miércoles, 18 de enero de 2012

La desintegración de la Unión Europea golpea las elecciones en Francia

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

A cien días del primer turno de las elecciones presidenciales francesas, las encuestas señalan una intención de votos para Marine Le Pen, la candidata del ultraderechista Frente Nacional, que podría colocarla en la segunda vuelta frente al candidato del PS, F. Hollande. Le Pen roza hoy el 22% de la intención de voto, a sólo dos puntos de Sarkozy y a cinco de Hollande. Según los sondeos, Hollande ha alcanzado “un techo” y Sarkozy está en declinación. La intención de voto a Le Pen, en cambio, creció nueve puntos en el último año.

No es la primera vez que el Frente Nacional arribaría al ‘ballotage. Pero a diferencia de 2002, cuando el padre de Marine Le Pen desplazó del segundo lugar al ‘socialista’ Jospin y ganó el derecho a enfrentar al derechista Chirac, el antecesor de Sarkozy, esta vez, su hija pondría fuera de juego al derechista Sarkozy y ‘pelearía’ la final con el ‘socialista’ Hollande. La diferencia es sustancial, porque en aquella ocasión Chirac se quedó con el ‘voto republicano’ de toda la izquierda, incluidos los trotskistas, contra el ‘fascismo’, ahora, en cambio, una parte significativa del electorado de derecha (o sea el ‘sarkozysmo’) acompañaría a la candidata ‘fascista’ contra el ‘republicano’ Hollande. Como se ve, no habrá reciprocidad, ni será devuelto el favor de 2002. O sea que el Frente Nacional podría ganar las presidenciales, como ya ha ocurrido en Hungría, aunque Francia, claro, no es Hungría. En sus tres décadas de existencia, el principal obstáculo que enfrentó el Frente Nacional fue el rechazo a su posición de retirar a Francia de la Unión Europea, algo que repudiaba el conjunto de la burguesía. La bancarrota capitalista y de la zona euro ha cambiado ahora los parámetros, pues una parte de la banca francesa, sin posibilidad de zafar de la quiebra, podría estar apostando a un rescate ilimitado del Estado francés, que solamente sería posible devolviendo a su Banco Central la facultad de emitir los viejos francos.

El ‘socialista’ Hollande se ha apresurado a asegurar que no cambiará el rumbo ‘ajustador’ de Sarkozy, o sea que sería una especie de Rajoy frente a un devaluado Zapatero. Su jefe de campaña acaba de declarar que “el tiempo de una derecha rígida y una izquierda laxa ha terminado. Seremos responsables y creíbles. Cualquiera sean las dificultades, reduciremos el déficit y la deuda, no gastaremos de más” (Financial Times, 7.1). Le Pen, en cambio, en una reciente entrevista en la inglesa BBC, enfatizó que desarrollaría un plan de obras públicas para reactivar la producción, y que emitiría todo el dinero necesario para financiarlo, con lo cual se ha convertido en la candidata ‘keynesiana’ en las elecciones francesas. Reivindica, además, una fuerte política proteccionista, o sea el fin de la UE. La ‘fascista’ le ha ‘robado’ el programa keynesiano a los progres del centroizquierda. Las encuestas señalan que la candidata del ‘fascismo’ recluta sus adhesiones entre las clases obrera y media.

El keynesianismo no es el único latrocinio que perpetra Marine Le Pen contra sus contrincantes. También reivindica “el laicismo” y el “republicanismo”, los dos grandes mitos del liberalismo francés, para apoyar su posición contra la inmigración y a favor de la persecución de la población francesa de obediencia musulmana.

En el programa internacional que fuera aprobado por el Congreso cuartainternacionalista, en 2004, escribimos que “la ofensiva del estado imperialista francés contra los jóvenes y trabajadores que no comulgan con las religiones establecidas, en especial contra los de obediencia musulmana, (son) una herramienta del capital contra la unidad entre los diversos sectores del proletariado”. El ‘fascismo laico y republicano’ del Frente Nacional desnuda el agotamiento de las consignas históricas del liberalismo francés en la época imperialista. No en vano, esas consignas obtuvieron su status histórico en 1871, para masacrar a la Comuna de París, que reivindicaba el gobierno de trabajadores.

El avance del lepenismo no hace referencia solamente a la crisis mortal de la burguesía francesa y europea. También habla mucho de la ‘extrema izquierda’ de Francia, que debería ser la candidata a ocupar el lugar alternativo en el marco de la bancarrota capitalista y de la ofensiva contra los trabajadores. Lutte Ouvriere, en su reciente Congreso, ‘constata’ que la clase obrera de Francia “carece de una agenda política”, pero se cuida mucho de señalar cuál es la suya. La falta de iniciativa política del trotskismo, en Francia, es descomunal. Es que no tiene un planteo frente a la descomposición de la Unión Europea, o sea que no plantea la ruptura de la Unión Europea imperialista y ajustardora como premisa de una unificación real de Europa, incluida Rusia, bajo gobiernos de trabajadores. En oposición al planteo “europeísta” de Sarkozy y de los socialistas, que es el instrumento político del imperialismo para justificar la necesidad de la ‘austeridad’ y del rescate de la banca, la ‘extrema izquierda’ no reivindica la destrucción de ese marco político, al cual concibe como un progreso del desarrollo de las fuerzas productivas. En diversos países de Europa, esta izquierda llama a distinguir la deuda pública ‘legítima’ de la ‘no legítima’, o sea contra el no pago a los usureros. La Unión Europea no ha nacido para superar a los estados nacionales, como dicen sus panegiristas burgueses o de la izquierda, sino al revés, para el rescate y fortalecimiento de esos estados, que habían quedado liquidados en los años 30 y en la segunda guerra mundial. Por eso una unión europea capitalista es “una utopía reaccionaria” (Lenin); es una defensa de los estados nacionales que han quedado superados por la internacionalización de las fuerzas productivas.

El lepenismo no es el fascismo, por ahora, porque se limita a la movilización electoral (no utiliza métodos de guerra civil) de la pequeña burguesía y de los sectores más atrasados de la clase obrera. Su nuevo avance es una expresión de la disolución de las relaciones políticas de la Unión Europea. En Francia existe un Frente de Izquierda, encabezado por una disidencia del PS y el partido comunista, que apunta a un gobierno de coalición con el PS – el mismo que promete más ‘austeridad’ y más ‘europeísmo’. La ‘agenda del proletariado’ está a la vista: desarrollar un verdadero Frente de Izquierda, que encabece la lucha contra el lepenismo en nombre de la anulación de la deuda pública y la confiscación de los bancos; por la destrucción de la UE imperialista para construir los Estados Unidos Socialistas de Europa. La crisis francesa es un marco excelente para convocar a un Congreso internacional de fuerzas socialistas revolucionarias, en primer lugar europeas, para desenvolver esta agenda política, que es la agenda del proletariado consciente.

Hace 78 años, el 6 de febrero de 1934, un conato del golpe fascista desató, en Francia, una enorme reacción obrera, que interrumpió en forma brusca varios años de reflujo. Esa reacción culminó, dos años y medio más tarde, en la ocupación generalizada de fábricas y en un “comienzo de la revolución proletaria” (Trotsky). Era el cuarto año de la bancarrota capitalista de los años 30. 34 años más tarde, en pleno auge del gaullismo, se produjo el mayo francés de 1968. Luego de la revuelta de los barrios, en 2008, y de las huelgas gigantescas de 2009, los explotados de Francia tienen una nueva oportunidad -para ir más lejos que sus ‘ensayos’ históricos previos-.

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Irán: Estados Unidos y la Alianza Transatlántica en la vieja trampa colonial

Juan F. Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Antes del atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, los vínculos entre Irán y redes terroristas como Al Queda, así como el desarrollo de su capacidad nuclear, no constituían un tema de urgencia estratégica para Estados Unidos. Al menos en la difusión más pública.

Con las invasiones en Afganistán e Irak ya desatadas, los estudios del Pentágono señalaban que la república islámica no tenía una necesidad estratégica de desarrollar capacidad bélica nuclear (SSI- Sokolski y Clawson. 2004), especialmente por la ausencia de un enemigo cercano con aspiraciones de expansión.

Sin embargo este planteamiento del Pentágono queda trunco porque le faltaba el otro lado de la ecuación que era la evolución del poderío bélico nuclear de Israel y su posicionamiento como el principal aliado de la OTAN en la región.

La ambición nuclear de Irán -desde la época del Reza Pahlavi- es una variable que las potencias nucleares no han podido abordar con uniformidad de criterio frente a un Tratado de No Proliferación, concebido con demasiada ambigüedad desde su gestación en medio de la confrontación bipolar entre la Ex URSS y Estados Unidos.

Si India, Israel y Pakistán podían contar con un dispositivo bélico nuclear era inconcebible que la nación iraní -históricamente un pivote regional- debiera renunciar a la misma aspiración de las naciones mencionadas que fue materializada con el apoyo de las potencias nucleares mayores.

El actual Tratado de No Proliferación Nuclear descansa sobre una premisa de frágil legitimidad moral: está concebido a partir de un virtual Apartheid Nuclear en el cual se mantiene un exclusivo club de poseedores de armas atómicas. Es así que el acoso Occidental obligó a Irán adoptar la opción nuclear. Si el gobierno iraní no hubiera manifestado autonomía respecto a Occidente y si el régimen no hubiera levantado consignas contra Israel, las negociaciones hubieran derivado a que Irán legítimamente podía tener desarrollo nuclear incluyendo la fetichizada bomba atómica. Desde el punto de vista de los equilibrios en la zona era lo más razonable.
El régimen clerical ha sido una preocupación estratégica central no solo por su autonomía internacional sino también por los recursos energéticos y la ubicación geopolítica privilegiada de Irán. Este último antecedente es quizás más crucial aún que el gas y el petróleo por ser un eje histórico para la expansión territorial de las potencias coloniales europeas tradicionales y para el objetivo por la supremacía global que es consustancial en la política exterior del Estados Unidos Post Segunda Guerra Mundial.

Desde el desplome de la Ex URSS, la franja territorial de naciones que se extiende desde Argelia en el Norte de África y que atraviesa el llamado Medio Oriente y las zonas del Golfo Pérsico (en la mayor parte ex colonias de coronas occidentales), ha estado siempre en el dossier de la Alianza Occidental como zona de influencia o directamente como reconquista colonial.

Así lo ha explicitado el ala más conservadora europea representada hoy por los gobiernos de Cameron y Sarkozy. Todavía más, Merkel enfatiza el músculo económico alemán en una postura neocolonial al interior de Europa con su arenga de expulsar o condicionar a ciertos países de la comunidad europea para después recuperarlos bajo los designios de la economía alemana.

El desplome del régimen de la Revolución Islámica en Irán ha sido el rompecabezas más complejo para todas las administraciones que han pasado por la Casa Blanca quizás solo comparable con la revolución Bolchevique en 1917. En su discurso del 21 de enero de 1980 Jimmy Carter señala al Congreso de Estados Unidos que, “cualquier interferencia extranjera en la zona del golfo pérsico y del mar arábigo sería considerada como una agresión a los intereses estratégicos de Estados Unidos”. Sin embargo detrás de todo se esconde el interés por la supremacía global de Estados Unidos y la Alianza Transatlántica.

