viernes, 20 de enero de 2012

El dominio imperial de las transnacionales

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

El mundo contemporáneo es, sin duda alguna, víctima de una expoliación global planificada, cuyos antecedentes se pueden rastrear en la última década del siglo pasado, teniendo como primer escenario las naciones endeudadas de nuestra América.

Desde entonces, los grandes centros de poder -manejados por quienes integran las grandes corporaciones transnacionales, siendo el caso más representativo el gobierno de George W. Bush, cuyos miembros provenían de las nóminas de algunas empresas petroleras- han impuesto sus condiciones a casi la totalidad del planeta, en un juego que pretende salvar las economías en crisis a cambio de concesiones que, en la práctica, significan hipotecar la soberanía y el futuro de muchos países. En todo ello, los grandes ganadores son las transnacionales, a tal punto que se han dado el lujo de colocar directamente en el poder en algunos países de Europa a personeros formados bajo sus directrices.

Esta situación coloca al planeta en un escenario de alta conflictividad social, como ha quedado evidenciado suficientemente con el movimiento de los indignados, tanto en Europa como en Estados Unidos, lo que da cuenta de las consecuencias desfavorables que tienen en las personas las medidas adoptadas por sus gobiernos en beneficio de los intereses de las grandes corporaciones. En este caso, ya poca gente da cuenta de los beneficios inherentes al capitalismo, pero tal cosa no significa que exista aún una conciencia revolucionaria que postule al socialismo como su contrapartida. Quizás ello pueda derivar más tarde en una lucha social que vaya transformando en política, cuestión ésta que pretende minimizarse alegando que son ajustes necesarios que se deben implementar para rescatar y consolidar las economías nacionales en bancarrota, quedándole a los ciudadanos la amarga convicción de ser manipulados por los grupos empresariales en connivencia con el estamento gobernante.

Ya en nuestra América la experiencia neoliberal demostró que a los empresarios sólo les importa disponer de mecanismos flexibles para la obtención segura y a corto plazo de mayores ganancias, dejando en la intemperie -literalmente- a familias enteras, cuyos ingresos económicos rozan los niveles de sobrevivencia. Esto se ha extendido a otros continentes, siendo ya una situación común en todo el mundo, asignando al sector privado de la economía un papel destacado como agente del desarrollo de cada país en llave con sus gobiernos, en lo que algunos han llamado capitalismo inclusivo, capitalismo real y, hasta, capitalismo popular, buscando hacer menos visible el carácter depredatorio y anti-ecológico de tal sistema. Como lo hace ver C.K. Prahalad, en su libro La fortuna en la base de la pirámide: Cómo crear una vida digna y aumentar las opciones mediante el mercado, “el compromiso activo de las empresas privadas con la base de la pirámide es un elemento esencial para la creación de un capitalismo incluyente en la medida en que la competencia del sector privado por dicho mercado fomenta la atención hacia los pobres como consumidores y crea opciones para ellos”. Ésta es la esencia real de tal preocupación empresarial: disponer de un mercado de consumo. Allí no entra ninguna otra consideración, así se esté a las puertas de un gran cataclismo mundial, como parecen estar animadas a provocarlo las transnacionales que controlan la economía global, en su empeño por tener en sus manos los recursos estratégicos de cada nación y obtener grandes ganancias, como lo han estado haciendo en los países árabes invadidos por el imperialismo gringo y sus aliados en las últimas décadas.

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Estados Unidos: La inversión en política

Alberto Ampuero (especial para ARGENPRESS.info)

Para el intelectual Noam Chomsky las elecciones en Estados Unidos son montajes espectaculares (extravagancias), conducidos por la enorme industria de las relaciones públicas que floreció hace un siglo en los países más libres del mundo, Inglaterra y Estados Unidos, donde las luchas populares habían ganado la suficiente libertad para que el público ya no tan fácilmente fuera controlado por la fuerza. Entonces, los arquitectos de las políticas públicas (las instituciones financieras y las corporaciones) se dieron cuenta de que iba a ser necesario controlar las actitudes y las opiniones. Uno de los elementos de la tarea era controlar las elecciones.

Es la teoría de la inversión en política, desarrollada por el economista político Thomas Ferguson, la cual considera que las elecciones son la ocasión para que grupos de inversionistas se unan con el fin de controlar el Estado, en esencia comprando las elecciones.

A diferencia del régimen clerical de Irán, donde los candidatos requieren la aprobación de los clérigos imperantes; en sociedades libres, como Estados Unidos, son las concentraciones de capital las que aprueban candidatos y, entre quienes pasan por el filtro, los resultados terminan casi siempre determinados por los gastos de campaña.

Lo que quedaba de democracia política fue socavado aún más cuando ambos partidos (Demócratas y Republicanos) recurrieron a la subasta de puestos directivos en el Congreso. Los legisladores que aportan más fondos al partido son los que obtienen esos puestos.

"Los principales partidos políticos adoptaron una práctica de los grandes detallistas, como Walmart, Best Buy y Target", escribió Ferguson en The Financial Times.

Por su parte, el economista premio Nobel, Joseph Stiglitz, en un artículo reciente en Vanity Fair, recuerda que "virtualmente todos los senadores estadounidenses y la mayoría de los representantes en la Cámara son miembros del 1% más rico cuando llegan, son mantenidos en sus puestos por dinero del 1% más rico, y saben que si sirven bien al 1% de arriba, serán recompensados por el 1% más rico cuando dejen sus puestos". Además, indica en gran medida los encargados de políticas comerciales y económicas del ejecutivo también provienen de las filas de ese 1% más rico.

No sorprende, entonces, que mientras el Congreso y la Casa Blanca, como también gobiernos estatales y municipales, debaten qué tanto recortar servicios sociales para los más necesitados y despedir a miles de maestros, enfermeras y hasta bomberos, casi nadie se atreve a proponer mayores impuestos a los más ricos y a las empresas. Al contrario: se habla de reducir aún más sus cargas tributarias

Las campañas electorales han llegado a ser tan costosas que los candidatos tienen que salir a mendigar, humildemente, ante cualquiera que esté dispuesto a financiarlos. Y los multimillonarios, millonarios, banqueros y operadores de fondos de alto riesgo y administradores de portafolios y directores ejecutivos y sus lobistas están, por su parte, felices de contribuir.

Desde hace mucho tiempo el dinero ha jugado un rol importante —y las más de las veces nefasto— en la política estadounidense. Con frecuencia, el poder económico concentrado de grupos con intereses muy estrechos ha encontrado el beneplácito en los pasillos del Congreso, como resultado de contribuciones de campaña bien ubicadas. No es inusual que las industrias más socialmente destructivas , como la Asociación Nacional de Rifle (NRA), y la industria tabacalera, tengan los cabildeos más efectivos que canalizan dinero para campañas con el fin de asegurar resultados totalmente ajenos al interés público.

Y las actividades de estas industrias tampoco se han desarrollado con un nivel de discreción. Es más, en 1995, el entonces presidente de la Conferencia del Partido republicano, John Boehner —hoy presidente de la Cámara de Representantes— con todo descaro repartió cheques entre sus colegas republicanos en el propio recinto de la Cámara. Los cheques provenían del comité de acción política de la compañía tabacalera Brown & Williamson Corp.

Y todavía falta mucho por ver.

El 21 de enero de 2010, la Corte Suprema dictaminó que el Gobierno no puede prohibir que las compañías hagan aportaciones económicas en las elecciones.

La decisión afecta profundamente a la política gubernamental, y anuncia incluso mayores conquistas de las corporaciones sobre el sistema político de EEUU. Para los editores de The New York Times, el fallo "golpea el corazón mismo de la democracia" al haber "facilitado el camino para que las corporaciones empleen sus vastos tesoros para inundar con dinero las elecciones e intimidar a los funcionarios elegidos para que obedezcan sus dictados".

Ahora, los gerentes de las compañías podrán, de hecho, comprar directamente comicios, eludiendo vías indirectas más complejas. Es bien sabido que las contribuciones empresariales, en ocasiones envueltas en paquetes complejos, pueden inclinar la balanza en las elecciones y, así, dirigir la política.

Aunque bajo las nuevas regulaciones las corporaciones podrían financiar directamente anuncios comerciales de una campaña, la ventaja de utilizar a un tercero es que evita repercusiones a las corporaciones, tales como protestas o boicots de consumidores.

Para las corporaciones, lo bueno de la situación es que la organización a la cual entregan su dinero político no tiene que revelar al público la identidad de la fuente de la contribución. De esa manera, las corporaciones no solo pueden tratar de comprar las elecciones, sino que pueden lograrlo sin que el elector sepa quién es el comprador.

Las elecciones de 2012 darán la medida de hasta dónde la democracia estadounidense puede sobrevivir a la arremetida de la plutocracia lanzada por el Tribunal Supremo

Alberto Ampuero es periodista de Riverside, California.

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¿Son los periodistas dueños de la verdad y la justicia?

Alberto Maldonado (especial para ARGENPRESS.info)

Hace décadas, nada menos y nada más que la Corte Suprema de Justicia de Francia expidió un comunicado reclamando porque los periodistas franceses (no todos, por supuesto) se habían arrogado para si la capacidad de señalar quién es culpable y quién no; a quién se debe creerle y a quién no. Por supuesto, la Corte Suprema de Francia reclamaba moderación y, sobre todo, que se deje a los jueces la capacidad de decidir quién es culpable y quién no, de acuerdo con lo que queda registrado en “autos” (expedientes) que para eso están.

En todos los tiempos (y no solamente en Francia) ciertos periodistas o aprendices de periodistas, han pretendido “juzgar” de acuerdo a apariencias, a decires y, sobre todo, a sus intereses. Y han violado sistemáticamente viejos principios de la legislatura universal: que todos tenemos derecho a un juicio justo (Carta de las Naciones Unidas) y que el que acusa a otro, de cualquier delito, es quien tiene que demostrarlo; y no al contrario, cosa que solo se ha registrado en la Inquisición de la Iglesia Católica y en las criminales dictaduras, tipo Pinochet de Chile o la gorilocracia de Argentina.

Digo esto porque, en los últimos tiempos, como que la prensa sipiana (de la SIP-CIA), en el Ecuador, ha recurrido a semejante “arbitrio” En sus afanes por contrarrestar la popularidad de que goza el Presidente (Rafael) Correa, a pesar de sus 5 años en el poder político, pues no hay día en que tal prensa, que sigue presumiendo de independiente, no encuentre que todo está mal o que algo está mal en lo que la gente ve bien. Y en sus afanes por demostrar (lo indemostrable) en estos tiempos, se han dedicado a una caza que rivaliza con los mejores “pesquisidores” según decir de los brasileños.

Pruebas al canto: en la elección de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) como no encontraron “peros” personales de los nuevos miembros, “descubrieron” que 5 de los 7 eran (o habían sido) muy cercanos al gobierno, porque desempeñaron tal o cual cargo público o por la amistad con tal o cual personaje oficial. Es decir, según los sipianos, ya casi es un delito que alguien haya sido o sea amigo del Presidente o haya servido al gobierno actual. ¿Y todos los ciudadanos y ciudadanas no somos iguales ante la ley? ¿No todos tenemos los mismos derechos y obligaciones? Solo falta que pidan que la actual Asamblea Nacional (en la que tienen una escuálida mayoría) resuelva que no pueden ocupar cargos de representación ciudadana, quienes hayan sido o parezcan amigos o cercanos de cualquier ministro o del propio Presidente. Y que se nombre solo a aquellos candidatos (candidatas) que tengan el visto bueno de la prensa sipiana o de sus monitores.

