martes, 17 de enero de 2012

Chile: La Disputada. La madre del cordero

Julián Alcayaga (especial para ARGENPRESS.info)

Es una obligación que emana del Contrato de 2002 entre Codelco y Anglo American (cláusula 6º Nº 12), esta última empresa debe enviar a Codelco, -con 5 meses de antelación al ejercicio de la opción de compra del 49% de las acciones de la ex Disputada-, los resultados de los cinco últimos ejercicios a fin de determinar el precio de la opción.

Ahora es un hecho público que efectivamente Anglo American envió dicha comunicación a Codelco, el 29 de julio de 2011, y ese documento figura en la contestación al Recurso de Protección de Codelco. (Ver en www.anglo.chile.cl/anglosur/). Sin embargo, desde julio a fines de noviembre de 2011, ni Anglo American ni Codelco dieron a conocer esta comunicación, con el precio real de la opción por el 49% de Disputada. De dicha comunicación, hemos retomado el cuadro que se llama: Cálculo estimado Valor de opción en base a Resultados Financieros 2007-2010 más Outlook 2011:


Es decir, según los datos comunicados que Anglo American, el valor del 49% de la ex Disputada es de 6.055 millones de dólares, lo que está lejos de los US$ 6 mil 750 millones que Codelco le pidió a Mitsui para comprar el 49% de Disputada, y aún más lejos de los US$ 9 mil 760 millones que según Codelco (en su negociación con Mitsui), era el valor del 49%. Secretismo e incoherencias que despiertan sospechas en el más ingenuo, y llevan a pensar que existe colusión entre Codelco y Anglo American. ¿Por qué nunca hicieron pública esta información que establece un valor del 49% de La Disputada muy inferior al publicitado profusamente en Chile y en el extranjero?.

Como si fuese poco, el valor entregado por Anglo American fue manipulado para entregar un valor muy superior al que establece el contrato. Este, en su cláusula tercera Nº 9, dice lo siguiente: “Para calcular el precio de Ejercicio, deberá calcularse el valor del cien por ciento de Disputada, en adelante, el "Valor de Disputada", que, para efecto de esta cláusula, será el valor que resulte mayor entre A) el promedio de las utilidades anuales -expresado en dólares de los Estados Unidos de América- durante el período de cinco años calendarios que terminan el treinta y uno de diciembre que inmediatamente preceda a la fecha del ejercicio del derecho de compra, multiplicado por ocho, más el valor de las utilidades no distribuidas -expresado en dólares de los Estados Unidos de América- en la fecha en que se ejercitó dicho derecho”.

Es claro, el precio de ejercicio se determina por el promedio de las utilidades de los últimos 5 años multiplicado por ocho, más las utilidades no distribuidas (el famoso FUT), pero en ninguna parte del contrato establece que se deben incluir los préstamos de empresas relacionadas. Esto constituye solo la primera adulteración de la comunicación de Anglo American, que agrega préstamos por US$ 1.533 millones. Además de no corresponder al contrato, es una falsedad de triple envergadura. Primero, nunca una empresa relacionada con Anglo American le ha prestado US$ 1.533 millones a la ex Disputada. Segundo, según lo informado por el Comité de Inversiones Extranjeras esos préstamos, de Clarent Sarl, ascienden a US$ 793 millones, de los cuales 774 ya han sido amortizados. Tercero, los préstamos vigentes son de de solo 19 millones de dólares.

Eliminando los US$ 1.533 millones de supuestos préstamos, el precio de ejercicio del 100% de Disputada es US$ 10 mil 823 millones, y por consiguiente el valor del 49% de las acciones baja US$ 5 mil 304 millones. ¡Una baja de US$ 1.446 millones con relación al préstamo que Codelco solicitó a Mitsui para esta operación! Es para marearse con los sobreprecios, porque la cifra que calculamos es de US$ 5 mil 477 millones inferior al valor atribuido al 49% de las acciones de Disputada con la venta del 24,5% a Mitsubishi (US$ 5 mil 390 millones). ¿Quién está cortando una alita?

Pero eso no es todo: si según el contrato las utilidades no distribuidas se agregan al precio de ejercicio de la opción, ello significa que al comprar el 49% del capital de La Disputada, Codelco tiene derecho a percibir US$ 1.462 millones (el 49% de las utilidades no distribuidas) Para simplificar, el precio real y verdadero del 49% es de solo US$ 3 mil 842 millones de dólares.

Ahí está la madre del cordero.

Lo que se persigue con esta operación es que Codelco pague de 4 a 5 mil millones de dólares por sobre lo que corresponde por contrato. Por ello han ocultado esta información, y montaron todo este show mediático y demandas y contra demandas, para justificar el dolo. En esta colusión, no solo participan los más altos ejecutivos de Codelco, sino también los de Anglo American, Mitsui y Mitsubishi. Pero esta estafa no es sino un eslabón más del proceso de privatización de Codelco, que además esconde otras millonarias pérdidas en los mercados de futuro y en subfacturación.

Julián Alcayaga es economista.

Chile: texto de la denuncia de las irregularidades en Codelco ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.

H. Diputado
Don Marcos Espinoza Monardes
Presidente de la Comisión
Investigadora de la Administración de la
Empresa Cuprífera Estatal Codelco
De la Honorable Cámara de Diputados

Estimado Sr. Presidente:

Nos dirigimos a Ud. para informar a esta Comisión Investigadora, de hechos muy graves acaecidos en la CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE, en adelante Codelco, en razón que ha registrado en su contabilidad pérdidas en los mercados de futuros e inexplicables menores ingresos por ventas, de varios miles de millones de dólares, que lesionan considerablemente al Fisco, en razón de lo cual solicitamos que esta Comisión Investigadora, investigue las razones de estas pérdidas, y se tomen las medidas necesarias para que se sancione a los responsables de ellas.

1.- Operaciones de Mercado de Futuro de Metales

Los mercados de futuro del cobre, son los mismos en los cuales Juan Pablo Dávila perdió alrededor de 170 millones de dólares de Codelco, en 1993 y 1994, y por lo cual fue sancionado incluso con penas de cárcel. Las pérdidas ocurridas en estos mercados en los últimos años, son 23 veces superiores a las generadas por Juan Pablo Dávila.

Adjuntamos fotocopia de reportaje de La Tercera de septiembre de 2010 , en el cual el Sr. Andrés Tagle, miembro del Directorio de Codelco, sostiene que entre el año 2006 y 2009 existen perjuicios estimados para el Estado por 4.600 millones de dólares de pérdidas en los mercados de derivados. Con posterioridad La Tercera no se refirió más a este tema, y El Mercurio o la televisión nada informaron, lo que resulta sospechoso visto que estas pérdidas son cuantiosísimas y constituyen un verdadero escándalo nacional. Desde ese reportaje de septiembre 2010, el Sr. Tagle no hizo más declaraciones sobre estas pérdidas, como si ellas no hubieran existido.
Posteriormente descubrimos que esas pérdidas eran efectivas a raíz de los siguientes hechos. En marzo de 2011, el Sr. Diego Hernández, Presidente Ejecutivo de Codelco, realizó una conferencia de prensa para presentar los resultados de la Corporación por el año 2010. El presentó estos resultados como un gran éxito de su gestión, al obtener utilidades por 5.799 millones de dólares, que superaban las utilidades del ejercicio 2009 en 1.851 millones de dólares. Al analizar estos resultados con mayor detención, saltaba a la vista que esas utilidades estaban lejos de ser un éxito, puesto que el año 2006, con similar producción y menor precio del cobre y subproductos que el año 2010, las utilidades de Codelco fueron de 9.215 millones de dólares. Había una caída considerable e inexplicable de los resultados de Codelco por el año 2010, por lo que concluimos inmediatamente que debían existir pérdidas en los mercados de futuro que pudieran explicar los malos resultados del ejercicio 2010. Como esta información no estaba disponible en ningún lado, nos vimos en la obligación de entrar a analizar detalladamente la Memoria de Codelco por el ejercicio 2010. Descubrimos que existían más de mil millones de dólares de pérdidas en derivados el 2010. Como esta pérdida no explicaba la totalidad de la caída de los resultados de Codelco, decidimos analizar también las Memorias de años anteriores.

Del análisis de las Memorias de Codelco de los últimos 5 años, aparecen las siguientes pérdidas en las Notas Explicativas de los balances, punto C3 de las Memorias de la Corporación, notas que pueden ser resumidas en el siguiente cuadro:

En la columna Resultados del Ejercicio se encuentran las pérdidas ya realizadas y pasadas a resultados, “extracontablemente”, en disminución de los ingresos por ventas de cada año indicado, y que suman en total 2.677 de millones de dólares ya registradas y pagadas entre el 2006 y 2010. Los Resultados Pendientes son las provisiones por posibles pérdidas al cierre de cada uno de los ejercicios, por lo cual al 31 de diciembre de 2010, existen otros 2.409 millones de dólares que se pueden transformar en pérdidas efectivas en los siguientes ejercicios contables. En la cuarta columna figuran las páginas de las Notas Explicativas del Balance, en cada una de las Memorias de esos años, donde se da cuenta de esas pérdidas, por lo cual son absolutamente verificables.

Estos resultados demuestran que era cierto lo expresado en septiembre de 2010, por el Sr. Andrés Tagle, miembro del Directorio de Codelco. Pero era muy extraño que el Ministerio de Minería, Cochilco u otro organismo del Gobierno no se refirieran a estas colosales pérdidas, ni que tampoco se haya informado a la Superintendencia de Valores y Seguros, como un hecho esencial. En la presentación de los resultados de 2010, el Presidente Ejecutivo de la Corporación, Sr. Diego Hernández, tampoco dijo una sola palabra sobre esas cuantiosas pérdidas en derivados.

El pretexto que se ha entregado para justificar este tipo de pérdidas, es sostener que este tipo de operaciones, “son comunes a toda la industria Minera, son cotizadas y realizadas en el mercado financiero formal”, y se realizan para proteger los precios de las fluctuaciones del mercado y minimizar los riesgos financieros. Parece una justificación muy razonable e inatacable, que mediante estas operaciones se intente proteger los flujos futuros de caja, pero en los hechos es un mero pretexto técnico o financiero, ya que estas operaciones SE PUEDEN PRESTAR para perder deliberadamente dinero a favor de escogidos operadores de estos mercados.

El pretexto de estas operaciones como una forma de “protección” de las fluctuaciones de precios sería justificable si en el tiempo hubieran pérdidas y ganancias, o que al final de un ejercicio contable, las pérdidas fueran marginales. Ello no es así, las pérdidas son colosales, y las empresas mineras en general, y Codelco en particular, NORMALMENTE PIERDEN Y NUNCA GANAN.

Ahora no parece creíble que se hayan perdido tantos miles de millones de dólares en los mercados financieros formales, porque estos mercados tienen muy pocos operadores con reglas que limitan las operaciones diarias. Además Codelco también debería tener sus propias reglas que limitan la exposición tanto en cantidad de metales como por los valores involucrados. Desconocemos cuales son las actuales reglamentaciones de Codelco, pero existían en los años noventa. Una directiva del 24 de junio de 1992, limitaba el tonelaje a 10 mil TM y una exposición de mercado de 500 mil dólares por día. Como es ampliamente conocido, después de las pérdidas de Dávila en 1994, a Codelco se le prohibió operar en estos mercados, y solo lo volvió a hacer a partir del año 2003. Creemos que esta Comisión Investigadora debiera investigar quienes son las autoridades que otorgaron esta autorización, y cuales son las razones que existieron para volver a operar en estos mercados, para perder miles de millones de dólares.
Pero además, en los años noventa existía una institución, independiente del gobierno, que también debía autorizar previamente las operaciones en los mercados de futuros: el Banco Central. En 1994, tanto en la prensa como en la Comisión Investigadora de la Cámara, se sostuvo que el Sr. Juan Eduardo Herrera, Consejero del Banco Central a la época, era quien autorizaba las operaciones que realizó Juan Pablo Dávila en los Mercados de Futuro.
En función del número limitado de operadores en estos mercados y de las reglamentaciones de los propios mercados financieros formales, como de las reglamentaciones que debieran existir en el propio Codelco y el Banco Central, no DEBERIA haber tantos miles de millones de dólares de pérdidas en los mercados financieros formales, a menos que dichas operaciones se hayan efectuado en mercados informales, lo que precisamente debiera ser investigado por esta Comisión, en vista de la enormidad de las pérdidas.

