jueves, 9 de febrero de 2012

Argentina: Salarios y petróleo en el debate actual

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Entre la diversidad de temas que concita la discusión económica y política a comienzos del 2012 se encuentra la cuestión salarial y la petrolera.

En materia de salarios se procesa la previa a la discusión paritaria entre patrones y trabajadores, con el monitoreo estatal para que la economía del año no se desmadre, especialmente por el conflicto que puede resultar de la puja distributiva.

La cuestión petrolera se agudizó con la verificación del volumen de importaciones por energía (gas natural y licuado, gas oil, fuel oil y electricidad) del 2011 por 9.397 millones de dólares, equivalente en valores al monto del superávit comercial, que alcanzó el año pasado a 10.347 millones de dólares.

En ambos casos preocupa la evolución de las variables en consideración, sea por el conflicto social, los impactos en la macroeconomía, o por el sustento de provisión energética para el presente y futuro mediato.

Salarios, ingresos populares e inflación

Todos los pronósticos auguran un menor crecimiento económico para el 2012. Existen expectativas de menores compras desde el exterior, por compradores en recesión, o en desaceleración económica; por lo que preocupan las tendencias del consumo y la inversión, principalmente de quienes actúan en el mercado interno.

La política económica del gobierno pretende mantener los niveles de consumo privado logrados en estos años, afectados ahora por disminución de subsidios y un recurrente encarecimiento de precios, más allá de los indicadores oficiales de inflación.

Ello explica el nuevo intento de la Secretaría de Comercio por lograr reducciones de precios de algunos productos de consumo masivo, intentando promediar subas y bajas para mantener el nivel de actividad económica y el consumo.

En el mismo sentido apunta la intención de sustituir importaciones para la industria con producción local, lo que supone influir al mundo empresario para cambiar proveedores, sea por propia convicción o estableciendo restricciones a las compras al exterior. Todo indica que se terminan imponiendo las restricciones, más que el convencimiento de encarar una nueva sustitución de importaciones, y contrario a lo pensado, ante las restricciones al ingreso de algunos productos, la respuesta empresarial transita el aumento de precios, convalidados por un consumo de sectores de ingresos medios y altos no sujetos a presiones por el alza que supone atender su canasta de bienes y servicios.

Vale interrogarse si es posible reanudar la “industrialización sustitutiva de importaciones” en momentos de hegemonía capitalista de las empresas transnacionales. No se le puede hablar al poder económico con argumentos sentimentales, pues solo responden a la lógica de las ganancias, de la acumulación y de la dominación.

Se intenta bajar algunos precios, o por lo menos congelarlos en el corto plazo; al tiempo que se pretende estimular la producción local para un modelo de producción dominado por transnacionales, cuya lógica de obtención de ganancias y de inversiones se definen en el marco de la crisis mundial, especialmente grave en los países sede de esas firmas y por lo tanto, demandante de recursos para sortear los problemas.

En este marco vale considerar a los salarios y las condiciones de trabajo como un costo de producción, con unos precios que los trabajadores pretenden acrecentar y los patronos reducir. Aunque el gobierno pretende arbitrar con equidistancia, vale confirmar que sus objetivos explícitos apuntan a la reducción de los precios; y el salario es un precio, el de la fuerza de trabajo. Ese precio involucra el sueldo mensual y todos los complementos, sean las asignaciones familiares o la ayuda escolar que fueron perdiendo su carácter universal para ser restringidas desde un tope, no corregido en los últimos años y por lo tanto, en forma creciente una cantidad importante de trabajadores fue resignando ese beneficio.

Algo similar ocurre con las retenciones del impuesto a las ganancias a quienes perciben salario en situación regular. A medida que se incrementan los ingresos, crecientes masas de trabajadores se convierten en contribuyentes, sujetos de tributación.

Las limitaciones de la salud pública y de las propias obras sociales, especialmente en prestaciones de alta complejidad, obliga a los trabajadores y sus familias a destinar sumas importantes con ese fin, detrayendo capacidad de compra para otros consumos.

Modelos sindicales en disputa

Un elemento sustancial en la defensa del precio de la fuerza de trabajo es la organización sindical y de lucha, deteriorada recurrentemente bajo el terrorismo de estado primero y por la ofensiva contra el derecho protectorio del trabajo bajo gobiernos constitucionales.

El poder de los trabajadores fue atacado por el terror directo ejercido sobre los cuerpos y las mentes. Sobre esa base operó el terror a la hiperinflación y al desempleo o la precariedad. El modelo sindical de negociación opera sobre esas condiciones estructurales, determinadas por la impunidad empresaria y la dominación.

