viernes, 3 de febrero de 2012

Kirchnerismo y quiasmo: A propósito del debate de los intelectuales

Jorge Orovitz Sanmartino (especial para ARGENPRESS.info)

Quiasmo es la figura de la retórica de la que me gustaría servirme para definir los términos del debate intelectual del momento. La aparición del grupo Plataforma 2012 y su retruécano Argumentos, completa el arcoíris político iniciado por Carta Abierta en aquel lejano 2008 cuando el embate de la burguesía agraria arreciaba y parecía no dejar de la experiencia kirchnerista más que un puñado de lejanos recuerdos.

Mientras que los integrantes de Carta Abierta han puesto el énfasis en las medidas progresistas del gobierno como la asignación universal, la ley de medios, la nacionalización de las AFJP y otras, reconociendo sus puntos ciegos, pero subestimándolos al colocarlos bajo la etiqueta de “lo que todavía falta”, sus oponentes de Plataforma consideran que esas medidas si no son una pantalla o un engaño son como mínimo una subordinada del modelo en cuestión. Respondiendo en espejo, hacen énfasis en las malas políticas que son constitutivas del modelo, la minería a cielo abierto, la expansión ilimitada y dañina de la soja, la política petrolera o la alianza con los gobernadores, aunque reconocen, ante los micrófonos de periodistas radiales y televisivos, algunas de las medidas progresistas del gobierno. Pero así como en las matemáticas la suma de cualquier número por grande que sea nunca alcanza al infinito, aquí la sumatoria de lo que nos gusta o de lo que no nos gusta jamás alcanza a darnos una caracterización totalizante del proceso político. Lo que parece faltar o por lo menos lo que no está suficientemente explicitado en el debate, es una estructura teórica de análisis que les de a las magnitudes cuantitativas en disputa una dimensión sustancial. Se puede comenzar, como en el método inductivo, de lo particular a lo universal, pero en algún punto del trayecto debemos emprender el camino opuesto, avanzando de lo general a lo particular, por el sendero deductivo. Para expresar de la manera más gráfica posible esta oposición de énfasis me gustaría servirme, como ya dije, de algunas figuras de la retórica, en primer lugar del quiasmo. Esta figura consiste en intercambiar dos ideas paralelas y opuestas que se repiten. El intercambio de palabras da como resultado un sentido opuesto y simétrico, creando una sensación de asombro. Se trata de una oposición cruzada por diagonales, de ahí su nombre. John F. Kennedy decía: “No preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país”. Marx, un fanático de quiasmos y retruécanos, decía en algún pasaje que había que “pasar de las armas de la crítica a la crítica de las armas”. Bajo la inspiración secreta de esta figura Carta Abierta nos dice “Es un gobierno de transformación, a pesar de lo que falta”, mientras que Plataforma completa: “A pesar de alguna transformación lo que falta es lo propio del gobierno”. ¡Es el campeonato nacional que las corrientes progresistas y de izquierda estamos jugando desde hace años! El quiasmo, como figura expresiva parece ser la verdad del kirchnerismo, o para decirlo de otra manera, la verdad del kirchnerismo adopta la forma literaria del quiasmo.
El intelectual como político
Los intelectuales y artistas reunidos en Carta Abierta no son, como lo sugirió Plataforma, voceros del gobierno. Al revés, en ocasiones fueron ellos los que le han dado voz a un gobierno que la había perdido. En vez de ser muñecos gesticuladores de una voz ventrílocua han sido artífices de la palabra. Destituyentes, esa palabra-consigna de lucha fue la primera de una serie de metáforas que establecieron un nuevo campo de disputa en oposición al antagonismo que algunos medios masivos de comunicación y las entidades agrarias había establecido entre democracia o crispación o entre consenso y autoritarismo. Ellos han dado densidad y visibilidad a un determinado punto de vista y, en aquella crisis, fueron además originales, adquiriendo presencia y reconocimiento en el debate nacional. En 2008 decidieron no sólo apoyar las retenciones móviles frente al paro agrario sino, muy distinto y mucho más, constituir un bloque intelectual al interior del gobierno. Si la voz del pensador muchas veces es solitaria, también procura alcanzar a las grandes mayorías y fusionarse con el movimiento real. Esa era, pensaban, su tarea y creían que la forma de lograrlo era no ya apoyando tal o cual medida positiva sino dando proyección e imaginario liberador a la administración kirchnerista. Después de navegar en el desierto, de machacar en el vacío, el grupo fundador, forjado en la intersección de la izquierda marxista y la tradición nacional popular, sintió que se reencontraba con el pueblo bajo el signo de un gobierno que había recogido quizá la más sensible de las exigencias, la del juicio y castigo por el genocidio de la dictadura, y se reencontraba con el lenguaje y el calor de las grandes mayorías. Nada sería igual al peronismo de antaño, y si no valía esperar ingenuamente la repetición del período heroico de tiempos pasados, había que reconocer que ahora el fantasma del pueblo humillado y ofendido cobraba cuerpo en otra representación, aggiornada, laicizada, descafeinada, pero así era en parte el tiempo del presente. Se trataba, por lo tanto, de intervenir allí, empalmar con el flujo de la historia para desde aquella porosidad del movimiento popular, darle densidad y contenido. Estaban en presencia, y después de la crisis con el campo ya no cabía dudas, de un gobierno en disputa, de un campo abierto de lucha del que ya no se podía huir y al que no había derecho de abandonar.

El núcleo de este agrupamiento compartía, desde su tribuna en la revista Confines, la misión del intelectual heredada por la perspectiva marxista, aquella que le dice la verdad en la cara al poder y encuentra, en el más mínimo resquicio de la normalización estatal, el síntoma de la muerte. O acaso no habían fatigado suficiente los textos frankfurtianos de la que pretendían rescatar aquella lección de indicaba que el mejor lugar del intelectual era, como lo había dicho con todas las letras Theodor Adorno, el lugar del exilio permanente, aquel que impide estancarse cuando uno se detiene a descansar, incapaz de conservar el reposo, agitado por los peores fantasmas y feliz en la infelicidad del eterno desplazado, el judío errante, condición inigualable para no dejarse atrapar por las comodidades del poder. “Morar -decía el autor de Mínima Moralia-, es ahora imposible”. ¿No habían insistido antaño que la comodidad de la academia podía ser un asiento conservador para el pensamiento crítico que ellos profesaban y por ello hicieron del ensayo su templo cotidiano contra el mundo universitario que, a veces exageradamente, le endilgaron ser el cuartel general del positivismo y el cientificismo? Se suponía que pensar políticamente era, sobre todo, pensar en los márgenes, sentirse, como Walter Benjamin, a contrapelo de la historia o, como Ezequiel Martínez Estrada, como un proscripto, un disidente, con los recursos de la ironía y la sospecha. Pensar era por sobre todas las cosas deconstruir el lenguaje del Estado y desarmarlo analíticamente como un reloj en todas sus partes, combatir la idea del especialista con su jeringoza mentirosa y su neutralidad discursiva y enarbolar, antes que cualquier toma de partido, la bandera de la crítica de todo lo existente. Pero ese ideal sartreano podía servir en la oposición al régimen neoliberal, al menemismo destemplado e incluso al progresismo trucho que dio paso a la locura represiva de De La Rua. Podía ser eficaz en los márgenes de la política, cuando ella pasaba por la calle más que por el cabildo. Pero ¿qué hacer con la política cuando un giro inesperado de circunstancias coloca en la agenda una nueva “anomalía”, la de un gobierno considerado popular? Además, millones de personas festejando el bicentenario o llorando frente al cajón de Néstor Kirchner ya no podían arrastrar un veredicto equivocado. Creyeron ver que el peronismo, el de antes, aunque diferente, había regresado. La política como acto de multitudes había vuelto a la escena y ellos, forjados en las tradiciones nacional-populares no creían estar en condiciones de mantenerse a la distancia. Se había terminado en tiempo indigente, era la hora de ministerios y cargos públicos desde donde influir en la agenda nacional. No se trataba tanto de abandonar la crítica que siempre fue el fundamento del intelectual sino de equilibrarlo con la verdad que emanaba ahora del hombre común. Ser intelectual nunca implicó alzar el dedo índice o dar lecciones republicanas, como si ser un intelectual exigiera dar como Setembrini, lecciones de ciencia y filosofía a un desdichado e ignorante Castorp. Al revés, requería la sensibilidad para escuchar, desde el fondo de la historia, la voz del pueblo sin el cual nunca una idea, como decía Marx, encarnó materialidad alguna. Había llegado la hora de alinearse, de salir a la arena política. No bastaba con pensar, había que sentir. Y si, pasado el mal trago, el kirchnerismo pudo revitalizarse de la manera cuasi mística con que lo hizo, ello no podía más que confirmar, una vez más, que todas las críticas del mundo no podían ganar el boleto al paraíso que ellos mismos habían comprado cuando se volvieron, por audacia, por capacidad, por arte, artífices primarios de la palabra. No, Carta Abierta nunca fue vocera del gobierno, fue artífice y por primera vez había logrado en el seno del heterogéneo peronismo oficial, introducir algunas notas, algunos acordes sobre la igualdad, la democracia y los derechos universales, en el pentagrama oficial. Si la política es el arte de lo posible, cómo no apostar, con apoyo del matrimonio presidencial, a torcer el brazo de lo peor de la corporación justicialista, que de la combinación de una nueva juventud, (no tan maravillosa pero ¿qué hay ya de maravilloso en estos años posmenemistas?) y de lo mejor de una intelectualidad que ofrecía el lenguaje de la izquierda cultural, podía emerger un nuevo punto nodal de la historia. ¿O acaso no había ido Néstor Kirchner en persona a discutir en las escalinatas del Parque Lezama con los intelectuales demostrando después de tantos años que el palacio bajaba por primera vez al foro público a escuchar a quienes tantas críticas habían realizado a su propio gobierno en la Carta N° 1? ¿No era ese el índice indiscutible de que se trataba de un gobierno en disputa? Con el renacer kirchnerista y una segunda oleada de medidas progresistas, el optimismo fue desplazando a las dudas. No es que hayan olvidado las críticas de origen, pero alistarse tiene también sus obligaciones y el engranaje oficial nunca fue permisivo ni miró para otro lado cuando las críticas, por más tibias que fueran, alcanzaban las ventanas del palacio. Pero aquellas esperanzas de lanzar hacia adelante el tiempo histórico, de superar el pejotismo, pronto chocaron con las rocas submarinas de una realidad persistente y dolorosa, de un país rico con enormes desigualdades, un pacto reforzado con los gobernadores, un sistema fiscal regresivo, una inserción económica dependiente y un incipiente distanciamiento con el mundo laboral. Los márgenes para sostenerse en el gobierno se habían, paradójicamente, estrechado justo en el momento en que mayor poder político concentró la administración. La segunda presidencia de Cristina había nacido corrida al centro y las esperanzas de lanzar hacia el futuro el movimiento, ahora eran reducidas a una disputa más discreta, modesta, la de evitar que no desfallezcan. No pocos integrantes comenzaron a preguntarse por el límite posible de su participación. La lucha contra la derecha, la “corpo”, la “opo” y demás fantasmas en un período donde el peligro destituyente había terminado, los dejó más expuesto que nunca al peligro opuesto, el de alistarse por complacencia, acomodándose a las ventajas del poder. Si eras cuestionable el apoyo político tout court al “proyecto” en 2008, la incomodidad se multiplicó con el enorme triunfo electoral de 2011. Así, para racionalizar esta deriva, en el imaginario grupal el peligro destituyente debía ser permanente, eterno, y aparecía incluso entre los aliados de ayer. Esa fue, cada vez más, la retórica esgrimida, aunque nunca rozó, como en el discurso de algunos “kirchneristas puros”, la monserga macartista contra toda crítica y todo cuestionamiento. Cuando se recibe los favores en tantos medios de comunicación es difícil, luego, desilusionarlos. Sus palabras no tuvieron el mismo valor bajo las balas del Indoamericano, la represión a los Qom y el asesinato de (los) Ferreyra que bajo los embates del ruralismo conservador. Cuando se necesitó la potencia política de palabras claras y filosas que pusieran en evidencia la deriva minera o el Nunca Más a leyes como la “anti-terrorista”, Carta Abierta sólo las susurró con timidez, gotas de protesta en el mar de los elogios. Su función era, primera y fundamentalmente, la defensa del gobierno contra los ataques destituyentes. La lógica de “no hacerle el juego a la derecha” se impuso por su propio peso.