Pero la investigación sobre este tipo de pérdidas debiera extenderse a todas las grandes mineras, porque también han recurrido a este tipo de pérdidas para evadir impuestos en Chile. En el año 1994, Minera Mantos Blancos S.A. –hoy Anglo American Norte-, perdió el 8 % de sus ventas, 14 millones de dólares, en los mercados de futuro, y en 1995 estas pérdidas alcanzaron los 48 millones de dólares, lo que equivalía al 25 % de sus ventas, que ese año fueron de 198 millones de dólares. Proporcionalmente era una pérdida 3 veces superior a la de Codelco, sin embargo los medios de comunicación nunca informaron sobre estas pérdidas y nunca lo hicieron posteriormente. El responsable de Mantos Blancos S.A. en esa época, y por tanto responsable de esas considerables pérdidas en los mercados de futuro era el Sr. Diego Hernández, actual Presidente Ejecutivo de Codelco.

En la época, con las pérdidas provocadas por J.P. Dávila en los mercados de futuro, el Presidente Ejecutivo, varios Vicepresidentes y varios Gerentes de Codelco fueron despedidos de la Corporación, y Juan Pablo Dávila estuvo algunos años en la cárcel, a causa de las pérdidas en los mercados de futuro. Sin embargo, el Sr. Diego Hernández, responsable de estas colosales pérdidas en estos mercados, como Presidente de Mantos Blancos, no fue denunciado por ello, tampoco fue despedido, por el contrario, fue ascendido por Anglo American a Presidente de Minera Collahuasi, y posteriormente ocupó puestos de mayor relevancia en mineras transnacionales y fue elegido Presidente del Consejo Minero. Esto confirma que las pérdidas en estos mercados no es por incapacidad a prever el comportamiento de los mercados, sino todo lo contrario, se pierde deliberadamente a favor de escogidos operadores de estos mercados, y esa es precisamente la razón por la que el FMI, desde hace más de 30 años viene recomendando a los países del Tercer Mundo legislar para declarar que dichas pérdidas son “gastos no necesarios para producir la renta”.

El FMI postula estas medidas porque considera que las pérdidas en los mercados de futuro es una forma fraudulenta de traspasar utilidades entre empresas relacionadas, con el objetivo de hacer desaparecer las utilidades en las empresas filiales del Tercer Mundo. Eso fue lo que efectivamente ocurrió con Juan Pablo Dávila en 1994, al perder alrededor de 170 millones de dólares de Codelco, transferencias que en parte comprobó y recuperó el Ministro Sr. José Benquis. Hoy esas pérdidas son 23 veces superiores a las de 1994, y no pueden quedar sin investigación por parte del Consejo de Defensa del Estado, los Tribunales de Justicia, y por cierto la Cámara de Diputados.

No permitimos sugerir que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, en su investigación pueda aclarar los siguientes puntos:

1.- Fechas de cada Transacción, con el resultado económico para Codelco desde el año 2005 a la fecha.

2.- Monto de cada Transacción en Dólares y en cantidad de Libras (toneladas) de Cobre y cuál era el Contrato de venta de futuro que la justificaba.

3.- Cuales son los acuerdos y que ejecutivos autorizaron cada Transacción.

4.- Comisiones que se pagaron. A quien o quienes. Bancos y/o Autoridades que participaron Directa y/o Indirectamente en ellas.

5.- Quiénes fueron las CONTRAPARTES que adquirieron los Contratos vendidos por Codelco, y los Intermediarios, Brokers y/o empresas que participaron en la transacción.

6.- Verificaciones reales de que todas las personas y/o Empresas relacionadas con estas Operaciones, y que ninguna tenga o haya tenido relaciones de algún tipo con Directores o Ejecutivos de Codelco, o autoridades diversas.

2.- Menores ingresos por ventas, debido a probable subfacturación

En razón que los resultados de Codelco por el ejercicio 2010 arrojaban que los ingresos por venta eran inferiores a lo que debieran ser, en función de la producción y precios del cobre y subproductos, solicitamos a Cochilco información sobre producción y monto de las ventas de Codelco.

Cochilco nos respondió por D.J. Nº 148 de 27 abril de 2011, que se acompaña a esta presentación. En el último cuadro de la información sobre las ventas de Codelco de algunos subproductos, por los años 2004 a 2010, figuran las ventas de oro, plata y ácido sulfúrico por un monto total 631,4 millones de dólares por el año 2010. Este monto de ventas es 2,3 veces menos que los 1.460,7 millones de dólares de ventas por este mismo tipo de subproductos en el año 2006, y 2,9 veces menos que los 1.836,1 millones del año 2008. Esto no resulta ni razonable ni explicable, puesto que tanto la producción como el precio de estos subproductos aumentaron en forma considerable, entre el 2006 y el 2010, como queda en evidencia en el siguiente cuadro, elaborado en base al informe de Cochilco.

Es decir, la producción de oro aumentó en 36,18%, la plata en 8,3% y solo el ácido sulfúrico disminuyó en 10,81%, pero el precio de este último aumentó en 329%, el oro en 103% y la plata en 74%. Es decir, en función del aumento de la producción y el precio, en el año 2010 el valor de estas ventas debió sobrepasar los 2.200 millones de dólares, muy lejos de los 631,4 millones informados por Cochilco. Esto quiere decir que se perdieron o “desaparecieron” cerca de 1.600 millones de dólares en el año 2010, solamente en la venta de estos tres subproductos: oro, plata y ácido sulfúrico, sin mencionar el paladio, platino, selenio, telurio, radio, osmio, renio.

Es evidente que estos subproductos fueron vendidos a precios muy inferiores al mercado, en perjuicio flagrante de los intereses del Fisco, y en infracción directa del art. 36 del DL 824 o Ley de la Renta, que establece:

“ARTICULO 36°.- Sin perjuicio de otras normas de esta ley, para determinar la renta efectiva de los contribuyentes que efectúen importaciones o exportaciones, o ambas operaciones, la Dirección Regional podrá, respecto de dichas operaciones, impugnar los precios o valores en que efectúen sus transacciones o contabilicen su movimiento, cuando ellos difieran de los que se obtienen de ordinario en el mercado interno o externo. Para estos efectos, la Dirección Regional podrá solicitar informe del Servicio Nacional de Aduanas”.

Si se ha exportado estos subproductos a precios inferiores “de los que se obtienen de ordinario en el mercado interno y externo”, es bien evidente que esta subfacturación también se debe haber producido en las ventas de cobre. Lo que
queda en evidencia en el siguiente cuadro, elaborado a partir de un cuadro llamado Antecedentes Relevantes, de la página 15 de la Memoria de Codelco 2010.

Como se puede observar, las ventas totales por el ejercicio 2006 fueron de 17.077 millones de dólares, y el 2010 fueron solamente de 16.066 millones de dólares, 1.011 millones de dólares menos, a pesar que este último año el precio del cobre fue 12,13% superior y se produjeron 23 mil toneladas más que el 2006. Considerando los aumentos de precio del cobre y sus subproductos, y los aumentos de producción, las ventas totales de Codelco por el ejercicio 2010 debieron superar los 21 mil millones de dólares, es decir 5 mil millones más de los que aparecen en el balance 2010. ¿Dónde están? ¿Quiénes han sido los favorecidos con esa subfacturación en 5 mil millones de dólares? No se trata de 5 millones, sino de cinco mil millones de dólares.

En base a los datos del cuadro anterior, es interesante además hacer las siguientes comparaciones: El año 2006 los subproductos representaron el 42,9 % de los costos totales, por poco el cobre sale gratis, mientras que el año 2010 los subproductos representan solamente el 18,1% de los costos totales, sin embargo la producción y precios de estos subproductos son mayores que el 2006. Algo huele mal en Dinamarca.

El año 2006, las utilidades representaban el 49% de las ventas, mientras que el año 2010 las utilidades representan solo el 36,1 % de las ventas. No se puede decir que han existido errores, o contingencias no previstas, porque ahora Codelco es dirigida por un Directorio técnico y profesional, y sobretodo porque el Presidente Ejecutivo, los vicepresidentes y los gerentes son todos ejecutivos de “clase mundial” en la minería, que llegaron a la Corporación para aumentar la rentabilidad de la empresa, pero en lugar de ello, los resultados del año 2010 son los peores de toda la historia de Codelco, teniendo en consideración la producción y el precio del cobre y sus subproductos.

Pero esta inexplicable caída de los ingresos por ventas continúan en el presente año 2011, puesto que Sr. Diego Hernández, al presentar los resultados por los 9 primeros meses de este año, los ingresos por ventas de cobre aumentaron en 13,6% en relación a los 9 primeros meses del año 2010, sin embargo el precio del cobre aumentó en 29,1% y su producción aumentó en 3,5%. Es decir nuevamente tendremos un ejercicio 2011 con menores e inexplicables menores ingresos por ventas por sobre los 4 mil millones de dólares. Si recapitulamos, ya van 4 mil millones de dólares de pérdidas en los mercados de futuro, 5 mil de menores ventas en el ejercicio 2010 y otros 4 mil millones de dólares de menores ventas por el año 2011.
La opinión pública desconoce totalmente estas cuantiosísimas pérdidas de Codelco, porque los medios han tendido más bien a ocultar esta gravísima situación, y justo algunos días después que algunos diputados en conferencias de prensa habían comenzado a preocuparse de estas pérdidas, estalla una gran “bomba de humo” en la propia Codelco, que permite ocultar y desviar la atención sobre estas pérdidas, y que además cubre de humo la propia bomba de humo.
En efecto, desde hace ya 2 meses, toda la opinión pública ha sido remecida por “El Negocio del Siglo”, de la compra del 49% de la ex Disputada en cifras que se estimaban entre 9.000 y 10.000 millones de dólares, y para lo cual Codelco consigue un préstamo de 6.750 millones de dólares del consorcio japonés Mitsui. La bomba de humo se pone mucho más espesa cuando Anglo American vende el 24,5% de La Disputada a Mitsubishi en 5.390 millones de dólares, al mismo tiempo que se anuncia que Codelco ya no podría comprar el 49% sino solo el 24,5% de esta empresa. A raíz de esta venta a Mitsubishi, cierta o figurada, se crea un espontáneo frente nacional, que incluye al gobierno, parlamentarios y dirigentes sindicales, para defender la opción de Codelco por el 49% de la ex Disputada.

Ante este movimiento transversal y “nacionalista” en defensa del derecho de Codelco a comprar el 49% de Disputada; ¿Quién va a cometer el sacrilegio de hablar de los miles de millones de dólares de menores ventas de Codelco en los dos últimos ejercicios, y los 4 mil millones de dólares de pérdidas en los mercados de futuro? Olvidémonos de eso porque ahora estamos en una cruzada nacional en defensa de Codelco y contra una transnacional minera abusiva. Curiosa cruzada sin embargo, que nunca se ha referido al valor que se debe pagar por el 49% o el 24,5% de la ex Disputada. La bomba de humo también logra ocultar ese valor, aunque sea inocultable.

