “las cargas con que se las costee no resulten, como las creadas hasta aquí, un gravamen para el público, cuando no una ganga para las empresas como es el famoso 5% de aumento de las tarifas ferroviarias para el fondo de jubilaciones. (21)

En la caja de jubilaciones oficiales, en apariencia con superávit. Analizando las estadísticas, al comparar el capital con de las jubilaciones y pensiones existentes el valor calculado al 31 de diciembre de 1921, más las pensiones a acordar a los deudos de los jubilados, por $201.191.201 m/n contra $78.375.001,25, lo que muestra un déficit de $122.816.200,57.

Otro dato que se analiza en La Vanguardia del 18 de diciembre de 1922, es la edad de los jubilados: resulta inferior a los 50 años y de esa edad sólo figuran 4606 jubilados. Así confirmaban todas las denuncias de los manejos indebidos de los fondos por los funcionarios.

En el año 1923, en las tiendas Gath y Chaves, se denunciaron casos de jubilaciones a empleados. Uno de ellos con 28 años de servicio cobró una “insignificante indemnización.

Ese año continúan las denuncias, llamando a los argumentos radicales farsas electorales. En las calles habría ancianos que ejercían la mendicidad. (22)

En el mes de abril, los trabajadores tranviarios estaban movilizados, organizándose por subcomités por el tema de la jubilación.

Por último, las empresas estaban interesadas por la jubilación. Tomaban esta iniciativa, que podría beneficiar a los trabajadores, como un instrumento contra las reclamaciones de salarios. Esto quedó en evidencia con la delegación de telefonistas organizada por la patronal, cuando se entrevistaron en el Congreso con algunos diputados. (23)

Los obreros se oponen a la ley de jubilaciones 11.289

El Primer Congreso Ordinario de la Unión Sindical Argentina – USA, realizado el 16 de abril de 1924, resolvió oponerse a esta ley y ratificar la declaración de huelga general hecha por el comité central, debido al descuento de los aportes que establece la misma. Votaron 66 sindicatos y se abstuvieron 24 .

La ley 11.289 - Jubilación de empleados y obreros de la marina, industria, periodismo y comercio. (B.O. 19/XII/1923). En su artículo 1º ratifica la creación de estas cajas y en el artículo 2º adjudica al PE las definiciones de establecimientos mercantiles e industriales. La caja de periodismo incluía a las empresas editoras, artes gráficas, publicidad y propaganda. En estas empresas se reconocían los años previos trabajados a la sanción de la ley. Se contemplaba la situación de los empleados de mutualidad y de la marina mercante.

El artículo que despertó mayor conflicto fue el 8º, donde se establecían los descuentos a los trabajadores. A continuación publicamos el resto del texto.

Analizando el espíritu de la ley, Sebastián Marotta destaca los siguientes temas:

- el régimen previsional se ampliaba incorporando más cajas: obreros y empleados mercantiles, industriales, periodismo, artes gráficas y de la marina mercante;

- el PE debía determinar las características del establecimiento mercantil o industrial, monto de capital invertido y el número de su personal,

- debía asegurar a los afiliados: a) jubilación ordinaria; b) jubilación extraordinaria por incapacidad para el trabajo; c) jubilación extraordinaria al empleado que se incapacitara para el trabajo por acto de servicio; d) pensión, por fallecimiento a la familia del obrero o empleado.

- Capital de la caja: descuento del 5% del sueldo hasta un total de de $1500 y con otro mes de sueldo asignado a su ingreso en el trabajo, deducible en diez cuotas mensuales y con el otro mes de sueldo al sancionarse la ley orgánica hasta 1500, a descontar en veinticuatro meses y 8% de contribución mensual de los empleadores; con los intereses o renta que devengase el fondo de la caja; multas conforme a la ley y con otros aportes a establecerse en la ley orgánica.

- Inclúyanse en el concepto de sueldos o salarios las prestaciones suplementarias de habitación o alimentos.

- Con los fondos recaudados la caja se atendería los gastos administrativos. En ningún caso los fondos se dispondrían para otro objeto. Hasta el 50% se colocaría en títulos de rentas nacionales;

- Administración de la caja: un directorio formado por un presidente designado por el Poder ejecutivo con acuerdo del Senado, cuatro representantes titulares de las empresas, cuatro de los afiliados y otros tantos suplentes. ()

- Duración del directorio: tres años y gozarían de la remuneración que fijase el presupuesto. Se especifican tareas.

- Reconocimiento: se computarían los servicios prestados en otras actividades.

El 3 de enero de 1924 el Poder Ejecutivo dicta un decreto provisorio enumerando las entidades comprendidas en las disposiciones de la ley.

Excluía a los obreros o empleados accidentales.

Estas leyes fueron tramitadas durante dos períodos parlamentarios sin la intervención de los gremios. El comentario realizado en La Vanguardia del 24 de enero, saluda la actitud decidida y enérgica de los principales gremios obreros en la resistencia a esta ley, aunque la considera tardía. Se reproducen las declaraciones de la USA.

Fundamentos de la oposición obrera - Opinión de la USA

- “Tendía a dividir en jubilados y no jubilados, en categorías que disfrutarían de la jubilación y en subclases relegados al papel de contribuidores, sin más esperanza que la de morirse una vez alcanzado el límite de edad a ser fijado por el gobierno, que únicamente alcanzarán los altos burócratas de empresas capitalistas. ()

- No legalizaba un derecho ya impuesto por los trabajadores en su medio natural.

- En su faz concreta lesionaba los intereses del proletariado por cuanto disminuirían con los aportes a las cajas, sus exiguos salarios. No estaban en contra de la jubilación sino de “un problemático bienestar futuro a cambio de una sensible agravación de su constante zozobra económica en el presente.

Memoria y Balance – USA – 1924

En las consideraciones finales sobre el tema aconsejaban resistir el descuento del aporte por ser: una exacción inicua y un medio inmoral del que se vale la burguesía para engañar al proletariado con el señuelo de la jubilación.

También alerta sobre la administración de los aportes, “desechando todo intento de substituirlos en su función burocrática y de beneficios engañosos para la clase trabajadora.

Aprovechando la agitación que se produjo, debido al propósito capitalista de reducir los salarios, se constituyó un Comité con la misión de difundir los principios de la organización sindical entre los trabajadores y facilitas a las Uniones Locales patrocinantes de la agitación los elementos de propaganda necesario al buen éxito de su labor.

Repudio de los sindicatos

Los sindicatos habían declarado su repudio y señalando la constitución de dudosos comités “por los que pululaba una multitud de candidatos a los puestos de las cajas.

Oposición condicionada de la Federación Obrera Marítima

Una asamblea realizada el 20 de enero de 1924, después de un extenso análisis, rescataba por un lado su “tradición revolucionaria y clasista, como también los intereses inmediatos de sus componentes y de la oficialidad que habían “exteriorizado siempre opiniones favorables a la jubilación.

Para oponerse a la llamada Mala ley de jubilaciones se hicieron numerosos actos, huelgas, donde participaron numerosas organizaciones y partidos políticos.

Se suspende por 60 días la aplicación de la ley de jubilaciones

El decreto de suspensión emitido el 28 de enero de 1924 es considerado como una respuesta del gobierno a la reacción popular contra este instrumento legal. El Partido Socialista señala: “contra la demagogia electoral y “ahora nadie quiere aparecer como padre del nacido muerto.

En el mes de marzo el gobierno resuelve hacer efectivo los descuentos a partir del mes de abril. En septiembre de 1926 la ley fue derogada por una nueva ley del Congreso que mandaba suspender sus efectos y disponía devolver los aportes.

La USA reitera que deberán recurrir a la huelga si no se puede eludir la exacción a los salarios. En un contexto de desocupación parcial en distintas industrias y de merma en los salarios y con el alto costo de la subsistencia y la vivienda.

Las organizaciones continúan con acciones contra “la mala ley de jubilación.

Actos, conferencias, asambleas, huelgas -1924

Organizaciones

13 de enero: Conferencia del dr. Juan B. Justo Partido Socialista

30 de enero: acto en el Parque de los Patricios Federación Socialista de la Capital

1º de febrero: acto en La Boca Partido Socialista

3 de febrero: participaron alrededor de treinta mil trabajadores. Unión Obrera Local.

10 de febrero. Conferencia del Dr. Repetto en la sociedad Italiana Partido Socialista Conferencia del Dr. Bunge Unión Obrera cortadores, sastres, costureras y anexos

16 de febrero: Manifiesto a los trabajadores Unión Sindical Argentina

23 de febrero: asamblea de trescientos vecinos, envían memorial al Ministro de Hacienda Vecinos de Mercedes

16 de abril: conferencia del Dr. Repetto Partido Socialista

20 de abril: acto en Triunvirato y Gurruchaga, en la plaza Flores y en la Plaza Once. Partido Socialista

27 de abril: acto en Boedo y San Ignacio, Plaza Italia y Plaza constitución Partido Socialista

Esta intensa agitación se dio junto a numerosos argumentos, con los cuales adhería la concurrencia. Cada orador desarrollaba un aspecto en especial y a su vez polemizaba con otros actores, que trataremos seleccionar según su importancia.