Aún así, más allá del tema nuclear que es el pretexto, el tema Irán está complicando las relaciones de Estados Unidos (y la Alianza Transatlántica) con China. Probablemente el acercamiento entre Estados Unidos e India también se vea afectado en el caso de un desplome violento del régimen sobre todo si se lleva a cabo con la intervención de Israel.

India después de Indonesia que lidera, es el país con mayor población islámica, cercana a los 140 millones, más del 13 % de la población. China a su vez es la potencia global más desprovista de la influencia directa del poderoso lobby israelí, otro punto que escapa al análisis convencional de la actual coyuntura.

Estados Unidos y la Alianza Occidental mantienen tropas voluminosas en los países del golfo pérsico, en Afganistán y faltaría Irán para completar un cuadro de control militar casi completo de la zona.

Aunque la diferencia de potencial bélico convencional y nuclear entre la Alianza Transatlántica y China- Rusia combinados esté cerca de 10 a 1 a favor de la Alianza, (la diferencia se reduce en ojivas nucleares), esto no es suficiente para cercar esa inmensa masa de tierra continental constituida por China y Rusia y que continúa siendo el gran escollo para la supremacía global Occidental.

El hecho de que entre las 20 más poderosas Corporaciones Transnacionales financieras y no financieras, se encuentre apenas una con sede en China y ninguna con sede en Rusia, tampoco basta. Hay que cercar a los colosos para erradicar cualquier cimiento de un futuro poder que se le ponga al frente a la poderosa Alianza Occidental.

Esto lo tenía claro la Reina Victoria, como lo describe Byron Farwell: “No ha existido el año en que en el largo reinado de la Reina Victoria, en alguna parte del mundo no haya habido algún soldado británico luchando por ella y su Imperio. Desde 1837 hasta 1901, en Asia, África, Arabia y en cualquier otro lugar, las tropas británicas permanecían desplegadas en permanente combate. Era el precio del Imperio, de liderar en el mundo y del orgullo nacional, y fue logrado sin mucho arrepentimiento o cuestionamiento y ni siquiera alguna reflexión”.

Estados Unidos y esta Alianza en medio de la retórica por los DDHH y la democracia han caído en su propia trampa colonial y deben mostrar sus cartas en forma más abierta a la comunidad internacional. Los países que aun mantienen algunas cuotas de autonomía e independencia deber reaccionar formando una nueva contención a un nuevo tipo de supremacía global que no se observaba desde los tiempos de la Gran Guerra de 1914. Los territorios son diferentes, las ambiciones casi las mismas.

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Leer para creer y dudar…

Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)

Perder la inocencia y dudar de los políticos y de sus voceros; así como de los grandes periódicos hace desdichadas a la gente que necesita conocer la verdad.

Así ocurre con una nota aparecida en el diario The New York Times el pasado día 13 con la firma de Antonio Caño en la cual se informa que:

“Obama da ultimátum a los ayatolás”.

“El presidente estadounidense advierte a Irán que recurrirá a la guerra para mantener abierto el estrecho de Ormuz”

En medio de la riada de informaciones generadas por el estado crítico alcanzado por el conflicto norteamericano iraní, la nota refiere que el presidente Barack Obama, por medio de una carta, se ha dirigido directamente al ayatola Alí Jamenei, líder espiritual y máxima autoridad estatal y gubernamental en Irán donde su voluntad y su palabra es ley. Según la información la misiva reitera la advertencia de que: “Cerrar el Estrecho de Ormuz sería como pasar una raya roja ante lo cual Estados Unidos no permanecerá de brazos cruzados…”

La pregunta es: ¿Por qué tratándose de una gestión presidencial inédita respecto a un asunto trascendental, se escoge el manido recurso de una filtración intencionada? ¿Por qué Obama opta por comunicarse directamente con el ayatola Jamenei? ¿Significa que ha descartado como interlocutor al presidente Mahmoud Ahmadineyad? ¿Será acaso que ve mejores opciones tratando directamente con el clérigo? ¿Aprovechó la administración norteamericana el momento en que el mandatario iraní se encontraba fuera del país?

Unas 24 horas después a la información del Times de Nueva York, fue complementada por otra del diario The Independent de Londres, que explicitó las vías utilizadas para enviar el mensaje a Jamenei. En Nueva York Susan Rice, embajadora norteamericana ante la ONU, entregó la misiva a su homologo iraní Mohammad Jazaei; una copia fue enviada vía Embajada Suiza en Teherán y una tercera, se confió al presidente de Irak Jalal Talabaine. Más que garantizar la recepción del mensaje la diplomacia norteamericana pareció asegurar que su contenido seria filtrado a la prensa.

Otra novedad es que, citando a la agencia oficial de Irán (IRNA), Ramin Mehmanparast, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República islámica, confirmó el recibo de la carta, señalando que su país aun no ha decidido si responderá o no.

Más allá de toda especulación se pueden anotar tres hechos relevantes:
1) Se trata de la gestión política de mayor nivel realizada desde que en 1979 triunfara la Revolución islámica encabezada por el ayatola Ruhollah Jomeini, que puso a Irán y a Estados Unidos en ruta de colisión. ¿Por qué entonces restarle significado o asumirla de modo vergonzante?

2) El hecho puede indicar: (a) Ha aparecido una vía de comunicación alternativa que ofrece posibilidades para desactivar el peligroso curso del conflicto. (b) Se han cerrado todos los caminos y el presidente norteamericano desea dejar constancia de que, al menos aparentemente, por él no ha quedado.

Lo cierto es que, con carta o sin ella, las sanciones contra Irán que le impiden vender las dos terceras partes de su petróleo, han comenzado a funcionar. Están vigentes las advertencias iraníes acerca de no permitir la entrada de buques de guerra norteamericanos al Golfo y de dar respuesta al más reciente asesinato de un científico nuclear.

De la otra parte, la fuerza de tarea integrada por dos portaviones y los buques de escolta y apoyo que constituyen una formación de batalla, navegan hacia el teatro de operaciones para desplegarse en el Océano Indico, el Mar Arábigo y el Golfo de Omán y tal vez en el Golfo Pérsico.

No obstante, hay que observar que tanto la presunta carta del presidente Obama como las amenazas de Irán, han tomado caminos irregulares: el Times puede ser rectificado y el General que anunció medidas extremas en el Golfo Pérsico desautorizado. Así las cosas. Allá nos vemos.

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Verano en Argentina: Aumenta temperatura social

Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info)

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Uno

El viejo truco de anunciar ajustes económicos antipopulares inmediatamente después de las elecciones presidenciales todavía funciona en Argentina. El empleo de esa triquiñuela cobra sentido en una nación que ha sido gobernada históricamente de manera vertical, sin participación ciudadana salvo por el recurso de la fuerza ante la sordera del mando. Los gobiernos de turno -y el actual al parecer, no quiere ser distinto- en el territorio de Maradona y Perón, el paternalismo y, por tanto, la desconfianza en los trabajadores y el pueblo es la relación predominante de los de arriba. ¿Qué encierra ello? Un miedo severo de clase que, en consecuencia, justifica el ejercicio alienante de intentar infantilizar políticamente a las grandes mayorías. Por eso desde el Ejecutivo y la oposición tradicional se apela sistemáticamente a un populismo que procura fortalecer que la historia la hacen ‘los personajes’ mediante frecuentes puestas en escena y la reproducción simbólica de la autoridad unidimensional como “salvador” o “demonio”. La práctica en cuestión facilita el éxito parcial y a corto plazo del populismo; esa emotividad edulcorada para aplicar medidas de alto impacto, y los guiños frecuentes, descafeinados, sin contexto ni proyecto, y vaciados de contenido hasta del Che Guevara, independientemente de la simpatía o no que se tenga por su legado.

Dos

Pese a reunir más de 200 mil firmas en menos de 10 días contra el alza de un 127 % del transporte subterráneo en la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de ese medio y las organizaciones sociales y políticas que condenan el aumento del pasaje, la justicia, en primera instancia, desdeñó tanto los recursos legales para detenerlo, como las firmas de los usuarios. La medida adoptada por el gobernador de Buenos Aires, el ultraliberal Mauricio Macri, tuvo su origen en el retiro de un 50 % del subsidio estatal al subterráneo metropolitano. De esa manera, el gobierno nacional busca dañar la figura de uno de los más bullados precandidatos a las próximas presidenciales. Si Macri es coherente con el programa de los hijos de la Escuela de Chicago, en el 2013, cuando se acabe incluso el subsidio del 50 % fiscal, el incremento de los viajes podría, al menos, duplicarse. En este sentido, la ciudadanía no hará diferencia entre Macri y el Ejecutivo nacional. Lo que se destruye, tanto con la argucia palaciega, como con el comportamiento esperable de Macri es la credibilidad de la gente en los ‘políticos y partidos profesionales’. Pero como los de arriba consideran a los trabajadores y sus familias ‘seres incompletos’, ‘adolescentes’, clientela y objeto, hasta ahora, hacen vista gorda e imponen simplemente. La manera en que un individuo, un grupo de interés o una clase observa al que considera un otro- subordinado (para disciplinar, castigar o ‘edificarle’), revela justamente la frontera de sus propias habilidades políticas y cognitivas. Y la subestimación del otro no es una categoría moral. Es bélica.