Lo que había que sopesar, para seguir siendo fieles a la sospecha como esencia intelectual, era la evolución de esa disputa. ¿Había el kirchnerismo desalojado al pejotismo de gobernadores y punteros a lo largo y ancho del país, para dar paso a un nuevo tipo de gobierno y a un nuevo entramado de alianzas? Es cierto que no fue la presidencia quien ordenó la represión en los casos de asesinatos políticos, pero ¿cómo modificaron esos acontecimientos la relación con los gobernadores como Insfrán, Soria o Barrionuevo? ¿Qué tipo de reacción tuvo la crisis del Indoamericano en relación a la vivienda, la toma de tierras y la judicialización de las ocupaciones? ¿Por qué motivo los proyectos de reforma fiscal, de reforma financiera, de reparto de ganancias lejos de avanzar han retrocedido? ¿En qué sentido puede denominarse “lo que falta” al resultado persistente de 8 años de política económica? Aunque la productividad discursiva puede ser altamente valorable pues construye a su vez materialidades, ella es parte, como régimen discursivo, de la globalidad de un modo y régimen de acumulación determinado.

En los años 40, con la emergencia del peronismo, a la izquierda se le abrieron pocas opciones para intervenir en la realidad nacional. O se le consideraba un fenómeno circunstancial, un desvío de la conciencia proletaria que había que superar y que la historia inexorablemente superaría, o se creía que daría paso a una nueva identidad política popular que podía servir como correa de transmisión socialista. Esta última alternativa impugnaba la idea de que izquierda y peronismo eran un “oxímoron” como lo ha dicho recientemente Pablo Alabarces que, dicho sea de paso, proviene de aquella experiencia. Su desafío, su provocación, podría ser puesta en tela de juicio por el hecho de que el peronismo nunca se definió por lo coherencia ideológica o su claridad de doctrina. Se suponía que el peronismo era la residencia de las aspiraciones populares, aspiraciones que, de una u otra forma, podrían potencialmente, en su dinámica de lucha, empalmar con el horizonte socialista. En aquella época para una gran parte de la izquierda ingresar al peronismo era la única opción de salvarse del gorilismo y evitar el ostracismo. La opción intermedia, mantenerse independiente apoyando las medidas progresivas y denunciando las reaccionarias era, en el fervor popular y la polarización clasista del momento, un equilibrio difícil de sostener. Se temía, a cada paso, caer en el sectarismo que llevaba a la oposición sistemática o en el oportunismo de asimilarse por completo a un movimiento heterogéneo y pragmático. Bajo el influjo de ciertas medidas antiimperialistas, la izquierda pudo ser parte de una causa nacional contra las fuerzas imperialistas y extraer desde allí las consecuencias anticapitalistas pertinentes. Y sobre todo, la legitimidad simbólica del peronismo para un amplio mosaico de la izquierda argentina estuvo dada por la proscripción y la persecución de la Libertadora. ¿Cómo podía abandonarse a su suerte a aquella clase social, aquel sujeto de la revolución perseguido y difamado por las fuerzas golpistas que identificaban cada acto de resistencia y sabotaje bajo la denominación de peronismo? Entre esas disyuntivas del momento la elección estaba casi cantada.

Ninguna de esas condiciones se da en la Argentina de hoy, en el sentido de hacer inflexibles o dicotómicas las opciones políticas de pertenencia. Carta Abierta sin embargo adoptó la más activa de todas las opciones, aportando su acerbo a la mitología oficial y aceptando implícitamente que el posibilismo de los pequeños horizontes era la única opción viable en las circunstancias actuales. Esta opción se fundó en la idea de que con el matrimonio se rompió la linealidad de la política normalizada, volvieron el litigio y los antagonismos. Pero el origen de este reverdecer democrático no fue puesto en el haber popular, en los acontecimientos del 2001 como punto de condensación de las resistencias sociales previas sino en mayo del 2003 y un lugar más preciso aún: el sillón de Rivadavia. Este misticismo de colocar en la potencias superiores aquello que de una u otra manera habían logrado los hombres corrientes con su propia acción ya había sido sometido a una crítica rigurosa por el propio Marx, que le dio el nombre de alienación y llamó, como primer paso de una crítica social, a invertir los términos para que el hombre pueda recuperar la conciencia de su potencia enajenada. ¿No habían sido en realidad aquellas jornadas del 2001 resultado de un movimiento de destiempo, de una irrupción magnífica y primaveral de todas las insatisfacciones e ilusiones? ¿No fueron aquellos días calurosos, con sus confusiones, mezclas heteróclitas de perspectivas disímiles, intereses egoístas y generosas entregas, la síntesis más acabada de quiebra de un tiempo indigente, de la irrupción intempestiva de otra historia y otro destino? ¿No fue el kirchnerismo una expresión de la revuelta democrática del 2001, es decir, de la anomalía argentina pero, al mismo tiempo, nacido del único partido institucional que quedó en pie y de la mano de su elenco decenal, el tiempo de cerrar la brecha, es decir, el tiempo de la normalización? Así anomalía y normalización, que aparecen como un par incompatible, pueden ser quizás las huellas dactilares del tiempo presente y fundamento del quiasmo político. Sesgar el carácter anómalo del kirchnerismo fue un aporte de Carta Abierta al acervo mitológico nacional, ocultando el carácter normalizador, con su reinserción dependiente en el mercado mundial y el reforzamiento del aparato justicialista en las provincias donde esperábamos con ansiedad que el argentinazo, un poco porteño y un poco rosarino, alcance a todos los rincones de la patria. La operación mitológica consistió en presentar una sola cara de Jano como determinante de la naturaleza política del kirchnerismo. Sólo sobre esta base puede forjarse un relato dualista entre kirchnerismo progresista y anti-kirchnerismo reaccionario, no como análisis de alguna circunstancia, por ejemplo la crisis con la burguesía agraria, sino como la naturaleza de la política posmenemista. Horacio Gonzalez ha sido un virtuoso promotor de este artificio. Al par revolución-restauración, que caracteriza a toda revolución pasiva, Horacio le amputó la restauración, asumiendo en el acto el papel de gran intelectual, pero cumpliendo un rol más próximo, para hacer una analogía, a Benedetto Croce que a Antonio Gramsci.
El político como intelectual
Plataforma agrupa a intelectuales de importancia, su lenguaje es el del manifiesto incisivo, militante. No se detiene en las sutilezas y circunloquios, en las formas del estilo, tampoco se propone componer un fresco del caso dibujando sus claroscuros, va directo al grano de lo que quiere, pum palo y a la bolsa, dejando en el camino el análisis comprensivo del grupo antagonista. Plataforma cumple con la segunda parte del quiasmo. Sin él, la realidad argentina sería incompleta, carente de perplejidades, oscura y opaca a una circunstancia social y política cada vez más visible. Aceptando el desafío lanzado por Carta Abierta, adopta su misma estrategia, dicotomizar el campo político, aunque modificando la frontera del antagonismo. ¿O no fue el mismo Gonzalez quién, interpelado en un programa televisivo, quien aceptó que la estructura dual de su lectura política no provenía tanto de un capricho del lenguaje como de una palpable y concreta realidad conflictiva? De modo que Plataforma completa el quiasmo anunciando que, a diferencia de la lectura kirchnerista, la polarización se da en otro terreno. Y me quisiera detener en su caracterización porque, en los hechos, comparto la gran mayoría de las críticas a las que apunta. Disecciona sin piedad los gruesos problemas, las direcciones equivocadas, para todo proyecto emancipador, que adoptó el kirchnerismo en material de política económica, ambiental, energética, etc., aunque es importante decirlo, con más ímpetu que pericia, incluso con más de una unilateralidad. Pero la idea de que el gobierno construye consensos porque aparenta dar cuenta de demandas sociales y reivindicaciones nacionales mientras que en realidad “afianza la persistencia de lo que aparenta cuestionar”, transforma la escena nacional en un teatro de máscaras. Lo que necesitamos es sacarle la careta. La idea de que aparentan una cosa pero hacen lo contrario sintetiza la filosofía del documento, que coloca en el poder comunicacional del kirchnerismo esa capacidad superlativa de engaño y manipulación. De este modo, diez años de hegemonía kirchnerista con un creciente consenso electoral y una minoría activa muy fuerte, son explicados mediante el recurso de la cooptación y el transfuguismo. Pero esta interpretación equivale, al mismo tiempo, y quizá esto no haya sido percibido del todo por los impulsores de Plataforma 2012, a considerar no sólo a la pulsión colectiva como estupidez o borrachera, un estado pasajero que los intelectuales, profetas de la conciencia verdadera, deberíamos ayudar a que el pueblo supere, sino también a entender los acontecimientos del 2001 con la levedad que muchos escépticos la han descrito, puesto que en el fondo no ha logrado más que un gobierno retórico. Entendido como gobierno del doble discurso, estaríamos habilitados a entender las medidas progresistas adoptadas como pérfidas por partida doble, puesto que su objetivo era redoblar el engaño. Plataforma asume que el gobierno actual es, para todos los fines prácticos y salvando alguna que otra medida progresista, continuidad neoliberal de los anteriores, aunque con discurso reformista. En algunos puntos como el petróleo o la minería esto es indudable, pero no de conjunto, ni en las medidas que toma, ni en su política exterior zigzagueante, ni por su lenguaje convocante ni por su origen. Es, como ya lo he desarrollado en otro capítulo, un gobierno de tipo reformista, de compromiso débil, subido al oleaje de centroizquierda cuyo epicentro fue la crisis del 2001.

