miércoles, 8 de febrero de 2012

Colombia: Tinto con final claro

Alberto Pinzón Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

Tinto en Colombia, quiere decir un pocillo de café oscuro. Por las características históricas y geográficas de la exportación de café colombiano a los mercados internacionales, a donde se enviaba el café suave cosechado y escogido manualmente, para su ulterior tratamiento industrial (nunca desarrollado en nuestro país) y, se dejaba para el consumo masivo “nacional”, los granos de segunda calidad o “pasilla”, con los que se cocinaba una solución de café negruzca, semejante a la tinta usada para marcar los costales o sacos de exportación.

Esa solución de café negro (creo que por extensión) se llamó tinto y, no se sabe aún porqué razón, pero la practica de su consumo masivo en los “tintiaderos”, demostró que esa pasilla tenía unas cualidades diferentes para estimular la locuacidad que no poseía el exportado de primera calidad. Así pues que tomarse un tinto en Colombia y echar carreta, es sinónimo de una larga conversación muy animada o agitada al calor de un café negro.


En Colombia dentro del partido conservador también ha existido tradicionalmente una división burocrática entre los “principistas” y los “moderados”, que llegó a su máxima expresión en los años 30 del siglo XX, con la división entre los seguidores del nacional-catolicismo de Laureano Gómez y los social-conservadores o colaboracionistas con los liberales de Ospina Pérez. Por esa razón cuando a mediados del 2001, se inició la ofensiva política de los enemigos ocultos y abiertos (mano negra) del presidente social conservador Andrés Pastrana, a los diálogos de paz del Caguán; el hijo predilecto de Laureano, Enrique Gómez Hurtado, calificó la mesa de diálogos de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, como un “tintiadero sangriento donde unos delegados del gobierno y unos jefes guerrilleros se reúnen a tomar tinto y echar carreta, mientras por fuera corre la sangre de los colombianos”. Pastrana había impuesto la opinión militarista de adelantar los diálogos de paz, en medio de la guerra.

Sin proponérselo el jefe falangista colombiano había desnudado las tres principales fallas que habrían de dar al traste con el intento de buscar una solución política al histórico conflicto social armado colombiano y, que actualmente constituyen una experiencia irrepetible e inolvidable.

1- La división insalvable en el seno de la clase dominante y su aparato militar, en torno a las reformas (de todo tipo ) que se habían firmado oficialmente por ambas partes en la Agenda Común de la Machaca en 1999, enriquecida con los 2.553 documentos de las Audiencias Temáticas y que constituyen un tratado legal y legítimo entre partes contendientes.

2- La improvisación de no saber a donde llegar al final (tomar tinto y echar carreta) o como lo expresó uno de los delegado estatales (tan cercanos al mundo rural) citando el dicho arriero de que “por el camino se arreglan las cargas”; impracticable en un asunto tan serio y complejo como hallar la solución política a tan enmarañado problema social y continental.

3- Negociar en medio de la guerra (mientras por fuera corre la sangre) que demostró su manipulación cuando el presidente Pastrana lo usó como justificación, para finalizar el proceso del Caguán.

Hoy desconociendo estas tres fallas, algunos crédulos, o ingenuos hablan de la posibilidad de unos nuevos diálogos de paz entre la insurgencia de las Farc, y el gobierno de las locomotoras de Santos, que carece de locomotora (o programa) para la paz y, está empeñado en adelantar a como de lugar su re-elección presidencial, sobre la base del éxito de su plan de gobierno neoliberal de entrega a las multinacionales, soslayando la profunda división política que se debate en el seno de la clase dominante y dirigente y, que desde ya apuesta al fracaso de un proceso de dialogo para la paz, para montar sobre esa nueva frustración, la re-elección de su máximo representante Uribe Vélez.

Ante la carencia de un partido político “legal” de la Izquierda, que oriente y articule en la práctica al creciente y dinámico Movimiento Social colombiano, y conduzca más allá de lo electoral, la movilización del Pueblo Trabajador con el fin de que se apodere de la “llave de la paz” y la exhiba en sus combativas movilizaciones por calles, plazas, y veredas de Colombia; la red que agrupa a las diversas expresiones del Movimiento Social ha tenido que llenar este vacío político y ha tomado la iniciativa de convocar a todo el pueblo y mediante la movilización de masas, a imponer al gobernante de turno la Solución Política al conflicto armado y conseguir la anhelada paz democrática avanzada, con justicia social y soberanía. Eso es lo que se llamaría, un tinto colombiano con final claro.

Fuente imagen: EL ESPECTADOR

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Gobierno de Santos origina conflicto social al privilegiar a transnacionales exterminando a pequeños y medianos mineros

Fernando Arellano Ortiz (especial para ARGENPRESS.info)
El gobierno del presidente Santos está incubando un enorme problema social que puede terminar en ola de violencia, al empeñarse en acabar con la actividad de los pequeños y medianos mineros del país, para favorecer única y exclusivamente a las transnacionales, entregándoles alrededor del 40% del territorio colombiano para la explotación minero-energética a gran escala. La grave afirmación la hicieron directivos de la agremiación Conalminercol que realizó una asamblea extraordinaria en Bogotá el pasado sábado 4 de febrero con el propósito de determinar acciones de resistencia civil y protesta pacífica contra la política entreguista de los recursos naturales al capital transnacional en concordancia con la denominada “confianza inversionista”, heredada de la funesta administración (2002-2010) del cuestionado Álvaro Uribe Vélez.

La Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol) agrupa a medianos y pequeños empresarios del sector de 18 departamentos del país, organizados, a su vez, en cuatro federaciones, tres cooperativas y 45 asociaciones. Esta importante confederación reúne a alrededor de 300 mil afiliados que se ven notablemente perjudicados con la llamada “locomotora minera” de Santos.
“Nosotros, los medianos y pequeños mineros de Colombia somos los rieles de esa locomotora porque nos va a pasar por encima”, afirman gráficamente los líderes de este gremio de empresarios.
Para la directora ejecutiva de Conalminercol, Luz Stella Ramírez Guevara, está claro que el gobierno de Santos viene a poner en marcha la maquinaria que dejó instalada Uribe Vélez para el aprovechamiento del recurso minero por parte de las transnacionales.
A ello obedece, explica, el desprecio del gobierno por el pequeño y mediano empresario de la minería y la negativa de Santos a darle interlocución.
Estigmatización del gobierno
Pero algo más grave, agregan Vicente Jiménez y Nicolás Herrera, mineros de Córdoba y del oriente antioqueño respectivamente, es que “el gobierno de Santos nos trata como ilegales y hasta de terroristas pero nosotros pagamos impuestos y somos responsables del 85% de las exportaciones por concepto de explotación de metales preciosos en Colombia”.
No obstante el hecho de que los medianos y pequeños mineros cumplen con sus obligaciones tributarias y están formalizados como empresarios, la administración santista busca estigmatizarlos, hasta el punto que el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría, conocido de autos (por el caso Dragacol en el que siendo ministro de Transporte durante el gobierno de Andrés Pastrana favoreció mediante conciliación a esta empresa que defraudó a la Nación), se atrevió a señalar que iban a ser bombardeados y perseguidos militarmente porque son cómplices de las bandas de grupos paramilitares y de la guerrilla, y además, los calificó como “la coca del momento”.
Por eso, afirman los directivos de Conalminercol, “somos víctimas del terrorismo de Estado” propiciado por el propio titular de la cartera de Minas y Energía.
Informales pero no ilegales
Los voceros de este gremio minero señalan que dentro de la actual legislación del ramo que fue elaborada expresamente para favorecer a las empresas transnacionales, son considerados informales, pero ello no quiere decir de ninguna manera, subrayan, “que seamos ilegales”.
Al preguntarles el por qué de su informalidad, explican que de acuerdo con el Código de Minas expedido en 2001 durante el gobierno conservador de Andrés Pastrana, se considera informal a todo minero que no cuente con el respectivo título para realizar la actividad de explotación en determinada zona.
Si bien no cuentan con los títulos, estos empresarios afirman que ejercen una actividad ancestral y que no puede venir el Estado de la noche a la mañana a decirles que son un estorbo para la inversión extranjera y deben abandonar su trabajo del cual dependen en Colombia en forma directa más de dos millones de personas, sin plantear ninguna alternativa de reconversión laboral.
“Todo el tiempo, desde la época de la colonia se ha hecho minería sin títulos, nuestra actividad es tradicional”, afirman.
Saqueo a las comunidades por parte de las transnacionales mineras
La legislación minera en Colombia que se adecuó en el gobierno de Pastrana con la reforma al código del ramo a los intereses transnacionales y que se profundizó aún más en la administración Uribe con la Ley 1382 de 2010 para garantizar la expoliación y el saqueo, constituye una política apátrida que ahora pone a funcionar la “locomotora” santista.
En efecto, el código fue elaborado por los abogados de las mismas multinacionales, quienes lo redactaron y concibieron de acuerdo a sus intereses. En forma solapada intervinieron los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos para imponer las condiciones que se adapten a las tendencias de la globalización neoliberal y que fundamentalmente buscan sacar al Estado de la explotación directa de los recursos naturales y entregárselos al capital transnacional a precios irrisorios.
Para sacar a los medianos mineros de su actividad los igualaron con las transnacionales en cuanto a los estándares de exigencias. Así por ejemplo, se eliminó las categorías de pequeña, mediana y gran minería y fueron absorbidas en las llamadas “Unidades Productivas Mineras” en las que están en igualdad de condiciones el pequeño minero y el gran inversionista.
Fijó un nuevo esquema contractual a través de la figura de la concesión, que se convirtió en la única forma de contratar con el Estado, incluso en áreas de reserva minera especial.
Además, la legislación colombiana definió nuevas reglas para la expedición del título minero; eliminó el requisito de contar con licencia ambiental en la fase de exploración; y consideró a la minería como una industria de interés público al capital privado, independiente de su escala de explotación.
Pero ahí no paran las gabelas, se introdujo la figura denominada de “necesidad de bienes” que tiene como propósito la facultad de expropiar y/o de comprar por parte de las transnacionales aquellas áreas consideradas de interés público. De esa manera obligan a comunidades y a medianos empresarios mineros a salir de sus tierras y zonas de explotación, desplazándolos y abandonándolos a su suerte.
Minería en el marco del medio ambiente
Aunque reconocen que la actividad minera genera un impacto medioambiental, los agremiados a Conalminercol afirman que siempre han estado dispuestos a acogerse a las normas ecológicas.
“Podemos hacer minería en el marco del medio ambiente”, afirman pero acusan al Estado colombiano de ser permisivo y de no hacer cumplir las normas para reducir las consecuencias funestas que esta actividad genera en los ecosistemas.
“El problema –agregan- es que el gobierno no ha hecho nada en auditoría minera” y ahora que quiere entregarle el monopolio de la explotación de esta actividad a las transnacionales, sindica de grandes contaminadores del medio ambiente a los pequeños y medianos empresarios.
En contraste, está más que comprobado que la minería a gran escala y a cielo abierto que desarrollan las transnacionales no solo atenta de manera irreversible la naturaleza, sino que, además, afecta la salud de los seres vivos, acaba con recursos indispensables como el agua y contamina el aire.
En todas las actividades de Colombia se “vacuna”
En su afán de criminalizar la actividad minera de los pequeños y medianos empresarios, el gobierno de Santos los ha señalado con el dedo acusador de ser cómplices de las bandas criminales y de la guerrilla en su financiación. Es decir, que esta es una fuente de recursos económicos para los grupos al margen de la ley.
Los directivos de Conalminercol aceptan que son objeto de “vacuna” no solamente de las bandas paramilitares y la guerrilla sino también de lo que ellos denominan “las águilas verdes” (miembros de Policía y Ejército).
“En todas las actividades que son rentables en Colombia se ‘vacuna’ y las águilas verdes son las que más cobran, bajo la mirada permisiva y cómplice del mismo Estado”, señalan.
Integración de área y gobernabilidad
Utilizando el argot neoliberal impuesto por el Banco Mundial las transnacionales en complicidad con el gobierno colombiano disfrazan sus acciones de imposición y de compra de apoyos en las comunidades con términos eufemísticos como “integración de área” o “gobernabilidad”. Se trata de imponer “el gobierno de las palabras” con el propósito de “disciplinar y ocultar los conflictos sociales”, como bien señala el politólogo español Juan Carlos Monedero.
“Integración de área” para las transnacionales mineras y el código minero colombiano hecho a su medida, es la posibilidad de acceder a áreas de exploración y explotación a como dé lugar forzando a los propietarios a vender. En otras palabras, el propietario no tiene otra alternativa: “negocia o negocia”.
Y por “gobernabilidad” se entiende la capacidad que tienen las transnacionales de cooptar, comprar apoyos, financiar actividades políticas y sociales en las comunidades para acallar su protesta o inconformidad ante el impacto negativo que genera la actividad minera a gran escala.
No ha sido fácil obtención de “licencia social” en Colombia
Pese a la obsecuencia del gobierno colombiano a los requerimientos del capital financiero transnacional y a todas las gabelas que le ha concedido, no ha sido fácil para las gigantes empresas foráneas que explotan la minería a gran escala obtener lo que ellas denominan en su lenguaje eufemístico “licencia social”, que no es otra cosa que el ablandamiento y aquiescencia de las comunidades.
Casos como la resistencia social contra las minas de la Colosa en Cajamarca, Tolima; Santurbán en Santander; y Marmato en Caldas; para no citar más de tres ejemplos, han dificultado la viabilidad de los proyectos mineros de las transnacionales que hacen presencia en Colombia. Por ello es que sus directivos no solo están preocupados, sino molestos con el gobierno debido a que no han podido avanzar.
Adicionalmente, pese a los millonarios presupuestos que las transnacionales se gastan anualmente en “gobernabilidad”, amplias zonas del país ven en la minería a gran escala una verdadera amenaza, por lo que es previsible que sigan aumentando las protestas y la resistencia sociales contra esta actividad. Al fin y al cabo, el gobierno colombiano ha concesionado a estas empresas en su mayoría canadienses y norteamericanas, más de 38 millones de hectáreas, cuya explotación minero-energética amenaza en convertir el país en un territorio devastado y sin vida en el mediano y largo plazo.
Resistencia civil y protesta pacífica
A lo anterior se suma el descontento de los pequeños y medianos empresarios mineros que van a verse desplazados tanto por el gobierno de Santos como por las transnacionales que tienen como único objetivo sacarlos del negocio.
Obviamente que, como advierten los directivos de Conalminercol, no van a dejar que los desplacen y van a luchar cueste lo que cueste, por continuar en su actividad.
Por eso se preparan para enfrentar su lucha de reivindicación y conservación de su trabajo. En Bogotá, en su última asamblea extraordinaria, acordaron adoptar una serie de acciones para hacerse escuchar ante el gobierno de Santos.
En medio de los múltiples conflictos que vive Colombia, este es otro más que se abre debido a las criminales medidas neoliberales y a las actitudes obsecuentes de gobiernos cipayos como los que han regido Colombia durante buenas parte de su desventurada historia.

