martes, 24 de enero de 2012

Auditoría: Una herramienta esencial para probar el origen y las causas de la actual crisis de "deuda" de los Estados Unidos y Europa

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1. El origen y la esencia de la crisis actual

La reciente crisis en los Estados Unidos, así como algunos nuevos hallazgos sobre los actuales problemas económicos en países europeos, han revelado cómo la deuda pública ha sido utilizada en beneficio del sistema financiero bancario.

Ante todo, es necesario clarificar que la deuda pública no es mala en sí. En verdad, debería ser un importante medio de financiación de las políticas del Estado. Con base en eso, los gobiernos son autorizados a contraer deudas, obviamente bajo ciertos límites y condiciones. Los préstamos, por lo tanto, deberían proporcionar el acceso a fondos, los cuales, en asociación con aquellos obtenidos por los impuestos, sirven para que el gobierno cumpla su rol de satisfacción de necesidades básicas de los ciudadanos.

En estudios, auditorías e investigaciones, todavía, se ha determinado que, al revés, además de que la deuda pública no contribuye para avanzar en la implementación de políticas públicas, significativas cuantías registradas como deudas del Estado no corresponden a recursos recibidos por los países. Además de eso, la más relevante parte de las deudas soberanas está siendo utilizada para pagar intereses y amortizaciones de deudas anteriores cuya contrapartida original no es públicamente conocida.

El problema esencial, como podría ser fácilmente detectado, es que el endeudamiento público se ha convertido en una manera de desfalco de recursos públicos en grandes cantidades. Debido a la ausencia de transparencia en esos procesos y de un excesivo número de privilegios - tanto legales cuanto financieros y con diversas ramificaciones - ese esquema puede ser caracterizado como un "Sistema de la Deuda", que funciona en beneficio de un sub-sector de la sociedad, localizado en los mercados financieros.

El "Sistema de la Deuda" es un negocio altamente rentable que beneficia al sector financiero privado - grandes corporaciones lideradas por bancos y poderosas agencias de riesgo - una red compleja de agentes que detiene una serie de privilegios de orden legal, política, financiera y económica.

En los Estados Unidos ese sistema ha operado recientemente para rescatar la banca del inminente riesgo de quiebra. La dimensión del rescate fue presentada por el senador Bernie Sander(1), el cual presentó los resultados de una auditoría realizada por la Agencia de Contabilidad Gubernamental(2). Ese informe evidenció que el Federal Reserve Bank (FED - el Banco Central de los Estados Unidos) destinó alrededor de 16 trillones de dólares para el salvataje bancario, suma que fue directamente transferida a los bancos y grandes corporaciones bajo interés cerca de cero, entre diciembre 2007 y junio 2010.

La revelación de ese informe de auditoría gubernamental debe ser ciertamente uno de los más relevantes ejemplos del privilegio del sector financiero: la crisis de ese sector fue el primer paso hacia la actual crisis de la deuda "soberana", no sólo en los Estados Unidos, sino en muchos países de Europa. La suma de recursos desembolsada por el FED para el salvataje bancario fue más grande que el saldo total de deuda pública en los Estados Unidos (actualmente estimados en US$ 14.5 billones) y de su Producto Interno Bruto (US$ 14.3 billones en 2010). Es necesario persistir en la auditoría de esa operación, que podrá mostrar que lo que ha ocurrido es la conversión de grandes deudas privadas en deudas públicas. Los principales beneficiarios del dinero entregado por el FED, como consta en el informe, pueden ser vistos abajo:

Citigroup: $2.5 billones ($2,500,000,000,000)
Morgan Stanley: $2.04 billones ($2,040,000,000,000)
Merrill Lynch: $1.949 billón ($1,949,000,000,000)
Bank of America: $1.344 billón ($1,344,000,000,000)
Barclays PLC (United Kingdom): $868 mil millones ($868,000,000,000)
Bear Sterns: $853 mil millones ($853,000,000,000)
Goldman Sachs: $814 mil millones ($814,000,000,000)
Royal Bank of Scotland (UK): $541 mil millones ($541,000,000,000)
JP Morgan Chase: $391 mil millones ($391,000,000,000)
Deutsche Bank (Germany): $354 mil millones ($354,000,000,000)
UBS (Switzerland): $287 mil millones ($287,000,000,000)
Credit Suisse (Switzerland): $262 mil millones ($262,000,000,000)
Lehman Brothers: $183 mil millones ($183,000,000,000)
Bank of Scotland (United Kingdom): $181 mil millones ($181,000,000,000)
BNP Paribas (France): $175 mil millones ($175,000,000,000)

Esas cantidades demuestran el privilegio del sector financiero que, además de estos sustanciales préstamos del FED, también recibió otros montos considerables del Tesoro Nacional, sea directamente o por otros planes de salvataje que han consumido una gran parte de los impuestos recaudados de los contribuyentes. Mientras tanto, los mismos contribuyentes sufren con el crecimiento del desempleo, restricciones en programas de salud pública y recortes en otros sectores de beneficios sociales que en su conjunto redibujan la estructura social y empeoran las condiciones de vida de la sociedad, con desigualdades ahora más grandes de lo que ocurría hace algunas décadas. Esa paradoja explica la razón por la cual manifestaciones como "Occupy Wall Street" ganan fuerza.

La misma situación puede ser vista en Europa, cuyos países enfrentan serias crisis "de la deuda" y manifestaciones sociales de millones de ciudadanos en las calles. Es importante recordar que en 2008 no existía la denominada crisis de "endeudamiento", pero sí la crisis de los grandes bancos. En aquel momento las autoridades decidieron salvar aquellas instituciones, a pesar de conocer los grandes riesgos que aquella alternativa representaba para sus presupuestos, y aún siendo conocido el "súper-endeudamiento" de todos los países, como muestra la noticia de Febrero 2009:


A pesar de saber del gran riesgo de ruina económica, bajo documentos secretos, una atmósfera de miedo y reuniones de emergencia, la Unión Europea llevó sus países a una serie de operaciones de salvataje bancario, para rescatar instituciones financieras. Como los países no tenían fundos para cumplir esa operación, grandes parcelas de títulos soberanos fueron emitidas.

Es importante resaltar que el fundamento para la decisión fue un "documento secreto de diecisiete páginas" que necesita ser revelado por una completa auditoría de ese proceso.

El origen de la crisis financiera está relacionado con la ausencia de regulación en este sector. Algunos controles existentes bajo la Securities and Exchange Commission - SEC(3) - que desde el 1929 era responsable por el control de "calidad y autenticidad" del comercio de bonos en los mercados - fueron revocados o simplemente incumplidos por las instituciones financieras.

La ausencia de regulación abrió espacio para la creación de una incontable cantidad de activos - como derivativos y otros tipos de productos financieros que pueden ser considerados como simples apuestas - con ningún valor o respaldo real. Los así llamados activos tóxicos cargaron con "basura" el marcado financiero.

La cantidad de esos activos tóxicos fue tan expresiva que algunas instituciones fueron especialmente designadas para recibirlos - los bad Banks - creados para aliviar la banca de parte de la "basura", como ha divulgado Financial Times.


Crucialmente, las instituciones que emitieron eses activos tóxicos fueron las más destacadas del sector financiero, o sea, las que tenían la "credibilidad" suficiente para que sus activos fueran aceptados y comercializados en el mercado financiero. Sin embargo, pese el riesgo de quiebra, solamente algunas pocas de esas importantes instituciones llegaron a la bancarrota - LehmanBrothers, por ejemplo. Como se ha dicho anteriormente, muchas medidas fueron rápidamente tomadas para salvarlas y sacarlas de la bancarrota.

En cuanto a las naciones, tuvieron un destino diferente. Como ya era previsto, los planes de salvataje llevaron la zona del euro a una profunda crisis: una depresión económica en una escala que no era vista desde la Segunda Guerra Mundial.

A pesar de toda la información sobre la crisis europea en los medios de comunicación sobre el problema del endeudamiento público, muy poco se ha publicado sobre su origen, localizado sobre todo en la crisis bancaria, y no en los masivos gastos públicos, como se dice comúnmente.

Para una análisis más profundo, es también necesario comprender los mecanismos usados por el sistema financiero, la "creatividad" de los mercados financieros y productos, como los derivativos y otros activos sin rastro, que permiten a los inversores "lucrarse con los cambios en los precios de las reservas, índices, materias primas y otros activos existentes"(4).

Los derivativos se han esparcido en los mercados financieros y fueron transferidos para fondos de pensión, fondos soberanos u otros tipos de inversiones alrededor del mundo. Como los precios no siguieron las expectativas, un gran volumen de seguros fueron activados, llevando a los bancos a una serie de crisis financieras. Es importante destacar que, en aquel tiempo, "la media de los seguros estaba nivelada en 27 por 1, i.e. habían prestado 27 veces su capital" (5).

Muchas soluciones están siendo construidas para arreglar la situación, como los dichos bad banks. En Irlanda, la Agencia Nacional para Administración de Activos (NAMA) fue creada en 2009 como una tentativa de salvación del sistema financiero, nacionalizando deudas privadas a cambio de bonos públicos (sobre los cuales los bancos ejercen todo tipo de especulación). Estos procedimientos causan la "socialización" de las pérdidas bancarias, con graves efectos en las vidas de los ciudadanos pagadores de impuestos(6).

A pesar de todas las consecuencias para las economías nacionales y los inmensos costes sociales de las medidas adoptadas por los gobiernos para rescatar al sector financiero, las mismas instituciones financieras no aceptan cualquier especie de restricción legal, de modo que su actividad continúa desregulada. A diferencia de otros activos, que están sujetos a muchas limitaciones jurídicas, los derivativos no tienen casi ningún control y ningún coste de transacción. Bancos y otras corporaciones aún pueden emitir imprudentemente nuevos activos y especular sobre ellos.

2. La usurpación de la deuda pública

Para ayudar a los bancos a sustituir parte de la grande burbuja de "activos tóxicos", las naciones emitieron moneda (como los Estados Unidos, conforme revelado por la auditoria realizada por el Departamento de Contabilidad Gubernamental que probó que US$ 16 trillones fueron repasados a los bancos por el FED), o crearon deuda pública mediante la emisión de bonos soberanos, entre otros instrumentos.

Una parte significativa de los bonos soberanos de eses países no corresponden efectivamente a una deuda "pública" real, i.e. bonos emitidos para obtener recursos para el país, sino simplemente una usurpación, un uso equivocado del mecanismo de endeudamiento, para garantizar fondos para instituciones financieras.

Además, la desregulación del mercado financiero permite que bonos soberanos sean usados como si fueran tarjetas o fichas de apuestas jugadas en un casino. Uno de los principales privilegios del sector financiero es la libertad para moverse a donde quiera, especialmente a paraísos fiscales, bajo secreto bancario, y negociar bonos soberanos en mercados secundarios. Generalmente siquiera sin el conocimiento del país que ha emitido aquellos bonos en primer lugar. Eso, sin embargo, no es nuevo; ya ha representado una grande dificultad para Latinoamérica desde los años 1970, cuando los bancos internacionales solían vender partes de los contratos de endeudamiento en los mercados secundarios.

¿Por cuánto tiempo la sociedad llevará el fardo de las pérdidas derivadas de operaciones tan irresponsables e inmorales, que están sacando dinero de servicios esenciales como Salud, Educación, Asistencia Social etc., resultando en miles de pérdidas de empleo, mientras, al mismo tiempo, aseguran grandes lucros y ganancias para el sector financiero?