La oposición frontal y sistemática, en ocasiones qualunquista, es el peligroso abismo que se angosta frente a sus pies, abismo que también puede separarlos de aquella minoría activa que simpatiza con el kirchnerismo, vital para los que aspiramos a una perspectiva crítica y emancipatoria. La mezcolanza de firmas y la danza de retiros puede ser un índice de este punto ciego, incluso si las denuncias sobre la sanción de la ley anti-terrorista, el chantaje comunicacional de los programas oficialistas, el ataque discursivo al derecho de huelga, su defensa cerrada de la minería contaminante o la persistente desigualdad social luego de 8 años de crecimiento a altas tasas, le otorgan a Plataforma un valor indiscutible. Su crítica es, claramente, desde la izquierda, pero la mecánica de su análisis es débil, fallido, puesto que no alcanza a asimilar las corrientes profundas de la sociedad argentina ni a comprender que incluso las insuficientes reformas realizadas en estos años pretenden ser barridas por corporaciones, bancos e ideólogos recalcitrantes que intuyen con razón que detrás de aquellas medidas puede oírse todavía el eco popular de la revuelta. Agradecen la normalización capitalista, saborean las ganancias, pero no es el gobierno que prefieren. Aspiran a la conformación de una oposición de derecha coherente, sólida, confiable y no la biblia y el calefón del proyecto kirchnerista, donde conviven gobernadores antediluvianos y gramscianos idealistas. Sin la comprensión de esa naturaleza y ese origen contradictorios, podemos hablar con seguridad cuando apareces hechos como los de Famatina o Mariano Ferreyra, pero estamos desarmados para entender medidas progresistas que a veces se dan como contragolpe pragmático a ciertas circunstancias.

¿No sería más productivo, intelectual y políticamente, subrayar estas contradicciones, hacer homenaje a la nueva relación de fuerzas sociales que vive nuestro país y en general el continente, indicando al mismo tiempo la doble naturaleza del proyecto en el poder? ¿No sería más productivo, repito, demostrar el carácter limitado de un proyecto de gobierno que propagandiza la lucha contra la derecha y las corporaciones pero que convive con ellas? ¿No deberíamos apuntar al hecho de que, como lo demostró la crisis del 2008, han sido las concesiones del modelo neodesarrolista los que se volvieron en dicha crisis un impedimento para el combate eficaz contra las presiones reaccionarias de la burguesía agraria; que la falta de reformas financieras y fiscales sostienen y permiten la fuga de capitales; que el mantenimiento del esquema privatizador es el que volvió al país dependiente de las importaciones de carburantes mientras los balances empresarios brillan como el oro; que es el mantenimiento de la estructura corporativa y mafiosa de las fuerzas de seguridad la que permite, incluso contra el deseo oficial, la represión y muerte de militantes pero también de jóvenes por gatillo fácil? ¿No ha llegado la hora de interpelar a esa minoría activa, a esa juventud que nació en los últimos años a la vida política plagada de sueños y utopías, a los trabajadores que sienten que su vida, aunque sea un poco, mejoró respecto a la catástrofe del 2001 para que acompañen, cada uno desde su lugar y conjuntamente, demandas populares que permitan radicalizar las medidas progresistas al mismo tiempo que se denuncian las reaccionarias? Convocarlos a unir nuestros esfuerzos contra la minería contaminante y a radicalizar las bondades de la ley de medios, a impulsar juntos la nacionalización de Repsol-YPF y repudiar los asesinatos de militantes populares a manos de policías bravas o patotas sindicales. ¿No es hora de interpelarlos, digo, ahora que la crisis mundial golpea a nuestra puerta, para que no sean por enésima vez los trabajadores los que paguen los platos rotos con un deterioro de los salarios reales; para que la lucha que ellos desean contra las corporaciones económicas y mediáticas y contra los agoreros neoliberales pueda elevarse a la altura que tamaño desafío requiere? En esta perspectiva Plataforma podría al mismo tiempo refinar su análisis, reconsiderar la naturaleza contradictoria del proceso abierto en el 2001-2003, ponerse a la vanguardia de la lucha contra la derecha conservadora (incluso la que está alojada en las propias entrañas del “proyecto” de gobierno), y ofrecer opciones, ideas, lenguajes potentes, creativos, populares, propios, independientes, que contribuyan a colocar el horizonte de la política no en los meridianos del posibilismo y los compromisos recalcitrantes, sino en el más ancho y luminoso horizonte emancipador de igualdad y genuina democracia. Un esfuerzo intelectual y político, desarrollado con la minucia del caso, abordando tema por tema, promoviendo el debate y los aportes individuales y colectivos, podría contribuir a superar el quiasmo intelectual, aceptando que las figuras paradójicas, como en la tragedia, como en la filosofía, son parte constitutiva de la historia. En la arena estrictamente política esa disyuntiva no es imposible pero es más difícil, pues la síntesis no se alimenta de paradojas sino de mitos reductivos, simplificados. Transferir esa simplificación al campo intelectual, borrando las huellas de la complejidad y los vericuetos, arriesga volverse ineficaz, estéril como contribución a la hora presente. La riqueza intelectual, si logra metabolizar las utopías con el pulso popular, con las pasiones que agitan el suebsuelo proletario, puede transformarse también en un instrumento útil para la política emancipadora, que habrá encontrado insumos nuevos para más y mejores propuestas.
El retruécano y la falsa superación: Argumentos
El agrupamiento de intelectuales nucleado alrededor de Argumentos para una mayor igualdad, nació en respuesta a Plataforma. Tomando prestado el repertorio gramsciano, Argumentos describe las contradicciones y complejidades del proceso histórico, para no caer, dicen, en la falsa dicotomía kirchnerismo – anti-kirchnerismo. Con esta intervención, ellos se han ganado un lugar en el cielo de todos los que están fastidiados del ping pong por momentos insufrible de Clarín y 6-7-8. Con Poulantzas podrían sugerir que en la actualidad el Estado y el metabolismo complejo de gobierno-sociedad civil están atravesados por la lucha de clases. ¡Y tienen razón! Hay que estudiar los procesos, las relaciones de fuerza, las clases y otros actores sociales, las fuerzas exteriores e interiores que intervienen. Sólo ese arduo diagnóstico podría contribuir a una intervención política adecuada, separando la paja del trigo, pujando por el desarrollo de los núcleos potenciales de mayor igualdad y democracia y evitando el dualismo kirchnerismo – anti-kirchnerismo. Argumentos pretende salir por arriba del laberinto, tirando del hilo de Ariadna de una más sofisticada teoría neomarxista, dando por resuelto y superado el quiasmo simétrico de Carta Abierta y Plataforma. Pero quizá se pueda poner en tela de juicio esta solución. Porque aquí ya no se trata tanto de la verdad -perdón por este abrupto esencialista-, de su texto, como de su contexto. Porque Argumentos nace como respuesta no a la ley anti-terrorista o al crimen de Mariano (o Carlos) Ferreyra o como nucleamiento de apoyo al pueblo de Famatina, para poner sólo algunos ejemplos, sino a la mismísima ¡Plataforma! Ellos aciertan sobre las contradicciones inherentes al propio Estado y a la lucha de clases que vibra al interior del peronismo, pero su manifiesto no las utiliza para socavar las tendencias reaccionarias y avivar las progresivas. No han salido a hacer causa común con aquellos que cuestionan la depredación de los recursos naturales sino a minar sus esfuerzos. No vio en Plataforma una fuerza aliada a sus exigencias de igualdad, sino un discurso injusto con la complejidad histórica…

Para servirme nuevamente de alguna figura de la retórica diría que creyendo superar el quiasmo kirchnerismo – anti-kirchnerismo, se sumerge en él como retruécano de Plataforma. El retruécano, como el quiasmo, imita el contenido simétrico y opuesto de los términos, pero además invierte las funciones sintácticas. Argumentos nos exige que pasemos de la renovada crítica del modelo a un nuevo modelo de la crítica, pero se agrupa y junta firmas no tanto por la defensa de un mensaje crítico hacia el gobierno, sino por la defensa del gobierno frente a los mensajes críticos. Pero lo fundamental aquí no son los juegos de palabras, ni siquiera la palabra como tal, sino el valor que adquieren dentro del proceso vivo. Que el Estado esté surcado por contradicciones o que la lucha de clases sea el fundamento de tal o cual institución o de tal o cual medida de gobierno, en definitiva, que los procesos sean contradictorios y complejos no sustituye la exigencia de una caracterización de conjunto del carácter del gobierno, que supere la sumatoria de medidas positivas y negativas. La carencia intelectual más relevante aquí es la falta de ella. En su documento se plantea la alternativa entre neodesarrollismo e igualitarismo, pero no se arriesga a definir cuál ha sido el curso del kirchnerismo en estos años. Igual que Carta Abierta, aspiran a zanjar el problema mediante la teoría de “lo que falta”, dando por supuesto que para llegar al paraíso sólo falta un trecho por un camino que se piensa adecuado. Se trataría de un tema de distancia y no de dirección pero, como mencionó Eduardo Gruner en una entrevista reciente, para saber si falta algo tengo que saber a dónde estoy yendo y es difícil que llegue a Mar del Plata si estoy viajando a Rosario.

Se podría considerar que es “lo que hay” en la relación de fuerzas actual y en el contexto de poca movilización social, pero se estaría disimulando así el hecho de que la normalización institucional en el 2003 tuvo como objetivo justamente dicha retracción.

De la misma manera que Carta Abierta, iluminan sólo el lado reformista del kirchnerismo, mientras ocultan su carácter restaurador. Los avances indiscutidos en materia de derechos humanos y en tantos otros temas ya mencionados no transforman per se al gobierno en un campo fértil de disputa, por lo menos en el sentido emancipatorio que pretendemos.

Un párrafo aparte merece la izquierda partidaria, que ha salido presta a criticar “a todo lo existente”. Esta vez, porque Plataforma no les parece químicamente pura, no defiende una perspectiva proletaria ni se atrinchera en el socialismo, lo que para sus voceros implica que palabras como igualdad o democracia no pueden ser más que tapaderas mal disimuladas de su… ¡defensa del capitalismo! Su verdadero motivo, tal vez, sea un temor visceral a la competencia, como la del hermanito celoso al nacimiento de un nuevo morador en el hogar. Uno de los factores de mayor crisis para un proyecto de izquierda es la carencia de vocación hegemónica, que exige disputar perspectivas en el seno de los movimientos reales, incluso en los movimientos de intelectuales, antes que montar pequeñas tolderías propias, aceptando que proyectos emancipadores son en general la confluencia de múltiples lenguajes, tradiciones, miradas y sensibilidades y en las que uno mismo puede y debe intervenir.

Lo que ha caracterizado el debate de ideas es la marginalidad llamativa de los intelectuales de la derecha vernácula. Si exceptuamos contadas excepciones, la inteligentzia liberal “republicana” ha carecido de fuerza simbólica para intervenir con ideas propias y originales. No es que carezcan medios o que no se agrupen o tengan tribuna en cantidad de publicaciones, tampoco que haya buenas plumas entre sus filas. Pero uno de los síntomas de época es la retirada intelectual de las ideas conservadoras y privatistas que se habían ganado cartel durante los años 90. La puesta en duda de todos aquellos valores civilizatorios que la crisis mundial ha puesto en juego y que se habían transformado en certezas incuestionables, en hábitos mentales que parecían propios de la naturaleza de las cosas, reforzadas por el derrumbe de los ideales socialistas y de cualquier horizonte de cambio social, ven moverse la tierra bajo sus pies. ¡Todo lo sólido se desvanece en el aire! En cambio, la fuerza renovada de las ideas igualitaristas, anti-capitalistas, democráticas han estado creciendo en los últimos años, no solo en América latina sino también en el mundo árabe y en Europa. El síntoma anticipatorio de este reverdecer fue sin dudas el movimiento nacido en Seattle en 1999 que se extendió y se institucionalizó luego en el Foro Social Mundial. Pero desde aquella época lo nuevo ha sido la recuperación del debate estratégico, puesto que estuvo en juego el problema del poder en diversos países. Frente a este nuevo escenario los intelectuales han hecho bien en reformular el rol preponderantemente detractor que han tenido como críticos implacables de una realidad alienada y alienante, para reconsiderar, quizá bajo una inspiración más próxima a Cicerón que a Sócrates, su nuevo papel ante un nuevo ciclo político. Para aquellos que no aceptan abandonarse a la indiferencia ni pretenden refugiarse en la neutralidad del especialista, mirando con desdén, desprecio o asombro el nuevo período histórico, para aquellos que dignifican su calidad de intelectuales alzando su voz e interviniendo en los asuntos públicos, acechan dos grandes peligros: el de mantenerse incólumes en los principios y las doctrinas propias, ajenas e impermeables a las pasiones colectivas, a la riqueza de la formas y contornos de la realidad social y política, a las nuevas identidades emergentes; o el de abandonarse sin contrapesos al calor popular, olvidando su rol indispensable como crítico implacable y factor perturbador del sentido común, una piedra en el zapato de las dicotomías fáciles y engañosas, de las formulas tranquilizadoras y los clisés estereotipados que tan buenos beneficios brindan a los dueños del poder.