Temas en debate

• El concepto burgués de jubilación como una limosna: “una dádiva que otorgan a los obreros y por lo cual se consideran en el caso de explotarlos sin conciencia durante toda la vida. Estos conceptos fueron desarrollados por los militantes socialistas Creati y Joaquín Coca, el 1º de febrero en La Boca. El diputado Dickman señalaba entre otras consideraciones que “las condiciones actuales de trabajo son más importantes que la preocupación de una futura jubilación. Estas leyes tienen un gran parecido con doctrina católica que aconseja llevar la vida terrenal en un valle de lágrimas, reservándose la consumación de sus aspiraciones en la otra vida.

• La seguridad social era la propuesta del Partido Socialista, expuesta en varios eventos por sus dirigentes ante la situación planteada. Por ejemplo señalaba el Dr. Juan B. Justo:

Los obreros deben procurar mantener sus salarios intactos y si les es posible, no deben dejarse descontar los aportes a la caja. Consideraba que es una “ley de favor y corrupción, en la que tuvo incidencia el gremio de periodistas. También consideraba calcada de la ley nacional de jubilaciones, escandalosa por muchos conceptos porque hay “jubilados sin trabajar. Pero agregaba, “si se aplicara con honestidad, representaría un alza en los salarios del 3%, monto de la contribución patronal y representaría apreciables beneficios para los trabajadores. Pero debemos tener en cuenta que estamos en el país de la lotería y la moneda depreciada ()

• Cajas de seguridad: otros oradores recogían la experiencia europea, que se inició con las sociedades mutuales de socorros mutuos al verse los obreros abandonados en caso de enfermedad. Pero esas cajas no podían dar a los asociados los recursos que demandaban sus dolencias, debido a la dificultad para acumular los fondos necesarios, orientados con el proyecto hacia el seguro nacional. A partir de 1917 se tuvo en cuenta la experiencia de la Revolución Rusa.

En nuestro país las leyes gremiales de jubilación presentada por el Dr. Carlos Carlés después de la huelga de maquinistas de 1912 se asimilaban a los obreros y empleados públicos con el objeto de quitarles el derecho de huelga. Por este motivo las empresas lo aceptaban y era rechazada por los obreros a pesar de ofrecérceles la jubilación con sueldo íntegro a los 25 años de trabajo.

• La propuesta socialista presentada por el diputado Bunge en el parlamento era la siguiente:

a) Prestaciones ordinarias del seguro de enfermedad: asistencia facultativa u hospitalaria por las afecciones del embarazo, el parto y sus complicaciones eventuales; dotación de maternidad de 50 pesos exigible con motivo del parto; subsidio de lactancia de dos pesos diarios pagaderos semanalmente durante doce semanas con motivo del parto y exigible desde seis semanas anteriores de la fecha certificada probable del mismo.

b) Los seguros de invalidez y ancianidad forman el seguro de pensiones y comprenden como prestaciones una pensión básica de 300 pesos anuales pagaderos por meses que acrece por tasas proporcionales al numero y categoría de cotizaciones eventualmente acreditadas, exigibles mientras dure la invalidez o vitalicias y la asistencia social en sanatorios, hogares o a domicilio en relación a los recursos disponibles y con preferencia preventiva.

c) El monto de la jubilación no debe ser el monto total del salario porque deben ser costeadas por los que producen.

d) Se crea la tarjeta de trabajo en la cual se anotan con estampillas los aportes obreros, así los trabajadores asegurados pueden en cualquier momento y localidad exigir la prestación de los servicios de seguro.

e) Se basa en las mutualidades existentes en el país, lo cual permitiría incorporar de inmediato al seguro a medio millón de trabajadores. El sistema contempla que los patrones hagan el aporte que les corresponde.

f) Administradas y dirigidas por los obreros, lo que los educa y los independiza de la influencia patronal. Se contempla la inspección.

g) Alberga a los obreros permanentes y transitorios.

En relación con la ley, el diputado socialista hizo propuestas ante la situación creada: crear un frente único para exigir cambios a la ley 1.289: los beneficiarios, deben ser empleados que ganen hasta 500 ó 600 pesos mensuales como máximo. Los que ganen sueldos mayores deben procurarse ellos mismos la jubilación. Debe establecer como único aporte el 5% del sueldo. Devolución de aportes si el trabajador viaja se marcha del país. Vigilar la administración de las cajas. Conseguir de la clase patronal un aumento correspondiente al aporte a efectuar. Se cita como ejemplo de la cooperativa del “Hogar Obrero, que realiza el aporte de los obreros.

Esta propuesta iba al encuentro de la disparidad que existía en los haberes jubilatorios. Uno de los ejemplos, de dos, en uno de los actos es el siguiente:

En el presupuesto aprobado por el PE el 25 de febrero de la “cajita de jubilación de los bancarios: presidente $1600; secretario general $700; un secretario de despacho $530 hasta la telefonista que cobraría $ 140. La desconfianza de la población se basaba en estos hechos y muchos obreros creían que el destino era aportar y no poder gozar de los hipotéticos beneficios que se proclamaba.

La organización de los trabajadores, USA al finalizar su manifiesto , orienta la acción de este modo:

La primera etapa de la lucha contra la resolución de los salarios señala una victoria de vuestra acción. La acción será la que reporte la victoria definitiva si ella se manifiesta concertada y firme. Para lograr esos dos aspectos importantes de la próxima lucha es menester ingresar de inmediato a los sindicatos en la confianza de que sólo ellos sabrán proporcionar la victoria que el enemigo intenta arrebatar.

Sólo desde allí serán fuertes los trabajadores como lo son los capitalistas desde sus organizaciones de clase y únicamente ese baluarte puede ofrecer garantías de triunfo a esa lucha que avecina y en la que cada trabajador está obligado a ser un decidido soldado.

El debate con los anarquistas, también se dio en relación a este tema quienes se oponían desde hace tiempo al proyecto del seguro social y los comunistas “criollos se oponían a diferencia de la República del soviet en 1918.

Sobre la desconfianza a los políticos, Américo Ghioldi, también orador en el acto de Parque Patricios, señaló: muchos obreros dicen que no quieren meterse en política, pues encuentran que todos los políticos son malos, más la política se mete con ellos, en la forma que pueden apreciarlo diariamente.

Merece destacarse la organización del mitin de la Unión Local realizado el 3 de febrero: cinco columnas que partieron de almirante Brown y Olavarría, Parque Patricios, Canning y Triunvirato, Rojas y Rivadavia y Plaza Lavalle convergieron en Plaza Congreso con designación de oradores en cuatro tribunas. Entre los gremios mencionados en la crónica figuraban la Federación Gráfica Bonaerense, el Sindicato de cartoneros, la Federación O. Marítima, el Sindicato Obrero de la Industria metalúrgica, la Unión Obreros Municipales, Mozos y anexos. Participaron jóvenes y obreras.

Los manifestantes portaban carteles con estos textos: cadenas nuevas, pero al fin cadenas, es lo que nos dan con la ley de jubilaciones; protestamos contra la ley de jubilaciones. Los armamentos se pagarán con los aportes a la ley de jubilaciones.

Este acto finalizó en la Plaza San Martín.

Las maniobras del gobierno

En la Vanguardia del 28 de marzo se anuncia que el gobierno está dispuesto a reglamentar definitivamente la ley 11.289 del personal de empresas comerciales, industriales, periodísticas, de las artes gráficas y la marina mercante nacional. Cuenta con el aval del gremio de periodistas, “ya se sabe que todos los gobiernos sienten verdadera debilidad por lo que se llama el cuarto poder del Estado.

Sin embargo, en la entrevista realizada entre el presidente Alvear e integrantes de la UIA, el primero manifestó signos de preocupación al tener que suspender esta ley, pues “quebraría el principio de autoridad. Estas reflexiones en respuesta a la decisión de los industriales de realizar los descuentos observaban la resistencia obrera a los mismos. Esta información de La Vanguardia del 12 de abril iba acompañada de una resolución de la USA del 8 del mismo mes, la cual recomendaba la resistencia al aporte “apelando a todos los medios, inclusive el de la huelga. La Unión Obrera Local coincidía con esta resolución, encargando a una comisión la agitación del tema.

Se agregan las resoluciones de los sindicatos de Constructores de carruajes, obreros Fosforeros y anexos y la programación de asambleas en otros gremios como en la de Fideeros y de la Industria del Calzado.

Además se reglamentó que los empleados y obreros permanentes de mutualidades podían acogerse a esta ley, siempre que contribuyeran con el aporte del empleados, incorporándose a la caja de establecimientos mercantiles.

Se definía el concepto de empleado permanente incluyendo “además de aquellos obreros que tengan dicho carácter a los que tuvieran más de 6 meses de servicio continuado a las órdenes de un empleador

Se establecían las normas para la inscripción en los registros y las pautas para hacer los descuentos.

Desde el 3 de mayo hasta las 6.00 del día 8 de mayo se extendió esta huelga, declarada por la Unión Sindical Argentina.

Al día siguiente se estimaba que la adhesión había sido de 80.000 trabajadores. Desde La Vanguardia diariamente se informaba sobre el tema. Así, el 4 de mayo, describía la situación en numerosos sindicatos.

En el acto realizado en Plaza Lavalle se propuso continuar la lucha hasta conseguir la derogación total de esta ley. También se realizaron críticas al gobierno y al parlamento por no haber consultado a la clase obrera organizada, antes de sancionarla.

Se detuvo al secretario general de la Federación Obrera Marítima, Francisco García. Según la declaración emitida por esta organización,

Los señores del cabotaje Roque Suárez y Dodero, procedieron a la detención de García, creyendo así asestar un golpe a la Federación Marítima () maniobra urdida por los patrones () condenan la conducta infame asumida por los señores representantes del cabotaje nacional ().