Tres

El crecimiento de Argentina se funda sobre el precio en las grandes bolsas financieras del mundo de la primarizada explotación primaria agrominera (commodities, cuya parte de soya y granos está a la baja producto del declive de la demanda y la sequía en los campos); la dependencia de sus exportaciones a Brasil, Europa y China; y los ahorros previsionales estatizados de los asalariados. Conocido el panorama mundial, y en particular, la intensificación de la crisis del capital desde el centro hacia su entorno el 2012, el país se encuentra ante un ciclo de contracción económica, caracterizado por el agotamiento del superávit fiscal, la fuga de capitales e inversiones dolarizadas, una de las mayores inflaciones del planeta y la precarización del trabajo.
Como las últimas administraciones no renacionalizaron el capital financiero ni las principales industrias privatizadas durante los años del menemismo; tampoco reindustrializaron nacionalmente ni elevaron de modo sustantivo el importe a las utilidades del capital y al abuso del suelo, entonces ahora, con cierta desesperación ambiental, mediante leyes y solicitudes a los dueños de casi todo, buscan controlar su política cambiaria a través de la compra y ahorro de divisas y a costa del recorte de las iniciativas subsidiarias y populistas que, como un todo, golpean a la mayoría argentina.
Según la Encuesta Permanente de Hogares del desacreditado Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC, intervenido desde el 2007) del tercer trimestre de 2011, casi un 28 % de habitantes vive con $ 27 pesos diarios (US$ 6), y la mitad de esas personas sobrevive con $ 18 pesos al día (US$ 4). Es verdad, la sal cuesta menos de $ 2 pesos. Pero el kilo de manteca, $ 35 pesos. El calzado en una tienda cualquiera no baja de los $ 180 pesos y un kilo de pollo vale $ 10 pesos. Ni hablar de vestuario, artículos informáticos, tecnología, recreación y de la enorme especulación inmobiliaria en un país donde escasean 3 millones de viviendas, cifra que suma y sigue diariamente. Y para el organismo gubernamental, una familia de 4 personas no es pobre si cuenta con más de $ 45 pesos al día (US$ 10). De acuerdo al informe, de los 17 millones de ocupados del país, casi 12 millones obtienen un ingreso menor a $ 2.300 pesos al mes (US$ 535). Y de los ocupados, por lo bajo, el 35 % trabaja informalmente, sin derechos laborales ni seguridad social (el Observatorio Social de la Universidad Católica de Argentina arroja que, en realidad, más de un 50 % de la fuerza de trabajo está ‘en negro’).
Como toda sociedad capitalista ‘de verdad’, los números del INDEC dicen que la concentración de la riqueza y las desigualdades sociales tienen su primavera. El 20 % más empobrecido de la población percibe el 4,2 % del excedente socialmente producido, y el 20 % más rico se queda casi con la mitad del total. Naturalmente que al ir acortando los porcentajes extremos, las diferencias de concentración versus miseria se disparan con mayor violencia.
La deuda pública externa (según guarismos de septiembre de 2011) supera los US$ 230 mil millones, que el gobierno cancela acudiendo a nuevos préstamos, pero esta vez salidos de entidades nativas y que corresponden a puro trabajo argentino acumulado sin mediaciones, como el Banco Central y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) que administra los ahorros previsionales y jubilatorios de los asalariados. Es decir, se está frente a una colosal y genuina deuda ‘nacional y popular’.
Debido a la inflación, el venidero aumento del transporte (entre otros factores, por el sobreprecio coludido del oligopolio petrolero privado) y el incremento próximo de los servicios básicos debido a la retirada de subsidios a las industrias asociadas (que como queda demostrado, jamás fue una solución de mediano aliento siquiera), hasta las dirigencias de las centrales sindicales que votaron a la actual Presidenta (como la Central de Trabajadores de Argentina que lidera Hugo Yasky) anunciaron que no lucharán por un reajuste salarial inferior al 25 % durante las negociaciones que se desarrollarán en el primer tercio de 2012, toda vez que el gobierno central ha dictado más o menos claramente que la demanda salarial sólo debe bordear el 18 %. De este modo, muchos dirigentes sociales se explican bien la aprobación de la impopular Ley Antiterrorista impacientemente propugnada por el Ejecutivo, y sus consecuencias contra el movimiento de los trabajadores y el pueblo.
Desde arriba, ya existe la precautoria cubierta jurídica ante el temor de un período explícito de lucha de clases. Desde abajo, comienza a organizarse con celeridad la indignación frente al empeoramiento general de la vida.

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Proyecto Sur advierte sobre el deterioro de los ferrocarriles

PRIMERA EDICION

Extensa entrevista a Damián Solanas, asesor de la Comisión de Transporte de Proyecto Sur donde analiza la situación ferroviaria a la luz de la problemática de El Gran Capitán.

La rescisión del contrato a El Gran Capitán es sólo una muestra de que todo el sistema ferroviario en Argentina no es prioridad en las políticas públicas y es necesaria una reestructuración genuina para que se ponga “al servicio de los intereses nacionales”.

La reflexión pertenece a Damián Solanas, asesor de la Comisión de Transporte del Bloque Proyecto Sur en la Cámara de Diputados de la Nación, quien ha estudiado minuciosamente el problema de los ferrocarriles en el país.

Damián Solanas habló para contextualizar recientes declaraciones de Pino Solanas, quien advirtió que es necesario terminar “con el triángulo de corrupción de los ferrocarriles” que los ha llevado a la decadencia”, que se inició, según precisó, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando el entonces presidente advirtió: “Ramal que para, ramal que cierra” y así fue; de a poco fueron cerrando ramales y muchos pueblos del interior se convirtieron en fantasmas. Cuando Pino Solanas habló del “triángulo de la corrupción” se refirió concretamente al Grupo Cirigliano, (por la concesión del TBA (líneas Mitre y Sarmiento) y dueño del Grupo Plaza de colectivos), al sindicato La Fraternidad y a la Secretaría de Transporte de la Nación.

En el reportaje Damián Solanas explicó: “No puedo hablar sólo de El Gran Capitán, sino dentro de un contexto de lo que es la maraña legal de la concesión de los ferrocarriles. Todo esto arranca durante el menemismo, en el año 92, cuando por decreto se anulan las vías de todos los ramales de media y larga distancia de pasajeros. Lo que hace es que se deje a las provincias la posibilidad de explotar un ramal de pasajeros, si tiene interés. Luego se otorgan las concesiones cargueras, que son las que tienen potestad sobre las vías”.

El ramal que utilizó El Gran Capitán está dado en concesión a América Latina Logística (ALL) una compañía de capitales brasileños que también opera capitales norteamericanos, cuyo paquete accionario está dividido en compañías que tienen que ver con los Fondos de Inversión. En Argentina, ALL centraliza su operación en los dos corredores: ALL Mesopotámica, que une la Mesopotamia con Buenos Aires, atravesando las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, y conectando con Paraguay, Uruguay y con la red ferroviaria de ALL en Brasil y el segundo corredor es el ALL Central, que atraviesa el centro del país: nace en la zona de Cuyo (Mendoza y San Juan), recorre San Luis y Córdoba, conecta con la zona de Rosario y finaliza en Buenos Aires.

En la concesión de ALL Mesopotámica utiliza las mismas vías en las que operaba El Gran Capitán y eso explica, en parte, el mal estado de las mismas, “”, advirtió Solanas.

Pero además hizo notar la particularidad de las concesiones de ALL en Argentina. “Tanto la región mesopotámica como la que llega a Mendoza son regiones comercialmente estratégicas. Tenemos que tener en cuenta que el ferrocarril mesopotámico es el único que comunica a los cuatro países del Mercosur, donde pasa la mayor parte del comercio intramercosur. Por eso la importancia estratégica de este ramal”.

“Pero además -agregó Damián Solanas- ALL también tiene la concesión del ferrocarril a Mendoza, que es fronterizo con Chile, con lo cual posee un corredor bioceánico y en eso radica la importancia comercial y estratégica que maneja esta concesión”.

Recordó que Menem había otorgado la concesión de la Mesopotamia inicialmente al Grupo Pescarmona del Grupo IMPSA, pero luego cayó porque no cumplió el contrato y pasó a manos de ALL que la explota actualmente. Por esas vías pasan las principales operaciones de exportación e importación “de las grandes compañías, no estamos hablando del pequeño o mediano productor; se transportan granos, soja, etc.”, observó Solanas asesor.

Ramales sobreexplotados

El ramal mesopotámico “es sobreexplotado”, dijo y agregó que esta concesión “es emblemática, porque es un caso puntual de cómo se maneja la política de transporte en Argentina. La Auditoría General de la Nación (AGN) tiene a ALL como la compañía más infractora de las compañías de carga, ha realizado numerosas denuncias, se las puede ver en la página de Internet de la AGN; también la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) ha hecho observaciones, pero nadie ha tomado cartas en el asunto”.

Explicó que tanto ALL como otras concesiones no hacen el mantenimiento de las vías ni tampoco inversiones, amparados en la Ley de Emergencia de los Ferrocarriles dictada en la época de la presidencia de Eduardo Duhalde. Con ese decreto es como si el Estado les hubiera dicho “hagan lo que quieran”.

Esto demuestra, agregó, la falta de una política pública para el sector. Hay que tener en cuenta, dijo, que el ferrocarril “es un medio de transporte que subsidia a la producción porque es barato, gasta menos energía por peso transportado y en las grandes distancias se ve la diferencia”.

“Después de ocho años de gobierno no se ha intervenido, a pesar de las denuncias de la AGN. Sobran fundamentos para rescindir el contrato. Pero así están todas las concesiones, en medio de una maraña legal; no se les exige la obligatoriedad de las inversiones, del mantenimiento, de los repuestos”.

Son contratos viciados de nulidad. El Estado no interviene porque se ampara en el decreto 2.075 del año 2002 que declaró en estado de emergencia a la prestación de los servicios correspondientes al sistema público de transporte ferroviario de pasajeros. “Lo que hace ese decreto es deslindar responsabilidades después de la devaluación cambiaria, en cuanto a las obligaciones de inversión de las empresas porque las empresas alegaron (en esa época) que importan todos los materiales y no pueden hacer operativo el servicio de ferrocarril. Son argumentos, pero el que dirige las políticas de estado es el que debe fijar las prioridades y encarar una reestructuración genuina de un ferrocarril para que esté al servicio de los intereses nacionales”.

Actualmente, agregó, “seguimos viviendo de la inversión que ha hecho Ferrocarriles Argentinos en décadas pasadas y estos materiales se siguen sobreexplotando. Además hubo un desmantelamiento de los talleres ferroviarios y los que existen actualmente son de ensamble, al igual que las atemorices. Los convenios que se firmaron fueron para traer materiales usados, que se reciclan aquí. Hay materiales comprados a China, España, pero todo está reciclado”.

Asimismo, hizo notar que hay que diferenciar el servicio de pasajeros del de cargas.

Si bien se puede utilizar la misma vía “hay que tener en cuenta que no son las mismas necesidades. Los trenes de carga van a cuarenta kilómetros por hora, en cambio, los de pasajeros deben cumplir horarios y brindar un buen servicio al pasajero. Se tiene que pensar en un proyecto integrador, para lo cual se necesita la planificación y la inversión”.

Pensar el ferrocarril desde otro nivel

Damián Solanas sostuvo luego que Proyecto Sur está a favor de la rescisión de todos los contratos, tomando en cuenta que los ferrocarriles no nacieron con la finalidad que cumplen hoy, sino “para interconectar regiones distantes y ayudar a las economías regionales. Así fueron concebidos”.

Puso en relieve que tampoco los subsidios resuelven el problema, ya que van a las empresas que no realizan inversiones. Tampoco se trata de volver atrás, aclaró, de “un ferrocarril burocratizado y vampirizado por la ‘patria contratista’. Por ello hemos presentado un proyecto de ley para crear los ferrocarriles públicos argentinos, con un directorio en el que tenga ingerencia el poder nacional, el legislativo, los trabajadores y los usuarios”, concluyó.

Ferrocarriles públicos

El proyecto presentado por Proyecto Sur crea Ferrocarriles Públicos Argentinos Sociedad del Estado, que será la encargada de la gestión de toda la infraestructura ferroviaria y del control de la circulación.

Propicia el desarrollo de bienes y servicios competitivos y cualquier actividad conexa de la Industria Ferroviaria Argentina, alentando la producción para el abastecimiento interno y la exportación de material ferroviario, promoviendo el diseño y la ingeniería argentina para la producción de elementos necesarios para la prestación del servicio ferroviario en los que la red ferroviaria constituye un elemento más de su desarrollo productivo y estratégico.

Recuerda que la gran mayoría de las estaciones desactivadas han sido saqueadas, además de los desmantelamientos de terraplenes, durmientes y rieles cuyo destino es desconocido; los concesionarios no han emitido informe alguno al respecto.

El proyecto pregona la necesidad de recuperar los 36 talleres y fábricas de reparaciones que existían y los equipamientos disponibles.