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De la trata de blancas a la trata de personas (Parte I)

Ester Kandel (especial para ARGENPRESS.info)

Las prácticas de diversas organizaciones, especialmente de mujeres, que solicitan, exigen y proponen iniciativas al aparato administrativo, político y legal del Estado, reciben respuestas limitadas.

¿Por qué los temas de derechos sexuales y reproductivos, educación sexual, abortos no punibles, aborto legal, seguro y gratuito, la trata de personas y las mujeres golpeadas no son parte de una cuestión permanente de políticas públicas?

En varias oportunidades nos interrogamos a qué Estado, nos dirigimos las mujeres cuando solicitamos el reconocimiento a decidir sobre nuestro propio cuerpo e igualdad de oportunidades con los varones en el ámbito laboral.

Los obstáculos tienen una larga data y nos remiten a la historia de la opresión de las mujeres (1) y el papel de las instituciones. Refiriéndose a este tema, F. Engels (2) decía que las instituciones sociales, bajo las que viven los hombres de una época y de un país dado, están íntimamente enlazadas con estas dos especies de producción, por el grado de desarrollo del trabajo y por el de la familia. Al definir el carácter del Estado, lo definía como una máquina opresora de una clase sobre otras.

En la modernidad esta relación no ha cambiado, aunque se puede caracterizar los enfrentamientos actuales. Según Samir Amin. (3)

La Modernidad y la democracia inicia la liberación del individuo y, más allá potencialmente, la de la sociedad. Pero solamente la inician porque quedan encerradas en las exigencias de la reproducción capitalista (…) Simultáneamente, la modernidad y la democracia transforman al Estado y la política, lugar a la vez de conflictos alrededor del poder y de conflictos en torno a la articulación de su ejercicio a los intereses sociales, ellos mismos en conflicto en sus propios terrenos.

En este terreno se mueven las luchas que hacemos referencia al inicio del artículo. Cada una de ellas implica subvertir un andamiaje construido durante siglos. Las alteraciones que permite este orden, tienen un núcleo duro, donde confluyen intereses económicos, políticos en connivencia con el poder judicial.

Estas barreras las encontramos cuando hablamos de igualdad de oportunidades de varones y mujeres en el campo laboral, dado que el cuerpo social es desigual. Asimismo sucede con otras reivindicaciones legítimas como la prevención de las muertes por abortos clandestinos o la trata de personas.

La trata de blancas, así como era presentada a principios del siglo XX en nuestro país nos remite a un modelo de moral sexual o en términos de W. Reich a la irrupción de la moral sexual. La familia y el rol de la mujer en la misma aparecen contemporáneamente con la figura de la prostituta.

Los aportes de numerosas investigadoras e investigadores convergen en rastrear estos orígenes. Aunque no se puede precisar una fecha, éstos coinciden con el régimen de propiedad de la tierra y de los bienes producidos.

En el Segundo sexo, Simone de Beauvoir analiza la relación de la propiedad privada y la propiedad de la mujer.

Destronada con el advenimiento de la propiedad privada, la suerte de la mujer estará ligada a la propiedad privada a través de los siglos: gran parte de su historia se confunde con la historia de la herencia. Es fácil entender la importancia fundamental de esta institución si observamos que el propietario aliena su existencia en la propiedad; le da más importancia que a su vida misma; la propiedad supera los límites estrechos de esta vida temporal, subsiste más allá de la destrucción del cuerpo (...) si admitimos que los hijos de una mujer ya no son suyos, dejan de tener vínculos con el grupo del que procede la mujer. Con el matrimonio, la mujer ya no es un préstamo de un clan a otro clan; es radicalmente arrancada del grupo en el que nació y anexionada al de su esposo; él la compra como se compra una cabeza de ganado o un esclavo, le impone sus divinidades domésticas, además, los hijos que engendre pertenecerá a la familia del esposo. (...) dado que es de su propiedad como el esclavo, la bestia de carga, la cosa es natural que el hombre pueda tener tantas esposas como le plazca; sólo las razones económicas limitan la poligamia; el marido puede repudiar a sus mujeres por capricho, la sociedad no les da prácticamente ninguna garantía. A cambio, la mujer está sometida a una castidad rigurosa. A pesar de los tabúes, las sociedades de derecho materno permiten mayor libertad de costumbres; no suele exigirse la castidad prenupcial y el adulterio no se juzga con mucha severidad. Por el contrario, cuando la mujer se convierte en propiedad del hombre, quiere que sea virgen y exige, bajo las penas más graves, una fidelidad total; el peor de los crímenes sería arriesgarse a dar los derechos de herencia a un retoño extranjero: por esta razón el pater familias tiene derecho a acabar con la vida de la esposa culpable.

Para las mujeres que integraban una familia, la maternidad y las tareas domésticas fueron un ordenador de sus vidas, aunque estas iban acompañadas en general de muchos padecimientos. Asimismo fue un regulador de la represión sexual.

W. Reich, señaló:

En la historia de la humanidad, en determinada relación con los intereses económicos de la sociedad, el ordenamiento sexual transformó su esencia afirmativa, por lo tanto, favorecedora de la economía sexual del hombre, en esencia negadora de lo sexual. (4)

En esta dirección confluye el análisis de Judith R. Walkowitz en Sexualidades peligrosas (5) al señalar que “las culturas sexuales del siglo XIX ejemplifican el carácter de construcción social propio de la sexualidad (…) Cuando los victorianos hablaban de sexo, se referían sobre todo al peligro sexual, a la proliferación de práctica sexuales fuera de la santidad del hogar, sin compromiso del acto creador.”

Es así que aparecen las llamadas transgresiones sexuales, el aborto, la prostitución, el travestismo y las amistades románticas, que implicaban la elección libre de la mujer, aunque consideradas ilícitas porque no formaba parte de la “estrategia de reproducción” asignadas a las mujeres.

El Estado le otorgaba a este tipo de familia la garantía del orden social, aunque en el ámbito público, por ejemplo en Francia a finales del siglo XIX, especialmente en el parlamentario se discutía sobre esta cuestión. La literatura, el teatro y los grupos feministas se preguntaban ¿cómo explicar esta contradicción que convierte a una muchacha mayor de edad y capaz, en un ser excluido de la vida jurídica, que se ha de colocar entre los locos y los menores apenas se une a la multitud de las mujeres casadas? Es por eso que Nicole Anaud-Duc (6) habla de la trampa de la familia.

Mientras tanto las ciudades se poblaban de prostitutas, con gran inversión de dinero. Según J.W. comparando la presencia de éstas en las ciudades de Berlín, París y Londres, percibe un negocio “ostensible”:

Las putas pobres ejercían en general su comercio en el centro tradicional de prostitución, particularmente en las viejas y estrechas calles de los distritos populares, pero la aparición de los nuevos centros de entretenimiento o los edificios de una Terminal ferroviaria también podían ejercer un enorme magnetismo sobre las mujeres públicas.

La regulación del oficio “más viejo del mundo” fue un tema que también ocupó desde mediados del siglo XIX.

La presentación del tema refleja ser complejo y con muchas aristas por analizar, la moral y la hipocresía de una clase que no cuida del verdadero bienestar de la población.

