lunes, 23 de enero de 2012

¿Reforma o Revolución Agraria?

Guillermo Navarro Jiménez (especial para ARGENPRESS.info)

“la única cosa aterradora es lo fosilizado, lo rígido y moribundo y, en cambio, la única cosa satisfactoria es cuando un individuo o, mejor dicho, toda la sociedad, consiguen rejuvenecerse en la lucha, conquistar su derecho a una nueva vida”
Bohumil Hrabal “Una soledad demasiado ruidosa”

Durante la inauguración del V Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina), efectuada el 12 de octubre del 2010 en Quito, el Presidente de la República Rafael Correa, planteó la disyuntiva entre reforma o revolución agraria, pronunciándose por la segunda, con lo que, debemos entender, establecía distancias con la reforma agraria de 1967, a la vez que se alineaba con una profunda revolución agraria a desarrollarse en el futuro próximo, en el marco de la transformación que favorece.

Presunción que se desprende de la aseveración presidencial en el sentido de que: “Tenemos de los indicadores más inequitativos del mundo en cuanto a distribución de tierra, injusticias ancestrales de los pueblos originarios, que están desplazados a 3.600 metros de altura", crítica abierta a la reforma agraria de 1967 que distribuyó pequeñas parcelas de terreno, conocidas bajo la denominación de huasipungos, de muy baja productividad y económicamente no rentables, localizadas principalmente en los páramos o en las zonas menos productivas. Propiedades que fueron entregadas en propiedad privada, las que por las características antes enunciadas, generaron condiciones propicias para un posterior proceso acelerado de minifundización, uno de los problemas principales que enfrentan los campesinos pobres, como lo comprueba, por ejemplo, el estudio de última data publicado por SIPAE, bajo el título: : “¿Reforma Agraria en el Ecuador? Viejos temas, nuevos argumentos”, publicado en agosto del 2008.

En su intervención, el Jefe de Estado, igualmente, anunció que existen 200 mil hectáreas que están bajo la propiedad del Estado las mismas que serían repartidas, a las que se sumarían las tierras bajo distintas formas de propiedad que no cumplan con su función social y ambiental, sobre la base de lo dispuesto por la Constitución vigente en el artículo 321, que expresa: "El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental". Extensión de tierras nada despreciable si se considera la gran cantidad que se mantienen incultas, como consecuencia de la inveterada práctica de los terratenientes de mantenerlas en esa condición en procura de que el precio se eleve para proceder luego a su venta. Buen ejemplo es la realidad que se registra en la península de Santa Elena.

Bajo esos argumentos iniciales afirmó "Aquí reiteramos nuestro compromiso de radicalizar la Revolución y con ello la Revolución Agraria". Contundente pronunciamiento, ante el cual cabe preguntarse si la revolución agraria debe limitarse a la sola repartición, a la titularización individual y privada de la tierra, como políticas públicas suficientes para desarrollar y profundizar una revolución agraria. La respuesta de partida es negativa, puesto que una revolución agraria no pasa sólo por la repartición de tierras, el cambio de propietarios o la titularización de las mismas. La revolución agraria implica, ineludible y principalmente, modificaciones en las formas de propiedad, en las formas de organización de la producción que permitan, la primera avanzar en términos históricos y evite la minfundización; en tanto que la segunda genere condiciones para elevar la productividad que impida la ulterior venta de las tierras adjudicadas. Mecanismos indispensables para evitar la ulterior concentración de la propiedad como aconteció luego de la reforma agraria de los 60, y para el cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución vigente, en el segundo párrafo del artículo 282, a saberse la prohibición del latifundio y la concentración de la tierra.

En los momentos actuales (diciembre 2011) el debate sobre este tema ha tomado actualidad, no sólo por la insistencia en la titularización privada de las tierras que se adjudican, excepción hecha de las entregadas como propiedades comunitarias; por el énfasis puesto en el tratamiento del proyecto de Ley de Tierras; y, por los anuncios efectuados por Miguel Carvajal, viceministro de Desarrollo Rural, quien insistió en que se procederá a la entrega de títulos de propiedad en varias zonas del país, procedimiento que requiere una reflexión a la luz de la disyuntiva planteada por el Presidente de la República. Reflexión que se expone en tres puntos:

- Un primero que se trata sobre las distintas formas de propiedad, la transitoriedad de la propiedad privada y el proceso de expoliación sobre la base del cual se conformó la propiedad privada en los sectores rurales;

- Un segundo en que se presenta una breve reseña sobre la función social en términos de la historia constitucional ecuatoriana, instrumento de especial importancia para impulsar un proceso de reversión y redistribución de la tierra; y,

- Un tercero en que se exponen las principios que proponemos para avanzar en el desarrollo de una revolución agraria que supere las limitaciones propias de una reforma agraria, en la línea de lo planteado por el Presidente de República.

1. Formas de propiedad

La disyuntiva entre reforma agraria y revolución agraria, sin lugar a duda alguna, no se resuelve mediante la simple redistribución de la propiedad sobre la tierra, ya que, ello conlleva únicamente a una redistribución de la propiedad privada de la tierra, proceso que si bien procede desde la perspectiva de la justicia social, no lo es en términos históricos, de una revolución agraria, ya que deja intocado dos problemas fundamentales: la forma de propiedad, y la potencial minifundización de la tierra redistribuida. Problemas que, en el mediano plazo, se convierten en instrumentos que propician la concentración de la tierra.

Pero el problema no se agota con lo antes mencionado, puesto que esa práctica, por omisión, deliberada o no, o por ninguna reflexión sobre la base ideológica en que se sustenta la titularización privada de las tierra, se pasa por alto la consolidación del individualismo frente a la visión solidaria que plantea la constitución vigente, a la vez que permite se fortifiquen las posiciones neoliberales que propenden a convertir a todos los bienes en privatizables, entre estos la tierra. Posicionamiento u omisión que exige una reflexión adicional respecto al tipo de bienes que son susceptibles de privatizar y cuáles no lo son, para mejor avizorar las razones que inducen a plantear nuestra tesis sobre la forma a adoptar en este proceso, aspecto sobre el cual volveremos más adelante.

1.1. Origen y limitaciones temporales de las formas de propiedad

"...en la medida en que el pasado humano es mal conocido, mal interpretado, los hombres, y los grupos de hombres, tienen una visión incorrecta de su presente y de su futuro"

Pierre Vilar: "Iniciación al vocabulario del análisis histórico"

En el campo de la ideología, la manipulación de la opinión pública tiende a instituir en el imaginario colectivo, en la conciencia nacional, a la propiedad privada como una forma de propiedad inalterable, intocable, inmutable. Idea preformadas tanto por el cultivo del fetichismo a la Ley que impone la dominación, como por una constante reiteración de esas posiciones, que terminan por conferirlas el carácter de verdades incontrovertibles. Ante ello vale una breve digresión sobre las formas de propiedad, para mejor entender su proceso histórico, y reconocer la transitoriedad de la propiedad privada que hoy los grupos dominantes la pretenden inmutable.

El hombre primitivo, no concibe que los bienes de la naturaleza sean de alguien. Simplemente toma todo lo que requiere para satisfacer sus necesidades, puesto que la característica de la actividad humana, en esta etapa, es su condición recolectora. Los bienes son libres: tierra, agua, aire, frutos y todo lo que contiene la naturaleza, por lo que pueden ser usados sin más limitación que la precariedad de los instrumentos de producción disponibles y de los conocimientos necesarios para hacer uso de ellos. La idea de la apropiación es desconocida. Todos los bienes existentes fueron de uso y goce general, sin restricciones. En consecuencia la abstracción que hoy conocemos como “propiedad”, no existía al inicio del desarrollo humano. En consecuencia la propiedad no es consustancial a la vida social humana, no es un derecho natural como se pretende. Aparece en una etapa avanzada del desarrollo de la humanidad.

Posteriormente, con el avance de los conocimientos que el hombre empíricamente va adquiriendo, acumulando y desarrollando, fue posible que el hombre avance a la etapa de la caza, la domesticación de animales y el cultivo de determinados productos, con lo que paulatinamente va asumiendo “el control de la naturaleza, generando una suerte de desmembramiento, de separación del hombre de la naturaleza, que culmina con el sometimiento contra natura que hoy observamos. Serán estos avances los que permitan posteriormente que el hombre genere excedentes, esto es la diferencia entre la producción y el consumo, lo que igualmente posibilita la apropiación de los mismos por parte de determinados grupos sociales, con lo que se da origen a las diferencias sociales entre “los que tienen” y “los que no tienen”; los adueñados de los medios de producción y los despojados de los mismos. Se da origen a nuevas relaciones sociales, a nuevas relaciones de producción .

El concepto y las formas de propiedad se conforman, entonces, en el devenir histórico cuando se generan excedentes y los hombres se dividen entre aquellos que poseen o no el poder suficiente para apropiarse de los medios de producción, y, a través de ello de los excedentes generados por el trabajo de la sociedad en su conjunto. Este proceso diferenciador, en su etapa inicial se caracterizó por la apropiación ilegítima de bienes e instrumentos y medios de producción que antes eran propiedad colectiva. Apropiación ilegal que no es privativa de esta etapa del desarrollo de la humanidad, como lo demuestra factualmente lo acontecido en la antesala del capitalismo, en la etapa que se conoce como acumulación primitiva de capital, cuya práctica fundamental fue la exacción como método principal de acumulación .

Posteriormente, una vez consolidada la apropiación como institución social, el Estado otorga el blindaje conceptual a la propiedad privada, cuando la eleva a la categoría de derecho , mediante la imposición por la fuerza económica y política de la clase que se apropió de los bienes que eran antes de uso y goce común. Por lo antes dicho, la propiedad privada no es más que un “tipo de apropiación”, antes que un “tipo de propiedad”.

Posteriormente, con el transcurrir del tiempo, y por la consolidación de la estructura de clases se afianzó la propiedad privada, cuyos alcances, desde la perspectiva de los medios de producción y la fuerza de trabajo, varían de acuerdo a la formación económica social que impere. Así en el esclavismo, se extiende incluso a la fuerza de trabajo, en tanto que en el feudalismo se asumen formas que encubren el dominio sobre la fuerza de trabajo, como es el caso de los siervos medievales o de los huasipungos, el concertaje, entre otras instituciones, en las colonias españolas. Será en el capitalismo en que la fuerza de trabajo se declare formalmente independiente.