Además de eso, ¿puede el resultado de esas operaciones ser considerado como "deuda pública"? Los libros de economía explican que deuda pública es un instrumento que puede ser usado para financiar las necesidades de los Estados y complementar los fondos requeridos por los servicios públicos en beneficio de la sociedad. Los bonos emitidos para salvar las instituciones bancarias sin cualquier criterio no deberían ser considerados deuda "pública", sino que deberían ser tratados como un préstamo separado a ser pagado por la misma banca, y no por toda la sociedad.

Las instituciones financieras que fueron salvadas después de la crisis de 2008 han comprado bonos del Tesoro con el dinero prestado por los gobiernos, transfirieron liquidez - por cuenta de las bajas tasas de interés cobradas por los estados - para sucursales especulativas (por hedgefunds, formas desreguladas de inversión) cuyo objetivo era ganar más dinero "invirtiendo" en la deuda pública mediante la emisión de más y más derivativos, los cuales cargan en sí todos los problemas ya mencionados.

A pesar de todo eso, los gobiernos continúan ayudando a las instituciones bancarias, ejecutando las reformas sociales demandadas por las políticas neoliberales. La percepción obvia es que los países están cambiando la democracia por lucros bancarios, como resultado de un sistema político en el cual la toma de decisiones no está basada en la deliberación pública, sino que toma parte en mesas de negociación entre "tecnócratas" que insisten en que no están haciendo política.

3. La necesidad de una auditoria - métodos, transparencia, monitorización ciudadana y el rol de las instituciones internacionales

El instrumento de endeudamiento "público" está siendo utilizado ahora en Europa como lo fue en Latinoamérica desde los años 1970. Las experiencias de auditoría de deudas - la auditoría oficial en Ecuador(7) y la iniciativa ciudadana en Brasil(8)- han demostrado que en los últimos 40 años los únicos beneficiarios de la deuda comercial externa fueron los grandes bancos internacionales. En lugar de funcionar como un instrumento de financiación del Estado, este tipo de deuda en bonos fue un mecanismo de transferencia de recursos hacia el sector financiero privado.

Las auditorías de la deuda también han demostrado que la crisis financiera en la que Latinoamérica entró en 1982 fue causada por los mismos bancos privados acreedores(9), que unilateralmente levantaron las tasas de interés de 5 a 20.5% al año. Aquella crisis posibilitó que el FMI tuviera una oportunidad de interferir en nuestras economías con planes de ajuste fiscal - exactamente como ahora ocurre en Europa - que han costado por lo menos dos décadas de gran sacrificio social (las cuales llamamos décadas perdidas), de forma a garantizar lucros al sector financiero. Es muy importante que los países europeos - los cuales no están bajo dictaduras militares como estábamos en los años 1980 en Latinoamérica - organicen comisiones de auditorías oficiales, como ha hecho Ecuador en 2007.

También es esencial que la sociedad civil empiece auditorías ciudadanas - como nuestra organización en Brasil - para rescatar documentos, fomentar investigaciones populares, estudios, movilización social y elucidación sobre ese proceso de endeudamiento tan pronto como sea posible.

La auditoría de la deuda es una oportunidad de obtener documentos y evidencias de la real naturaleza de la llamada deuda "pública". Los resultados de esa auditoría pueden estimular acciones concretas en todos los campos: popular, parlamentario, legal, entre otros en el campo político.

3.1 El caso de Grecia y las experiencias de las auditorías en Ecuador y Brasil

La usurpación de la deuda pública necesita ser desenmascarada. En Grecia, por ejemplo, la manipulación de la prima de riesgo por agencias de clasificación - las cuales bajan la clasificación de los papeles del país pocos días antes del vencimiento de algunas obligaciones - llevó al gobierno a aceptar acuerdos con el FMI y la Unión Europea. Eso posibilita analizar cómo funciona el mecanismo. Montada la estructura, instituciones financieras internacionales y grandes corporaciones pueden invadir el país, imponiendo sus intereses - los cuales incluyen el desmantelamiento de los derechos sociales, la protección de instituciones financieras y la venta del aparato estatal, sobre todo con la privatización de lucrativas empresas públicas.

Ese mecanismo de presión de la "Troika" (mercados, FMI y el Banco Central Europeo) contra los países - que a su vez tienen que negociar de manera aislada - demuestra una gran asimetría entre las partes, un claro indicio de ilegitimidad. El FMI es una agencia especializada de la ONU, como OIT o FAO, y de esa manera "debe actuar en colaboración con las agencias de la ONU y otras instituciones especializadas, para atingir los objetivos de la Carta de ONU y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos"(10). No obstante, con el paso de los años, el FMI se ha alejado de esas metas iniciales y ahora evidentemente defiende el mercado financiero. Aún así todavía se espera que la ONU, a través de la UNCTAD, repudie este comportamiento del FMI.

Pero lo más crucial es el modo en que ocurre el proceso de venta del Estado. Los bonos públicos son utilizados para capitalizar negocios privados, llevando las economías nacionales aún más abajo. Debido a la desregulación del sector financiero, los bonos pueden ser vendidos en mercados secundarios, donde sea que ellos operen.

Es importante recordar que cuanto más bajo es el precio del bono en el mercado secundario, más alto será el rendimiento efectivo (yield), lo que funciona como un interesante atractivo para los especuladores. En Grecia, por ejemplo, se calculó que en mayo los bonos soberanos fueron vendidos en los mercados secundarios por 60% de su valor nominal, es decir, con un haircut de 40%. Aplicando una tasa de interés de 7%, la remuneración efectiva sería 11,67%, como explicado en la tabla abajo. El otro ejemplo es aún más grave y los dos de hecho ocurrieron recientemente.


Cuando un tenedor de bonos los vende con el llamado haircut, quien compra estos bonos obtiene un rendimiento efectivo (yield) mucho más grande, pues los intereses pagados por el país son siempre calculados sobre el valor nominal de emisión de los bonos. En la medida en que los precios de mercado bajan, el yield aumenta cada vez más, lo que representa un grande atractivo para la especulación. Así, cuando alguien sufrió un haircut por vender por debajo del valor nominal, quien compró tuvo un rendimiento extra debido al crecimiento del yield calculado sobre dichos bonos. Eso caracteriza una manipulación de mercado y un abuso contra Grecia.

Esta situación demuestra la urgencia de una auditoría que necesita ser integral, lo que significa que ella debe mirar no solo para los dados y la contabilidad de cada emisión de bono, sino que para todos los aspectos y circunstancias que involucran el país y lo llevan a una grave crisis de endeudamiento, por ejemplo:

1 ¿Cuánta deuda pública fue emitida para el salvaje bancario?

2 ¿Cuál es la responsabilidad del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea en los países en proceso de endeudamiento?

3 ¿Cuál es la responsabilidad de las agencias de clasificación de riesgo por devaluar los bonos soberanos de un país, causando la elevación de las tasas de interés?

4 ¿Cuál es la responsabilidad de FMI y de UE por forzar a algunos gobiernos a implementar reformas contra los intereses de sus pueblos y en beneficio de los bancos?

5 ¿Cuál es la responsabilidad de los bancos por:
a Clavar más préstamos en los mercados?
b Especular sobre los bonos soberanos, subiendo las tasas de interés continuamente, forzando la intervención del FMI?
c Jugar con derivativos, "Credit Default Swaps" y otros activos tóxicos?

6 ¿Cuál es el origen de la deuda soberana registrada? ¿El país recibió toda la cantidad de dinero? ¿En que fue invertido el dinero? ¿Quiénes son los beneficiados con eses préstamos? ¿Con qué propósito?

7 ¿Qué deudas privadas fueron transformadas en deuda pública?¿Cuál es el impacto de esos débitos privados en el presupuesto de estado?

Cuando tengamos una visión clara sobre tales informaciones, podremos decir que parte de la deuda soberana es ilegal, sostenidos en muchos argumentos jurídicos, por ejemplo:

• Co-responsabilidad de los acreedores e instituciones financieras internacionales;
• Asimetría entre las partes;
• Violación de principios generales: razonabilidad, rebus sic stantibus;
• Derecho al desarrollo;
• Derecho a la soberanía;
• Violación de derechos humanos;

Otros estudios legales necesitan ser desarrollados, en el interior de los órdenes jurídicos nacionales, sobre la prohibición de la manipulación de mercado y del abuso, pues es evidente que algunos países - como Grecia - están pagando tasas de interés abusivas, como se ha demostrado en los ejemplos anteriores.

Todos los sistemas jurídicos incluyen el concepto de abuso de derecho. En general, las principales características que definen un acto abusivo están relacionados con actos que producen daños; cuando hay excesivo prejuicio a una parte; cuando hay evidencias de la intención de producir prejuicios u obtener excesivos beneficios; cuando el acto contradice a los derechos sociales y económicos o cuando el acto no es compatible con las máximas de razonabilidad en términos de intereses sociales, entre otros.

Durante la Auditoría de la Deuda de Ecuador, además de aplicarse la legislación del país, la Comisión de Auditoría (CAIC) también buscó principios del Derecho Internacional Público, pactos internacionales, como la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se descubrió que la mayoría de las negociaciones de la deuda ecuatoriana han violado eses tratados.

La CAIC también utilizó algunos Principios Generales de Derecho que podrían ser útiles para Grecia y otros países:

• Enriquecimiento sin causa;
• Contractus qui habenttractum succesivium et dependientium de futuro rebus sic stantibus, que determina que una obligación debe ser revisada y las partes no están vinculadas si las circunstancias han sido sustancialmente modificadas (tasas de interés, por ejemplo);
• Usura, conocida como la práctica de precios excesivos, no razonables, o tasas de interés ilegales;
• Prohibición de interés compuesto;
• Vicios de manifestación de voluntad;
• Buena fe (como se expresa en la Convención de las Naciones Unidas);
• Equidad (prohibición del abuso);
• Solidaridad y Cooperación;
• Interés público.

Además de eso, la CAIC ha estudiado detalladamente las doctrinas de la deuda odiosa e ilegítima, que también puede ser aplicada a otros países. Por lo tanto, muchas materias necesitan tener estudios profundizados, como las que Eric Toussaint(11) , quien resumió da la siguiente manera:

La deuda griega alcanzó sus máximos cuando los líderes del país aceptaron las medidas de austeridad determinadas por el FMI y la Unión Europea, chispeando significantes luchas sociales todo el 2010. ¿Pero de dónde ha venido la deuda griega? En lo que respecta a la deuda contraída por el sector privado, el crecimiento ha sido reciente: comenzó con la integración de Grecia a la eurozona en 2001. Una segunda explosión fue provocada en 2007, cuando la ayuda financiera por el FED de los EEUU, los gobiernos europeos y el Banco Central europeo fue reciclada por los banqueros en Grecia y otros países como España y Portugal. En lo que respeta a la deuda pública, el crecimiento viene desde hace mucho tiempo. Además de la deuda originada por la dictadura de los coroneles, los préstamos desde los años 1990 sirvieron para completar el vacío creado en las financias públicas por una tasación más baja para las empresas y por los altos rendimientos. Además de eso, por décadas, muchos préstamos han financiado la compra de equipamientos militares, principalmente de Francia, Alemania y los Estados Unidos. Y no se puede olvidar la deuda colosal contraída por las autoridades públicas para la organización de los Juegos Olímpicos de 2004. La espiral de la deuda pública aún fue cargada por las fraudes de grandes transnacionales para que obtuvieran contratos, de lo que Siemens es un ejemplo. Por eso, la legitimidad y la legalidad de la deuda griega deberían estar sujetas a escrutinio rigoroso, siguiendo el ejemplo de la comisión ecuatoriana de 2007-2008. Deudas definidas como ilegítimas, odiosas o ilegales serían declaradas nulas, y Grecia podría recusar el repago y llevar a la justicia aquellos que hagan contraído esos débitos. Algunas señales motivadores desde Grecia indican que el desafío de la deuda se ha convertido en una cuestión central y la demanda por una comisión de auditoría está ganando terreno.