La subordinación de buena parte del movimiento sindical al proyecto político hegemónico contribuyó en estos años a limitar la protesta, aunque la coyuntura política de enfrentamiento del titular de la CGT con el gobierno alienta la potencialidad de una mayor conflictividad en unidad de acción con la CTA, más allá de modelos sindicales diferenciados.

En sentido general, la lucha de clases se manifiesta en materia económica en la disputa por la apropiación de la renta nacional. Los capitales más concentrados tienen en los mecanismos del mercado, especialmente en la suba de precios, la capacidad de apropiarse de una cuota mayor de esa riqueza social. Así, la inflación es un fenómeno redistributivo de la riqueza, a favor de aquellos que tienen condiciones para imponer los precios.

La inflación es un dato de la realidad y los trabajadores sufren el deterioro de la capacidad de compra de sus ingresos laborales. Ni hablar de aquellos que reciben “planes” a valores congelados y fuertemente afectados por el crecimiento de los precios de una canasta familiar crecientemente de subsistencia.

Un dato novedoso de la coyuntura es la tendencia creciente al reclamo y la protesta del movimiento de trabajadores, haciendo más complejo el escenario político y económico, pues ya no está sola la impunidad patronal y el rumbo unilateral de aliento a las ganancias empresarias. La constitución de subjetividad entre los trabajadores habilita el debate sobre modelo sindical y proyecto productivo y de desarrollo.

El petróleo y el debate por la soberanía

La cuestión es historia antigua y se remonta al fenómeno de la privatización petrolera, hace ya 20 años, cuando Menem y Cavallo iniciaron el proceso de entrega de la empresa pública nº1 de la Argentina: Yacimientos Petrolíferos Fiscales, de la que solo quedó la sigla de fantasía YPF bajo la propiedad de la española REPSOL y últimamente incorporado a la propiedad y gestión el Grupo Petersen, de Enrique Esquenazi.

Entre las primeras medidas luego de las elecciones de renovación presidencial se dispuso la obligatoriedad de liquidar el 100% de las ventas al exterior a empresas mineras y petroleras. Se argumentó la necesidad de ingresar divisas al país ante las limitaciones estructurales que se presentaban para sostener el equilibrio de la macroeconomía con superávit comercial y fiscal.

Se agudizó el conflicto con las petroleras en enero con la denuncia gubernamental por sobreprecios en la venta de gasoil al por mayor, lo que obligó a una disminución de precios de venta. Ahora se adiciona la quita de subsidios por 2.000 millones de pesos por los programas Refino Plus y Petróleo Plus, con el argumento de objetivos de inversión cumplidos. Está claro que mejora la ecuación fiscal y afecta ingresos de las petroleras, principalmente YPF.

La amenaza de la estatización apareció en escena con el objeto de presionar a la mayor petrolera a reinvertir sus excedentes y cooperar en resolver el déficit energético, agudizado por las condiciones de cambio climático que provoca el mayor uso de la capacidad instalada. La importación energética es ya una constante y de difícil solución en el corto plazo si no se modifica el modelo energético en curso desde la privatización petrolera, sellada con la reforma constitucional de 1994 con la provincialización de los recursos naturales.

El petróleo es insumo estratégico de la producción contemporánea y es parte de la crisis capitalista en curso. La crisis energética y medio ambiental son parte de la misma crisis mundial del capitalismo y convoca a discutir si el camino de soluciones debe transitar la profundización del modelo energético propiciado desde la privatización, o si se debe pensar en términos alternativos.

Ello supone ir más allá de la cuestión petrolera y energética, pues lo que se discutiría es el modelo productivo del cual el petróleo es insumo estratégico. Significa debatir en términos de soberanía energética, otro modelo productivo y otra integración, asentada en la articulación productiva regional para satisfacer necesidades populares y no una lógica de ganancias sustentadas por las transnacionales.

Ir más allá de la coyuntura

En rigor, la discusión salarial y petrolera pone de relieve la necesidad de analizar el trasfondo estructural del crecimiento económico de estos años, y más aún, la estructura económica social derivada de ello.

Es una cuestión que supone discutir beneficiarios y perjudicados del orden económico contemporáneo, exacerbado con la crisis en curso. Se trata de responder a la crisis capitalista desde otro orden social posible, eje de la argumentación emancipadora contemporánea.