La Federación Gráfica Bonaerense, en asamblea, reconocía “la verdadera conciencia de clase al paralizar las tareas en esta emergencia en que están en juego los salarios de todos los trabajadores y empresas como Kraft, Peuser, C.G. de Fósforo, Rosso, Bianca, Editorial Atlántida, Empresa Haynes, Caras y Caretas, Colombatti, Rodríguez Giles, etc, se plegaron a la medida.

Aquel gremio se había opuesto al texto de esta ley en el período de debate parlamentario. En la provincia de Mendoza, los gráficos habían comenzado la huelga un mes antes, pues las patronales habían aplicado de la ley, realizando los descuentos salariales.

Otros gremios y federaciones adherían y enviaban resoluciones de asambleas:

- Empleados de comercio;

- Unión obreros sastres cortadores, costureras y anexos;

- Adhesión del Sindicato Único de Obreros municipales;

- Constructores de carruajes, carrocerías y anexos;

- Obreros del mimbre;

- Estibadores del puerto de la Capital

Aspecto de la ciudad

El paro fue absoluto y general según afirma La Vanguardia del 6 de mayo. Después de haber recorrido la ciudad, el día anterior, de norte a sur y de este a oeste, la nota titulaba: AYER EL PARO FUE COMPLETO – CARGAS POLICIALES EN LA PLAZA DEL ONCE Y EN LA AVENIDA DE MAYO.

El abastecimiento de la ciudad fue escaso. Faltó pan, leche, carne y otros elementos para “el normal abastecimiento de la población. Así se describe desde La Vanguardia del 7 de mayo el panorama de la ciudad, observándose la venta de productos de mala calidad y a precios más elevados.

Actitud de resistencia

La impresión que recogen de los locales sindicales es “que la resistencia y la de decisión de los obreros en esta emergencia como digna del mejor elogio por la unanimidad con que se ha manifestado.

En el local de la USA se recibieron despachos telegráficos que provenían de Tandil, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, Ibicuy, Cañada de Gómez, Tucumán, Mendoza, Tres Arroyos, Firmat, 9 de julio y Chacabuco. En esta última ciudad se plegaron trabajadores que no estaban organizados, como los gráficos, molineros y empleados de comercio.

El día anterior una comisión de la USA estuvo en la Casa Rosada y aunque el Presidente Alvear no los recibió, entregaron una nota cuyos conceptos principales apuntan a las reivindicaciones de los trabajadores:

Entendemos que después de entregar nuestras energías al trabajo, tenemos el derecho a una vejez sin hambre, y partiendo del principio de que el capital es trabajo acumulado no pagado, los capitalistas son los que tienen la obligación de ceder una parte del producto de nuestro trabajo, que ellos retienen para su exclusivo beneficio.

Se propone la postergación de la ley hasta tanto el congreso considere los intereses de la clase productora.

En la Unión Obrera Local se informa que la policía realizó detenciones:

En la comisaría 27 se hallan alojados 45 obreros y obreras pertenecientes a la sociedad obrera de los sastres. En la comisaría 8ª, se encuentran alojados 12 huelguistas. En la seccional 7ª están 8 obreros. ()

El comité pro-presos de la USA ha efectuado diversas diligencias para lograr su libertad y facilitarles alimentos, logrando que dos trabajadores sean puestos en libertad.

La policía disolvió una reunión de obreros en la esquina de Boedo y San Ignacio.

Esta organización también publicó un boletín y asimismo anunció varias conferencias en distintas esquinas.

En el Puerto sólo trabajan algunos vapores con personal reducido. El tráfico marítimo se vio limitado y han reclutado crujiros y “personal libre, personal que no tenía libreta de navegación.

La Asociación del Trabajo Ajeno, institución de rompehuelgas, presidida por el señor Anchorena, reclutaba gente con antecedentes policiales y algunos inmigrantes llegados del exterior en esos días.

La Federación de Constructores Navales realizó asambleas y continuó con el paro. El diario la Razón, opuesto al movimiento huelguístico, informaba distorsionando la realidad del trabajo en el Puerto.

En los establecimientos situados en los barrios de La Boca, Barracas y Avellaneda, el paro fue total. Asimismo en los astilleros, varaderos y fábricas.

La USA da por terminada la huelga general

El comunicado emitido a las 14.00 del día anterior rezaba lo siguiente:

El comité central de la Unión Sindical Argentina, entendiendo que los trabajadores han demostrado ampliamente ante el capitalismo y el Estado su hostilidad hacia la ley 11.289, como asimismo las razones en que se fundamenta esa oposición, resuelve:

Dejar en suspenso la continuación de la huelga general, aconsejando a los trabajadores la vuelta al trabajo el día 8, a las 6 horas.

Concitar a los sindicatos adheridos a resistir por todos los medios la efectividad de los descuentos.

Varios gremios, por ejemplo los empleados gráficos, tuvieron que promover acciones para que para que se cumpla esta última indicación de la USA. Aunque, cabe destacar que la UIA, después de la movilización, en una reunión a la que asistieron 1.500 socios, resolvió mediante un intenso debate, no hacer los descuentos y aportes.

Al cuadro de situación, es pertinente agregar el descuento jubilatorio de todos los empleados públicos, según la ley 11.260, a partir del 1 de septiembre de 1923. Se eliminaba la exoneración de los descuentos para los sueldos hasta $120 fijados desde 1921 , mientras el salario mínimo era de $160.

Un debate no saldado

En el mes de junio la Confraternidad Ferroviaria emite un manifiesto , del que por su extensión sólo haremos referencia a algunas de sus consideraciones. Inicia el mismo reconociendo: pasados los instantes de incertidumbre porque atravesó hace algunos días gran parte del proletariado de la república, por virtud de la intransigencia del poder ejecutivo nacional en el asunto de la aplicación de la ley 11.289 sobre las causas que motivaron el que su actitud fuese pasiva en la emergencia ()

La crítica apunta a la USA, pues ésta no ha participado ni directa ni indirectamente en el proceso de debate parlamentario. La crítica apunta a su concepción cristalizada en su carta orgánica y a renglón seguido, el manifiesto rescata la experiencia ferroviaria, cuando estuvo “de por medio el interés de los trabajadores:

Cuando por primera vez en el parlamento argentino, se habló seriamente de jubilaciones, fue en el año 1912 a poco de terminada la huelga que durante 52 días sostuvo valientemente el personal de máquinas afiliado a La Fraternidad. Tanto la CD de esta sociedad como el CF de la ex Federación Ferroviaria, cuyos estatutos tenían disposiciones esencialmente revolucionarias, como la carta orgánica de la USA, que es antiestatal por excelencia- se preocuparon preferentemente de que ley básica que se discutía, que luego llevó el número 9653, no llegara a vulnerar los legítimos derechos e intereses de los obreros y empleados de la industria ferroviaria.

Debe estar fresco en la memora de la mayoría de éstos la actitud francamente hostil a la sanción del célebre artículo 11 –que coartaba en su fondo el derecho de huelga- observada por las organizaciones precitadas.

El relato recuerda la participación activa y eleva comunicaciones en repudio a dicho artículo. Consiguiendo que de “una manera velada se desconociera el derecho inalienable que asiste a todo productor para lograr cuando se le antoje ().

Se dedica a la USA un párrafo especial y directamente señala que en el caso de la ley 11.289 no ha tenido en cuenta los intereses del proletariado, recordando que quienes iniciaron la protesta habían sido los obreros gráficos (Federación Gráfica Bonaerense), gremio afiliado a la USA.

El texto finaliza señalando: habría sido suficiente un alejamiento relativo del puritanismo revolucionario de que hacen alarde teóricamente y haberse concretado a trabajar tesoneramente con el fin de evitar que las cámaras sancionaran semejante bodrio con cuya actitud no hubiera perdido ni un átomo de tal pureza ()

La huelga contra la ley de jubilaciones en 1924

Algunas reflexiones

Analizados los debates parlamentarios y la justificación de la medida de lucha por la Unión Sindical Argentina – USA, nos cabe profundizar en torno a la línea de política sindical de las organizaciones obreras y su visión sobre la resolución de los problemas del sistema capitalista.

La práctica dominante en esa época era la negociación obrero-patronal y en algunas ocasiones se buscaba el apoyo del Estado en los conflictos, por medio del arbitraje. Persistía la idea anarcosindicalista de que el Estado interviniese en forma permanente en las relaciones laborales, oponiéndose a las regulaciones legales. Tal es así que durante el período parlamentario de discusión de la ley de jubilaciones, el movimiento obrero mantuvo ajeno al mismo. Para comprender más cabalmente su pensamiento agregamos las siguientes consideraciones, dentro de un marco conceptual, públicamente en debate que atravesaba las acciones cotidianas.

Con motivo de las invitaciones recibidas en las reuniones internacionales a realizarse en Moscú y en Berlín, la USA respondió con amplias consideraciones sobre:

- la unidad de la clase obrera;

- el valor revolucionario de los partidos políticos;

- el papel de “vanguardia del P. Comunista;

- al papel de los sindicatos:

son los únicos órganos del proletariado con capacidad para realizar la revolución y reconstruir la economía de la nueva sociedad sobre bases igualitarias y que en tal sentido los partidos políticos cualquiera que sea su carácter y definición no tienen ningún valor revolucionario y antes bien representan un obstáculo al libre desenvolvimiento del proletariado organizado sindicalmente y un serio peligro para su orientación libertaria.