En su contestación al Recurso de Protección interpuesto por Codelco, Anglo American acompañó copia de un informe enviado a Codelco el 29 de julio de 2011, con el “Valor Disputada” a fin que Codelco determine el valor de las acciones que tiene derecho a comprar, informe que es una obligación para Anglo American en virtud de la cláusula doce del contrato de 2002. A partir de este informe, hemos determinado el valor del 49% de Disputada.

Según estas cifras de Anglo American, el valor del 100% de Disputada sería de 12.537 millones de dólares, por lo cual el 49% sería de 6.055 millones de dólares. Pero este informe contiene informaciones falsas, en primer lugar, porque el contrato no contempla que los préstamos de empresas relacionadas se deban sumar al Precio de Ejercicio de la opción, y en segundo lugar el monto de dichos préstamos también es falso, ya que según lo informado por el Comité de Inversiones Extranjeras, fotocopia que se acompaña, los préstamos ascienden a solo 793 millones de dólares, de los cuales Disputada ya ha pagado 774 millones de dólares, y queda un saldo de solo 19 millones de dólares. En consecuencia, y siempre y cuando la utilidades retenidas sean de 2.983 millones de dólares –la inclusión de las utilidades retenidas en el precio de ejercicio está además sujeta a interpretación de los tribunales de justicia-, el precio del 49% de Disputada sería solamente de 5.313 millones de dólares. Si no se agregaran las utilidades retenidas, el precio del 49% sería solamente de 3.842 millones de dólares.

Que el precio del 49% de Disputada sea 5.313 o 3.842 millones de dólares, de todas maneras ello está muy lejos de los 6.750 millones de dólares del crédito que Codelco solicitó a Mitsui para hacer esta operación, y más lejos aún de los 9.760 millones que Codelco y Mitsui valorizaban la opción por el 49%, y más lejos aún de los 11.000 millones de dólares que ahora se barajan, después de la venta del 24,5% a Mitsubishi en 5.390 millones de dólares, venta que ha enrarecido aún más este “affaire”.

Sostenemos que lo que se persigue con este enorme fuego de artificio de Mitsui y Mitsubishi, es hacer pagar a Codelco el doble o el triple de lo que establece el contrato. Codelco estaría perdiendo otros miles de millones de dólares, en una compra que además, nada, absolutamente nada le aporta a la Corporación.

Por las razones expuestas, le solicitamos Sr. Presidente, que nuestra organización pueda ser escuchada en esta Comisión Investigadora, y poder clarificar los antecedentes aportados.

Saludan Atentamente a Ud.

Julián Alcayaga Olivares
Presidente
O.N.G. Recuperemos el
Cobre de Chile

Santiago, 12 de diciembre de 2011

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La mentira sistemática como arma mediática

Alberto Maldonado (especial para ARGENPRESS.info)

Una vez más, ha quedado demostrado que los medios de comunicación privados (o comerciales) responden a una línea política, que viene del imperio del norte. Y que mienten, a más no poder. No se dan cuenta que pierden, a paso acelerado, eso que se llama “credibilidad” y que mucha gente va descubriendo que lo que antes (hasta hace unas cuantas décadas) sonaba a la biblia, a una verdad absoluta (el periódico tal, lo dijo; la televisión cual, lo manifestó) en estos tiempos, aquello suena a quién sabe, hay que consolidarlo en otras fuentes más creíbles, para que sea tal.

La visita del Presidente de Irán (Mahmud Ajmadineyad) a cuatro países latinoamericanos (Venezuela, Nicaragua, Cuba y Ecuador) no puede ser más demostrativa que los medios de comunicación privados mienten sin desparpajo alguno; mienten en nuestras propias barbas. Y estiman que sus ruedas de molino debemos tragarnos sin chistar. De lo contrario, nos endilgan el título de “terroristas” o de enemigos de la “libertad de expresión” (de ellos); y con esos títulos, quién sabe lo que nos puede pasar.

En realidad no vimos a un caudillo que viniera a pregonar la guerra pero si a alertarnos que, si se sigue la senda trazada por el gran imperio (Estados Unidos) y, de manera especial, su perro guardián (Israel) es posible que haya guerra en el llamado Oriente Medio; y, por ende, en estos tiempos, en todo el mundo. Porque una conflagración cualquiera (por más que se diga que es de “baja intensidad”) puede encender la chispa de una tercera y seguramente la última guerra mundial. Y que todos moriremos en el intento. No solo el coronel Lucio.

Una cosa es vivir lo que los árabes, palestinos y persas están viviendo en el Oriente Medio; y otra, muy distinta, lo que se puede decir de ella. El gran imperio tiene bombas atómicas como para desaparecer varias veces el planeta tierra; y con él, todos nosotros, he dicho TODOS. Israel tiene bombas atómicas como para desaparecer del mapa a Siria, Irán y a todos los que se le opongan, juntos. Pero Irán, en el supuesto de que esté desarrollando una bomba atómica (las apreciaciones científicas determinan que va por un 20% de enriquecimiento de uranio) es, para la contra propaganda imperial y de los imperitos, un peligro; a pesar de que Ajmadineyad solo habla de un desarrollo pero con fines pacíficos. Si Francia se nutre del 80% de su energía atómica para producir electricidad, ¿por qué se ha de sostener que Irán no puede? Si Alemania, España, Inglaterra y otros países europeos, tienen plantas nucleares que abastecen una electricidad más o menos barata, ¿por qué Irán no puede hacerlo?

Pero, a nivel local, no ha sido ese el principal argumento en contra de esta visita. El principal argumento ha sido que Irán no tiene buenas relaciones con el imperio y los imperitos; y que “eso” puede traernos consecuencias. Es decir, la vieja historia del matón de barrio que quiere imponer sus condiciones a todos los parroquianos y que simple y llanamente establece que, como es el matón del barrio (por lo menos de América) todos tienen la obligación de reprocharle, de atacarle, de no invitarle, al vecino de otro barrio. Y a lo mejor, el vecino no es tan malo como quieren pintarlo Y el matón de barrio sabe que termina imponiéndose, desde hace ffuuu; y no admite que se lo cambie por nadie. No olvidemos que hace décadas, ya el Presidente James Monroe proclamó que “América es de los americanos” Simón Bolívar, hace dos siglos, se anticipó a lo que se venía; y nos advirtió que los Estados Unidos, desde el norte, puede plagar nuestros países, de miseria y hambres. Don Simón le culpó a la “divina providencia” de esa posibilidad; y nosotros vemos que la Divina Provincia tiene nada que ver con semejante posibilidad.

Se impuso, por lo menos en los cuatro países que invitaron al Presidente de Irán, lo que se llama la soberanía o dignidad nacionales. Yo invito a mi casa al que me dé la gana, que para eso soy soberano y libre. Por lo que se ve, aquello ya es de nostálgicos. La gran realidad, según los rastacueristas locales, es que manda el matón del barrio. Lo contrario es suicidarse. Y preguntan: ¿el pequeño Ecuador sabrá que puede perder el “gran mercado” norteamericano por recibir a un terrorista sancionado por Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? En este tinglado, desde luego, juegan su papel los medios de comunicación comercial.

La historia es larga y persistente. No vamos ni siquiera a intentar un resumen; pero si a citar algunos casos recientes.

Mintieron descaradamente los medios de comunicación, cuando el imperio y los imperitos, decidieron destruir y matar, a quien aparezca, sin autorización del tal Consejo de Seguridad, al Estado libre y soberano de Irak. Pregunto y yo mismo me respondo. Al contrario, los medios de comunicación no dijeron esta boca es mía cuando los agresores tuvieron que reconocer que aquello de las armas de destrucción masiva, no existían en ninguna parte. Mas bien trataron de disculpar al imperio y los imperitos, por semejante licencia para matar. Solo Rodríguez Zapatero (Presidente de España hasta diciembre/2011) se atrevió a devolver a su país la tropa que estaba en Irak y que el enano de José María Aznar había enviado, junto a Estados Unidos Gran Bretaña y otros. ¿Dictó la Corte Penal Internacional, que funciona en Bélgica, alguna orden de captura por semejante desacato? ¡Qué va!

En la invasión de Libia (por que eso fue, una miserable y cínica invasión de un país, sin permiso de nadie) no fueron los grandes medios de comunicación del sistema (prensa escrita, radio, televisión e internet) los que dijeron, cuando comenzó la invasión, que solo en Trípoli –la capital- habían sido asesinados más de mil rebeldes (sicarios) que luchaban contra Kadaffi y su ejército. Mas, un medio de comunicación del tercer mundo (Telesur) no solo que llegó a esa capital, sin problema alguno, y no encontró un solo muerto. Fue testigo mas bien de manifestaciones populares, pero a favor del coronel Kadaffi. Y fueron agencias del sistema neoliberal las que falsificaron videos y fotos de libios “celebrando el asesinato de su líder” en la plaza verde de Tripoli. Pero todo resulto una gran mentira.

Los diarios sipianos de Ecuador titularon que Correa respaldaba el programa atómico de Irán. Suprimieron, deliberadamente, que ese respaldo era pero para el programa atómico con fines pacíficos, que fue lo que siempre dijo Ajmadineyat. Esos medios de comunicación, ¿han protestado y han alertado sobre Israel, que tiene bombas atómicas como para desaparecer todo el Medio Oriente? No, qué va. En todo caso los angelitos de Israel “si tienen derecho a la defensa” ante tanta amenaza; pero que los de Irán pretendan desarrollar una bomba atómica (lo cual ha sido desmentido una y otra vez) ese si es un crimen sin nombre.

Y me ha dado hasta chiste que los sipianos critiquen a Irán por que sus mujeres no tienen derechos civiles y que explota a su pueblo sin piedad. Y no dicen nada respecto de que al lado de Irán está el Reino de Jordán, y Arabia Saudita y el “enclave” de Bairen, unos reinados en donde las féminas son solamente eso, para los príncipes saudis. Es decir, ven en los ojos ajenos la viga que no quieren ver en los propios.

Y me he reído porque El Comercio de Quito (el principal diario sipiano de Ecuador) anda tratando de esconder su participación en el asesinato y arrastre de los Alfaro (hace un siglo, concretamente el 28 de enero de 1912) José Peralta, ese canciller machetero les dejó “condenados” de por vida, a semejante relación, ya que reprodujo unos cuantos párrafos de lo que ese diario difundió pocos días antes del asesinato y arrastre de quien iba a ser asesinado en el Panóptico de Quito. Digo yo, en lugar de reconocer que los actuales jerarcas de ese periódico nada tienen que ver con las barbaridades que cometieron sus antecesores, en materia tan delicada. Y ya.

Otra estupidez, tratar de juzgar con el mismo racero a países de origen distinto que no han conocido hasta nuestros días “la libertad de y la democracia” pero occidental y cristiana. ¡¿Somos acaso la perfección y todos deben imitarnos?! Si a los crímenes que se cometen en la prisión de Guantánamo (un pedazo de Cuba que está en poder del gran imperio) le siguen las invasiones en América Latina (Panamá, República Dominicana, etc.) le siguen las “prisiones secretas” a las que se prestó “la culta Europa” (la misma de las bestialidades cometidas durante la segunda guerra mundial) y las barbaridades que se cometieron en la prisión de Abu Graig (Irak) o los soldados orinándose en los cadáveres de supuestos talibanes, etc. ¿Somos más civilizados que esos países?