Cuando se empieza a investigar la deuda pública de un país, el primer paso es saber el origen de esa deuda. En la CAIC de Ecuador y también en las investigaciones parlamentarias en la CPI de la Deuda Pública de Brasil(12), con un detallado análisis de documentos y dados, se pudo probar, por ejemplo la práctica de Anatocismo (interés compuesto). Fueron encontradas evidencias de transformación de interés en capital. Eso ocurrió durante el Plan Brady - lo mismo adoptado por varios países en Latinoamérica. El plan transformó las deudas anteriores en nuevos bonos soberanos. Las deudas anteriores tenían una parte de capital y una grande parte de interés, los cuales eran tan altos que los países no podrían pagar. Algunos de los nuevos bonos emitidos bajo el Plan Brady fueron una transformación inequívoca de intereses acumulados en capital y fueron llamados bonos-interés.

El Plan Brady fue diseñado en el inicio de los años 1990. En aquel tiempo, todos los tipos de medios de comunicación y mismo algunos académicos creían que había sido un buen paso, pues fue presentado como un plan que llevaría los países de vuelta desde la insolvencia hacia las operaciones de mercado. Comúnmente se decía que la transformación "daba" a nuestros países un descuento. De hecho, una categoría de los nuevos bonos emitidos bajo Plan Brady fue llamada "bono-descuento". Solamente cuando fueron hechas la auditoría en Ecuador y las investigaciones en el parlamento brasileño se tuvo acceso a los contratos y se pudo ver que la realidad era bien diferente de la propaganda.

Esos documentos probaron que había un "sistema de la deuda" que operaba bajo la refinanciación de deudas anteriores; un mecanismo de creación de nueva deuda para pagar débitos anteriores, de modo que un nuevo débito fuera siempre mucho más grande que el anterior. También se hacían grandes pagos de capital, interés, comisiones, tasas, impuestos y todo tipo de costos extra. La auditoría también ha probado que las negociaciones fueron llevadas a cabo en el exterior y, en muchas ocasiones - como el Plan Brady -, el dinero registrado como deuda en los contratos y emisión de bonos nunca han llegado efectivamente a los países, dado que la transformación de los débitos anteriores en nuevos bonos fueron hechos por los acreedores, en el mercado de activos de Luxemburgo, sin registro en SEC (Securities and Exchange Commission in UnitedStates of America) a pesar de la ley y de la jurisdicción estadounidense. Las tasas de interés, costos y cláusulas de los contractos eran completamente ilegales y abusivas. Para empeorar, la auditoría ha probado una completa desinformación sobre el real significado del Plan Brady para otros países. Esto fue posible gracias a la obtención de los documentos de las negociaciones: contractos, actas y resúmenes de reuniones, comunicaciones, procedimientos contables y todos los registros de cada operación, así como las estadísticas y dados disponibles.

Ese es solamente uno de los ejemplos de cómo nosotros probamos el anatocismo y la ilegalidad del proceso. La conclusión principal a la que se llegó de los 30 años auditados en Ecuador y de los 39 años investigados en Brasil es que el "sistema de la deuda" ha beneficiado unicamente a los grandes bancos internacionales, y no ha servido como un mecanismo de financiación de nuestros países, como la teoría económica define la deuda pública. El instrumento del endeudamiento público ha sido usurpado por el "mercado". Nuestro esfuerzo debe ser revelar la verdad, obteniendo los documentos y evidencias que pueden mostrar las muchas mentiras que se han dicho sobre la deuda pública de los diversos países. Nosotros no podemos continuar pagando deudas ilegales con nuestros empleos y nuestras vidas. Necesitamos estar preparados para organizar comisiones que lleven a cabo auditorías con urgencia, en todo lugar, para desenmascarar el "sistema de la deuda".

4. Conclusión

La actual crisis ha revelado la usurpación del instrumento de la deuda pública, usada como un mecanismo de transferencia de recursos públicos para encubrir un problema del sistema financiero privado, por medio de operaciones cuestionables con derivativos sin lastro. Los costos sociales de la crisis están creciendo, especialmente en Grecia. La experiencia de auditoría en Ecuador mostró el valor de esta herramienta para desvelar la verdad sobre el proceso de endeudamiento, pudiendo ayudar a implementar resultados efectivos. La iniciativa de una auditoría ciudadana en Brasil también muestra la importancia de este trabajo para una mirada histórica del proceso de formación de la deuda, una amplia comprensión de los recientes desarrollos relacionados con la crisis de la deuda, manteniendo el problema de la deuda pública en la agenda de debates nacionales e internacionales. Es esencial hacer una auditoría completa en los países afectados por la reciente crisis, provocada por un problema localizado en los mercados financieros, de modo que se garantice un proceso de toma de decisiones en favor de la justicia y la dignidad de la sociedad como un todo.

Post-scriptum:
Maria Lucia Fattorelli is Coordinator of Citizen Debt Audit-Brazil since 2001; Member of the Commission of Debt Audit of Ecuador (2007-2008), and Technical Assessor of Brazilian Parliamentarian Investigation of Public Debt (2009-2010) www.divida-auditoriacidada.org.br Citizen Debt Audit-Brazil. I thank Rodrigo Ávila, João Gabriel Pimentel Lopes and Laura Carneiro de Mello Senra for their collaboration with this article.

Notas:
1) http://www.unelected.org/audit-of-the-federal-reserve-reveals-16-trillion-in-secret-bailouts
2) http://www.gao.gov/products/GAO-11-696
3) SEC - Securities and Exchange Commission in the United States of America - http://www.sec.gov/
4) http://www.contracts-for-difference.com/compare/derivatives.html.
5) http://www.contracts-for-difference.com/Banking-crisis.html.
6) http://www.marxist.com/irelands-crisis-death-agony-of-fianna-fail.htm
7) Comisión de Auditoría de la Deuda Ecuatoriana - CAIC creada por el Decreto 472/2007.
8) Auditoria ciudadana de la deuda www.divida-auditoriacidada.org.br.
9) Las tasas de interes que regían los contratos de deuda externa commercial eran calculados en base a la Prime (tasa definida por los bancos privados internacionais que controlaban el FED) y por la Libor (tasa definida por la Asociación de Bancos de Londres)
10) Eric Toussaint e Hugo Ruiz Diaz - El Banco Mundial, el FMI, la ONU y las reivindicaciones del Tercer Mundo - Perspectiva histórica- http://www.rebelion.org/docs/9409.pdf
11) www.cadtm.org - "Greece: the very symbol of illegitimate debt", por Eric Toussaint, traducciónlibre.
12) Comisión creada en el Parlamento brasileño para investigar la deuda pública, el pagamento de intereses y sus impactos en la sociedad - Câmara dos Deputados Federais, Agosto 2009 - Mayo 2010 - CPI da Dívida Pública. AUDITORIA DE LA DEUDA PÚBLICA - UNA ALTERNATIVA PARA LA CRISIS -La Mission y el Trabajo de una Comissión de Auditoría de la Deuda, http://www.latindadd.org/index.php?...

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La inconsciencia militarista en Colombia

Juan Alberto Sánchez Marín (especial para ARGENPRESS.info)

"Muy doloroso que luego de décadas y siglos de heroicidades infundadas a nuestros lugareños les sea tan difícil discernir si sienten miedo de que su Ejército se haya ido y ellos hayan quedado a merced de los bandidos, o si lo sienten porque los uniformados siguen ahí".

En la antigua Grecia, una polis, Esparta, fundamentó su vida y desarrollo en el poderío militar. Desde la infancia y casi hasta la tumba, todo espartano estaba vinculado con el estamento y su vida en el ejército activo superaba los cuarenta años. Lo castrense no era parte del ambiente: era el aire que se respiraba. La otra polis poderosa, Atenas, aun inmersa en un contexto de formación e impulso militar, por el contrario, basó su adelanto en alcanzar la plenitud intelectual. Sin el militarismo que distinguió a Esparta, Atenas fue la polis que llegó a ser el corazón de Grecia y el pilar de ese aglomerado amorfo de naciones que conocemos como la “Civilización Occidental”.
Esta es sólo la referencia de una historia plagada de naciones cuyo devenir se ha instituido en la hegemonía de la esfera militar, en contraste con otras que han apostado su futuro a propósitos menos afrentosos. Gracias a las armas se han extendido territorios, saqueado riquezas o sojuzgado pueblos, pero jamás avanzado en la lucidez o conquistado la perdurabilidad, esa acción del pensamiento y la memoria que inicia justo donde concluyen las trayectorias de las balas. Ni siquiera Napoleón, guerrero portador de las ideas libertarias de la Revolución Francesa, consiguió inculcárselas a sangre y fuego a los españoles. Un sueño de la razón que les produjo tantos monstruos, muchos de los cuales todavía amedrentan.