Esta respuesta al comité ejecutivo de la Intersindical Roja, se realizaba con el reconocimiento de que las relaciones internacionales solamente informativas. Este era el pensamiento de la mayoría de los sindicatos, evaluados en una votación para resolver el envío de delegados a las reuniones internacionales. (25)

En este documento señala estar más cerca de algunas posiciones de los sindicalistas de Berlín, tal es como cuando dice que “la unidad proletaria es la condición indispensable a la emancipación de nuestra clase.”

Sosteniendo esta posición rechaza la invitación del Partido Socialista del 17 de abril de 1922 para realizar el acto del 1º de mayo, tal como lo había acordado los representantes de la Internacional de Moscú, la Internacional de Viena y la Internacional de Londres. El argumento del rechazo consideraba que ese acuerdo “carece de valor para una entidad que, cual la USA desarrolla sus actividades al margen de los partidos políticos y con arreglo a una disciplina propia”.

Desde la óptica de la Internacional Comunista la situación se evaluaba de otro modo; tomaba en cuenta la correlación de fuerzas de clases en el plano internacional, la situación de cierto “equilibrio relativo e inestable” y el papel de la II Internacional y la Internacional y media. Sobre estos temas, V. Lenin (26) interviene sosteniendo que:

- La burguesía internacional, privada de la posibilidad de hacer abiertamente la guerra contra la Rusia soviética se mantiene a la expectativa, acechando el momento propicio para reanudar la guerra. (…)

La democracia pequeñoburguesa de los países capitalistas representada en su sector avanzado por la II Internacional y por la Internacional II y media, constituye en la actualidad el principal sostén del capitalismo, porque sigue ejerciendo su influencia sobre la mayoría o sobre una parte considerable de los obreros y empleados de la industria y del comercio, que temen perder en en caso de revolución , su relativo bienestar pequeñoburgués, creado por los privilegios que les otorga el imperialismo. Pero la creciente crisis económica agrava en todas partes la situación de las grandes masas, cosa que, juntamente con el hecho cada vez más evidente de que son inevitables nuevas guerras imperialistas si subsiste el capitalismo, hace que sea cada vez más inseguro el puntal que venimos hablando.
Desde esta organización se concebía que para derrotar al capitalismo, debía funcionar como un “partido único en el mundo entero” y los “partidos que trabajaban en los distintos países no son sino sus secciones separadas”. (27)

Según S. Marotta, protagonista de la época, reconoce que la ley 11.289 adolecía de serias deficiencias pero también tenía sus virtudes:

La principal, incuestionablemente, en cuanto tendía a instituir en el país un principio de universalización de la legislación provisional hasta entonces limitada a escasas actividades. (…)

El problema de los aportes, base de la campaña y de las huelgas parciales y generales, pudo haber sido enfocado desde otro ángulo; se nos ocurre, a la distancia, que habría correspondido realizar en tal circunstancia un vasto movimiento nacional con vistas a la elevación de los salarios y sueldos. Los trabajadores y empleados habríanse colocado en condiciones de compensar sus disminuciones y evitado, presumiblemente, el extraño suceso de su coincidencia con los empleadores para sepultar una legislación que con el andar del tiempo iba a imponerse en el país”.

En esta apreciación, el autor cita al dirigente socialista Juan B. Justo en la conferencia pronunciada para los afiliados a la Unión Cortadores, Sastres, Costureras y Anexos, quien entre otros conceptos expresara que: si los obreros consiguieran elevar sus salarios en el 5%. Sumando ese porcentaje al 8% de la patronal – constituiría un alza del 13% de los salarios lo que no vendría mal viniendo de la ley. De no mediar esta circunstancia, su beneficio para los trabajadores sería hipotético.

De otros discursos (28) pronunciados el día del paro en la Unión Obrera Local, el autor cita otros argumentos que fundamentaban la oposición a la ley 11.289:

- el gobierno quería cubrir “los fabulosos empréstitos contraídos con la banca norteamericana para poder hacer frente a la alocada competencia armamentista (…);

- propósito “artero de asestar un golpe a la organización obrera ocultado tras una serie de artículos engañosos”; aspiraba a “crear una nueva y frondosa institución dónde poder ubicar a miles de parásitos-burócratas que recrearían con puestos jubilatorios”;

- “los procederes de coacción y de violencia puestos en práctica por las autoridades al servicio del capitalismo naviero”.

Desde principios de siglo el Partido Socialista promovía regular a través de proyectos legislativos las condiciones de trabajo. Refiriéndose a la huelga por “la mala ley de jubilación” y a modo de balance reconoce que “se ha dejado sentir en todas las industrias y el nocaut patronal que vino a completarla, clausurando las casas de comercio en su totalidad (…) unanimidad pocas veces vista o jamás superada por ningún movimiento anterior.” Estas reflexiones y las que continúan fueron publicadas en La Vanguardia, el 6 de mayo de 1924:

Estamos realmente en presencia de una lucha o una protesta contra el sabotaje de la acción parlamentaria socialista, que no otra cosa representa la ley repudiada y los procedimientos puestos en práctica para su adopción por la cámara de diputados. (…)

El sano principio del retiro obrero para la vejez resulta desvirtuado por disposiciones que el poder ejecutivo, atribuyéndose facultades legislativas que no le corresponden, se ha creído en el deber de anular. Y para completar esa obra depuradora, acaba de dirigir al congreso el mensaje ya conocido proponiendo aclaraciones y reformas fundamentales a esa ley embrionaria en la que lo único positivo para los obreros y empleados es la contribución que se les exige para la presunta ley de jubilaciones.

A las críticas a este instituto legal propuesto por los radicales, se agregan otras a la reglamentación y a las reformas que propone, así como destaca que en la secuencia de los hechos está el beneficio a los estancieros, al fijar un piso mínimo para el ganado.

Analizando los documentos de la USA, Julio Godio en la Historia del Movimiento Obrero Argentino, reconociendo los argumentos explicitados, agrega otros elementos a tener en cuenta:

La USA se opone a esta ley en nombre de la supresión del capitalismo. “no protestamos contra la ley sino contra el régimen…” La crítica de la USA se basa en un argumento aparentemente valedero; la ley es necesaria para el Estado para recaudar fondos que ya no puede extraer a los empresarios. No cabe duda que era un peligro real, pero igual peligro se presentaba cuando se lograba aumentos de salarios sabiendo que el Estado podía autorizar aumentos en los precios de los artículos de consumo (…)
Dos argumentos considerados como valederos, el autor los cataloga como falsos, como:

1. la pérdida de la libertad frente al Estado, dado que entraban en contradicciones con experiencias anteriores en los conflictos de los marítimos;

2. la aplicación de la ley era independiente de lograr incrementos salariales a través de la acción sindical.

Buceando en los aspectos ideológicos que sustentaban esta posición, J. Godio, apunta a desentrañar: los vínculos ideológicos entre sindicalismo y anarquismo en relación a la naturaleza y el rol del Estado. Pero, al mismo tiempo, reflejaba las diferencias entre ambos, porque para el anarquismo la solución de fondo era la “revolución social” y para el sindicalismo el logro de convenios colectivos que amparasen a trabajadores pasivos y activos. (…)

El antiestatismo activaba también diversas variedades de sentimientos “apolíticos” presentes entre los trabajadores nativos y extranjeros. En nombre de la “revolución proletaria” alejaba a los trabajadores de la acción política. (29)

La adhesión del Partido Comunista a la posición de la USA

Según Rubens Iscaro (30) realizando una reflexión posterior a los acontecimientos, señalo que “no se trataba de rechazar globalmente dicha ley – que en determinadas condiciones podía ser una conquista-, sino sus aspectos negativos”. Resalta la participación de Orestes Ghioldi, como secretario de la Unión Obrera Local, en polémica con la USA, aunque no aclara los términos.

Si, es conocido que la posición internacional determinaba las prácticas locales, por lo tanto el PC como parte de la Internacional Comunista, adhería a sus lineamientos. Caracterizaban a los socialistas reformistas como “agentes de la burguesía”.

¿Cuáles eran centralmente esos lineamientos?

La Internacional comunista reconoce que para acelerar la victoria, la asociación de los trabajadores, la cual lucha por aniquilar el capitalismo y crear el comunismo, debe tener una organización fuertemente centralizada. La Internacional comunista debe, de hecho y de verdad, ser un partido comunista único en el mundo entero. Los partidos que trabajaban en los distintos países no son sino sus secciones separadas.

En el año 1923, esa orientación promovía la formación de frentes únicos ante el avance del fascismo “frente a la necesidad de solucionar los problemas planteados a los trabajadores por la crisis de posguerra” (…)(31)

Las posiciones en juego: las corrientes influenciadas por los anarquistas anticapitalistas pero sin propuestas políticas, los socialistas abocadas a las tareas parlamentarias y el incipiente Partido Comunista adherido a la Internacional Comunista, quienes al calor de la triunfante revolución de octubre, seguían lineamientos generales.