Alguien dijo con propiedad: ¿es que acaso algún país árabe o musulmán conoce y ha experimentado la democracia estilo occidental? No pues. Si hasta hace poco existían las satrapías y otras formas autoritarias y dictatoriales de gobierno; y la gran prensa occidental y cristiana dijo poco o no dijo nada sobre tales formas de gobierno. Dicen los historiadores que, a cada país, a cada región, a cada conglomerado humano, hay que juzgarle de conformidad con sus tradiciones y sus costumbres. Ni siquiera de acuerdo con sus intereses, que pueden ser petroleros. Ya Eduardo Galeano (uruguayo) lo dijo: el gran imperio solo agrede a países que tienen petróleo; nunca jamás a una región que produce rabanitos (la cita no es textual).

Pero los pueblos suelen ser más cuerdos que sus intérpretes, en especial si son “pelucones” o quieren serlo. Hace poco, la gran presa sipiana no tuvo más remedio que reproducir noticiosamente manifestaciones en El Cairo y Túnez, reclamando porque los militares que se hicieron cargo de esos gobiernos “no han hecho nada a favor de sus pueblos” Sin ser oráculos de nadie, lo mismo va a pasar en Libia una vez que los “libianos” (¿así se les llama?) se den cuenta que hay una “pequeña gran diferencia” entre el gobierno de Kadaffi, que les dio agua, gas barato, petróleo y una vida aceptable; y lo que prometen los llamados “rebeldes”, que lo asesinaron en las calles de su ciudad natal.

Pregunta final: ¿darán algo los nuevos patriarcas que andan armándose en nuestro Ecuador, para las elecciones que probablemente serán el próximo año? Yo, que no tengo nada de profeta, lo dudo.

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Guantánamo es cubano y lo seguirá siendo

Manuel E. Yepe (especial para ARGENPRESS.info)

Con justificada indignación, millones de personas en todo el mundo claman por el cierre del centro de tortura de prisioneros que opera el gobierno de Estados Unidos en la base militar que ilegalmente mantiene en territorio cubano. Pero tal reclamo soslaya otro crimen igualmente repudiable y del mismo delincuente.

Un artículo titulado Entreguemos Guantánamo a Cuba firmado por Jonathan M. Hansen, profesor de estudios sociales en la Universidad de Harvard, Massachusetts, halló, sorpresivamente, espacio en el New York Times en días recientes, para denunciar “nuestra mantenida ocupación del territorio de Guantánamo” y señalar que “ya es hora de devolver este enclave imperialista a Cuba”.

La ilegalidad de mantener esta base militar en territorio cubano ha sido silenciada en los grandes medios occidentales que se rigen por los intereses propagandísticos de Washington por más de un siglo, mientras Cuba ha cuidado siempre de mantener su denuncia en un nivel diplomático, mas bien discreto, para evitar facilitar algún pretexto a Estados Unidos para una agresión militar argumentando acciones cubanas en torno a esta presencia indeseable.

El profesor J. M. Hansen recuerda en el artículo que “desde el momento en que el gobierno de los Estados Unidos obligó a Cuba a arrendarle un terreno en la bahía de Guantánamo como base naval en junio de 1901, su presencia ha servido para recordar al mundo la larga historia de militarismo intervencionista de Washington”.

“Pocos gestos tendrían efecto más saludable en el callejón sin salida de las relaciones cubano-estadounidenses que la devolución de este codiciado pedazo de tierra”, apunta.

“Las circunstancias por las que Estados Unidos llegó a ocupar Guantánamo son tan preocupantes como las de su última década allí”, dice Hansen. Recuerda que, cuando en abril de 1898 los cubanos tenían casi ganada la lucha contra el colonialismo español, Estados Unidos intervino y convirtió la Guerra de Independencia de Cuba en lo que aún llaman Guerra Hispano-Americana. Ocupó la Isla durante tres años, excluyó al Ejército independentista de Cuba en la negociación del armisticio y les negó a los cubanos un lugar en la conferencia de paz de París.

Pese a que en sus declaraciones de entonces Estados Unidos incluía la garantía de que no pretendía “intervenir en la soberanía, jurisdicción o control” sobre Cuba, poco después de la guerra, los imperativos estratégicos primaron sobre el respeto a la independencia cubana, dice el articulo aparecido en el NYT.

El general Leonard Wood, nombrado gobernador militar de Cuba por el presidente William McKinley introdujo las disposiciones que se conocieron como la Enmienda Platt, dos de las cuales fueron particularmente repudiables: la que otorgaba a Estados Unidos el derecho de intervenir a voluntad en los asuntos cubanos, y la que instituía la venta o arrendamiento perpetuo de estaciones navales en Cuba.

La alternativa a la Enmienda Platt –según informó Wood a los delegados a la asamblea constituyente- era la continuación de la ocupación. Los cubanos entendieron el mensaje, escribe Hansen.

Durante las próximas dos décadas, Estados Unidos envió en repetidas ocasiones infantes de marina a “proteger sus intereses en Cuba” y 44.000 norteamericanos se establecieron en Cuba, para impulsar la inversión de capital en la isla.

Hansen compara esta situación con la que se hubiera dado en Estados Unidos si al final de la Revolución en Norteamérica los franceses hubieran decidido permanecer allí, negándose a permitir que Washington y su ejército asistieran a la tregua en Yorktown. “Imagínense que hubieran negado a los estadounidenses un asiento en el Tratado de París, que expropiaran los bienes de los ingleses, ocuparan el puerto de Nueva York, enviaran tropas para aplastar a los Shays y a otras rebeliones y luego emigraran en masa a las colonias robándose lo más valioso de nuestras tierras”.

Hansen sostiene que en similar contexto Estados Unidos ocupó Guantánamo. Es una historia excluida de los libros estadounidenses de texto y abandonada en los debates sobre terrorismo, derecho internacional y alcance del poder ejecutivo. Pero es una historia conocida en Cuba y en toda América Latina que explica por qué Guantánamo sigue siendo un símbolo evidente de la hipocresía en todo el mundo, aún sin hablar de la última década, reitera Hansen.

Si Obama reconoce esta historia y pone en marcha el proceso de devolución de Guantánamo a Cuba –dice- comenzaría a reparar los errores de los últimos diez años que pesan sobre nosotros, por no hablar de cumplir con una promesa de su campaña electoral.

Así rectificaría un agravio secular y sentaría las bases para las nuevas relaciones con Cuba y otros países del hemisferio y en todo el mundo”, dice el artículo aparecido en el NYT en días recientes.

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CELAC: Reto continental

Carlos Angulo Rivas (especial para ARGENPRESS.info)

La profunda crisis económica en Estados Unidos y Europa demuestra el fracaso de la doctrina neoliberal impuesta por el desarrollo capitalista mediante el pacto de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en los años 80 del siglo pasado. Treinta años después el sistema del libre mercado en lo financiero y mercantil, suprimiendo las regulaciones gubernamentales y los principales derechos de los trabajadores, ha colapsado; la eliminación de los subsidios y la política de privatización, sobre todo de los servicios, han sido un atentado mortífero hacia los pobres y los más pobres. Los países de América Latina y el Caribe, como todos los países en vías de desarrollo, han sufrido y siguen sufriendo los estragos fulminantes de esta crisis de un sistema basado en la especulación usurera de los más ricos del planeta.

Con la finalidad de imponer la pobreza a los más pobres, el Fondo Monetario Internacional FMI, agente del imperialismo, pone por delante la política “antiinflacionaria” de los recortes fiscales, principalmente del gasto social en educación, salud, fomento del empleo, seguridad, sanidad, vivienda, etc. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo continúan con los préstamos condicionados al buen comportamiento “democrático” o mejor dicho restringidos a la subordinación de los gobiernos a los designios del imperialismo. La valiente denuncia del presidente de Ecuador Rafael Correa dio cuenta de ello, retirándose de la XXI Cumbre Iberoamericana de Asunción, Paraguay, a fines de octubre pasado, ante la presencia de los funcionarios del Banco Mundial a quienes exigió pedir disculpas por los daños ocasionados a nuestros países.

En este contexto general, repetido año tras año, período tras período, los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe se vienen imponiendo la tarea de gobernar apostando por los objetivos del desarrollo social y económico, donde las recetas imperialistas neoliberales del crecimiento por apropiación y depredación de los ingentes recursos naturales de la región chocan directamente con los intereses de los pueblos. Los intentos de articular una política integracionista son variados y tal vez el de mayor impacto económico sea MERCOSUR, aunque el esquema repite en gran parte los modelos regionales mundiales. Sin embargo, este esquema va cediendo terreno a concepciones nuevas, mucho más cercanas a la realidad continental de los países en vías de desarrollo, pues la amplitud de criterios contribuye al fortalecimiento general de los grandes y los pequeños. Los desafíos de la crisis económica y financiera mundial obligan a nuestra región a protegerse enfrentando la intervención, el dominio y hasta las posibles agresiones del imperialismo norteamericano. Las crisis cíclicas del desarrollo capitalista-imperialista no son nuevas y esta última de profundidad incalculable no debe arrastrar en su corriente a la América Latina y el Caribe.

De la comprensión histórica de esta problemática, en la perspectiva independiente y soberana, nace y se consolida la necesidad de la unidad e integración política solidaria, económica, social y cultural, que constituye la puesta en marcha de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – CELAC. Nuestros países recogen varios procesos integracionistas, regionales y subregionales, que hoy deben cimentarse en uno solo respetando la pluralidad de los proyectos, única manera de alcanzar un desarrollo sostenido de crecimiento con equidad distributiva, inclusión social y eliminación de la pobreza extrema. Estados Unidos, en nombre de una democracia y libertad inexistentes en su propio país, donde esas palabras sirven sólo a los ricos y poderosos, no puede atropellar las legítimas aspiraciones de los pueblos de los 33 países incorporados en CELAC, cuyos objetivos comunes están destinados a la construcción de sociedades equilibradas, realmente democráticas, soberanas y libres, respetuosas de los derechos ciudadanos, los valores morales y los derechos humanos.

El reto continental de tirar a andar CELAC no puede quedar sólo en la parte declarativa ni en los buenos deseos de los soñadores. La tarea es orgánica y concreta, debe pisar tierra en lo inmediato. Si bien en Caracas, los días 2 y 3 de diciembre pasado, quedó consolidado el organismo, hoy debemos impulsar el compromiso de las naciones inyectando recursos económicos, creando enlaces comerciales y de intercambio, trabajando en el establecimiento de una sede o Secretaría General, promoviendo organismos especializados de cooperación y asistencia recíproca, sembrando la conciencia social y cultural de la paz contra el colonialismo, estableciendo programas de erradicación del hambre y la pobreza, avizorando la construcción de un mundo sin hegemonías unipolares. La necesidad de avanzar mediante principios transparentes de cooperación latinoamericana y caribeña constituye el gran reto continental, a pesar de las asimetrías que deben ser superadas a través del diálogo, la concertación y la solidaridad. En esta gran tarea el Banco del Sur y el fortalecimiento de la Nueva Televisora del Sur, bajo el auspicio de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, son ejemplos a seguir; y los demás países integrantes de CELAC deben poner el hombro.

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Sí, señora Alesso, hay que discutir…

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

“Sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica”. Paulo Freire en La importancia de leer y el proceso de liberación.

El artículo publicado el pasado 30 de diciembre de 2011 en el diario La Capital por Sonia Alesso, Secretaria General de la comisión provincial de la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafe) y Secretaria General Adjunta de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), merece algunas consideraciones.