El “pesquisamiento” llega a tales niveles que presentan, como periodismo de investigación, fotos del asesor más cercano de Correa visitándole al fiscal del Guayas (el gemelo del asambleísta) y el señor Mera comiendo en un lujoso restaurante de Quito con el Presidente de la Corte Constitucional. A este paso, nadie puede conversar o comer con otro alguien, afín al gobierno, porque se trataría de “algo obscuro” que se está tramitando. Yo, que presumo de periodista profesional y de coautor de la Ley del Periodista Profesional, me siento avergonzado por semejante “investigación”. Pregunto: ¿podemos confundir la investigación periodística, con un simple pesquisamiento tipo “policial”?

Sobre este tema, recuerdo que una de las tareas del periodista investigador es no solamente que fulano de tal “se puso de acuerdo” con sutano para hacer tal o cual cosa; y lo acordado, se hizo. Lo contrario se queda en un simple acto de pesquisamiento Y el periodista de investigación va mucho más lejos que el simple pesquisamiento policial; y hasta debe arriesgar la vida, por descubrir “chanchullos” que pueden afectar o no, a determinados sectores.

Siempre cito el caso del doctor Eduardo Riofrío Villagómez (o al revés) que, por muchos años, fue Ministro Juez de la Corte Suprema de Justicia. Jamás nadie (ni de izquierda, del centro o de la derecha) pudo acusarle de algún desaguisado o chanchullo (entuerto) que pudo haber cometido a favor o en contra de sus amigos políticos o enemigos. Lo más que se pudo acusarle fue de que era un “curuchupa recalcitrante” (conservador) lo cual nunca fue un delito. Y digo: ¿no es acaso un delito de lesa personalidad (injuria grave) el calificarle a cualquiera de un ilícito, pero no demostrar que ha cometido tal ilícito?

Y si tenemos que enterarnos de lo que está ocurriendo judicialmente, en el caso El Universo, de Guayaquil, pues no podemos ni debemos confiarnos de la información que nos ofrece, todos los días, la prensa sipiana del interior y del exterior, con El Comercio a la cabeza. De creerle a este rotativo, desde la demanda hasta las recusaciones, son “una maldad” de la contraparte. Y para la prensa sipiana del exterior (el Washington Post a la cabeza) se trata de un silenciamiento de las “voces de la libertad y la democracia en el Ecuador” ¿Están hablando de otro país? Porque en Ecuador, que se sepa, no hay tal persecución ni actitudes contra la libertad de expresión. Los quejosos (o quejudos) no han podido demostrar un solo caso, salvado que para el señor de Fundamedios (fundamiedos, dice Don Eleuterio) sean agresiones lo que todos los sábados dice el Presidente (Rafael) Correa y el enjuiciamiento civil-penal que –al fin- están ensayando contra los “opinadores” de ocasión (o de profesión) en distintas ciudades y contra distintos medios.

Y aquí viene lo de la Corte Suprema de Justicia de Francia. ¿Qué derecho tienen los medios a decir esto está bien y esto está mal respecto de un juicio que está ventilándose en las respectivas instancias judiciales? ¿No es esa actitud contraria al debido proceso de que nos habla de la Carta de las Naciones Unidas? Y si no son culpables, lo único que tienen que hacer es demostrar que lo que dicen es lo correcto. Por desgracia, el señor Emilio Palacio (que ahora los medios sipianos le han bautizado de periodista) corrió a Miami, a refugiarse, a vivir del exilio; que, según la mafia cubano-americana que allí opera, da buenos réditos, a costilla de los contribuyentes norteamericanos.

Pregunto (no me cansaré de preguntar) ¿no es esa actitud contraria a todo principio legal y constitucional? ¿Por qué no protestaron los sipianos de toda laya contra los jueces que dictaron sentencias a favor de Vistazo y de La Hora en demandas establecidas por el Presidente de la República? Porque si son independientes y objetivos, así como protestan y exageran el caso Universo, debían protestar por los casos antes citados. ¿O no? Si los sipianos y sus acólitos (de izquierda o de derecha) hubiesen protestado cuando, por decir algo, el señor Ingeniero León Febres Cordero (que en paz descanse) invadió con tanques de guerra la Corte Suprema e impidió que los nuevos ministros jueces se posesionen de sus cargos, a pesar de haber sido nombrados por el Congreso Nacional; entonces podrían hablar por lo menos de sindéresis.

Otra pregunta: ¿Por qué la madre de un Ministro de Estado, que ha sido abogada con largos años de ejercicio profesional, no puede concursar para Ministra Juez de la nueva Corte Nacional de Justicia? Deben darle por lo menos el derecho que tiene a equivocarse, en el ejercicio de sus nuevas funciones. Lo mismo podríamos preguntar del hermano de un legislador “oficialista” que también ha concursado en ese evento ciudadano; que, por primera ocasión se ensaya en Ecuador. Vuelvo a preguntar: ¿es que era más idóneo que un Presidente de la República y su equipo nombre o desnombre a los nuevos ministros jueces? Y repregunto: ¿es acaso idóneo y admisible que a un profesional se le cuestione por ser la madre de un Ministro de Estado o hermano de un asableista de gobierno, o por haber trabajado para este o cualquier gobierno? Dice la Biblia, que los cristianos de la oposición parece que olvidan, que “por sus obras los conoceréis” Que tengan paciencia que después de unas semanas, o meses, o años (o nunca) se sabrá si aquellos fueron a cumplir consignas o no. ¿Y si no cometen desaguisados? Entonces pues, van a quedar terriblemente mal los cuestionadores de hoy.

Y a propósito de la famosa división de poderes hoy llamadas funciones, vuelvo a calificar de simple iletrados o ignorantes a aquellos que siguen defendiendo tal tesis. Para hablar en términos populares, ¿no están meándose fuera del pilche? Y el término “mear” ya está registrado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua y “pilche” es un ecuatorianismo que significa pozo pequeño, o pequeña tacita; no más que es ecuatoriano porque desde los abuelos (no sé si ahora) el pilche venía de una de las partes del coco grande, de aquellos que se cultivan actualmente en Esmeraldas.

Finalmente, la historia de la humanidad es muy rica respecto de que todo movimiento (fascista, conservador, de izquierda) ha tratado de copar las tres funciones del Estado. Nunca, en ningún país del mundo se ha dado a plenitud esta tal división de funciones. Lo mismo trató de hacer el ex “dueño del país (que en paz descanse; lo dudo pero hay que deseárselo) y no poco de lo que pasó en el área de la Función Judicial, se lo debemos a él. Hasta estos años, era evidente que los social cristianos habían copado ese poder y que era muy difícil quitárselos. Podían perder el poder político (el Congreso y el Ejecutivo) pero nunca jamás el poder judicial ya que por esa vía podían hacer muchas cosas. Y lo han hecho. ¿Por qué el movimiento país no puede hacer lo mismo? Digo lo mismo en cuanto a la remoción de los jueces y los sub jueces y los secretarios. Pero habrá que ver si caen en lo que todos los ecuatorianos y ecuatorianas queremos: que la justicia sea diligente, oportuna, eficaz y honesta. ¿Será posible?

Y si no es posible –para eso somos seres humanos- ya veremos quienes salen a protestar por el abuso y quienes salen a defenderlo. Porque uno de los derechos que tenemos todos (por más criminales que sean) es a un juicio justo. Si en los EE.UU. el país que tanto admiran los sipianos, ejecutaron a Sacco y Vanzetti y tienen en la cárcel precisamente a 4 cubanos y medio cubano (condenarle a que se esté en Miami es peor que sentenciarle nuevamente) por el “delito” de espiar para su país respecto de las barbaridades que preparaba la jungla cubano-americana, a la cual se unieron hace rato los hermanos Isaias y el señor Palacio.

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Chile: En lo que queda de gobierno…Dios nos pille confesados

Andrea Dufournel (especial para ARGENPRESS.info)

Entre políticas erráticas, agresiones verbales entre ministros, parlamentarios y presidentes de la coalición gobernante, estamos nosotros, el pueblo que lo único que quiere, y se ha dicho fuerte y claro, cambios radicales al sistema político y económico tan particular que nos rige; pero que su excelencia no ha tenido ni tendrá los pantalones para dejar de ser una figura decorativa de la UDI, partido con profundos vínculos con la derecha más recalcitrante y conservadora chilena.

Dentro de todo este maremágnum, hay acusaciones graves en contra del pueblo mapuche, como lo de haber provocado de manera intencional los incendios forestales en la región de la Araucanía, sin pruebas y lo que es peor han amenazado con, nuevamente, aplicarles la ley Antiterrorista.

La Ley Hinzpeter, que se encuentra en el Parlamento, que pretende limitar e intimidar al pueblo que quiera manifestar sus peticiones en la calle. Entre decir y desdecir públicamente, ministro del interior, presidente y vocero de gobierno, sólo han dado muestras de que, dentro de la coalición gobernante de los mejores y de excelencia, lo que menos existe es coherencia.

Una de las actividades más significativas, y no por lo transparente, han sido las reuniones de su excelencia con los ex presidentes de los gobiernos de la concertación en las que, supuestamente, debería salir un llamado al país a la tan proclamada unidad a la que llama constantemente Piñera. Si hilamos más fino lo que ha pretendido el presidente es lograr que los ex mandatarios le pusieran el piso y lograr un pacto o acuerdo de no agresión con la oposición ya que a estas alturas, transcurridos dos, eternos, años de gobierno no han sido capaces de llevar a cabo algún proyecto serio de gobierno ya que, da la impresión, su único plan era llegar a la Moneda.

Para completar el grito resulta que la Democracia Cristiana, (partido de “oposición”) y Renovación Nacional. (Partido al que pertenece Piñera), se han estado reuniendo desde hace tres meses para llegar a un acuerdo en la reforma al sistema Binominal, sorpresa para la oposición, pero no es de asombrase ya que históricamente, aunque pretendan ser opositores los unos y los otros, siempre han llegado a acuerdos entre gallos y medianoche, la esencia de la DC es, por su génesis, de derecha, así que por fin se han atrevido a salir del closet y se han arrimado a sus aliados históricos, es decir a la derecha. No les ha bastado con seguirles el ritmo durante veinte años a los herederos de Pinochet administrando y profundizando el sistema. Cabe preguntarse entonces, ¿a qué precio se están haciendo estas componendas?.

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Argentina: Querella de intelectuales

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

La sequía climática parece haber provocado daños irreparables en los cultivos de maíz y de forraje para ganado, pero ha sido pródiga, en este comienzo de 2012, en el surgimiento de agrupamientos de intelectuales.

Una constelación contradictoria de firmas alumbró a Plataforma 2012, cuyo objetivo declarado es "recuperar el pensamiento crítico" contra el "relato disciplinador y engañoso" del oficialismo K, el cual "utiliza la potencia de los recursos comunicacionales de que dispone", en una obvia contra alusión al discurso oficial que castiga el monopolio de "la corpo". Plataforma -según comidillas del ambiente- fue motorizada por operadores del PCR, un partido que se reivindica "abstencionista", pero que integra la coalición sojera del Frente Amplio de Binner. La incomodidad por algunas características del rejunte dio por resultad! o el retiro de algunas firmas -en un caso filo kirchneristas, en otro de militantes populares como Herman Schiller. El motivo o pretexto fue la presencia de Beatriz Sarlo, una ‘habitué' de La Nación (curiosamente una antigua camarada de armas del maoísmo vernáculo). La filiación del operativo supone un doble propósito: delimitarse, tardíamente, del amontonamiento oficialista que se parapeta en "Carta Abierta", pero por sobre todo salir al cruce de la Asamblea de Intelectuales, Docentes y Artistas que respalda al Frente de Izquierda -algunos de cuyos nombres aparecen entre los firmantes de Plataforma.