El Partido Socialista había sostenido la línea del progreso en el marco del sistema capitalista y dentro de su práctica la actividad parlamentaria era intensa para regular las relaciones laborales u otros temas como la emancipación civil de las mujeres y el logro de sus derechos cívicos. Su práctica de control obrero se limitaba al cumplimiento de las leyes sancionadas. (32) Es de destacar que este concepto se amplió y en cierto sentido cambió a partir de la revolución rusa, planteándose el control obrero: sobre la producción, conservación y compra-venta de todos los productos y materias primas, en todas las empresas industriales, comerciales, bancarias, agrícolas, etc., que cuenten con cinco obreros y empleados (en conjunto), por lo menos, o cuyo giro anual no sea inferior a 10.000 rublos. (33)

En otros términos, el mundo proponía “liberarse del yugo capitalista” o limitar los pedidos de “libertad” a la expresión, reunión, etc. y en nuestro país ese debate fue parte del orden de varios congresos de las organizaciones obreras.

El repudio a la ley 11.289 fue total pero como se puede observar en los fundamentos de cada evaluación difieren, pues cada organización partía de supuestos estratégico distintos.

Investigación financiada por la autora.

Notas:
1) B.O. 19/12/1923.
2) Fue derogada en el año 1926, restituyendo los aportes descontados.
3) La Vanguardia, 6 de mayo de 1924.
4) Kandel, Ester, Ley de trabajo de mujeres y menores- Un siglo de su sanción- La doble opresión: reco-nocimiento tácito. Editorial Dunken, 2006 y Control obrero en La Clase Obrera en el Centenario, Edi-ciones CTA, 2011.
5) Godio, Julio, Historia del movimiento argentino 1870-2000, Editorial Corregidor, 2000.
6) El anarquismo centraba el debate alrededor del concepto de acción directa versus acción colectiva.
7) El autor se basa en la caracterización realizada por David Rock.
8) Panettieri, José, Los trabajadores, Editorial Jorge Alvarez, 1967.
9) Rapoport, Mario, Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003, Editorial Ariel, 2005.
10) La Vanguardia, 2 de junio de 1920.
11) “Los diputados Quirós y Bas pretendían que se ampliara el límite de las jubilaciones, de 1000 pesos a 2000.
12) La Vanguardia, 12 de septiembre de 1915.
13) La Vanguardia, 6 de julio de 1922.
14) De la nota al Presidente: “..sabemos tiene en V.E. un decidido protector, y cuyas resultancias respecto a sus beneficios y proyecciones de carácter social y económico, conocéis es toda su importancia.”
15) La Vanguardia, 17 de agosto de 1922.
16) La Vanguardia, 26 de agosto de 1922.
17) Roque Saenz Peña.
18) La ley 4.349 sancionada en septiembre de 1904, en su art. 18 establecía que los empleados debían tener 30 años de servicios y 55 o más años de edad. La jubilación era el término medio del sueldo de los últimos cinco años y para la pensión el de los 10 años.
19) La Vanguardia, 11 de septiembre de 1922.
20) La Vanguardia, 19 de septiembre de 1922.
21) La Vanguardia, 2 de diciembre de 1922.
22) De la memoria de obras públicas del año 1922, de las cifras recaudadas con el 5% de aumento y la contribución aportada a la caja de jubilación ferroviaria, a razón del 8% de los sueldos del personal, se desprende que las empresas han cobrado al público ingentes sumas de más, realizando un verdadero ne-gocio después de jubilar gratuitamente a su personal. He aquí los sobrantes de las cuatro empresas princi-pales: Sur, pesos 1.103.173,26; Oeste, 879.935,35; Central Argentino, 1.485.507,35 y Pacífico, 1.178.631,29 m/n.
23) La Vanguardia, 17 de junio de 1923.
24) La Vanguardia, 1º de agosto de 1923.
25) USA, Memoria y Balance, marzo de 1922 y enero de 1924.
26) Lenin, Vladimir, Tercer congreso de la Internacional Comunista, Obras completas, Tomo 32.
27) Texto citado por J. Godio, op.cit.
28) Los oradores fueron Hermenegildo Rosales, Juan Greco, Aurelio Fernández, Orestes Ghioldi (secretario general) y Rodolfo Ghioldi. No pudimos acceder directamente a estas fuentes.
29) Kandel, Ester, citado en A propósito del anarquismo, Argenpress, 2 de agosto de 2011.
30) Iscaro, Rubens, Historia del movimiento sindical, Editorial Fundamento.
31) Op. cit.
32) Kandel, Ester, Ley de trabajo de mujeres y menores- Un siglo de su sanción- La doble opresión: reco-nocimiento tácito, Dunken, 2008 y Control obrero en 1908, en La clase obrero y el centenario, Ediciones CTA, 2011.
33) Lenin, V. Proyecto de decreto sobre el control obrero, 8 ´9 de noviembre de 191, Control obrero y na-cionalización, Ediciones Tierra Nueva, 1973.

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Agustín Tosco: “Con los trabajadores a la cabeza”

Carlos Saglul (ACTA)

“El rol de la clase obrera no es participar como socio menor en las esferas de poder de la oligarquía, sino impulsar las transformaciones revolucionarias que cambien en profundidad este sistema de opresión, explotación y miseria. El papel de la clase obrera debe ser vanguardia organizada y combativa de los demás sectores populares para lograr la liberación social y nacional de los argentinos”.

Palabras de un luchador. Palabras de un dirigente sindical insobornablemente leal a la clase, portador de una historia que resiste todos los archivos: Agustín Tosco.

En los actos solía saludar con el puño cerrado en una mano y la “v” de la victoria en la otra. Creía que el capitalismo no puede "humanizarse” y que sólo desde la unidad de clase, con los trabajadores a la cabeza de un proyecto de liberación continental, es posible la realización de la justicia social. Aprendió qué es “el socialismo” leyendo a la luz de una vela en una casa de piso de tierra en Coronel Moldes, un pueblo del sur cordobés. Estuvo preso, murió perseguido, lo enterraron en medio de un tiroteo. El “Gringo” Tosco estaba convencido que algunos muertos caen para seguir andando como banderas camino a la victoria.

Nació en su propia casa de las afueras de Coronel Moldes. Es el año 1930, en su familia solo se hablaba piamontés por lo que tarda en relacionarse con otros chicos. Pasa el día ayudando en las tareas de la quinta. No hay luz, el piso es de tierra, sin embargo en la casa hay una pequeña pero bien provista biblioteca que es de su padre que fue maestro. Las manos toscas, lastimadas de trabajar la tierra van abriendo página tras página un nuevo mundo.

Desde entonces, como el Che, el “Gringo” jamás deja sus libros y su máquina de escribir portátil. Va con ellos debajo del brazo, aún escapando de casa en casa, con los verdugos pisándole los talones en la clandestinidad.

Cursó la escuela secundaria en Presidente Roca, y ya era una dirigente en potencia cundo se recibió. Las autoridades del establecimiento nunca se perdonaron proponerle que hablara en la ocasión en nombre de los egresados. Tosco criticó durante el funcionamiento escolar y dijo que se negaba a recibir el diploma de manos del director. Una tremenda ovación de sus compañeros hizo imposible cualquier intento de disciplinamiento.

Ya trabaja en EPEC, la compañía de energía de Córdoba, como ayudante electricista cuando se inscribió en la Universidad Tecnológica. Después del servicio militar decidió dejar los estudios para dedicarse de lleno a la militancia sindical. Sus compañeros lo recuerdan “como un tipo algo melancólico que escribía poemas tristes”. Ese Tosco se terminó cuando lo eligieron delegado ya que “la lucha alegra, da sentido a la vida, no da tiempo a la tristeza”.

De origen peronista, Tosco termina definiéndose como marxista independiente. Si bien participó de actos del Frente Antiimperialista al Socialismo (FAS), no aceptó la candidatura a presidente por esa alianza que le ofreció Roberto Santucho en nombre del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

El dirigente de Luz y Fuerza Córdoba temía que su postulación dividiera a los trabajadores. En un famoso y recordado debate televisivo con el ex secretario general de la CGT, José Rucci, que lo acusó de “gorila”, Tosco respondió: ”Hay sugestivos motivos para dividir al país entre peronistas y antiperonistas. Nosotros pensamos que la división que debe hacerse no es ésa, sino entre quienes están consecuentemente con la lucha del pueblo y quienes están con la entrega”.

Ni por un segundo Tosco deja de marcar a fuego a lo que denominaba la burocracia sindical. “Rucci y su gente son prisioneros por sus compromisos con los detentadores del poder, presos de la custodia que les presta el aparato policial, presos en una cárcel de la que jamás van a salir: la de la claudicación, la indignidad y el participacionismo”.

Es un lugar común decir que no hay personalidad que resista un archivo. Tosco podría resistirlos todos. Ni siquiera los militares o las bandas fascistas del gobierno de Isabel Martínez, cuando allanaban el sindicato, tenían las esperanza de encontrar las pruebas de algún hecho de corrupción en que implicarlo. Hasta sus peores enemigos aceptaban su decencia. Para Tosco la práctica revolucionaria es inseparable de una celosa coherencia entre el discurso y la acción.

Periódicamente volvía a su puesto de trabajo en EPEC, y atendía las cuestiones del gremio de mameluco, en la sala de máquinas. Tosco junto al peronista a Atilio López y Elpidio Torres de la Confederación General del Trabajo de Córdoba, fue uno de los máximos referentes del Cordobazo, la revuelta popular que significó el principio del fin para la dictadura de Juan Carlos Onganía. El líder sindical que fue detenido y condenado a 8 años de cárcel por un Consejo de Guerra, convierte a la prisión en un altavoz desde donde habla a los trabajadores, los subleva, hace crecer la resistencia. Para aislarlo lo mandan a Rawson. Allí estaba cuando se produce la fuga de un grupo de presos políticos del penal y la posterior “Masacre de Trelew”.