Advierte que como se parte de una situación inicial de total deterioro de las vías por efecto de las políticas aplicadas, es necesario para cumplir los objetivos dotar a la nueva empresa de un capital social de trece mil millones de pesos provenientes de las reservas disponibles del Banco Central de la República Argentina.

El proyecto incluye las propuestas sobre la reconstrucción de un “tren para todos”: público, nacional con carácter federal, con control de usuarios y trabajadores. Con el respaldo nacional, no sólo de organizaciones ferroviarias, sino sociales y políticas, productores, estudiantiles, gremiales, entre otras; y con el aval de aproximadamente un millón de firmas recolectadas a lo ancho y largo de la República Argentina, en planillas de papel y también en formato electrónico, a través de una página web que permite la adhesión desde la dirección de Internet: www.trenparatodos.com.ar.

La rescisión del contrato a El Gran Capitán es sólo una muestra de que todo el sistema ferroviario en Argentina no es prioridad en las políticas públicas y es necesaria una reestructuración genuina para que se ponga “al servicio de los intereses nacionales”.

La reflexión pertenece a Damián Solanas, asesor de la Comisión de Transporte del Bloque Proyecto Sur en la Cámara de Diputados de la Nación, quien ha estudiado minuciosamente el problema de los ferrocarriles en el país.

Damián Solanas habló con PRIMERA EDICIÓN para contextualizar recientes declaraciones de Pino Solanas, quien advirtió que es necesario terminar “con el triángulo de corrupción de los ferrocarriles” que los ha llevado a la decadencia”, que se inició, según precisó, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando el entonces presidente advirtió: “Ramal que para, ramal que cierra” y así fue; de a poco fueron cerrando ramales y muchos pueblos del interior se convirtieron en fantasmas. Cuando Pino Solanas habló del “triángulo de la corrupción” se refirió concretamente al Grupo Cirigliano, (por la concesión del TBA (líneas Mitre y Sarmiento) y dueño del Grupo Plaza de colectivos), al sindicato La Fraternidad y a la Secretaría de Transporte de la Nación.

En el reportaje Damián Solanas explicó: “No puedo hablar sólo de El Gran Capitán, sino dentro de un contexto de lo que es la maraña legal de la concesión de los ferrocarriles. Todo esto arranca durante el menemismo, en el año 92, cuando por decreto se anulan las vías de todos los ramales de media y larga distancia de pasajeros. Lo que hace es que se deje a las provincias la posibilidad de explotar un ramal de pasajeros, si tiene interés. Luego se otorgan las concesiones cargueras, que son las que tienen potestad sobre las vías”.

El ramal que utilizó El Gran Capitán está dado en concesión a América Latina Logística (ALL) una compañía de capitales brasileños que también opera capitales norteamericanos, cuyo paquete accionario está dividido en compañías que tienen que ver con los Fondos de Inversión. En Argentina, ALL centraliza su operación en los dos corredores: ALL Mesopotámica, que une la Mesopotamia con Buenos Aires, atravesando las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, y conectando con Paraguay, Uruguay y con la red ferroviaria de ALL en Brasil y el segundo corredor es el ALL Central, que atraviesa el centro del país: nace en la zona de Cuyo (Mendoza y San Juan), recorre San Luis y Córdoba, conecta con la zona de Rosario y finaliza en Buenos Aires.

En la concesión de ALL Mesopotámica utiliza las mismas vías en las que operaba El Gran Capitán y eso explica, en parte, el mal estado de las mismas, “”, advirtió Solanas.

Pero además hizo notar la particularidad de las concesiones de ALL en Argentina. “Tanto la región mesopotámica como la que llega a Mendoza son regiones comercialmente estratégicas. Tenemos que tener en cuenta que el ferrocarril mesopotámico es el único que comunica a los cuatro países del Mercosur, donde pasa la mayor parte del comercio intramercosur. Por eso la importancia estratégica de este ramal”.

“Pero además -agregó Damián Solanas- ALL también tiene la concesión del ferrocarril a Mendoza, que es fronterizo con Chile, con lo cual posee un corredor bioceánico y en eso radica la importancia comercial y estratégica que maneja esta concesión”.

Recordó que Menem había otorgado la concesión de la Mesopotamia inicialmente al Grupo Pescarmona del Grupo IMPSA, pero luego cayó porque no cumplió el contrato y pasó a manos de ALL que la explota actualmente. Por esas vías pasan las principales operaciones de exportación e importación “de las grandes compañías, no estamos hablando del pequeño o mediano productor; se transportan granos, soja, etc.”, observó Solanas asesor.

Ramales sobreexplotados

El ramal mesopotámico “es sobreexplotado”, dijo y agregó que esta concesión “es emblemática, porque es un caso puntual de cómo se maneja la política de transporte en Argentina. La Auditoría General de la Nación (AGN) tiene a ALL como la compañía más infractora de las compañías de carga, ha realizado numerosas denuncias, se las puede ver en la página de Internet de la AGN; también la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) ha hecho observaciones, pero nadie ha tomado cartas en el asunto”.

Explicó que tanto ALL como otras concesiones no hacen el mantenimiento de las vías ni tampoco inversiones, amparados en la Ley de Emergencia de los Ferrocarriles dictada en la época de la presidencia de Eduardo Duhalde. Con ese decreto es como si el Estado les hubiera dicho “hagan lo que quieran”.

Esto demuestra, agregó, la falta de una política pública para el sector. Hay que tener en cuenta, dijo, que el ferrocarril “es un medio de transporte que subsidia a la producción porque es barato, gasta menos energía por peso transportado y en las grandes distancias se ve la diferencia”.

“Después de ocho años de gobierno no se ha intervenido, a pesar de las denuncias de la AGN. Sobran fundamentos para rescindir el contrato. Pero así están todas las concesiones, en medio de una maraña legal; no se les exige la obligatoriedad de las inversiones, del mantenimiento, de los repuestos”.

Son contratos viciados de nulidad. El Estado no interviene porque se ampara en el decreto 2.075 del año 2002 que declaró en estado de emergencia a la prestación de los servicios correspondientes al sistema público de transporte ferroviario de pasajeros. “Lo que hace ese decreto es deslindar responsabilidades después de la devaluación cambiaria, en cuanto a las obligaciones de inversión de las empresas porque las empresas alegaron (en esa época) que importan todos los materiales y no pueden hacer operativo el servicio de ferrocarril. Son argumentos, pero el que dirige las políticas de estado es el que debe fijar las prioridades y encarar una reestructuración genuina de un ferrocarril para que esté al servicio de los intereses nacionales”.

Actualmente, agregó, “seguimos viviendo de la inversión que ha hecho Ferrocarriles Argentinos en décadas pasadas y estos materiales se siguen sobreexplotando. Además hubo un desmantelamiento de los talleres ferroviarios y los que existen actualmente son de ensamble, al igual que las atemorices. Los convenios que se firmaron fueron para traer materiales usados, que se reciclan aquí. Hay materiales comprados a China, España, pero todo está reciclado”.

Asimismo, hizo notar que hay que diferenciar el servicio de pasajeros del de cargas.

Si bien se puede utilizar la misma vía “hay que tener en cuenta que no son las mismas necesidades. Los trenes de carga van a cuarenta kilómetros por hora, en cambio, los de pasajeros deben cumplir horarios y brindar un buen servicio al pasajero. Se tiene que pensar en un proyecto integrador, para lo cual se necesita la planificación y la inversión”.

Pensar el ferrocarril desde otro nivel

Damián Solanas sostuvo luego que Proyecto Sur está a favor de la rescisión de todos los contratos, tomando en cuenta que los ferrocarriles no nacieron con la finalidad que cumplen hoy, sino “para interconectar regiones distantes y ayudar a las economías regionales. Así fueron concebidos”.

Puso en relieve que tampoco los subsidios resuelven el problema, ya que van a las empresas que no realizan inversiones. Tampoco se trata de volver atrás, aclaró, de “un ferrocarril burocratizado y vampirizado por la ‘patria contratista’. Por ello hemos presentado un proyecto de ley para crear los ferrocarriles públicos argentinos, con un directorio en el que tenga ingerencia el poder nacional, el legislativo, los trabajadores y los usuarios”, concluyó.

Ferrocarriles públicos

El proyecto presentado por Proyecto Sur crea Ferrocarriles Públicos Argentinos Sociedad del Estado, que será la encargada de la gestión de toda la infraestructura ferroviaria y del control de la circulación.

Propicia el desarrollo de bienes y servicios competitivos y cualquier actividad conexa de la Industria Ferroviaria Argentina, alentando la producción para el abastecimiento interno y la exportación de material ferroviario, promoviendo el diseño y la ingeniería argentina para la producción de elementos necesarios para la prestación del servicio ferroviario en los que la red ferroviaria constituye un elemento más de su desarrollo productivo y estratégico.

Recuerda que la gran mayoría de las estaciones desactivadas han sido saqueadas, además de los desmantelamientos de terraplenes, durmientes y rieles cuyo destino es desconocido; los concesionarios no han emitido informe alguno al respecto.

El proyecto pregona la necesidad de recuperar los 36 talleres y fábricas de reparaciones que existían y los equipamientos disponibles.

Advierte que como se parte de una situación inicial de total deterioro de las vías por efecto de las políticas aplicadas, es necesario para cumplir los objetivos dotar a la nueva empresa de un capital social de trece mil millones de pesos provenientes de las reservas disponibles del Banco Central de la República Argentina.

El proyecto incluye las propuestas sobre la reconstrucción de un “tren para todos”: público, nacional con carácter federal, con control de usuarios y trabajadores. Con el respaldo nacional, no sólo de organizaciones ferroviarias, sino sociales y políticas, productores, estudiantiles, gremiales, entre otras; y con el aval de aproximadamente un millón de firmas recolectadas a lo ancho y largo de la República Argentina, en planillas de papel y también en formato electrónico, a través de una página web que permite la adhesión desde la dirección de Internet: www.trenparatodos.com.ar.

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Gente de armas

Silvana Melo (APE)

El hospitalito vecinal está pintado de verde. Apostado en el sur, en un barrio de Avellaneda que coquetea con la Ciudad Autónoma, tiene un pasado con luces de gloria, como suelen ser ciertos pasados en esa suela del mundo. Consultorios externos, internación, servicio de ambulancias, toda una parafernalia que fue decayendo con la desventura del país. Hasta que comenzó a cerrar puertas y lo que quedó, quedó ahogado, en un rincón del edificio. Pintado de verde. La mayor parte de su infraestructura hoy es el bunker de la Gendarmería en este retazo sur del conurbano.

Donde era la sala de internación viven y duermen medio centenar de gendarmes (gente de armas, como nace el nombre desde aquel origen francés). Donde era el garaje de las ambulancias hoy bufan por la mañana los móviles oliva de la fuerza de fronteras. Que hoy –hace un año ya- patrullan otros límites: los de la gente de bien y los de los cesanteados del sistema. Los de la clase media horrorizada por el cadaverío que los medios masivos gustan de depositarles cotidianamente en el mantel de la cena. Los de las rejas, las alarmas y las cámaras que comercializa el sistema después de encerrar en sus cárceles a cielo abierto (SIC Alberto Morlachetti) a la chatarra de piel, huesos, historia y condena. Esos límites que hoy patrulla la Gendarmería son aquellos que la chatarra de piel, huesos, historia y condena suele forzar a sangre y violencia para reconquistar, desde la oscuridad, alguna sobra de lo que les pertenece.