Carlos Pagni, columnista de La Nación, caracteriza al nuevo agrupamiento de "vecino (a) la izquierda oficialista". Alude a la condición filo kirchnerista de algunos de los signatarios y también al desarrollo conceptual del pronunciamiento. Ocurre que Plataforma denuncia las imposturas del "relato" de Carta Abierta, contradictorio con la realidad de la política oficial, pero no con sus pretensiones ideológicas nacionales y populares. Pagni confronta a Plataforma con el último documento de 2011 de Carta Abierta, para concluir que se ha abierto una crisis en la "izquierda oficialista". Atribuye la crisis al ingreso de la política económica oficial a una etapa de ‘ajuste' y al conflicto del gobierno con la CGT, cuestionados por los partidarios de la ‘profundización del modelo'.

Carta Abierta

La caracterización de Pagni, sin embargo, es muy generosa con Carta Abierta. Antes que una delimitación de posiciones frente al derrumbe de la orientación oficial, el texto de Carta Abierta es una operación de encubrimiento de la "sintonía fina" con la que el gobierno adorna el ajuste. Esta operación queda demostrada, de entrada, en el título: "Carta de la Igualdad" -como si la ‘igualdad' (¡"que se avizora!", nos asegura el texto) pudiera siquiera ser pensada en un régimen de explotación del hombre por el hombre. La grandilocuencia del propósito no logra disimular la tentativa grosera de tapar -con el abuso de la verborragia- el tarifazo, los despidos masivos y las reducciones de sueldos que se han anunciado en la administración pública de la nación y de las provincias, o el ‘techo' para las paritarias -que ya se intentó en! 2010, mediante un acuerdo de CFK con Moyano, el cual motivó la represión a los petroleros de Santa Cruz. La "recuperación del lenguaje", que los intelectuales K se dieron como tarea suprema, ha sido convertida en su contrario. Los topes salariales, que luego del pacto de la Rosada no lograron imponerse en las paritarias, reaparecieron en el congelamiento del mínimo no imponible en ganancias. Sólo la complicidad con la desinformación oficial puede circunscribir el tarifazo a una "quita de subsidios a los ricos y a las clases medias altas". El traspaso del subte a Macri fue pactado con un aumento de mucho más del ciento por ciento, que anticipa al que habrá para el conjunto del transporte. Afirmar, sin pestañeo, que esa quita "contribuye a la equidad distributiva" releva ya de la falta de pudor intelectual -como si la polarización de ingresos estuviera determinada por los consumos domiciliarios y no por las relaciones de propiedad entre el capital y el trabajo.

El texto de Carta Abierta, sin embargo, descubre una dificultad obvia para consagrar "el paradigma de la igualdad": nada menos que la "estructura intacta (¡intacta!) de la extranjerización de la economía (...) más la concentración", al punto que -dice- "contribuyen a una persistente fuga de capitales (que en) los '90 se financiaba con endeudamiento y hoy se hace con las divisas del superávit comercial". ¡Así, sin la molestia de un mosqueo, Carta Abierta (no Clarín) pone un signo igual entre el menemismo y el kirchnerismo! Esta condena -a casi una década de gestión nacional y popular- tampoco logra ser disimulada mediante la falacia de reclamar "renacionalizar la economía", efectuada desde la propia tienda oficial o de su retórica. Por otra parte, "renacionalizar la economía" es una generalidad, no significa nada ni tampoco tiene sentido. "La economía" es internacional, no puede ser encerrada en los marcos nacionales. Lo que hay que nacionalizar son los monopolios internacionales y nacionales. El fanatismo por la pureza del lenguaje descarrila a los ‘cartistas' de ideas tan simples como la nacionalización sin pago de la banca bajo control obrero, o de los recursos naturales sin ninguna compensación. ¡Saludan la estatización de Aysa, una excepción determinada por el interés del monopolio francés de retirarse del país y cobrar la indemnización, pero no abren el pico para denunciar el salvataje de todas las privatizadas que quebraron en 2001 -las que en 2011 costaron al contribuyente 80 mil millones de pesos!

Los intelectuales K no se arredran cuando se trata de derribar su anhelado "paradigma de la igualdad". Dicen: "la conquista de los montes por parte de los sojeros tiene la misma lógica que la conquista del desierto del siglo XIX". Brutal. ¿"Cristina" es Roca? ¿O es Rosas, a quien la Presidenta comparó con Lincoln, quien más allá de la liberación de los esclavos consolidó la "conquista del oeste", el cual se había convertido en el último reducto de los aborígenes? Carta Abierta, sin embargo, alude a los "montes" para no tener que referirse al regalo de tierras fiscales a los acaparadores capitalistas, desde Calafate hasta el departamento de Anta, en Salta, ni a los pooles de siembra que acaparan la producción mediante el alquiler de tierras, ni a la industria de semillas modificadas que están programadas para expropiar a los agri! cultores la capacidad de reproducción natural del ciclo agrícola -ni hablar de otra confiscación, como la pérdida de fertilidad del suelo producida por el monocultivo.

También es interesante la defensa que Carta Abierta realiza de la burocracia sindical, cuando el "cristinismo" quiere neutralizarla para "profundizar el modelo" -por ejemplo expropiando las obras sociales para manotearles la caja. En esta defensa, los burócratas intelectuales no se privan de enunciar un desatino: "es inimaginable (¡i-ni-ma-gi-na-ble!) -dicen- que (las) representaciones sindicales elijan el camino de la reacción" -esto después de la alianza de estas ‘representaciones' con las Tres A y después del asesinato de Mariano Ferreyra y del apaleamiento de trabajadores por patotas sindicales a lo largo y ancho del país. Los pretendidos teóricos del "modelo" revelan una incapacidad supina para desentrañar los intereses sociales que dictan la conducta de la burocracia sindical -los que, si por un lado están ligados al movimiento obrero, residen fundamentalmente en los privilegios de la integración al Estado y en su paulatina conversión en camarillas empresariales. Por vía de una elipsis, los jefes de Carta Abierta ratifican la tesis oficial y la opinión que esgrimieron desde el comienzo: que el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra no fue responsabilidad de Pedraza y del gobierno que lo ha amparado políticamente, sino de su propio partido y de sus propios compañeros -o sea: responsabilidad de la lucha.

El llamado de Carta Abierta a "profundizar el modelo" posiblemente refleje "las vibraciones de la izquierda (que) sacuden al oficialismo", como consecuencia del ‘ajuste', porque de otro modo ese llamado sería ocioso. Pero mientras que esta operación de ‘lobbypuede reflejar las conspiraciones de camarillas dentro del oficialismo, la perorata sobre el "paradigma de la igualdad" de Carta Abierta es una operación de encubrimiento mayúsculo del hecho consumado del ‘ajuste' y la "sintonía fina". Esto se refleja también en su ‘crítica' a la "ley antiterrorista". Para los firmantes de Carta Abierta, la tipificación como terrorista de la protesta social que el Estado o los jueces califiquen como delito (una huelga declarada "ilegal") constituye una intromisión innecesaria en una ley que castiga el lavado de dinero. El gobierno habría pecado por ‘exceso' legalista. En lugar de preguntarse acerca de las razones que llevaron a la eminencia gris del gobierno (Zanini) y a la jefa del movimiento a incurrir en ese exceso -o a los compromisos internacionales que se honraron con la introducción de esta legislación-, Carta Abierta absuelve a sus autores mediante un proceso de intenciones benévolo. El encubrimiento es aquí por partida doble, porque ha habido denuncias de presiones del G-20 o de reclamos de los servicios de seguridad internacionales que actúan con visto bueno en el territorio argentino, con el pretexto de combatir la infiltración de Irán. ¿O no volaron algunos kircneristas del gobierno precisamente por estas razones?

Plataforma 2012

Los dislates de los intelectuales de Carta Abierta refutan la aseveración de los firmantes de la Plataforma 2012 de que "lo que nos define como intelectuales es pensar sobre el mundo y la sociedad en la que vivimos", o "leer más allá de la letra manifiesta y visibilizar lo oculto". Los intelectuales no son un compacto homogéneo ni mucho menos una realidad supra-social a la que ‘piensan' o ‘diagnostican'. No pueden operar en la forma abstracta que les adjudica Plataforma. Se encuentran tan escindidos -a su manera, es cierto- como el resto de la sociedad por las contradicciones de clase. El "debate de ideas" que pretende "promover" Plataforma, como método "hacia un accionar colectivo y transformador", distorsiona o deforma la realidad social -o sea que la encubre. Se trata de una realidad social que se distingue por el antagonismo irrevocable entre el trabajo, por un lado, ! y el capital, por el otro, así como por el afán de supervivencia del capitalismo, de una parte, y su carácter histórico transitorio, de la otra. El discurso que presenta al debate como un medio de convergencia es alienante. Olvida que la crítica solamente se entiende dirigida contra el orden social existente. Plataforma opone al "doble discurso" del oficialismo otro ‘relato' -que será fatalmente tan ficticio como el primero, porque oculta al servicio de qué intereses sociales se coloca. Que los términos de la Plataforma hubieran sido suscriptos por un arco que va del kirchnerismo crítico hasta la izquierda, pasando por todas las gamas de derecha e izquierda del centroizquierdismo, denuncia un frente oportunista que no puede tener sino un discurso encubridor, que unifica en la abstracción sus contradicciones insalvables. En la transición que inicia el derrumbe del llamado ‘modelo', e! ste abordaje político es tan peligroso para los intereses de los trabajadores como el macaneo del oficialismo intelectual. Sorprende que personas de un elevado nivel intelectual -como los firmantes de Plataforma- no expliciten sus intenciones políticas, no desarrollen ninguna reflexión acerca de la perspectiva de la transición (crisis) política que caracteriza a la situación nacional (ni qué decir de la situación mundial -la mayor bancarrota de la historia del capital). Debido a este nivel de improvisación y empirismo, Plataforma no sobrevivirá a la coyuntura que le dio luz.

La intelectualidad no existe como una fuerza social homogénea: no solamente refleja en forma distorsionada las contradicciones de clases, sino incluso la dependencia que se deriva de su condición de fuerza de trabajo intelectual en las diferentes modalidades y escalas de la gestión capitalista. Por eso, muchos de sus pronunciamientos responden a las circunstancias o conveniencias laborales, académicas o empresariales (privadas y públicas) del momento. La intelectualidad, si quiere desempeñar un rol social transformador, debe, con independencia de las circunstancias particulares de cada intelectual, formar Partido y tomar Partido. En las circunstancias históricas actuales, esto quiere decir una sola cosa: o que la crisis del capital la paguen los trabajadores (con un desenlace en la barbarie), o que la paguen los capitalistas -o sea la revolución social, la que significa la transformación socialista a partir de gobiernos de trabajadores. En estos mismos términos, se plantea también la cuestión de la independencia o autonomía nacional: o una federación socialista de América Latina -incluida Puerto Rico- o la Unasur de las mineras y contratistas brasileñas, norteamericanas y canadienses, interesadas en el corredor bioceánico para vender a China -al lado del Mercosur de los pulpos automotrices y al lado de la OEA de los operativos militares conjuntos, la ocupación de Haití y la financiación del BID y del Banco Mundial.