Los documentos existentes sobre la trata de blancas a principio del siglo XX en nuestro país ameritan la continuación de este tema en una segunda parte.

Ester Kandel es autora de División sexual del trabajo -Ayer y hoy - Una aproximación al tema, Dunken, 2006 y Ley de trabajo de mujeres y menores -Un siglo de su sanción- La doble opresión de las mujeres: reconocimiento tácito, Dunken, 2008.

Notas:
1) Kandel, Ester, La opresión de las mujeres tiene historia –Algunos datos históricos de esa opresión El estado, la propiedad privada y la familia, Revista Periferias, Año 14 –Nº 19, Buenos Aires 1er semestre de 2010.
2) Engels, Federico, El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado, Editorial Claridad, 1974.
3) Samir , Amin, Ser marxistas hoy, ser comunistas hoy, ser internacionalistas hoy, Revista Periferia, Año 13- Nº 17 – Buenos Aires, Primer semestre 2009.
4) Reich, Wilhelm Reich, La irrupción de la moral sexual, Editorial Homo Sapiens, Buenos Aires, 1983.
5) Historia de las mujeres –el siglo XIX – Colección dirigida por George Duby y Michelle Perrot, Edicio-nes Grupo Santillana, 2000.
6) Colección citada.

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"El ajuste, Moyano y los primeros esbozos de conflictividad social"

NUEVO MAS

Una muestra del año que se viene.

Ha pasado el primer mes del año. Sin embargo, a pesar del clima veraniego, enero ha sido una clara muestra del año que vendrá. Si bien las tendencias actuantes no se han desplegado del todo, alcanzan como adelanto de lo que vendrá en este 2012: un año marcado por el ajuste económico, mayores contradicciones en las alturas y duros conflictos obreros, democráticos y populares.

Esto ocurrirá a pesar de la reciente reelección de Cristina Kirchner y de la fuerte popularidad de que goza aún hoy. Porque el país está sometido a un conjunto de contradicciones crecientes –una no menor tendrá que ver con la dinámica de la crisis económica mundial– que generarán reiteradas crisis, tensiones y conflictos. Esto inevitablemente dinamizará la situación política. Está clarísimo: el 2012 no será el de la “plancha” electoral de 2011.

Todo gira alrededor del ajuste económico

En el centro de todos los problemas está el ajuste económico que ha comenzado a aplicar el gobierno. En lo esencial, Cristina ha elegido un camino “ortodoxo” para intentar evitar que la economía la haga terminar sumida en una lisa y llana crisis. Los problemas atañen a casi todos los costados del “modelo”, como ya hemos señalado desde estas páginas. En una economía mundializada como la de hoy, el centro de todo está en que el país ha perdido competitividad y, por lo tanto, en los más diversos frentes, las cuentas comienzan a no cerrar.

El dólar no se está devaluando lo suficiente en un mundo en que la crisis económica azuza la pelea competitiva. El balance entre exportaciones e importaciones cada vez deja menos dólares en manos del Estado. En el terreno fiscal, los estados provinciales han ingresado a la zona del rojo y el fisco ya sufre la desaparición del superávit. Para colmo, la carga de la deuda externa sigue demandando divisas, pero el BCRA ve reducirse sus reservas desde hace meses. Como frutilla del postre de esta pérdida de competitividad y de la creciente brecha entre ingresos y egresos, está la escalada inflacionaria que vive el país. Esto deteriora aún más la competitividad exportadora, al tiempo que alimenta la famosa “puja distributiva” entre precios y salarios.

Frente a esta realidad, el gobierno podría haber elegido otro camino, que aun siendo capitalista (éste es, a no olvidarlo, un gobierno 100% capitalista), fuera “heterodoxo”. En eso tiene razón el moyanismo cuando denuncia que el gobierno ya casi ni habla de la “profundización del modelo”. Porque “heterodoxo” sería ajustar a los de arriba: estatizar los recursos naturales para que toda la renta quede en manos del Estado, nacionalizar el comercio exterior, nacionalizar la banca, estatizar bajo control obrero toda empresa que cierre o despida masivamente, etcétera. Esto posibilitaría que el Estado se hiciera de una parte de las rentas y plusvalías para cerrar las brechas evitando atacar las condiciones de vida y salario de los trabajadores.

Pero eso ya sería ir demasiado lejos. A pesar de que ha trascendido que el gobierno habría “amenazado” en los últimos días con la estatización de YPF por la pelea de los sobreprecios que venía cobrando, el rumbo central de su política va exactamente para el otro lado: un ajuste ortodoxo cuyo centro es hacerle pagar la crisis a la clase obrera.

Claro que el kirchnerismo, consciente de la mala prensa que tiene la palabra “ajuste” en nuestro país, ha comenzado a implementarlo en toda la línea pero administrándolo en cómodas cuotas para que no parezca tal.

Sin embargo, siempre hay un punto en el que mueren las palabras: marzo podría ser el momento en que la población comience a sentir de conjunto los aumentos, tomando conciencia (que hoy no tiene porque domina la confusión) de que el ajuste económico viene en serio por más que el gobierno pretenda disimularlo con palabras (como su supuesto carácter “redistributivo”).

Quita de subsidios y competitividad

Que el ajuste es una política global se evidencia cada día que pasa. Primero, el gobierno anunció el desmonte de los subsidios a los servicios públicos y el transporte. No ha aplicado esta medida de una vez, sino que la está “administrando”, como señalamos. Arrancó con el verso de la eliminación de los subsidios en Puerto Madero, pero resulta que lo propio está ocurriendo en cada vez más barrios y domicilios de toda la geografía nacional. Ante el CIADI (organismo internacional donde se sustancian los pleitos de las privatizadas con el Estado), el gobierno acaba de reconocer para el gas un aumento del 27% para este año y del 500% a partir de 2013. Ya mismo en la tarifa del gas se está prorrateando el costo del gas importado que consumiremos el próximo invierno (es decir, se está cobrando con aumento un gas que ni siquiera hemos consumido). Y lo propio va a ocurrir con la electricidad, el teléfono, el agua y demás servicios (y las empresas de telefonía celular vienen aumentando las tarifas desde hace meses).

Pero no se trata solamente de los servicios. Al traspasar el subterráneo de Buenos Aires a Macri, el gobierno buscó dos cosas. Por un lado, que el “ingeniero” se haga cargo de aumentar la tarifa, cosa que ya hizo: de 1,10 a 2,50 pesos, un 130%; ¿qué otra cosa iba a hacer el neoliberal Macri sino aumentarles el boleto a los trabajadores? Y encima ha declarado que podría haber “más aumentos del boleto, dependiendo de cuánto reclamen los trabajadores del subte”, echándoles el fardo a ellos.

Pero por el otro, y esto ha sido menos destacado, se lo usa como excusa para gatillar un aumento general del transporte y “nivelar” todas las tarifas. Conclusión: con el argumento de reducir los subsidios, se viene aparentemente para el 10 de febrero el aumento del colectivo. Aquí el gobierno ha montado otro operativo de confusión: el furor por la tarjeta SUBE tiene que ver con que ha dejado trascender que los que “no tengan la tarjeta serán los que paguen el aumento”. Contradicción evidente: ¿qué pasará si la generalidad de los usuarios tiene la SUBE? ¿Nadie pagará el ajuste? Nos permitimos dudarlo. La realidad es que “empadronando” a todos los usuarios, el gobierno decidirá quién paga el aumento y quién no.

Hay más malas noticias. Ahora resulta que en plena temporada veraniega se le acaban de quitar subsidios al gas oil y a los peajes a las empresas de colectivos de larga distancia: es sólo cuestión de tiempo para que trasladen a los precios esa quita de subsidios (para lo cual, obviamente, no hay ninguna prohibición).

Sin embargo, mucho más grave es lo que está pasando en varias provincias como Santa Cruz o Río Negro, donde se han lanzado a ejecutar despidos en masa de trabajadores estatales. Si en ambos casos han debido retroceder (pretendieron tomar por sorpresa a los trabajadores implementando las medidas en plenas fiestas), es porque los gremios estatales saltaron como leche hervida. No se trata solamente de esas dos provincias: también en Chubut, Bussi, un gobernador hasta ayer ligado a Das Neves y hoy ultrakirchnerista, ha comenzado a despedir estatales, supuestamente “ñoquis” de la gestión anterior. Y a no perder de vista que en muchas intendencias se ha comenzado a implementar un ajuste en los impuestos municipales para aumentar la recaudación de los gobiernos locales.

Las dos caras del ajuste

Se podría pensar que, en estas condiciones de ajuste generalizado de tarifas, servicios e impuestos (y precios por las nubes), al menos se podría tener el respiro del aumento salarial. No es así: el escándalo es que en este escenario de aumento generalizado (donde ganan el Estado y los empresarios privados), la política del gobierno es imponer, cueste lo que cueste, salarios a la baja en las paritarias.

Aquí el centro no es ya el déficit del Estado sino mantener la “competitividad” (léase ganancias) de los empresarios privados. Veamos esto un poco más de cerca. En los años 90, producto en el fondo del carácter general atrasado del país, la “industria nacional” se encontraba una situación competitiva muy mala. Con el peso nacional en paridad con el dólar, era muy difícil competir con los productos del mercado mundial. Para colmo, los precios de las materias primas estaban por el suelo. Conclusión: la economía entra en la crisis y depresión que todos conocemos a comienzos del nuevo siglo.

Sin embargo, con la explosión popular, el peso es devaluado. Esto coincidió con un ciclo de auge de los precios de materias primas. Estos dos vectores permitieron recuperar competitividad. Pero con la mejora generalizada (pero no estructural) de la situación económica, el desempleo cayó y la capacidad negociadora de la clase obrera aumentó. Pasados los años, la cotización del dólar comenzó a estancarse, pero los precios y salarios continuaron encareciéndose nuevamente en dólares. Con las retenciones, el gobierno intentó desligar los precios internos de los internacionales. Pero luego de su derrota con las patronales del campo en el 2008, quedó debilitado frente a ellos: les fue haciendo concesiones y el lomo llegó a los 80 pesos (o más) que pedía De Angeli. Sintéticamente: los más vitales medios de consumo popular fueron aumentando y aumentando, gatillando una inflación creciente.

Al mismo tiempo, producto de la conflictividad social del país, el salario al principio recuperó parte de lo perdido inmediatamente después de la devaluación, y luego, paritarias mediante (aun a pesar de su carácter burocrático) más o menos se mantuvo. La suma del aumento de los precios más unos salarios que de una manera u otra fueron aumentando nominalmente (en términos reales la cosa es mucho más compleja, porque los empresarios tuvieron ganancias de productividad por explotación redoblada), fueron horadando la competitividad (ganancias).

Así las cosas, las paritarias a la baja que exige el gobierno es la otra cara del ajuste que ha puesto en marcha; una cara hace a las cuentas públicas, la otra a preservar las ganancias de los empresarios.

La paradoja: ¡se viene un salario a la baja precisamente en el mismo momento en que todo aumenta! De ahí que, a pesar de que la burocracia siempre ha sido funcional a los empresarios, los gobiernos patronales y el Estado, no sea nada descabellado pensar que este año la conflictividad se va a disparar.