Jorge Orovitz Sanmartino es integrante del EDI (Economistas de Izquierda) y de la Asociación Gramsciana, electo integrante de la Junta Comunal N° 7.

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Megaminería: Cuando el pueblo tiene la palabra

Prof. Juan Carlos Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

Desde el pasado 2 de enero, cuando comenzó el corte en el Alto Carrizal, en los Nevados del Famatina, fue creciendo una pueblada que ahora se extendió a Catamarca y Tucumán pero que, sin dudas, comienza a hacerse sentir en todo el país mediante actos y marchas que se vienen realizando sistemáticamente semana a semana.

La actividad de las asambleas ciudadanas es febril. No hay descanso en la lucha, porque la represión y la ley antiterrorista vienen marchando a paso redoblado. Justamente este reclamo por el cese de la megaminería a cielo abierto vino a revelarnos la real intención de la sanción y promulgación de una norma claramente inconstitucional.
Habíamos anticipado que la Ley 26.734 podía ser aplicada por la justicia provincial. Ello ocurrió con la detención y posterior liberación de los asambleístas que efectuaban el corte en la localidad de San José, del Departamento de Santa María, en Catamarca por la acción claramente represora del Fiscal Landívar, quien había afirmado a las Dras. Nidia Gauthier y Selene Herrera que "si no había causa, la voy a inventar". No se le ocurrió mejor idea que imputarlos por el Art. 213 bis, cuando su aplicación le corresponde a la Justicia Federal por cuanto la competencia en las rutas nacionales le corresponde a ésta y no, a la justicia provincial. El mismo Fiscal Federal Antonio Gustavo Gómez lo explicó claramente, cuando se le preguntó sobre ello, confirmando la aplicación de la ley contra la protesta social.
Este procesamiento generó temor en los bloqueos selectivos posteriores, como aconteció en Tinogasta, pero no pudo acallar la voz popular. Tampoco pudieron los exabruptos de Gioja, al comparar a los ambientalistas con Hitler o el "paseo" y la violencia policial sobre Elena Ríos en Mendoza, tras exponer su punto de vista al Gobernador Pérez.
Hasta ahora, el Gobierno Nacional, junto a los provinciales, trata de mantener el conflicto a nivel local y provincial. Sin embargo, se le escapó la tortuga al kirchnerismo... La conciencia ambiental de los pueblos no se forjó de la noche a la mañana. Viene desde hace varios años, estallando frente al comienzo de una exploración de la minera Osisko en Famatina, Provincia de La Rioja y las nefastas consecuencias de Minera Alumbrera que se extendieron a vastos sectores de las provincias de Catamarca y de Tucumán.
De la mano de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), se está conformando una voz popular que denuncia las consecuencias de la actividad megaminera pero también los sólidos lazos de ésta con el poder político. Y ella está cada vez más cerca de esta Capital, para hacer honor al viejo dicho: "Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires".
Mientras tanto, Catamarca eligió la represión y la aplicación de la ley antiterrorista, en un claro contubernio del Fiscal con la empresa megaminera. Pueblo chico, infierno grande... Nunca fue tan válido este dicho como en este caso. Y a esto se suma la polémica designación de Antonio Mercado, el exesposo de Alicia Kirchner, la actual Ministra de Desarrollo Social de la Nación, en el Directorio de Minera Alumbrera por la Gobernadora Corpacci. Ello demuestra, una vez más, la alianza estratégica entre el kirchnerismo y las megamineras.
Por otro lado, en La Rioja, se avecina una campaña de difusión financiada por la Osisko Mining Corporation, de acuerdo al Manual de Procedimientos que se conoció porque, al huir los funcionarios de la minera, se olvidaron la famosa carpeta en la cual también se encontraron las listas negras donde se describe política e ideológicamente a los militantes ambientalistas famatinenses. Cabe recordar que dicho escrito establece la normativa para los pagos, incluyendo los que deban hacerse para difusión y entre ellos, aquellos que sean efectivizados a favor del Gobierno provincial, aún "sin comprobante".
El gobierno de Beder Herrera, quien está deshojando la margarita entre la difusión y la represión, anunció que demorará la ejecución del proyecto "hasta aclararlo" con el pueblo. Sin embargo, ganas no le faltan para reprimir la pueblada en Famatina. De hecho, hasta hizo caer los servidores de las radios por Internet que son opositoras a su gestión.
Cuando el pueblo tiene la palabra, cuestiona con firmeza al poder. Las recientes declaraciones emitidas por la Asamblea El Algarrobo y la Asamblea El Chañar, junto a la de la Asamblea Popular por el Agua en Mendoza, constituyen la mejor prueba de ello. Y la solidaridad recibida desde todo el país, con actos y marchas incesantes, está iniciando el proceso de nacionalización del conflicto. Ello lo llevará a la misma Plaza de Mayo, en poco tiempo más, cuando las asambleas resuelvan una previsible movilización hacia Buenos Aires.
Otra vez, será la voz popular, la que quiebre una alianza entre el poder económico transnacional y el poder político. Y es hora que sea escuchada. Si el kirchnerismo pretende seguir siendo el "gobierno de los Derechos Humanos", no le quedará otra que archivar el proyecto minero. De lo contrario, puede caer el paradigma instalado desde el 2003 a pesar del colchón electoral obtenido en octubre del año pasado.
Hasta ahora, el pueblo obtuvo la detención del proyecto de la empresa canadiense y el bloqueo total de insumos mineros a Minera Alumbrera. Pero va por más. Se viene la lucha por el fin del modelo extractivo para pasar a otro productivo, donde el turismo, industria sin chimeneas, junto a otras actividades puedan jerarquizar económicamente a vastos sectores de nuestro país.
Ello, claro está, si el kirchnerismo no opta por la represión, lo cual está mucho más cerca de su perfil aunque pretenda engañarnos. El pueblo ya habló: ¡ ni una mina más !. Y es hora de respetarlo...

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Argentina: Veto de necesidad y urgencia

Alfredo Grande (APE)

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“Qué es postkirchnerismo, dices mientras clamas, que de la patria sería traición; postkirchnerismo ¿y tu te lo preguntas? Postkirchnerismo… eres tú!”
(aforismo implicado becqueriano).

ASESINATO DE PATRICIO BARROS EN LA U46 . Patricio Jonathan Barros Cisnero fue asesinado por Silva, Benítez, Maciel, "El Gallego", Luna y Chaparro, entre otros guardias y oficiales que le quitaron la vida a golpes, recientemente, delante de una veintena de testigos vengándose de la denuncia realizada por el hermano en la Unidad 45 porque lo sacaban a robar meses atrás. El sábado próximo en la puerta del complejo carcelario San Martín sobre la Autopista del Buen Aire a las 8 hs. los familiares y organizaciones sociales estarán reclamando justicia y basta de impunidad penitenciaria y asesinatos en las cárceles de la muerte del alcalde mayor Casal, Scioli y Cristina Fernández, ya que el plan de represión y muerte se extiende a lo largo y ancho del país y es la política destinada a los hijos más vulnerables del pueblo por el gobierno campeón verbal de la defensa de los derechos humanos. Uno de los testigos fue Gisela, mujer de Patricio, embarazada de ocho meses. (Agencia Rodolfo Walsh)

Para la derecha, todo lo legal es legítimo. Es decir: si la Ley lo autoriza no hay nada que debatir. Para la derecha, que la Ley lo autorice es sinónimo de que lo obliga. O sea: nada para discutir. Cuál es el criterio de razonabilidad, de oportunidad, de un mínimo análisis de cuáles son los intereses que se defienden y cuales los derechos que se avasallan. Nada de eso importa. La letra fría de la Ley, que en caso de ser necesario volverá a entrar con sangre, es taxativa. Si el veto es legal, nadie puede osar cuestionarlo. Se sostiene la gobernabilidad, que es una forma de gobierno donde lo jurídico tiene más importancia que lo político. El Estado de Derecho custodia la letra de la ley, aunque su espíritu se haya disipado. La rémora bonapartista de nuestra democracia permite que los dislates sean tomados como serias opiniones sostenidas desde la oscura solemnidad de los despachos. El Vicepresidente considera traición a la Patria pensar en un post kirchnerismo. Desconociendo quizá que los anarquistas decían que “cuando el Estado sale a matar, se hace llamar Patria”. Justamente, él es la prueba de que esos tiempos postK ya llegaron, porque de lo contrario no hubiera figurado ni como legislador suplente. La pretensión de una Cristina Eterna la coloca en una especie de Presidenta 3D, superando el “aguante morocha” por un “por siempre morocha”. La pueblada contra la megaminería es una de las tantas formas en que toma la lucha contra las transnacionales, los “otros monopolios”. Ayer nomás se aprobó la terrorista ley anti terrorista con el “hipoglós discursivo” de que este gobierno no iba a usarla. Supongo que no iba a usarla contra las empresas depredadoras de suelos y aguas. Porque ya tenemos procesados, detenidos, apaleados por defender lo fundante de la vida. Acertadamente, Alcira Argumedo escribe que la actualidad de la megaminería es similar a la depredación irreversible que La Forestal comenzó en 1874 y terminó (literalmente) en 1966. Los gobiernos provinciales son copartícipes necesarios de esta canallada. Queda por ver en qué momento el Gobierno Nacional coloca en la grilla de los derechos humanos las básicas necesidades de supervivencia: agua, aire y tierra. Lamentablemente, cuando la Presidenta veta la ley de protección de los Glaciares, rumbea en sentido contrario. Pero no haré una fundamentación sobre los alcances de esa ley que no fue, justamente siendo Miguel Bonasso uno de sus autores, al que siempre recordaré por su libro “El presidente que no fue”. Esa ley, que tampoco fue, tuvo apoyo de la bancada oficialista. Sin embargo, no importó. Fue vetada sin que nadie chistara, más allá que luego salió otra ley, cosa que realmente no me interesa discutir. Pero lo que sí me importa discutir es como el Veto se impone como recurso legítimo, apenas porque es legal. El Jefe del Operativo “Deshaciendo Buenos Aires”, lleva 103 vetos. Naturalmente, todos “justificados” por sus atractores. Sin embargo, más allá de la cantidad de los vetos, o de los decretos de necesidad y urgencia, la moneda es la misma: despótico ejercicio del gobierno. Individualismo del Poder. “El Estado soy Yo”, creo recordar que dijo Luis XIV, cuando la revolución francesa todavía no asomaba en el poniente. Maniobrando con Decretos y Vetos se puede anular la capacidad operativa (suponiendo que todavía la tenga) de eso que llaman “poder legislativo”. Que alguna vez aprendí que hacía las leyes. Parece que algo se me escapó, porque hay una Ley de Leyes que se llama Veto. Ahora bien: los vetados ni se dan por enterados. Podrían renunciar dado la absoluta inutilidad de sus decisiones. O al menos, suicidarse en masa como algunas especies acorraladas lo hacen de pura desesperación. Pero no: la especie “legisladoris electus” no está en peligro de extinción. Por el contrario: sostienen la máxima “vetan, señal que legislamos”. Mientras tanto, Karina Germano sigue detenida y nuestra Corte Suprema negó su excarcelación. Pasó lo mismo con Romina Tejerina, que cumplió la totalidad de su infame condena. La presencia de Carmen Argibay no inclinó la balanza para el lado de la justicia, o sea, de la “Galle a la calle”, lo que no deja de ser sorprendente, pero ya sabemos gracias a Rubén Blades cómo es la vida. Supongo que en el caso de la Suprema Corte, el Veto tiene un nombre diferente. No deja de ser un repudio a la más elemental condición de justicia, y sostener algo que bien podría denominarse “venganza de clase”. Desde los Poderes de todos los Estados comienza con aterradora insistencia a mostrarse la otra cara de la justicia. O sea: la venganza. Pero no aquella que tiene el coraje de ser individual, producto de haber sufrido indecibles penurias y con una implicación subjetiva y objetiva absoluta. Por supuesto, pienso en Roberto Dantés, el que luego fuera el Conde de Montecristo. La venganza actual es cobarde, es apenas por sostener privilegios y prebendas, es retaliativa para castigar las ilusiones de mayor justicia y mayor equidad, y especialmente para mantener a los pobres en el lugar que comenzó su existencia. Y es la cárcel custodiada por centauros la tópica donde esa venganza de clase se ejercita con saña y continuidad. Para impedirla no hay Veto ni Decreto. Vanas promesas que apenas intentan reparar lo irreparable. Castigo para retirar a individuos de sus cargos, como si la venganza de clase no encontrara siempre más y mejores sicarios. ¿Qué le puede decir la ministra Garré a Gisela, la compañera de Patricio? Quizá que con el 54% se come, se educa y se cura. También, y en esto acepto mi sarcasmo, decirle: “¡aguante morocha!” Pero no todos los aguantes son iguales. Vetar la vida y Decretar la muerte no son cosas para que nadie aguante. Por eso los autoconvocados marchamos el jueves 2. Y por eso cuando un periodista que, según propias palabras, llegó tarde a los derechos humanos, tiene la ego idolatría de referirse, con sarcasmo sin disculpa, al fotógrafo asesinado Cabezas, tenemos que vetarlo y decretar que no solo llegó tarde sino que llegó mal. Muy mal. ¿Es posible que desde el privilegiado lugar de 678, Barone se vengue del fotógrafo que puso en tapa a Yabrán? Lo es y es no menos repulsivo que nada pase. Pero pasará. El pueblo, que más sabe por pueblo que por viejo, sabrá bien qué hacer con Vetos, Decretos y Venganzas de clase. Y la traición a la patria será no sumarse a esa lucha.