En la etapa capitalista, como producto de su propio desarrollo, como por la necesidad imperiosa de dar respuesta a los problemas derivados de las crisis, cada vez más frecuentes y amplias, se elaboraron diferentes modelos de desarrollo , cuya base teórica responde a diferentes posiciones ideológicas, lo que genera nuevas relaciones de producción y, en consecuencia, diferentes formas de propiedad . En el ámbito de la propiedad privada se conformaron formas de propiedad colectivas a más de la individual, como producto de las exigencias determinadas por una más rápida y amplia acumulación de capital, entre las cuales vale citar las compañías de participación accionaria, instrumento de especial importancia para la centralización de capitales . Más adelante, cuando la creciente desigualdad genera movimientos sociales que cuestionan al capitalismo como formación económica y social, como es el caso de la década de los 70 en América Latina, se fortalece el cooperativismo, otra de las formas privadas colectivas. En los últimos años aparece la forma de propiedad privada colectiva denominada asociativa, la cual contempla igualmente otra vertiente, la cual se ubica en el campo de la propiedad social.

Desde la perspectiva de los modelos de desarrollo y a partir del desarrollo teórico de Keynes, la primacía de la propiedad privada genera el aparecimiento y robustecimiento de la propiedad estatal en la mayoría de países capitalistas, como consecuencia de la ampliación del radio de acción del Estado, el cual, a las tareas de control y vigilancia, agrega la de productor. Proceso que se inicia a partir de los años 30, hasta el punto que permite se configure lo que luego se conocerá como economías mixtas.

En la década de los 80, con la presencia predominante del pensamiento neoliberal, se inicia el proceso de privatizaciones, bajo distintas modalidades, que determina una drástica reducción de la propiedad estatal, de la propiedad social a la que corresponde. Concomitantemente, se fortalece la propiedad privada, individual y colectiva, incluso sobre bienes que no son producto del trabajo humano, como se verá más adelante.

En términos de las formaciones económicas y sociales, es posible determinar cambios aún más profundos en las formas de propiedad, con la particularidad de que algunas desaparecen casi en su totalidad como es el caso de la propiedad privada en los países socialistas; de la propiedad social en los mismos países, antes del reflujo histórico que se produjo en la década de los 80 que concluyó con el retorno al capitalismo; o, las progresivas modificaciones que se observan en países como China, Vietnam o Cuba, en los actuales momentos.

Lo antes expresado sobre los flujos y reflujos históricos que determinan la casi desaparición de la propiedad privada o de la social, en los países que dejan de ser capitalistas o socialistas, no es un fenómeno nuevo, como lo ejemplifica el fenómeno observado durante la Guerra Civil en Francia, proceso en el cual el reemplazo de las formas de propiedad feudales por capitalistas, las que, una vez que se produjo la derrota de las fuerzas insurgentes, retornaron a formas de propiedad feudal, en desmedro de la propiedad privada capitalista. En el siglo pasado, similar fenómeno se produjo en Indonesia, una vez que se produjo el golpe de Estado de Soeharto contra Sukarno, puesto que aquel “devolvió” las propiedades a la realeza feudal, intervenidas por la revolución nacionalista de Sukarno.

Los ejemplos antes mencionados, no tienen ni remotamente la intención de agotar el tema sobre las modificaciones de las formas de propiedad que se registraron durante los procesos antes citados. Pretende únicamente poner en relieve la labilidad, la fragilidad, la inestabilidad que caracteriza a las formas de propiedad, las cuales se debilitan o fortalecen cualitativa y cuantitativamente, e incluso aparecen o desaparecen, dependiendo de los modos de producción que se conforman o desaparecen al interior de una formación económica o social, o, cuando una formación económica y social es reemplazada por otra. La intención para incluir los ejemplos anteriores, tienen, entonces, por único objetivo rebatir la tesis que sostiene que las formas de propiedad, y, entre estas la privada, son permanentes, inmutables.

Por lo antes dicho, por la sucesión de formas de propiedad que se constata en el decurso histórico de la humanidad, así como por los flujos y reflujos que se producen a nivel de las formas de propiedad, es posible extraer una primera conclusión: todas las formas de propiedad aparecen en determinadas condiciones económicas, sociales y políticas, dependiendo de las relaciones de producción predominantes, y desparecen cuando cambian las relaciones imperantes.

Si todo ello es así, vale preguntarse ¿cuál es la razón para que en el imaginario de la gente, la propiedad privada haya sido consagrada como inmutable, casi eterna? La respuesta debemos buscarla y encontrarla en la relación estructura y superestructura, y, en el fetichismo de la ley que la dominación impone en la conciencia social.

Efectivamente, la derecha ha logrado imbuir en el pueblo ecuatoriano, como lo ha hecho a nivel de todos los países capitalistas, un elevado fetichismo a la Ley, que se refleja en un sometimiento irracional a la misma, en un respeto casi idolátrico a las normas legales formuladas e impuestas por las clases dominantes, lo que induce a aceptarlas como verdades casi inamovibles. Ha logrado que se olvide que las leyes no son otra cosa que la institucionalización de las relaciones de producción, por lo que y en consecuencia, las leyes tienen como rol consolidar y conservar esas relaciones de producción, las cuales, por obvias razones, favorecen los intereses de la dominación. Esa es la razón por la cual la derecha pretende que todos los procesos de cambio, y mucho más los transformadores se sometan a las leyes vigentes, por lo que denodadamente las defienden, en inútil afán por eternizarlas.

En determinados episodios históricos, incluso las fuerzas transformadoras asumen similar posición a la antes referida. Actitud nefasta, puesto que, al mismo tiempo que robustece el arma de la derecha: el fetichismo de la ley, castra la posibilidad de que incluso las fuerzas insurgentes entiendan que la transformación es una construcción eminentemente política, que para avanzar inevitablemente tiene que ir más allá de las normas legales vigentes, para poder, precisamente, sobrepasarlas. Por lo que y en consecuencia, las leyes no deben asumirse como camisas de fuerza, puesto que ello juega a favor de la permanencia de la situación de desigualdad e inequidad que combatimos todos. En suma, no entienden que para avanzar habremos de cometer excesos, muy similares por cierto a los cometidos por las clases dominantes, con una sola diferencia sustantiva, que en tanto nosotros lo hacemos para reducir las desigualdades, las clases dominante lo hacían para profundizarlas.
1.2. Breve reseña del proceso de exacción de las tierras de propiedad comunitaria

"Estamos tan acostumbrados a que nos cuenten su historia los vencedores de la Historia que muy pocas veces nos damos cuenta de que de las historias de la historia la más interesante es aquella que un día se contó y luego se perdió para la mayoría, que son los perdedores de la Historia".
Francisco Fernández Buey “Utopías e ilusiones naturales”

A lo expresado en el acápite anterior, es imprescindible agregar que si se estudia la historia de la humanidad es fácil constatar que la privatización de la tierra fue producto de la expoliación que ejercitaron particulares. En el caso ecuatoriano trágicos ejemplos de esta expoliación es el despojo que ejercieron los conquistadores españoles en contra de la propiedad comunitaria indígena; en años posteriores a la colonización, el despojo que ejerció el clero, a través de recursos no muy santos; y, la expoliación que también se constata en la época republicana, como se aprecia en la siguiente reseña histórica.

En etapa colonial se inicia el bárbaro despojo del que fueron objeto nuestros pueblos ancestrales, exacción que se inició con la atribución de la propiedad de las tierras conquistadas por parte de la Corona, lo que dio origen a las denominadas tierras realengas, las cuales se distribuyeron entre los conquistadores, los funcionarios y los colonos. Apropiación que justificaron, como siempre lo han hecho los conquistadores, afirmando que los conquistados son seres inferiores, los cuales no podían, puesto que carecían de capacidad para ello, de administrar y explotar adecuadamente las riquezas del nuevo mundo. Como “hombrecillos con apenas vestigios de humanidad”, calificaba a nuestros antepasados el fray Gines de Sepúlveda, por lo que, aseveraba: “Con perfecto derecho los españoles ejercen su dominio sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio y todo género de virtudes y humanos sentimientos son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos, las mujeres a los varones, como gentes crueles e inhumanos a muy mansos, exageradamente intemperantes a continentes y moderados, finalmente, estoy por decir cuánto los monos a los hombres.

La justa guerra es causa de la justa esclavitud, la cual construida por derecho de gentes, lleva consigo la pérdida de la libertad y de los bienes”.

Apropiación que no se limito a las “tierras realengas”, puesto que pronto se expandieron a las tierras de las comunidades indígenas, hasta tal punto que en 1589, el Presidente Barros de la Real Audiencia de Quito expresaba: “a otra cosa mui principal se a puesto freno después que lo llegué a esta Audiencia que ha sido el repartir tierras a los españoles … con notable perjuizio de los indios el qual solo se les sigue de quitarles las tierras que tienen i an menester i son suias para las dar a los españoles sino otro muii mayor dando por esclavos a los mismos indios para se las labrar y cultiar …” . Cita que igualmente se refiere a la expoliación y cuasi esclavitud a la que se sometió a nuestros pueblos ancestrales a través de las encomiendas, institución que a la vez que concedía derecho a percibir tributos y prestación de servicios personales, mandaba a los encomenderos la obligación de proteger a los indios y cuidar de la instrucción religiosa con ayuda de los curas doctrineros, a más de respetar en forma absoluta el derecho de propiedad de las tierras de los encomendados. Obligación que nunca se cumplió, como lo confirma la siguiente cita de Oswaldo Albornoz, en la que afirma: “Así el derecho de propiedad territorial es burlado todos los días mediante infinidad de artimañas. Se apoderan de las mejores tierras, aquellas de pan sembrar, denunciándolas como baldías. Compran tierras a los caciques no obstante la prohibición legal. Y hasta pretenden suceder en la propiedad de los indios muertos sin herederos.

La encomienda entonces, resulta una puerta abierta, anchamente abierta para la formación de latifundios. Cuando se extingue el derecho del encomendero, es decir, cuando se ha terminado la vida o las vidas para las cuales fue concedida la encomienda, los descendientes del encomendero, gracias a la rapiña ejercitada, devienen en grandes y poderosos latifundistas”, a lo que agrega: “Asomémonos a las puertas de la encomienda y observemos como son usurpadas las tierras comunales”, luego de lo cual detalla que: “Uno de los medios es apoderarse de las tierras de los encomendados, no se sabe por qué, se considera como legítimo heredero. Así aprovechando de una gran mortandad acaecida en los pueblos del Virreinato de Nueva España. Los encomenderos se adueñan de las tierras de los indios muertos”. La expoliación alcanzó tal magnitud que el 14 de mayo de 1546, mediante cédula real se ordena: “que los españoles encomenderos por ninguna vía sucediesen en las tierras y heredamientos que quedasen de indios muertos en los pueblos encomendados, sino que tales tierras y heredamientos, en el caso de carecer los indios difuntos de herederos, se entregasen a los pueblos, a fin de que las gozaran y pudieran pagar los tributos tasados”.