La Asamblea de Intelectuales

La aparición de Plataforma ha inquietado al estanque oficial y ha servido para poner en evidencia a otras capillas que se referencian en el kirchnerismo. El caso de un grupo del Centro Cultural de la Cooperación no tiene desperdicio, si se tiene en cuenta que sus mentores acaban de votar la ley antiterrorista. Recupera el relato de la historia del partido Comunista, pero olvida la colaboración de éste con la dictadura. Financiado por un banco, también desarrolla el discurso de la "igualdad" y termina con "la mirada puesta en las estrellas", sin dejar de asegurarse que tiene "los pies firmes en el suelo" -es decir en la realidad del capitalismo en bancarrota del cual se nutre. Otro, que presenta "argumentos para una mayor igualdad", al menos critica la ley antiterrorista (aunque no denuncia que fue votada por diputados con los cuales se relacionan, como los "sabattellistas"). "Argumentos" denuncia que "comienza a agrietarse una de las grandes conquistas democráticas posteriores a los asesinatos de Kosteki y Santillán", en referencia a la represión kirchno-macrista al Indoamericano y a los Qom, pero omite a Mariano Ferreyra, crimen en el que intervino una burocracia sindical ligada al gobierno. Al final, propugna "una construcción de izquierda" ligada al kirchnerismo.

La Asamblea de Intelectuales que se formó en apoyo al Frente de Izquierda enfrenta un enorme desafío -que es, precisamente, su oportunidad. En oposición a todos los ‘relatos', tiene el desafío de desarrollar la crítica al orden existente y, en particular, a la incapacidad del nacionalismo de contenido burgués para llevar adelante cualquier propuesta emancipadora, ya que la nacional va asociada a la social. Tiene el desafío de afirmar con claridad una conciencia y un programa socialistas, cuya realización depende de la acción histórica independiente de la clase obrera. Tiene el desafío, también, de desarrollar una vigorosa acción sindical en los ámbitos académicos y estudiantiles, para fusionar a la intelectualidad con el movimiento obrero en su acción práctica.

La querella de los intelectuales pone de manifiesto el impasse de la sociedad capitalista. Desarrollemos una intelectualidad que contribuya a la construcción socialista revolucionaria.

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EL (vergonzoso) costo de pertenecer (otra vergüenza) al G-20

Hugo Blasco (especial para ARGENPRESS.info)

Durante el “sumarísimo” tratamiento de la Ley Antiterrorista aprobada por el Congreso nacional y promulgada por la Presidenta sin debates, sin consultas a especialistas académicos y no académicos, ni a los organismos de DDHH, algunos importantes referentes políticos del Gobierno expresaron que la ley es una “porquería” pero que esta administración no la va a aplicar.

El efecto negativo que la ley generó es inmenso a punto tal que organizaciones de todo tipo, grupos de intelectuales e incluso personalidades afines al Gobierno la rechazaron unánimemente llegando el juez de la Corte Suprema, Dr. Zaffaroni, a calificarla de “mamarracho”.

La multitudinaria marcha del 29 de diciembre próximo pasado a Plaza de Mayo convocada por la CTA junto a un sinnúmero de organizaciones de DDHH, sociales, estudiantiles y políticas dan muestra de ello.

Sin embargo la ley existe por decisión del oficialismo y está lista para ser aplicada. Como sabemos la aplicación de la misma corre por cuenta de los jueces (no del Gobierno) y dependemos de la interpretación que los mismos hagan de la norma.

Podríamos hacer distintos tipos de especulaciones. Lo cierto es que la ley fue presentada por el Gobierno como una exigencia de un organismo que representa al poder económico globalizado para que Argentina tenga certificado de “seguridad para las inversiones extranjeras” atacando el “lavado” de dinero. Lo primero que se nos ocurre es pensar en “pérdida de soberanía” al subordinarse nuestro País a las imposiciones de organismos como el GAFI. Además, curiosamente, uno de los países pilares del G-20 (grupo al que tenemos la deshonra de pertenecer), como Francia no tiene una ley antiterrorista como la que se aprobó aquí.

Mientras tanto se reprime salvajemente en Santa Cruz a los trabajadores estatales que luchan contra el ajuste; asesinan a tres jóvenes militantes sociales en Rosario por luchar contra la pobreza; matan fríamente a otra militante social en Matheu, partido de Escobar; se sigue amenazando y agrediendo a compañeros de los pueblos originarios que pelean por su derecho a la tierra que les pertenece y además se impulsan desde el Gobierno nacional, provinciales y municipales todo tipo de ajustes contra los trabajadores.

Esto va definiendo un escenario futuro de gran conflictividad social.

Seguimos pensando que esta verdadera Ley Terrorista contra el pueblo es la herramienta de “reserva” con que cuenta el Poder económico para que a través del Estado se discipline a la clase trabajadora y al pueblo argentinos cuando sus legítimas luchas constituyan un obstáculo para la reproducción eficaz del sistema capitalista y del modelo imperante en nuestra Patria.

Finalmente decimos: ANULACION DE LA LEY ANTITERRORISTA, YA!!!

Hugo Blasco es Secretario DDHH de la CTA Nacional

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El Famatina y la historia de la esperanza

Carlos del Frade (APE)

-El Famatina es nuestro gran protector… Cómo no lo vamos a defender – dice Yanina Millicay, periodista de FM “El hormiguero”, de Chilecito, que todos los días cumple su turno y después va a pasar la noche en el acampe que ya lleva semanas al pie de la querida montaña enclavada en la geografía riojana.

“Viene mucha gente de todos lados: Córdoba, San Luis, Mendoza, Buenos Aires y llegan donaciones de agua mineral y alimentos para que sigamos haciendo el aguante e impedir que se lleve adelante un nuevo proyecto de minería a cielo abierto en la Argentina. Estamos permanentemente en asamblea en este pedacito de patria, como le decimos”, le dice Yanina a este cronista.

-Para la gente común de Chilecito y Famatina está más que claro que el agua y el cerro valen mucho más que el oro – añade Carlos Camps, otro de los acampantes a más de dos mil metros de altura en el paraje Altos del Carrizal, donde en las próximas horas comenzará una jornada nacional de lucha en defensa del Famatina.

Según Camps, “toda esta solidaridad que llega de todas partes de la punta de iceberg de una lucha que se repetirá en todas las provincias contra los renovados caudillajes que ganan las elecciones y creen que eso les da impunidad para negociar con la naturaleza y con el futuro de las nuevas generaciones. Lo de Famatina será como un reguero de pólvora en contra de esos gobiernos provinciales que se creen dueño de todo porque tuvieron los votos”, le cuenta a la Agencia de Noticias Pelota de Trapo.

Los asambleístas, los habitantes de los pueblos Chilecito y Famatina están convencidos que el gobierno de Luis Beder Herrera, titular del ejecutivo riojano, ha perdido la batalla y que, por estas horas, “está buscando una salida adelante para desistir del proyecto de la empresa canadiense Osisko”.

La gente grande de los pueblos vecinos se hace un tiempo para hacer panes caseros y otras comidas que les alcanzan a los tigres del Famatina, a los defensores –una vez más como tantas veces en la historia de siglos- del cerro y sus riquezas, no solamente minerales, sino también profundamente culturales.

Cuentan también que el cura Quinteros avisó de la presencia de los personeros de la corporación haciendo sonar las campanas de la iglesia de Famatina, rememorando al sacerdote que representaba Enrique Muiño en la inolvidable película “La guerra gaucha”.

Dicen, en forma paralela, que el sacerdote alentó en una reciente misa a seguir poniendo el cuerpo en defensa del Famatina, que el verdadero cristianismo pasa por salir de la casa y defender lo que es de todos. Y que esas palabras conmovieron a los que son creyentes y mucho más a los que no lo son.

Camps agrega que “hay listas negras elaboradas por información proporcionada por la policía de la provincia de La Rioja al servicio de la multinacional. Una verdadera vergüenza de la cual tendrá que responder el actual gobernador. Además ocho de los principales referentes tuvieron que declarar ante la justicia. Pero no importa, la decisión del pueblo está firme. El Famatina no se toca”, dice y se percibe que la consigna no es individual, sino colectiva.

Así se preparan los tigres del Famatina para proseguir la lucha. Mandatos históricos, familiares y necesidad de dejar un futuro mejor, ajeno a los proyectos de extranjerización de riquezas y saqueos de los bienes naturales impulsados por gobiernos traidores a las necesidades del pueblo.

Mujeres, hombres, abuelas, abuelos, niñas y niños, los tigres del Famatina, escriben, por estas horas, una nueva luminosa página en la historia política de la resistencia, en la historia política de la esperanza de las mayorías argentinas.

Fuentes: Entrevistas realizadas por el autor de la nota en distintas radios de Buenos Aires y Rosario.

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Un recurso extremo: Malvinizar la opinión pública

Gabriel Conte (MDZOL)

Hay una escalada de declaraciones altisonantes entre los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña por Malvinas. Nuevamente se fuerza una agenda sobre el tema y se habla en voz alta de conflicto, una estrategia utilizada en situaciones extremas, cuando se quiere tapar la realidad. ¿Alguien piensa que nos hace falta un conflicto de este tipo?.

Debe irle muy mal a un Gobierno para recurrir al más extremo de los recursos a los que se les puede echar mano con la finalidad de conseguir consenso, unidad, apoyo fácil y hasta aplausos insospechados.

En la Europa complicada por sus dilemas intestinos -y aunque Inglaterra no esté involucrada de lleno en el sistema Euro- al primer ministro británico David Cameron le viene "como anillo al dedo" una iniciativa de alto tono belicista. Le conviene para unificar a una Gran Bretaña en la que recrudecen los intentos independentistas internos que ponen en riesgo su mensaje único hacia Europa. Pero también, para girar la atención de los votantes en medio del mayor índice de desempleo de los últimos 17 años, que llegó ya a un 8.4.

No parece ser una situación por la que atraviese la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, por lo menos, a primera vista. Sin embargo, se insiste desde ambos lados del Atlántico en poner a Malvinas, virulentamente, en la agenda mediática y el canciller de nuestro país, Héctor Timerman, parece ser el menos diplomático de todos a la hora de levantar banderas reivindicacionistas.

El Gobierno a pleno desde su militancia activa en las redes sociales salió (por intermedio de sus propios miembros y de sus propagandistas) a militar que el hashtag #LasMalvinasSonArgentinas sea TT en Twitter a nivel global.

Puede ser que el empujón haya provenido desde Londres y que aquí no se haya querido desaprovechar la oportunidad de izar la bandera en lo más alto de la autoestima nacional y popular.

La única forma de entender una intencionalidad de la Casa Rosada en alentar la malvinización del discurso es que la “sintonía fina”, que está generando un efecto dominó de ajustes en los estados provinciales, pronostique hacia adentro del Gobierno una cercana e inevitable defección de los principios con los que se ha regodeado el Gobierno, no se entiende el por qué colocar al tope de la discusión pública este enero la posibilidad de un conflicto con Malvinas.

Es sabido que una amenaza externa a un país termina por unir a sus habitantes y dejando en un segundo plano las diferencias más extremas. Lo vimos en medio de la sangrienta dictadura, en la que los sectores más perseguidos (hasta la muerte, inclusive) por la alianza cívico militar gobernante, aplaudieron la aventura de Leopoldo Fortunato Galtieri en Malvinas.