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Argentina: Los expedientes secretos X

Diego Rojas (PLAZA DE MAYO.COM - PRENSA RED)

El rol de la gendarmería y la policía en la vigilancia e infiltración entre los núcleos obreros combativos. ¿Una profundización de la ley Antiterrorista kirchnerista.

Prolijidad de la gendarmería al fotografiar y clasificar una asamblea obrera.

Foto: Imagenes realizadas por la inteligencia de la gendarmería en Kraft.

Sesenta días pasaron desde la denuncia que realizaron organismos de derechos humanos y abogados laboralistas sobre las las acciones de vigilancia cumplidas por la gendarmería hasta que la misma fuerza admitió las tareas ilegales de inteligencia que realiza.

“Hace dos meses presentamos un escrito planteando una denuncia sobre la Gendarmería para que la justicia investigue sus tareas de inteligencia - explica Myriam Bregman, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH)-.

El requerimiento les pedía que expliquen cuáles eran sus bases de datos sobre personas. Su respuesta planteaba que usaban los datos de migraciones para conocer los movimientos de los ciudadanos en la frontera, los datos del registro automotor y algunos otros listados públicos más. Pero agregaron a su declaración un organismo desconocido e ilegal: dijeron que tenían un listado propio llamado Proyecto X’ que les permitiría cruzar nombres con organizaciones que podían ser ilegales, legales, terroristas, desconocidas o delincuenciales”.

La base de datos de nombre oscuro revela un aparato de inteligencia ilegal que desarrolla la fuerza comandada por la ministra Nilda Garré y que tiene un rol activo en la vigilancia de activistas obreros, entre otros. Una situación preocupante ya que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner acaba de promulgar una ley Antiterrorista cuyo fin más evidente es el de castigar y prevenir la protesta social.

No hay que olvidar que el requerimiento realizado por los organismos de derechos humanos surgió debido a las sospechas sobre esta inteligencia ilegal percibido por las actividades realizadas en los nucleos fabriles de Zona Norte y en los conflictos operarios que habían surgido, en especial el de la huelga y ocupación de la empresa alimenticia estadounidense Kraft.

“Un organismo de esa naturaleza es completamente ilegal e inconstitucional -señala el abogado Juan Carlos Capurro, presidente del Comité de Acción Jurídica y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Las tareas específicas de la Gendarmería se circunscriben a la defensa de las fronteras, no a la inteligencia interior. La inteligencia interior está constitucionalemente prohibida para todas las fuerzas de seguridad de la nación. Ninguna fuerza podría tener un organismo de ese tipo de manera autónoma, ya que estaría violando la Carta Magna. Y si le hubiera sido encomendada por el ministerio de Defensa o del Interior, la ministra o el ministro deberán dar explicaciones sobre el organismo de inteligencia y control de los ciudadanos”.

Las sospechas que motivaron la denuncia sobre la Gendarmería estarían probadas con esta respuesta ya que -como dice el popular dicho- “a confesión de partes, relevo de pruebas”. De cualquier manera, no es vano recordar las causas de la denuncia ni repasar las actividades que la gendarmería de vigilancia sobre los ciudadanos durante la huelga de Kraft.

El gendarme Raúl Ernesto Sheurman, integrante de la Unidad Especial de Procedimiento Judicial de Gendarmería Nacional, relató ante la secretaria del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero que fue designado con otro miembro de la fuerza para ir al lugar de la manifestación.

“Nuestra función allí es solamente observar quiénes están en el lugar, hablar con la gente para saber el motivo del corte, mientras que todo lo referente al restablecimiento del tránsito se encarga el Escuadrón de Seguridad Vial. Fuimos al lugar vestidos de civil para mezclarnos entre la gente y determinar quiénes eran los que hablaban por los altoparlantes, quiénes los organizadores…” El gendarme Sheurman admitió que intentó ubicar a dos organizadores de los cortes pero que, al no ubicarlos, sacó fotos a otros manifestantes con su celular.

Foto: Prolijidad de la gendarmería al fotografiar y clasificar una asamblea obrera.

En el mismo tribunal, Gendarmería informó que su oficial Elisabeth Calisaya “informó los resultados de la compulsa realizada en forma encubierta y de consulta a las bases de datos abiertas, efectuadas sobre las personas de interés”.

Más adelante, la declaración oficial continúa revelando el accionar de inteligencia de Calisaya. La oficial “pudo observar que había tres personas, claramente identificables que evidenciaban ser los cabecillas, dando indicaciones a los manifestantes y siendo entrevistados por medios periodísticos que allí se manifestaban. Por tal motivo, encontrándose la dicente vestida de civil se entremezcló con la multitud, de manera encubierta y comenzó a recabar los datos de las personas en cuestión preguntando entre las personas que se manifestaban, el nombre de los cabecillas, obteniendo los datos de los imputados, Gentile, Norniella y Coria”.

La gendarme señaló que tenía una confusión respecto a los nombres de los manifestantes del conflicto de Kraft vigilados, pero que “lo aclaró a través de la base de datos con que cuenta la fuerza en la cual se desempeña”. Esa base de datos sería el oscuro Proyecto X.

El gendarme Carlos Christian Sanabria reconoce haber identificado a Néstor Pitrola y Vilma Ripoll, que apoyaban la huelga de Kraft, y que individualizó a Ramón Bogado y Javier Hermosilla, “quienes ocupan cargos gremiales en la empresa de marras, respecto a quienes no pudieron obtenerse fotografías”.

Todos los mencionados, junto a varios otros activistas obreros de Kraft, enfrentan hoy embargos sobre sus escasos bienes y causas judiciales que persiguen la protesta social. El juez Mariano Rearte, que lleva adelante la causa contra los manifestantes, le otorgó estatus de prueba a los pedidos de la presidenta Fernández que reclamaban que acaban los cortes de ruta. Su inclusión como prueba señala el operativo conjunto entre el poder ejecutivo y el judicial para enfrentar la protesta social.


Foto: Gendarme admite vigilancia de Néstor Pitrola, del Partido Obrero, y Vilma Ripoll, de Proyecto Sur. Pero le saca una foto un “falso” Pitrola.

Plazademayo.com publica algunas de las fotos que forman parte del expediente y parte del testimonio de Sanabria. Queda mucho más material para publicar.

¿Es el Proyecto X una base de datos que podrá ser usada por el gobierno y el poder judicial en el marco de la aprobación de la ley Antiterrorista? La previsión de un aumento de las tensiones sociales y laborales en un marco de ajuste kirchnerista podrían provocar un uso profuso de la represiva ley.

Baste recordar que estos días 20 manifestantes antimineros en Catamarca fueron procesados bajo el marco de esa legislación. La base de datos Proyecto X adquiere en este contexto un carácter no sólo ilegal, sino peligroso para la seguridad y resguardo de las libertades democráticas del activismo obrero.

Foto: El juez toma como prueba (o como mandato) las declaraciones de la presidenta Fernández exigiendo el fin de los cortes de ruta.

Fuente fotos: PLAZADEMAYO.COM

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Argentina: Si las Paritarias son libres no necesitan de ninguna comisión

ACTA

En un comunicado de prensa, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) fijó su posición sobre las negociaciones paritarias a propósito de lo manifestado al respecto por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, el pasado miércoles 1 de febrero. A continuación, el pronunciamiento de la Central donde deja explícita su oposición a que el Estado intervenga en la disputa por la renta entre los patrones y los trabajadores.

"En Cadena Nacional la presidenta Cristina Kirchner afirmó que, si bien la negociación colectiva es libre, el Gobierno pretende intervenir en las paritarias de prácticamente todos los sectores de la economía.

"Según lo que manifestó, lo hará a través de una comisión interministerial que revisará la rentabilidad de cada sector de la economía para confrontarla con la pauta de aumento salarial que ofrecen los empresarios y la que reclaman los trabajadores.

"Nosotros entendemos que hay sectores multinacionales y grupos concentrados locales que han acumulado desde hace años ganancias extraordinarias y no puede haber interferencias por parte del Gobierno para que los trabajadores disputen la distribución de la riqueza hacia el interior de esos grupos económicos.

"En todo caso, los trabajadores de cada sector saben perfectamente cual es la renta empresaria para tener fundamento al momento de exigir un determinado porcentual.