A todo lo anterior, Albornoz agrega que: “También los encomenderos de pueblos de poco desarrollo, que producen solamente lo necesario para satisfacer sus necesidades primarias, se valen de este hecho para apropiarse de sus tierras. Primero, cobran el tributo mediante trabajos personales, y si esto no es suficiente, se salda la deuda con la tierra del encomendado”. Todo entonces queda dicho respecto, al origen de la propiedad rural que hoy defienden los hijos de los encomenderos.

Pero la historia del desarrollo de las propiedades mal habidas se prolonga en la colonia, mediante la institución denominada “composición”, la que J.M. Ots Capdequi, especialista en derecho agrario colonial, la define así: “La ‘composición’ fue, tanto n el derecho histórico español como en el derecho propiamente indiano, una figura jurídica por la cual, en determinadas circunstancias, una situación de hecho –producida al margen o en contra el derecho- podía convertirse en una de derecho, mediante el pago al Fisco de una cierta cantidad” . Institución que permite que las tierras usurpadas, robadas, especialmente a las comunidades indígenas, sean legalizadas. Robo que se extiende de tal manera que la corona debe reconocer y ampliar el desafuero, como lo confirma la siguiente cita de una cédula real que ordenaba: “Considerando el mayor beneficio de nuestros vasallos ordenamos y mandamos a los virreyes y presidentes y gobernadores, que en las tierras compuestas por sus antecesores no innoven, dejando a los dueños en su pacífica posesión; y los que se hubieren introducido y usurpado más de lo que les pertenece, conforme a las medidas, sean admitidas en cuanto al exceso, a moderada composición, y se les despachen nuevos títulos”. Palabras más que elocuentes para demostrar que las tierras de los antecesores de los que hoy protestan ante la posibilidad de que redistribuyan, fueron usurpadas, robadas a los verdaderos propietarios, por lo que no deberían tener el valor de reclamar por la posesión de aquello que no les pertenece.

Tierras mal habidas entre las cuales se cuentan también las de las congregaciones religiosas y en especial los jesuitas, quienes llegaron a ser los más grandes latifundistas en los territorios de la Audiencia de Quito, en los cuales llegaron a poseer 131 haciendas, a través de una serie de instrumentos de apropiación, entre las cuales vale citar: compras ilegales; donaciones y mercedes reales; composiciones; herencias y donaciones pías; cofradías, capellanías y censos; misiones. Prácticas entre los cuales se destacan las compras ilegales, para las cuales las congregaciones religiosas mostraron especial pericia y dedicación, hasta el punto que: “Este mismo año (1635), afirma el escritor conservador Pablo Herrera, se despachó a la Real Audiencia otra cédula previniendo que se haga cumplir y ejecutar la prohibición de que los religiosos adquieran rentas y haciendas, pues desde Pasto hasta Loja, se habían apoderado en menos de dos años, de más de la mitad de las haciendas, de modo que al cabo de poco tiempo podrían haber llegado a ser dueños de todo” .

El caso de los jesuitas merece título aparte, no sólo por lo desmesurado de su ambición por poseer riquezas terrenales, sino por el método que les fueron arrebatadas por las familias de más rancio abolengo, las más piadosas. Efectivamente. luego de la expulsión de los jesuitas de las colonias españolas en 1767, por el Rey Carlos III, los propios jesuitas o la “Comisión de Temporalidades”, entregó con el carácter de temporales las haciendas de los jesuitas, sin embargo de lo cual, y como corresponde entre “aristócratas”, entre “notables”, estos se negaron a devolverlas como correspondía, en franco, desembozado y descarado hurto de las propiedades igualmente mal habidas por los jesuitas. ¿Será que la “aristocracia” se allanaba con es práctica al cielo por ello de que “ladrón que roba a ladrón, mil años de perdón”?. Sea cual haya sido la razón para ese vil comportamiento, vale preguntarse: ¿Es admisible, procedente que los descendientes de aquellos que robaron los bienes a los jesuitas, quienes a su vez hurtaron a las comunidades indígenas, pongan el grito en el cielo, ante la posibilidad de que la sociedad ecuatoriana recobre las tierras que le pertenecieron y perteneces y que le fueron arrebatadas.

Pero la historia de las expoliaciones de la propiedad ajena no termina con lo brevemente descrito respecto al período de la colonia. La historia se continuó durante la república. Buen ejemplo es el caso de la usurpación de propiedades para constituir los grandes latifundios que caracterizaron a la explotación cacaotera de fines del siglo XIX e inicios del XX, como bien lo ejemplifican los casos de las comunas indígenas de Ñauza y Chirijo. Al respecto, Gonzalo Ortiz Crespo, sobre la base de los escritos de Uggen, afirma que: “Una de las formas que tomó la ampliación de las fronteras de los latifundios fue la apropiación de tierras de indios de comunidad, como es el caso de los indios Ñauza, cuyos títulos coloniales fueron siempre respetados. Sin embargo, al llegar el siglo XIX, un Camilo Landín, se dedicó a la tarea de comprar pedazos aledaños, inclusive tierra de la Comunidad que el entonces Gobernador de Guayaquil , Vicente Ramón Roca, futuro presidente del Ecuador, había despojado en 1835 a los indígenas para vendérsela a un particular”. Más adelante agrega: “Otro caso mencionado por Uggen de despojo a comunidades campesinas es el de la Hacienda Milagro, donde actualmente está asentado el Ingenio Valdez. Originalmente esta hacienda era el territorio de la comuna indígena de Chirijo, pero ya en la primera expansión del imperio del cacaco, a finales del siglo XVIII pasa en parte a Miguel de Salcedo. Alrededor de 1880 la hacienda es adquirida por Rafael Valdez, quien la compra y establece poco después el famoso ingenio” .

Michael T. Hamerly, por su parte asevera que: “Una de las maneras que tenían los propietarios para incrementar sus propiedades a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX era denunciando seis a ocho leguas de tierra, que abarcaban muchas fanegadas ya cultivadas y amplias extensiones de bosques. Hasta que se estudie el Tribunal de Tierras de Guayaquil, no se sabrá el mecanismo de la denuncia. Aparentemente involucraba la pretensión a tierras baldías y/o tierras pertenecientes a labradores con títulos precarios. En todo caso un buen número de labradores perdió sus tierras y se encontraban forzados a escoger entre irse tierra adentro y comenzar de nuevo o quedarse como aparceros o jornaleros” .

La breve reseña sobre los métodos adoptados para configurar la que luego pasaría a formar parte de la propiedad privada, señala inobjetablemente que ésta es el producto de una expoliación continua, la que atraviesa por distintas etapas, a todas las cuales les es común la apropiación de propiedad ancestral de comunidades e incluso de propietarios “privados”. Este señalamiento basta inicialmente para descalificar la cerrada defensa de propiedades mal habidas, pero no basta, es importante cerrar esta historia ignominiosa, agregando que quienes hoy elevan su grito en defensa cerrada de la propiedad privada son los descendientes directos de los principales actores de la vergonzosa historia antes reseñada. Baste recordar que en el tránsito entre la colonia y la república, la “aristocracia” que había hurtado las tierras de las poblaciones ancestrales, reconstituyó su poder a través del matrimonio con miembros del ejército libertador. De esa alianza provienen quienes se apropiaron de las propiedades de las comunas de la zona cacaotera, de los recursos del Estado a través de la emisión de moneda y de préstamos usurarios al erario nacional, del control de la institucionalidad del Estado, de las sucretizaciones, del dinero de los depositantes con el feriado bancario, por citar los casos de expoliación más destacados.

2. La Función Social

La confusión, la ignorancia, la resuelta negativa a distinguir y a saber, han sido patrimonio tradicional de la reacción y la conservación
Antoni Doménech

Los voceros de la derecha ponen el grito en el cielo ante la disposición de la constitución vigente que señala que la propiedad “deberá cumplir la función social y ambiental”. Vocinglería que no tiene otra intención que crear en la opinión pública la convicción de que se trata de una suerte de propuesta inicial, nunca antes incluida en los textos constitucionales. Su vocerío lo sustentan en lo estipulado en el artículo 282, el que establece que: “El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental”, y en el artículo 321 que estipula que: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental”.

Si bien la reserva y temor que manifiestan parece fundamentado, no lo es como tampoco lo es la gran alharaca levantada al respecto, por las siguientes consideraciones. En primer lugar, porque la función social en tanto principio, implícitamente constaba ya en la Constitución de1929, y, en forma explícita, desde la Constitución de 1946. En segundo lugar, por cuanto el texto del artículo 282 antes mencionado se limita a estipular que “deben cumplir la función social y ambiental”, disposición que contiene una menor capacidad coercitiva que lo estipulado en la Constitución de 1998, puesto que en ésta, en el artículo 30, se establece que: “La propiedad, en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función social, constituye un derecho que el Estado reconocerá y garantizará para la organización de la economía”. Cita que permite constatar el uso del condicional mientras, superlativamente más imperativa que el deber cumplir establecido en la constitución del 2008.

Como todo lo antes afirmado es así, procede preguntarse ¿por qué razón la derecha no armó igual escándalo cuando se aprobaron los contenidos de la constitución de 1998? Las razones son evidentes, en esos tiempos, las cámaras de producción y de comercio, y los partidos Social Cristiano y la Democracia Cristiana controlaban el poder político, por lo que era absolutamente improbable que se aplicase esta norma como efectivamente no ocurrió, a pesar de que el mismo texto constitucional establecía explícitamente cuales eran los condiciones bajo las cuales se estimaba que la propiedad cumplía con el principio de la función social. Efectivamente, de los contenidos de los artículos 242 y 247 de la constitución de 1998 se infiere que las propiedades cumplen su función social siempre y cuando sean tierras en producción, que cumplan con los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad, como se desprende del contenido de esos artículos. Ciertamente, el artículo 267 establecía que: “El Estado garantizará la propiedad de la tierra en producción y estimulará a la empresa agrícola. El sector público deberá crear y mantener la infraestructura necesaria para el fomento de la producción agropecuaria”. Texto del que se colige que no está garantizada la propiedad de las tierras que no estén en producción, por lo que y en consecuencia, pueden ser afectadas, cuanto más si no cumplen lo que estipula el artículo 242, el que dispone iguales derechos y oportunidades para acceder, entre otros a la propiedad de los medios de producción, entre los cuales, como es conocido, se incluye la tierra. El artículo 242 estipula que: “La organización y el funcionamiento de la economía responderán a los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad, a fin de asegurar a los habitantes una existencia digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y servicios: y a la propiedad de los medios de producción”.