Pasa a la clandestinidad, la muerte le sigue los pasos

Tosco no muestra demasiadas esperanzas en el gobierno peronista que llega después de la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse, especialmente después de que Juan Perón borra de su léxico toda referencia a la palabra socialismo. Sostiene que la voracidad del capitalismo en su etapa imperialista, sus empresas multinacionales, jamás permitirán un reparto de la riqueza más equitativo, ya que es en la mecánica misma del sistema, aumentar su ganancia, aún al costo de la mayor de las violencias.

Poco antes de la muerte de Perón se inicia el terrorismo parapolicial de la Triple A que, como a tantos otros dirigentes del campo popular, lo condenó a muerte. En febrero de 1974 se produce un golpe policial –el “Navarrazo”- que derriba al gobierno provincial democráticamente electo. Ricardo Obregón Cano y Atilio López, ambos peronistas revolucionarios son depuestos de su cargo. El último es asesinado poco después. Intervienen al Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Tosco pasa a la clandestinidad, la muerte le sigue los pasos.

Va de casa en casa perseguido por sus verdugos. Trata de caracterizarse pero fracasa. A pesar del peluquín con el que intenta caracterizarse, la gente lo saluda con cariño en la calle. El stress es enorme. Le duele la cabeza. Se desmaya seguido. Tosco no escucha al cuerpo, sigue, habla con los compañeros, trata de organizar. Trata de no atender a la enfermedad. Pese a esa tremenda voluntad la fiebre lo doblega, y se ve obligado a guardar reposo. Lo traen a Buenos Aires y creen detectarle septicemia. Nunca queda en claro de que muere ya que en el sanatorio donde lo tratan clandestinamente no queda historia clínica.

El secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba muere en Buenos Aires el 4 de noviembre de 1975. Para velarlo en Córdoba se altera la fecha y el lugar de la muerte. Oficialmente, el dirigente deja de existir en la ciudad mediterránea el 5 de noviembre. Lo han llevado hasta allí en una ambulancia, sentado en el lugar del acompañante para que no lo descubra la policía.

El 6 de noviembre de 1975, Tosco es velado en el club Redes Cordobesas. A las 17.30 una multitud se ordena para acompañar el cuerpo hasta el cementerio de San Jerónimo. Un helicóptero sobrevuela la columna. Desde un Fiat 600 blanco comienzan a disparar contra la columna.

La gente corre temiendo una masacre. En esos días, aparecían nuevos ajusticiados por las bandas parapoliciales del gobierno de Isabel Perón y López Rega. Así recibió sepultura uno de los máximos líderes obreros que tuvo el país. En medio de una batalla campal, en una tumba donde ni siquiera está su nombre.

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Argentina, Córdoba: La estigmatización de la pobreza

Daniel Klocker (PRENSARED)

La iniciativa del registro de trabajadores eventuales propuesta por los vecinos de barrio Urca reavivó la estigmatización del estereotipo de laburantes sospechados de delincuentes por su origen humilde o por portación de cara.

La iniciativa del centro vecinal de Urca de crear un registro de trabajadores eventuales para combatir la inseguridad en el barrio reavivó la polémica sobre estigmatización del estereotipo de laburantes sospechados de delincuentes por su origen humilde o por portación de cara.

Esta discriminatoria iniciativa apunta directamente a albañiles, guardias de seguridad, pintores, jardineros y otro personal doméstico que los vecinos de esa acomodada barriada del oeste de la ciudad pudiesen llegar a contratar para realizar tareas en sus domicilios.

Es decir parten de la falsa premisa de que toda esa gente es culpable hasta que la base de datos de la policía demuestre lo contrario, pero mientras tanto como siempre sucede no se mide con la misma vara a “los Ricardo Jaime, a los Marcelo Falo”, y a tantos otros que cuentan con la protección del poder para zafar”.

No tienen esas mismas oportunidades los trabajadores que diariamente buscan el pan con sudor y sacrificio porque sus manos son las principales herramientas que tienen para sobrevivir en esta selva donde desigualdad es una constante porque la riqueza está mal distribuida.

Por supuesto, el gobernador José Manuel de la Sota dijo que la Provincia “escuchará a los vecinos de Urca, aún en las ideas que podamos compartir o no”, y que el flamante ministro de Seguridad y ex Jefe de Policía, Alejo Paredes “se comunicará con ellos”.

Seguramente, en la mayoría de los barrios de la ciudad de Córdoba al enterarse de la decisión del titular del Poder Ejecutivo querrán que el funcionario Paredes también “se comunique con ellos” porque –como los de Urca- son víctimas de la inseguridad, pero no apelan a la confección de censos de potenciales trabajadores o delincuentes.

El trabajo esclavo también es un delito y lo cometen importantes empresas nacionales y multinacionales, pero los gobiernos, mas allá de algunos procedimientos mediáticos y multas de ocasión, miran para otro lado, mientras tanto, los trabajadores continúan siendo explotados con total impunidad.

Es cierto, la inseguridad no es una “sensación” sino que es una realidad que los cordobeses vivimos a diario con arrebatos, asaltos violentos, crímenes, secuestros express y violaciones, pero más allá de esta irrefutable realidad no podemos permitir que el miedo y la desesperación nos gane la batalla y apelemos al facilismo de echarle la culpa al más débil, en todo sentido.

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Argentina: La masacre de Rosario

Tomás Eliaschev (MARCHA - INDYMEDIA)

Tres jóvenes militantes fueron asesinados a balazos por una banda de sicarios en el barrio Moreno, Rosario sur. La denuncia de los vecinos y la connivencia de barras bravas, narcos y la policía. Polémica por la cobertura de los medios.

El barrio Moreno -en el sur de Rosario- comenzó el año de luto. Tres de sus hijos, jóvenes militantes, fueron acribillados por una banda que los atacó en la madrugada del domingo pasado, sin que mediara ningún enfrentamiento. Los sicarios creían estar vengándose del ataque contra uno de los jefes de la barra brava de Newells, Maximiliano "El Hijo del Quemado" Rodríguez. Los pibes, que no tenían nada que ver con ese hecho, habían pasado toda la noche en la canchita de Quintana y Dorrego. Pasadas las 4, de un auto verde se bajaron tres hombres armados que preguntaban por Ezequiel "El Negro" Villalba, un barra que vive a una cuadra de donde fue la balacera. Sin dejar otra posibilidad abrieron fuego contra los que encontraron. Los disparos, según fuentes oficiales, fueron de 9 milímetros y también de pistola ametralladora. Jeremías Jonathan "Jeri" Trasante, de 17, Claudio Damián "Mono" Suárez, de 19 y Adrián Leonel "Patón" Rodríguez, de 21, fueron acribillados: cada uno tenía entre cinco y ocho balas alojadas en sus cuerpos. Eran pibes de barrio, militantes del Frente Popular Darío Santillán, que estaban organizados para tener una opción mejor de vida. Acababan de participar activamente del campamento nacional de jóvenes de dicha organización, junto a 500 pibes de todo el país, realizado en Rosario el diciembre pasado.

"Nos dieron un golpe tremendo, mataron a tres de nuestros compañeros, que eran como hermanos. Queremos que quede claro que ya lo veníamos denunciando, lo dijimos en el Concejo Deliberante, en la Comisión de Derechos Humanos, donde hicimos un relevamiento de los casos donde se pone de moda caratular como un 'ajuste cuentas' y queda paralizada la investigación, cuando lo que están haciendo es matar pibes inocentes. Este año, de todos los asesinatos que hubo, 140 fueron de este tipo. Ahora se sabe porque los pibes eran de una organización y salimos a denunciarlo, sino hubieran dicho que fue un enfrentamiento y listo, no investigan más", dijo a Marcha Pedro "Pitu" Salinas, referente del Movimiento 26 de Junio, Frente Popular Darío Santillán, en donde militaban los asesinados. Según cifras oficiales, en Rosario se registraron este año 170 homicidios.

Al principio, la policía de la Comisaría 15ª que acudió al lugar informó que se trataba de un "ajuste de cuentas" informando errónea e intencionadamente que los jóvenes "tenían antecedentes penales", lo cual fue levantado por algunos medios, como La Capital y Clarín, pese a ser negado por quienes los conocían. Con el correr de las horas fue saliendo a luz la verdad. Un cable de DyN confirmó lo que ya se sabía: en ninguno de los tres muertos, de acuerdo al estudio de dermotest realizado por personal de Criminalística, había rastros de pólvora, es decir que no hubo intercambio de disparos.

La masacre comenzó a gestarse a las 3.30 de la primer madrugada del año: Rodríguez iba con su novia en un BMW cuando fueron baleados desde una moto en la que viajaban dos personas. Aparentemente, junto a sus cómplices, aún herido, dejaron el automóvil y en otro coche, un Corsa verde, fueron hasta la esquina del domicilio de Villalba. Abrieron balazos contra los cuatro jóvenes que se encontraron, que nada tenían que ver con la agresión previa ni con ninguna barrabrava. Decenas de testigos los vieron pasar toda la noche en el mismo lugar donde luego encontrarían la muerte.

Además de Rodríguez, que permanece internado en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (HECA) en estado crítico, los imputados son Ariel Sebastián "Teletubi" Acosta y Damián "Damiancito" Martínez. Estos dos permanecen prófugos. Acosta estuvo involucrado por el ataque contra un micro de Ñewell's donde murió Walter Cáceres. A Martínez le encontraron un chaleco antibalas en su domicilio de la calle Argelia 2100 que fue allanado. En horas de la noche del lunes 2, se producían nuevos allanamientos, según pudo averiguar este medio.