Se los ve caminando en grupos, seguros en su estrategia gregaria. Llevan armas largas y se paran en las esquinas. Ahuyentan a los pibes que se sientan a fumar en los cordones. Los espantan para adentro, lejos de las avenidas. Los empujan a palos a lo oscuro, lejos de la vista de los buenos. Es loco el sur. Tan peligroso es, tan abundante en el piberío que nació en oleadas a pesar de las crisis y el hambre, que hay que plantarles no sólo a los guardianes de las fronteras. Por las orillas envenenadas del Riachuelo la Prefectura Naval detiene a los morochos, a los sobrevivientes y a los chicos que se dejan un sembradío de pelo en el medio de la cabeza y se rapan en los laterales. Son 9.000 gendarmes en todo el conurbano –el 40% de los de todo el país-, más 56.000 policías bonaerenses, desafiados por la respuesta visceral del poder político ante las urgencias de la clase media que exige resguardo de su seguridad. La propiedad privada como valor es infinitamente más fuerte y excelso que el de la justicia. Que el de la dignidad. Que el de la vida.

Un pibe de 15 que se peina como Neimar pero camina en las calles de Lomas del Mirador, que lee pero no entiende, que no nutrió sus huesos con el calcio suficiente, que es acechado por el paco, por la policía que lo quiere ladrón para el poder o desaparecido, por la muerte (la propia o la ajena) como puerta de escape a la nada. Un pibe de 15 que no tiene dónde tirarse a dormir tantas veces. Ese pibe es víctima de una inseguridad brutal. Pero la Gendarmería no lo defiende. Lo estigmatiza. Lo reprime. Lo expulsa.

La policía bonaerense, brazo eficaz del poder político para disciplinar aquello que sobra, apila los muertos de su feroz autonomía. Pero no sólo: además acopia negocios en sociedad con la política y el delito. Quienes no tuvieron jamás el coraje –ni la decisión seria- de transformar el aparato represivo y corrupto vestido de sagrada institución, optaron por asociarse a él. Después de todo, se necesitan violentamente.

El problema es que demasiadas veces el discurso reivindicativo de la política habilita el gatillo ligero y los negocios y la muerte tocan la atrocidad. La fiesta gatillera, las bandas mixtas que aparecen inexorablemente en los más resonantes crímenes y los pibes asesinados de los últimos años terminan rozando el límite de lo defendible en el discurso. Momento clave para decantar la feroz interna que busca recortar poder al Gobernador y a su Ministro y Agente Penitenciario de Seguridad, el hombre de la gélida mirada. En enero de 2011 Nilda Garré le plantó a Daniel Scioli 6000 gendarmes, que en la suma del tiempo fueron 9.000. Es decir: le intervino políticamente la Provincia, le envió a los especialistas en la represión de las puebladas del norte y del sur y dejó las fronteras con la desnudez que invita a la vejación. Por los límites confusos entra y sale, tal vez, la condena de los años que vienen. Sumado a lo que se cocina en las barriadas, a la vista de punteros y policías.

Ni a Garré ni a Scioli –mucho menos al Ministro y Agente Penitenciario de Seguridad- se les ocurre poner el pie en los tres grandes problemas de la seguridad de la gente (de toda la gente. La incluida y la expulsada): la desigualdad y la injusticia atroces, matrices de la violencia y de la abolición del futuro. El negocio defensivo de alarmas y cámaras de vigilancia regenteado por dos nombres de sonoridad pública. Y la policía, aparato disciplinador y maquinaria de terror que mantiene en pie la metodología de la dictadura.

No sólo no se tocó a la vastedad uniformada bonaerense sino que se sumó a 9.000 gendarmes para darle otro color al paisaje turbio del conurbano. Ahí caminan de a cinco o seis. Interpelan. Acorralan. Exigen documentos.

En un retazo del sur, el hospitalito vecinal de un barrio de Avellaneda ya está pintado de verde. A cierta vecindad la deja más tranquila el grupo de trajes verdes con armas alerta en la esquina que la salud cercana. La seguridad de la fuerza que la seguridad del dolor aliviado.

A los demás, a los pibes que vagan tratando de resistir, no existe seguridad que les sea concedida. Sólo una condena temprana que a veces, sólo a veces, logra tejer las hilachas de una alborada.

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Argentina, Córdoba: Periodista denuncia a policías por privación ilegítima de la libertad, censura y abuso

Franco Samuel Farias (PRENSA RED)

Un relato en primera persona da cuenta del abuso policial. Fue en Jesús María y lo sufrió el periodista Franco Samuel Farias. Por filmar un acto de violencia policial contra un ciudadano, fue llevado preso, maltratado y obligado a borrar el video. Lo denunció ante Asuntos Internos y hará lo propio en la Justicia.

El sábado viajamos a aquella ciudad junto a un amigo, Alexis Ibarra. Íbamos a disfrutar y recorrer los alrededores del anfiteatro de doma y folclore y luego a bailar en algún boliche. Después de haber hecho esto fuimos hasta la terminal de ómnibus a sacar el boleto para volver a San José de la Dormida.

En ese momento la terminal se encontraba prácticamente llena de gente. Alrededor de las 07:30 de la mañana observamos cÓmo cuatro o cinco efectivos policiales estaban deteniendo violentamente a un joven frente a las vías del tren.

A raíz de esto comencé a filmar con mi celular este salvaje acto policial. En un momento apareció un efectivo de infantería quien le propinó un fuerte cachetazo en la cabeza al joven que no estaba oponiendo resistencia alguna. Solo se quejaba y se retorcía producto de los golpes; este último gesto de la policía, provocó el abucheo de todos los presentes en la terminal.

Todo quedo registrado por la cámara de mi celular. Después supe que el detenido se llama Javier Villagra y había sido trasladado por una confusión en un disturbio en el cual no habría participado.

Mientras esperábamos el colectivo con Alexis fuimos a la plaza donde nos pusimos a ver el video. Minutos después aparecieron dos policías uniformados pero sin identificaciones quienes nos comienzan a agredir y a preguntarme

¿Que tenés ahí? ¿Qué filmaste? Y diciéndome “… ¡Borrálo yá! ¡Borrálo yá! que te vas ahorrar una banda de problemas…”

Por supuesto me negué completamente por lo que estos dos salvajes comenzaron a llevarnos a los empujones hasta la comisaría, frente a la plaza.

Allí nos recibió el Sargento Germán Pereyra junto a un tal José Luis Salazar -del cual no recuerdo su rango -, y me llevaron a una oficina donde me arrinconaron y amenazaron con golpearme si no les mostraba el video. Luego de verlo me obligaron a que lo borrara sino me iba a ir muy mal. También me preguntan quién soy, de qué trabajo y les respondí que era periodista lo cual agravó mucho mas la situación. Mientras esto sucedía otro policía mas golpeó a Alexis en la cabeza contra la pared en el pasillo.

Me sacan de la oficina y la Cabo Gigena nos pide las pertenencias y nos informa que estábamos detenidos sin justificación alguna. Nos metieron al calabozo y nos retuvieron durante 9 horas sin permitirnos hacer una llamada a nuestras familias, solo después de cansarnos de rogar ellos informaron a nuestros padres.

Luego fuimos liberados y le pregunté al Sargento Germán Pereyra por qué estuvimos detenidos y me respondió riéndose que nosotros habíamos ingresado por “estado de ebriedad”. Inmediatamente le dije que me informara que médico me revisó, cuándo me hicieron el dosaje de sangre, dónde está el certificado etc.

Pereyra me respondió: “…Seguís haciendo preguntas pelotudas, querés que te meta dos dias mas acá? Vos entraste acá por eso OK?, calláte la jeta y agradecé que te soltamos. Vos sos periodista, hace tu trabajo, nosotros somos policías y hacemos el nuestro, y si tenemos algún error lo corregimos nosotros ¿sabés?”

Por último le vuelvo a insistir con la revisación médica y a repetirle que nadie me vio y me respondió en tono irónico que la doctora me estaba viendo.

Todo esto sucedió frente a la médica policial (que no se identifico) que estaba al frente mío, la cual solamente se reía. Vale destacar que esta “Profesional” firmaba todos los certificados sin revisar a ningún detenido y si mirabas lo que ella escribía el Agente Zanini comenzaba a intimidarte con violencia.

Además debo agregar que dentro del calabozo éramos alrededor de 30 detenidos, la mayoría por contravenciones entre los que había un hombre llamado “Hugo” terriblemente patoteado por la policía y tenia múltiples lastimaduras en rostro, cabeza, brazos, piernas etc. un joven con el labio partido y sangrando también producto de los golpes policiales, otro hombre más el cual sufrió una crisis nerviosa al punto que rompió a golpes y forcejeando el candado de la reja del calabozo logrando abrirla.

Sumando también a un joven de nombre Federico Torres quien contaba haber sufrido prácticamente la misma suerte que nosotros siendo detenido sin justificación en la vía publica, a él también le respondieron riéndose que entró por ebriedad.

Por último, aclarar que la mayoría de los efectivos policiales no estaban identificados y particularmente uno de ellos se cambiaba la identificación a propósito. Cuando controlaban los alimentos que le llevaban a los presos un agente revisaba las bolsas como corresponde, pero aprovechaba y se robaba los cigarrillos y se los fumaba en la guardia.

Al salir del lugar sufrí una fuerte crisis nerviosa por lo que tuve que ser auxiliado y llevado a un hospital.

Esta mañana con Alexis hicimos la correspondiente denuncia ante Asuntos Internos y el Tribunal de Conducta Policial de la provincia en contra todos los efectivos de dicha guardia. A posteriori realizaremos la denuncia penal por “Privación Ilegitima de la Libertad”.

Estos son los supuestos guardianes de la sociedad, unos sinvergüenzas, cara duras, prepotentes, violentos, agresivos y cobardes que se creen que van a poderse manejar con total impunidad toda su vida y están muy equivocados.

Estos supuestos policías solo manchan el buen honor de aquellos que desempeñan su función con total profesionalismo y ética. Espero la justicia actué como corresponde y tengan el castigo que se merecen por que tuvieron actitudes verdaderamente de criminales.

Es totalmente repudiable e indignante la aberrante situación la cual me toco vivir a mí y a varios más esa mañana. Así se manejan estos efectivos pertenecientes a la comisaría de Jesús María.

Comprometo públicamente al Mayor Walter Álvarez Director de la Unidad Regional Departamental Colón a que tome cartas en el asunto de manera urgente y que vele por la seguridad y el resguardo de la sociedad en general. Además lo hago público para advertir por si algo me pasara luego de esta denuncia ya que temo por mi integridad.

Esta es la primara vez en mi vida que ingreso a una comisaría de esta manera ya que no tengo ni un solo antecedente policial, en contraste ustedes saben muy bien que siempre he estado del lado de la justicia, al punto tal que yo mismo he radicado varias denuncias por algunos hechos que me han sucedido anteriormente con algunos personajes de este pueblo.