Muchos sentimos hinchados nuestros corazones, a punto de estallar de nacionalismo. Los dictadores pensaron que un poco de mundial de fútbol sazonado con una “guerrita” en Malvinas les daría chances de perpetuidad para sus negocios e impunidad para sus crímenes.

Las dramáticas consecuencias de la intentona nacional populista consecuencias no sólo resultaron una paradoja para el régimen, sino que se pueden medir a escala humana y económica. Miles de pibes que murieron, durante los enfrentamientos o después, como producto de las lesiones físicas o mentales de la ocurrencia nacionalista del momento.

En síntesis, es un recurso fácil, pero extremo: se le echa mano sólo cuando hay algo de fondo que ocultar, cuando se quiere inundar la prensa con un mensaje de unidad nacional; cuando “no queda otra”. Y así como es extremo, resulta riesgoso: fácilmente se va de las manos cuando la sociedad cree que "es el momento" de pelear por algo que tenía en el olvido hasta que a alguien se le ocurrió instalarlo públicamente.

Entre el 14 y el 18 de julio de 1969, El Salvador libró contra su vecina Honduras la “Guerra de las 100 horas”. ¿El motivo? Todo comenzó cuando Honduras perdió un partido de fútbol frente a El Salvador, abriéndole las chances a este último país de llegar al mundial de México del año siguiente.

Sin embargo el fútbol fue solo la excusa. Honduras atravesaba una crisis interna profunda en medio de la aplicación de una reforma agraria y El Salvador no se quedaba atrás. Miles de salvadoreños cruzaban la frontera a buscar trabajo y su país necesitaba cortar la fuga. Hubo una guerra, tercera entre ambos países desde 1929 con un saldo de cerca de 6 mil personas.

Podríamos hablar de decenas de casos en que la amenaza de guerra e inclusive la guerra misma han servido para resolver problemas internos de los países. Nos podemos ubicar en el pasado en inclusive hablar de cómo un conflicto armado destruye ciudades enteras para activar la industria de la reconstrucción; genera lesionados y pestes para alimentar el negocio de los laboratorios medicinales y lo que ya hemos visto en tantas películas: genera la necesidad de matar, para reactivar la industria pesada y sus derivados, que generan empleos y que, en el círculo vicioso, además, financian la política.

No hay ingenuidad en los títulos que hablan de Malvinas: hay mar de fondo en los dos países que han iniciado una escalada de declaraciones altisonantes.

Lo que los gobernantes no miden es cuán hondo cala en la población la exacerbación del discurso nacionalista: no todo el mundo está atento a las entrelíneas ni conoce en profundidad los porqués de una batalla verbal que esconde, retóricamente, la posibilidad de un “enfrentamiento liberador y dignificante” o, al menos, de esa esperanza.

Por ello, hay una gran irresponsabilidad al agitar un conflicto por Malvinas.

Ayer nos unió el dolor por una situación de salud de la Presidenta que, al fin de cuentas, fue un error de cálculo, en apariencia. Nos preocupamos de más. Tomamos precauciones en vano. Hubo gente que lloró y hasta oró por nada.

El descrédito, más que una consecuencia del ataque opositor, es un demérito propio causado por la frustración en el esfuerzo por mostrar una realidad que no es como se la cuenta.

En el caso de Malvinas, ya lo vivimos con Galtieri y sus cómplices y lo volvimos a ver con Menem cuando prometió recuperar las islas “a sangre y fuego”.

Ni siquiera es momento de plantearnos por qué queremos o no queremos a las Malvinas. El momento indica que, de lo que tenemos que hablar, es de lo que pasa cotidianamente en la vida de los argentinos, algo que no se debe (y al final, tampoco se puede) tapar con falsos gritos de guerra.

Gabriel Conte es director de MDZOL.

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Argentina: Un arsenal de destrucción masiva

Sebastián Korol (especial para ARGENPRESS.info)

Desde la década del 40, Puerto Piray es el corazón del modelo productivo vigente en la provincia de Misiones, centrado en el monocultivo de pino para la industria de pasta celulosa.

Las carpidas forman parte del recuerdo, hoy se disparan agrotóxicos. Aprieta el gatillo la transnacional chilena-estadounidense Alto Paraná S.A. Los gobiernos nacional y provincial dan zona liberada.

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A las 11.50 del 1 de diciembre de 2011, Celso Aníbal Fernández cierra sus ojos para siempre. Yace con sus 52 años en una cama del hospital Samic de Eldorado.

La muerte pone fin a un sufrimiento que ya alcanzaba medio año. Quebrada, Marta Ávalos, la esposa, susurra sus últimas palabras: “Todo esto es por los venenos”.

Celso era peón rural oriundo de Puerto Piray. Durante doce años fumigó en forma manual para la transnacional chilena estadounidense Alto Paraná S.A (APSA). Tres meses antes de morir, expresó en una entrevista con superficie: "Tirábamos veneno para la reforestación en las plantaciones de pino, también hacíamos plantaciones y preparábamos el terreno".

En julio había comenzado a padecer un fuerte dolor en la garganta, molestia que apareció acompañada de una parálisis local y un tumor. En las consultas médicas los profesionales negaban la relación del mal con la exposición a los agrotóxicos. Celso había manifestado serias dudas. “No me dicen exactamente qué tengo, no me dan medicamentos y quieren seguir haciéndome estudios pero ya no tengo con qué ir”.

Rodeada por sus seis hijos, Marta anticipa que iniciará una causa judicial contra APSA, a la que responsabiliza directamente por la muerte de su compañero: "Esto no puede quedar así, no podemos seguir callándonos".

En pocas horas, la muerte de Celso es denunciada en medios de información alternativa de todo el mundo. Los otros, los masivos, callan otra vez.

El episodio, ocurrido en un pequeño paraje rural de Misiones, reabrió el debate sobre los agrotóxicos en la producción forestal; y reflotó preguntas incómodas: ¿Quiénes son los responsables de estas muertes? ¿Cuáles son las implicancias del modelo productivo foresto-industrial? ¿A quiénes beneficia y a costa de qué?
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Monocultivo letal

De las 36 mil hectáreas que conforman el municipio de Puerto Piray, el 63 por ciento (22.500) están en poder de la transnacional APSA, completamente cubierto de pinos. Se estima que cada hectárea forestada insume tres litros de agrotóxicos por año. Eso significa que, sólo en este pueblo, se rocían cerca de 70 mil litros de agrotóxicos cada año.

La mezcla de herbicidas utilizada en los pinares es conocida con el nombre de “Arsenal”, una explosiva combinación de glifosato con otros tóxicos, que elimina todo, excepto el pino.

Hace cinco años, doscientas familias de la zona conformaron la organización Productores Independientes de Piray (PIP), con la decisión de luchar por la expropiación de tierras a Alto Paraná, para la producción de alimentos. Desde el inicio, además, vienen advirtiendo preocupación por los efectos sobre la salud de las fumigaciones en gran escala que la transnacional realiza a pocos metros de sus viviendas.

Aunque acercaron reclamos formales al gobierno provincial en numerosas oportunidades, la falta de “pruebas” para las denuncias era la excusa para la indiferencia.

Cansados de evasivas, desde PIP resolvieron realizar una encuesta en la zona, centrada en cuatro grandes ejes: salud, tierra, producción y trabajo. En los primeros días de diciembre concluyó el relevamiento, que alcanzó a 200 familias, de un total aproximado de 240.

Las zonas censadas fueron Piray 18 (el cruce), barrio Unión, y Santa Teresa (hasta el puente Piray Guazú), abarcando toda el área rural que bordea la ex ruta 12.

Sobre los efectos a la salud del modelo forestal y los agrotóxicos, la encuesta fue contundente. En 70 familias hubo personas fallecidas por cáncer; 136 familias tienen chicos con infeccion en los riñones y en las vias urinarias; 152 personas padecen serios problemas estomacales (dos jóvenes están muy graves, y como no encuentran una solución en Misiones se están tratando en Brasil); 113 mujeres tuvieron graves problemas de embarazo, de las cuales veinte sufrieron abortos espontáneos; en 12 familias hay jovenes y niños con capacidades diferentes.

Además, en el 90 por ciento de las casas hay personas con enfermedades respiratorias crónicas; y en el 60 por ciento se registran casos de alergias gripales y dérmicas.

Miriam Samudio, delegada de PIP, contó que “todas las familias relacionan estas enfermedades con los agrotóxicos. La mayoría de los problemas comenzaron hace unos diez años, cuando Alto Paraná taló árboles viejos y plantó pino muy cerca de las viviendas, a solo 70 metros. Se usó mucho agrotóxicos, y desde entonces tenemos enfermedades”.

“La misma gente va relacionando y haciendo memoria de por qué ocurrió todo esto. Lo mismo con los animales, siempre cuando se fumiga se encuentran palomas, tortugas, los animales se intoxican y mueren. Mucha gente de acá se opera de la vesícula: ¿será que tiene que ver con el pólem de los pinos? Nos damos cuenta de lo que nos pasa, de acuerdo con nuestra realidad cotidiana”.

Enfatizó que “todo esto tiene que ver con los agrotóxicos. Necesitamos con urgencia un médico que nos acompañe, pero no conseguimos que alguien nos ayude”.

Salud Pública S.A.

Los productores de PIP denuncian que Salud Pública oculta las enfermedades relacionadas con la producción del pino y la utilizacion indiscriminada e inadecuada de los agrotóxicos, en evidente complicidad con Alto Paraná S.A.

Hace diez años, asistía al Caps del paraje una médica contratada por la empresa. Los vecinos notaron que en lugar de atender la salud de la población, sólo buscaba proteger la imagen de Alto Paraná. Por eso, la denunciaron públicamente, y dejó de venir.

En su reemplazo, arribó un médico clínico del Samic de Eldorado, quien permanece hasta la fecha. A pesar de ello, la situación no ha cambiado demasiado, según observaron los productores. La diferencia entre los profesionales enviados por APSA y Salud Pública es mínima.

“Nos llama la atención la forma en que nos atiende. Siempre comentamos entre las mamás, porque el te saluda muy amable, vos entrás con tu criatura, con la persona enferma, le llevás, y cuando le empezás a contar te quiere despachar nomás, no te escucha, 'dale esto', 'dale aquello, y andá nomas', te dice. Y nos llama la atención eso, porque un doctor te tiene que escuchar, tiene que esperar que el paciente le cuente todos los síntomas, para que después te medique”, comentó Miriam.

Añadió que cuando la empresa reanuda las fumigaciones “la salita se llena, todo el mundo va, y él nos dice que es una alergia nomás. No se interesa ni pregunta por la situación, no hay ningún compromiso de parte de los profesionales de Salud Pública”.

La asistencia en el Samic Eldorado no es diferente. Nunca se mencionan los agrotóxicos. El mismo silencio, la misma complicidad.

Con los resultados de la encuesta en mano, los pobladores solicitarán próximamente una audiencia con el director de dicho nosocomio y los médicos, para reclamar un compromiso mayor ante la ya inocultable problemática sanitaria.

Arsenal

El médico Juan Yadhjian, miembro del Movimiento Social Misiones, del Espacio Ecuménico y del Foro de Pensamiento y Construcción Social, advirtió que “el veneno mata y los más expuestos son los que lo manipulan y también las poblaciones vecinas y lejanas. Pero el veneno sigue siendo veneno siempre, y se potencializa cuando se combina con otros venenos (sinergia). Todos ellos terminan en los seres vivos (bioacumulación) y en nosotros en particular porque tenemos pocos mecanismos para metabolizarlos y expulsarlos, muchas veces rebalsados por la cantidad que absorbemos”.