Foto: Argentina, Política, Energía - La presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto al secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y el vicepresidente y CEO de YPF, Sebastián Eskenazi, en el acto en el que se anunció el hallazgo de un megayacimiento de gas y petróleo en Neuquén. / Fuente: Presidencia de la Nación.

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¿Por qué creció la educación privada en Argentina?

Laura Marrone (especial para ARGENPRESS.info)

Un informe del INDEC, que ha tenido repercusión mediática reciente, da cuenta de que el 37,5 % de la matrícula de primer grado hoy en la Argentina se dirige directamente a la escuela privada lo cual es un salto cualitativo en relación a años anteriores. Solo en provincia de Bs As entre el 2002 y 2007 la escuela pública perdió el 4,6% de su matrícula y en cambio la privada aumentó 13%. No estamos, sin embargo, frente a fenómeno nuevo sino a un proceso que se viene profundizando desde la década del 90 y que muestra en los últimos años cifras preocupantes. La Provincia de Bs As ya supera el 30% y la Ciudad de Bs AS el 48% de su matrícula es privada.

Las usinas de pensamiento privatistas divulgan que la causa de esta situación sería la falta de clases que los niños tendrían debido a la existencia de conflictos gremiales, jornadas de capacitación y/o licencias por enfermedad, que según dicen serían más abundantes en las escuelas públicas. Este tratamiento superficial de un grave problema merece sin embargo un análisis serio.

¿Qué diferencia una escuela pública de una privada?

El carácter público de un sistema educativo está dado por tres elementos: uno es la gratuidad, componente que, sin embargo, no es excluyente de las escuelas dependientes del Estado ya que, gracias a los subsidios que éste otorga a muchas escuelas, éstas pueden funcionar con carácter casi gratuito o con cuotas mínimas.

El segundo componente es la diversidad de la matrícula, o sea la inexistencia de discriminación, una escuela para todos. Esto no es propio del sistema privado que a través de distintos mecanismos segrega, discrimina ya sea por religión, por origen de nacionalidad, por nivel socioeconómico, o por enfoque ideológico del grupo propietario de la escuela.

El tercero es la existencia de concursos públicos para la designación de sus docentes, porque esto impide la discriminación ideológica del docente por parte de una entidad particular y por lo tanto abre la potencialidad de la existencia de un conocimiento público, en el sentido de que pueda ser cuestionado, interpelado. Por el contrario, las escuelas privadas suponen una preselección de lo que se enseña y del enfoque que se da a través, no solamente de la selección de los alumnos y por lo tanto de su familia, sino de los docentes que son designados arbitrariamente por el cuerpo que conduce esa entidad privada.

En la actualidad, las escuelas estatales han visto deteriorado su carácter público debido fundamentalmente a la pérdida del segundo de sus componentes: el corrimiento de matrícula de sectores medios o incluso populares no excluidos, a escuelas privadas. Esto ha dado como resultado una sistema público que contiene centralmente a los sectores más carenciados y excluidos de la sociedad, en proporciones superiores incluso a las de la sociedad toda.
Estado, familia y docencia frente a la privatización

Esto ha sido posible gracias a que existe una política de Estado, reafirmada en la reciente Ley de Educación Nacional Nº 26206, de favorecer ese corrimiento mediante el incremento de los subsidios a las escuelas privadas. Solo en la Ciudad de Bs As se han aumentado en los últimos 4 años en más del 150%: de 600 a 1500 millones de pesos para este año 2012 (1). La Provincia de Córdoba por ejemplo destina más del 30% de su presupuesto educativo a financiar las escuelas privadas. Actualmente, incluso, no solo se financian los salarios docentes sino también el mantenimiento y muchos de los arreglos edilicios de algunas de ellas.

Pero si ésta es política de Estado, resta explicar los motivos por los cuales familias educadas en escuelas públicas hoy envían a sus hijos a escuelas privadas. Sostenemos que la razón central es la búsqueda de esas familias de huir de compartir banco con la pobreza y la exclusión para en cambio lograr redes sociales a futuro que faciliten vínculos de pertenencia a grupos social y económicamente mejor posicionados.