Desde los tiempos de los ejércitos Comunero y Libertador, las distintas Fuerzas Militares colombianas, con los nombres que se quiera, por la defensa del territorio no han actuado más que en dos guerras absurdas, ambas contra Perú, en 1828, en los tiempos de la efímera Gran Colombia, y poco más de cien años después, en 1932. Una guerra, la primera, se perdió, y la otra también, aunque en los papeles y las actas protocolarias figure lo contrario. Y eso que nos salvó el asesinato de Luis Miguel Sánchez Cerro, el controvertido presidente peruano de facto y de iure, ocurrido cuando pasaba revista a las cuantiosas tropas que iba a movilizar. También podrían nombrarse, claro está, las olvidadas escaramuzas de 1911, en La Pradera, un conflicto, también y por supuesto, con el Perú, en el que sólo ganó la selva.
El resto del tiempo, que es toda la vida republicana y todo el tiempo a la hora de la verdad, nuestras Fuerzas Armadas no han hecho otra cosa que participar sin tregua en la refriega interna y eterna que es este país, especializándose en el destripamiento de compatriotas e inventando maneras para disimularlo o negarlo.
O poniendo peones en el tablero de guerras ajenas y lejanas, como la de Corea, adonde Colombia fue el único país de habla hispana que acudió presto al estropicio aportando más de cuatro mil combatientes, con el obvio resultado de muchos caídos y dejando regados cientos de veteranos lunáticos que pocas veces fueron otra cosa que muertos en vida para la patria que los timó. Nada nuevo, la verdad: Un montón de cargabultos que apostaron las entrañas para no morirse de hambre en la propia tierra de nacimiento, cuyo sueño se volvió pesadilla (1).
La realidad dura e inmadura
Nuestro glorioso ejército contó con la mayor parte del siglo XIX para despellejarse a bayonetazos y a sablazo limpio. Y con el XX y lo que va del XXI para profesionalizarse y modernizarse, si por estos conceptos entendemos las zancadas en las zonas más limítrofes de la barbarie. O sea, la mayor capacidad para pulverizar con fuego tipo¬ Nintendo, aviones fantasma que esparcen racimos de bombas y obuses remolcados bajo el brazo a unas guerrillas conformadas por campesinos que, al igual que la prole de los sucesivos ejércitos nacionales, han sido proveídas no más que por almas compradas a huevo por el diablo gracias a la creciente pobreza patria.
El adversario no está en el corazón, de seguro, pero va metiéndose por los lemas mañaneros, las consignas que son órdenes, las bajas enemigas recompensadas, y por la propia imaginación menguada, adiestrada, que ya no da para mucho más.
Una tropa llena de venenos propios y ajenos, que entre sofismas y obsesiones extrañas encubre su auténtico cometido de muerte: Lucha contra las drogas, terrorismo. Delirios trazados afuera, sobre las mesas del Pentágono o el escritorio de Rumsfeld, en esquemas de expansión que nuestros dirigentes replican como suyos. Dueños de todo y todos: de las tierras, de las inversiones, de los ingentes recursos gracias a los cuales pueden darse el lujo de tener a los militares de este país como asalariados.
Los Estados Unidos aportan recursos para esa guerra y cooperan con dólares que pronto se llevan sus propios mercenarios, ahora llamados contratistas. No son ayudas, sino inversiones, útiles para el dominio económico y geopolítico de la región.
Declara el portal “Just the Facts” que “el auxilio” estadounidense a los militares y los policías colombianos llegó a US$6,893,876,034, entre los años 1996 y 2011 (2), y, según un grupo de congresistas demócratas estadounidenses, en carta al Presidente Obama, entre los años fiscos de 2000 y 2008, su país entregó más de $6 mil millones de dólares en asistencia militar y no militar a Colombia, como parte de Plan Colombia, un caudal que se usó para todo menos para los propósitos divulgados de la lucha contra las drogas (3).
El gringo de a pie, “the average man” de Whitman, abulta con sus tributaciones los bolsillos de sus compatriotas corporativos. El resultado de su plata se vuelve hambre a miles de kilómetros de sus fronteras, asperjándose como glifosato si hay suerte o hundiéndose como munición en cuerpos que no atañen. Y todos ganan, por lo menos los que importan: Dyncorp Aerospace Technologies, uno de los contratistas militares más grandes del mundo, nutrida de mercenarios de la Delta Force y veteranos de todas las guerras de saqueo; Lockheed Martin Corporation, otro de los contratistas militares más grandes del mundo, con sus artilugios de guerra global; o Raytheon Corporation, el mayor productor de misiles guiados del mundo; o Telford Aviation, Arinc, DRS Tamsco, Bechtel, OLGOONIK, MAN TECH, ITT y un largo etcétera que a ratos dio el “salto estratégico” (un contrato quizás por disimulo después rebautizado como Plan Nacional de Consolidación) a firmas de ex militares y mercenarios israelís, entre ellas Global CST, del amigo del presidente Santos, el general retirado Yisrael Ziv, como lo certifican los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks (4).
En una sociedad famélica, los militares cuentan con la gracia cuasi divina de prerrogativas superiores y perpetuas. A cambio, hay que defender al mejor postor, poner el pecho por el cabecilla, escoltar al pujante. Hacerlo supone creerse el cuento del “intercambio de inteligencia” con los superiores gringos o asumir sin empacho el papel de correveidile e informante febril, cuestión de la que mucho sabe el Mayor General Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, por algo el mejor policía del mundo y no de gratis vicepresidente para las Américas de Interpol, esa Santa Hermandad instituida no por las Cortes de Madrigal sino por Washington. A veces, exige marchar al compás de los “remosados” colegas israelíes del Mosad, de pronto aliarse incluso con delincuentes muy menos glamurosos. Y muy menos temidos que rogados, diría Quevedo (5).
Entonces, en el abominable empeño de aniquilar y en el aún más execrable de ganar, la vida, que por humanidad y mandato constitucional se debería defender, se hace cada vez más ligera y ambigua. Hasta que el enemigo está en todas partes y la existencia de cualquier conciudadano del montón empieza a significar para el soldado lo mismo que vale para la honorable institución y sus mentores extranjeros: Nada.
Ni falsos ni positivos: Asesinatos y ejecuciones
Los militares, de tal modo, sin fronteras que defender y sin los tantos enemigos anunciados cruzando por las miras de los fusiles, en el contexto de farsas y sainetes que es la cotidianidad nativa, optan por la eliminación de indigentes, muchachos, agricultores, desempleados, menesterosos de todas partes, y los presentan como trofeos de guerra arrebatados a las guerrillas de las FARC o el ELN. Sus cabezas cuelgan en la trastienda de una sociedad que no quiere saber nada de nada de los suyos (ni de sí misma, por lo tanto), crasamente seducida por la voracidad mediática y apropiadamente regida por ciertas perversidades oficiales, gubernamentales.
Los asesinatos cobardes y premeditados que fueron llevados a cabo por los militares, muestra un informe reciente del CINEP, alcanzan las 1742 víctimas en 27 años (6), pero, según la propia Fiscalía, se aproximan a tres mil, con 3963 uniformados sindicados. Otras investigaciones documentan una cifra mayor de víctimas y hay quienes sostienen que los crímenes rondan los cinco mil. Sea el dato que sea, por menor que hubiera sido, aunque no lo fue, la materia no es sólo de cantidades. Jamás fueron números: eran personas, colombianos con las sublimes culpas de ser anónimos o de querer dejar de serlo.
Fueron cazados en los campos o embaucados en los cinturones de miseria de las ciudades, en una serie de maniobras desarrolladas en tantas guarniciones de distintos municipios de varios departamentos, que a fuerza de repetirse y afinarse terminó siendo una operación sistemática, corrompidamente exquisita. Es cierto que el invento no inició con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, como lo han dado a conocer las distintas investigaciones, pero fue durante esos ocho años infernales que la práctica alcanzó mayor apogeo.
Y que la impunidad también se consolidó en niveles alarmantes, casi absolutos. Según un informe de 2010 del relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, Philip Alston, la impunidad en el país abarcaba en la fecha el 98,5 por ciento de los casos (7 y 8).
Desde aquellos días, los talantes han cambiado, pero pareciera que sólo para que lo restante siga intacto o peor. Puede ser verdad que las ejecuciones extrajudiciales han disminuido. Pero no lo es que se acabaron, como aseguró Juan Manuel Santos con jactancia en los tiempos de candidato a los cándidos electores: “Los acabé yo con el apoyo del presidente Uribe y del Comandante General de las Fuerzas Militares. Desde octubre de 2008 no ha vuelto a haber un solo falso positivo” (9). Claro que no ha habido un solitario falso positivo. Hubo nueve, y apenas en su primer año, entre noviembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009 (10).
Pudiera ser que fuera cierto lo sostenido por el Centro de Seguridad Democrática de la Universidad Sergio Arboleda, que lidera el frenético uribista Alfredo Rangel, en el sentido de que los militares sientan que hay “inseguridad jurídica”, o que hayan terminado creyéndose su propia patraña de que “falta un marco jurídico definido para afrontar este conflicto político-militar”, como lo opinó el general Alejandro Navas, comandante de las FFMM (11). Pero no lo es ni de broma que la impunidad haya cedido.
Por el contrario, lo que se advierte es la tentativa del gobierno para garantizarla, moviendo en el Congreso proyectos como el de “Marco para la paz” (12), una calza a la medida del senador Roy Barreras, que semeja un coladero de crímenes fabricado con la excusa de que se avecina la paz y que habla de guerrilleros pero apunta a militares. El proyecto de “Defensa Técnica” (13), producto de la paranoia jurídica de Uribe, gracias al cual seremos los contribuyentes quienes financiemos los abogados defensores de militares, en instancias nacionales e insólitamente en las internacionales, y el de la “Reforma a la Justicia” (14), algunos de cuyos acápites y “micos” no aspiran sino a fortificar la Justicia Penal Militar, en detrimento de la Ordinaria, para la cual no hay plata ni ganas.
Ya un paso grande, en este sentido, se dio con la reforma del Código Penal Militar, que crea una estructura burocrática que es un armazón paralelo de la Justicia, con figuras nuevas como el Fiscal General Militar, los Jueces Penales Militares de Control de Garantías, de Ejecución de Penas y el Cuerpo Técnico de Investigación Judicial, y el reforzamiento de otras, como el Tribunal Penal Militar.
Otro desagüe de recursos a favor del estamento, con los militares investigados en mente. Ad portas de que muchos se sazonen en la salsa agria de sus actos, la meta es lograr la presunción constitucional de que las violaciones a los Derechos Humanos son un acto de servicio y obedecen a una orden de operaciones. No es otra cosa la reforma al artículo 221 de la Constitución, radicada por el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, cuando rezonga que “en todo caso, se presume la relación con el servicio de las operaciones y procedimientos de la Fuerza Pública”. Y no se queda ahí: “Cuando en estas situaciones haya lugar al ejercicio de la acción penal, la misma se adelantará por la justicia penal militar y policial” (15). Dicho de otro modo, un naciente ardid para que las familias de las víctimas acaben de joderse y los militares condenados salgan de los casinos de oficiales de los Cantones o del club Tolemaida Resort (Centro de Reclusión Militar) hacia sus casas, o, peor aún, para que se remocen en la simulada condición de héroes vilipendiados.
Aunque se infrinjan de frente los tratados internacionales que el país ha firmado y ratificado y que lo comprometen con la investigación seria de las graves violaciones a los Derechos Humanos. Porque, en el discurso imperante, ¿qué pueden ser las jurisprudencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Civiles y Políticos, o del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, si no el producto de la oscura maquinación de ONG’s y de terroristas?
La ampliación del desafuero militar
Es que no pueden estar satisfechos los militares con tal impunidad reinante. Fuerza es que sea completa y para ello resta aquel azaroso 1,5%, que hoy tiene presos a generales como Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años de cárcel por su responsabilidad en las desapariciones de once personas durante la toma del Palacio de Justicia; coroneles como Plazas Vega, sentenciado a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada agravada también en los hechos del Palacio de Justicia, y enredados a otros, como el general Jorge Enrique Mora Rangel por sus nexos de vieja data con los paramilitares. Y muchos otros.