Alertó que “son muchas las enfermedades que nos deja el modelo productivo vigente y en su mayoría, difícil de diagnosticar. Los agrotóxicos no circulan en sangre, se depositan en los tejidos, principalmente donde predomina la grasa, como es el caso del cerebro. Su presencia es causa de disminución de calidad de vida y una gran cantidad de síntomas y enfermedades, que no siempre tiene relación con el contacto con el veneno”.

El especialista indicó que además de los muchos transtornos de los que manipulan o se encuentran cercanos, “se describen cambios de conducta, disminución de defensas, de la capacidad intelectual, cuadros depresivos, dolores inexplicables de cabeza, mareos y otras alteraciones nerviosas y hasta enfermedades malignas. Son conocidos también los cambios hormonales o disturbios producidos por los agrotóxicos, probados en animales y en el hombre”.

Por ello, consideró que la única salida posible es “prohibir la producción y el uso de agrotóxicos y otros venenos. No basta con 'parar de fumigar', hay que parar de producir y de importar, por el peligro cierto de que terminen en nosotros (consumidor final)”.

¿Y la academia?

“Tenemos una Universidad que enseña a usar agrotóxicos”, afirmó el Ingeniero Forestal Juan Domingo Perié, coordinador de la carrera de Guardaparques en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones (Unam).

“La carrera de Ingeniería Forestal, en una de sus materias, enseña el uso, aplicación y cuidado que hay que tener con el uso del glifosato en las plantaciones de pino, que también es gran parte de lo que enseña esta Facultad, a plantar pinos”, contó.

El académico indicó que en Misiones anualmente se reforestan unas 30 mil hectáreas de pino y estimó que cada año se aplican más de 100 mil litros de glifosato en estas plantaciones. "Eso es responsabilidad, en gran medida, de los Ingenieros Forestales egresados de esta Facultad, porque son ellos los que coordinan, dirigen y planifican esas plantaciones”, advirtió.

Perié lamentó que “apenas un pequeñísimo sector de los Ingenieros Forestales egresados salen preocupados por la salud de su comunidad y la conservación del medio ambiente”.

Sobre cómo se llegó al punto de institucionalizar la enseñanza del uso de agrotóxicos en Misiones, evidenció que “hay distintos intereses, acá cuando aparecen las primeras plantaciones de pino en el año 1952, se plantaba y se carpía, no existía el glifosato. Apareció el glifosato como la 'solución' a las carpidas y la contratacion de gente. Entonces hoy, en vez de contratar gente para ir a carpir, se pone en un tractor el glifosato, y ese tractor hace en una jornada de ocho a diez hectáreas, cuando a un machetero o carpidor una hectárea le lleva cinco días. Entonces, cuando se hacen los números cuánta guita se pone para agroquímicos y cuánta para contratar a una persona, se opta por el agroquímico, porque resulta mucho más rentable. Pero de lo que no se habla es de los efectos a la salud y la contaminación. Sólo se habla de costos. Te dicen: 'Yo contrato tanto, pongo dinero, pago menos'. Es una cuestión muy sencilla. Económicamente es superior, más rentable el glifosato que contratar gente para que vaya a carpir en las plantaciones de pino”.

La Universidad forma profesionales que serán funcionales con un modelo productivo depredador, advirtió, “y aquel profesional, aquel docente que enseña el uso obviamente lo sabe. Todos sabemos, porque leemos y porque vemos el problema que genera el glifosato en la contaminación del medio ambiente y a la salud. Nadie puede decir, ningún docente puede decir que no sabe que esos productos son tóxicos".

¿De qué manera está relacionada la Universidad de Misiones con empresas como Alto Paraná y Monsanto? “Directamente”, respondió el Ingeniero forestal. Y explicó que quienes manejan las plantaciones, no solamente de Alto Paraná, sino de toda la provincia, son los ingenieros forestales; y un veinte por ciento de ingenieros agrónomos que tienen propiedades. Pero nosotros (los ingenieros forestales) somos los responsables de las grandes plantaciones de pinos, no otros”.

Para Perié, una salida para comenzar a revertir esta situación es plantear la necesidad de volver a contratar gente para carpir. “El pino va a crecer igual si se pone gente, porque el glifosato mata todo, menos el pino. La orientación sería esa: dejar de usar productos químicos, y poner la gente a trabajar, porque así generás trrabajo, cuidás al ambiente y generás riqueza”.

La raíz del mal

En el marco del “Juicio Ético y Popular a la Transnacionales de la Triple Frontera” -realizado el 31 de septiembre y 1 de octubre de 2011 en la localidad misionera de Wanda- el docente e historiador Rubén Ortíz, integrante del Movimiento Social de Misiones, expuso sobre el origen y la evolución del modelo forestal en Puerto Piray.

Durante su presentación, enfatizó la necesidad de “desentrañar la red de complicidades que hizo que esto fuera posible”, y expresó que la matriz pastera “no apareció de un día para otro, de la nada. Hace sesenta años se empezó a instalar”.

“Nuestros abuelos paraguayos vinieron corridos por la revolución de 1947, y fueron los primeros obreros de la industria pastera. Puerto Piray es prácticamente una colonia paraguaya, y se siente esa fuerte influencia en el conjunto de nuestro pueblo”, indicó.

Ortíz sostuvo que el modelo forestal pastero se instaló sobre la base de sucesivos genocidios y matanzas. Vergonzosos episodios que ocurrieron “en complicidad con la academia, que no quiso instalar este tema en el sistema educativo. Este tema sigue siendo vergonzosamente tratado”.

Por eso, remarcó que la pelea de los educadores es ver cómo incluir estos problemas en la escuela pública: “Ése es el debate madre. ¿Cómo vamos a construir el currículum? Ahí está el centro para enfrentar a las transnacionales. Si no está metido en el sistema educativo toda nuestra pelea va a ser más lenta”.

El investigador observó que el comienzo se da en 1940, cuando se instala Celulosa Argentina en Puerto Piray, comprando las primeras 80 mil hectáreas. “Quince años después, un célebre dictador genocida, Aramburu, inaugura la primera pastera en Piray. Corría el año 1955”.

Por entonces, la población de la zona ya padecía serios problemas para acceder a la tierra. “La extranjerización es la etapa final: aquí hubo una política de monopolio de la tierra. Cada municipio de esta zona era de una empresa. Y ese es un proceso que hay que ver hoy, porque hoy está ocurriendo lo mismo. Los contratistas de Alto Paraná son intendentes en democracia”.

El historiador expuso que en Misiones “siempre tuvimos problemas de no acceso a la tierra, porque la provincia se vendió en treinta chacras después de la federalización”.

Ortíz observó que el modelo pastero se consolidó durante la última dictadura cívico-militar argentina, de la mano del apoyo estatal. “Yo diría que sin la dictadura no hubiese sido posible. Entre 1976 y 1983, sobre todo Celulosa, vivió de manera vergonzosa los recursos. El 75 por ciento de los costos de la planta de CPP los puso el Estado. O sea, podíamos reclamar para nosotros el 75 por ciento de esa empresa hoy. ¿Entienden lo que les digo? Una cosa vergonzosa. En esta etapa se concreta la mayor concentración y extranjerización de capitales.”

En 1982 entra en vigencia Alto Paraná, la planta de Puerto Esperanza, con treinta años de exención impositiva.

Ya en la década del 90 se produce en Misiones, como en el resto del país, “la otra extranjerización”, continuó Ortíz. El Estado misionero tenía una empresa papelera, Papel Misionero, que fue la primera en extranjerizarse. Y en 1996 se vende la planta de Puerto Esperanza a Industrias Forestales Sociedad Anónima, del grupo Arauco.

“Fíjense lo que ocurre. Estábamos hambreados prácticamente en el Norte. Todas las organizaciones participaron de una multisectorial para la reactivación de CPP, en nombre del empleo. Que eso iba a generar trabajo, que iban a venir inversiones, era la teoría del derrame. Pero no se derramó un cuerno. Esta multinacional, hay que decirlo, es mentira que genera empleo. Es una barbaridad. Si nosotros queremos trabajo, por esta vía de las 'inversiones' no lo vamos a tener”.

Actualmente, Rubén Ortíz estudia las consecuencias del modelo pastero sobre la producción de la yerba mate. “Sólo en Montecarlo, que producía en el año 1999 –cuando se empieza a extranjerizar- 30 millones de kilos de hoja verde; hoy estamos, con suerte, en 15 millones”, ejemplificó.

“Y yo les quería mostrar un cuadro de destrucción espectacular de las fuentes de trabajo, de flexibilidad y precarización que tiene la industria. Para producir esos treinta millones de kilos de hoja verde, Montecarlo, municipio por excelencia productor de yerba-, teníamos 2160 tareferos (peones de la yerba) blanqueados, declarados. Tienen que entender que una de las actividades con mayor precariedad, históricamente, es la yerba mate. En 2008, cuando estalla el escándalo de la yerba, había 10 tareferos declarados. Por eso, cuando Alto Paraná dice “generamos 1.300 puestos de trabajo, la respuesta concreta es decirles: '¿Y la cantidad de tareferos que desapareció desde que llegaron ustedes?' En un municipio desapareció esa cantidad. Entonces, esto es una gran mentira”.

Además, alertó que en Montecarlo cada año se pierden mil hectáreas de yerba como consecuencia del avance de la forestación, de pino y eucaliptos. “Y eso tiene que ver también con los malos precios de la hoja verde, que hace que la yerba no sea rentable”.

Finalmente, el historiador reflexionó que la industria pastera fue una herramienta de saqueo desde el inicio, que se profundizó con la extranjerización en la década del '90. “Acá hay una vergonzosa entrega de la biodiversidad, pero sobre todo hay una fenomenal entrega de la riqueza que producen nuestros ciudadanos”.

Genocidio y Ecocidio

El Tribunal Popular del “Juicio Ético y Popular a las Transnacionales de la Triple Frontera” declaró culpable de Genocidio y Ecocidio a la empresa Alto Paraná S.A, junto con otras dos corporaciones: Cargill y Monsanto.

El fallo se conoció luego de dos intensas jornadas de audiencias, en las que se analizaron las denuncias, testimonios y casos testigos presentados por las poblaciones directamente afectadas por la presencia y forma de operar de la transnacional chilena.

El Tribunal advirtió que “hay en curso un ecocidio y genocidio silencioso”, tras comprobar “violaciones fragrantes a los derechos fundamentales de las poblaciones y de la naturaleza; así como la violación de normas, convenios y pactos internacionales que protegen los derechos políticos, sociales, culturales, ambientales, y ancestrales de los pueblos originarios”.

Por ello, resolvió denunciar y condenar ante a la opinión pública como anti ético y violatorio de los Derechos Humanos “al sistema neoextractivista imperante, que tiene a las transnacionales como uno de sus principales protagonistas”.

Asimismo, demandó a los gobiernos nacionales y provinciales a garantizar: “la soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses de los sectores privados; el acceso rápido y eficiente a la justicia; y la aplicación prioritaria de las normas internacionales que protegen los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, los Derechos Ancestrales, y de Protección al Medio Ambiente”.

Instó a suspender los megaproyectos de desarrollo de monocultivos “hasta que se sometan a un proceso de evaluación de impactos social y ambiental, con una real participación de las comunidades y poblaciones que se vieran afectadas”.