“Las políticas neoliberales que desde el Estado nacional y los Estados provinciales se llevaron adelante desde la dictadura y continuaron en los años noventa produjeron un descenso del presupuesto educativo y un deterioro en las condiciones de trabajo de los docentes. La expresión más clara de estas políticas neoliberales en el ámbito educativo fue la ley federal de educación. Enseñar en dicho período significó para los maestros y profesores asistir al retiro del Estado de su responsabilidad de financiar la educación pública. Fue también un proceso de fuerte deterioro de nuestras condiciones de trabajo”, señala Alesso al iniciar su texto titulado “Los directores de escuela no son arquitectos ni ingenieros (1)”.

Líneas más adelante Alesso sostiene: “Este retiro del Estado impactó en nuestro trabajo en términos materiales y simbólicos, el Estado educador fue reemplazado por el Estado subsidiario. Separados del control de nuestro trabajo, ya que éste estaba definido por tecnócratas que nos decían qué debíamos enseñar y cómo (…) (1)”.

Veamos.

Parafraseando a Thomas Mann: nadie escribe una oración completa sin denunciarse. Y esto no es verbalismo puro; la práctica política (y sindical en este caso) comienza en el lenguaje.

¿Las políticas neoliberales que “se llevaron adelante desde la dictadura y continuaron en los años 90 “realmente” se fueron?

¿Entre 1976 y 1983 hubo una dictadura o Terrorismo de Estado, Sra. Alesso? ¿Puede un Estado terrorista convertirse 30 años después en una democracia plena y solidaria?

“El objetivo del golpe fue recuperar la autoridad del capital”, asevera Leónidas Ceruti en La democracia entre preguntas (2). Y muchas de esas empresas capitalistas que promovieron el Terrorismo de Estado -Sra. Alesso- son también hoy sostén principal de las políticas educacionales nacionales y provinciales.

¿Acaso Hermes Binner no acordó las Pasantías Profesionalizantes de los estudiantes de las escuelas técnicas con la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe) (3)? ¿Acaso Elida Rasino no alabó el modelo educativo chileno (Doctrina del Shock, mediante (4)? ¿Acaso el ex Ministro de Educación de la Nación Daniel Filmus no subrayó en una asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 2004: “Con el grupo Techint, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) estamos trabajando para encontrar núcleos de escuelas técnicas, a las que podamos actualizar tecnológicamente y con las que articulemos pasantías en las fábricas (5)”? Y meses después la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y el Ministerio de Educación firmaron un convenio para promover la “vinculación de las escuelas con las empresas”. ¿Será por eso que el “volver a valorar con mucha fuerza la formación técnica de nuestros jóvenes (como sentenció Néstor Kirchner) justifica el acuerdo gubern
amental y pedagógico con “Aceitera General Deheza, Acindar, Arcor, Aguas Argentinas-Aguas Córdoba, Bayer, Bridgestone-Firestone, Cencosud, Cervecería y Maltería Quilmes, Coto, Daimler-Chrysler, Dow Química, Edenor, Gas Natural Ban, Grupo Clarín, Grupo Roggio, Fiat, Bagó, LA NACION, Loma Negra, IBM, IRSA, Mastellone, Movicom, Molinos, Quickfood, Petrobras, Praxair de Argentina, Repsol YPF, Roemmers, Techint, Telefónica, Telecom, TN & Platex, Unilever y Volkswagen (5)”?

¿Acaso el albergue de solteros de Acindar no fue uno de los primeros centros clandestinos de represión desde 1975? ¿Acaso Roggio y Arcor no fueron socios originarios de la Fundación Mediterránea de Cavallo y cía? ¿Y Clarín y La Nación y Papel Prensa? ¿Y el oligopolio de Telecom y Telefónica?

¿Cómo es eso que los 90 no siguen vigentes? ¿Volver a contar con las escuelas técnicas para subordinarlas a los intereses de la AEA?

El Estado nunca se retiró -Sra. Alesso-; mutó desde 1853 para garantizar el predominio (vía consenso y/o represión) de los poderosos. Como insiste Atilio Borón: el dilema no es más Estado y menos mercado, si no más democracia y menos capitalismo.

¿Acaso Filmus no fue Jefe de Asesores de la ex Ministra Susana Decibe (6)?

Fue el propio Juan Carlos Tedesco quien al dejar el ministerio de Educación exclamó: “La historia de las últimas seis décadas es la historia de las reformas y, al mismo tiempo, todo sigue igual (7) “.

Nadie duda que hay más presupuesto y “responsabilidad del Estado” en la educación “pública”, Sra. Alesso. Aunque también cabe decir que lo público va subordinándose cada vez más a intereses corporativos y privados. “La escuela no puede estar al servicio de las empresas y muchos menos las empresas tienen que dictar lo que se tiene que hacer en las escuelas”, reflexiona Rosa Cañadell (7).

Si la “dictadura” fue la desaparición forzada de personas; hoy pervivimos la desaparición desasosegada de lo público (aunque paradojalmente se invierta más) para beneficio de la plutocracia.

Sra. Alesso, viene bien recordar lo que precisa Laura Marrone: “La búsqueda de consenso fue parte del diseño de la Reforma Educativa. FLACSO, organizó en el 93 un seminario internacional para promover la búsqueda de consenso para la aplicación de la Reforma del que participaron representantes del gobierno de Menem, el CONSUDEC, la UNESCO, la Fundación Ford y la propia CTERA. Marta Maffei, dirigente de CTERA manifestó en ese seminario que “la LFE es un modelo de concertación, en el cual se dio satisfacción a cada una de las partes. Esta ley hoy hay que reglamentarla (9)”.

De FLACSO provienen Filmus, Decibe, Tedesco y la fallecida Braslavsky (5).

Asimismo, Darío Balvidares es terminante o al menos discutible, cuando piensa la reforma educativa del kirchnerismo: “La Ley Nacional de Educación es, discurso progresista mediante, la continuidad de las mismas políticas de reforma. Veamos, muy simplemente, las entidades financieras son las mismas, los organismos como la UNESCO y la CEPAL son los mismos, más otra cantidad de microrganismos creados para la ocasión como el CINDE o el Programa PREAL que explico en La Novela Educativa..., los pensadores, teóricos y técnicos que llevan a cabo la reforma, son los mismos; las organizaciones intermedias, llámense ONGs u OSC, en este caso son más que en los noventa, más las fundaciones de las grandes corporaciones como Fundación Antorchas, Bunge, Noble, etc.; deberíamos recordar a Coca-cola, a Monsanto, a Skanca, a la minera Barrick Gold o a la otra minera: Bajo la Alumbrera en Catamarca y cientos más que gozan de ciertas prebendas por su “aporte” a la educación; sobre todo esta últimas que son “donantes” de la fundación Cimientos, quien maneja parte de los programas de becas (…) Se trata de un embriagante maridaje entre la educación pública y los intereses privados: las grandes mayorías formadas, o mejor, formateadas al servicio de la producción (de las ganancias privadas) (10)”.

En definitiva, Sra. Alesso, habría que discutir con los y las docentes si los 90 se fueron realmente…

Mientras los banqueros ganaron en el 2010 1.250.000 pesos por hora (11); el salario inicial docente acordado entre el gobierno y los sindicatos nacionales para el 2011 fue “de 2.300 a partir de marzo y 2.340 pesos desde julio (12)”.

Sí, señora Alesso, hay que discutir (y mucho) cómo mejorar las condiciones de enseñar y aprender en Santa Fe y Argentina. Coincidimos en esa labor pendiente.

Eso sí, creo también que tendríamos que atrevernos a educar más allá del capital.

De nosotros depende que la educación deje de ser la ramera predilecta y coqueta que los gerentes de la plutocracia desean.

Que el 2012 nos encuentre con los ojos bien abiertos.
Notas:
1) La Capital. 30-12-2011
2) Andrés Sarlengo. 2009.
3) http://www.argenpress.info/2011/06/pedagogia-de-mercado-la-santafesina.html
4) www.lacapital.com.ar/ed_educacion/2011/7/edicion_115/contenidos/noticia_5042.html
5) http://www.argenpress.info/2011/07/la-empresa-educativa-k.html
6) http://www.argenpress.info/2010/07/inventario-educativo.html
7) Objetivos 2021. Proponen metas para la educación. Erradicar la pobreza, prioridad regional. Silvia Premat. La Nación. 16/06/2010
8) La empresa dentro de la escuela. Rebelión. 29-11-2011
9) Análisis comparativo de la Ley Federal de Educación (24.195) y la Ley de Educación Nacional (26.206) ¿Compartiendo ADN? Vanesa Carril, Laura Marrone, Soledad Tejera.
10) La democracia entre preguntas. Andrés Sarlengo. 2009.
11) La banca argentina cerró su mejor año en toda la década. Javier Blanco. La Nación. 08-01-2011
12) La paritaria docente sacó aprobado. Laura Vales. Página 12. 23-02-2011

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Tres números: La vida de los obreros, las mujeres y las voces de los barrios

Carlos del Frade (APE)

112

Lucas Alvarez tenía veinte años. El martes 10 de enero, alrededor del mediodía, se cayó desde un octavo piso de un edificio en construcción en pleno centro de la ciudad de Rosario, Paraguay 1256.

Nada detuvo su caída. Después de muchas horas de agonía, el pibe murió.

Fue uno más de los que busca ganarse la vida y la terminan perdiendo en el intento.

Y no por una cuestión metafísica, al contrario.

Es la lógica consecuencia del desprecio de la vida del trabajador de parte de los empresarios y muchos funcionarios estatales.

Desde 1998 existe una ordenanza municipal que sostiene la necesidad de implementar redes en el perímetro de las obras. No se cumple.

Según Narciso Canteros, impulsor de la ONG “Manos a la obra”, en un edificio de diez pisos –igual al lugar donde Lucas perdió su corta existencia- “la inversión mínima del grupo inmobiliario es de 10 millones de dólares. Y esas redes que salvan vidas solamente costarían 5 mil pesos. No las quieren poner porque argumentan que no tienen plata. No se puede creer”, dice el albañil militante.

En la provincia de Santa Fe, gobernada en los 28 años de democracia por justicialistas y socialistas –partidos que alguna vez hicieron de la defensa de la clase trabajadora su principal herramienta de difusión- se producen 112 accidentes laborales por día y uno fatal cada cuatro, según las últimas estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

La vida de Lucas pudo salvarse con 5 mil pesos.

No quisieron invertir esa cifra.

Mientras tanto, en las grandes espacios mediáticos sigue difundiéndose el boom de la construcción rosarina.

31

En el país de Juana Azurduy y Evita, una mujer es asesinada cada 31 horas.

Así lo expresó el Observatorio de Femicidios en Argentina de La Casa del Encuentro. Durante 2011, fueron ejecutadas 282 mujeres y niñas como consecuencia de la violencia de género, una cifra que muestra un aumento del 8 por ciento en relación con los casos detectados el año anterior, según el registro de la ONG. Treinta y dos de las víctimas tenían entre 15 y 21 años y todas fueron ultimadas por sus novios o ex parejas. La epidemia de femicidios dejó a 346 niños y niñas sin madre, muchos de los cuales muy probablemente arrastren las secuelas de haber sido testigos y a la vez víctimas de la violencia machista. En la mayoría de los casos –casi 6 de cada 10–, el autor o principal imputado es el esposo, novio o ex pareja de la víctima. Para las mujeres, la propia casa puede resultar más peligrosa que la calle: en la ciudad de Buenos Aires, el 50 por ciento de los homicidios dolosos de mujeres que tuvieron lugar en 2010 fueron motivados por violencia intrafamiliar y solo el 27 por ciento, en ocasión de robo, de acuerdo con una reciente investigación de la Corte Suprema, sostuvo la periodista Mariana Carabajal en el diario “Página/12”.