La comisión de delitos de lesa humanidad no es, pues, suficiente para justificar la reprensión a los militares, ni siquiera bajo el impúdico sistema de privilegios que los escuda. Más bien pareciera que tales acciones atroces ameritan estímulos, para que la moral del estamento no se debilite ni su avidez tambalee. Porque, al decir de algunos más cínicos, las tropas “llevan un buen tiempo sintiéndose maniatadas para obrar frente al enemigo” (16).
1.5% que viene a suplir la ampliación del fuero militar, objetivo hacia el que los militares han enfocado sus recientes esfuerzos, su maquinaria, su influencia y su incuestionable capacidad de presión, coacción y chantaje. El Congreso vota a favor y rebota. El gobierno apuesta por las tropas del Averno. La Justicia se pifia. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, compensa a todos con encomios por los medios. Agradecerá y veremos.
Porque la pretendida ampliación del fuero militar es un mecanismo más en la desesperada búsqueda de sustraerse a la Justicia ordinaria: Es la exigencia de la justicia amañada. No porque los jueces puedan conocer los temas del intríngulis de las operaciones militares y policiales, que suena bien y es constitucionalmente válido, sino porque en instituciones como la militar o la policial el espíritu de cuerpo no es asunto de menor cuantía. Con tal poder y tan requerida y experimentada complicidad, fácil pasa el fuero del servicio y las acciones para cumplirlo al miembro en sí mismo considerado.
Como en el caso del subteniente Raúl Muñoz, acusado de la violación de dos niñas y el asesinato de tres en Tame, Arauca, proceso donde la institución ha puesto en marcha o avalado toda clase de entorpecimientos, inventado testigos dudosos, desmovilizados o integrantes del propio Ejército, que bien pueden ser cómplices, y que el espíritu de cuerpo ni siquiera dejó bajo custodia de la Fiscalía, sino a buen recaudo de la Brigada 18 del Ejército. Otro inocente cuyo ADN fue hallado por Medicina Legal en una de las víctimas (17).
Aunque el crimen va más allá del imputado y de lo aceptado, pues resulta obvia la participación de más uniformados en los hechos, como alegan los familiares de las víctimas, más de un año después la estrategia ha funcionado y las maniobras dilatorias tienen riendo a los malhechores y aterrorizada a la comunidad. ¡Y eso sin siquiera ampliar el fuero militar!
Apenas con el manto de la Defensoría Militar Integral, DEMIL, una ONG que agrupa a la misma cúpula militar y que asusta más que cualquiera de las tantas mafias que tenemos por doquier, experta en lograr preclusiones por vencimiento de términos o buscar la anulación de procedimientos que benefician las investigaciones corrientes (18). A Demil le fastidia la Justicia, pero aboga por la ley: La ley de los más fuertes.
Este es un caso depravado, que tiene encima amenazados y desplazados, y la muerte de la jueza Gloria Constanza Gaona, una mujer que se negó a poner la balanza de la Justicia del lado de los asesinos. La misma jueza que unos días antes se atrevió a expresar que la defensa llevada a cabo por la abogada de Demil fue "temeraria, desleal e irrespetuosa" con las víctimas y con el aparato judicial (El Espectador, 24-03-11), como citó la periodista Laura Gil (19).
En un país en el que todo límite es borroso, alterable e interpretable por el leguleyo al antojo del poderoso, ¿dónde iniciarán o terminarán los casos típicos de las llamadas operaciones legítimas de carácter militar o policial? Lo sabemos de sobra: en cualquier parte, siempre y cuando las coordenadas impidan el mínimo castigo. Ni actuaciones ni procesos remitidos, ni más altos mandos embrollados. Las alteraciones a la Justicia no son un recurso para que los abusos de la Fuerza Pública no se repitan, sino para que prosigan sin alharaca ni tropiezos.
En el fondo, una abolición más de los preceptos esenciales de la Constitución de 1991. De modo parecido al que avanza el socio Obama en la revocación de la Constitución estadounidense, que tiene más de doscientos años, con iniciativas que ya no tienen vuelta atrás, como la Ley de Autorización de la Seguridad Nacional, quiere Santos deshacer la nuestra, que apenas tiene veinte, a través de una retórica que viste de oveja al lobo.
Los héroes desheredados
“Nuestros militares no saben qué normas son las que se utilizan en el contexto de la guerra. A ellos les enseñaron a combatir a las guerrillas más antiguas, más peligrosas y que más se reinventan, como si estuvieran combatiendo en Suecia" (20). Este coronel (r) Torres Dávila pronuncia lo que otros militares menos brutos callan, pero comparten, y que otros aún más cerriles camuflan con eufemismos pavosos y pavorosa oratoria. Sobre Derechos que no se entienden, Humanos que para qué se atienden. Son así nuestros heroicos forjadores de héroes, qué se le va a hacer.
A raíz del asesinato de los jóvenes de la localidad de Soacha, cerca de Bogotá, y ante la gravedad de los hechos, el Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares expidieron una providencia que se conoció como las “15 Medidas”, a fines de 2008, elaboradas para fortalecer la protección de los Derechos Humanos (21).
Se trató de una serie de inservibles mecanismos de escritorio, de engominado ministro en confabulación con generales. Antes que beneficiar el respeto de los Derechos Humanos, estas medidas, junto a otras normas y directivas impuestas por las circunstancias y con idéntica excusa, como las directivas permanentes Nos. 10 y 19 de 2007 (22 y 23), no tienen otra pretensión que la de dejar en manos militares la determinación de cuáles casos van a la justicia ordinaria y cuáles no deben salir de la jurisdicción penal militar.
Las medidas no dieron ni dan risa, pero sí causa tristeza el hecho de que hombres con tanto mando mediante grageas tan espurias hubieran querido paliar tanta muerte. Así son los comandantes y su saga de ministros de arlequín: buenos para los comunicados de prensa, inigualables para otorgarle medallas y honores a nuestros héroes, qué se le va a hacer.
Exaltados héroes que, en medio del descompuesto conflicto colombiano, son los idiotas útiles, casi todos difuntos, más útiles entre más difuntos. Pequeños seres beligerantes a quienes su institución pretende hacer grandes mediante sacrificios vanos. Bagazos humanos que un sistema atroz desecha como si nada en medio de preces y discursos y órdenes al mérito.
Héroes que no son ni han sido tales. No lo fue nunca el férvido general Santander. Tampoco el coronel Aureliano Buendía, ni su arquetipo, el general Rafael Uribe Uribe, incapaces ambos de librar a sus estirpes de la condena a cien años de soledad, ni “empleando los fusiles destructores” en la práctica, ni “con las herramientas fecundas del trabajo” en la teoría.
Pudo ser héroe el general Bolívar. De ahí que, mientras por dentro crecía, sus contemporáneos lo asfixiaran y la historia se empeñara en desfigurarlo. O el “Chispero” capitán Ricaurte, que por eso en átomos volando voló en San Mateo. Los actuales héroes lo son de pacotilla, prefabricados por su ignorancia y consumados en la bestialidad.
Combatientes que actúan encabritados sobre un tablero peligroso en el que muchos terminan vinculados con desapariciones, desplazamiento de campesinos colombianos, afrocolombianos y de los pueblos indígenas. O con torturas. O con el asesinato de sindicalistas. O con puestas en escena tramposas, como la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana. O mangoneados con paramilitares para delinquir, adelantando u omitiendo procedimientos según la conveniencia, brindando apoyo e información, haciéndoles el favor o dejándoselo hacer.
Muy doloroso, en todo caso, que luego de décadas y siglos de heroicidades infundadas a nuestros lugareños les sea tan difícil discernir si sienten miedo de que su Ejército se haya ido y ellos hayan quedado a merced de los bandidos, o si lo sienten porque los uniformados siguen ahí.
Cara de plomo
Donde la guerra es consuetudinaria, la presencia de las armas se hace habitual y la de los guerreros necesaria. De ese modo es normal que nos zarandeen los huevos en alguna esquina o nos pongan patas arriba en cualquier parque. Los subfusiles Galil de pura cepa israelí apuntan con fiereza mientras el dragoneante de humilde origen esboza una fingida sonrisa en la cara de plomo.
El Ejército lleva brigadas de salud a indígenas y campesinos, remendadas con donaciones de ropa, sazonadas con mercados, acicaladas con espejitos, en Saravena, Catatumbo o Puerto Gaitán, o en Tolima, Huila, Boyacá, que abren paso a multinacionales voraces de petróleo, carbón u oro, y que son el preámbulo de desalojos, destierros y del desplazamiento de quienes incurren en la fechoría de estar asentados hace siglos o ser pequeños dueños hace años de tierras por donde cruza la tronante y tunante locomotora de los hidrocarburos y la minería.
Que no se absuelven el ralentí ni las trabas a la confianza inversionista, ese nombre técnico provincial para convalidar el saqueo transnacional. Nuestra democracia y su punta de lanza, nuestro Ejército y sus sabidos asociados, desalojan comunidades y poblaciones enteras y cobran con la vida la defensa de la identidad territorial indígena o de la pequeña propiedad privada campesina, que no han sido o no son menester a la propiedad privada de los grandes, las petroleras de todas partes: Cepsa, Arco, Petrobras, Pacific Rubiales Energy, Exxon, Shell, Chevron, BP - Amoco, Elf Aquitaine, Oxy, Maxus, Nomeco, Conoco, L.L. & E., Santa Fe Energy, Triton, Harken, Total, Repsol, Lasmo, PetroCanada, Canadian Petroleum, Sipetrol, San Jorge, Teikoku y Ampolex. O las carboneras europeas Xstrata plc, BHP Billiton y Anglo American, la estadounidense Drummond, la suiza Glencore, las brasileras Vale Coal S.A. y EBX Brasil. O la descomunal anglo-australiana BHP Billinton, que da cuenta del ferroníquel. O la dueña de Acerías Paz del Río, la Votoratim Metais, también de Brasil. O las auríferas canadienses asociadas, Medoro Resources (con Juan Carlos Santos, el que todo lo compra con dinero, primo del presidente, como director corporativo) y Gran Colombia Gold. O sus compatriotas, la Barrick Gold y la Ventana Gold. O la sudafricana Anglo Gold Ashanti y su socia B2- Gold, entre muchísimas más.
Otros soldados, mano tiesa, pulgar alzado, saludan de manera mecánica en las carreteras a los conductores de los vehículos particulares, mientras metros adentro del monte sus compañeros de armas reparten metralla o culatazos a los paisanos pobres. Mensajes institucionales: Hasta la infamia tiene su lado afable y la conciencia se conduce más tranquila en la hipocresía.
La sociedad descansa en paz
Hay militares nobles, correctos. Haberlos… Húbolos, haylos, habralos. Pero esos no importan, ¿quién los precisa? Sin las culatas llenas de muescas, ¿qué eran los pistoleros del Far West gringo? Sin los costados de los Messerschmitt llenos de cruces, ¿quién fue el aviador de la Luftwaffe? Si el guerrero no nos mata, si no viola ni despelleja, ¿quién podrá defendernos?
Negarse a hacer parte de este macabro juego del sistema no es potestativo de ningún recluta. No hay cabida para las piezas sueltas. El albedrío se circunscribe a ultimar al primero que se oponga a lo que sea que se apuntó que no corresponde. Un galimatías que puede ser vital para penar en vida y más allá de la muerte.
Por ejemplo, el caso del cabo Raúl Antonio Carvajal Londoño (24), cuyo cuerpo padeció el fuego amigo cuando vivo y cuyo cadáver vivió en carne seca y propia el olvido y la impostura oficiales. Su padre, Raúl Antonio Carvajal Pérez, lleva más de cinco años clamando una respuesta. Encaró a Uribe en barrios y plazas y se le plantó frente al Ubérrimo. Confrontó cara a cara a un Santos que no le dio la cara. Hubo de llegar al centro mismo del país, a la Plaza de Bolívar de Bogotá (25), frente al Congreso, al lado de la Casa de Nariño, junto al Palacio de Justicia, con el hijo muerto a bordo del viejo camión y todo el peso de sus denuncias desesperadas a cuestas: Que a su hijo militar lo mataron los militares porque se negó a matar. La versión oficial no da el brazo a torcer: el cabo murió en la Operación Serpiente, supuestamente desarrollada en los municipios de Tibú y El Tarra, Norte de Santander, en enfrentamientos con las FARC. ¿El ofidio se mordió la cola?
Y ha habido operaciones triunfantes. Como Jaque, una operación de negocios y cantidades de pesos antes que de ajedrez e inteligencia, según algunos (26), en la que fueron liberados Índrid Betancourt, tres mercenarios estadounidenses y varios miembros del Ejército y la Policía. Fénix o bombardeo de Angostura, un ataque a las FARC para matar al comandante guerrillero Raúl Reyes, en el que se violó la soberanía territorial ecuatoriana. Camaleón, en la que se rescataron cuatro militares, una operación tan rigurosamente colombiana que contó con la consabida participación de los Estados Unidos en planos y en pleno. "Una operación totalmente colombiana, por tropas e inteligencia colombianas”, al decir del entonces ministro de Defensa Gabriel Silva (27), y con el apoyo de Estados Unidos, según declaraciones del embajador de ese país, William Brownfield "Nosotros pudimos brindar un mínimo de apoyo en inteligencia a la operación…” (28) Sodoma, en el que mataron al guerrillero conocido como “el mono Jojoy”, un bombardeo de dimensiones colosales, que dejó un tramo de La Macarena tan arrasado como la ciudad bíblica luego de la rabieta divina. Odiseo, operación garrafal donde murió el máximo líder de las FARC, Alfonso Cano, nunca se sabrá si producto del despliegue de casi mil hombres y 18 aviones de guerra reconocidos, o por el tiro de gracia de “tres servidores del estado” sin reconocer.
U operación Orión, desarrollada en la comuna 13 en plena ciudad de Medellín, en la que hubo una ejecución extrajudicial, decenas de heridos, varios desaparecidos, muchísimos desplazados, 355 detenciones, muchas de ellas arbitrarias, y 170 judicializaciones que no condujeron a lo mucho que se aseguró (29). Una maniobra que de acuerdo con algunas versiones se valió de avanzadas paramilitares en los barrios La Palomera y La Arenera, que tiene al general Mario Montoya, ex comandante del Ejército, dando explicaciones acerca de su responsabilidad, un añadido a las investigaciones que le cursan en relación con las “falsas desmovilizaciones” y los “falsos positivos”.
Batallas vengativas, llenas de saña, en las que se festeja la muerte con risas, parranda y medios. Triunfos que recuerdan otros tiempos de salvajismo, no de los lejanos hunos o demás bárbaros según Roma, sino de acá mismo y de similares figurantes, cuando levantábamos monumentos con las calaveras de los liberales muertos por el glorioso ejército conservador de los tiempos de la Guerra de los Mil Días, no para que la perversa historia no se repitiera, sino para amedrentar al que osara sublevarse o llevar la contraria. Tiempos recientes los remotos, de encono contra civiles, ferocidad contra campesinos y crueldades que son signadas por el deber.
Con la Fuerza Pública que nos protege; con la Seguridad Democrática que acecha por doquier gracias al miedo que nos espanta; con el recelo de todo y todos que nos lleva a disparar por si acaso y a matar por prevención: Todos tan contentos.
Procuramos entonces ignorar que es un asunto sujeto a una directa proporcionalidad: de la misma manera que no puede ser buena una sociedad que descuida la educación, la ciencia o la cultura en sus prioridades, tampoco puede serlo aquella que pontifica lo castrense y lo consagra con un presupuesto de miedo conseguido a costa de demacrar y masacrar a buena parte de los propios amparados.
La pequeña muerte