Quiero agradecer todos los gestos de solidaridad y cariño que he recibido por parte de amigos, colegas y lectores de mi diario por la situación vivida, creo que ustedes me conocen bien y saben de la forma en que me manejo en la vida.

Esta es solamente una imagen ilustrativa pero no está para nada lejos de la realidad del accionar policial de estos policías de la comisaría de Jesús María.

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Argentina, Córdoba: La pauta de cómo se manejará la pauta

Adrián Camerano (PRENSA RED)

Los ediles oficialistas desregularon lo que nunca estuvo de verdad regulado, y con vidriosos “argumentos” apenas blanquearon una situación gris, que estaba pendiente de resolución.

La desregulación de la publicidad oficial tuvo un lugar privilegiado en los primeros pasos del flamante gobierno municipal de Alta Gracia.

Los representantes del intendente justicialista Walter Saieg en el deliberativo local derogaron a fines de diciembre la ordenanza N°7647, que desde 2006 regulaba –más en el papel que en la práctica- el otorgamiento de pauta a los medios de comunicación en sus diferentes soportes.

Mejorable, como todas, la norma nunca fue aceptada por el ex jefe comunal Mario Bonfigli (UCR), y en todos estos años su implementación encontró más escollos que oportunidades.

Puede al respecto señalarse como dificultad la escasa repercusión del tema en el habitante de a pie -pese a que incide sobre el derecho humano a la información y a la comunicación -, la oposición prácticamente natural de quienes tienen a cargo la gestión de los recursos, y aún la resistencia de emprendedores del sector, ante una ordenanza que, entre otros aspectos, obligaba a registrar empleados informales.

Los ediles oficialistas desregularon lo que nunca estuvo de verdad regulado, y con vidriosos “argumentos” apenas blanquearon una situación gris, que estaba pendiente de resolución.

Claro que debía resolverse de otra manera: no existen atenuantes para una decisión que va a contramano de derechos fundamentales y de los avances que en la materia se han venido registrando en todo el país.

En minutos, la ciudad del Tajamar pasó de ser citada en la materia, a borrar de un plumazo una norma señera y necesaria de réplica en los ámbitos de la provincia y la nación, complemento reclamado de la celebrada Ley de Medios Audiovisuales.

A esta altura de los acontecimientos no tiene demasiado sentido explicar que en 2006 el justicialismo apoyó la ordenanza que ahora deroga, y que la UCR que ahora la defiende nunca la implementó, siendo gobierno. Sí es menester reiterar la preocupante falta de debate y de argumentación.

Por caso, cabe citar la voz oficial de la derogación, el edil Iván Poletta (UPC), para quien era necesario dar de baja la norma porque “los medios deben ser libres más allá de la entrega o no de publicidad oficial” (1).

Introducida a último momento en el orden del día, la derogación de la primera norma de regulación de publicidad oficial a nivel país puede marcar la pauta de cómo manejará la pauta una administración comunal amiga de los golpes de efecto y gobernante con encuestas en mano.

Mientras otras ciudades de la provincia discuten por estos días normas similares, Alta Gracia retrocedió en el tiempo y dejó abierta una puerta a la vieja práctica de la discrecionalidad y los premios y castigos.

Adrian Camerano es periodista, docente. Monitor del Programa de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (2006-2008), ex Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Tierra del Fuego (2007-2009).

Nota:
1- Dichos atribuidos al edil oficialista Iván Poletta (www.diariotortuga.com).

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Argentina, Chaco: Documento del Centro Mandela. Proyecto saudí: "Más concentración y extranjerización de la tierra pública"

CHACO DIA POR DIA

La entidad civil, en un crítico documento, sostiene que el proyecto de entendimiento de Chaco con la empresa saudí Al-Khora yef, constituye "una auténtica situación de emergencia por las locuras de un gobierno que está de paso y que acosa el ambiente".

Con el título "Por más concentración y extranjerización del uso de la tierra pública de Chaco", firmado este martes 17 de enero por el Centro de Estudios "Nelson Mandela" de Resistencia sostiene:

"En octubre de 2010 Capitanich insinúo que proyectaría una millonaria inversión en El Impenetrable, bajo un sistema de arrendamientos que comprendería 221.000 hectáreas de tierras públicas para desarrollar un proyecto agroalimentario con el grupo saudí Al-Khora yef, que en la primera etapa invertiría 400 millones de dólares. El anuncio comprendió la posible localización del emprendimiento en el triángulo constituido por Comandancias Frías, Fuerte Esperanza y Taco Pozo.

El 22 de febrero de 2011el gobernador firmó un memorándum de entendimiento con la firma Al-Khora yef Group Company (AGC), representada por José F. Tomas y Siasa latinoamericana (SIASA), encabezada por Daniel Tardito, CEO de Eduardo Eurnekian, uno de los grandes terratenientes del Chaco, con aceitadas relaciones con el actual y con los anteriores gobiernos. AGC figuró como empresa diversificada, aunque sin experiencia ni antecedentes en explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales. Pese a ello, sería el desarrollador del emprendimiento.

Fijó su domicilio en la Caja 305 del Correo de la ciudad de Riad, Arabia Saudita. SIASA se presentó como agrupadora managers, recientemente inscripta en el registro de comercio de Tigre, sin movimiento comercial para entonces. El objetivo del emprendimiento consistiría en desarrollar, llave en mano, una explotación agrícola en aproximadamente 40 mil hectáreas de tierras públicas. La producción se entregaría monopólicamente al Reino de Arabia Saudita, para la seguridad alimentaria de su población. A través de un préstamo a la provincia del Chaco, que debería ser garantizado por la República Argentina, se financiaría la realización del estudio de viabilidad del proyecto, cuya ejecución se costearía con fondos que se obtendrían del Banco Saudí de Desarrollo. Estos fueron los puntos más salientes del memorándum de entendimiento.

Un emprendimiento temerario

De concretarse el proyecto inevitablemente se desvirtuarán y se desnaturalizarán las pautas de administración de tierras fiscales previstas por la Constitución Provincial (CP), por la ley 2913 y su modificatoria 4133. El art. 42 de la CP regula todo lo relacionado con la propiedad, el uso y la explotación de las tierras fiscales, incluso las ociosas, estableciendo las unidades económicas de tipo familiar, la explotación directa y racional de la tierra a exclusivo cargo del propio adjudicatario, la entrega y adjudicación preferencial a los aborígenes, a ocupantes, a pequeños productores y a sus descendientes, como también a cooperativas y entidades intermedias sin fines de lucro. O sea que la Constitución descarta la entrega del uso y de la explotación de las tierras en latifundios.

El art. 43 regula todo lo relacionado con las adjudicaciones, como también las excepciones, destacándose que no se deben adjudicar tierras públicas a las sociedades mercantiles. Desde este postulado es que el arrendamiento latifundista de tierras públicas al grupo saudí, si se concretara, significará lisa y llanamente una grave contradicción ante la letra muy clara y al espíritu muy preciso de nuestra Constitución, aún cuando en el futuro se quiera usar avales en leyes y decretos a sancionarse.

A su vez, el art. 44 protege el bosque nativo chaqueño, que es lo mismo que decir que protege el suelo y la biodiversidad, que en buen romance implica defender las tierras públicas bajo un concepto integral. Por lo tanto, el proyecto de inversión del fideicomiso árabe tampoco parece sustentable si tomamos en cuenta que para su ejecución se deben desmontar miles de hectáreas en una zona de biodiversidad extremadamente frágil, además de que por su futura localización afectará a muchas familias que habitan desde hace décadas en tales territorios, que resisten en base a una economía de subsistencia.

Extranjerización del uso de las tierras públicas por adjudicaciones encubiertas.

En la cuestión relacionada con los anuncios que efectuó el gobernador para avanzar en el emprendimiento agrícola-ganadero-forestal con la empresa saudí, la duda más concreta se concentra en la localización del referido megaproyecto. Hasta hace poco se manejaba la idea de que se ubicaría en cercanías de Las Hacheras, 30 Km. al norte de Miraflores, aguas debajo de La Fidelidad. Sin embargo, ahora se baraja la posibilidad de que se localice en el Interfluvio, luego de la punta norte-oeste de La Fidelidad, aguas arriba de esa legendaria Estancia que tiene destino de parque nacional, de manera que el proyecto -si se concretara- afectará ambientalmente cualquier programa de preservación del extraordinario e inigualable capital de biodiversidad allí existente, además de perjudicar a los pobladores de la zona que están arraigados allí desde hace varias décadas. Son los norteños, minifundistas y pequeños productores, dedicados fundamentalmente a la cría de ganado caprino, con majadas de ochenta a cien madres en cada caso y pocos animales altos.

La segunda duda consiste en la extensión del posible emprendimiento, repitiéndose el gobierno en la estrategia de difundir información con impresiones o vagamente, violando el deber de certeza que debieran respetar todos los gobiernos. Así fue que manejaron distintas superficies, como expresión concreta de una forma poco seria de comunicación institucional. Últimamente el gobernador señaló una proyección de 400 mil hectáreas de tierras fiscales que entregaría a la empresa saudí, que en el caso de ser cierto pondrá en evidencia la alocada política que confusamente pretenden implementar para desarrollar la producción primaria. Entonces, y suponiendo que la información fuera cierta, el mega emprendimiento se extendería desde La Fidelidad hasta la localidad llamada Wichí. Un claro disparate con el pretexto de fomentar la política de expansión de la frontera agropecuaria, ganadera y forestal.

Es claramente temerario encarar el proyecto saudí

Es una verdadera locura. Para ponerlo al descubierto, basta con tener en cuenta el mapa de uso de suelos del Chaco, inconcluso pero revelador. En la zona que se habría escogido predomina los suelos Clases VI y VII, que no son aptos para la agricultura. A este factor determinante, se suma la extrema heterogeneidad de los suelos en cortas distancias. Una de las personas que más ha trabajado este tema da un ejemplo magnífico que refleja apropiadamente la heterogeneidad de estas tierras; siempre menciona que se ven simbólicamente reflejadas a través de "una feta de mortadela". Esta falta de homogeneidad de los suelos desanimó a australianos, israelíes, franceses y grupos económicos de varias nacionalidades que vinieron a evaluar el territorio y volvieron a sus lugares convencidos de que no se puede realizar producción agrícola a escala en El Impenetrable.

A las limitaciones de los suelos, se agregan las altas temperaturas de los períodos de campañas agrícolas, que en los días más cálidos implican temperaturas superiores a los 60º, cuando el sol está a pique, que cocina cualquier vegetal. A su vez, las lluvias anualizadas se concentran dos veces durante un par de semanas, con un promedio anual muy bajo en los últimos cincuenta años. Por último, las ondulaciones o desniveles existentes en toda la zona que se habría escogido, por el predominio de albardones y madrejones también se oponen a cualquier práctica agrícola a gran escala, además de impedir o dificultar la implementación de un sistema de riego artificial para la explotación proyectada. Es absolutamente impensado que se realice una tarea de nivelación en miles y miles de hectáreas de las 400 mil que anunció el gobernador, que además de ser casi imposible por los costos económicos, implicaría no solamente desmontes masivos sino un desarrollo ambiental fuertemente negativo e irreversible porque el Interfluvio tiene un funcionamiento muy particular, sobretodo en su red hídrica estacional, que se vería absolutamente dañada, con lo que el gobierno efectuaría aportes sustanciales para el cambio climático negativo que se encuentra en plena marcha, que ya no niegan ni discuten aquellos que militan en el productivismo a escala, con grandes inversiones.