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Con la mira puesta en YPF

La Mañana de Neuquén - INFOSUR

El gobierno nacional tiene en carpeta un proyecto para reestatizar la principal empresa petrolera del país. El costo de compra superaría los 11 mil millones de dólares y se planea una suerte de cogobierno con las provincias.

Las eventuales consecuencias de una medida de este tipo y la importancia del Estado como regulador del sector.

Aunque quedó sólo en una anécdota, la primera señal la dio el asesor del Ministerio de Planificación de la Nación, Roberto Dromi. El otrora ministro menemista dijo estar arrepentido de la privatización de YPF y pidió, irónicamente, que se convierta en una cooperativa. La otra señal la dio La Cámpora, que publicó carteles a favor a de la recuperación de la empresa estatal. La semana pasada, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió de su convalecencia con una dura embestida contra las petroleras por la falta de inversión, lo que definitivamente creó un clima. El domingo, el matutino oficialista Página 12 publicó en su tapa la noticia de que el gobierno nacional estudia una reestatización de la firma. El lunes, la empresa acusó el golpe de los rumores y las acciones de YPF S.A. se derrumbaron un 10%.

Una fuente cercana al Ministerio de Economía de la Nación aseguró a E&E que el proyecto existe y que les fue comunicado a los gobernadores de las provincias petroleras. Se les prometió, aseguran, una suerte de cogobierno en el directorio, donde los subestados tengan voz y voto. De todas formas, durante toda la semana reinó el silencio oficial, algo que, lejos de despejar los rumores, los alimentó.

El cierre de la semana largó otra señal: el gobierno dio de baja los programas plus, en una medida que afecta directamente a YPF. La trinchera comienza a abrirse.

Barreras y beneficios

Más allá de las apreciaciones, el camino de una eventual reestatización tendrá varias barreras. La primera es la económica. Especialistas consultados por E&E aseguran que el valor de mercado de la empresa oscila ente los 11 y los 20 mil millones de dólares. El gran margen obedece a las reservas que se toman como legítimas y a la forma en que se evalúan los recursos aún no certificados. Algunos, más osados, se atreven a aventurar que podría aplicarse el capítulo de la ley de hidrocarburos que anula las concesiones ante la falta de inversiones. Como referencia, las reservas del Banco Central apenas superan los 45 mil millones de dólares. Una vez comprada la empresa, el Estado debería hacer una inyección de fondos anual de alrededor de 3 mil millones de dólares para explorar y explotar recursos en todo el país.

La otra barrera sería netamente política. Argentina posee un vasto vínculo comercial con España, que podría resentirse en caso de quitarle a Repsol uno de sus huevos de oro. Al cierre de esta edición se esperaba que el propio presidente del holding, Antonio Brufau, arribara al país para mantener una reunión con la Presidenta. El impacto sería menor para la familia Esquenazi, accionista local de la firma, que compró el 25% del paquete accionario a través de una financiación que se cubrió con las propias ganancias de la empresa. YPF es una de las pocas firmas en el país que reparte el 90% de sus utilidades, algo que también causó malestar en el gobierno nacional.

Una eventual reestatización traería, haciendo trazo grueso, dos ventajas centrales para el Estado nacional y las provincias productoras. El primero es la posibilidad de controlar un recurso estratégico en medio de un décifit energético que encendió la luz roja en la Casa Rosada. El crecimiento a tasas chinas disparó el consumo eléctrico y las inversiones en el sector no logran acompañar esa demanda. La lógica rentística del mercado le ganó a la estrategia de desarrollo. Los esfuerzos estatales para encauzar la situación tampoco fueron los deseados: la madeja de subsidios que se tejió para el sector obliga ahora a complejas ingenierías para dar marcha atrás con el menor costo posible para el consumidor. Tampoco es alentadora la importación de gas licuado de Qatar, sensiblemente más caro del que podría producirse en Neuquén si se hicieran las inversiones necesarias.

El otro, de corte más fiscal, es la captura de la renta que hoy queda en manos de las empresas. Según Diego Mansilla, autor del libro “Hidrocarburos y política energética”, entre 1996 y 2005 las operadoras y las refinerías se quedaron con el 60% de la renta petrolera. Un 30% fue para Nación vía retenciones y el 10 restante a las provincias en concepto de regalías (ver cuadro).

Impacto local

Una eventual reestatización de YPF tendría un fuerte impacto en la provincia. Se trata de le empresa más grande que opera en Neuquén y por consiguiente la que más aportes impositivos hace.

Ante las versiones, desde el Gobierno reinó la prudencia. Consultado sobre el tema en una ronda de prensa, el gobernador Jorge Sapag dijo que lo importante es debatir las inversiones y no “paquetes accionarios”.

El que sí se refirió de forma más expresa al rumor fue el ministro de Energía, Guillermo Coco. En diálogo con LU5, aseguró que “no será fácil”, un proyecto de este tipo, no sólo por el alto valor de mercado de YPF sino por las inversiones a realizar, que serán de 2 mil millones de dólares en 2012.

“Si quisieran acelerarse las inversiones, por ejemplo, en el juego no convencional, tendríamos que estar hablando de inversiones de entre 3 mil y 4 mil millones de dólares al año, mínimo”, señaló el ministro.

“Comprar una compañía de este tipo, estatizarla, no es sencillo, y hay que ver el día después qué es lo que uno hace”, remarcó.

Desde el lado gremial, directamente se desacreditaron las versiones. El secretario general del sindicato del Petróleo, Guillermo Pereyra, dijo a E&E que una reestatización es “imposible” por el precio que vale YPF. “Desde el gobierno no hay nada”, indicó el sindicalista, de llegada a la Casa Rosada.

“Yo opino que debe haber mayor control en las empresas, meterse adentro incluso, que las provincias tengan representación en el directorio. Pero que sigan en manos privadas”, enfatizó.

“No creo que el Gobierno tenga interés en sumarse al tema”, concluyó.

Petrolera nacional

La prudencia que tienen los actores locales se reproduce en el ámbito académico. De todas formas, especialistas consultados por E&E se mostraron entusiasmados con la idea de una eventual vuelta al Estado.

“Tenemos que desmalezar el tema”, desafió el economista del Grupo Moreno, Félix Herrero. Crítico del gobierno nacional, aseguró que lo más importante de los rumores es que instalan el tema en la agenda pública.

“En octubre del año pasado, The Economist sacó una lista de las 20 principales empresas del sector. De ellas, 16 son estatales, una mixta y tres privadas (Exxon, Shell y BP, que están entre los últimos lugares). Esto es todo una señal”, sostuvo el especialista.

“Necesitamos una empresa federal, que las rentas lleguen a la provincia. El dominio nacional debe ser coparticipado con las provincias”, detalló.

Con el mismo foco, el especialista de la Fundación Bariloche, Víctor Bravo, sostuvo que “YPF no debió haberse regalado nunca”.

“Una empresa estatal no tiene que distribuir beneficios. El año pasado, la distribución de beneficios de YPF fue mayor a lo que destinó a la exploración. Esto lo hizo para reponer el préstamo que le hizo a la familia Esquenazi para la compra de acciones”, explicó.

“Si existiera una empresa petrolera estatal, podría planificarse. Significa que aún con un margen de error, se pueda hacer lo que se tenga que hacer para que no falte petróleo o haya capacidad de refinación”, remarcó.

Consultado sobre qué modelo de empresa encarar, si una mixta o una netamente pública, señaló que “no hay nada que pensar: un modelo como el de la vieja YPF”. “Habría que hacer una empresa donde las provincias con su potestad de manejo se unieran junto a Nación, en un directorio compuesto, y esa empresa federal fuera la que explotará el petróleo”, concluyó.

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Malvinas: Veteranos abandonados a su suerte y soldados argentinos desaparecidos

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)
El show de la Presidenta Cristina Fernández sobre las Malvinas -ante un auditorio políticamente variopinto- es una simple cortina de humo para intentar ocultar la entrega sistemática –que ya lleva muchos años- del patrimonio nacional.

La Presidenta debería saber que del Consejo de Seguridad, controlado por las grandes potencias que no se destacan precisamente por la defensa de la soberanía e integridad territorial de los pequeños países, no obtendrá absolutamente nada.
En cuanto a las Malvinas, el Gobierno argentino podría empezar por ocuparse REALMENTE de los veteranos.
Y también pedir cuentas a Gran Bretaña por los soldados argentinos DESAPARECIDOS durante la guerra y pedir la intervención de la Agencia Central de Búsquedas de la Cruz Roja Internacional a ese respecto.
En 1997 acompañé a la sede de la Cruz Roja Internacional en Ginebra, donde se entrevistaron con una funcionaria, a los padres de un soldado argentino desaparecido: Claudio Norberto Scaglione, hecho prisionero por los ingleses, según el testimonio de otro soldado argentino, en la acción de Monte Longdon, que tuvo lugar entre la noche del 11 y la madrugada del 12 de junio de 1982.
Y el primero de abril de 1998 denuncié ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la pasividad de los gobiernos inglés y argentino que ya entonces no hacían nada para intentar esclarecer la suerte de los soldados argentinos desaparecidos.

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Argentina: Las cárceles argentinas, ni sanas ni limpias y muy mortificantes

Irina Santesteban (LA ARENA)

Las muertes de internos y las continuas denuncias de malos tratos y torturas en las cárceles, deberían llamar la atención de un gobierno que ha hecho de la defensa de los derechos humanos una política de Estado.

El artículo 18 de la Constitución Nacional consagra las garantías de la defensa en juicio, la inviolabilidad del domicilio, la supresión de la pena de muerte y los azotes. A la vez establece que las cárceles deben ser "sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas", haciendo responsable a los jueces por los derechos de los presos.

La realidad en Argentina es muy diferente y resulta un contrasentido que un gobierno que es vanguardia en cuanto al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, en América Latina y en el mundo entero, no dedique mayores esfuerzos para mejorar las condiciones de los detenidos en prisiones y comisarías.

En la provincia de Buenos Aires, quizás la peor en cuanto a situación carcelaria, se creó en 2003 el Comité contra la Tortura, dentro de la Comisión por la Memoria, ésta última integrada por personalidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos. El Comité elabora todos los años un meticuloso informe sobre la situación en cárceles y comisarías, denunciando todos los casos de torturas y apremios ilegales que llegan a su conocimiento.

Antesala a la muerte

La superpoblación carcelaria con su consiguiente hacinamiento, la lentitud de los procesos judiciales, las malas condiciones de los establecimientos penitenciarios, agravan una situación que de por sí es conflictiva, tal la de personas encerradas por haber cometidos delitos de distinta gravedad. Pero si a esa situación explosiva se le agrega el constante maltrato y las vejaciones que casi sin excepciones se aplican como políticas carcelarias, se explican las continuas muertes que todos los años se producen en las prisiones argentinas.