Para demostrar lo que sostenemos vamos a considerar el ejemplo de la Ciudad de Bs As que es el lugar que tiene el más alto porcentaje de privatización y la relación entre privada y pública es casi 1 a 1, desde hace más de una década. Como dijimos más arriba las usinas privatistas argumentan que el problema es la falta de clases por los paros docentes y jornadas de capacitación. En Capital durante 17 años desde 1989 hasta el 2006 no hubo paros juridiccionales, en la peor época del neoliberalismo. Esto se debió a la afinidad de la conducción docente de la UTE-CTERA, el sindicato mayoritario, con los gobiernos que apoyó desde Menem, la Alianza hasta el Kichnerismo. Sólo hubo 3 paros nacionales desde el 2003 al 2010, que en general fueron también apoyados por docentes de escuelas privadas. En cuanto a las días sin clases por jornadas de reflexión, estuvieron suspendidas por el actual gobierno y ahora no superan las 2 o 3 anuales Al mismo tiempo que no pocas escuelas privadas han “desregulado” sus calendarios escolares agregando una semana de vacaciones en medio del año para responder a la demanda de las familias que realizan hasta 3 viajes de vacaciones al año.

Entonces, ¿cómo explican la privatización? En cuánto a los días sin clases por ausencia de docentes, el Estado debería realizar un estudio más responsable de estas causales. En primer lugar muchas de esas licencias son por estudio. Esto es así porque el diseño de la jornada laboral docente no contempla la capacitación en servicio con relevo de tareas y el/la docente debe capacitarse sobre la base de su tiempo libre y sus fondos personales. Solo se le reconocen hasta 3 días antes de un examen. Las escuelas privadas, por el contrario ejercen presión para que el/la docente que estudia no reclame su día por examen aunque esto sea derecho establecido por ley nacional. Otro motivo es la falta de suplentes para cubrir las licencias en un gremio mayoritariamente de mujeres. Estos problemas se solucionarían con un rediseño de la jornada laboral que contemplara la capacitación en servicio, por ejemplo, además de la implementación de los cargos de maestro de apoyo por escuela que cubrirían las suplencias cortas.

Tampoco puede explicarse la privatización por la preparación o “calidad” de sus docentes ya que no se requiere puntaje para ingresar a las privadas, solo ser aceptados por los dueños. En cambio para ingresar al Estado se requieren muchos años de cursos y postítulos.

Volvemos al punto de inicio. La explicación central, aunque concurran otras en menor medida, no es otra que la huida de pobreza, de la marginalidad. En un país donde el 40% de los trabajadores está en negro, donde hay más de 8 millones de pobres y 2 millones de indigentes, según consultoras incluso oficialistas, donde la violencia de la exclusión se cuela en la escuela, en sus patios, en sus baños, en la puerta cuando los docentes no ven, la clase media busca su gheto escolar del mismo modo que se cierran las plazas, los barrios y se ponen rejas a las estatuas. ¿Por qué arriesgar a los hijos pequeños y adolescentes a tanta “inseguridad” si, gracias a los subsidios, con un pequeño esfuerzo se logra un coto cerrado que “echa” a los chicos con “problemas de conducta graves” que pudieran aparecer incluso en sectores no excluidos? En muchos casos a esto hay que sumarle que en general las escuelas públicas cuentan con menores recursos por alumno. Grados superpoblados. Edificios deteriorados.

El debate sobre la “calidad” versus “una buena educación”

Parte de la ofensiva para descargar sobre la docencia la responsabilidad de esta elección de las familias por parte tanto de la Presidente como el Ministro de Educación de Macri es poner en agenda la cuestión de que se necesita evaluar a los docentes para mejorar la “calidad educativa”, lo que se incluiría en las paritarias de este año. Esto no es nuevo. Los intelectuales orgánicos de la Reforma de los 90 así como los organismos internacionales que la diseñaron vienen sosteniendo que en Argentina lo que faltó para completarla fue realizar la Reforma Laboral docente. O sea, modificar los Estatutos Docentes.

Quienes militamos en el ámbito de la educación pública, sin embargo, no nos posicionamos desde un ángulo corporativo. La educación pública es nuestro interés y nuestro programa. Pero hablamos lenguajes distintos. En primer lugar no hacemos nuestra la categoría de calidad educativa ya que es un concepto que corresponde a la lógica de mercado en el análisis de la educación buscando producto, calidad –producto. En cambio sí podría decirse que buscamos una “buena educación” que sin duda no puede excluir un proceso de evaluación.