Y resaltó que las autoridades políticas tienen, a su vez, la responsabilidad por la omisión de medidas a su alcance que podría modificar la situación actual. “Las políticas implementadas desde los estados, como establecer marcos legales e institucionales favorables a las empresas y omitir la aplicación de las leyes que protegen los derechos de las poblaciones, incrementan el poder de las empresas transnacionales y refuerzan su impunidad, de tal manera que los gobiernos se convierten en cómplices de las violaciones a los derechos humanos que esas empresas cometen. Además, en muchas ocasiones, esos marcos legales e institucionales hacen jurídicamente imposible para las víctimas prevenir e impedir esas violaciones y obtener una reparación por sus consecuencias”.

Sebastián Korol es co-director de REVISTA SUPERFICIE.

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Argentina, Chaco. “29 dueños en una semana”: Advierten sobre posible venta irregular de títulos de propiedad

EL DIARIO DE LA REGIÓN - CHACO DIA POR DIA

La denuncia pública fue realizada por el dirigente del Partido Obrero, Aurelio Díaz. Los títulos corresponden a terrenos en Villa Fabiana y ocasionarían el desalojo de familias vulnerables que habitan hace muchos años en la zona.

El referente social Aurelio Díaz, dirigente del Partido Obrero, se acercó a El Diario de la Región para relatar algunas irregularidades, señaladas en un documento que entregó a esta Redacción, en la compra de títulos de propiedad de terrenos en Villa Fabiana, afectando a viejos pobladores de estrato social vulnerable que hoy corren el riesgo de ser desalojados de sus viviendas.

En el documento firmado por el referente, donde se adjunta una denuncia realizada por Silvana Paula Verónica Viñuela, una de las perjudicadas, Díaz indica que “el verdadero dueño” de las tierras vendidas entre diciembre de 2011 y enero de 2012, “falleció hace más de 20 años”. Se trata de Floreal Puigbó, expropietario de tierras ubicadas en Comandante Andresito 1.050, donde “hay familias pobres que hace 17 años cuidan y viven en ese terreno”, advierte.

Sostiene entonces que “hace 20 años murió Floreal Puigbó, y el 5 de diciembre de 2011 lo compra Leopoldo Rozes, y 20 días después, el 28 de diciembre de 2011 lo compra Héctor Vega Fernández, a través de su hija Azul María Vega Fernández, operación que se realizó ante la escribanía de Pablo Ayala Alvarado”.

La historia no termina ahí, ya que según el documento, en la Fiscalía de Investigación Penal N° 10, a cargo de Lilian Irala, se realizó la denuncia y allí se tomó conocimiento que “en el término de una semana, pasaron por el terreno Comandante Andresito 1.050, 29 supuestos dueños” que no acreditaron título de propiedad del mismo. Incluso menciona a “un comisario retirado que tiene una inmobiliaria que exhibiendo armas de fuego quiso intimidar a los que estaban en el terreno”.

Tal como se dio el relato, la presencia de Díaz evitó que el asunto llegara a mayores en ese momento. Sin embargo, detalló que luego del episodio, “amedrentaron a una vecina aledaña al terreno y esta señora fiscal en vez de resguardar la seguridad de los ciudadanos y tomar las denuncias de los ‘dueños del terreno’ de manera parcial, toma como válido el ‘título de propiedad’ de Héctor Vega Fernández”.

Denuncia pública

El terreno en cuestión, junto a dos más que también se encuentran en la zona, explica Díaz, fueron comprados por una periodista de Chaco. “En el terreno de Comandante Andresito 1.050, cuidan y viven, permitido por esta señora periodista, una familia muy pobre, con cuatro hijos, cuya madre padece de leucemia y cuyo padre changuea de albañil algunas veces, otras de remisero, y se le suma esta desgracia de ser echado a la calle por gente más poderosa que los fiscales y jueces, que hacen levantar a muertos de su tumba para hacer firmar títulos de propiedad”, dice el escrito.

A la vez, relata que “todos los días, esta familia que vive en el predio y la vecina aledaña sufren intimidaciones de toda clase, desde parar vehículos a la una de la madrugada hasta llamados telefónicos con marchas militares”.

Finalmente, el documento asegura que “si Lilian Irala hizo oídos sordos a la denuncia por intimidación (adjuntada al documento), a partir de hoy hacemos responsable de la seguridad, al gobernador de la provincia de Chaco”.

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Argentina, Tucumán. La lucha continua: Una militante de la solidaridad en busca de sobrevivientes de la masacre

PRIMERA FUENTE

Fue secuestrada muy joven, sufrió el infierno de la tortura apenas con 19 años, pero logró sobrevivir al genocidio de la dictadura militar. Cuando la liberaron, a principios de los 80, Lilian Reynaga comenzó otra lucha para reinsertarse en la sociedad. Sin embargo, al igual que la mayoría de sus compañeros sobrevivientes, no lo ha conseguido plenamente. Los ex presos políticos sufren, además de las secuelas físicas y psicológicas que les dejó la tortura, el rechazo de la gente que los sigue considerando “delincuentes subversivos”.

Hoy trabaja como radióloga y a la vez continúa militando en política, porque no olvidó sus ideales. Sobre todo el de la solidaridad con las víctimas, con los escasos sobrevivientes y su compromiso con la reconstrucción de la memoria, en busca de justicia. Integra la Federación Nacional de Ex Presos Políticos y lleva adelante un censo, recorriendo en su modesto auto cada rincón de la provincia, para registrar a aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado y que nunca fueron reconocidos ni ayudados a superar las secuelas.

“Desde que volvió la democracia, en 1983, los ex presos tratamos de reinsertarnos social y laboralmente. De reconstruirnos como personas. Nos ha llevado mucho tiempo, incluso en el ámbito familiar, porque nos quitaron todo: la familia, los bienes, la posibilidad de terminar una carrera. Y con toda esa mochila de lo que significa salir de una cárcel, fue terrible -explicó Reynaga-. A mí me costó. Yo he trabajado en la Juventud Peronista y fui detenida muy chica, a los 19 años. En 1982 volví a la misma zona donde vivía, a trabajar políticamente, a reabrir las unidades básicas. A los que volvimos no siempre nos recibían de la mejor manera. Nuestras familias también sufrieron la discriminación y el castigo moral de parte de la sociedad. Mi pobre vieja, que falleció en 2010, tuvo que irse del barrio Echeverría porque los vecinos la trataban con desprecio y la llamaban la madre de la subversiva. Se mudó a una casita en Villa Mariano Moreno, donde yo fui en 1981 a cumplir mi libertad vigilada en total aislamiento, amenazada y hostigada por los servicios”.

Actualmente la asociación de ex presos realiza un censo de gente que estuvo en la misma condición durante la dictadura.

-Sí. Estuvimos durante meses recorriendo pueblitos del sur de la provincia. Hemos encontrado a testigos potenciales de hechos que seguramente desconocemos todavía. En Santa Lucía, por ejemplo, hay testigos oculares de fosas comunes. Tratamos de convencerlos de la necesidad de dar a conocer estos hechos. Les damos todas las garantías que tienen a través de los programas nacionales de protección y de acompañamiento de los testigos. Hay un cuerpo de psicólogos que está trabajando con nosotros. Avanzamos sabiendo que hay sectores que se oponen a la revisión de los crímenes de lesa humanidad. Nosotros somos las pruebas vivientes del genocidio y la información que podemos proporcionar no la puede dar otra persona. Esta es otra forma de contribución y de entrega que tenemos como militantes del campo popular. Hoy, gracias a las políticas de derechos humanos que ha puesto en marcha el Gobierno, los ex presos podemos cumplir esta misión, que hace 20 años hubiera sido imposible. Así como hubo tantos compañeros que dieron la vida, nosotros estuvimos en la cárcel y ahora podemos contribuir de esta manera.

¿Donde estuvo detenida usted, fue víctima de torturas? -Yo fui una de las 24 mujeres que estuvimos en la cárcel de Villa Urquiza. Hay una causa que va a ser elevada a juicio, posiblemente este año. Las mujeres la pasábamos muy mal en la cárcel, porque estábamos en manos de las patotas que actuaban entonces al servicio del Estado. Yo he sido violada, en la tortura, con lo que llamaban el "coito eléctrico". Con la picana. A mí me destrozaron, me quemaron. Además de torturarme sicológicamente diciendo que no iba a poder tener hijos. No es fácil hablar de esto, pero lo hago porque ayuda a sanar esas heridas internas. Hoy los organismos de derechos humanos han logrado que la Justicia diferencie ese abuso sexual como un acto aberrante dentro de la tortura, que es motivo de un juicio aparte para los genocidas. Lo sufrimos las mujeres y también algunos hombres. Villa Urquiza fue un campo de concentración "legalizado", donde se practicaron los mismos tratos inhumanos que en los centros clandestinos. Además de torturarnos, nos sometían a simulacros de fusilamiento, e incluso mataron a algunos compañeros. Entre las mujeres, había esclavas sexuales. Por eso Villa Urquiza es una megacausa que se sigue investigando.

¿En Tucumán la represión tuvo características especiales con respecto a otras provincias? -A diferencia de otras provincias, Tucumán tiene una ínfima cantidad de sobrevivientes -450- en relación con la cantidad de desaparecidos, que fueron unos 3.000. En Santa Fe, en cambio, hay más de 1.200 sobrevivientes y unos 300 desaparecidos. Para colmo, aquí hubo muchos compañeros que murieron al poco tiempo de ser liberados porque habían salido en muy malas condiciones. Algunos todavía se encuentran en estado de mendicidad. Muchos murieron en esas condiciones, en estado de total abandono, cayeron en el alcoholismo o se suicidaron. Los sobrevivientes padecen problemas cardiacos o renales, hipertensión, y otros males que provienen de la cárcel, de la tortura, y de la vida de privaciones que llevaron después. Hace poco se nos murió de un paro cardiaco un compañero, en Famaillá, que estuvo detenido dos años en bases militares. No fue reconocido como preso político, e incluso fue cesanteado de la Municipalidad de Famaillá.

Tenía 56 años. En esa misma situación hay alrededor de 35 compañeros en la zona. Viven de changas, sin acceso a la salud, y en viviendas de familiares que los pudieron albergar. La gran mayoría de los detenidos y desaparecidos de Tucumán provienen de sectores campesinos y obreros, de una provincia que ha padecido la pobreza estructural.

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Argentina, Tucumán: Los barrios privados son la forma urbana de las abismales diferencias entre clases sociales

PRIMERA FUENTE

En Yerba Buena hay una creciente proliferación de áreas privadas que abarcan grandes extensiones. Su relación con el entorno es problemática, porque supone barreras física y visuales para el vecindario, sin el aporte de ninguna mejora o beneficio al entorno.

En los últimos 20 años, al impulso del individualismo y el “sálvese quien pueda” consolidado en los 90, se acentuaron las desigualdades sociales y también las distancias que impuso la clase más adinerada con las demás, en términos de espacio físico de convivencia. “Los que tienen” levantaron barreras entre sus propiedades y el territorio de “los que no tienen”; pero no sólo impiden el paso de los potenciales ladrones, sino también se cubren de la mirada de los de afuera, a la vez que evitan ver ellos mismos el mundo de pobreza que suele rodearlos.

Así como en las grandes capitales latinoamericanas se multiplicaron los condominios o comunidades cercadas, inspirados en el modelo norteamericano de la vivienda unifamiliar y la seguridad privada, en Argentina los barrios cerrados tuvieron una expansión vertiginosa.