64

El Culebrón Timbal, organización cultural, política y social que trabaja en varios barrios del Gran Buenos Aires, produjo una consulta sobre la vida concreta en esa geografía de la Argentina.

Se realizaron 500 consultas planificadas en San Miguel, Moreno, José C. Paz y Malvinas Argentinas y sus resultados preliminares fueron difundidos en la Octava Caravana de los Barrios, en diciembre último.

Algunos de esos datos demuestran que la resistencia siempre es sinónimo de esperanza y que en la voz de la pibada de los barrios también está el principio de la solución de los problemas existenciales.

Para el 64 por ciento de los vecinos que vive en el radio cercano a una plaza barrial (tres cuadras a la redonda), afirma concurrir semanalmente a ella.

De tal forma, como bien lo señala el informe, “el espacio público es fundamental para el desarrollo barrial”.

Sin embargo, “afirman que pocas veces al año hay espectáculos gratuitos para toda la familia en esos lugares (corso y día del niño son los mencionados en la consulta). El resto del año no se presentan actividades masivas o populares en el barrio”.

En forma paralela, el 88 por ciento considera que “la puesta de espectáculos gratuitos, semanales y talleres en los espacios públicos –plazas, calles principales- es una actividad que sería muy buena para el barrio”.

Por otro lado, “lo que más se rescata del barrio es la calle compartida, los amigos y la gente. Lo que menos gusta es la violencia y la inseguridad. En una lista de 18 temáticas, las problemáticas más marcadas por los consultados son: contaminación (basurales y falta de higiene); falta de iluminación; violencia e inseguridad; estado de las calles y falta de asfalto y problemas económicos (salarios y empleo”, dice este excelente trabajo basado en la simple y profunda concepción de escuchar la voces del pueblo.

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Argentina: Los hijos del femicidio

Claudia Rafael (APE)

Pasaron 8 años ya. Casi tantos como los que tardó en entender la relación entre esas horas dentro de una sala muy blanca y prolija en la que una señora le hablaba, le hacía preguntas y le pedía que hiciera dibujos y el anuncio posterior de que su papá estaría en la cárcel gran parte de su vida. Hoy ronda los 14 ya. En estos 8 años, fueron innumerables las veces que escuchó a la abuela Tita decirle “sos igual que tu padre” o “vas a terminar como él” cuando rompía algo en la casa sin querer o cuando, casi siempre, volvía con una mala nota de la escuela. El abuelo, en cambio, al que él seguía a sol y a sombra, le clavaba la mirada de ojos profundamente negros y no pronunciaba palabra. Pero él sabía que pensaba algo parecido.

Nahuel también tiene 14 años. Vive a cientos de kilómetros de Yonatan. Sonríe en la foto. Quién sabe qué se festejaba ese día en su familia. Un cumpleaños, un aniversario de algo, una Navidad o cualquier otra cosa. La foto de los tres, con las cabezas pegadas, apareció completa en la pantalla del noticiero de C5N. Esa foto ya no está ni podría volver a estar. Su mamá, Silvia Prigent, fue asesinada. Su papá, Daniel Sfeir, está detenido por el crimen.

Cuando por estos días, la Casa del Encuentro dio a conocer su informe 2011 sobre femicidios en la Argentina (parcial porque fue armado en base a los casos publicados por la prensa) mencionó que fueron 282 las víctimas de la violencia de género. Una mujer cada 31 horas. Esto implica 22 casos más que en 2010 y 51 casos más que en 2009.

Del total de 2011, en un 37,6 por ciento de las causas judiciales el acusado fue el esposo o novio; en el 20 por ciento, la ex pareja. Pero además, en al menos el 11 por ciento de los casos había denuncias previas de la víctima.

El dato llamativo y poco analizado no tiene que ver con esos números y con esos porcentajes que vienen suficientemente expuestos y visibilizados. Sino más bien con un aspecto del que no se habla: esos mismos registros dan cuenta de que 346 niños y adolescentes se quedaron sin mamá. Y al mismo tiempo, la gran mayoría, también se quedó sin papá.Ya sea porque el mismo padre después del horror se quitó la vida o bien porque terminó en la cárcel.

Tampoco se puso la mirada en qué ocurrió antes de un crimen. Cuál fue la sucesión de violencias de las que ese niño o niña fue testigo y en un altísimo porcentual también, víctima sistemática.

Las leyes suelen ser un espejo de los tiempos que corren. Durante largas décadas la Argentina estuvo atravesada de lleno por la filosofía del Patronato, destinada a forjar a la infancia a imagen y semejanza. Se judicializó la vida de los niños que, por portación de pobreza, por marginación, por negritud o rebeldía, se salían de los moldes prediseñados. De hecho, durante larguísimo tiempo –y como ejemplo amplio de ese espíritu- el 90 por ciento de los chicos institucionalizados estaban judicializados por “cuestiones asistenciales”. Es decir, un niño podía ser arrancado a su familia por las dificultades económicas de sus padres por una simple decisión de un juez que, como aditamento, en el grueso de los casos jamás le había visto siquiera la cara. Para eso eran confinados a depósitos de desprecio y humillación.

El cambio radical que frente a ese paradigma implicó la adhesión a la superadora Convención Internacional de los Derechos del Niño termina recayendo en un perverso empeño: devolver a chicos que fueron golpeados, abusados y violentados “al seno del hogar, dulce hogar”. Concepto quebrado una y mil veces en un país cruzado de lleno por infinitas crisis, expulsiones, desocupación y destrucción que contribuyó a un modelo de familias resquebrajadas y rotas.

Las historias con nombre y apellido son infinitas. Ella, con sus 17, lleva la soledad en su nombre como una espina que le laceró el alma desde siempre. Empezó a ser sistemáticamente abusada por su padrastro, en los días en que ingresaba a la pubertad. La madre percibía esa situación pero terminó siendo cómplice. La niña, a partir de la intervención de la mamá de una amiguita, fue sacada de ese hogar por decisión de los órganos administrativos que son los que ahora se ocupan de ese tipo de situaciones en reemplazo de la justicia. Fue enviada a la casa de sus abuelos maternos. Esos órganos administrativos jamás percibieron que el abuelo había abusado años atrás de su mamá.

Esa tozudez-perversidad de contravenir un paradigma nefasto como fue el del Patronato suele enviar a las criaturas a la cueva de un lobo feroz.

Hay clara responsabilidad individual por parte de los victimarios. Pero hay una patología social mucho más honda y medular que es la que enarbolan las instituciones que no hacen otra cosa que abonar la violencia de esos victimarios. Cuando no protegen a las víctimas, cuando no actúan antes de que la muerte, el abuso, el golpe, la tortura aparezcan.

Cuando la Justicia pampeana otorgó a partir de un pedido de Carla Figueroa el perdón a Marcelo Tomaselli desde la figura del avenimiento, le puso al victimario el arma en la mano con la que pocos días después asesinó a la mujer. Pero además, liberó todas las puertas para que los monstruos abrieran sus fauces al pequeño de apenas 3 años hijo de ambos.

En 2011, sólo en los casos publicados por una parte de la prensa, se contabilizaron 346 hijos del femicidio. Pero ellos nunca son el foco. Serán toda la vida –ante sí mismos y ante los ojos de la sociedad- los hijos de una mujer asesinada y al mismo tiempo, los hijos del asesino. No sólo habrán heredado los ojos, el formato de la nariz, el color de la piel (elementos que sistemáticamente verá reflejados en su propia imagen ante el espejo) sino también las terribles consecuencias de una mochila que demasiadas veces les doblegará la espalda.

Fuente imagen: APE

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Argentina, Chaco. Agroquímicos: La nueva ley incluirá distancias para las fumigaciones

CHACO DIA POR DIA

Lo anticipó el ministro de Planificación y Ambiente, Raúl Codutti. Es en respuesta a los numerosos reclamos de vecinos de localidades del interior. Confirmó que en una fumigación aérea en La Tigra no se respetaron las distancias.

El ministro de Planificación y Ambiente del gobierno chaqueño, Raúl Codutti, adelantó este lunes que la cartera a su cargo enviará aportes al proyecto de una nueva ley para regular la utilización de agroquímicos -Biocidas- que se debate en la Legislatura chaqueña para que la nueva norma incorpore distancias mínimas para las fumigaciones aéreas con respecto a las zonas pobladas. Vale recordar que el proyecto de ley original del Ejecutivo no preveía restricciones de distancias para las pulverizaciones con herbicidas lo cual generó un masivo rechazo de los pobladores de los pueblos fumigados en la audiencia pública que se llevó a cabo en el recinto de la Cámara de Diputados del Chaco el 14 de julio y 1 de agosto de 2011.

Con respecto al proyecto de nueva ley de Biocidas que cuenta con estado parlamentario, Codutti precisó que “tenemos una iniciativa que creemos que va a tender a solucionar el problema que hizo que no se sancionara la ley. Que estaba vinculada con la autoridad de aplicación, que al salir de (Ministerio de) Producción lo que aseguramos es una equidad en cuanto al equilibrio entre el proceso de producción de bienes y servicios y también la cuestión vinculada a la sustentabilidad ambiental”. Asimismo, admitió que “la otra cuestión que también había frenado la sanción de la ley de Biocidas en su momento era fijar por ley distancias mínimas de aplicación, sobre todo de aeroaplicación de productos en general para respetar fundamentalmente y tener cuidado en las zonas periurbanas, que son las zonas más sensibles, en donde se produce la conjunción del campo con las zonas pobladas en donde se produce la mayor cantidad de problemas en cuanto a la aplicación de biocidas”.

“Nosotros tenemos el proyecto para presentar a Cámara de Diputados, que no es nuevo sino para mejorar el que se estaba tratando, para justamente solucionar los problemas que hicieron que esta ley no se sancionara, que para nosotros es sumamente importante e indispensable porque permite conciliar el desarrollo productivo pero también preservando la calidad ambiental sobre todo de los asentamientos urbanos”, recalcó el ministro de Planificación y Ambiente en declaraciones a FM Universidad.

Intervención en La Tigra

Por otro lado, Codutti se refirió a las denuncias de vecinos de la localidad de La Tigra que denunciaron que un avión fumigador sobrevoló sus viviendas esparciendo pesticidas sin respetar las leyes vigentes que protegen la salud y el ambiente. Al respecto, el titular de la cartera ambiental informó que “la semana pasada tuvimos una intervención en La Tigra a partir de una denuncia hecha por pobladores y realmente constatamos que se había pulverizado un lote sembrado con girasol con un herbicida para asegurar el proceso de quita de la humedad de la planta para poder realizar la cosecha con antelación y no se habían respetado las distancias mínimas”.

El funcionario provincial reveló que “tomamos contacto con el aeroaplicador quién reconoció estos errores”. Y advirtió que “vamos a trabajar con el Consejo de Ingenieros Agrónomos porque hay una parte muy importante que está ligada a la responsabilidad profesional de los técnicos que autorizan la aplicación de estos productos”. “Por lo tanto contemplamos que esta ley que estaba en tratamiento en la Cámara puede ser mejorada y sancionada rápidamente con la introducción de algunos aspectos que permiten conciliar justamente aquellas cuestiones que estaban siendo discutidas”, agregó.

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Argentina, Chaco. Intento de desalojo de indígenas en Pampa del Infierno: “Sabemos el modus operandi de este tipo de bandoleros”

CHACO DIA POR DIA

Lo afirmó el funcionario provincial, Julio García, con respecto al accionar de firmas privadas y profesionales que presionan a comunidades originarias para que abandonen sus tierras. Destacó el accionar judicial en este caso.