Según el Comité contra la Tortura, en 2009 murieron 117 personas en las cárceles bonaerenses. En 2010 fueron 133 y desde enero a octubre de 2011, últimos datos difundidos, las muertes ya eran 90. En el mismo sentido, el Banco de Torturas de la Defensoría de Casación bonaerense, informó que en 2011 se formularon 223 denuncias de torturas o tratamientos crueles en cárceles y comisarías de la provincia, 67 de ellas contra menores de edad.

También se tortura

Las denuncias demuestran que a pesar de las condenas a los genocidas de la dictadura, las torturas continúan siendo las mismas que las que se practicaban sistemáticamente en los centros clandestinos de detención, que funcionaron en todo el territorio nacional desde antes del golpe de Estado militar del 24 de marzo de 1976. Así se ha denunciado que se aplica a los prisioneros el "submarino seco" (bolsa de nailon en la cabeza) o "húmedo" (introducir la cabeza del detenido en un tacho con agua o con líquidos inmundos); se tortura con picana eléctrica; se mantiene al prisionero en celdas de aislamiento durante más tiempo del que se considera como el límite a sus derechos, incluso desnudo en época invernal; se aplican golpizas con bastones de madera o goma maciza hasta producir lesiones que, en el mejor de los casos, serán mal atendidas en algún hospital, donde el preso deberá permanecer esposado a su cama. En muchos casos, las heridas se "curan solas" en las prisiones.

Roberto Cipriano García es el director del Comité contra la Tortura de la provincia de Buenos Aires. Para este abogado, la tortura "es una práctica sistemática en el Servicio Penitenciario Bonaerense y también de la policía bonaerense. Existen patrones estructurales de violación a los derechos humanos en personas privadas de su libertad. Esto se agrava por la ineficacia de la Justicia para controlar y sancionar a los responsables y la insuficiencia de mecanismos de prevención" (Miradas al Sur, 5/2/2012).

Paliza mortal

La denuncia de familiares de presos que están alojados en la Unidad 46 de San Martín al secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de ese partido bonaerense, Juan Manuel Casolati, luego que un grupo de penitenciarios propinaran una feroz paliza al detenido Patricio Jonathan Barros Cisneros provocándole la muerte, a la vista de las visitas y de su propia esposa, es una evidencia más de la situación que se vive en las cárceles argentinas.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Comité contra la Tortura ingresaron a ese penal luego de la denuncia y corroboraron los dichos de los familiares, desmintiendo la versión oficial, de que el preso se había "autoagredido" hasta provocarse la muerte. La columna del periodista Horacio Verbitsky en el diario Página 12 del pasado domingo 5, tuvo como centro la denuncia de ese hecho.

La esposa de Barros Cisneros, una joven embarazada de 18 años, denunció que la golpiza se la dieron porque pidió una pieza privada para tener una visita íntima con ella y que lo golpearon unos 10 efectivos penitenciarios mientras estaba en el piso esposado.

Scioli vs. Mariotto

Las diferencias en las políticas de seguridad y penitenciarias ha producido una clara división entre el gobernador Daniel Scioli y el vicegobernador, Gabriel Mariotto. Scioli es un defensor de las políticas de "mano dura" y en reiteradas oportunidades se ha pronunciado a favor de disminuir la edad de imputabilidad de los menores. Mariotto, en cambio, participó el viernes de la semana pasada de un acto en el asentamiento La Cárcova, en José León Suárez, en el partido de San Martín, para recordar el asesinato de dos jóvenes, hace un año, por parte de efectivos de la policía bonaerense.

En los últimos dos años, seis presos fueron quemados en la cárcel de Marcos Paz, dos de ellos murieron y otros dos, menores de 21 años, se encuentran internados en gravísimo estado. En muchos de estos casos, las víctimas son denunciantes del Servicio Penitenciario, por malos tratos o por constituir mafias que obligan a los presos a salir a robar.

La complicidad de la Justicia con estos hechos es innegable, son excepciones los jueces y defensores que investigan estos hechos, y en la mayoría de los casos, se llega a algún resultado luego de que se produzca algún hecho trágico como motines, o incendios donde mueren o son lesionados los internos.

En Corrientes, la Comisión de Derechos Humanos denunció recientemente la golpiza que recibió un preso de la Unidad 6 del Servicio Penitenciario correntino, Raúl Abel Sánchez, quien hoy se encuentra en estado de coma. La paliza la sufrió Sánchez en medio de la represión a un supuesto motín producido cuando un interno se habría negado a una requisa y luego habrían "atacado" al personal penitenciario.

Esa versión sobre las "autolesiones" o los "autoincendios" de colchones, o los supuestos "ataques" de los internos a los penitenciarios, se repiten en cada uno de estos trágicos hechos, que siempre terminan con muertos y heridos, siempre del bando de los presos.

No mirar para otro lado

La sociedad debe hacerse cargo de este problema, aunque la responsabilidad principal sea del Estado, y de su falta de actuación para sancionar severamente a los responsables y disponer políticas de contención al interior de las cárceles, para que se haga realidad el precepto constitucional de que deben ser "para seguridad y no para castigos de los reos".

La ministra de Seguridad de la Nación, Dra. Nilda Garré, como parte de una política de Estado, debería promover una profunda reforma tanto policial como penitenciaria para que nunca más haya casos de torturas y malos tratos a los detenidos, ni en las cárceles ni en las comisarías. La política penitenciaria debería promover el trabajo y el estudio al interior de las prisiones, para que no sean verdaderas "escuelas de delincuencia y violencia" como son actualmente.

El ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, ex alcaide durante la dictadura, es responsable de la situación deplorable en que se encuentran los detenidos y de las continuas muertes que han denunciado desde la Comisión de la Memoria. Su renuncia debería estar ya en el escritorio del gobernador Scioli.

Además, tal como lo dispone la Constitución Nacional, es innegable la responsabilidad de los jueces y demás funcionarios judiciales que permiten, por omisión u acción, estos hechos, y que no investigan las denuncias que les hacen los presos. Por mandato constitucional y por mal desempeño, debería promoverse su destitución.

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Argentina, Formosa: La violencia interminable contra los Qom

AGENCIA WALSH - ACTA

El joven Juan Carlos Díaz, sobrino de Félix, recibió una cuchillada en su brazo izquierdo, teniendo que ser atendido en el Hospital Central. El ataque se produjo el pasado sábado 4 en la Comunidad la Primavera, cuando dos sujetos en moto sin mediar palabra hirieron al qom y se dieron a la fuga. Reproducimos texto difundido por la Comunidad.

Informamos a la opinión pública que a las 22.45 horas del Sábado 04/02 recibimos una llamada urgente de la Dra Mariana Kohan (Abogada - Min. Público de la Defensa -Bs As) Solicitando la colaboración de Amra Formosa y su Foro Médico Ciudadano para averiguar sobre el estado de Salud del joven qom Juan Carlos Díaz (fn 15/07/1993), sobrino del Cacique Félix Díaz que había sufrido una herida de arma blanca.

Concurrimos de inmediato al Hospital Central y comprobamos que había sido solícitamente asistidos por los médicos del Servicio de Emergencias que constataron herida cortante en brazo izquierdo ("un puntazo") que aunque profundo no daño la arteria humeral, ni el húmero, ni los nervios (mediano, radial y cubital) de la zona.

Permanece internado en la Sala de Cirugía donde pudimos conversar con el paciente, Juan Carlos nos relató que mientras caminaba por un sendero de Colonia "La Primavera" se cruzó con dos sujetos que venían en una moto en sentido contrario y sin mediar palabra "le asentaron una cuchillada" y se dieron a la fuga.

Nos sumamos a la Organización de Derechos Humanos (Serpaj, Apdh, Abuelas de Plaza de Mayo, Defensoría del Pueblo) que condenaron esta violencia interminable con el pueblo QOM y remitieron una carta a los Ministros de Seguridad, Interior y de Relaciones Exteriores de la Presidente Cristina Fernández exigiendo la intervención del Estado Argentino para brindar garantías a la comunidad Toba y su líder como se lo reclaman desde las Naciones Unidas (ONU) .

Nuestro agradecimiento a los médicos y enfermeras del querido Hospital Central por la asistencia y la contención del joven Qom.

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Mensaje a Directivos y Accionistas de la Osisko Mining Corporation

Jesús Matías Filomeno Ocampo (ACTA)

La lucha del pueblo de Famatina, silenciada por la prensa riojana y “demonizada” por ustedes y nuestros gobernantes, ha logrado difusión y apoyo a nivel nacional e internacional que brotan como las vertientes de agua del cerro Famatina. El mundo todo sabe ahora que no somos cuatro gatos locos, que somos el pueblo; los dueños. A ustedes que vienen de la mano del gobernador Herrera y de la presidente Cristina Fernández Viuda de Kirchner, a ustedes les digo: ¡No tocarán nuestro cerro Famatina!.

“El majestuoso Famatina, atesora una riqueza incalculable no sólo por los valiosos metales que guarda en sus entrañas, que fueron, son y serán la tentación del hombre por explotarlos en todas las épocas, desde las culturas originarias hasta nuestros días”.

Así se expresa Don Julio Florencio Perafán que agrega:”sino también por el caudal de agua que recoge en las múltiples tormentas de agua, granizo y nieve que se producen durante el año cuando se presenta de impactante belleza. Regocija nuestro espíritu, fortalece nuestra esperanza, porque es la vida misma que nos brinda, se prodigará en vertientes y arroyos de cristalinas aguas, alimentando al inmenso valle de Chilecito, ¡Agua Pura! Que como un don del cielo ¡Un regalo del Altísimo! Penetra parte de ella en los más profundo de la tierra, para luego ser extraída y distribuida en toda la población que la necesita y para la vasta y generosa producción agrícola-ganadera.”

En su poema “El Agua de la Acequia ”, el poeta sañogasteño Alberto G. Ocampo dice refiriéndose a la nieve derretida del Famatina: “viene líquida, entre riscos, corrediza, como aguja / que, enhebrada con los hilos de su propia fluidez, / mientras salta, se hunde y puja, / hilvanara los terrenos donde el sol, máquina bruja, / coserá un vestido verde de nativa sencillez”. Y la describe ya canalizada y distribuida por las acequias a cada rincón de nuestros sembradíos: “A su paso fugitivo y penetrante se reanima la floresta: / surge el brote, triunfa el germen y revientan los capullos…”.

Así es miembros de la Osiko: El Famatina, desde el fondo de nuestra historia, es la montaña que nos da la vida a las personas que vivimos en el Valle Famatina Antinaco, al este de su portentosa figura, con una longitud Norte-Sur de 200 km , ancho en la base Este-Oeste de 30 km, profundidad de subsuelo de 10 km y 7 km de altura. Hacia el oeste, da vida a las personas que viven en el Valle del Bermejo. El 40% de la población riojana vive aquí. El 100% del agua de la provincia de La Rioja nace aquí. Las lluvias aportan sólo 180 milímetros anuales. El caudal promedio del acuífero del Famatina es de 782 litros de agua por segundo Ustedes usarían entre 1.000 y 50.000 litros de agua por segundo mezclada con cianuro después de reducir a polvo nuestros cerros para ROBARNOS nuestras múltiples y cuantiosas riquezas minerales. ESO NO.