"Los trabajadores no queremos ningún tipo de intervención estatal en la negociación colectiva. El ejemplo más acabado de ello es el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 324/2011 donde el Estado empleador impone unilateralmente el porcentaje salarial, sin ningún diálogo con los representantes de los trabajadores.

"Ratificamos, por lo tanto, que tal como lo establece la Constitución Nacional en su artículo 14 bis, el Estado debe garantizar un “salario digno”, que asegure al trabajador (como lo define la ley) "alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión".

"Hay vastos sectores de trabajadores que no están incluidos en los Convenios Colectivos y mucho menos perciben una remuneración acorde a dicho mandato constitucional. Más del 51% de los trabajadores están bajo alguna forma de precarización".

"Por lo tanto reclamamos:

1. La no injerencia del Gobierno ni de ninguna comisión en la negociación colectiva.

2. Salarios negociados libremente y fijados de acuerdo a las necesidades de los trabajadores dando cumplimiento al mandato constitucional de “salarios justos”.

3. Una política de empleo que tienda a incluir a los trabajadores que debieran estar comprendidos en un convenio colectivo pero permanecen en la precariedad laboral" reza el comunicado que lleva las firmas de Pablo Micheli, Ricardo Peidro y José Rigane, secretario general y secretarios adjuntos de la CTA respectivamente.

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Aborto no punible en hospitales públicos: “Por cada objetor de conciencia un profesional que no lo sea”

TELAM - TMO

La Multisectorial de Mujeres Rosario (MMR) realizó este jueves una campaña sobre el aborto no punible frente al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde todo el equipo de Ginecología se inscribió en el Registro de Objetores de Conciencia que se abstienen de realizarlos.

"Si bien los profesionales de la salud tienen el derecho constitucional de ser objetores de conciencia, esto no debe ser prioridad ante la salud de la mujer", dijo Mariana Palacios, de la Multisectorial, durante la movilización frente al hospital.

El artículo 86 del Código Penal establece que no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer si el embarazo pone en riesgo su vida o su salud y no hay otro medio para evitar ese peligro.

Tampoco es punible la interrupción del embarazo si éste proviene de una violación o de "un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente", lo que es tema de debate porque no queda claro si sólo rige para las discapacitadas mentales.

Para el resto de los casos Argentina sostiene el derecho a la vida a partir de la gestación, como lo establecen los convenios internacionales a los que ha adherido, algunos de los cuales tienen rango constitucional desde la Reforma de 1994.

Sin embargo, otras convenciones a las que suscribió el país garantizan el derecho de las mujeres a la salud en el sentido más amplio del término, que abarca la carga social y la calidad de vida y que esgrimen las militantes para decidir sobre su propio cuerpo, lo que incluye la interrupción voluntaria del embarazo.

Palacios se refirió a la situación que se plantea en el Heca, donde la totalidad del equipo de Ginecología se anotó en el registro de objetores de conciencia, por lo cual no hay médicos que puedan intervenir en casos de abortos no punibles contemplados en la legislación nacional.

"Exigimos la atención digna de las mujeres en todos los efectores de salud, manteniendo por cada objetor de conciencia un profesional que no lo sea", enfatizó Palacios.

Rafael Pineda, jefe del servicio de Ginecología del Heca, dijo la semana pasada que los médicos de esa área "no están dispuestos a realizar prácticas abortivas" y que "la salud pública municipal tiene otros hospitales donde no hay objetores de conciencia".

Las declaraciones de Pineda motivaron la marcha y la campaña de sensibilización realizada hoy por la MMR.

Gabriela Sosa, del colectivo Las Juanas, apuntó este jueves que Santa Fe "cuenta con políticas claramente avanzadas respecto del resto del país, como el Registro de Objetores de Conciencia, que debe garantizar en todos los hospitales la presencia de profesionales que efectúen las intervenciones que son derecho de las mujeres, así como un protocolo de atención post-aborto".

"Es necesario que el Estado garantice la aplicación plena de ambas políticas en los efectores de salud provinciales y municipales", sostuvo la integrante de Las Juanas.

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Novedades en la causa Pereyra Rossi - Cambiaso: El gato (Andrada) cae siempre parado

Santiago Garat (TMO)

El cuestionado juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, procesó con prisión preventiva al dictador Reynaldo Bignone, al ex comisario Luis Patti, al ex coronel Pascual Guerrieri y a otros cinco ex militares, por el crimen de los militantes montoneros Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiaso –secuestrados en Rosario en mayo de 1983–, pero llamativamente dictó la falta de mérito para Víctor Rodríguez y para el ex arquero canaya Edgardo Andrada, quienes también se desempeñaban en el destacamento 121 de inteligencia. “No entiendo cómo pudo haber construido un procesamiento para Cabrera, Porra y Pagano, y no para Andrada y Rodríguez cuyos legajos eran casi idénticos”, dijo a Redacción Rosario el fiscal a cargo Juan Patricio Murray.

En diálogo con Redacción Rosario, el fiscal a cargo de la causa Juan Patricio Murray, se mostró sorprendido por la resolución del magistrado en cuanto a la situación de algunos imputados en particular, aunque confesó sentirse “muy conforme” y “contento” con la prisión preventiva dictada contra ocho de los imputados.

“Por un lado estamos contentos por el fallo en cuanto a los imputados que fueron procesados copn prisión preventiva”, admitió Murray, aunque acotó: “Lo curioso es que todos ellos ya estaban condenados con prisión perpetua o con preventiva misma pero por otras causas, y que a los que llegaron a esta instancia en libertad por decisión suya, como Andrada y Rodríguez, les dictó la falta de méritos”.

“Trato de imaginarme qué puede haber escrito en su resolución el juez, ya que nos enteramos por los diarios y aún no me notificaron nada de manera oficial”, siguió cuestionando el fiscal nicoleño y agregó: “Pero no logro comprender cómo puede haber construido un procesamiento para Cabrera, Porra y Pagano, y no para Andrada y Rodríguez cuyos legajos eran casi idénticos”.

Fallo polémico y preventivo

La prisión preventiva también alcanzó a otros cinco ex militares. Se trata de los ex miembros de esa unidad militar Walter Pagano, Ariel Porra, Juan Andrés Cabrera, Carlos Sfulcini y Ariel López, en tanto Luis Américo Muñoz, que se desempeñaba como segundo jefe del destacamento, también fue procesado pero sin prisión preventiva.

Eduardo Carlón Pereyra Rossi y Osvaldo Agustín Cambiaso fueron secuestrados en el bar Magnum de Córdoba y Ovidio Lagos el 14 de mayo de 1983 y de allí conducidos ese mismo día a la localidad de Lima, partido de Zarate, donde fueron torturados y fusilados.

Ese crimen se cometió apenas cinco meses antes de la reinstauración democrática y el gobierno militar adjudicó las muertes a un “enfrentamiento” con una patrulla policial que integraba el ex policía Patti, junto a los ex numerarios Juan Amadeo Spataro (prófugo) y Rodolfo Diéguez (fallecido).

Una pericia realizada en por un perito de la Corte Suprema de Justicia determinó que ambos cuerpos tenían marca de aplicación de picana eléctrica, pese a lo cual la justicia ordinaria de San Nicolás sobreseyó a los ahora procesados en un dictamen confirmado luego por la Cámara Federal.

La causa fue reabierta por Villafuerte Ruzo ante las evidencias de la irregularidad del procedimiento la anulación de los sobreseimientos sobre la base del instituto de la «cosa juzgada irrita», ratificada por la Cámara de Apelaciones de Rosario en julio pasado.

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Argentina, La Rioja: El intendente de Famatina volvió a cargar contra el gobernador

PRIMERA FUENTE

El intendente de Famatina, Ismael Bordagaray, advirtió que el gobierno de La Rioja minimiza el conflicto que llevan adelante gran parte de los pobladores de su ciudad, en rechazo de la explotación minera, y volvió a reclamar diálogo a las autoridades. En este sentido, expresó que el gobernador, Luis Beder Herrera, “se olvidó del compromiso que asumió con la gente que lo votó”.

Días atrás el máximo mandatario riojano se manifestó a favor del mega proyecto minero al indicar que la empresa, Osisko Mining Corporation, brindaba todas las garantías de seguridad y de control sobre el riesgo de contaminación, lo que no cayó muy bien a los oídos de Bordagaray. En este sentido, el jefe comunal subrayó que “eso se dijo en muchos otros lugares, y hoy por hoy hay un montón de denuncias de contaminación”.

“El control que se ejerce sobre las grandes mineras es escaso, una vez que ellos ingresan a un lugar, lo cierran y son ellos los que deciden cuando se controla y si se controla”, agregó.

Bordagaray destacó el compromiso del pueblo para continuar la lucha aún cuando el gobierno “les dio la espalda”, refiriéndose al acampe sobre la ruta provincial N°7 que hoy cumple un mes desde que los primeros ambientalistas llegaron al lugar.

En tanto, expresó que el gobierno “piensa en términos económicos”, al referirse sobre el cambio de postura que tuvieron las máximas autoridades riojanas sobre la explotación minera en la región. “Lo que están buscando es tener cierta autonomía financiera, pero no están tomando en cuenta lo más importante que es la decisión del pueblo de vivir de una determinada manera”.

Ante tanta presión de la sociedad, la empresa emitió un comunicado asegurando que no continuarán con los trabajos de no contar con una “licencia social” que apruebe su presencia en Famatina. Sobre este particular, el funcionario recordó que “en el 2006 se aprobó una ley que determina que la decisión sobre la explotación de los recursos naturales de Famatina y Chilecito recae exclusivamente en sus pobladores”.

En este punto, ratificó que la “Licencia Social” que la empresa dice solicitar a la sociedad, debería ser otorgada solamente por los pobladores de Famatina y Chilecito, y no por toda la provincia como pretende Herrera.

Por último, lamentó que no se haya podido llegar a una solución con las autoridades de la provincia, y adelantó que “a partir de ahora, y ante la imposibilidad de comunicación con ellos, vamos a dirigirnos directamente a la Nación”.

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Argentina: Informan la cantidad mínima de afiliados que necesitan los partidos políticos para mantener su personería

CIJ

Lo dio a conocer la Cámara Nacional Electoral. Al respecto, el tribunal indicó que las agrupaciones deben tener una cantidad de afiliados no menor al 0,4% de los electores del distrito, hasta el máximo de un millón.

La Cámara Nacional Electoral -integrada por los jueces, Santiago H. Corcuera, Alberto R. Dalla Via y Rodolfo E. Munné- difundió las cantidades mínimas de afiliados que las agrupaciones políticas de cada distrito necesitan para mantener su personería política.

A partir de la última reforma electoral (ley 26.571) los partidos políticos deben tener, permanentemente, una cantidad de afiliados no menor al 0,4% de los electores del distrito, hasta el máximo de un millón. Es decir que en los distritos más poblados, como Capital Federal o Buenos Aires, un partido no puede tener menos de 4000 miembros.

El cumplimiento de este requisito legal es verificado por los jueces federales electorales en febrero de cada año y las agrupaciones que no lo cumplan reciben una intimación para regularizar su situación en un plazo improrrogable de noventa (90) días. Si en ese lapso no consiguen alcanzar el mínimo, se da inicio a un proceso judicial para declarar la caducidad de su personería.