Si a lo antes expresado se agrega que las bases conceptuales y teóricas de lo que luego se conocerá como el principio función social, se incluyeron ya en la constitución de 1929, el pregón de la derecha por presentar al contenido de la nueva constitución como generador de inseguridad, pierde todo asidero.

A lo antes expresado debe agregarse que la constitución de 1929 no sólo contenía las bases teóricas de la función social, sino que además supeditaba explícitamente el derecho de propiedad: “en favor de los intereses generales del Estado, del desenvolvimiento económico nacional y del bienestar y salubridad públicos”. Supeditación que permitía que: “Los pueblos y caseríos que carezcan de tierras o aguas o sólo dispongan en cantidad insuficiente para satisfacer las primordiales necesidades domésticas e higiénicas”, tengan derecho a que: “a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas”.

Efectivamente, el texto del artículo 151, numeral 14, estipulaba que: “El derecho de propiedad, con las restricciones que exijan las necesidades y el progreso sociales. En tal sentido, corresponde a la Ley determinar las obligaciones, limitaciones y servidumbres en favor de los intereses generales del Estado, del desenvolvimiento económico nacional y del bienestar y salubridad públicos.

Los pueblos y caseríos que carezcan de tierras o aguas o sólo dispongan en cantidad insuficiente para satisfacer las primordiales necesidades domésticas e higiénicas, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, armonizando los mutuos intereses de la población y de los propietarios”, con lo que queda demostrado lo añejo del principio función social que hoy ataca la derecha, como si se tratase de una novísima innovación, como si fuese un principio inédito en las constituciones anteriores.

A lo antes expresado debe agregarse que la Constitución de 1945, relativiza aún más la propiedad como derecho absoluto como lo pretende la propaganda de la derecha, puesto que en forma explícita estipula que la propiedad tiene obligaciones sociales y que esta subordinada a los intereses de la colectividad. Efectivamente, el artículo 146 de la Constitución de 1945, en su numeral cuatro establece que: “El régimen de la vida económica debe responder a principios de justicia social y tender a liberar de la miseria a todos los ecuatorianos, proporcionándoles una existencia digna.

La propiedad, por tanto, crea obligaciones sociales y, en consecuencia, la utilización de la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la colectividad”. En consecuencia, lo intocable de la propiedad privada, deja de tener sentido el carácter de inmutable, de intocable que quiere asignarle la derecha en el marco de la actual confrontación política.

La constitución de 1946, aprobada un año luego de la de 1945 por una mayoría derechista aupada por Velasco Ibarra, como era previsible, incluye un texto regresivo respecto al de 1945. Reflujo que se produjo en tanto y en cuanto se prohibió la confiscación de bienes, lo que no obstó para que introduzca por primera vez en la historia constitucional ecuatoriana el concepto función social en forma explícita, sin eufemismo, como lo demuestra el contenido del artículo 183, el que establece que: “Se garantiza el derecho de propiedad conciliándolo con su función social. Prohíbese la confiscación de bienes, la que, si de hecho llegare a producirse, no causará alteración alguna en el derecho de la parte perjudicada ni prescripción de ninguna clase, y originará, contra la autoridad que la ordenare y contra el Fisco, acción sumaria de daños y perjuicios”.

Desde 1946, el concepto función social se incluirá en las sucesivas constituciones en forma explícita, por lo que en la subsiguiente constitución de de 1967, igualmente se condiciona la garantía de la propiedad privada al cumplimiento de la función social, como se desprende del artículo 47, el que estipulaba que: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privadas mientras ésta cumpla la función social que le es inherente. La ley regulará su adquisición, uso, goce y disposición, y facilitará el acceso de todos a la propiedad”

La constitución de 1978, codificada en 1997, igualmente mantiene la condicionalidad de la garantía del derecho de propiedad, más, a diferencia de la constitución de 1967, extiende la condicionalidad a todas las formas de propiedad, más allá de la propiedad privada a la que se refería el texto constitucional de 1967. La razón que subyace en la ampliación antes mencionada responde a la necesidad de disponer de bases legales para proceder a las privatizaciones de la propiedad pública, acorde con los postulados de la política neoliberal que había insurgido con fuerza hacia esos años. Esa la razón por la cual el artículo 63 estipula que: “La propiedad, en cualesquiera de sus formas, constituye un derecho que el Estado reconoce y garantiza para la organización de la economía, mientras cumpla su función social. Esta deberá traducirse en una elevación y redistribución del ingreso, que permita a toda la población compartir los beneficios de la riqueza y el desarrollo”.

Adicionalmente a lo antes expresado, debe mencionarse que la constitución de 1978, conserva una de las condicionalidades establecidas en textos anteriores para garantizar la propiedad de la tierra: que se halle en producción. A lo que adiciona la redistribución de la riqueza y condena el “acaparamiento de la tierra y el latifundio” como elementos complementarios. Efectivamente el artículo 66, establece que el “Estado garantiza la propiedad de la tierra en producción”. Y que: “La política del Estado, en cuanto a la actividad agropecuaria y a la estructura de la propiedad en el sector rural, tendrá como objetivos el desarrollo económico, la elevación del nivel de vida, la redistribución de la riqueza y de los ingresos”. A la vez que “proscribe el acaparamiento de la tierra y el latifundio”.

La constitución adoptada en 1998, en su artículo 30 reitera, como quedó ya expresado que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad, en cualquiera de sus formas “mientras cumpla su función social”, con lo cual mantiene este principio establecido en las constituciones anteriores. Por ello, en su artículo 267 y en referencia a la tierra, establece que: “El Estado garantizará la propiedad de la tierra en producción”, con lo que reitera uno de los principios que hacen al cumplimiento o no de la función social, que la tierra se halle en producción. Citas de las que comprueban lo que habíamos antes afirmado: la constitución de 1998 igualmente condiciona la garantía del derecho a la propiedad de la tierra, a que éstas se encuentren en producción. Citas que igualmente permiten inferir que todas las tierras que no se hallan en producción no cumplen la función social a la cual están destinadas, por lo que y en consecuencia, la propiedad sobre las mismas no esta garantizada por el Estado.

A forma de conclusión vale entonces mencionar que la Constitución 2008 reitera que el Estado reconoce y garantiza la propiedad en sus distintas formas al igual que la de 1978 y 1998, adicionando tan sólo el detalle de las formas de propiedad que se garantiza, todas las cuales deben cumplir la función social, como lo estipula el artículo 321, en el que se establece que: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental”. Artículo que agrega la función ambiental a la función social.

Las diferencias entre los textos de 1998 y la del proyecto de nueva constitución, se reducen, entonces, a las siguientes:

a. La constitución del 2008 retoma la norma establecida en la constitución de 1978 respecto a la prohibición de acaparar tierra y los latifundios (artículo 66), al estipular en el artículo 282 que: “El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierras, establecido por ley, regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra.

Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes….”; y,

b. Incluye, por primera vez en las constituciones del Ecuador en forma explícita, a las propiedades urbanas que son parte de las ciudades, como se infiere del contenido del artículo 31, el que estipula que: “Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía”. Lo cual, por cierto, no significa que en forma implícita no se hayan contenido en el texto de todas las constituciones anteriores, puesto que el uso del genérico propiedad incluía a todas las formas de propiedad, sin reparo al tipo de bien en propiedad.

Así planteado el problema y por todo lo expresado en esta breve reseña sobre la función social y la garantía al derecho de propiedad, resulta evidente que la derecha no tiene razón alguna para poner oponerse a la inclusión del concepto función social, peor para asegurar que ello ha generado la supuesta inseguridad que aducen, toda vez que de ser sincera su posición esta debería haber estado presente en los reclamos desde 1929, por las razones antes expresadas. Por ello, es factible afirmar que la supuesta inseguridad que habría creado la constitución del 2008 no pasa de ser un argumento político que oculta la verdad de la historia constitucional ecuatoriana, que utiliza verdades parciales o parcialmente explicadas, que descontextualiza los contenidos, todo ello en el objetivo de manipular la opinión pública. Todo ello en el objetivo de oponerse a la recuperación de las tierras por parte de la sociedad ecuatoriana y su ulterior redistribución, como elemento ineludible de la revolución agraria.

3. Principios político-económicos para una transformación revolucionaria
En este punto el análisis nos referiremos a dos principios que, a nuestro criterio, sustentan el por qué de las propuestas de política económica que se proponen para sentar las bases y avanzar en la revolución agraria. En el primero se reflexiona sobre el tipo de bienes que se considera privatizables y cuales no, desde la perspectiva del origen de los mismos; y, en el segundo se incluyen las propuestas concretas de medidas de política económica que se consideran indispensables para evitar el retaceo de los minifundios y la consecuente generación de condiciones favorables a una profundización del proceso de concentración en el agro ecuatoriano.

3.1. Trabajo humano y propiedad

En el debate que se plantea sobre la privatización neoliberal a nivel global, las fuerzas transformadoras, revolucionarias han arribado ya el consenso de que existe un grupo de bienes que no son susceptibles de privatizarse por ser propiedad de los Estados, esto es de la sociedad en su conjunto. En el caso ecuatoriano y en la Constitución del 2008, específicamente se dispone que son bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables: el agua (artículo 12); los recursos naturales, la biodiversidad, el patrimonio genético y el espectro radioeléctrico (artículo 408). Si analizamos con detenimiento y tratamos de encontrar las razones que explican el por qué tales bienes son propiedad social, hemos de convenir que el elemento que permite otorgarlas ese carácter es el origen de los mismos, a saberse, que no son producto del trabajo humano, como bien lo ratificara en el Foro Internacional de Partidos Políticos Latinoamericanos que se celebrara en Quito entre el 11 y el 12 de noviembre del 2010, Oscar Lafontaine ex Presidente de Die Linke, partido de la izquierda alemana, quien puso énfasis en el principio básico antes establecido para definir que bienes deberían ser considerados como privados y cuáles no podrían tener ese carácter. Lafontaine coincide en que sólo pueden ser bienes privados aquellos bienes que son producto del trabajo humano, en tanto que todos los que no son fruto de ese esfuerzo, no pueden ni deberían ser privatizables ni privatizados, puesto que ello implicaría un acto de expropiación de un bien de propiedad social. Los bienes que citó Lafontaine como bienes que no son producto del trabajo humano y en consecuencia bienes que no deberían ser objeto de privatizaciones, cualquiera sea el mecanismo, el propósito o la explicación que se utilice para ello, son: el aire, el agua, la tierra, los bosques primarios. Bienes que, con excepción de la tierra, hasta la fecha nadie se ha atrevido a proponer su privatización, salvo el caso del agua en Bolivia, privatización que estableció condiciones inauditas, como la prohibición para que la población acceda incluso al agua lluvia.