Hay un hecho real, las últimas evaluaciones P.I.S.A. a que se sometió nuestro país por iniciativa de Filmus que fue el primero que hizo ingresar a nuestro país en ese sistema de evaluación en el 2002, dan un retroceso en los últimos diez años, un retroceso significativo Eso tiene que tener una explicación más allá de que uno pueda suscribir o no con el mecanismo o el sistema de evaluación que hagan las P.I.S.A.. No es nuestro sistema de evaluación, el de los trabajadores, para poder evaluar al sistema de conjunto, pero sí dentro de la misma lógica de este sistema hay un descenso notable de la Argentina. La última evaluación educativa, de los estudiantes que egresan del secundario, realizada por el Ministerio de Educación de Ciudad en el 2011 dio como resultado que el 40% de los estudiantes no llega al mínimo de la prueba prevista en matemáticas. Estuvieron por fuera del diseño propuesto! Y hablamos de Ciudad, donde los resultados suelen ser los más altos del país. Desconocemos qué tipo de pruebas se hicieron, si fueron adecuadas o no, pero evidencian que hay un problema y no lo soslayamos. (2)

Todos los organismos del Estado señalan que habiendo dado la Asignación Universal por Hijo, las netbook, una inversión del 6,5% del PBI, el problema son los docentes. Existe “sintonía fina” entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Bs. As. para apuntar hacia los docentes como la clave para modificar esta situación. Creemos que el problema amerita un debate de toda la sociedad.

En primer lugar, se reafirma lo que señalamos (me refiero al espacio de sindicatos y militancia de izquierda en general) en el 2006 en el Congreso de Educación que realizamos en el Instituto Superior Mariano Acosta se ha . Y era que la Ley de Educación que luego se sancionó, era un maquillaje de los problemas educativos que vivíamos y que no modificaba la situación de fondo. Tampoco ahora se va a resolver por el camino que se pretende, y que es descargar sobre los docentes la responsabilidad de esta situación como problemas de tipo casi individuales. Es necesario abrir un debate, es necesario indagar a fondo sobre las causas de esta situación.

Nuestras propuestas

Desde nuestro lugar aportamos algunas ideas: Necesitamos cambios institucionales que inviertan la lógica vertical y burocrática que tiene el sistema actual, necesitamos cuerpos colectivos de elaboración y de evaluación y de gobierno de la educación. Necesitamos que la diferenciación de roles entre directores y docentes no sea de tipo jerárquico sino que se den verdaderos equipos de trabajo. Es urgente reformular la jornada laboral docente de manera que incluya el tiempo para la reflexión, para el intercambio entre pares, el tiempo extraclase para trabajar con el alumno con dificultades, el tiempo para la capacitación y la actualización del docente tanto en las disciplinas como en las ciencias de la educación. En la actualidad, con el desarrollo del conocimiento es imposible pensar en una buena educación que no contemple el problema de la Formación Docente Continua en el marco de la jornada laboral. Debe integrar el diseño de las políticas públicas como algo central. Actualmente está pensada sobre la base del tiempo libre del docente y su buena voluntad para quitárselo a su familia y a sus recursos personales.

Cualquier empresa privada que tenga entre sus propósitos capacitar a su personal en nuevas tecnologías puede hacerlo deduciendo los costos de impuestos gracias a la Ley de Crédito Fiscal (3). O sea las empresas pagan desde el salario del capacitador, la hora del empleado en capacitación y hasta las pizarras digitales del curso que realiza, de lo que reducen de sus impuestos a las ganancias. (4) Curiosamente el Estado no hace lo mismo con su propio personal. Entonces el político o ministro de educación que pretenda hablar de resolver los problemas de la educación sin proponerse rediseñar la jornada laboral de manera de incluir el tiempo de la capacitación y de la reflexión de la práctica educativa tanto del aula como institucional dentro del horario de trabajo, no es serio.

Fundamentalmente hay que ir construyendo una nueva cultura escolar donde el o la docente se sienta parte, sujeto de las políticas educativas y no meramente un instrumento de aplicación de éstas. De esta manera se puede contribuir a generar también una cultura de mayor responsabilidad sobre los resultados. No se trata de persecuciones individuales a tal o cual docente. Se trata de cambiar la cultura institucional a partir de trabajos colectivos, de poner en discusión no solamente una técnica para enseñar un conocimiento sino para qué y por qué se enseña, es decir la docencia debe ser reconsiderada como sujeto de las políticas educativas.

Necesitamos condiciones dignas de salario para que la docencia no tenga que trabajar dos y tres cargos, o viva con salarios miserables. Pensemos que en Ciudad, una docente con 10 años de antigüedad gana 2.600$ por una jornada simple y en provincia de Bs As con el máximo de antigüedad y todos los adicionales en negro, gana apenas 3.400$.