Las locuras y las consecuencias sociales y ambientales

En apariencia, el proyecto viene impulsado con una prédica bastante bien organizada porque difunden que los capitales saudíes efectuarían grandes inversiones en obras de infraestructura, no solamente camineras y energéticas, sino también para la provisión de aguas para dotar de riego artificial a la producción agrícola. Esto encaja y entusiasma al gobierno en la tarea de impulsar la alocada política del gobierno en materia de producción a escala, con supuestas grandes inversiones, sin importar el origen de los recursos, la mecánica y consecuencias de los procesos de producción, el trabajo, el destino de los bienes y, por último, de las riquezas generadas que terminan por quedar en muy pocas manos porque no se distribuirán entre los chaqueños dado que se trata de un negocio integrado, que excluye la mano de obra, salvo el trabajo menos calificado, tradicionalmente muy mal pagos en nuestra provincia, en mayor medida en El Impenetrable, donde predomina el trabajo esclavo.

Sin embargo, debemos comprender que este proyecto financiero, económico y productivo será de corto plazo, de carácter netamente extractivo y predador, con costos sociales y ambientales irreversibles, de tal modo que no nos beneficiaremos con el prometido proceso de capitalización que se ha anunciado y los chaqueños no seremos favorecidos porque el modelo agrotecnológico que se aplicará no contempla la contratación de mano de obra calificada e intensiva. Además, cuando la empresa saudí nos devuelva los predios fiscales, en realidad nos restituirán lo que queda de las tierras sobre explotadas, sin la protección del monte nativo, de manera que inevitablemente se degradarán aún más hasta la desertificación del territorio, salvo que en el futuro se encaren procesos muy costosos de remediación, con recursos públicos.

Retomando el tema de La Fidelidad, que por cierto no viste de verde al gobierno local, debemos señalar que de concretarse el emprendimiento saudí también afectará el ecosistema de la Estancia, o sea que ésta quedará afectada salvo que miremos el fenómeno desde la visión cerrada que tiene el gobierno chaqueño, que predica las externalidades liberales y no entienden o niegan los riesgos y daños en los entornos ambientales.

Si al mega emprendimiento saudí sumamos la ubicación geográfica del saldo maderable que el gobierno perfiló a través del anunciado Inventario Forestal 2011, que resumidamente significa que la madera que queda para explotar se encuentra en El Impenetrable, debemos necesariamente concluir que en pocos años colapsará el sistema existente en el zona, que en realidad es definidamente frágil por sus condiciones naturales. Todo esto permitiría plantear la hipótesis de una situación concreta de expropiación ambiental, de jerarquía superior al saqueo porque supone el ejercicio pleno del dominio del ecosistema, que incluye la tierra pública y la privada. Así ingresaríamos a una autentica situación de emergencia por las locuras de un gobierno que está de paso, que acosa el ambiente y ataca y hostiga el saldo existente de biodiversidad.

Por si fuera poco, los explotadores forestales cuentan con los privilegios derivados del decreto 2249, de contenido absolutamente irregular, que permite a cualquier ocupante explotar el monte nativo chaqueño en tierras fiscales, sin ningún tipo de control por parte del Instituto de Colonización. Por este decreto se están cometiendo verdaderos desastres ambientales. Si sumamos los desmontes truchos autorizados por la Dirección de Bosques con el pretexto de combatir las invasoras (fachinales), más los cambios de usos de suelos que se han autorizado como un verdadero festival durante el 2011, que han involucrado suelos Clase VI, de la serie Capdevila, fundamentalmente en el eje Charata y Pinedo, componemos un cuadro de situación que antecede inmediatamente a los ambientes estragados, producto de la descontrolada expansión de las fronteras agropecuaria y ganadera. Es que toda la estructura del Ministerio de la Producción está atravesada por la corrupción y actúa como comercializadora de los recursos naturales, abierta y desembozadamente.

Los diputados chaqueños tienen la palabra. De nuestros legisladores depende que se avance o no en el temerario proyecto que puede general el colapso del frágil ecosistema existente en El Impenetrable. Esta vez se trata del Interfluvio, que es el único gran humedal de la región. Si fracasan, será la hora de los jueces. En todos los casos dependerá de la presión social. Así ocurrió en Río Negro con el proyecto de entendimiento celebrado entre el gobernador Miguel Ángel Saiz y los chinos, frenado por la decisión de un juez que hizo valer las leyes y la Constitución".

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Argentina, Entre Ríos: Descarrilló el tren que suple al Gran Capitán

CRONICA FERROVIARIA - MOMARANDU

El tren de pasajeros que opera la empresa Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA) que reemplazó al servicio del “Gran Capitán” que unía Buenos Aires con Misiones, descarrilló en la provincia de Entre Ríos en lo que representó el primer accidente tras la caída de la concesión de la anterior empresa TEA.

El servicio opera entre Pilar (Provincia de Buenos Aires) y Apóstoles (Provincia de Misiones), y tras partir de Misiones y llegar en inmediaciones de la estación Urdinarrain (Provincia de Entre Ríos), la formación de coches motores sufrió un descarrilamiento sin tener que lamentar víctimas ni heridos entre los pasajeros.

Los motivos del descarrilamiento todavía no se saben, puede ser por el mal estado de la infraestructura de vía, por la dilatación debido al intenso calor reinante en la zona, por un problema en los coches o por exceso de velocidad, aunque la dilatación de las vías por el calor es hipótesis más firme.

Los pasajeros continuaron su viaje en otro tren, llegando el auxilio de la empresa ALL para poner en condiciones la formación que continuó su marcha horas más tarde.

Se trata éste del primer incidente desde que se quitó la concesión a la empresa TEA que comandaba el servicio conocido como Gran Capitán.

El Estado provincial de Corrientes a través del decreto Nº 3010 del día 15 de diciembre de 2011 había depuesto la concesión a la Empresa TEA que prestaba este servicio por incumplir con el orden público en materia de seguridad ferroviaria sometiendo a los ciudadanos a un riesgo permanente.

Ahora dicho servicio lo cumple la empresa TBA. Los trenes salen y llegan desde Pilar y no de Federico Lacroze (Capital Federal) como lo hacían antes, sólo una vez por semana.

Además no transporta la cantidad de gente que lo hacía la empresa TEA con el reconocido tren "El Gran Capitán" (2 servicios semanales), que para esta época la formación estaba integrada por 15 vehículos llevando en su interior más de 800 personas por viaje, contra la capacidad actual de 200 pasajeros.

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Pueblos Originarios Argentinos: ¿Violación de DDHH por siempre?

Mara Puntano (COPENOA)

La Comunidad indígena formoseña La Primavera amenazada por alta tasa de mortalidad de sus mujeres y niños es una muestra del estado de muchos pueblos originarios de la Argentina que luchan y resisten por no desaparecer ante la indiferencia de gobiernos provinciales y el nacional. Discursos y presupuestos millonarios pretenden tapar esta triste realidad.

Las cifras de mortalidad materna e infantil de la provincia de Formosa son las más altas de la Argentina.

Para comprender la gravedad de la situación sólo basta analizar estas cifras : 1.- La tasa de mortalidad infantil en la ciudad de Bs As es de 7,0 y en Formosa es de 17,8. El promedio del país es de 11,09.

2.- La tasa de mortalidad materna en la ciudad de Bs As es de 0,9 y en Formosa es de 16,2. El promedio del país es de 4,4.

“¿Por qué mueren 16 veces más las madres formoseñas que las madres de la ciudad de Bs As ? ¡Además en los últimos tres años la tasa de mortalidad materna fue aumentando! En el 2008 fue de 11,5, en el 2009 de 15,0 y en el 2010 de 16,2.Dentro de este cuadro dramático son los indígenas quienes sufren la peor situación sanitaria. Muchas mujeres indígenas temen ir a parir a los hospitales no sólo por el mal trato sino porque muchas veces les dicen que sus hijos fallecieron y vuelven a nuestras casas sin nada. Ni acta de defunción nos quieren hacer, relata con indignación e impotencia Félix Díaz.

“La mayoría de las comunidades no contamos con salas de primeros auxilios, los médicos con suerte vienen una vez a la semana, no hay medicamentos para nosotros, no hay agentes sanitarios indígenas como dicta la ley. Si nombran a algún indígena son punteros políticos para aparentar. ¡Todo se hace para aparentar!. No hay capacitación ni formación en serio. No fumigan las casas contra la vinchuca y por eso muchos de nosotros tenemos Chagas.” Agrega con dolor el Cacique Félix Díaz.

“Nosotros los indígenas además padecemos la discriminación diaria en los hospitales sencillamente por ser indígenas. Sin embargo, cuando llegan periodistas a nuestra provincia o a nuestra comunidad recorren el circuito que les muestra el gobierno provincial: escuelas, hospitales nuevos y entrevistan a punteros políticos indígenas, a médicos y directores de escuelas (todos empleados del gobierno) que hablan maravillas de la provincia. Una vez más y con mucha preocupación informamos que las tasas de salud son las peores del país, eso es discriminación. Pero no sólo eso, como demuestra el cuadro que presentamos también la mortalidad en todas las edades en nuestra provincia es alarmante .¿Cómo puede ser que ocurra esto en una provincia donde la Nación viene invirtiendo fuertemente en obras? Donde se inauguran, costaneras, rutas, estadios, escuelas y donde hay un hospital de avanzada según nos explican. Presentamos las propias cifras que elabora el Gobierno Nacional. Son cifras del Ministerio de Salud de la Nación.” La Asociación de Médicos de la República Argentina viene denunciando esta situación. No sólo las tasas horrorosas sino el estado del sistema sanitario de la provincia en general. Un Informe televisivo puso al descubierto cómo conviven los pacientes de un hospital formoseño con cientos de cucarachas. La información completa se encuentra en la página web del Ministerio de Salud, Dirección de estadísticas e información en salud, Anuario 2010:

“Ojalá las autoridades nacionales comiencen a hacer algo frente a esta dramática situación que padecemos” son las palabras que reflejan el deseo y la esperanza del cacique de una comunidad que lucha cada día por su supervivencia en la Argentina que sigue violando los derechos humanos de sus originarios.

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La CTA exige aumentos salariales del 30%

ACTA

La Central de Trabajadores de la Argentina que conduce Pablo Micheli salió al ruedo a plantear su reclamo de recomposición salarial. Se diferenció de la fracción kirchnerista, que pidió un 25%. Exige aumentos del 30% acordes con el nivel inflacionario, participación en las ganancias empresarias y mejoras en las condiciones de salud y laborales de los trabajadores.

"Las negociaciones no pueden ubicarse por debajo del 30% de incremento salarial a fin de sostener el poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida por la inflación", consideró el secretario adjunto de la CTA, Ricardo Peidro.