Iguales características a las del agua, posee la tierra, puesto que éste bien tampoco es producto del trabajo humano, por lo que tampoco debería ser un bien privatizable o privado. Sin embargo de ello, como podemos constatar, una parte de la tierra transitoriamente se halla en manos de particulares bajo la forma de propiedad privada, no en razón de que la tierra sea privatizable, sino como resultado del proceso de expoliación antes descrito, acelerado por el capitalismo y en las últimas décadas del siglo pasado, por el neoliberalismo. A lo que debemos agregar que si solo los bienes que son producto del trabajo humano son privatizables, el proceso de privatización sólo debe posibilitarse cuando esos bienes sean bien habidos, por lo que y en consecuencia, si la propiedad privada sobre la tierra es producto de exacciones, la eliminación de la propiedad privada sobre esos bienes mal habidos, de ninguna manera puede calificarse como una expropiación arbitraria sino como una recuperación de bienes de propiedad social arbitrariamente en manos de particulares, puesto que son producto de expoliaciones, esto es de apropiaciones ilegales, indebidas.

En consecuencia, si la tierra propiedad del Estado, transitoriamente en manos de privados si se atiende al desarrollo histórico de las formas de propiedad, no debe ser objeto de la avidez privatizadora, dado que, por una parte, la posesión históricamente es el producto de un proceso de expoliación como quedó demostrado, y, por otro, por la demanda que genera todo proceso de transformación, a saberse: adoptar nuevas formas que concilien la obtención de usufructo para quienes la exploten, con prohibiciones para que se retaceen, por manera de posibilitar su explotación con escalas productivas adecuadas, las que, a su vez, permitan la implementación y uso de tecnologías de avanzada. En suma que permita avanzar en la transformación social, en la revolución agraria y no se limite a reiterar las mismas medidas adoptadas en la reforma agraria de los 60, cuyos resultados negativos están y saltan a la vista.

3.2. . Propuestas para avanzar en la revolución agraria

"La interacción entre el cambio cultural y el cambio político produce el cambio social. El cambio cultural es un cambio de valores y creencias procesado en la mente humana a una escala lo suficientemente grande como para afectar a la sociedad en su conjunto. El cambio político es una adopción institucional de los nuevos valores que se difunden por la cultura en la sociedad"
Manuel Castells

Todo proceso transformador, revolucionario, en su período de transición, exige la concurrencia de una serie de medidas que guarden coherencia con el objetivo estratégico del proyecto que se impulsa. Caso contrario, el fracaso del proyecto es inevitable, más temprano que tarde. El proceso revolucionario, para alcanzar sus propósitos, debe entonces adoptar políticas públicas coherentes entre sí y con el objetivo estratégico, por manera que el proceso avance por una misma ruta y con la mayor celeridad que las condiciones sociales y políticas concretas lo posibiliten. Un accionar discordante respecto al objetivo estratégico por parte de quienes adoptan las medidas de política económica y social, obstaculizan el proceso de cambio, contribuyen a enlentecerlo e incluso a detenerlo, a mantener y fortalecer el statu quo que desea modificarse y, en determinados condiciones, incluso coadyuvan para un retroceso histórico, cuanto más si las decisiones son de tal trascendencia que marcan la impronta en contra del proceso revolucionario. Ante ello, no debemos olvidar que quienes se alinean con la situación económica y social reinante, se escudan tras las campañas mediáticas que desata la derecha tan pronto se anuncian o simplemente se especula sobre la posibilidad de que se adopten medidas que afectan a la situación reinante, en búsqueda de adeptos a sus posiciones, sobre la base de conceptos arraigados en la conciencia social de una gran parte de la Nación.

Si a lo antes expuesto se agrega que la historia de la reforma agraria ecuatoriana demuestra que luego de cuatro décadas, la propiedad de la tierra se ha concentrado en forma muy importante -propiciada por la continua fragmentación de la tierra entregada a los campesinos por ventas y herencias -, resulta inevitable advertir que la transferencia de las tierras estatales y las que sean objeto de recuperaciones, debe adoptar formas inéditas que eviten la fragmentación y venta, como mecanismo para evitar futuras concentraciones en la propiedad de la tierra.

Adicionalmente, hemos de señalar que la baja productividad que propicia la venta de la tierra por parte de los pequeños agricultores, también se produce por los precarios sistemas productivos, por limitaciones derivadas de la dimensión de sus tierras, así como por la falta de recursos financieros que les permita avanzar en la modernización tecnológica. Ante ello, es necesario recordar que la titularización de la tierra bajo la modalidad utilizada fue impulsada por organismos multilaterales, bajo el pretexto de que sin titularización de la posesión no era posible que los campesinos accedan a líneas de crédito, puesto que no eran sujetos de crédito por carecer de garantías patrimoniales. Los resultados, contrariamente a lo planteado, demostró que la titularización y la ulterior fragmentación de las tierras propiedades no posibilitaron el acceso al crédito, por el contrario, lo imposibilitaron por no ser las tierras restantes económicamente viables y, en consecuencia, insuficientes para ser consideradas garantías patrimoniales idóneas. Este aspecto igualmente debería ser analizado, para considerar y, de ser el caso, adoptar garantías no patrimoniales, las que se han demostrado mucho más eficientes que las garantías patrimoniales, en el caso de los agricultores medianos y pequeños..
Ante el breve resumen anterior y el anuncio del Presidente Correa de que las tierras que se mantienen incultas, a pesar de su altísimo potencial productivo, como es el caso de las tierras de la península de Santa Elena, se recuperarían en aplicación del principio función social, para luego ser transferidas a los campesinos desprovistos de las mismas, exige desde ya iniciar un debate sobre la forma de socializar su propiedad, esto es la forma en que deben ser transferidas las tierras que el Estado recupere. Y es indispensable el debate, puesto que en ello se juega la profundización de la democratización de la tierra y el fortalecimiento del modelo solidario que establece la Constitución vigente, a más de eliminar el individualismo y formas de propiedad que crean, como quedó dicho, los mecanismos que posibilitarían, en el futuro, una concentración de la propiedad de las tierras, a imagen y semejanza de lo acontecido luego de la reforma agraria de 1967.

En atención a las líneas deseadas de acción para avanzar en el proceso transformador, en la revolución agraria, se proponen, se sugiere se adopten medidas de política económica en tres ámbitos, a saberse:
- Redistribución de tierras limitada a la concesión del uso y usufructo;
- Fortalecimiento de la economía solidaria;
- Establecimiento de líneas de crédito con garantías no patrimoniales.

3.2.1. Redistribución de la tierra limitada a la concesión del uso y usufructo

Ante el panorama brevemente reseñado, y la necesidad de eliminar las causas que posibilitan el retaceo de la tierra, la minifundización de la misma, con lo que se revierten los esfuerzos por democratizar el acceso a la propiedad de la tierra, la forma más eficaz, comprobada en otras realidades con similares problemas, es mantener las tierras expropiadas bajo la propiedad de la sociedad en su conjunto y la concesión del uso y usufructo de las mismas a los campesinos, derecho que puede transferir, heredar el beneficiario a sus descendientes. Método que se aplica en el caso de otros recursos estratégicos , bajo la forma de concesiones como es el caso de las frecuencias radioeléctricas, por ejemplo.

Las razones son evidentes: si la propiedad de la tierra es social, los beneficiarios, los campesinos no tendrían la potestad de venderla, o de fragmentarla por herencia, con lo que se evita la minifundización y la ulterior concentración. Propósito ya establecido en la Constitución vigente, en el caso de las tierras comunitarias .

En consecuencia, lo que se propone es, bajo el reconocimiento de que la propiedad de todos los bienes que no son producto del trabajo humano corresponde a la sociedad en su conjunto, entre éstos la tierra, utilizar el concepto uso y usufructo, y, en consecuencia, redistribuir todas las tierras que actualmente el gobierno nacional titulariza como propiedad privada a individuos o colectivos, bajo la forma de una concesión del uso y usufructo, evitando con ello se consolide el equívoco de otorgarla como propiedad privada, forma que, por otra parte, fortalece el individualismo, elemento extraño al proceso de transformación, el cual privilegia la solidaridad como principio ineludible, como lo proclama, por ejemplo la Constitución vigente en el artículo 85 el que dispone que: "La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos ...", "se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad".

Propuesta que hemos de insistir no coarta los objetivos sustantivos que ofrece la propiedad privada sobre la tierra para los campesinos, a saberse: la producción agrícola, y el goce de las utilidades de los beneficios que se obtienen de la comercialización de los bienes producidos. Se limita a eliminar la posibilidad de vender la tierra, impedir el acto a través del cual los campesinos se enajenan del uso de la tierra. Por lo que y en consecuencia, la propuesta no termina con los objetivos de los campesinos antes mencionados. Se limita a impedir la venta, la que, por otro lado, induce a la migración de los campesinos que dejaron de ser tales hacia los centros urbanos, con lo que el empobrecimiento de los ex campesinos se acentúa, a más de generar las secuelas negativas ampliamente conocidas.

3.2.2. Fortalecimiento de la economía solidaria

Como indispensable complemento para mejorar la condición productiva de las tierras que se concesionen, es posible pensar en formas asociativas que permitan la conformación de grupos sociales más amplios que los núcleos familiares, en el objetivo de que las concesiones de las tierras en uso y usufructo permitan disponer de extensiones mayores para la producción, lo que, a su vez, debería permitir mayores escalas de producción y la tecnificación de los procesos productivos, con todos los efectos positivos que ello conlleva. En otros términos, lo que se plantea es imponer y extender la política de concesión del uso y usufructo de tierras a grupos sociales conformados en estructuras institucionalizadas, en reemplazo de la entrega a campesinos en forma individual, en consonancia con el planteamiento expuesto por el Presidente Correa, el que guarda semejanza de las entregas que ha cumplido ya el gobierno nacional en el caso de las comunidades, cuyas tierras, como quedó dicho, de acuerdo a la Constitución vigente, artículo 57.4 son inalienables, inembargables e indivisibles.

Esta forma como ya se advirtió permitirá un cambio cultural importante: del individualismo hacia lo solidario, desde las formas de producción precarias individuales hacia formas comunitarias, de formas de producción precarias hacia formas tecnificadas, de lo cual el mejor ejemplo, sin duda alguna es la experiencia positiva de la comunidad de Salinas de la Provincia de Bolívar. Ejemplo paradigmático del buen hacer, del Buen Vivir de una comunidad, otrora sumida en la pobreza más absoluta.