En su primera aplicación -durante el año 2011- debido al incumplimiento de esta nueva exigencia legal, se produjo la caducidad de 26 partidos políticos -de todo el espectro ideológico y diferentes niveles de trayectoria- siendo Buenos Aires, Capital Federal y Chaco los tres distritos con más partidos afectados.

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Procesan a ex periodista de la televisión pública chilena (TVN) como encubridor del falso enfrentamiento de La Rinconada de Maipú, 1975

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Carlos Roberto Araya Silva fue expulsado del Colegio de Periodistas en 2007.

El ex periodista Carlos Roberto Araya Silva fue sometido a proceso como encubridor de los homicidios calificados de Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez y Luis Andrés Ganga Torres, ejecutados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el 19 de noviembre de 1975.

Según informó oficialmente el Poder Judicial (PJ) del Estado chileno, el 31 de enero, la investigación del ministro en visita [juez especial] Alejandro Solís Muñoz, estableció que “el 17 de noviembre de 1975, se produjo un enfrentamiento en calle Bío Bío [Santiago] donde resultaron muertos un militar y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno. El 18 de noviembre fueron detenidos en sus domicilios todos los integrantes de la familia Gallardo y conducidos hasta el cuartel [general] de Investigaciones [hoy Policía de Investigaciones (PDI)], en calle General Mackenna, donde fueron interrogados y torturados. En la madrugada del 19 de noviembre fueron liberados algunos de los miembros de la familia, a excepción de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, quienes fueron puestos a disposición de la DINA y trasladados hasta el recinto de ‘Villa Grimaldi’”.

“En la madrugada del 19 de noviembre –prosiguió el informe oficial del PJ-, fue detenida Ester Torres junto a tres de sus hijos, Renato, Mauricio y Francisco Javier Ganga, por agentes de la DINA que buscaban a su hijo mayor Luís Andrés Ganga y fueron llevados a ‘Villa Grimaldi’; después de ser torturados e interrogados se obtuvo el dato del paradero de Luís Andrés, quien fue aprehendido momentos más tarde y conducido a ese recinto, donde fue torturado”.

“Testigos que se encontraban detenidos en “Villa Grimaldi” declaran que ésa fue la peor de todas las noches, describen un gran movimiento de autos, escucharon a los agentes pidiendo agua y aceite caliente y gritos de lamento de los torturados. Al otro día se observó en el patio, tirados en el suelo, varios cadáveres y en una pieza a dos mujeres, Catalina y Mónica, en muy malas condiciones físicas. En la tarde del 19 de noviembre un comunicado de prensa del Gobierno dio cuenta de “un enfrentamiento” en los cerros de la Rinconada de Maipú, en el que habrían muerto Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno, Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, Luís Andrés Ganga y otros dos hombres [alusión a Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortes Jeldres, cuyos casos se investigaron en otra causa]. En realidad, se realizó un “montaje” para impedir su descubrimiento (favorecimiento real, artículo 17 N° 2 del Código Penal), destinado a ocultar los hechos efectivamente ocurridos, torturas y muertes de víctimas desvalidas y los efectos utilizados para la comisión de los mismos, existiendo, además, favorecimiento personal (N° 3 del precepto penal citado) por existir conocimiento de las circunstancias de los ilícitos, para lograr la impunidad de los autores de los mismos, miembros de la DINA”. El juez Solís fue indulgente con Araya: le concedió el beneficio de libertad bajo fianza de 200 mil pesos, unos 400 dólares.

Araya no trabajó sólo

Con la colaboración de varios periodistas y los más importantes medios de comunicación de la época, estos asesinatos perpetrados en el campo de torturas y exterminio “Villa Grimaldi” fueron disfrazados como “bajas terroristas” de un falso enfrentamiento escenificado en el lado opuesto de la ciudad, en el fundo experimental “Rinconada de Maipú”, entonces un predio agrícola del oeste de Santiago, camino al aeropuerto Pudahuel, arrebatado por los servicios de represión de la dictadura a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile.

Araya Silva y Julio López Blanco, otro periodista de Canal 7-TVN, hicieron un reportaje a dúo con el libreto de la Dirección Nacional de Comunicaciones (Dinacos) en el escenario dispuesto por la DINA: “En los cerros de Rinconada de Maipú, se registró un violento enfrentamiento a tiros de más de treinta minutos de duración, entre las fuerzas de DINA e Investigaciones, y un grupo de extremistas que se parapetó fuertemente armado en esos cerros. Resultaron muertos seis extremistas, huyendo uno de ellos". Mientras la cámara mostraba a un López encuclillado y ataviado con un impecable traje de lino blanco exhibiendo cápsulas de utilería de balas supuestamente percutadas en la contienda, Araya brincaba entre pequeños arbustos balbuceando dónde operaron los protagonistas del “enfrentamiento”. No mostraron nada parecido huellas de sangre, ni siquiera salsa de tomates, tampoco había cadáveres, sólo cápsulas vacías, piedras, arbustos y el pasto ralo de una suave ladera. Contrariando el sagrado lema “una imagen vale más que mil palabras, aquí los “periodistas” pretendieron insuflar al magín del televidente estimulación oral a capella y de lo último.

El jefe de Prensa de Canal 7-TVN y superior de Araya y Blanco era Vicente Pérez Zurita, formado en la Universidad Católica, quien se desempeña como profesor de en varias universidades privadas donde enseña “nuevo periodismo” y ética periodística. Por encima de todos, en la jerarquía de TVN estaba el director general Manfredo Mayol Durán, otro periodista con información universitaria.

Claudio Sánchez Venegas, otro periodista formado en la Universidad Católica, también escenificó in situ el reportaje exclusivo con el libreto DINA-Dinacos para la Corporación de TV Canal 13, de la Pontificia Universidad Católica, que hoy pertenece al Grupo Luksic en 66%. Toda la prensa repitió el mismo guión, comenzando por los diarios de Agustín Edwards, El Mercurio, La Segunda, Últimas Noticias, etc., y Copesa, la otra rama del duopolio del papel impreso, hizo lo mismo en La Tercera, revista Qué Pasa y lo hicieron todos los medios del país.

Expulsión y sanciones del Colegio de Periodistas

Veinticinco años después del montaje periodístico DINA-Dinacos, en 2007, y mientras el ministro Solís llevaba adelante el proceso judicial penal por los homicidios, Isabel Gallardo, de la familia más afectada por la matanza, se dirigió al Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas. Doris Jiménez, la fiscal designada por el Tribunal Regional Metropolitano (TRED), después de entrevistar testigos y a cada uno de los protagonistas del montaje –excepto a Claudio Sánchez, que no acató la citación de la Orden–, pidió la expulsión y censura pública de Carlos Alberto Araya Silva, censura pública más suspensión por un año de la Orden para Julio López Blanco y Claudio Sánchez Venegas: y un año de suspensión de la Orden para Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán.

El fallo del TRED fue ratificado por la instancia superior del Colegio, el Tribunal Nacional (Trined), pero Claudio Sánchez se dirigió a la Corte de Apelaciones del Poder Judicial, que en 2008 ratificó la sentencia de los tribunales éticos del periodismo, tal como ocurrió en enero de 2000, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo ético que expulsó de por vida del Colegio de Periodistas a Manuel Fuentes Wendling, otro periodista de derecha que se dedicó a delatar a sus colegas izquierdistas que veía en la calle desde las páginas de La Segunda. El único paso que le faltaba al Colegio era pedir el perdón de los familiares de las víctimas calumniadas por el montaje.

Tras el fracaso de Claudio Sánchez ante la Corte de Apelaciones, el Colegio tomó la decisión de honrar la memoria de las víctimas en presencia de sus familiares. El 21 de junio de 2008, convocó a los familiares de 125 víctimas de montajes periodísticos, “Los 119” del caso "Operación Colombo" y las 6 de "La Rinconada de Maipú". El entonces presidente nacional de la Orden, Luis Conejeros, encabezó la ceremonia y explicó el sentido del gesto aún pendiente, junto a Juanita Rojas, presidenta del Trined, y Alfredo Taborga, presidente del Tribunal Regional Santiago, quienes explicaron el procedimiento ético-disciplinario. Hablaron, además, Isabel Gallardo, familiar de tres de las seis víctimas de “La Rinconada de Maipú”, y Roberto D’Orival, del Colectivo de Familiares y Compañeros de "Los 119" y hermano de una de las víctimas.

¿Quién es Carlos Roberto Araya Silva?

Hasta el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, Araya era locutor de radio Sargento Aldea en la ciudad-puerto de San Antonio y propietario del periódico El Pelícano. Tras el golpe derrochó energías en delatar por las ondas hertzianas a toda clase de dirigentes (as) sindicales, sociales y políticos del puerto más importante del país. Se hizo amigo del entonces coronel de ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, alias “El Mamo”, jefe del cercano Regimiento Tejas Verde, también transformado en prisión, campo de torturas y centro de exterminio incluso días antes del golpe por el imperio de la “Ley de Control de Armas”, aprobada por el Congreso hostil a Salvador Allende el 21 de octubre de 1972 como Ley 17.798, que concedió a todas las ramas castrenses atribuciones propias de las policías, por imposición de la mayoría del Congreso encabezada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), autor de la iniciativa concebida para desestabilizar al gobierno de la Unidad Popular y, de paso, medir la reacción psicológica de trabajadores enfrentados abruptamente a violentos allanamientos practicados por personal armado del ejército, marina y aviación que invocaron la nueva ley en busca de supuestos “arsenales populares”, muchas veces con resultados de muertes selectivas y sin encontrar los buscadas arsenales de armas que no existían. La idea de los enemigos civiles y uniformados de Allende era medir hasta dónde llegaría la lealtad de los trabajadores en defensa del gobierno legítimo en el poder. A escala, y con las debidas diferencias, esa ley de armas tuvo un rol psicológico de propaganda comparable a las ficticias “armas de destrucción masiva” con que EEUU justificó su inútil invasión y guerra en Irak iniciada en 2003.

Contreras Sepúlveda, quien cumple prisión de por vida por centenares de crímenes, fue el fundador y director de la DINA, cuyo enorme poder logró transmutar al locutor de provincia en “periodista”, a quien introdujo como hombre de confianza en la televisión pública, Canal 7-TVN. Araya logró afiliarse al Colegio de Periodistas, manejado bajo la dictadura por el PDC –que como aliado de Pinochet también ocupó cargos menores de gobierno- y presidido entonces por Carlos Sepúlveda Vergara (fallecido), quien a la vez fungía de director de “La Patria”, fugaz sustituto castrense de La Nación, el tradicional diario chileno de los gobiernos de turno, hoy desaparecido por voluntad de Piñera. Las reuniones del Consejo Nacional del Colegio se realizaban en las oficinas de Sepúlveda Vergara en La Patria.

Araya, un hombre sin estudios medios completos, carente de vocación por la noticia y la verdad, en rigor carece de la formación cultural mínima para ejercer esta profesión considerada la más antigua del mundo, al igual que “la otra”. Su pedigrí lo asemeja más a un esbirro.