Colombia es el país de América Latina que destina más dinero al gasto militar con respecto a su Producto Interior Bruto (PIB). Entre 1998 y 2007, el promedio se ubicó en el 3,9%, por encima de Chile y muy lejos de países como Brasil, Ecuador, Venezuela, Argentina o México (30).
Con la puesta en marcha de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD), entre los años 2002 y 2006, se incrementó el número de las unidades militares y policiales y aumentó el pie de fuerza al menos en un 30%. Se indica como un atenuante del dato el hecho de que estas estadísticas incluyan a la Policía, lo que no ocurre en algunos otros países. Algo irrelevante toda vez que, al igual que en tantas otras situaciones, en este país pocas cosas son como se dicen o deben ser, y las Fuerzas Militares cumplen funciones y parecen policías, y éstos se creen militares. Un sino que no es fortuito, sino, muchas veces, fatídico.
El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por increíble que parezca, consiguió amnistiar el triple de los paramilitares reales, los sacó como conejos de su sombrero cordobés y de los doce mil existentes amnistió 36 mil . Los pocos reincidentes descarriados, Águilas Negras que nadie vio, Urabeños de broma (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, bien aclara Caballero (31)), si acaso, coincidieron en bandas criminales espontáneas, con indulgencia denominadas BACRIM, a las que mortifica, aduce el establecimiento, el chiste de todo el peso de la ley. Aquel gobierno, incluso, mantuvo con desvergüenza la idea de que no había conflicto. Y los informes, de Uribe a Santos, alegan que las guerrillas están disminuidas, acabadas. Sin embargo, al tiempo, en contrasentido, no son suficientes las aumentadas prebendas de los oficiales. Ni el ya magnánimo fuero. Ni todas las exenciones. Y no basta el presupuesto duplicado.
A los colombianos siempre han querido hacernos creer que el oneroso gasto en defensa sienta “las bases para la reconciliación y la paz”. Las bases gringas, tal vez. Como lo afirmó alguna vez Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa, la Seguridad Democrática potencializó “el desarrollo económico y social de los últimos años, y el de los años por venir” (32). Un sarcasmo grande que llega a sostener que el altísimo volumen de recursos utilizado para dotar y mantener en funcionamiento las instituciones armadas “termina reflejándose en una mayor satisfacción de las necesidades básicas de la población tales como educación, salud y vivienda, entre otros y por lo tanto en un mayor bienestar social” (33).
En otras palabras, que quitarle presupuesto a la educación, la salud, la vivienda y los rubros básicos, y feriarlo en armamento y canonjías para los militares, es lo indicado. Así, “el bien público” de la seguridad reduce la pobreza y el desempleo, y, quién lo duda, florecen la paz y la armonía. Con razón estamos como estamos, inmersos en un mar de mentiras que embusteros expertos quieren hacernos creer que son piadosas.
Apunta el escritor uruguayo Eduardo Galeano: “Pequeña muerte llaman en Francia a la culminación del abrazo, que rompiéndonos nos junta y perdiéndonos nos encuentra y acabándonos nos empieza. Pequeña muerte, la llaman; pero grande, muy grande ha de ser, si matándonos nos nace “(34). Es la contradicción inadmisible que nos hacen tragar y de la que además debemos estar agradecidos. Y, sobre todo, callados.
Juan Alberto Sánchez Marín es periodista y realizador de cine y televisión colombiano. Se ha desempeñado como corresponsal en Russia Today (RT), directivo de TELESUR, consultor de Naciones Unidas en medios masivos, y es egresado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba.

Notas:
1) García Márquez, Gabriel. Obra Periodística 2: Entre cachacos. “De Corea a la realidad”. Ed. Sudamericana. Buenos Aires, 1989. Pág. 286.
2) Justs the Facts. A project of the Latin America Working Group Education Fund in cooperation with the Center for International Policy and the Washington Office on Latin America. http://justf.org/
3) Carta de congresistas demócratas al presidente Obama. Lunes 28 de septiembre de 2009. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. http://www.colectivodeabogados.org/Mayor-participacion-militar)
4) Google Documents. Wikileaks_Israelies in Colombia. http://bit.ly/yBwvDU
5) Obras de don Francisco Quevedo y Villegas. Tomo VII. “Exequias á una Tórtola, que se quejaba viuda, y después se halló muerta”. Madrid, 1794. Pág. 240.
6) Deuda con la humanidad II. 23 años de falsos positivos (1988-2011). Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz, CINEP/PPP. Colombia, 2011.
7) International Peace Observatory. La ONU denuncia "un patrón de ejecuciones extrajudiciales" y una impunidad del 98,5%. http://bit.ly/hmiU5a
8) Naciones Unidas, Asamblea General. Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston. 31 de marzo de 2010. http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.24.Add.2_en.pdf (documento original en inglés) - http://www.acnur.org/pais/docs/2791.pdf?view=1 (traducción al español).
9) Revista Semana. Cinep a Santos: "falsos positivos no han dejado de ser un problema". 25 de marzo de 2010. http://bit.ly/yhFBOH
10) Comunicado del CINEP/PPP ante afirmación de Juan Manuel Santos. “Falsos positivos no han desaparecido”. http://bit.ly/w2GTl7
11) El Tiempo. “Falta marco jurídico para afrontar este conflicto político-militar”. 16 de noviembre de 2011. http://bit.ly/xEW6of
12) El Espectador. Marco para la paz no beneficiará a guerrilleros secuestradores. 12 de diciembre de 2011. http://bit.ly/ypqhby
13) “Por medio del cual se deroga la Ley 1224 de 2008 y se dictan otras disposiciones” [Defensoría para los miembros de la Fuerza Pública]”. Radicación: 23 de marzo de 2011. http://bit.ly/xQYqVY
14) Congreso de la República. Proyecto de Acto Legislativo N° 07 de 2011 de Senado. “Por medio del cual se reforman artículos de la Constitución Política con relación a la administración de Justicia y se dictan otras disposiciones”. http://www.mij.gov.co/Ministerio/Library/Resource/Documents/ProyectosAgendaLegistaliva/ReformaJusticia422.pdf
15) Idem.
16) Coronel (r) del Ejército Bernardo Torres Dávila, en el diario El Colombiano: “Fuero militar, motor para subir moral a las tropas”. Medellín, 3 de noviembre de 2011. http://bit.ly/yj6Cho
17) Noticias UNO. Informe en Youtube: Desmovilizado testificará a favor del Teniente Raúl Muñoz. Subido: 15/10/2011. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GKUq-DoZ2M4
18) DEMIL buscó anular hace un tiempo el convenio interinstitucional entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, que facultaba a la Fiscalía para efectuar las primeras diligencias en el caso de las presuntas muertes en combate.
19) El Tiempo. Opinión. Laura Gil. http://bit.ly/ztIMEU
20) El Colombiano. Medellín, 3 de noviembre de 2011. Artículo citado.
21) La Directiva Permanente No. 208, del 20 de noviembre de 2008, impartió instrucciones particulares a las Fuerzas Militares para implementar las 15 Medidas. Ver el documento: “Avances caso Soacha. Noviembre 2008 – Abril 2010”, en: http://bit.ly/zIZsm9
22) Ministerio de Defensa Nacional. Directivas Derechos Humanos. Directiva Permanente No. 10 de 2007. Reiteración de obligaciones para autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y evitar homicidios en persona protegida. Pág. 62. http://web.presidencia.gov.co/especial/ddhh_2009/Directivas_ddhh.pdf
23) Ministerio de Defensa. Directiva Permanente No. 19 de 2007. Complemento Directiva 10 de 2007. Reiteración obligaciones para autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y evitar homicidios en persona protegida. http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Documentos_Home2/dir_19_07.pdf
24) Noticias UNO. “Raúl Carvajal denunció la presunta muerte de su hijo ante el presidente Santos”. 14 de enero de 2012. http://bit.ly/yUCjV2
25) El Tiempo. “Un hombre dejó el cadáver de su hijo en la Plaza de Bolívar de Bogotá”. 20 de febrero de 2011. http://bit.ly/em7s0R
26) “Operación Jaque. Una jugada no tan maestra”. Documental. Dir. Gonzalo Guillén. Prod. Teleamazonas. http://www.youtube.com/watch?v=Fnlgq1-GpKo
27) Revista Semana. Detalles de la 'Operación Camaleón', la misión que rescató a los uniformados. 13 de junio de 2010. http://bit.ly/AcLNc9
28) El Colombiano. “E.U. apoyó operación Camaleón”. 17 de junio de 2010. http://bit.ly/wDgit9
29) dhColombia. Red de Defensores No Institucionalizados. “Cinco años de la Operación Orión: No más mentiras”, documento de organizaciones de DDHH. 14 de octubre de 2007. http://bit.ly/wtmtmy
30) Gasto en Defensa y Seguridad – 1998 – 2011. Imprenta Nacional de Colombia, 2009. Según fuente: Gasto Militar. SIPRI Yearbook 2008; Tasa de crecimiento del PIB: World Bank World Development Indicators. Pág. 15. Ver documento: http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/Serie%20Prospectiva/Gasto%20en%20defensa%20y%20Seguridad%201998-2011.pdf
31) Antonio Caballero. “Otra vez la farsa”. Revista Semana. 14 de enero de 2012. http://bit.ly/xBEFKt
32) Documento citado: Gasto en Defensa y Seguridad – 1998 – 2011. Presentación del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
33) La mala puntuación es textual del documento original. Qué se va a hacer, así es.
34) Galeano, Eduardo. El libro de los abrazos. Siglo XXI Editores - Edit. Catálogos, Bs. As. Primera edición, 1989. Pág. 71.