En consecuencia, lo que planteamos es detener las entregas de tierras en propiedad individual, y proceder a adjudicarlas una vez que se constituyan organizaciones sociales que impulsen proyectos productivos conjuntos, una economía solidaria, en que la distribución de los excedentes se orienten tanto al mejoramiento de las formas de producción como de los individuos y de los núcleos familiares en particular.

3.2.3. Establecimiento de líneas de crédito con garantías no patrimoniales

Antes de exponer nuestra propuesta valga recordar que el micro-crédito se plantea como instrumento para orientar el crédito hacia uno de los sectores que más lo requieren, en este caso los campesinos medios y pobres, sector discriminado, tanto por el reducido del volumen que se le destina como por lo elevado del costo de los créditos, situación ante la cual, el gobierno del Presidente Rafael Correa, se ha planteado como una de las tareas prioritarias destinar volúmenes importantes al micro-crédito, a través de las entidades financieras públicas: el Banco de Fomento y la Corporación Financiera Nacional. Micro-créditos que, por la forma que han adoptado hasta la fecha, mantienen la misma lógica que programas similares que se desarrollan en otros países y continentes, lo que, si bien permite parcialmente cumplir con el objetivo económico de cubrir las carencias de este tipo de crédito, no se compadece de los requerimientos del desarrollo transformador -la ruta escogida mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano-, toda vez que su incidencia debe medirse a través del tipo de garantía o el grado de sostenibilidad de las unidades productivas que se exige o apoya a través de este instrumento.

Efectivamente, la concesión de micro-créditos contra garantías patrimoniales, sean contra firma (patrimonio poseído) o capacidad de repago (flujo de caja), genera efectos adversos sobre la forma de desarrollo apetecido para la transformación nacional. Efectivamente, la concesión de micro-créditos bajo las modalidades antes mencionadas, se constituyen en mecanismos excluyentes, no beneficiosas para un modelo de desarrollo incluyente como el planteado por las fuerzas progresistas del país.
Los modelos crediticios en uso antes brevemente descritos, implementados desde la perspectiva del agente de crédito, son utilizados tanto desde la esfera de lo privado como del Estado. En el caso de las primeras la participación de las denominadas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) han sido determinantes. En el caso de la participación del Estado, debe mencionarse que éste ha sido implementado tanto por gobiernos de la ultraderecha como por gobiernos progresistas . La razón es evidente, el micro-crédito en esas modalidades fue impuesto por el Banco Mundial, cuando ésta entidad todavía creía que la desigualdad y la pobreza eran posibles de reducirse e incluso eliminarse mediante la redistribución del ingreso .

Ante la constatación de las limitaciones y débiles aportaciones que las modalidades de micro-crédito sustentadas en garantías patrimoniales tienen para el desarrollo transformador, actualmente se desarrolla una nueva forma de micro-crédito, que conjuga las bondades de la revalorización de la palabra, el desarrollo de las fuerzas productivas y la sostenibilidad de los proyectos, sobre la base de impulsar nuevas formas asociativas de producción cuyos miembros han sido capacitados previamente. Esta modalidad exige el simultáneo desarrollo de formas participativas cada vez más intensas, del cultivo de una democracia participativa cada vez mayor.

Efectivamente, a diferencia de los tipos de garantías patrimoniales antes mencionados, el préstamo contra la palabra que proponemos, adquiere condiciones incluyentes y revaloriza la palabra, elementos que son muy positivos para un modelo transformador, puesto que, produce cambios culturales significativos, que fortalecen valores positivos tradicionales de las culturas nacionales ancestrales. Adicionalmente, es menester señalar que, contrariamente a los que podría presumirse, el fortalecimiento de la palabra como garantía no afecta a la recuperación de los créditos concedidos, como lo demuestra la alta recuperación de este tipo de micro-créditos, en países en los que la palabra está ligada a la dignidad, como es el caso de las culturas nacionales ancestrales, en los que el respeto a la palabra es mucho más importante que cualquier otro tipo de garantía . El éxito del micro crédito en países como Bangladesh o Pakistán, son claros ejemplos de la importancia de ese nexo cultural .

Sin embargo de los beneficios que reporta el cambio de tipos de garantías antes planteado, la práctica con la que se desarrollan hasta la fecha las actividades financieras, incluso en las entidades financieras públicas, no se atiene a ese espíritu, por lo que su acción se limita al esquema obsoleto del Banco Mundial. Siendo ello así, es imprescindible que el Gobierno del Presidente Rafael Correa revise las modalidades adoptadas y en uso para las concesiones de micro-créditos, para que el micro-crédito se convierta en instrumento de cambio y no en elemento de consolidación del modelo de desarrollo que se trata de transformar. Los instrumentos y la decisión política para ello existen, sólo resta la decisión política y la disposición para implementarlas agresivamente.

A forma de conclusión

En el actual momento histórico de la transformación que se sucede en el país, es ineludible repensar la realidad y proponer líneas alternativas que dicen a la utopía, seguros de que sólo así, podremos avanzar. Seguros de que la reiteración de viejas prácticas constituyen una rémora para el avance histórico que nos hemos propuesto. Advertidos de que la forma que asumamos para resolver la problemática que actualmente confrontamos nos señalará si somos capaces de construir un nuevo futuro, o si nos conformamos con proyectar el pasado en el presente y hacia el mañana.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Paraguay: Seducción y trampa del electoralismo

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

Cuando faltan 15 meses para la elección del futuro Presidente de la República, casi todas las diferentes familias políticas paraguayas están invertidas en una afiebrada carrera electoralista, en la que sobresale una complicada puja por encontrar el candidato con más posibilidades de victoria, sacrificando la necesaria propuesta programática, cuya escasez podría estar ofuscando en forma creciente a la ciudadanía.

El Partido Colorado, el de mayor adherencia, con un millón 200 mil afiliados, protagonizó el sábado último una Convención que resultó un nuevo y penoso espectáculo, tipo riña de gallitos, en confesión inocultable de que la derrota, en la victoria, necesita diferentes atracciones para mantener el interés de sus seguidores. Pan y circo, en definitiva.

De 859 asambleístas designados para la Asamblea, sólo faltaron 20, mayoría elegida en mérito al mejor tono adulador a la cadena de mando, cuyos jerarcas se comportaron con la prepotencia, esa que alimenta la holografía y la fascinación del poder a algunos personajes, “esos que viven gracias a que los demás no saben”, como dijo el vasco iconoclasta y gran novelista Pío Baroja.

En total, la Convención duró menos de cinco horas, más de tres absorbidas, para nada involuntariamente, por la designación del Presidente de la misma, en medio de un clima vengativo, un shopping que los vítores alquilados hicieron insoportablemente denso, en grosera verticalización de la política.

La estrella principal, aunque abucheado por momentos, fue el nuevo patrón del Partido, el empresario Horacio Cartes, sindicado cabecilla de una rosca delictiva narco traficante, según informe preparado por la embajada estadounidense en Argentina, ordenado por el Departamento de Estado, difundido el mes pasado por Wilkileaks.

Co-signatario del Movimiento Honor Colorado, para muchos Horror Colorado, Cartes optó en la asamblea por jugar el papel de hombre con autoridad, perfil que tiene acogida en parte de una población que ha vivido bajo el autoritarismo durante 60 años, táctica que significó abrirse de su mentor político, el Senador Juan Carlos Galaverna (Calé), en un hecho que probablemente no pasará desapercibido en la política nacional este año.

Histriónico, hiriente, excesivamente vanidoso, habituado a comandar y confesarse autor de cuanta trapisonda legislativa y jurídica a cometido el Partido en estos 22 años de transición de la tiranía estronista, Galaverna salió humillado de la Convención, sumando apenas 14 % de los votos en la aspiración de presidirla, frente a 68 de Cartes.

Flagelado casi como Santa Isabel en el medioevo, un Calé amonestado frente a la masa, esa que lo veneró durante años, no tuvo más remedio que lanzarse a calificar de “patrón rico y caprichoso” a Cartes, “un recluta en política que quiere ser más que su Coronel, y que se cree Dios”.

Zacarías Irún, un numerario a prueba de tentaciones, y otro contrincante con aspiración presidencialista, impulsado por su caciquismo en Ciudad del Este, el mayor centro paraguayo del contrabando, en la triple frontera con Brasil y Argentina, se sumó a su “enemigo” Galaverna, diciendo que Cartes es “prepotente, arrogante, soberbio, un jefe que ordena para ser obedecido, sin alma ni corazón”.

El circo mostró a jerarcas y seguidores absolutamente descolocados ante la hora que vive el pueblo paraguayo, sus necesidades, expectativas y decepciones, donde se extinguen los artificios y las homilías se hacen sin contrición, habilitando un hábil posicionamiento en la política de una derecha ultraintegrista y un retorno de la masonería, con atildados piragües, que cultivan la misma esmerada apariencia honorable de la época que oficiaban de activos delatores de militantes e indiferentes, consejeros en la represión y torturas.

La Convención resultó un llamado a no recordar la responsabilidad de la dirigencia colorada en las atrocidades sufridas por el pueblo paraguayo en los últimos setenta años, estupor que urge contrarrestar en la sicología popular, afinando la memoria colectiva, desafío que los conductores del proceso de cambios, iniciado hace tres años y medio, aún tienen tiempo para superar.

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), la pata con más votos al interior de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), que ungió Presidente a Fernando Lugo el 20 de abril del 2008, también atraviesa una coyuntura interna muy complicada, que deberá resolver en su Convención de abril próximo.

En ello se enfrentarán tres fuertes corrientes, una que encabeza el Presidente del Directorio, el Senador Blas Llano, el más consecuente de todos los cabecillas liberales con el programa de Gobierno, una intermedia de un ex Ministro resentido, y la última es creación del Vicepresidente Federico Franco, confeso francotirador del proceso.

Aliado circunstancial es todo el fragmentado abanico de partidos izquierdistas y progresistas, movimientos sociales y organizaciones campesinas y sindicales, que en número de 19 integran el Frente Guasu (Grande), urgido a unificar fuerzas, superando su espíritu parcelario y de secretismo elitista, de solitario parlamento que, sin autocrítica y rectificación, puede aislarlo de la ciudadanía.

Planea la impresión, en distintos ámbitos de la vida paraguaya, que en las dirigencias democráticas y progresistas del país, falta la decisión de arriesgar lo que se tiene en aras de construir un futuro mejor, compromiso superior que peligrosamente empañan algunos obnubilados por las tentaciones de los cargos, que andan exhibiendo máscaras de satisfacción por el deber cumplido, funcionarios andróginos y glaseados, especie de madrastras que han adoptado la línea política sin quererla.