Araya, torturador

En las 405 páginas de una sentencia del mismo magistrado Alejandro Solís Muñoz contra Manuel Contreras -y otros- por torturas en Tejas Verdes, del 9 de agosto de 2010, caratulado “Proceso Rol Nº 2.182-98, episodio denominado ‘Tejas Verdes’”, iniciado por querella interpuesta por numerosas víctimas, quedó constancia del “atestado de Carlos Roberto Araya Silva, de fojas 1634, quien expresa que el 11 de septiembre de 1973 era periodista y se desempeñaba como locutor en radio Sargento Aldea de San Antonio y que ese día, en atención a su profesión, fue movilizado por el comandante en jefe de la Guarnición, el Teniente Coronel Manuel Contreras para relaciones públicas e informaciones, funcionando en una oficina del primer piso de la Escuela de Ingenieros. Señala que supo de la existencia de un “campamento de detenidos” debajo del puente pero no lo conoció; presenció interrogatorios de detenidos en las oficinas del primer piso pero no vio torturar. No sabe de interrogatorios en el casino de Oficiales pero que no significa que no haya habido. El Director de la Escuela era Manuel Contreras y le seguía en grado Jorge Núñez Magallanes”.

En el mismo proceso declaró la víctima Onofre Segundo Aguila Parra: “Desconozco quien me torturó, toda vez que estaba con la vista vendada, pero si reconocí la voz de uno de mis torturadores, Roberto Araya Silva, periodista, Director de la radio Sargento Aldea, él era Suboficial de reserva, hacía transmisiones por la radio, además, vivía en la zona, su voz era conocida”.

Otra víctima, Arturo Florencio Farías Vargas, declaró: “…en esta sesión de tortura se encontraban Manuel Contreras, Jara Seguel, Klaudio Kosiel, un locutor de la radio Sargento Aldea, cuyo nombre era Roberto Araya Silva, y cuando me ahogaba con la capucha que tenía puesta me la quitaban y un doctor, Vittorio Orvieto, me revisaba y me decía que yo no me estaba ahogando y me mostraba lo que era ahogarse colocándome una bolsa de nylon en la cabeza, lo que se llamaba “submarino seco”; todas las personas que acabo de mencionar las conocía desde que hice el servicio militar, [tras] este interrogatorio que debe haber durado unas seis horas, soy trasladado junto a Héctor [su primo Héctor Farías] a la cárcel en calidad de incomunicado…

María Cecilia Rojas Silva, estudiante del Instituto Tecnológico de la Universidad Técnica de San Antonio e inspectora del Liceo Fiscal, estuvo presa en Tejas Verdes, donde la torturaron, la manosearon y le introdujeron objetos en la vagina, situación que relató a algunas compañeras de trabajo. El documento judicial describe que “…a una de ellas la pasó a buscar su marido en auto y al interior de éste estaba Roberto Araya Silva, quien era dueño del periódico “El Pelícano”, al que le comentó lo que ella [María Cecilia] le había referido. Al día siguiente, 30 de noviembre [1973], se presentaron en su casa [de María Cecilia] dos sujetos quienes la subieron a una camioneta y la llevan [nuevamente] al Regimiento Tejas Verdes, ingresándola a una oficina donde se encontraba Jara Seguel quien le reprochó lo que ella había comentado, le señala que le harían un Consejo de Guerra y le indica que es Manuel Contreras quien decidirá sobre si queda o no detenida. Este último, al llegar, la deja detenida y es ingresada nuevamente al campamento de detenidos”.

Raúl Quintana Salazar, un subteniente de reserva que se desempeñó en Tejas Verdes, declaró ante el juez Solis: “Roberto Araya, era periodista, director de la radio Sargento Aldea de San Antonio y corresponsal de guerra con el grado de Teniente, en una ocasión lo vi en el casino de oficiales; este señor leía los bandos por la radio”.

En el proceso consta que Quintana Salazar ratificó íntegramente su declaración judicial prestada con fecha 11 de Abril de 2003 (354) y señaló: “Como ya manifesté en su oportunidad, para el 11 de septiembre de 1973 ostentaba el grado de Subteniente de Reserva, por lo cual para esta fecha fui a presentarme a la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, comenzando a desempeñar funciones como contador en la administración de fondos e integrar los roles de guardia. Fui asignado al mando del Mayor David Miranda, quien se desempeñaba como Fiscal Militar y como encargado de personal. Mis labores de guardia la desempeñaba en el cuartel N° 1 que era la Escuela y en el cuartel N° 2, el parque de materiales, en este sector se instaló un “campamento de prisioneros políticos”. Los turnos que desempeñaba en el cuartel N° 2… se desarrollaban cada 24 horas, donde entraba una guardia completa, la misión de la guardia era dar seguridad a todo el perímetro donde se encontraba situado el campamento de detenidos, impedir que ingresara gente extraña y, a su vez, que hubiese fuga de detenidos. Teníamos que preocuparnos de necesidades logísticas tanto como del personal de conscriptos como de los detenidos, como, por ejemplo, que la alimentación llegara en su momento, el abastecimiento de agua potable, que funcionara el alumbrado. Los ingresos de los detenidos al campamento de detenidos venían documentados desde la Fiscalía Militar, pero en el campo mismo la guardia no llevaba un registro de los detenidos…

Ernesto Carmona Ulloa, periodista y escritor chileno, dirfector del Círculo de Periodistgas de Santiago y Secretario ejecutivo de CIAP-FELAP

Fuentes:
http://www.poderjudicial.cl/modulos/Home/Noticias/PRE_txtnews.php?cod=3627&opc_menu=&opc_item=
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CFYQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.ddhh.gov.cl%2Ffilesapp%2FTEJASVERDESTORTURAS.doc&ei=oMErT6KjFcGutwfZ3dTfDw&usg=AFQjCNE6ythht64BFLyOzgpEWOXCfzEsHg&sig2=lg09JqDr2rcyjh9u4MDyJQ

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Bolivia: Morales confía en salida al Pacífico "tarde o temprano"

XINHUA

El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó hoy su confianza en que "tarde o temprano" el país tendrá acceso soberano a las costas del Pacífico con base en los frutos de un diálogo bilateral con Chile o como resultado de una demanda internacional.

"No descarto, aún todavía tengo confianza en el presidente del gobierno de Chile para resarcir el daño histórico", dijo Morales.

Pero también advirtió que "si no es por unas relaciones bilaterales" que Bolivia acceda al Pacífico, será con una "demanda internacional a los tribunales".

Morales hizo estas declaraciones en la inauguración del Curso de Operaciones Ribereñas en la Escuela de Sargentos de la Naval Reynaldo Zeballos, situada en Loma Suárez, del departamento del Beni al noreste de Bolivia, donde entregó pistolas a los oficiales egresados de la gestión 2010 de la Armada Boliviana.

El gobernante recordó que así como las Malvinas de Argentina fueron arrebatadas por Inglaterra, el Litoral Boliviano también fue despojado por transnacionales ingleses con participación de la oligarquía chilena.

"Nos quitaron el mar en una guerra injusta, por tanto fue una invasión injusta por la fuerza y eso debe ser resuelto", sostuvo. Ratificó que Bolivia apuesta a dos gestiones para que pueda retornar al mar con soberanía. "Uno por relaciones bilaterales que aún no lo descarto, porque tengo confianza en el presidente (Sebastián Piñera) y el gobierno de Chile para que pueda resarcir un daño histórico".

Una segunda alternativa, dijo Morales, será la demanda internacional a los tribunales que tienen que ver sobre este tema. "Ese proceso continuará, yo sé que sobre todo los que más siente por el mar es nuestra Armada. Por eso a los comandantes de la Armada decirles que deben estar preparados para navegar nuevamente en el mar, tarde o temprano retomaremos el mar".

El gobierno de Bolivia, cuatro especialistas internacionales y una veintena de expertos nacionales ultiman detalles de la estrategia jurídica para la demanda internacional a Chile ante La Haya por una salida al mar, según la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar).

El director de Diremar, Juan Lanchipa, dijo que los resultados de este trabajo serán presentados al Consejo Nacional de Reivindicación Marítima, máxima instancia de decisión en el marco de la nueva estrategia de Estado, presidida por Morales.

Para este emprendimiento histórico y pilar fundamental de la política del gobierno del presidente Morales, llegaron el viernes pasado a la ciudad de La Paz, sede del gobierno de Bolivia, el argentino Marcelo Kohen y los españoles Rosa Riquelme, Jorge Cardona Llorens y Antonio Remiro Brotons.

Los cuatro forman parte del equipo de asesores internacionales, expertos en Derecho Internacional, Historia y Economía.

Morales anunció el 23 de marzo del 2011 que Bolivia acudirá a tribunales internacionales para resolver el diferendo marítimo.

Los contactos bilaterales entre ambos países se enfriaron, después del 23 de marzo de 2011, cuando Morales anunció que apelaría a tribunales internacionales para demandar a Chile en su afán de recuperar territorio para tener acceso al Océano Pacífico, perdido en la Guerra del Pacífico (1879-1883).

Bolivia reclama a Chile una salida soberana al mar que perdió en una guerra con Chile en 1879 en la que tuvo como aliado a Perú, que también sufrió una merma territorial.

Ambos países tienen suspendidas sus relaciones diplomáticas desde 1978, al fracasar las negociaciones iniciadas tres años antes con el fin de solucionar la falta de un acceso soberano y útil de Bolivia al Pacífico.

El presidente Morales mantuvo conversaciones con los gobiernos de sus pares chilenos, Michelle Bachelet y Piñera entre 2006 y 2010, sin resultados concretos pese a establecer una agenda bilateral de 13 puntos que incluyó, por primera vez, el reclamo marítimo boliviano.

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Exigen demandar a laboratorios farmacéuticos en Chile

PL

Organizaciones sociales chilenas exigieron que se sancione a los laboratorios farmacéuticos involucrados en un escandaloso caso de colusión de alza de medicamentos trascendido a la opinión pública.

Luego que un Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acreditara las prácticas de colusión de las farmacias Cruz Verde, Salcobrand y Fasa, para elevar los precios de al menos 206 medicamentos entre diciembre del año 2007 y abril de 2008, quedó la evidencia de las responsabilidades de los laboratorios en el caso.

La misma instancia judicial anotó en su fallo que una de las cadenas involucradas en la confabulación comunicaba al laboratorio correspondiente la fecha en que incrementaría sus precios, para que lo informara a las otras dos y así actuar armónicamente.

Hasta el ministro de Salud, Jaime Mañalich, reconoció que aún falta por esclarecer qué papel juegan los laboratorios en la fijación de los precios de un medicamento determinado.

El reconocido analista Alejandro Guillier se pregunta por qué no se demandó a los laboratorios; será porque son capital internacional; la Fiscalía Nacional Económica tiene que pronunciarse y no lo ha hecho, subrayó.

Según un sondeo de precios realizado en las tres cadenas farmacéuticas involucradas en la concertación de tarifas y que abarcó 192 fármacos investigados, concluyó que la subida de precios fue superior al 35 por ciento desde 2008 en la generalidad de los productos.

En medio del escandaloso asunto, organizaciones de usuarios llamaron al Estado a instrumentar alguna fórmula para reparar a las víctimas de la usura empresarial, la mayoría de ellos personas de la tercera edad con enfermedades crónicas.

Por qué el Estado chileno vacila y alega que hay que estudiar, cuando a todas luces está claro se hizo un abuso pensado contra personas muy vulnerables que fueron muy maltratadas, comentó Guillier.

Usuarios consultados, se quejaron asimismo que en las cadenas farmacéuticas involucradas en la colusión raramente se expongan a la vista del público los precios de los medicamentos y la persona necesitada quede expuesta a la recomendación del vendedor.

En cualquier restaurante o supermercado se le exige a los dueños que pongan los precios en el menú; por qué no ocurre lo mismo con las farmacias, inquirieron los entrevistados.

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