La CTA justificó su exigencia del 30% debido a la inflación (consideran que en 2011 fue de un 25%). Además, a través de un comunicado, sugirió tratar el reparto de las ganancias empresariales entre los trabajadores y pidió por una ampliación de los derechos laborales.

Según los números que difundió la Central en un comunicado, consideran que la inflación durante el último año fue de 25 por ciento. La base del incremento "siempre debe ser el costo de vida de los trabajadores en nuestro país", explicaron.

La declaración firmada por el secretario general de los Visitadores Médicos y secretario adjunto de la CTA, Ricardo Peidro, sostuvo que las negociaciones deben apuntar a la recomposición del poder adquisitivo y que la base del incremento “debe ser el costo de vida de los trabajadores”.

Y agregó que “en cada sector industrial y privado es preciso tener en cuenta la participación en las ganancias empresarias de los propios trabajadores, no sólo para recomponer poder adquisitivo, sino para mejorar la calidad de vida”.

La CTA destacó "tres componentes centrales" en las futuras discusiones:

* La recomposición salarial frente a la inflación del 25%.

* En cada sector industrial y privado hay que tener en cuenta la participación en las ganancias empresarias de los propios trabajadores.

* Que se incorporen mejoras en las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores en términos de ampliar derechos laborales y el cuidado del trabajador, finalizó la Central.

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Argentina, Santiago del Estero: Picana y "submarino seco": otra vez el país podría ser condenado por el suplicio de dos mendocinos

Asociación Pensamiento Penal - MDZOL

Nuevamente las cárceles nacionales se colocan en la mira internacional por incumplir con los tratados internacionales. Esta vez se debe a las detenciones arbitrarias de dos mendocinos en Santiago del Estero que esperan una resolución desde hace más de tres años. Además, denuncian que durante este tiempo han recibido toda una serie de golpes y torturas por parte del personal policial.

Una vez más, la República Argentina se encuentra en condiciones de ser condenada por organismos internacionales por graves violaciones a los derechos humanos de personas sometidas a proceso penal. En este caso, dos mendocinos aguardan desde hace tres años que la Justicia santiagueña se expida sobre sus casos.

Todo parte de la privación arbitraria de la libertad que vienen sufriendo Marcelo Santiago Tello Ferreyra e Iván Andrés Bressan Anzorena en la provincia de Santiago del Estero, imputados por el homicidio del colombiano Michel Agudelo Córdoba, ocurrido el 19 de marzo de 2007 en la localidad de Añatuya.

Bressan Anzorena fue detenido el 27 de marzo de 2008, mientras que Tello Ferreira, el 13 de mayo del mismo año. Ambos fueron apresados sin que mediara orden escrita y fundada de un juez que así lo dispusiera y mantenidos en estado de incomunicación, sin permitírseles mantener contacto con familiares o abogado defensor, durante siete días en el primer caso, y doce días en el segundo.

Durante el período de incomunicación, y con posterioridad al mismo, Bressan Anzorena y Tello Ferreyra fueron objeto de toda clase de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la fuerza policial. Bressan Anzorena, que permanece alojado en la cárcel de la localidad de Pinto, recibió golpes en todas partes del cuerpo, la colocación de bolsas de plástico en la cabeza para producir asfixia (el recordado "submarino seco"), se le aplicó corriente eléctrica en los testículos y las piernas y se le provocó el desprendimiento de la mandíbula por los golpes recibidos, todo lo cual fue debidamente certificado. Mientras que Tello Ferreyra, que está en la cárcel de Santiago del Estero, también recibió golpizas y permaneció alojado doce meses en un sótano, sin ventilación ni luz natural. Las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de que fueron objeto los nombrados no han sido investigadas, a pesar de haber sido denunciadas.

Ambos se encuentran privados de la libertad desde hace más de tres años y medio sin que se les haya realizado un juicio y, consecuentemente, sin que se haya dictado una sentencia que dilucide su participación y responsabilidad en el hecho que se les atribuye, lo que a todas luces aparece como una dilación indebida y una grave violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Además, la prisión preventiva que sufren los nombrados se ha transformado en un anticipo de pena ya que se excede con holgura cualquier fin cautelar que se pudiera invocar.

La situación precedentemente narrada configura una clara violación a elementales derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos, de los que la República Argentina es tributaria y se ha comprometido a respetar y hacer cumplir.

Por esto, el caso ya ha merecido la atención del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Naciones Unidas, que el 17 de noviembre de 2011 aprobó la Opinión 52/2011 por la que determinó que la privación de la libertad que sufren estos hombres es arbitraria, reclamando al Estado argentino el cese inmediato de la misma y la investigación de las torturas sufridas.

Las autoridades judiciales santiagueñas han hecho caso omiso a los numerosos hábeas corpus deducidos y pedidos de excarcelación, encontrándose la causa con una nueva prórroga a los fines investigativos.

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Nueva justicia inicia ventilación de causas acumuladas en Bolivia

PL

Los magistrados suplentes del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia comenzarán a resolver desde hoy las ocho mil 840 causas pendientes acumuladas del antiguo Poder Judicial, proceso para el cual tienen tres años de plazo.

Pastor Mamani, miembro de la Sala Penal Segunda, precisó que los abogados liquidadores se ocuparán de los expedientes que llegaron al Tribunal hasta el pasado 31 de diciembre, en tanto que todas las causas recibidas desde el 3 de enero último serán tratadas por los magistrados titulares.

Mamani aseguró que se cuenta con todas las facilidades para desarrollar la labor, así como los profesionales asistentes que apoyarán en la eliminación de esta carga procesal.

El nuevo sistema de justicia, elegido mediante el voto del pueblo, debe dar curso a numerosos casos varados durante años por la anterior jurisprudencia, que rigió durante 186 años signada por la corrupción, el retardo de los procesos y los privilegios de clase y de raza.

Ante una de las reformas más profundas de la revolución democrática y cultural, Bolivia se convirtió en 2011 en el primer país en elegir por el voto popular a sus máximos administradores de justicia, tras inéditos e históricos comicios del órgano judicial en octubre pasado.

El 80 por ciento de los más de cinco millones de votantes inscritos eligió a los nuevos 56 magistrados titulares y suplentes de los Tribunales Constitucional, Supremo de Justicia y Agroambiental, así como el Consejo de Magistratura.

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Chile con estrategia de fondo en la Antártida

Tania Peña (PL)

El periplo del presidente Sebastián Piñera, junto a su homólogo uruguayo, José Mujica, por la Antártida trascendió sobre todo por la transparencia con que Chile expuso sus pretensiones territoriales en el continente blanco.

"Confirmamos el interés de fortalecer nuestra presencia aquí, para que Chile, como fundador del Tratado Antártico y el país con el territorio más cercano a este continente, desarrolle con plenitud sus deberes y sus oportunidades en este continente del futuro", dijo Piñera el pasado fin de semana.

El mandatario reiteró el interés de su país en materia de soberanía en relación con la Antártida y anunció, sin cortapisas, que su gobierno estudia cómo inaugurar una nueva base en ese gélido punto del planeta.

Las declaraciones del jefe de Estado tuvieron lugar al visitar la base naval Capitán Arturo Prat, situada en la isla Greenwich y donde especialistas chilenos cumplen funciones de observación sinóptica de la superficie de día y noche.

Piñera precisó que encargó a su ministro de Defensa, Andrés Allamand, hacer los estudios para encontrar la ubicación óptima de la base.

Adicionalmente a ese propósito, explicó que un segundo eje de su administración es potenciar las australes ciudades de Punta Arenas y Puerto Williams como puertas de entrada hacia el continente antártico con una óptica de fortalecimiento de la actividad turística.

Añadió que La Moneda trabaja además en la revisión de la legislación antártica con el fin de favorecer sus objetivos de penetración en esa área geográfica.

La nueva base en el Círculo Polo Antártico se sumaría a las que ya dispone Chile, identificadas como Arturo Prat, O'Higgins, Pedro Aguirre Cerda, González Videla y Eduardo Frei, ésta última la más importante y emplazada en la Isla Rey Jorge.

Precisamente la base aérea Presidente Frei, fue la primera escala de Piñera y Mujica en su viaje al gélido territorio, área desprovista de hielo situada en la península Fildes.

De ahí partieron los dignatarios a la Gobernación Marítima de la Antártida donde se encuentra la Capitanía de Puerto "Bahía Fildes" de la Armada de Chile, en funcionamiento desde el 26 de octubre de 1987 como capitanía de puerto estival y como base permanente desde octubre de 2005.

Concluyeron su jornada sabatina en la Base Escudero del Instituto Antártico, ubicada a un kilómetro de la base Presidente Frei y utilizada fundamentalmente para la investigación.

Sin embargo, lo más relevante del inusual fin de semana para la agenda mediática no fueron los lugares visitados por los dos jefes de Estado, ni tampoco la fatal coincidencia del viaje con dos fuertes temblores en la Antártida, sino el desembozado modo con que La Moneda señaló que Chile "debe ejercer un liderazgo" en relación con el helado continente.

"Vamos a aprovechar este viaje para profundizar el compromiso, la misión y la tarea que Chile tiene con la Antártida", reiteró Piñera.

En el contexto de la Cuadragésima Novena Reunión del Consejo de Política Antártida que encabezó Piñera en esta capital a comienzos de este mes, el canciller chileno, Alfredo Moreno, adelantó que su país tiene bases en la referida área, pero todas ellas fuera del Círculo Polar Antártico.

Al respecto, había manifestado que se estaba viendo cómo usar alternativas para lograr una "penetración más adentro" del gélido continente.

La explícita pretensión engarza con el histórico reclamo de Chile de un millón 250 mil 257 kilómetros cuadrados de la Antártida a partir de consideraciones históricas, jurídicas y geográficas.

El territorio reclamado abarca las islas Shetland del Sur, la península Antártida e islas adyacentes, la isla Alejandro I, la isla Charcot y parte de la Tierra de Ellsworth, entre otras.

Chile ya posee siete bases en la Antártida y es uno de los 28 estados consultivos del Tratado Antártico, firmado en 1959 y en vigor desde 1961 y que regula aspectos sobre la libertad de investigación, defensa medioambiental, no proliferación nuclear y preservación pacífica de la Antártida.

Tal convenio prohíbe nuevas reclamaciones mientras dure el tratado, que tiene una vigencia indefinida.

Subraya, además, que ninguna actividad que se realice durante su vigencia puede servir para fundamentar una reclamación de soberanía territorial.

De hecho, el tratado establece que la Antártida es Patrimonio de la Humanidad y que los países firmantes tienen derecho a establecer bases con fines científicos (biología marina, sismología, vulcanología, etc.)

En cuanto a los litigios sobre reclamaciones de países, el Tratado Antártico los deja congelados, asegurando a cada nación firmante un statu quo por el tiempo que sea rector el documento.

En el continente antártico, remarca el texto, prevalecerán los estudios con fines pacíficos y no se pueden hacer ensayos nucleares, ni de guerra, ni dejar desechos tóxicos.

Piñera, que definió la estrategia de su gobierno como una "política de Estado", realzó que la Antártida es "el más importante vivero de la biodiversidad" y una de las más grandes reservas de agua dulce del mundo.

El tema por añadidura no resulta indiferente en medio de la geopolítica mundial y del convulso escenario en que vivimos.

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