Algo alentador, en dirección de los intereses más legítimos del pueblo paraguayo, en medio de este incierto panorama político, es la decisión, recién anunciado por el Frente Guasu, de intensificar este año su apoyo a las medidas sociales que impulsa el Gobierno de Lugo, en particular la Reforma Agraria, en uno de los países del mundo más injusto y desigual en la tenencia de tierra, con 300 mil familias de labriegos sin un palmo para producir su alimentación, frente al 2.5 por ciento de los 6.5 millones de habitantes, que acapara el 86 % del territorio cultivable.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Panamá: Una huelga de trascendencia histórica en el canal

Olmedo Beluche (especial para ARGENPRESS.info)

El lunes 16 de enero de 2012, se declararon en huelga alrededor de 5,000 trabajadores que laboran en la ampliación del Canal de Panamá, que construyen dos nuevas esclusas para barcos postpanamax. La paralización ha sido total, tanto en el sector del Pacífico como en el Atlántico, y sumó a todas las categorías, desde ayudantes hasta capataces.

El pliego de peticiones que motiva la huelga se sustenta en una serie de abusos cometidos por el consorcio “Grupo Unidos por el Canal”, encabezado por la transnacional española Sacyr y la principal constructora panameña, del Grupo CUSA, propiedad de la familia del actual administrador del Canal de Panamá, Alemán Zubieta. La huelga, que se ha prolongado por una semana, es tan fuerte y golpea un sector clave de la economía que el Ministerio de Trabajo, tan propatronal y antiobrero en otros conflictos, ha sido cauteloso en sus declaraciones y ha evitado reprimir a los trabajadores.
Los huelguistas han denunciado todo tipo de atropellos, desde despidos injustificados hasta salarios discriminatorios para los panameños en beneficio de empleados extranjeros (españoles e italianos), lo que recuerda la doble escala salarial basada en el origen étnico (“gold roll” y “silver roll”) impuesta por el imperialismo norteamericano en la Zona del Canal, verdadero apartheid racista que existió durante la presencia colonialista norteamericana hasta 1977.
El problema central de las demandas obreras se concentra en una escala salarial decretada por el gobierno panameño para los trabajadores del canal a todas luces obsoleta (Decreto No. 3 del 4 de marzo de 1980), y que se ha quedado rezagada ante la galopante inflación de los últimos años, y los ajustes salariales logrados en los decretos de salario mínimo de 2009 y 2011, y la convención colectiva del Sindicato Único de la Construcción (SUNTRACS) con la patronal (CAPAC).
El Decreto 3 fija en un monto máximo de 2.90 dólares la hora de trabajo para la categoría inferior, mientras los trabajadores huelguistas y la dirigencia del SUNTRACS exigen un piso mínimo de 6.00 dólares la hora, y la ministra de trabajo ha propuesto un aumento que no exceda el 5% de la base salarial del referido decreto.
El problema se ha vuelto complejo de resolver porque no sólo es obsoleto el Decreto 3, sino que ese decreto expresa el criterio segregacionista con que la burguesía y los gobiernos panameños han querido manejar lo concerniente al Canal de Panamá desde que revirtió a la soberanía nacional en el año 2,000. Desde la década del 90, poco después de la invasión norteamericana de 1989, el imperialismo yanqui le exigió a la burguesía panameña que, para transferir el canal como establecían los Tratados de 1977, debía establecerse un estatus jurídico especial, segregado de la jurisdicción del resto de la república. Como han denunciado muchos, es como si siguiera existiendo la Zona del Canal, sólo que administrada por “panameños” ( la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá – ACP, está compuesta por altos empresarios del sector bancario y de la construcción que cuentan con el aval norteamericano).
Es en estas circunstancias que, en 1994, el conjunto de la burguesía panameña y sus partidos políticos, con el aval del gobierno de Estados Unidos, imponen el Título XIV de la Constitución Política , que da al Canal de Panamá no un régimen de autonomía, sino de verdadera segregación respecto del resto de la nación. Entre otras cosas, el artículo 320 de la Constitución panameña estableció que el presupuesto de la ACP “NO formará parte del Presupuesto General de Estado”, que solamente será controlado a posteriori por la Contraloría y que no podrá ser modificado por la Asamblea Nacional. Es como si se hubiera creado otro Estado dentro del Estado panameño, lo mismo que la anterior Zonal del Canal, con la única diferencia es de que ahora los administran “panameños”.
Siguiendo esa lógica segregacionista, el artículo 322 de la Constitución Política estableció un régimen laboral “especial” para los trabajadores del Canal de Panamá, es decir, un régimen al margen de las leyes nacionales y del Código de Trabajo. Entre otras cosas que incluye ese artículo, está la prohibición de huelgas en el canal, lo cual constituye una violación de la propia Constitución, del derecho internacional y de los principios de la Organización Internacional del Trabajo. En base a ese artículo se han desarrollado toda una reglamentación interna de la ACP que choca con otros criterios jurídicos del país, entre ellos el Decreto de marras que motiva la huelga a que hacemos referencia.
Decimos que esta huelga tiene una trascendencia histórica porque le ha dado en la torre al esquema segregacionista que la burguesía panameña y el imperialismo yanqui han querido establecer para el Canal panameño y ha puesto al descubierto toda la mar de contradicciones legales y constitucionales que se cobijan bajo el esquema de la ACP.
Las contradicciones expresadas en el Decreto 3, son todavía más absurdas y ridículas ya que, si bien pudiera decirse que el Título Constitucional al que hemos hecho referencia, y las leyes y reglamentos que de él se han derivado, son aplicables a los trabajadores del Canal de Panamá, el hecho es que los trabajadores de la ampliación que laboran para el “Grupo Unidos por el Canal”, no son empleados de la ACP , sino de un consorcio privado que debiera estar regido por el Código de Trabajo y las leyes laborales panameñas, como la de salario mínimo.
Por ello constituyó un doble abuso desde el principio pretender que estos trabajadores estuvieran regidos por el Decreto 3 del 4 de marzo de 1980. Por ello han hecho bien estos obreros en declararse en huelga y exigir su ajuste salarial, tanto con la Convención Colectiva SUNTRACS-CAPAC, como con la ley que regula el salario mínimo en Panamá.
La “tapa del coco” de todos los abusos y canonjías, y que ha trabado las negociaciones para poner fin a la huelga, es que hoy se ha sabido (La Prensa , 21/1/12) de la existencia de una cláusula secreta entre el Grupo Unidos por el Canal y la ACP (cláusula 3.7 del contrato) que obliga al estado panameño a pagar el 100% de cualquier ajuste salarial de los trabajadores que vaya más allá del Decreto 3 de 1980. Esto es el colmo, el Estado panameño, sea por la vía del presupuesto general o de la ACP , tiene que cubrir de sus fondos el aumento salarial para garantizar los beneficios de los empresarios extranjeros y nacionales beneficiados con el negociado de la ampliación del Canal.
Cuando en 2006 empezó el debate sobre la ampliación del Canal de Panamá mediante un nuevo juego de esclusas para barcos postpanamax, quienes nos opusimos argumentamos dos cosas, que ahora se muestran certeras: primero, la obra no es urgente para el comercio mundial ya que el Canal está lejos de su máxima capacidad, por ello implica endeudar al país para beneficio de las navieras internacionales; dos, gastar al menos, 5,2000 millones en esa obra es transferir a beneficio de bancos y constructoras unos ingreso del Canal que debían servir para resolver los problemas sociales acumulados por el pueblo panameño.

La lucha genereacional por la soberanía era para que el pueblo panameño viva mejor, no una pequeña élite empresarial nacional y extranjera. Eso es lo que está pasando, los potentados del Grupo Unidos por el Canal se llevan para sí y para el extranjero las ganancias de la ampliación, mientras quieren pagarle migajas al trabajador panameño. Por eso también ha sido legítima e histórica esta huelga, que cuenta con el respaldo de todas las organizaciones populares y sindicales de Panamá.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Venezuela: Los derechos humanos y la soberanía

Luis Britto García

Tardíamente llegamos en Venezuela a la investigación de las masivas violaciones de Derechos Humanos cometidas por la represión entre 1958 y 1998. En Argentina la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, presidida por Ernesto Sábato, verificó 8.960 víctimas fatales de las dictaduras. En Chile la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, contabilizó en su Informe Rettig que 2.279 personas fueron asesinadas por causas políticas entre 1973 y 1990.

En Venezuela ha sido imposible hacer un conteo similar de nuestras bajas, que podrían llegar a diez mil. El artículo 143 de la Constitución Bolivariana garantiza a los ciudadanos el “acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada”. Pero los expedientes de cuerpos represivos y tribunales permanecen sellados, hasta para víctimas o deudos. Sobre esas décadas de resistencia popular perduran innumerables testimonios aislados. No existe una obra general y pormenorizada sobre el tema, salvo la monumental La lucha Social y la lucha armada en Venezuela 1958-1998, de Elia Oliveros, cuya edición se retrasa inexplicablemente. La reciente promulgación de la Ley contra el Olvido es un paso gigantesco para el triunfo de la memoria histórica y de la justicia. Pues urge que Venezuela recupere la soberana potestad de investigar y juzgar violaciones contra los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, antes de que las potencias imperiales la confisquen para usarla contra nosotros.

2 Así como los árbitros foráneos del CIADI intentan decidir sobre nuestros contratos de interés público, cortes de magistrados extranjeros pretenden sentenciar sobre nuestros Derechos Humanos, con resultados desastrosos ¿Qué hizo la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH) de Washington sobre Venezuela durante las décadas sangrientas entre 1969 y 1998, cuando hubo campos de concentración y masacres como las de Cantaura, Yumare y el Caracazo? Tramitó apenas 4 casos, uno de ellos incoado por el terrorista Posada Carriles ¿Y cuantos tramitó entre 1999 y 2011? 69 casos. En sólo una década, durante la cual Venezuela ha hecho los más grandes esfuerzos de su historia por salvaguardar los Derechos Humanos, la CIDH ha tramitado veintisiete veces más casos contra ella que en las tres décadas anteriores. Los números hablan. En este caso, gritan su prejuicio contra nuestro país.

3 La CIDH tramita casos para someterlos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El prontuario de ésta no es mejor. Entre 1981 y 1998 resolvió sólo 1 caso contra Venezuela, el de la masacre de El Amparo. Pero entre 1999 y 2011 sentenció 13 y tramita 11 más: en total 23 casos contra nuestro país en una sola década. Ni la CIDH ni la Corte adoptaron la menor medida ante el golpe del 11 de abril de 2002.