El titular de la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano del Chaco, Julio García, aseguró que “sabemos el modus operandi de este tipo de bandoleros” con respecto al accionar de empresas privadas en conjunto con estudios de abogados y escribanos que presionan a comunidades indígenas para quedarse con sus tierras comunitarias que se encuentran protegidas por la Constitución Provincial y la Constitución Nacional. Además, destacó el accionar de la fiscal de Sáenz Peña, Liliana Lupi, quién expeditivamente ordenó a la Policía Rural garantizar la seguridad a la comunidad moqoit de la zona conocida como “Raíz Chaqueña” –a 60 kilómetros de Pampa del Infierno- ante el intento de la firma privada de desalojar ilegalmente y por la fuerza a las familias aborígenes.

En diálogo con FM Libertad, García recordó que el conflicto tiene como protagonistas por un lado a miembros de una comunidad indígena que habitan una propiedad comunitaria. Y en ese sentido aclaró que “no es una posesión sino una propiedad comunitaria de cinco mil hectáreas”. La otra parte del conflicto es una empresa “que se apoderó mediante una acción fraudulenta” de las tierras debido a que la propiedad comunitaria indígena “está fuera del comercio”.

“Mediante distintos artilugios se fue tratando de desalojar a los miembros de las comunidades, y a los que resisten, que se encuentran en el lugar, han tratado primero de endulzarlos. Después, mediante maniobras engañosas acompañados por escribanos y por abogados, diciéndoles que se debían retirar”, reveló el funcionario provincial de la dirección que pasará a depender de la flamante Secretaría de Derechos Humanos del Chaco y no más del Ministerio de Gobierno. Y agregó que “cuando la gente se asesoró debidamente, primero con abogados locales y después acudió al gobierno provincial. Nosotros, básicamente por nuestra experiencia sabemos el modus operandi de este tipo de directamente bandoleras que usufructúan de la vulnerabilidad de la gente y de la buena fe”.

Elogio a la actuación de la fiscal Liliana Lupi

García relató que “le dimos intervención a la justicia penal y la fiscal Lupi fue quién la semana pasada, ante un intento de desalojo forzoso de hecho por parte de miembros de la empresa, ordenó la protección de los miembros de las comunidades indígenas”. Y consideró que “esto a nosotros nos coloca en un lugar mucho más interesante porque siempre la justicia ha actuado en estos casos en contra de los intereses o de los pueblos indígenas o de los pequeños campesinos”. Recordando que “el escenario de Santiago del Estero no está lejos de Pampa del Infierno como para no tener nosotros acciones preventivas”.

“Lo que se está investigando es realmente qué ha sucedido con esta operación comercial que tiene como víctimas a miembros de comunidades indígenas del pueblo mocoví”, precisó el titular de la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano.

García comentó que participando de este tipo de maniobras y operaciones ilícitas también “hay asesores legales del municipio de Pampa del Infierno y de Los Frentones”. Y advirtió que “nosotros lo hemos dejado en manos de la justicia penal para que averigüe. Los funcionarios o los escribanos o los abogados, nadie puede alegar ignorancia de derecho avalando una operación que está absolutamente prohibida por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial”.

Protección constitucional a la propiedad comunitaria

Por último, el funcionario provincial aclaró que “el gobierno provincial se ha negado a inscribir esta propiedad -en el Registro de la Propiedad Inmueble-, que la empresa alega el derecho a la posesión habiendo entregado una ínfima cantidad de dinero a algunos de los dirigentes que estaban a cargo de la propiedad comunitaria”.

“La Constitución coloca como distintivo de la propiedad comunitaria una serie de garantías que la coloca afuera del comercio, justamente para evitar escenarios que han sucedido en otros lugares donde ha habido reformas agrarias o relacionadas con la tierra que los pobres, si no tienen algún tipo de seguridad del andamiaje jurídico y económico, terminan transfiriendo la propiedad. Para evitar esas situaciones, nuestra Constitución dice que no es embargable, es intransferible, no está sujeta a prescripción. Para evitar toda esta chicana, la experiencia colectiva en Latinoamérica y en Argentina nos indica que debíamos generar una serie de seguridades y de resguardo, ese fue el espíritu y eso dice la Constitución del ’94. Aunque esta propiedad fue reconocida antes del año ’94, tiene 23 años, se la conoce como “Raíz Chaqueña”, pero el régimen jurídico aplicable es la Constitución”, describió García.

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Argentina, La Rioja: Famatinazo por la anulación del convenio

PRENSA RED

Una multitudinaria caravana se desplazó desde la Plaza San Martín de Famatina hasta el Alto Carrizal donde se realiza el corte en contra de la minería a cielo abierto. El párroco y el intendente reafirmaron su compromiso con la lucha del pueblo. “Famatina se paró y hasta ahora no hubo ninguna respuesta oficial”, explicó Yanina Millicay.

Unos 350 automóviles circularon desde la ciudad de Famatina hasta el corte de ruta que se mantiene desde principio de mes en el Alto Carrizal, bajo la consigna "no a la megaminería, no a la contaminación y al saqueo". El gobierno provincial había convenido que este lunes 16 era el último plazo para que la multinacional Osisko comenzara con las tareas de explotación de la mina.

Yanina Millicay, integrante de la Asamblea Ciudadanos por la Vida le dijo a Prensared que “seguiremos el corte hasta que se anule el convenio con la minera” y agregó que “no se trata solo de las minas del Famatina sino de todos los emprendimientos que conlleven métodos contaminantes como la minería a cielo abierto”.

En comunicación telefónica con este medio contó que luego de la caravana “el padre Omar (Quinteros) dijo que seguirá junto al pueblo y con ironía deslizó: ‘acá estamos la minoría que se opone' ”.

En este sentido señaló que existen presiones por parte del gobierno para que el religioso sea trasladado a otro pueblo pero que afortunadamente el Obispo les aseguró que no tomará esa decisión.

Cabe destacar que el intendente Ismael Bordegaray también mantiene su postura de seguir en la lucha junto al pueblo y en oposición al convenio firmado por el gobernador y la minera canadiense.

Durante el acto habló Marcelo Garrot quien agradeció el apoyo recibido por otras comunidades y algunos funcionarios de la zona.

Los asambleístas exponen que "no hay nada para negociar con el gobierno" y que la exigencia es contundente: No a la minería a cielo abierto.

Estiman que en este momento están en el corte unas 3500 personas provenientes de Chilecito y de los alrededores. La policía se mantuvo a prudente distancia y no obstaculizó la manifestación. De fondo se escuchaba una copla por la radio abierta que emitió un programa denominado “Las 25 horas por el Famatina”.

Carlos Argañaraz, estudiante de comunicación social, participó de esa movida que en realidad duró más horas y que trasmitió en vivo vía Internet junto a unas 30 emisoras alternativas de todo el país.

“Fue un gran esfuerzo. Superamos las dificultades técnicas y recibimos mensajes la solidaridad de todo el país. Tuvimos música en vivo y lo más impresionante es la solidaridad. Aunque no sepas el nombre de los que están sabemos que estamos unidos por lo mismo”, explicó Carlos quien junto a su familia participa del corte.

Se estima que con el correr de las horas los asambleístas debatirán los próximos pasos a seguir aunque ya anunciaron que solo abandonarán el corte cuando se anule el convenio.

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Argentina, San Luis: "Si el Gobierno no hace cumplir las leyes laborales, los trabajadores las haremos cumplir"

ACTA

"Si el gobierno no hace cumplir las leyes que garantizan los derechos de los trabajadores, los trabajadores las haremos cumplir por la fuerza, o pagaremos la crisis con nuestra sangre", reza un comunicado de prensa de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) San Luis.

El pronunciamiento indica textualmente: "Desde siempre venimos denunciando el incumplimiento de las leyes del Trabajo que resguardan los Derechos de los Trabajadores, de los Convenios Colectivos y de los salarios y condiciones de trabajo que ahí se acuerdan, aun cuando cada vez benefician menos a los que producimos las riquezas del país, e incluso el avasallamiento de los Pactos y Tratados sobre Derechos Humanos y Derechos del Trabajo.

Quienes tienen la obligación de hacer respetar "nuestra" ley, de frenar la ambición insaciable e inhumana del capital, que son tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional, miran para otro lado, son cómplices de los atropellos cotidianos que sufren los trabajadores. Peor aún; estos gobiernos, puestos como empleadores, son tan negreros y explotadores como cualquier patrón.

Gran parte de las empresas radicadas en la provincia de San Luis (de las que aún quedan!), mantienen plantas de trabajadores en la mayor precariedad: contratos basura, pésimas condiciones de trabajo, turnos arbitrarios y pago tarde, mal o nunca.

¿Y las inspecciones, actas y multas de la policía del trabajo?: No existen, o si se realizan, “no ven nada”; y si por milagro “ven algo”, enseguida los expedientes se tapan.

Recientemente los compañeros trabajadores de las agencias de Vigilancias Privada han denunciado, una vez más, éstas arbitrariedades: hay empresas donde los turnos son de 12 horas por día, ¡o más!, donde se trabaja más de 20 días seguidos sin francos ( ¿los trabajadores no tenemos familia ni derecho al descanso??), donde los turnos se cambian como castigo a los trabajadores que protestan o que se sindicalizan…Nuestros compañeros de Si.Tra.Vi.P, trabajadores de la vigilancia privada, han obtenido la promesa de la Secretaría de Relaciones Laborales de la Provincia , de que será realizada una inspección el día martes 17 de enero del 2012 , en la fabrica Colgate Palmolive, para verificar las condiciones de trabajo del personal del turno nocturno de G4S Argentina.

¿Por que ocurren estas arbitrariedades, estos atropellos, estas injusticias? Por tres motivos:

Porque el capitalismo está en una crisis donde las empresas necesitan aumentar aún más sus márgenes de ganancias (no es una crisis porque pierden ganancias, sino porque necesitan ganar más) y la variable salario es la más fácil de achicar.

Porque el encargado de administrar y regular la vida de los ciudadanos, el Estado (y el gobierno que lo ocupa) no es ni imparcial ni justo: representa los intereses de las empresas, de los poderosos, y entonces las leyes que garantizan derechos son solo letra muerta.

Por último, porque sólo los trabajadores pueden garantizar el bienestar de los trabajadores:

Para eso necesitamos ORGANIZACIÓN, adherir a nuestros sindicatos y participar de la vida gremial, exigiendo a los dirigentes que se respeten los mandatos y necesidades de las bases; SOLIDARIDAD, entender que lo que le ocurre a un trabajador de esta fábrica, escuela, oficina, mañana nos pasará a nosotros: los sindicatos deben ayudarse y colaborar entre ellos y con los compañeros que estén organizados de manera independiente; y MOVILIZACION: sólo estando alerta, realizando actividades gremiales, decidiendo en asambleas, creando fondos solidarios para los que están en paro o son despedidos, recuperando fábricas si los patrones las cierran para frenar nuestros reclamos (y ganar aún más con el cierre!), vamos a frenar la súper explotación a la que quieren someternos.

Por eso desde la CTA llamamos a todos los trabajadores, a todos los sindicatos, a unir fuerzas, a aumentar la representatividad, la democracia y el poder obrero, eligiendo delegados en todos los lugares de trabajo y conformando por regiones y a nivel provincial, un Gran Congreso de Trabajadores que dispute la distribución Justa de la Riqueza que nuestro trabajo crea", finaliza la declaración que firman Diego Costa; Sergio Coria; Eduardo Benegas y Amanda Arce, secretario General, secretario Adjunto, secretario de Relaciones Institucionales y vocal a cargo de la Secretaría de Comunicación y Difusión de la CTA puntana, respectivamente.