- Conozcan un poco de historia. En 1973, Carlos Saúl Menem, gobernador de La Rioja , Argentina, declaró de interés provincial la explotación minera de un área de 45 kilómetros cuadrados del cerro Famatina. Para ello creó la Sociedad del Estado Yacimientos Metalíferos Riojanos (YAMERI S.E.).

En 1989, habiendo sido elegido Menem presidente de La Nación , el gobernador interino Luis Beder Herrera, en presencia del gobernador electo Bernabé Arnaudo, presentó al Secretario de Minería Ángel Maza quien llamó a licitación nacional e internacional para explotar los minerales del Famatina. Para ello se crea Yacimientos Mineros Riojanos Sociedad de Economía Mixta (YAMIRI SEM)

En 1994, el presidente Menem impulsa junto al Ministro de Economía Domingo Cavallo y al Secretario de Minería Ángel Maza, la aprobación por parte del Congreso Nacional del régimen legal que regula las actividades mineras. Este régimen otorga beneficios excepcionales a las empresas multinacionales y es muy perjudicial para nuestro país. Lamentablemente es mantenido, con más beneficios para las empresas, por la administración kirchnerista, hasta nuestros días. La Rioja aceptó este nefasto régimen legal.

En 2004 el gobernador riojano Ángel Maza firma un convenio con la empresa canadiense Barrick Gold. Lo hace a través de una empresa Yacimientos Mineros Riojanos Sociedad Anónima (YAMIRI S. A.) Es así que la propiedad de los recursos mienros otorgados por la Reforma de la Constitución Nacional en 1994 al pueblo riojano, es robada por una sociedad anónima.

En 2006 se inicia en Famatina la oposición popular a la minería a cielo abierto. Nace allí la Asamblea de Ciudadanos Autoconvocados por la Vida. Estas Asambleas se multiplican por toda la provincia y se integran a la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) a nivel nacional. No tienen organización institucional, no tienen jefes, no importan las pertenencias políticas partidarias, ni religiosas, ni raciales ni el nivel cultural de sus miembros. Sus integrantes tienen un solo interés: Defender el agua que es la vida de los seres humanos, de la flora y de la fauna en el territorio irrigado por el cerro Famatina, la montaña que nos da la vida. Sus principales consignas son: “El agua vale más que el oro”; “Mentira, la minería responsable no existe”; “El Famatina no se toca”.

En 2007, el vicegobernador Luis Beder Herrera en su afán de destituir al gobernador constitucional Ángel Maza, impulsa la sanción de tres leyes que se aprueban por unanimidad en la legislatura unicameral de La Rioja el 8 de marzo: 1) la 8137, prohibición de la minería a cielo abierto con lixiviación por cianuro y/u otras sustancias tóxicas; 2) la 8138, convocatoria a Consulta Popular vinculante para el día 29 de Julio de 2007 para ratificar la 8137 en Chilecito y Famatina y 3) la 8139, creación de una Comisión investigadora con el fin de aclarar todo lo relacionado con el Contrato de Exploración suscripto entre Yacimientos Mineros Riojanos (YAMIRI) S.A. y la Barrick Exploraciones Argentina S.A. y el esclarecimiento de los pasos que se siguieron para que el Estado fuera transfiriendo sus derechos mineros de una Sociedad de Economía Mixta a una Sociedad Anónima”.

Ese mismo día de 2007, histórico ya, el pueblo de Famatina, con el apoyo del intendente local Lídoro Leiva, cortó el acceso a la mina en La Peña Negra. Esta gesta popular inició un proceso que culminó con el retiro de la Barrick Gold enviada por Maza y Kirchner. Se repitió así la historia de 1827 cuando el riojano General Juan Facundo Quiroga echó a los ingleses de la “River Plate Mining Corporation” enviados por Rivadavia. Y en 2011 echamos a los chinos enviados por Herrera y Cristina Fernández Viuda de Kirchner.

- Conozcan a las personas con que negocian: Luis Beder Herrera, candidato a gobernador en 2007, no se cansaba de repetir en todas las tribunas y en privado: “Yo estoy en contra, en contra de que puedan dañarnos el agua y la tierra. Estoy en contra. No tenemos derecho nosotros los gobernantes, no tenemos ningún derecho a entregar por el 3%, por el 2%, por el 1%, por el 4%, esa riqueza que es de la gente, es de toda la provincia. El Famatina no tiene agua para la minería”. Ya sé, ¡ustedes no me creen! Entonces vean y escuchen esto y mucho más en la página http://www.youtube.com/watch?v=0fc-....

Herrera, ya gobernador, ignoró la Ley 8138 violando impunemente sus deberes como funcionario público y derogó la 8137 y la 8139, traicionando a los pueblos de Famatina y Chilecito. Y esa traición se agiganta desde el momento en que se convierte en un firme impulsor de la minería a cielo abierto habiendo firmado el 31 de agosto pasado un convenio con ustedes, miembros de la Osisko Mining Corporation, para posibilitar la destrucción territorial, el saqueo, la contaminación, la muerte de flora y fauna, la destrucción de nuestras actividades agropecuarias, turísticas e industriales y la desaparición de nuestro comercio internacional.¡A ustedes esto no les importa ya que los único que les interesa son nuestros minerales! Lean por favor la página: http://www.clarin.com/opinion/Rioja....

- Conozcan a los miembros de las asambleas: Somos ciudadanos pacíficos, respetuosos y orgullosos de pertenecer a nuestro país en el que impera el sistema representativo, republicano y federal, en el que el disenso constructivo es posible, en el que la resistencia a políticas equivocadas es un derecho constitucional. Y estamos orgullosos de los aportes que hicieron nuestros mayores a la grandeza de nuestra Patria y orgullosos de nuestra historia, de nuestras bellezas territoriales y de nuestra cultura.

Y tenemos memoria. Tenemos memoria de que con la tecnología de las carabelas, la pólvora y el caballo, los españoles nos sometieron y se llevaron todas nuestras riquezas, sin desmerecer la imposición del idioma, la estructura legal y la religión. Tenemos memoria del saqueo y el despojo de nuestras riquezas del nuestro majestuoso cerro Famatina realizado por los incas, mejicanos, franceses e ingleses.

Somos investigadores. Y hemos estudiado la tecnología de la minería a cielo abierto. Conocemos la Declaración de Berlín. Sabemos que el presidente francés prohibió esta minería en la Guayana francesa. Sabemos lo que pasó en California. Sabemos que la Comunidad Europea rechaza esta tecnología. Sabemos que en 1992 el pueblo de Esquel gritó al mundo el PRIMER NO en nuestro país. Sabemos que hay siete provincias argentinas que la prohibieron en sus territorios. Sabemos que ustedes quieren comprar la Licencia Social en connivencia con nuestros gobernantes y sus secuaces corruptos, déspotas, mentirosos y traidores. Conocemos su metodología basada en la compra de conciencias y de los medios de difusión.

De nada les servirá el suplemento de 12 carillas tamaño diario que pagaron al diario de la capital riojana “El Independiente” el 30/01/2012: “Todas las respuestas necesarias”. Seguirán ustedes pagando solicitadas, dádivas circunstanciales y sueldos en negro por mucho tiempo sin convencer a nadie. Simplemente porque un pueblo que no se vende no puede ser comprado. Y aunque digan que no trabajarán mientras no tengan la licencia social del pueblo riojano, no les creemos. Y seguirán perdiendo puntos sus acciones en la bolsa, porque todo el mundo sabe que el 26/01/12, quince mil personas en la Plaza 25 de Mayo de La Rioja le dijeron no a la minería a cielo abierto pidiendo la derogación del convenio con ustedes y la derogación del régimen legal minero menemista-kirchnerista.

Hacemos a ustedes responsables de las consecuencias de la violencia, de la criminalización de la protesta social y de la agresión, ejercidas vilmente desde el poder totalitario y hegemónico que detenta el gobernador Herrera que traiciona a su pueblo y a su historia, financiados con el dinero que ustedes aportan.

Que les quede claro a todos los miembros de la Osisko Mining Corporation : Nuestros recursos son ¡nuestros! No tendrán ustedes nuestra lciencia social para la minería a cielo abierto en nuestras tierras. Un solo interés nos anima: Defender el Famatina que es defender el agual, la vida y el futuro de nuestas hijas y de nuestros hijos.

Jesús Matías Filomeno Ocampo es Ingeniero en Telecomunicaciones. Asamblea de Ciudadanos Autoconvocados por la Vida de Chilecito (La Rioja).

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Los pibes riojanos

Carlos Del Frade (APE)

-Ahora lo que estamos buscando es recuperarle la moral a mi hijo Pablo. Mientras tanto veo cómo recupero el dinero que entregamos. Ojalá que esta gente no le haga peor a otros, que haya justicia, que pague por la estafa que hizo – dice Pablo Pizarro, desde Sañogasta, una pequeña localidad riojana muy cerca de Chilecito, uno de los epicentros de la lucha en defensa del Famatina.

Pero Pablo defiende otros recursos naturales, la suerte de los pibes que, como uno de sus hijos, son engañados con la promesa de jugar al fútbol y llegar a primera división muy lejos de sus tierras y hasta les hacen creer que estarán junto a Lionel Messi en el Barcelona.

La cancha chica del fútbol explica la cancha grande de la historia del presente, de la realidad.

Un tal Marcos Rodríguez llegó hasta aquellos parajes del noroeste argentino diciendo que representaba a la Fundación Lionel Messi y que probaba jugadores que luego integrarían los plantes de Ñuls y Renato Cesarini, de Rosario.

Como suele suceder, la promesa obtura las conciencias críticas.

Es una fenomenal herramienta política que sirve para ocultar verdaderas intenciones.

La promesa de un futuro mejor nunca pierde vigencia y sus efectos son devastadores.

Pasa en la cancha chica del fútbol, sucede en la cancha grande de la realidad.

Durante meses, casi una docena de pibes que tienen no más de diecisiete años fueron llevados a la Cuna de la Bandera previos pagos de cuotas que variaban entre los 5 mil y 20 mil pesos en concepto de mantenimiento y que pagaban sus familias.

Hasta que en enero de este año, el empresario les dice a los padres que los chicos serán llevados a River Plate pero que, como garantía, tenían que depositar otros 7 mil pesos más.

La familia de Pablo ya no tenía un peso y estaban endeudados. Su padre es monotributista y tiene empleos temporales.

Llegado ese momento, aparece un llamado de su hijo (también llamado Pablo): “Papá, no mandes más dinero. Estoy trabajando en una pizzería y me amenazan si denunciamos que vivimos en una pocilga”, le advirtió del otro lado de la línea. El lugar donde dormían era una pensión sucia y con menos con lo mínimo para calificarse como digna, ubicada en calle Tucumán al 2600, en el macrocentro rosarino.

-Está muy bajoneado, muy desilusionado. Dejó la escuela por este sueño de jugar en primera y ahora no quiere volver a jugar al fútbol. De a poquito lo vamos a recuperar entre todos. Y espero que se haga justicia para no estafen más gente – le dice Pablo Pizarro a este cronista, mientras piensa cómo empatarle al fin de mes porque debe mantener a una familia compuesta de seis hijos en total.