4 ¿Con qué criterios juzgan y condenan a Venezuela estos organismos extranjeros? En su Informe para el Examen Periódico Universal, la CIDH nos acusa en 233 párrafos. En 205 trata sobre casos en los cuales no se han agotado los recursos internos, por lo que no se los puede llevar ante la jurisdicción externa. En 225 no precisa hechos tales como nombres, fechas, lugares ni otros datos indispensables para que una acusación sea admitida. En 182 casos, juzga sobre suposiciones de hechos futuros e inciertos, que “podrían” acontecer. En la casi totalidad, se funda en rumores o recortes de prensa, que ningún tribunal digno de tal nombre puede acoger como prueba. Hasta se digna vetar proyectos de leyes, cuya sanción depende única y exclusivamente de la soberana voluntad popular, y no de una oficina de Washington. Con estos criterios nos catalogan, junto a Colombia, Honduras y Haití, entre los países que presentarían “situaciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales”. En dicha categoría no colocan a México, Brasil ni a Estados Unidos.

5 ¿Pueden dañar sentencias de organismos extranjeros a nuestro país? Como coartada para el golpe del 11 de abril, el dictador Carmona Estanga alegó que “que nunca como en estos últimos tres años los organismos interamericanos de protección de Derechos Humanos han recibido tantas denuncias fundadas de violación de los mismos”. Una tal Liga Libia por los Derechos Humanos consignó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas falsas acusaciones de bombardeos de Kadafi contra la población civil. Siguió la instantánea orden de detención contra éste y el diluvio de bombas de la OTAN que asesinó 60.000 civiles. A instancias del terrorista Thor Halvorsen –uno de los que a principios de los noventa colocaron bombas para hacer bajar la Bolsa de Caracas- la Corte Interamericana acaba de contradecir la decisión venezolana que inhabilita a un corrupto para participar en elecciones. Igual podría pretender inhabilitar a quien gane los comicios del 2012, o decidir quién los ganó. Cada vez que encarcelemos un delincuente, esas Cortes lo liberarán. Adivinen ustedes cómo decidiría ese Juzgado una acusación de fraude electoral, o cómo sentenciaría el Tribunal Penal de La Haya la acusación contra el Presidente constitucional de Venezuela con la que amenaza la oposición. Quien sentencia puede anular los actos de los demás poderes o deponer a sus titulares. Un país cuyo Poder Judicial es ejercido por órganos foráneos no es soberano, vale decir, no es independiente.

6 ¿Cómo se atribuyen comisiones y cortes extranjeras el inconstitucional poder de juzgar a los venezolanos? A veces de manera imprudente nos ponemos en sus manos suscribiendo tratados y acuerdos que parecerían ceder nuestra soberana e irrenunciable potestad de ejercer el Poder Judicial. Una interpretación mal intencionada del artículo 23 de la Constitución aparentaría atribuir a dichos tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos jerarquía constitucional y prevalencia en el orden interno. Pero mal puede revestir rango constitucional algo que, a diferencia de la propia Constitución, no ha sido sancionado por referendo popular. Por otra parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de 15 de julio de 2003 se ha pronunciado con claridad meridiana en el sentido de que decisiones de órganos jurisdiccionales extranjeros no son aplicables en Venezuela si violan la Constitución: “Planteado así, ni los fallos, laudos, dictámenes u otros actos de igual entidad, podrán ejecutarse penal o civilmente en el país, si son violatorios de la Constitución, por lo que por esta vía (la sentencia) no podrían proyectarse en el país, normas contenidas en Tratados, Convenios o Pactos sobre Derechos Humanos que colidiesen con la Constitución o sus Principios rectores”. Si los fallos de cortes extranjeras que violen nuestro ordenamiento no son aplicables, no tenemos que empezar por someternos a sus veredictos. Debemos denunciar los tratados que aparentemente nos sujetan a ellos, y cortar por lo sano retirándonos del sistema Interamericano de la OEA, que hasta el presente ha servido fundamentalmente para convalidar dictaduras de derecha y legitimar intervenciones imperiales. Venezuela es soberana, y punto.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Los temas económicos a comienzos del 2012

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

La crisis de la economía mundial es el gran condicionante del año. El Banco Mundial y otros centros de información de la economía mundial pronostican un año recesivo al estilo 2008-09; especialmente en la zona del euro. En su “Perspectivas Económicas mundiales para el 2012 y 2013”, la ONU comienza afirmando que “La economía mundial se encuentra al borde de otra crisis importante. El crecimiento de la producción se ha desacelerado considerablemente durante el año 2011 y para los años 2012 y 2013 se prevé que el crecimiento será anémico.” (1).

Con un mensaje desalentador, el informe destaca que “La Unión Europea (UE) y Estados Unidos de América equivalen a las dos economías más grandes del mundo, y están intrínsecamente entrelazadas. Sus problemas se pueden transmitir fácilmente de una a otra y dar lugar a otra recesión mundial. Los países en desarrollo, que se había recuperado fuertemente de la recesión mundial de 2009, se verían afectados a través de sus vínculos comerciales y financieros.”

Es cierto que los países menos desarrollados, los “emergentes”, y especialmente América Latina, mantienen su perspectiva de crecimiento mayor que los países capitalistas desarrollados, pero la continuidad de la crisis no augura tránsitos similares a los del tiempo pasado, ya que el salvataje de bancos y empresas en tiempo reciente, devino en problemas fiscales y crecimiento de la deuda pública, que hoy presenta dificultades para su cancelación o renegociación, con lo que es imaginable un horizonte de recesión que puede afectar las ventas desde la región.

Observando la realidad desde nuestramérica es previsible una ralentización del crecimiento, con menores precios de la producción exportable, reducción de los ingresos por remesas de nuestra población emigrante a grandes y otrora prósperos países (sobresale el caso español, principal destino europeo de la emigración regional en tiempos cercanos).

No sorprende entonces la previsión de escasas aportaciones en inversiones productivas e incluso una fuerte presión de inversores externos en la región que acrecienten sus remesas de utilidades al exterior, tal el caso de las fortísimas inversiones españolas realizadas en tiempos de aperturas indiscriminadas de nuestras economía, especialmente en los 90´.

Uno de los impactos más importantes de la crisis según la ONU es el desempleo, especialmente juvenil. El problema del desempleo es grave en los países capitalistas centrales y presenta peculiaridades en los países en desarrollo donde estos países “siguen enfrentándose a grandes retos debido a la elevada proporción de trabajadores que se encuentran subempleados, mal pagados, o sufren condiciones de vulnerabilidad laboral, careciendo de acceso a mecanismos de seguridad social.”

El déficit de empleo según la ONU alcanza a 64 millones de puestos de trabajo y podría llegar hacia el 2013 a 71 millones. El documento se preocupa por el efecto en el consumo, alentando un clima recesivo, y nada dice de la conflictividad social que esa situación genera.

Impacto de la crisis en la Argentina

Por todo lo comentado, uno de los temas a comienzo del 2012 en la Argentina han sido las medidas de restricción y mayor control de las importaciones, para intentar mantener el saldo positivo del comercio exterior argentino. El país no imprime dólares y los necesita para cancelar sus deudas. Ante la anemia de inversiones externas, la forma de hacerse de divisas es vía exportaciones superiores a las importaciones. Un tema adicional a considerar es la reducción de los precios de exportación, también derivado de la crisis mundial, según revela el propio informe comentado de la ONU. A ello debe adicionarse la cuestión climática, que impactará en menor cosecha y disminución de ingresos a los productores y al fisco, por lo cual el gobierno debió esta semana declarar la emergencia en varias provincias argentinas.

No solo se trata de la cuestión industrial o agraria, sino de otras producciones esenciales al “modelo productivo”, tal el caso de la mega minería, que en Chilecito, La Rioja puso en pie de resistencia a la mayoría de la población con actitud solidaria movilizada en todo el país, obligando a definiciones de las autoridades e instituciones locales en el sentido que el “Famatina no se toca”, replicando luchas anteriores por el mismo tema en la zona, en Esquel (2003) y variadas zonas incorporadas a la producción minera en los tiempos que siguen a la reforma del Código de Minería y el acuerdo de Argentina con Chile en 1996. Una posibilidad surgida desde distintos ámbitos apunta a la suba de retenciones mineras, hoy del 3% en “boca de pozo” a valores entre el 10 y 12% para compensar las críticas al modelo extractivo prefigurado en los 90´, lo que no supone discutir el “modelo productivo” en curso.

La discusión sobre el modelo productivo mantiene vigencia y es una cuestión estructural del debate político y social necesario, sea por los precios de la producción; las variaciones en el clima; o el impacto de esos procesos en las poblaciones (pueblos fumigados en lucha, o afectados por la contaminación de la producción minera a gran escala).

Salarios y conflictividad

A comienzos de años se hace evidente que uno de los temas a considerar será la cuestión salarial y de los ingresos de los sectores populares que reciben fondos por transferencia de renta: los planes.

La presión empresaria y gubernamental intentará limitar la demanda de las negociaciones salariales a menos del 20%, habiéndose pronunciado varias expresiones del sindicalismo argentino con incrementos a negociar entre el 25 y 30%, a la par con movilizaciones y pronunciamientos de actualizaciones de los ingresos por planes diversos. Es una situación generadora de conflictividad.

Quedan claros los límites de política económica para el 2012 respecto de los años anteriores, sea por la crisis mundial o por las características en la coyuntura de la economía local, con serias dificultades para mantener los superávit comercial y fiscal. Con restricciones para el financiamiento del mercado mundial, la política nacional se orienta a una modificación del gasto público, donde la quita de subsidios a los servicios públicos de electricidad, gas y agua es el comienzo de una práctica que desembarca en el transporte (transferencia del subterráneo a la Ciudad de Buenos Aires); lo que supone mayores precios a sufragar por los usuarios.

Los impactos serán diferenciados según los niveles de ingresos. Por ello preocupa el decreto presidencial que promueve “estudiar” los ingresos extraordinarios de los estatales nacionales, eliminados en algunas dependencias, como las primeras discusiones (especialmente los docentes) sobre pauta salarial. En el mismo sentido, las organizaciones representativas de quienes perciben fondos por transferencia de renta demandan actualizaciones. La conflictividad social será uno de los condimentos a tener en cuenta para el año económico en curso.

Julio C. Gambina es Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Profesor de Economía Política, UNR. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.

Nota:
1) http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2012wesp_es_sp.pdf

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...