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Los casos de Alan Gross y de los Cinco Cubanos

Salim Lamrani - Wayne S. Smith (CIP, especial para ARGENPRESS.info)

Es posible un cambio en las relaciones entre La Habana y Washington. Estados Unidos levantó todas las restricciones relativas a los viajes de los cubanos-estadounidenses a la isla y las remesas destinadas a las familias. Al mismo tiempo, el gobierno cubano favorece el establecimiento de pequeñas empresas privadas. Esta realidad abre el camino al fortalecimiento de los vínculos entre ambas comunidades, y más precisamente -como subrayó un observador- a «un flujo de capital de Estados Unidos hacia Cuba».

No obstante, por un lado el caso de Alan Gross, arrestado el 3 de diciembre de 2009, y por otro lado el de los Cinco Cubanos, representan un obstáculo mayor a la mejora de las relaciones.

¿Quién es Alan Gross?

Alan Gross es un ciudadano estadounidense de Potomac, Maryland, de confesión judía, de 61 años, que trabaja para el gobierno de Estados Unidos. Es un empleado de la Development Alternative, Inc (DAI), subcontratista de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), la cual a su vez depende del Departamento de Estado. En diciembre de 2009, cuando Gross estaba a punto de salir de Cuba con una simple visa turística -en lo que constituía entonces su quinto viaje del año- los servicios de seguridad lo detuvieron en el aeropuerto internacional de La Habana. Una investigación había permitido establecer vínculos estrechos entre él y la oposición interna al gobierno cubano, a la cual distribuía computadoras portátiles y teléfonos satelitales, en el marco de un programa del Departamento de Estado de «promoción de la democracia en Cuba». (1)

Experto en tecnología de comunicación de larga distancia, Gross dispone de una gran experiencia en este campo. Ha trabajado en más de cincuenta naciones y ha elaborado sistemas satelitales de comunicación durante las intervenciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán para eludir los canales controlados por las autoridades locales. (2)

La posesión de un teléfono satelital está rigurosamente prohibida en Cuba por razones de seguridad nacional. Por otra parte, el sector de las telecomunicaciones es un monopolio del Estado en Cuba y está prohibida cualquier competencia. (3)

¿Ayuda a la comunidad judía de Cuba?

El Departamento de Estado estadounidense, que exige la liberación del detenido, afirma que «Gross trabaja para el desarrollo internacional y viajó a Cuba para ayudar a los miembros de la comunidad judía de La Habana a conectarse con otras comunidades judías del mundo». Según Washington, las actividades de Gross eran legales y no han violado la legislación cubana. (4)

En octubre de 2010, con ocasión de la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Arturo Valenzuela, secretario de Estado asistente para los Asuntos Interamericanos, se entrevistó con Bruno Rodríguez, ministro cubano de Relaciones Exteriores, a propósito de Gross. Se trataba entonces del más importante encuentro diplomático entre representantes de ambas naciones desde el inicio de la era Obama. (5)

La familia de Alan Gross también aseguró que sus frecuentes viajes a la isla se destinaban a permitir que la comunidad judía de La Habana pudiera conseguir acceso Internet para poder comunicarse con los judíos del mundo entero. (6) Su abogado, Peter J Kahn, ratificó esas palabras: «Su labor en Cuba no tenía nada que ver con la política, sino que simplemente se proponía ayudar a mejorar la vida de los miembros de la pequeña, pacífica y no disidente comunidad judía en ese país». (7)

Seguramente Gross tenía contactos con algunos miembros de la comunidad judía en Cuba, aunque la propia comunidad judía de La Habana contradice la versión oficial de Estados Unidos y de la familia de Gross. En efecto, la comunidad afirma que no conoce a Alan Gross y que nunca se ha reunido con él a pesar de sus cinco estancias en Cuba en 2009. Adela Dworin, presidenta del Templo Beth Shalom, rechazó las afirmaciones de Washington: «Es lamentable (…).Lo más triste es que se haya querido involucrar a la comunidad judía de Cuba, que es totalmente ajena».

Por su parte Mayra Levy, portavoz del Centro Hebraico Sefardí, aseguró que ignoraba quién era Gross y que éste jamás se había presentado a su institución. La Agencia estadounidense Associated Press señala por su parte que los «líderes de la comunidad judía de Cuba negaron que el contratista estadounidense Alan Gross (…) hubiera colaborado con ellos». (8) Del mismo modo, la Agencia Telegráfica Judía precisa que «los principales grupos judíos de Cuba han desmentido cualquier contacto con Alan Gross y cualquier conocimiento de su programa». (9)

El reverendo Odén Marichal, secretario del Consejo de Iglesias de Cuba (CIC), que agrupa las instituciones religiosas cristianas así como a la comunidad judía de Cuba, ha ratificado esta posición durante una reunión con Peter Brennan, coordinador de los Asuntos Cubanos en el Departamento de Estado. Con ocasión de la Asamblea general de las Iglesias de Cristo de Estados Unidos en Washington, en noviembre de 2010, el líder religioso refutó las alegaciones de Gross. «Lo que sí dejamos bien claro es que la comunidad hebrea de Cuba, que es miembro del Consejo de Iglesias de Cuba, nos dijo: ‘Nosotros jamás tuvimos relación con ese señor, jamás nos trajo equipo de ninguna clase. Negaron cualquier relación con Alan Gross'». (10)

En efecto, la pequeña comunidad judía cubana, lejos de estar aislada, está perfectamente integrada en la sociedad y mantiene las mejores relaciones con las autoridades políticas de la isla. Fidel Castro, aunque se muestra sumamente crítico con respecto a la política israelí en los territorios ocupados, declaró al periodista estadounidense Jeffrey Goldberg que «nadie ha (bía) sido tan difamado como los judíos» en la historia. «Fueron rechazados de su tierra, perseguidos y maltratados en todo el mundo. Los judíos tuvieron una existencia mucho más dura que la nuestra. No hay nada que pueda compararse con el Holocausto», añadió. (11)

El presidente cubano Raúl Castro participó en la ceremonia religiosa de Hanuka -Fiesta de las Luces- en la sinagoga Shalom de La Habana en diciembre de 2010, la cual se transmitió en directo por la televisión cubana y fue primera plana del diario Granma. Aprovechó la ocasión para saludar a «a comunidad hebrea de Cuba y la fabulosa historia del pueblo hebreo». (12)

Por otra parte, la comunidad judía cubana dispone de todas las facilidades tecnológicas necesarias para comunicarse con el resto del mundo, gracias a la ayuda que proporcionan otras entidades judías internacionales como el Benai Brith and the Cuban Jewish Relief Project, el Canadian Jewish Congress (CJC), la World ORT, el Joint Distribution Committee (JDC) o el United Jewish Committee (UJC), con el acuerdo de las autoridades cubanas. (13)

Arturo López-Levy, secretario de Bnai Brith en la Comunidad Judía Cubana entre 1999 y 2001 y actualmente profesor de la Universidad de Denver, también se muestra escéptico a propósito de la versión estadounidense sobre el caso Gross. Al respecto, afirma lo siguiente:

“Gross no fue arrestado porque sea judío ni por sus supuestas actividades de ayuda tecnológica a la comunidad judía cubana, que ya disponía de un laboratorio informático, de correos electrónicos y de acceso a Internet antes de su llegada a La Habana. (Los judíos de Cuba) no se reúnen en una sinagoga para conspirar con la oposición política pues ello pondría en peligro la cooperación con el gobierno que es necesaria para las actividades como el programa de emigración a Israel, el proyecto de Derecho de Nacimiento, mediante el cual jóvenes judíos cubanos viajan a Israel cada año, o para tratar de la ayuda humanitaria. Para proteger lo más importante, se apartan todo lo posible de los programas de injerencia política estadounidenses en los asuntos internos cubanos. Gross viajó a Cuba no para trabajar con alguna organización judía sino para la USAID”. (14)

Por su parte Wayne S. Smith, embajador estadounidense en Cuba entre 1979 y 1982 y director del Programa «Cuba» del Centro de Política Internacional de Washington, señala que «Gross, en otras palabras, estaba implicado en un programa cuyas intenciones son claramente hostiles a Cuba ya que el objetivo es nada menos que el cambio de régimen». (15)

Actividades ilegales según las autoridades cubanas

Por parte de las autoridades cubanas, la versión oficial no ha convencido y Gross es sospechoso de actividades de espionaje y de subversión interna. (16) Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento cubano, afirmó que el ciudadano estadounidense había violado la legislación del país. «Él violó leyes cubanas, la soberanía nacional, cometió delitos que en Estados Unidos son muy, muy castigados». (17)

En efecto, el empleado de la USAID proporcionaba equipos tecnológicos altamente sofisticados. La distribución y el uso de teléfonos satelitales están reglamentados en Cuba y está prohibido importarlos sin autorización. Por otra parte, el Artículo 11 de la Ley 88 cubana estipula que «El que, para la realización de los hechos previstos en esta Ley, directamente o mediante tercero, reciba, distribuya o participe en la distribución de medios financieros, materiales o de otra índole, procedentes del Gobierno de Estados Unidos de América, sus agencias, dependencias, representantes, funcionarios o de entidades privadas, incurre en sanción de privación de libertad de tres a ocho años». (18)

Este rigor no es específico de la legislación cubana. En efecto, la ley estadounidense prevé sanciones similares para este tipo de delitos. La Ley de Registro de Agentes Extranjeros (Foreign Agents Registration Act) sanciona a todo agente no registrado por las autoridades que «en Estados Unidos solicita, recolecta, proporciona o gasta contribuciones, préstamos, dinero u otro objeto de valor en su propio interés», con una pena de cinco años de prisión y una multa de 10.000 dólares. (19)

La legislación francesa también sanciona este tipo de actuación. Según el Artículo 411-8 del Código Penal, «el hecho de ejercer, por cuenta de una potencia extranjera, de una empresa u organización extranjera o bajo control extranjero o de sus agentes, una actividad con el objetivo de conseguir o proporcionar dispositivos, informaciones, procedimientos, objetos, documentos, datos informatizados o ficheros cuya explotación, divulgación o reunión tengan la naturaleza de atentar contra los intereses fundamentales de la nación se castiga con diez años de cárcel y 150.000 euros de multa». (20)

El 4 de febrero de 2011, el fiscal de la República de Cuba acusó formalmente a Alan Gross de «actos contra la integridad y la independencia de la nación», y pidió una pena de veinte años de cárcel. El 12 de marzo de 2011, Gross recibió finalmente la sentencia de quince años de prisión tras su juicio. (21) El abogado defensor, Peter J. Kahn, lamentó que su cliente estuviera «atrapado en el medio de una larga disputa política entre Cuba y Estados Unidos». (22)

El New York Times recuerda que Gross «fue arrestado en diciembre pasado durante un viaje a Cuba en el marco de un programa semiclandestino de la USAID, servicio de ayuda extranjera del Departamento de Estado destinado a socavar al gobierno de Cuba». El diario neoyorquino subraya también que «las autoridades estadounidenses han reconocido que el señor Gross entró en Cuba sin visa en regla, y han declarado que distribuía teléfonos satelitales a disidentes religiosos». (23)

Desde 1992 y la adopción de la ley Torricelli, Estados Unidos admite abiertamente que su objetivo con respecto a Cuba es un «cambio de régimen» y uno de los pilares de esta política consiste en organizar, financiar y equipar a una oposición interna. (24)