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Piden en Bolivia adecuar estatutos de Central Obrera

PL

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) pedirá un plazo de 90 días para readecuar el estatuto orgánico de la Central Obrera Boliviana (COB), que desarrolla el XV Congreso Ordinario en la ciudad de Tarija.

El congreso de la COB, donde se pretende renovar la dirección ejecutiva, analiza el incremento salarial de los trabajadores, además de evaluaciones políticas y económicas del país.

Tiene que salir una convocatoria en el plazo de 90 días para readecuar el estatuto orgánico sobre el cual funciona la COB, porque el que tiene es obsoleto, manifestó Roberto Coraite, ejecutivo de la Csutcb, al diario Cambio.

Coraite aclaró que el sector de los campesinos afiliados a la COB no tiene la intención de tomar el ente sindical, pero sí proponer cambios, porque considera que ahora existen otros sectores productivos además de los mineros.

De aquí en adelante, la COB tiene que readecuarse a la nueva Constitución Política del Estado, tiene que tener una nueva misión propositiva para la construcción del nuevo Estado Plurinacional y considerar los roles de los sectores sociales que la integran, afirmó el dirigente campesino. Por otro lado, la secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Indígenas Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa, Felipa Huanca, dijo que 25 delegadas de todo el país están acreditadas para participar en el congreso, donde exigirán equidad de género.

Las mujeres tienen que participar en el comité ejecutivo, tiene que haber equidad, queremos que una mujer encabece la COB, expresó Huanca.

Hasta el momento el ente sindical de los trabajadores se ha parcializado sólo para los sectores asalariados y nunca luchó por la producción del campo, por lo que lucharán para cambiar el lineamiento de la COB para todos los sectores en el marco del nuevo Estado Plurinacional.

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Denuncian operación castigo contra estudiantes y profesores en Chile

PL

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, denunció la expulsión de tres mil estudiantes de sus colegios y la cesantía impuesta a cientos de maestros por participar en movilizaciones en rechazo al modelo educacional.

Gajardo apuntó que hay ediles que llevan a cabo una verdadera operación castigo contra los alumnos y docentes que apoyaron al Movimiento Social por la Educación Pública y Gratuita.

Tenemos conocimiento de que este tipo de decisiones obedecen a órdenes emanadas directamente por los alcaldes y son operadas a través de los directores de establecimientos, subrayó una misiva enviada por el gremio magisterial al ministro de Educación, Harald Beyer.

"Existen dirigentes estudiantiles y de otras organizaciones, que involucran incluso a su cartera en esta operación de carácter político y creemos importante que usted salga a aclarar lo antes posible estas versiones que circulan", exigieron los demandantes.

Paralelamente Gajardo señaló que además de las cancelaciones de matrículas de alumnos que protagonizaron tomas de sus centros docentes, hay una política de despidos masivos a docentes y otras arbitrariedades en cuanto al pago salarial, situación que afecta en particular a unos cuatro mil profesores.

Asimismo tienen lugar prácticas antisindicales por parte de los sostenedores de colegios, agregó el líder gremial.

Reflexionó que lo que está ocurriendo demuestra cada vez más la necesidad de erradicar el lucro en el sistema de enseñanza en Chile. "El lucro trae consecuencias nefastas", enfatizó.

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Mantienen obreros paralizadas obras de ampliación del Canal de Panamá

PL

Los trabajadores a cargo de las obras de la ampliación del Canal de Panamá, tanto del lado del Atlántico como del Pacífico, iniciaron hoy un paro laboral por demandas salariales informó el líder sindical Saúl Méndez.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la construcción (Suntracs) explicó que los obreros exigen aumento de salario y pago de los atrasos y eso lo conocen el gobierno nacional y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

El movimiento obrero mantiene paralizadas las obras y no las reiniciaran hasta tanto se cumplan sus demandas, dijo Méndez quien recordó que la comisión de salario mínimo acaba de discutir el tema, pero el aumento no responde a las expectativas.

Según el dirigente sindical en el Canal los panameños son mal pagados, los haberes por horas extra son bajos, las condiciones de trabajo son malas y hay maltrato de palabra por parte de los ejecutivos extranjeros.

Aclaró que por ahora la acción sindical se limita al proyecto, pero no descartó acciones de calle si no se cumplen las demandas de los obreros quienes aducen, además que a los extranjeros les pagan el doble que a ellos por igual trabajo.

Por su parte, el Grupo Unidos por el Canal, contratista de la obra, aseguró que respeta las normas panameñas y actúa dentro del marco regulatorio y del contrato firmado con la ACP.

Admitió que el nuevo sistema de planilla que aplica presentó errores en la introducción de datos de pagos y se está subsanando el problema.

En cuanto a la reclamación salarial señala que el pactado se registra en el contrato de trabajo y es superior al mínimo nacional. El consorcio lo integran Sacyr Vallehermoso, Impregilo, Jan De Nul y CUSA.

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El Salvador: “Este pedido de perdón no pretende borrar el dolor”

Roberto Flores - Iván Escobar (COLATINO)

En una acto histórico, el Presidente de la República, Mauricio Funes, acompañado de los presidentes de la Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia (CSJ), y miembros de su gabinete, pidió perdón, en nombre del Estado salvadoreño al pueblo, comunidad internacional y familiares de las víctimas, por la masacre de El Mozote, cometida por la Fuerza Armada en 1981.

“Este pedido de perdón no pretende borrar el dolor”, reconoció notablemente conmocionado el mandatario, que en varios ocasiones se secó las lágrimas, durante el acto de desagravio que realizó por primera ocasión un presidente constitucional, luego de tres décadas de cometida la masacre, que dejó cerca de un millar de víctimas, la mitad de ellos niñas y niños. Este hecho fue invisibilizado por la prensa y los gobiernos durante la guerra y después de la misma.

Funes enumeró los nombres de los caseríos donde elementos del entonces Batallón Elite “Atlacatl”, terminó con la vida de cientos de personas en tres días como parte de una operación de exterminio durante el conflicto.

“Estoy aquí en El Mozote para reconocer la verdad y profundizar el camino de la justicia y la paz”, expresó. Tras añadir que “aquí en El Mozote y comunidades vecinas hace un poco más de 30 años se consumó una desmesura criminal que se pretendió negar”.

El Presidente Funes dijo que el Estado salvadoreño ahora reconoce estos hechos, y lamentó que gobiernos pasados no lo hicieran. “Este es un acto reconocimiento y dignificación de las víctimas”, aseveró.

Durante el acto de esta mañana en el histórico poblado, Funes aprovechó para instruir en su calidad de Comandan General de la Fuerza Armada “la revisión de su interpretación de la historia a la luz de este reconocimiento histórico que hoy en nombre del Estado salvadoreño formulo”.

La revisión solicitada por Funes, añadió deberá reflejarse en los textos y símbolos “con que forman los cuadros militares” para fortalecerlos de forma profesional, tal y como ha venido actuando en tiempos de paz la institución castrense.

También instó a la clase político a promover y apoyar la cultura de paz.

De pie, sobre el mismo lugar en el que hace 30 años fueron masacradas más de un millar de personas, en un operativo organizado por el ejército, el Presidente de la República, Mauricio Funes, frente a habitantes y descendientes de las víctimas del cantón El Mozote, pidió perdón por los asesinatos que ahí cometieron las fuerzas armadas durante el conflicto armado. De esta manera, por primera vez un mandatario salvadoreño reconoce de forma oficial la responsabilidad del Estado en esa masacre.

El Presidente Funes fue enfático al develar que oficialmente queda establecida la verdad, al reconocer la masacre. Asimismo, mencionó entre los responsables de la masacre al Teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios; el lugar teniente José Zamitia y el teniente coronel Natividad de Jesús Cáceres.

Con esta solicitud el Gobierno dirigido por el Presidente Funes conmemoró 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz. En el acto también estuvieron presentes los firmantes de ese acuerdo, miembros de organismos internacionales y de países que apoyaron el diálogo, funcionarios de gobierno y representantes de diversos sectores sociales y políticos del país.

La decisión del Presidente Funes de conmemorar los 20 años de los acuerdos pidiendo perdón por una de las peores masacres ocurridas en Latinoamérica se conoció semanas atrás. En declaraciones previas a las de este lunes el gobernante dijo que El Mozote es “símbolo del pasado que todos queremos dejar atrás”.

Durante el acto de desagravio de esta mañana, el mandatario reiteró esas palabras.

Las comunidades del cantón El Mozote conocían ya desde el pasado 5 de diciembre, luego de una reunión con el gobernante y su esposa y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato; sobre la decisión del Presidente Funes de pedir perdón a los habitantes del lugar y a los descendientes de las víctimas de la masacre.

En diciembre pasado, durante el 63 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Canciller de la República, Hugo Martínez, había solicitado ya perdón en nombre del gobierno por las masacres ocurridas en la guerra, principalmente por aquellas de EL Mozote.

Con la solicitud de perdón del Presidente esta mañana se cumple de forma oficial con una de las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2010, luego de que esta entidad conociera el caso. Entre otras cosas, la CIDH recomendó al Estado Salvadoreño aceptar su responsabilidad en la masacre y reparar moralmente a las víctimas.

El acto de desagravio, de acuerdo a un comunicado emitido por Casa Presidencial antes de la ceremonia, cumple con los estándares internacionales de Derechos Humanos.

El Presidente Funes también realizó algunos anuncios como el nombramiento de El Mozote como un “Bien Cultural” del país, y la reparación a las víctimas, de acuerdo con las capacidades económicas del estado.

Asimismo, expresó que desarrollará planes para reactivar la economía en la zona, así como obras públicas como importantes carreteras que unan a Meanguera con las poblaciones vecinas.

Otro anuncio fue el establecimiento, a partir de febrero próximo, un eco familiar para que los pobladores puedan tener asistencia en salud.

Entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981, el Batallón Atlacatl, una de las divisiones elite de las Fuerzas Armadas de El Salvador dirigida por el coronel Domingo Monterrosa, y entrenada por Estados Unidos, desplegó un operativo contra la guerrilla en el cual acabó masacrando a cientos de civiles en El Mozote.

Hasta esta mañana ningún otro Gobierno ni mandatario había reconocido que las fuerzas represivas del Estado estuvieran involucradas en aquella violación. Los medios de comunicación nacionales también se encargaron de ocultar este hecho.

Anteriormente el gobernante salvadoreño, primero en la historia del país en provenir desde la izquierda, había solicitado también un perdón por el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas durante a manos del ejército en la ofensiva que precedió a la firma de los Acuerdos de Paz. Luego lo hizo por el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y por todas las víctimas del conflicto armado.

Justicia, verdad y perdón

El acto de desagravio fue aprovechado por las familias de las víctimas de la masacre para pedir al Gobierno se esclarezcan el por qué y quienes cometieron el horrendo crimen.

“Necesitamos saber a quién perdonar”, expresó Dorilda Márquez, representante de las víctimas, entre sollozos la mujer dijo sentirse agradecida con el acto de perdón del Presidente Funes, ya que considera que con ello se reconoce el dolor de quienes vivieron la masacre.

La representante de las víctimas insistió en pedir “una verdadera reparación”, para Márquez esta debe incluir acciones “de la mano con verdad y justicia”.

Mauricio Geovany Días, alcalde de Meanguera, coincidió con lo expresado por la representante de las víctimas, ya que durante su discurso expresó que para brindar una verdadera justicia se debe de “esclarecer (el crimen) y castigar a los culpables”.

Asimismo, para el alcalde que los presidentes anteriores no realizaran un acto de desagravio ante los familiares de las víctimas fue una muestra de que “negaban o avalaban los crímenes”.

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