Un efectivo policial de apellido Marín ocultó a sus superiores que Rodríguez estaba en el HECA, a donde llegó herido. "Fue pasado a disponibilidad, imputado porque no avisó a su jefatura que había un herido en el HECA que tenía algo que ver con los muertos. Por eso se tardo varias horas en saber qué pasaba", dijo a Marcha el secretario de Seguridad Comunitaria, Ángel Ruani que detallló la información que manejan en el Ministerio de Seguridad provincial sobre el caso. "Primero se produjo la agresión contra Rodríguez, que acusó a Villalba y por eso habrían ido a buscarlo. Podría haber habido más muertos, uno se salvó corriendo. Después siguieron tirando, hay tres mujeres heridas, una de ellas embarazada. Fueron a buscar a un tipo para matar y le dispararon a cualquiera, tiraron a mansalva", detalló el funcionario.

Ruani relató que esa noche estuvo cumpliendo su labor como funcionario en las calles rosarinas. "Estuve hasta las 12 recorriendo la ciudad, tratando de ver el accionar policial, verificar el patrullaje, pase dos veces por esa esquina, la última una hora y media antes de los asesinatos. A las 5 hicimos base. Recién al mediodía supimos que Maximiliano Rodríguez estaba en el mismo hospital donde entraron los chicos asesinados. Nos vamos enterando ahora la ligazón de los muertos con el Frente Popular Darío Santillán, a quienes hemos invitado a que vengan a hablar con el ministro de Seguridad Leandro Corti", señaló el funcionario, quien estuvo detenido desaparecido durante la Dictadura y viene de ser subsecretario de Derechos Humanos provincial.

La feroz violencia barrabrava cuenta en Rosario con innegables vínculos policiales. Este triple crimen sucede en territorio de la Seccional 15ª, una comisaría que tiene un largo historial de corrupción y violencia, con casos de gatillo fácil y presos hacinados que terminan muertos en calabozos en su haber. En agosto del año pasado, el comisario de la 15ª, Gustavo Bella, fue reemplazado por el comisario Abel Santana, al ser acusado de recomendar a los vecinos que ante los robos contraten a una empresa de seguridad privada vinculada a personal de la fuerza.

Hay más datos que ligan a los asesinos con el poder. El dueño del BMW en el que viajaba "El Hijo del Quemado" pertenece al abogado penalista Carlos Varela, un conocido defensor de barras con vínculos con la policía. El que manejaba su auto importado, Walter Rodríguez, se hizo famoso por tirar de un para avalanchas al jefe de la barra de Ñewell's, Roberto "Panadero" Ochoa, para después molerlo a palos en el suelo junto a otros barras. Y estuvo preso por robo a una distribuidora de bebidas La Vendimia, en barrio Las Delicias, donde se llevaron entre 30 mil y 40 mil pesos.

Según confiaron a este medio vecinos de La Tablada, un barrio más conocido por su peligrosidad y próximo a Moreno, el padre de Maximiliano -Sergio "Quemado" Rodríguez, conocido barra de Ñewell's- vende cocaína desde hace 30 años, siendo quien la introdujo originalmente en el barrio. Sin embargo, aseguran, su paradero es un misterio. "Todos lo conocen pero nadie sabe donde vive", mencionan las fuentes. Por su parte, de acuerdo a fuentes oficiales, la connivencia policial con estos grupos delictivos genera preocupación en las más altas esferas de la gobernación santafesina. En el barrio, la situación es tensa, ya que hay un sobreviviente de la masacre de Moreno, y varios testigos, que lógicamente temen por sus vidas. Mientras tantos, los muertos, eran velados anoche por sus compañeros, familiares, amigos y vecinos.

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La desnudez de los invisibles

Silvana Melo (APE)

En el camino que se cayó de pronto, que se cortó como de una dentellada, le quedó escrito lo que no fue. El pedazo de futuro puesto para ella, como un múltiple choice del libre albedrío: poner a andar la primavera en el aire envenenado del Doque; transformar la vida sucia de plomo y madera y chapa y escasez, en una buena vida al alcance de todos; subvertir todos los órdenes establecidos, encender las estrellas aun con el sol en pleno mandato, robarles a los poderosos el fuego sagrado para los vulnerables, para los muchos, para los tantos, para los que no se ven, ser Prometeo en la injusticia brutal del conurbano, ser, crecer e insistir con poblar el mundo de los pobres, traer niños para la rebeldía, parir para las mayorías, ser más y más, multitud de anónimos para la transformación.

Todo eso podía elegir. O resignarse. Le daba opciones el destino pero se cortó de pronto, se agotó como la canilla que gira y gira pero nada brota en la siesta de enero. Se calcinó, se consumió. Se acabó como se acaba la vida en las casitas de chapa y madera de Dock Sud. Sin transformarse, la vida. Sin ser buena, sin ser digna, sin revoluciones. Así se acaba la vida incipiente.

La noticia fue brevísima en todos los medios. Apenas líneas para la mujer de 30 años y su bebé de nueve meses que dormían en la agonía de la Navidad cuando se prendió fuego la pieza de conventillo que era su casa en Dock Sud. Ahí donde las casas son de chapa y madera, se arman una tras otra, una sobre otra, en la telaraña de los cableríos por donde a veces llega la luz y otras veces se puede atrapar un chisperío que ilumine. Clandestino, marginal. Como es la vida de los que no alcanzan el vagón final. De los que siempre pierden el tren de la justicia porque el mundo que está no fue pensado para ellos. Porque los cables no fueron hechos para su luz. Ni la ciudad para su destierro. Ni el barrio para su llegada tres días atrás.

Dicen que murieron en el incendio que se desató a las seis de la mañana, seis horas después de cerradas las puertas de la Navidad. Cuando lo que podía nacer ya había nacido pero no para ellas. Apenas días atrás también hubo fuego en otras casas de chapa y madera. Pero la muerte, acaso desprevenida, esa vez no se llevó a nadie. Pero todos saben –todos- que la madera y el cablerío y el calor de diciembre se asocian contra la desnudez de los invisibles. Y esta vez fueron dos. Ella, de treinta años, y su bebé de nueve meses. Un pedacito de futuro en ciernes, pensada para resistir, para rebelar, para nacer cada día y sobrevivir en un mundo que no la incluía.

Muchas batallas tendría por delante. Nacida mujer, que no es poco. Estirando piernitas para dar un primer paso en Dock Sud. Donde el Polo Petroquímico esparce su veneno, el agua se toma con plomo y el aire quema en los pulmones. Mucha batalla la esperaba y sólo tenía nueve meses. Pero era una ficha que su madre jugaba, que su padre jugaba, que la vida había puesto sobre un damero yermo. Una ficha frágil, vela en el viento.

Dicen que ella y su madre murieron en el incendio de Navidad, entre chapas y maderas. Pero que nadie les crea. Ellas murieron de olvido, de desigualdad, de profunda injusticia. Solas y apartadas de la fiesta de los otros.

Solitas ahora irán, en alguna aurora donde lo que nazca sea bueno. Con panes tiernos a mano y un ramito del futuro que tal vez se salvó del fuego.

Fuente imagen: APE

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Masacre de Avellaneda: Carlos Soria murió sin condena

RED ECO - ACTA

El gobernador de Río Negro, que falleció en la madrugada del 1º de enero de un disparo en la cara bajo circunstancia que aún la justicia investiga, había sido designado por Cristina Fernández como candidato en representación del Frente para la Victoria, pero en junio de 2002 estaba al frente de la SIDE durante la denominada Masacre de Avellaneda.

Allí, como resultado de un plan represivo planificado por el gobierno de Eduardo Duhalde fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. En todos estos años, Soria nunca fue investigado, cuando existen sobradas pruebas que lo involucran en la existencia de un plan represivo con reuniones previas, directivas y complicidades necesarias, una autoría ideológica y responsables políticos del asesinato de Darío y Maxi.

¿Cuál era la responsabilidad de Soria en la Masacre de Avellaneda?

El 26 de junio de 2002, mientras miles de trabajadoras y trabajadores desocupados salían a las calles a exigir trabajo, justicia y dignidad, el entonces presidente dio la orden de reprimir a los manifestantes en el Puente Pueyrredón. Dos jóvenes muertos y más de 30 heridos con balas de plomo fue el saldo de lo que se conoce como la Masacre de Avellaneda. El objetivo político aparecía claro: desarticular al movimiento popular que había protagonizando jornadas históricas como las de diciembre del 2001.

El 26 la SIDE, liderada por Soria y Oscar Rodríguez, operó como nexo entre las decisiones gubernamentales y las fuerzas de seguridad que las ejecutaron. Durante la represión y en las horas posteriores, el comisario Fanchiotti estuvo en contacto directo con la Sede Billinghurst de esta dependencia. Tanto el 26 como al día siguiente, el gobierno apeló a la lógica de las ´balas piqueteras´ para explicar las muertes, justificar la represión y dar cuerpo a la causa legal levantada contra los movimientos. Soria fue quien aportó los elementos necesarios para sostener esta versión con una serie de informes producidos a partir de la infiltración de sus agentes en encuentros públicos y organizaciones populares.