La USAID, encargada de la administración de este plan, admite que financia a la oposición cubana en el marco de este programa. Según la Agencia, para el año fiscal 2009, la suma de la ayuda destinada a los disidentes cubanos se elevó a 15,62 millones de dólares. En total, desde 1996, se han dedicado 140 millones de dólares al programa destinado a derrocar al gobierno cubano. «La gran mayoría de esta suma se destina a individuos que se encuentran en Cuba. Nuestro objetivo es maximizar la suma del apoyo del cual se benefician los cubanos en la isla». (25)

La organización gubernamental enfatiza también el siguiente punto: «Hemos formado a centenares de periodistas en un periodo de diez años cuya labor ha aparecido en grandes medios de comunicación internacionales». Formados y estipendiados por Estados Unidos, responden ante todo a los intereses de Washington, cuyo objetivo es un «cambio de régimen» en la isla. (26)

Desde un punto de vista jurídico, esta realidad ubica de hecho a los disidentes que aceptan los emolumentos ofrecidos por la USAID en una situación de agentes al servicio de una potencia extranjera, lo que constituye una grave violación del código penal en Cuba. La Agencia es consciente de esta realidad y se limita a recordar que «nadie está obligado a aceptar o formar parte de los programas del gobierno de Estados Unidos». (27)

Judy Gross, la esposa de Alan Gross, fue autorizada a visitarlo en prisión por primera vez en julio de 2010. (28) Aprovechó la ocasión para transmitir un correo al presidente cubano Raúl Castro. Expresó su arrepentimiento y pidió disculpas por los actos de su marido. «Reconozco hoy que el gobierno cubano no aprecia el tipo de trabajo que Alan hacía en Cuba. Su intención nunca ha sido dañar a su gobierno». (29)

Judy Gross acusa al Departamento de Estado de no haber explicado a su esposo que sus actividades eran ilegales en Cuba. «Si Alan hubiera sabido que algo le pasaría en Cuba, no habría hecho eso. Pienso que no lo han informado claramente de los riesgos». (30)

¿Una salida de la crisis ?

Obviamente Groos violó la ley. No hay dudas al respecto. Por otra parte no parece que haya ocasionado un verdadero perjuicio y su encarcelamiento no beneficia en nada a Cuba. En cambio su liberación podría mejorar sensiblemente las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, sobre todo si Gross pidiese disculpas por sus actos.

El asunto Gross-USAID parece vinculado a la suerte de los cinco agentes cubanos condenados a severas penas de prisión en Estados Unidos y encarcelados desde 2008. Igual que Estados Unidos, que señaló que no ocurrirá ningún cambio sustancial mientras no se solucione el caso de Gross, las autoridades cubanas también parecen renuentes a cualquier acercamiento mientras los Cinco Cubanos permanezcan en prisión. Después de una serie de atentados con bombas contra los centros turísticos de La Habana, el gobierno cubano envió a los cinco agentes para que se infiltraran en los grupos terroristas anticastristas de Florida y recogieran información sobre sus planes. La idea era entregar después dicha información al FBI para que pudiera neutralizar a los grupos terroristas. En junio de 1998 tuvo lugar en La Habana un encuentro de varios días entre representantes del FBI y las autoridades cubanas. Se entregaron casi 42 informes al FBI. Entonces las autoridades cubanas esperaban que Estados Unidos actuara contra los terroristas, pero no ocurrió nada de eso. Poco después el FBI arrestó a los cinco agentes cubanos, es decir, encarcelaron a los que proporcionaron las pruebas en vez de a los terroristas. Los Cinco Cubanos fueron «juzgados» y declarados culpables. El juicio fue un escándalo. La fiscalía no tenía pruebas, por esa razón acusó a los Cinco de «conspiración» para cometer actos ilegales (cargo que no requiere pruebas, basta con convencer al jurado). Además los juzgaron en Miami, donde el sentimiento anticastrista está tan exacerbado (véase el caso de Elián González) que resultaba imposible reunir un jurado imparcial. Los abogados de la defensa solicitaron una deslocalización del juicio pero, contra toda previsión, se la denegaron.

El caso de Gerardo Hernández, acusado de «conspiración» de asesinato -en relación con la destrucción por el ejército cubano de dos aviones de la organización anticastrista «Hermanos al Rescate» en febrero de 1996- y condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años, es sin lugar a dudas el peor de todos. El hecho de que no se pudiera presentar ninguna prueba que demostrara su implicación no fue importante para el jurado. Gerardo sigue tras las rejas, a veces en aislamiento, y después de tantos años todavía no le han autorizado a ver a su mujer ni una sola vez.

Esta injusticia contradice la fama de Estados Unidos de estar al servicio de la ley. Hay que encontrar una solución. El mantenimiento en prisión de esas personas después de tantos años, sin ninguna prueba que las incrimine salvo el hecho de ser agentes sin registrar de una potencia extranjera, es digno de la Guerra Fría (una práctica injustificable incluso en aquella época). Ahora, después de más de dos décadas del final de la Guerra Fría, mientras aparece una oportunidad sin precedentes de instaurar una nueva relación entre Cuba y Estados Unidos, esta detención es moralmente injustificable y singularmente contraproducente. Ya es hora de emprender un proceso de revisión de todos esos casos y permitir a esas personas que se reúnan con sus familias. Uno de ellos, René González, ya fue liberado tras cumplir su pena. Todavía tiene que cumplir una condena de tres años de libertad condicional. Por increíble que parezca, no le han autorizado el regreso a Cuba para encontrarse con su esposa, a la que no ve desde hace más de una década. Permitirle regresar a Cuba debería ser la primera decisión a tomar en este proceso de reconciliación. Si Estados Unidos decide actuar con respecto a los Cinco Cubanos, naturalmente Cuba también deberá liberar a Alan Gross para que se reúna con su familia.

Conviene señalar que el propio Alan Gross sugirió una iniciativa de ese tipo, «Cuando se enteró del reciente intercambio de Gilad Shalit (el soldado israelí) por más de 1.000 palestinos encarcelados (Gross) expresó su idea de que Estados Unidos y cuba podían hacer lo mismo con respeto a él y los Cinco Cubanos», explicó el rabino David Shnever que había visitado a Gross en La Habana. (31)

Notas:
1) Jeff Franks, «Scenarios-U.S. Contractor Jailed in Cuba Still in Limbo», Reuters, 24 de octubre de 2010.
2) Phillip J. Crowley, «Statement on Anniversary of Alan Gross’ Incarceration in Cuba», U.S. Department of State, 3 de diciembre de 2010; Saul Landau, «The Alan Gross Case», Counterpunch, 30 de julio de 2010. http://www.counterpunch.org/landau07302010.html (sitio consultado el 18 de febrero de 2011).
3) Ibid.
4) Phillip J. Crowley, «Statement on Anniversary of Alan Gross’ Incarceration in Cuba», op. cit.
5) Paul Haven, «U.S., Cuban Diplos Met About Jailed U.S. Man», The Associated Press, 18 de octubre de 2010.
6) Anthony Broadle, «Exclusive: American Held in Cuba Expresses Regret to Raul Castro», Reuters, 24 de octubre de 2010.
7) Juan O. Tamayo, «Pedirán 20 años de cárcel para Gross», El Nuevo Herald, 5 de febrero de 2011.
8) Andrea Rodríguez, «Judíos niegan haber colaborado con Alan Gross», The Associated Press, 2 de diciembre de 2010.
9) Jewish Telegraphic Agency, «Cuba to Seek 20- Year Prison Term for Alan Gross», 6 de febrero de 2011.
10) Andrea Rodríguez, «EEUU pide Iglesias de Cuba interesarse por contratista preso», The Associated Press, 2 de diciembre de 2010.
11) Jeffrey Goldberg, «Castro: ‘No One Has Been Slandered More Than the Jews’», The Atlantic, 7 de diciembre de 2010. http://www.theatlantic.com/international/archive/2010/09/castro-no-one-has-been-slandered-more-than-tthe-jews/62566/ (sitio consultado el 18 de febrero de 2011).
12) The Associated Press, «Raúl Castro Celebrates Hanukkah With Cuban Jews»; Juan O. Tamayo, «Raul Castro asiste a fiesta de Janucá en sinagoga de La Habana », El Nuevo Herald, 6 de diciembre de 2010.
13) Comunidad Hebrea de Cuba, «Quienes ayudan». http://www.chcuba.org/espanol/ayuda/quienes.htm (sitio consultado el 18 de febrero de 2011).
14) Arturo López-Levy, «Freeing Alan Gross: First Do No Harm», Agosto de 2010. http://www.thewashintonnote.com/archives/2010/08freeing_alan_gr/ (sitio consultado el 18 de febrero de 2011).
15) Wayne S. Smith, «The Gross Case and the Inanity of U.S. Policy», Center for International Policy, marzo de 2011. http://ciponline.org/pressroom/articles/030411_Smith_Intelligence_Brief_Gross.htm (sitio consultado el 18 de febrero de 2011).
16) Paul Haven, «U.S. Officials Ask Cuba to Release Jailed American», The Associated Press, 19 de febrero de 2010.
17) Andrea Rodríguez, «Contratista de EEUU violó soberanía de Cuba, dice alto dirigente», The Associated Press, 11 de diciembre de 2010.
18) Ley de protección de la independencia nacional y la economía de Cuba (LEY N˚. 88), Artículo 11.
19) U.S. Code, Title 22, Chapter 11, Subchapter II, § 611, iii <>, § 618, a, 1 <>.
20) Code Pénal, Partie législative, Livre, Titre Ier, Chapitre I, Section 3, Article 411-8.
21) William Booth, «Cuba Seeks 20 Year Jail term for Detained American», The Associated Press, 4 de febrero de 2011.
22) Paul Haven «Cuba Seeks 20-Year Jail term for Detained American», The Associated Press, 4 de febrero de 2011.
23) Ginger Thompson, «Wife of American Held in Cuba Pleads for His Release and Apologizes to Castro», The New York Times, 24 de octubre de 2010.
24) Cuban Democracy Act, Titre XVII, Article 1705, 1992.
25) Along the Malecon, «Exclusive: Q & A with USAID», 25 de octubre de 2010. http://alongthemalecon.blogspot.com/2010/10/exclusive-q-with-usaid.html (sitio consultado el 26 de octubre de 2010); Tracey Eaton, «U.S. government aid to Cuba is the spotlight as contractor Alan Gross marks one year in a Cuban prison», El Nuevo Herald, 3 de diciembre de 2010.
26) Ibid.
27) Ibid.
28) Jessica Gresko, «U.S. Man Jailed in Cuba Can Call Home More Often», The Associated Press, 26 de octubre de 2010.
29) Anthony Boadle, «Exclusive: American Held in Cuba Expresses Regret to Raul Castro», op. cit.; Jeff Frank, «Factbox: Jailed U.S. Contractor, Sour U.S.-Cuba Relations», Reuters, 24 de octubre de 2010.
30) Anthony Boadle, «Exclusive: American Held in Cuba Expresses Regret to Raul Castro », op. cit., EFE, «EEUU no negocia liberación de Alan Gross», 8 de febrero de 2011.
31) Agence France Presse, «Contratista de EE UU en Cuba sugiere intercambio de espías», 8 de noviembre de 2011.

- Salim Lamrani es Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor encargado de cursos en la Universidad Paris-Sorbonne-Paris IV y en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Etat de siège. Les sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba, París, Ediciones Estrella, 2011, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade.
- Wayne S. Smith es diplomático de profesión, Doctor de la Universidad de George Washington, Wayne S ; Smith es profesor en la Universidad Johns Hopkins de Washington y Director del Proyecto Cuba del Centro de Política Internacional. De 1979 a 1982, fue jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba. Es autor de varios libros sobre Cuba entre los cuales se encuentra The Closest of Enemies (New York: W. W. Norton, 1987).


CIP: Center for International Policy

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