Así funciona el sistema a través de uno de sus principales flujos de dinero e impunidad como es el fútbol.

Explotan a los pibes, los engañan y cuentan con la complicidad de una batería de profesionales de la contabilidad y las leyes para que el negocio nunca se termine.

¿Cuántos pibes habrá en las mismas condiciones que estos chicos riojanos?

¿Cuántos empresarios futbolísticos estarán recorriendo en estos mismos momentos las distintas provincias para estafar a decenas y decenas de familias como los Pizarro?

Y detrás de esta explotación, aparece una pauta cultural que exhibe la ferocidad del capitalismo: salvarse a través de los cuerpos de los chicos y las chicas. Como futbolistas o vedettes.

La explotación del territorio más frágil que tiene el país, el cuerpo de nuestros pibes, primer y último recurso natural que también es saqueado en homenaje de los dioses que sacrifican lo humano en el altar del dinero y la promesa de un futuro mejor.

Ojalá que la denuncia de los padres riojanos funcione de manera parecida a los que pelean por el Famatina.

Que tomemos conciencia que los pibes no se tocan, que los pibes no deben ser explotados.

Para que alguna vez los ganadores, en la cancha grande de la realidad, sean las mayorías y no las minorías del privilegio.

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Argentina: 8 de Febrero, comienza el juicio oral contra Carlos Olivera, dirigente del SITRAIC

ANRED

Hoy comenzó el juicio oral contra Carlos Olivera, dirigente del SITRAIC y preso político por una causa armada hace más dos años. En diálogo con ANRed, el secretario general de SITRAIC, Víctor Grosi, afirmó: “Carlos tiene el ánimo de un militante. Y un militante está preparado para todo. La tranquilidad de él es que afuera vamos a hacer todo. Hicimos todo y vamos hacer todo para sacarlo de la cárcel”. Asimismo, analiza el aspecto jurídico y político que implica el juicio contra Olivera y por qué es necesaria la construcción de un sindicato independiente de la UOCRA, a la que se refiere como “un sistema absolutamente parapolicial donde no existe ni la mínina posibilidad de representación de los trabajadores en su primera instancia, que es el delegado”.

Carlos Olivera -miembro de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC) y militante de Convergencia Socialista- está preso hace más de dos años por una causa armada, en la que se lo acusa de “intento de homicidio”.

Cabe destacar que el SITRAIC está enfrentado a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), cuyo Secretario General, Gerardo Martínez, ha sido denunciado como personal civil de Inteligencia del Batallón de Inteligencia 601 en el período 1976/1983, durante la última dictadura militar

Cómo sucedieron los hechos

El 15 de Diciembre del 2009, Olivera, junto a un grupo de compañeros, se dirigió a una obra en construcción en Lomas de Zamora, donde los trabajadores solicitaron la presencia del SITRAIC, ya que tenían problemas con el pago de sus haberes. Allí se realizó una asamblea y se decidió el cese de actividades. Mientras se firmaba el acta correspondiente, el empresario se comunicó para avisar que arribaría al lugar para solucionar el conflicto.

La gran sorpresa fue que mientras los obreros esperaban, llegaron al lugar dos grupos de la UOCRA, que venían enfrentándose hace tiempo, y comenzaron los golpes y los disparos.


Buscando refugio, Olivera corrió hacia Lomas Centro e ingresó al Banco Nación, donde fue golpeado por integrantes de la patota de la UOCRA. Cuando intervino la policía, Carlos, debido a las heridas, fue trasladado al Hospital Gandulfo, y al mismo tiempo quedó detenido, acusado de haber disparado contra una persona.

Actualmente, Olivera permanece preso en la Unidad 45 del Penal de Melchor Romero a la espera del juicio oral y público que comenzará mañana, 8 de febrero, a las 8hs, en los Tribunales de Lomas de Zamora, Camino Negro y Larroque. Su defensa está a cargo de Eduardo Soares y de Juan Carlos Yaggi, de la Asociación Gremial de Abogados. Las próximas jornadas del juicio serán los días 9, 10, 13 y 14 de febrero, mientras que el 15 de febrero se llevarían adelante los alegatos.

Desde su encarcelación, diferentes gremios, organizaciones sociales, partidos políticos y organismos de Derechos Humanos han denunciado el armado de la causa y por qué Olivera es un preso político, al tiempo que han exigido su libertad. En este sentido, mañana, desde las 8hs, se prevé una concentración en los Tribunales para manifestar solidaridad y apoyo al dirigente de SITRAIC.

Foto: Carlos Olivera

Entrevista a Víctor Grosi, Secretario General de SITRAIC

- ANRed: ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que implica el juicio a Carlos Olivera?

- Víctor Grosi: Hay dos aspectos que analizamos. Por un lado, el aspecto jurídico. El SITRAIC, en cada una de las declaraciones, va a presentar pruebas de que evidentemente si hay un herido que quedó cuadripléjico quiere decir que hubo un enfrentamiento. Si el SITRAIC no tiró, ¿quién tiró? Nosotros tenemos la prueba de que había dos grupos de la UOCRA que estaban en puja, porque no solo se había producido ese hecho sino que había habido un tiroteo en el que hubo tres heridos en Claypole, un herido y un muerto en Banfield, y un tiroteo en Camino Negro. Eso pasó ese día: cuando los compañeros de SITRAIC se iban retirando porque llega toda esta banda de la UOCRA, llega otro grupo y ahí se produce el tiroteo. Vamos a dar pelea porque tenemos pruebas. Estamos tranquilos porque no hemos mentido.

Respecto al aspecto político, es una instancia difícil, complicada. El gobierno tiene una nave insignia, Gerardo Martínez, a pesar de la denuncia de que fue personal civil de inteligencia del Batallón 601 y de que ingresó a la UOCRA en el año 78. Esa denuncia la realizó el SITRAIC, junto con otros, el 12 de julio del 2011, una información que ya existía a partir del 15 de febrero de 2010 y que la tenía la Secretaría de Derechos Humanos. El gobierno está metiendo la mano en el tema de la justicia precisamente en el tema de Martínez. En un primer momento habían confirmado que sí, que estaba dentro del listado de personal de inteligencia del Estado, y sospechosamente el 28 de diciembre dijeron que había sido parte de este personal civil desde el 81... Como si ese trabajo se consiguiera por el diario y que no estaría por lo tanto involucrado en la desaparición de personas. Pero, evidentemente, él está desde 1978 en la UOCRA, como está probado y es público
Uno de los grandes defensores de Gerardo Martínez ha sido el Secretario de Derechos Humanos de la Nación. A nosotros nos atendió el subsecretario y no hicieron nada. Nosotros decimos que hay una connivencia entre Gerardo Martínez y el Secretario de Derechos Humanos. Y saldrá a la luz.
En el aspecto político entran las paritarias y un aumento del 20%. ¿Por qué es importante para el gobierno que Gerardo Martínez llegue a la firma de esa paritaria? Porque si analizamos que, en los sueldos de la industria, la construcción es la de mayor retraso salarial, hoy está en 2400 pesos, un 20% significaría 500 pesos más, que incide directamente en el plan de obras públicas que está basado en este sistema de trabajo con bajos salarios, precarizados, con trabajo en negro.
El gobierno está tratando de sostenerlo precisamente porque para ellos es una nave insignia, es un millón doscientos mil trabajadores la construcción. A ellos no les importa si están afiliados o no, si están en negro o en blanco, sino que lo que significa fundamentalmente poder hacer, por un lado, obras públicas sin que afecte su presupuesto y, por otro, el desarrollo inmobiliario a bajo costo.

- ANRed: ¿Qué implica en este contexto la creación de un sindicato enfrentado a la UOCRA?

- Víctor Grosi: La posibilidad de construcción de un sindicato independiente es la posibilidad de los trabajadores. En el caso de la construcción, hay muchos compañeros que están peleando las estructuras sindicales, desde adentro, desde las comisiones internas. La construcción es un sistema absolutamente parapolicial donde no existe ni la mínina posibilidad de representación de los trabajadores en su primera instancia, que es el delegado. El delegado es impuesto. Llega la UOCRA y dice: “Este es el delegado de ustedes” y que en realidad oficia de gendarme de la patronal.
Hay muchísimos casos. Capital es un ejemplo. Acá se hizo Puerto Madero que hoy vale 6 mil dólares el metro cuadrado con trabajadores cobrando el básico. Entonces, ¿cuál es la relación de esos 6 mil con la mano de obra? Es una moneda.
Para sostener esa explotación, se armó un sistema parasindical que lo que se encarga es de reprimir cualquier atisbo de representación y de desarrollo.
Nosotros, el SITRAIC, estamos en la última instancia. Hemos terminado toda la etapa administrativa en el Ministerio del Trabajo, que dice que ya estamos en condiciones de afiliar. Falta una sola cosa: la firma de Carlos Tomada. Nosotros tampoco decimos que desaparezca la UOCRA. Nosotros decimos que los trabajadores elijan.
En este proceso, en este juicio y en este momento, es un tremendo problema para el gobierno y para Gerardo Martínez porque no es solamente el hecho de que hay un trabajador, que fue toda la vida trabajador de la construcción, detenido, sino que en definitiva con la detención de Olivera se marca el sistema de rehén y de detención sobre todos los trabajadores de la construcción.


- ANRed: ¿Cuál es el ánimo de Carlos para enfrentar el juicio?

- Víctor Grosi: Carlos tiene el ánimo de un militante. Y un militante está preparado para todo. Y la tranquilidad de él es que afuera vamos a hacer todo. Hicimos todo y vamos hacer todo para sacarlo de la cárcel. Su familia también lo ha acompañado. Él está preparado, es un hombre acostumbrado a contingencias difíciles, no ha sido fácil la vida para él. También puede salir mal porque en el poder judicial la venalidad es muy alta. Estamos en las instancias definitivas.

- ANRed: ¿Cómo evalúan la solidaridad recibida desde otros sectores?

- Víctor Grosi: Para nosotros ha sido maravilloso. La solidaridad de organizaciones, de partidos políticos, de acompañar, de ayudarnos, de darnos una mano, de estar en las movilizaciones. Lo que nosotros estamos viviendo es fundacional.
La famosa ley de Asociación de Profesionales dice que los trabajadores son del sindicato y nosotros cometemos la terrible imprudencia de decir que el sindicato es de los trabajadores. Estar acompañados por tantos compañeros fortalece muchísimo y da una posibilidad no solamente a los trabajadores de la construcción de capital y del Gran Buenos Aires, sino del interior, donde se vienen dando procesos muy fuertes, con mucha violencia, con mucha persecución, los dejan sin trabajo, los persiguen. En Lomas de Zamora, en las obras que nosotros hemos normalizado, hay delegados elegidos por los trabajadores, pueden entrar libremente; pero en otro lado, no. Si son detectados como de determinada tendencia política, o que pertenecen a una agrupación, son echados.

- ANRed: Muchas veces se habla de lucha desigual, por la burocracia, por los gobiernos, pero que no está perdida.