En Tucumán, la ciudad de Yerba Buena se ha convertido en el lugar preferido para ese concepto diferente de urbanismo que se basa en una lógica de exclusión. El urbanismo tradicional, en cambio se basa en una lógica inclusiva. Así lo define el psicólogo Juan Vicente Garbero Director del Proyecto CIUNT: “Interacción entre tipología barrio cerrado, contexto urbano, imaginario colectivo y ley”, del que es codirector la arquitecta Marta Susana Cisterna. Estos investigadores definen al urbanismo como una “…metadisciplina compleja, holística, integrada por diversas ciencias, tecnologías y arte, que estudia y planifica el crecimiento y desarrollo de la ciudad, concebida como sistema. Esto exige que todas las estructuras, funciones y procesos urbanos, sean articulados por la Ley y que sus intervenciones sobre la ciudad propendan, con el menor grado posible de conflicto, a integrar la diversidad de estructuras que la conforman, los colectivos heterogéneos que la habitan, y a una interacción con el ecosistema del entorn
o y con otros sistemas urbanos, en dirección a su desarrollo sustentable” (Garbero J.V., Cisterna M.S. 2010).

Consideran que si bien no es posible emitir un juicio valorativo sobre una tipología urbana “en sí”, es necesario prever su comportamiento para crear regulaciones legales que permitan la planificación urbanística y eviten potenciales conflictos.

“Oservamos que los barrios cerrados no comparten sus espacios, ni sus visuales ni proponen un intercambio sociocultural fluido y directo con el sistema urbano en que se instalan -explicó Garbero-. Por ejemplo, no aportan al entorno ningún equipamiento. No ofrecen ni veredas ni luminarias adecuadas orientadas a proteger y favorecer la circulación peatonal de los vecinos del entorno y tampoco visuales interesantes que lo enriquezcan. Permanecen ocultos tras barreras de ligustros, en el mejor de los casos, porque también se observan con frecuencia cubrimientos con lonas y otros materiales de menor calidad formal y estética como chapas y maderas. En numerosas zonas colindantes con barrios de menor nivel socioeconómico se levantan muros elevados. Y las casillas de entrada con sus guardias siempre atentos a que nadie se detenga cerca, ni mire mucho. Durante el período de relevamiento documental fotográfico del proyecto, en algunas ocasiones, durante los relevamientos fotográficos del proyecto, salieron guardias pri
vadas motociclistas (no policía, desde luego) a ahuyentarnos. Debimos aclararles que mientras estuviéramos en un espacio público íbamos a usar nuestro derecho y no podían impedírnoslo”.

Por su parte, Maristella Svampa, una de las primeras sociólogas del Conicet que estudió el tema, autora de “Los que ganaron”, explica en su libro que el nuevo estilo de vida implica un modelo de “socialización entre nos”. Es decir que los countristas defienden las ventajas de vivir en contacto con gente con estilos de vida similar. O sea “gente como uno”. El nuevo modelo contrasta con el estilo de socialización de los barrios tradicionales donde aún conviven diferentes sectores sociales. Pero la delimitación del espacio sugiere una forma de separación despectiva con el entorno.

En su trabajo, los investigadores de la UNT también señalan la existencia de desagües pluviales con salida directa a calles exteriores, que contribuyen a inundarlas durante el período estival. Estas bocas de drenaje generalmente están ubicadas por las pendientes naturales de la zona hacia el sureste y son poco amigables con el entorno. Como ejemplo, existe un barrio de 68 hectáreas con una esclusa de salida de agua pluvial sobre el barrio La Esperanza, integrado por gente que vivía en las márgenes del Canal Sur y del Río Muerto, y se inundaba, a fines de los ’90 y comienzos del 2.000, época en que se comenzó a desarrollar el barrio cerrado Las Yungas sobre el sistema pedemontano. Hacia el norte, otro barrio cerrado ubicado sobre la avenida Presidente Perón desagua sobre la vía pública, precisamente en la diagonal -ex vía de ferrocarril- en la que hace 40 años comenzó un asentamiento irregular que, por programas del Municipio, en la actualidad ya ha sido regularizado en toda su extensión.

Aunque no todos, muchos de estos barrios se construyeron sobre tierras de la periferia del municipio de Yerba Buena y en muchos casos esto ha determinado la yuxtaposición con barrios de menores recursos. Esta cercanía ha sido durante mucho tiempo generadora de conflictos. Esto es lo que ocurrió a fines de los ’90 y comienzos del 2000, a lo largo de calle “Las Lanzas”, entre el Barrio “La Esperanza” y un barrio cerrado vecino en donde a las piedras que menudeaban de uno de los lados se opuso un rústico paredón. Por suerte, en el presente el litigio se ha mitigado gracias a la asistencia que recibe el sector de menores recursos, con programas de mejoras de viviendas. Sin embargo, observamos que en la sociedad contemporánea se ha profundizado la distancia entre las clases sociales, de tal manera que el intercambio potenciador del desarrollo social, cultural y económico ha sido sustituido en la estructura urbana actual por una estructura que propicia un esquema de oposición, a juicio del equipo investigador.

“Otra forma en que los barrios cerrados afectan negativamente a la vida de una ciudad es en la generación de barreras urbanas que obstaculizan las vías de comunicación, perjudicando en especial a los vecinos que deben trasladarse de a pie. Hay que considerar que estos barrios cerrados ocupan grandes superficies y desplazarse de un punto a otro en muchos casos exige un gran rodeo, a veces peligroso. En Yerba Buena, en la actualidad, existen pocas calles que permitan transitar directamente, sin interrupciones, todo el municipio -lamentó Garbero- Existen algunos de estos emprendimientos que abarcan 60 hectáreas, y hay casos en que superan holgadamente las 100 hectáreas. Desde luego que estructuras de este tipo, con tales dimensiones, no pueden convivir con un sistema urbano, en el sentido más profundo del término, según lo hemos definido anteriormente”.

“Consideramos importante resaltar que en una urbanización tradicional, se comparten e intercambian prestaciones mutuas, de servicios, de oficios, de actividades comerciales y profesionales. En cambio, el barrio privado se inserta como una estructura parasitaria que toma recursos y prestaciones del entorno urbano en el que se inserta, sin ofrecer nada a cambio, instalándose como un cuerpo opaco en medio del sistema urbano”, agregó.

Cuando se les pregunta a los habitantes de los barrios cerrados sobre la motivación para escoger esta tipología la mayoría lo fundamenta en una búsqueda de seguridad. Sin embargo, en las entrevistas realizadas por el equipo de investigación de la UNT, según Garbero, se han encontrado otros motivos. Uno de ellos es la búsqueda de pertenencia a sectores adinerados y de gran poder. Es decir, una adhesión a esta nueva forma de exclusión entre clases y una especie de xenofobia, en la que los setos verdes cierran al “otro diferente” la mirada. Al mismo tiempo que, a la inversa, desde ese interior imaginariamente “dulcificado” se hace negación de la visual del entorno, porque el contexto es cada vez más patético. Es interesante descubrir en las entrevistas que con frecuencia los vecinos de los barrios cerrados también se sienten segregados por los del entorno, al igual que los del entorno se sienten segregados por los habitantes de los barrios cerrados.

EXPANSION VERTIGINOSA.- En Yerba Buena, el viejo Jockey Club fue el primer barrio cerrado, que data de 1978. En el 1994 se hizo un agregado al Código Urbanístico de la Ciudad Jardín. Consta apenas de una carilla y está destinado al rubro “urbanizaciones especiales”. No prevé ninguna normativa que pueda ponerle límite a los fenómenos adversos que genera en la urbanización tradicional. A partir de ese momento se produjo el boom inmobiliario de la urbanización cerrada. Ahora existen aproximadamente 60 barrios cerrados (sumando los desarrollados y en construcción) en el municipio de Yerba Buena.

ESTRUCTURAS ESQUIZOURBANAS. Hemos determinado denominar así (Garbero J.V. y Cisterna M.S.) a estas estructuras, sobre la base etimológica griega de la primera parte del concepto, que separado, escindido, disgregado, porque no se integran ni interactúan urbanísticamente con el resto de la ciudad. Son estructuras desagregadas del sistema urbano. No tienen interacción con él. En las entrevistas, algunos vecinos dicen que los countristas parecen murciélagos, porque salen con sus camionetas por la mañana a toda velocidad, todos juntos, y a la noche vuelven todos juntos. Ni se saludan ni se miran con el vecindario. Ni siquiera se conocen.

AUTOABASTECIMIENTO DE SERVICIOS. Los countries tienden a una autonomía que abarca los servicios básicos. En una época compraban energía eléctrica en el mercado mayorista. En algunos casos el retiro de la basura se contrata privadamente. Algunos barrios cerrados perforaron sus propios pozos de agua.

LOS HIJOS DEL COUNTRY.- En su libro "Mundo privado", la periodista Patricia Rojas refleja la vida de los adolescentes de los barrios cerrados, a través de numerosas entrevistas. El gran problema con los chicos, en los últimos años, es el vandalismo. Rompen faroles, pintan de negro casas a punto de ser entregadas, toman otras que no tienen dueño, tiran coches a piletas de natación, se aburren y se emborrachan y a veces hasta abandonan a algún amigo que, de tanto beber, cae en un coma hepático. "A algunos los sentí perdidos, con dudas muy profundas -contó-. Vienen de un lugar de altísimas expectativas. Los viejos de estos pibes esperan muchísimo de ellos. Los chicos de pronto descubren que, a lo mejor, y a pesar de todos los privilegios, no están a la altura. Y tienen mucho miedo".

DESNUDADOS POR LA FICCION.- La periodista Carla Castelo publicó el libro “Vidas perfectas. Los countries por dentro”, donde revela con ironía y humor cómo es la cotidianeidad de los barrios cerrados. “En muchos casos confirmé mis prejuicios porque me encontré con un grupo de gente egoísta y competitiva, pero asumo que me sorprendí con la capacidad de autocrítica y con la lucidez de los entrevistados. Se describen sin piedad, me llamó la atención el extraño reconocimiento de los propios pecados”. Y con respecto a la forma en que la ficción de las novelas y el cine ("Las viudas de los jueves", "Cara de Queso", “Una semana solos”) reflejan la vida en los countries, Castelo comentó: “Los retratos que hizo la ficción hacen honor a la verdad. Las mujeres fantasean con los profesores de gimnasia y las mucamas son verdaderas cenicientas modernas que viven solas durante el día en casas color pastel”. La periodista sostiene que los protagonistas del fenómeno son capaces de contar barbaridades sobre sus propias vidas, pero que no soportan ver que eso sea de dominio público y asegura que “la simulación es un modus operandi”.

RIESGOS DE VIVIR EN LA BURBUJA.- Maristella Svampa dice que el barrio cerrado promueve una socialización dentro un ambiente protegido y homogéneo, que los mismos residentes denominan “el modelo de la burbuja”. Son muchos los testimonios que aluden a la “irrealidad” o “artificialidad” del modelo y a sus consecuencias más inmediatas: niños ya crecidos que no saben desenvolverse de manera autónoma, una vez que trasponen las fronteras del country o del barrio privado; niños que, de visita en la ciudad “abierta”, se abalanzan sobre las calles con una ingenuidad y una confianza casi provinciana; niños que rehúyen el contacto con el mundo exterior, un mundo que vislumbran superpoblado, estridente y agresivo, y buscan pasar la mayor parte del tiempo en espacios protegidos; en suma, niños que crecen en un espacio homogéneo y restringido, del “entrenos”, con escaso contacto con seres “diferentes”, y lejos de los males contaminantes de la ciudad contemporánea.

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