En ellos se sostenía la existencia de grupos radicalizados decididos a tomar las armas y atentar contra las instituciones democráticas, teoría que debía sustentar la Causa Complot y que Álvarez y Matzkin asumieron en las conferencias dadas el 26 y 27. El 26 ´los piqueteros se habían matado entre ellos´ y no se trataba de un hecho aislado sino de un exponente de esta ´nueva amenaza subversiva´.

Estrategia que el gobierno debió abandonar rápidamente, luego de que las verdaderas responsabilidades materiales de la masacre salieran a la luz.

A pesar de haber sido una de las figuras cuestionadas en aquel momento, esto no supuso ningún tipo de investigación sobre la responsabilidad de Carlos Soria, ni impidió que continuara su carrera política hasta llegar a ser gobernador por el FPV en Río Negro.

¿Quién era Carlos Soria?

Soria fue tres veces diputado por el PJ hasta llegar a ser titular de la SIDE. Luego de su renuncia tras la Masacre, se postuló por el PJ para gobernador, pero sin éxito. Enquistado en el PJ de Río Negro, hasta fines de los ’90 se desempeñó como diputado a partir de sucesivas reelecciones. Pasó buena parte de su carrera a la sombra de José Luis Manzano, estrechando así su relación con Duhalde, quien en el ’99 lo nombra ministro de Seguridad Bonaerense luego de la masacre de Ramallo, en pleno contexto de ´guerra contra la delincuencia´ y ´reforma policial´.

Tras la llegada de Duhalde a la presidencia dos años más tarde, lo designa al frente de la SIDE, una estructura que se encarga del espionaje y la identificación de las organizaciones populares y sus militantes. Para ello recibe, por día, 2 millones de pesos de presupuesto estatal. Amparada en el "secreto" de su misión, tiene vía libre para el uso indiscriminado de estos fondos, sin auditorías ni ningún tipo de control. La SIDE jugó un rol fundamental en la trama de la masacre de Avellaneda.

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Algunos han sido destituidos, otros retienen sus cargos

Irina Santesteban (LA ARENA)

Aunque algunos jueces y funcionarios judiciales a quienes se comprobó que actuaron como cómplices de la dictadura militar-cívica han sido destituidos mediante los mecanismos constitucionales, otros continúan en sus altas funciones.

El juez santafesino Víctor Brusa fue destituido en 2000 por el Consejo de la Magistratura de esa provincia, pero no por su participación en los crímenes cometidos durante la dictadura sino por haber incurrido en "mal desempeño" de sus funciones. Es que en noviembre de 1997 protagonizó un accidente con su lancha del que resultó muerto el joven nadador Miguel Pedernera, y Brusa, como titular de dos juzgados federales en Santa Fe, se encargó de obstruir y forzar al personal policial para desincriminarse en esa causa.

Como Al Capone, Brusa fue destituido no por haber sido cómplice y partícipe de crímenes cometidos durante la vigencia del terrorismo de Estado en la Argentina, sino por un accidente que reveló su personalidad muy poco respetuosa de la vida humana, pues luego de pasarle por encima a Pedernera, huyó del lugar.

Nueve años después, Brusa fue condenado a 21 años de prisión por los delitos de torturas, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales.

En Mendoza

El 11 de marzo de 2011 fue destituido en Mendoza el camarista Luis Miret, por la causal de "mal desempeño", al haber omitido investigar o efectuar denuncia penal de vejaciones, torturas y robos a detenidos puestos a su disposición por parte de las fuerzas represivas en esa provincia en febrero de 1976.

Miret no sólo sufrió la destitución del cargo que ostentaba en la Justicia mendocina, sino que también perdió su jubilación y quedó a disposición de los tribunales federales del fuero penal de Mendoza.

El camarista había presentado la renuncia al cargo cuando estaba al borde del juicio político, pero nunca fue aceptada por el Poder Ejecutivo por lo cual no pudo evitar la destitución.

Otro fugado

En esa misma provincia, el camarista Otilio Romano también enfrentó el juicio de destitución por su complicidad con crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar-cívica, pero en lugar de renunciar se fugó a Chile donde obtuvo una visa especial por ocho meses. El pasado 15 de diciembre Romano fue destituido como camarista de la Justicia mendocina y luego de eso la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia pidió su extradición. Es de esperar que ese pedido sea atendido por las autoridades trasandinas, para que este juez pueda enfrentar los juicios por los delitos de torturas y privación ilegítima de la libertad agravados, en más de un centenar de causas por el secuestro y desaparición de ciudadanos en Mendoza durante la dictadura militar.

Personal civil

En Córdoba, también en 2011, fue destituido el asesor letrado penal José Luis Santi, por haber ocultado, al momento de su designación como magistrado de la Justicia cordobesa en 2005, sus antecedentes como personal civil de Inteligencia, bajo el mando del Destacamento 141 de Inteligencia de esa ciudad, durante los años 1981 y 1982.

Según la información de la Unidad Fiscal de Seguimiento de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad, que dirige el abogado Pablo Parenti, son aproximadamente 55 los magistrados y funcionarios judiciales que hoy enfrentan causas penales por haber omitido investigar o directamente por complicidad en los crímenes que se cometieron durante la vigencia del terrorismo de Estado en la Argentina.

Juez denunciado

Aunque no tiene causas penales en su contra, uno de los casos que mejor grafica esa complicidad del Poder Judicial con los crímenes de la dictadura militar, que se mantuvieron durante muchos años aún luego de la recuperación de la democracia, fue el del ex presidente de la Cámara de Casación Penal, Alfredo Bisordi, quien renunció en marzo de 2008, luego de haber sido denunciado por los organismos de derechos humanos y por el entonces presidente Néstor Kirchner, por "cajonear" por años y años las causas por delitos de lesa humanidad.

La Cámara de Casación Penal fue creada durante el menemismo y fue una especie de "filtro" para las causas penales complejas, porque allí se resuelven todos los recursos y defensas que se interponen en todos los juzgados federales del país, en materia penal.

Bisordi había ingresado a la Justicia en la época del dictador Juan Carlos Onganía, y durante la dictadura militar videlista fue el secretario del juez Giletta, quien se caracterizó en esos años, por negarse sistemáticamente a tramitar los innumerables recursos de habeas corpus que presentaban los familiares de los miles de secuestrados y desaparecidos que había en esa época.

El 24 de febrero de 2011, casi tres años después de renunciar a su cargo de camarista, Bisordi debutó, como no podía ser de otra manera, como abogado defensor del ex intendente de Escobar y hoy condenado por delitos de lesa humanidad por el Tribunal Oral Federal Número 1 de San Martín, el ex comisario Luis Patti.

Freno cómplice

Luego de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto final, sancionada por ley en agosto de 2003, las causas por los crímenes de lesa humanidad volvieron a tomar impulso, pero sin embargo, encontraron un freno casi inexpugnable en la Cámara de Casación Penal, que llegó a detener hasta por tres años y más, los recursos que presentaban, uno tras otro, las defensas de los represores.

Afortunadamente, en la referida Cámara asumió hace pocos días, como nuevo presidente, el magistrado Pedro David, quien declaró que una de las prioridades de ese tribunal será, justamente, las causas por delitos de lesa humanidad.

Defensora

Por eso es que causó asombro la información aparecida en el diario "Página 12" en su edición del lunes 2 de enero, que da cuenta que una secretaria de la Cámara de Casación Penal, María Laura Olea, actuó y lo sigue haciendo como defensora de su padre, el general de brigada Braulio Olea, un represor condenado a 25 años de prisión en Neuquén por su participación en delitos cometidos durante el denominado Proceso.

Aunque ya se le abrió un sumario administrativo a esta funcionaria, que podría incluso llegar a la cesantía, lo cierto es que, en 2008, el juez Eduardo Riggi le había otorgado licencia sin goce de sueldo para que actúe como defensora de su padre en Neuquén.

Esa decisión fue avalada por los camaristas Liliana Catucci, Juan Fégoli, Juan Carlos Rodríguez Basabilvaso y Angela Ledesma, ésta última fue quien ordenó ahora labrar un sumario por esa misma situación que habían autorizado tres años antes. En ese momento se argumentó que, si bien el Reglamento de la Justicia Nacional prohíbe a los empleados y funcionarios judiciales ejercer como abogados, existe una excepción, y es para hacerlo por causas personales o en representación de familiares directos.

En los dos lados

Braulio Olea fue condenado en 2008 por secuestro, robo, coacción, asociación ilícita y tormentos, y en ese juicio fue asistido por su hija, María Laura Olea, quien luego de la sentencia volvió a sus funciones como Secretaria de la Sala Tercera de la Cámara de Casación Penal. Aunque la revisión de la sentencia de Olea, por apelación de los condenados, le tocó a la Sala IV de la Cámara de Casación, a la audiencia recientemente convocada para que las partes expusieran sus argumentos concurrieron los abogados de ambos lados, incluida la secretaria en cuestión. La jueza Ledesma fue quien pidió el sumario, pues aunque había autorizado la actuación como defensora de Olea hace tres años, ahora la etapa es la de revisión de la sentencia. ¿Cómo va a actuar como defensora una funcionaria que trabaja en el mismo Tribunal que debe revisar la sentencia?

Muchos cambios hacen falta en la Justicia argentina para hacer realidad la necesaria democratización de ese poder fundamental de una república, pero la depuración de aquellos funcionarios que avalaron y lo siguen haciendo, con el accionar del terrorismo de Estado, es lo más urgente.

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