- Víctor Grosi: No está perdida, obviamente. Entre 1904 y 1916, en la época del sindicalismo revolucionario, de los anarquistas, de sindicatos que lograron huelgas generales, al igual que esos años, estamos en una instancia fundacional con respecto a la organización de los trabajadores. Por más que parezcan fuertes las burocracias, están enclavados en su dependencia absoluta del Estado y del saqueo que hacen de los bienes y el dinero de los trabajadores.
Pero están replegados en la última instancia: necesitan estatutos que no pasan la Constitución Nacional. Es más democrático el Código Electoral. Los estatutos fueron perfeccionándose para que los tipos se queden a vivir para siempre dentro del sindicato. Pero esa realidad se va agotando. El gobierno le habrá podido dar la libertad a Zanola, intentará salvar a Gerardo Martínez, o a Lescano, pero todos sabemos quienes son y así podemos hablar de muchísimas situaciones. Esa situación está cada vez más expuesta.

- ANRed: Así como decís que se sabe quien es Zanola, quien es Martínez, también los trabajadores empiezan a conocer quien es Olivera.

- Víctor Grosi: Claro. Olivera es un ejemplo tremendo. La actuación de la policía, cómo lo meten preso cuando se había refugiado en un banco con la cabeza rota, las contradicciones que hay en el expediente. Ahora, es la libertad del trabajador. Pero no es solamente la libertad de Olivera, es la libertad de los trabajadores de la construcción. Eso es lo que nos motoriza y nos da fuerza interna para sacarlo y que esté en la calle cuanto antes. Esperemos que sea dentro de pocos días.

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Argentina: La Corte rechazó planteos de imputados por delitos de lesa humanidad

CIJ

Se trata de recursos presentados por Jorge “El Tigre” Acosta, José San Julián y Juan Carlos Alzugaray. Fue en el marco de causas que tramitan en Capital Federal y en la provincia de Salta por crímenes cometidos durante el último gobierno de facto.

En el expediente A1021.XLVII, el Máximo Tribunal resolvió este martes rechazar la queja que, por recurso extraordinario denegado, presentó la defensa de Jorge Eduardo Acosta, mediante la cual planteó la nulidad de la designación del doctor Pablo García de La Torre como juez substituto en diferentes causas seguidas al nombrado.

Para así decidir los ministros Elena Highton de Nolasco, Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay consideraron que la presentación resultaba inadmisible en los términos del art. 280 del C.P.C. y C.N.

La defensa de Acosta recurrió la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 6 que no había hecho lugar al planteo de nulidad de la designación -realizada por resolución nº 1275 de Superintendencia- del Dr. García de La Torre como juez substituto en diferentes causas donde se investigan delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar.

San Julián

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió asimismo (expediente S807.XLVII), rechazar la queja por recurso extraordinario denegado presentada por la defensa de José San Julián que cuestionaba el pronunciamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que no hizo lugar a su excarcelación.

Así lo decidieron los ministros Highton de Nolasco, Petracchi, Maqueda, Zaffaroni y Argibay, quienes consideraron que la presentación resultaba inadmisible –art. 280 del C.P.C. y C.N.

San Julián está acusado de delitos de lesa humanidad ocurridos durante el último gobierno militar.

Alzugaray

El Alto Tribunal rechazó la reposición efectuada por la defensa de Juan Carlos Alzugaray por medio de la cual pretendió revocar la decisión del tribunal que había rechazado una queja por recurso extraordinario federal denegado, en el marco de la causa conocida como “Masacre de Las Palomitas”.

Así lo decidieron los ministros Lorenzetti, Petracchi, Maqueda y Argibay, quienes desestimaron “in limine” la presentación.

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Argentina, Córdoba: Un desastre natural que podría haberse evitado

Eduardo Martínez (PRENSA RED)

Un especialista opina que el evento ocurrido el domingo pasado “podría haberse evitado” si se hubiese aprobado el proyecto de creación de una reserva natural, que finalmente fue “cajoneado” por el gobierno de Juan Schiaretti.

La creciente del río Quilpo el domingo pasado son eventos naturales que se expresan por distintas causas que están relacionadas por un lado por el cambio del clima y por otro por la falta de ordenamiento del territorio en donde se proyectan y desarrollan actividades como el turismo en espacios de gran valor natural y cultural, y en donde debería tenerse muy en cuenta programas que den seguridad a los visitantes cuidando también los recursos naturales y culturales.

En 2007 a pedido de algunos vecinos y dueños de las propiedades ubicadas en el río Quilpo, la Municipalidad de San Marcos Sierras comenzó a trabajar un proyecto para ordenar y planificar la conservación y protección del los recursos naturales y culturales de la cuenca del Quilpo.

Al año siguiente, la Secretaría de Ambiente del gobierno de Juan Schiaretti, a cargo del Raúl Costa, firmó un convenio de cooperación legal con la municipalidad de San Marcos Sierras para llevar a cabo el proyecto de conservación que consistió en la creación de un Área Natural Protegida en la zona

Lo hizo frente a representantes de instituciones como el INTA, Parques Nacionales, Comunidades Originarias de Comechingones, Secretaría de Cultura de la Provincia la radio local Garabato, vecinos y dueños de los campos involucrados en el proyecto, productores locales y artesanos, que también se sumaron al proyecto.

La Provincia se comprometió a disponer los recursos humanos y materiales para su desarrollo, desde donde me sumé como técnico representando a la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Ambiente de la provincia en el proyecto.

Sin lograr la disponibilidad de materiales el proyecto se detuvo por un tiempo, hasta que decidimos llevarlo a cabo con medios propios y de los dispuestos por la municipalidad y vecinos.

Se conformó un equipo interdisciplinario de técnicos y profesionales del sector Áreas Naturales Protegidas de la Provincia, de Parques Nacionales, INTA Cruz del Eje, Secretaría de Cultura de la Provincia, Secretaría de Ambiente de la Municipalidad y la Universidad Nacional de Córdoba con la realización de talleres y reuniones dirigidas a vecinos y propietarios de la cuenca del Quilpo (ríos Quilpo, Pinto y San Gregorio).

Después de cinco años de trabajo interdisciplinario e interinstitucional se logró desarrollar el proyecto el cual fue titulado: "Reserva Hídrica Natural Orco Quebracho de la cuenca del Quilpo", con la categoría que establece la ley de Áreas Naturales de la Provincia Nº 6964 para proteger y conservar los recursos naturales y culturales que existen en ese ecosistema, los bienes y servicios que ellos otorgan y proyectar el desarrollo sustentable de la región, a través de la figura de una área de conservación.

Con respecto al turismo prevé el ordenamiento del territorio destinado al uso público y recreativo en zonas de ríos, a través de la gestión ambiental en cuanto al asesoramiento de quienes prestan servicios, educación ambiental, control y fiscalización, con fuerte conversión de turismo tradicional al ecoturismo o turismo rural, a través del involucramiento y participación de reparticiones públicas relacionadas al tema.

El proyecto fue terminado y presentado en la Secretaría de Ambiente en octubre de 2011 junto a 1.800 firmas de vecinos y turistas que visitan a San Marcos Sierras, solicitando la creación de la "Reserva Hídrica Natural Orco Quebracho de la cuenca del Quilpo”, pero todo quedó trunco porque Raúl Costa nunca presentó al Ejecutivo.
¿Y por qué? porque tanto Costa, como su subsecretario Jorge Mosquera, el director de Bosque Nativo y Áreas Naturales, Néstor Cruz y el Jefe de Áreas Naturales Protegidas, se opusieron desde un primer momento al desarrollo del proyecto y se encargaron de que los recursos no llegaran para su aplicación.

En cuanto a lo ocurrido el domingo pasado en el río Quilpo, la conclusión es que el desastre se podría haber evitado con la constitución legal del área natural protegida y contando con los recursos humanos y materiales para llevar a cabo programas como por ejemplo recorridas a caballo, motocicletas o en vehículos 4x4 y con reuniones con propietarios para ordenar y dirigir la visita a lugares seguros, haciendo cumplir las legislaciones vigente en la materia de turismo y ambiente.

Lamentablemente seguirán ocurriendo en el Quilpo las crecientes y otros tipos de eventos naturales con pérdidas materiales y tal vez humanas porque los responsables siguen sin hacerse cargo, mientras en la Secretaría de Ambiente se guarda cajoneado un proyecto trabajado para dar respuestas serias sobre el tema.

Eduardo Martínez es profesional en conservación uso y protección de los recursos naturales – Guardaparque - Guía e Intérprete Ambiental - Diplomado en Uso Publico en Áreas Naturales y Áreas Naturales Protegidas.

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Argentina, Provincia de Buenos Aires. Libertad y democracia sindical: La Suprema Corte falló a favor de trabajadores de Supermercados Toledo

ACTA

En un reciente fallo la Corte de Justicia Bonaerense, hizo lugar a un recurso interpuesto por los trabajadores del peladero de pollos que habían sido despedidos por Supermercados Toledo S.A. en el mes de abril de 2008 cuando se desprendieron del Sindicato de Comercio y constituyeron una nueva organización sindical vinculada a la CTA.

En la resolución el máximo Tribunal Provincial hecha por tierra los débiles y frágiles fundamentos dados en su momento por los jueces Drs. Vela-Larrain y Lemel ex integrantes del Tribunal de Trabajo n° 3 de Mar del Plata, quienes apresuradamente habían rechazado la acción de amparo interpuesta por los trabajadores al ser despedidos, denunciando en su presentación la violación de derechos, actitud discriminatoria y antisindical por parte de la empresa y la reinstalación a sus puestos.

Ahora la Corte hace lugar al reclamo de los trabajadores y manda dictar un nuevo pronunciamiento por otros jueces.

Esta nueva resolución abre la esperanza y posibilidad de los trabajadores de recuperar sus puestos de trabajo, cobrar los salarios caídos y retomar la actividad sindical adentro de la empresa.

La importancia de este fallo transciende a los trabajadores despedidos del peladero, ya que sienta un importante precedente en beneficio de los demás trabajadores que deciden organizarse sindicalmente. Además pone en evidencia como algunos Jueces apartándose del derecho vigente, se prestan para avalar la burocracia sindical y boicotear el nacimiento y formación de nuevas organizaciones sindicales genuinas que representen los intereses de los trabajadores.

La CTA acompañó la denuncia presentada por los trabajadores ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que falló a favor de los trabajadores exhortando al Gobierno argentino a que brinde respuesta por el reclamo de falta de libertad sindical, la violación de derechos y la salvaje represión (17/04/2008) a los trabajadores que protestaban reclamando su reingreso a sus puestos de trabajo.

Ahora en un procedimiento rápido un nuevo fallo deberá ser dictado , donde esperamos que los jueces ajustándose a la realidad fáctica y jurídica se pronuncien a favor del legítimo reclamo de los trabajadores afectados.

Mientras tanto la CTA Regional Mar del Plata, Balcarce, Mar Chiquita seguirá atentamente el proceso con una campaña de esclarecimiento público para velar por la reinstalación definitiva de los trabajadores que significa la reivindicación a la libertad sindical, la democracia y la Leyes Laborales Vigentes violados por la empresa Toledo SA.

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