Necesitamos reconfigurar un sistema educativo nacional que rompa con la lógica que dejó instalada la Ley Federal y que la Ley 26206 no modificó en sus líneas centrales y que es fuente de desigualdad entre ciudadanos de un mismo país. Nos referimos a la estructura por la cual el Estado Nacional solamente interviene como centralizador de las políticas pero no se hace cargo del mantenimiento, tampoco de la parte administrativa. Esto último podría ser válido, que la administración no dependa del Gobierno Nacional como antes, pero lo que no se entiende o lo que es claramente una continuidad es que no se modificó el mecanismo por el cual el financiamiento de la educación sigue estando en manos de los Estados Provinciales y así tenemos que el gobierno hace propaganda que Argentina invierte más del 6% del PBI en el sistema educativo, lo que daría cuenta de una inversión alta en relación a otros países de America Latina, e incluso del mundo pero lo que no dice es que ese porcentaje no se debe al esfuerzo del gobierno nacional que solamente invierte 5,6% de su presupuesto en educación. (5)

Pensemos que 40 años atrás durante el gobierno de Illia cuando se llegó al más alto nivel del presupuesto educativo nacional, el Estado Nacional aportaba el 25% del presupuesto para educación y hoy aporta apenas el 5,6%. Entonces estamos en un cuello de botella porque provincias como la de Buenos Aires tiene una inversión , un esfuerzo en su presupuesto, cercano al 38, o 39% según el año, y eso es imposible de superar salvo que le quiten el algodón a los hospitales o que se hiciera una reforma tributaria donde se aumentara el impuesto a los grandes empresarios, pero dentro del presupuesto actual, es casi imposible de superar.

Entonces ese diseño que impuso el Plan Brady y que fue un acuerdo de Cavallo en el año 91 como parte de las negociaciones para la refinanciación de la deuda, quedó instalado. Hoy tiene plena vigencia. Han habido mecanismos compensatorios como la Ley de Financiamiento que sin embargo, no garantizan el derecho en un terreno de igualdad. Sigue siendo una educación con distintos niveles de inversión dependiendo de la riqueza o pobreza de cada provincia. Por ejemplo en el 2007, entre Salta y Tierra del Fuego la diferencia más o menos es 1 a 9, cierto es que hay distinto costo de vida, pero Capital y Gran Buenos Aires tienen casi el mismo costo de vida y la diferencia en inversión por alumno es casi 2 o sea por un peso que se puso en la provincia de Bs As. en Ciudad se destinaron 2 (6). Eso no se debe a que Macri invierta más sino a que el PBI de Ciudad es más alto. Ciudad no hace el esfuerzo más grande. Aporta entre 25 y 27% en los últimos años de su presupuesto, contra 38% a 39% de provincia de Bs As como ya dijimos. Entonces el alumno de Provincia de Bs As. recibe menos que un alumno de la Ciudad Bs As. y eso hace a una desigualdad. Y eso es así porque el sistema no es nacional y porque el Estado Nacional no toma en sus manos el problema de la educación. (7)

Finalmente necesitamos debatir el proyecto de país y de sociedad que queremos para mejor dilucidar qué educación queremos. Estamos convencidos que seguir favoreciendo la educación privada mediante subsidios, es alentar la cultura neoliberal del sálvese quien pueda en lugar de promover la cultura de la solidaridad social y un sentido de cosa pública de la cual todos somos responsables. No basta con argüir que un triunfo electoral da por sentado la validez y aceptación de un proyecto de país y de lo que se trata es de aplicarlo. Es evidente que la desigualdad, la exclusión, así como la creciente depredación de nuestro ambiente pesan como males que no hacen “felices” a las personas que lo habitan, peor aún hacen peligrar su subsistencia y calidad de vida.

Nos gustaría discutir si educamos para reproducir un “capitalismo serio con inclusión”, como dice la Presidente. Estamos convencidos que el capitalismo lleva a la exclusión en especial en su etapa actual de “globalización” y más aún, a la destrucción del planeta, en forma alarmante. Creemos que hay que educar para replantearse las raíces mismas del sistema capitalista que es el causante de la exclusión y no una anomalía que se corrige con subsidios. Creemos que hay que rever críticamente la forma en que nuestra civilización está consumiendo los recursos naturales e hipotecando el futuro de la humanidad. Los sistemas de evaluación están relacionados con los proyectos más generales. Qué se evalúa está en consonancia con lo que se pretende de la sociedad.

Valga el ejemplo: Necesitamos debatir si el 2 de abril hablamos solamente de la Defensa de las Malvinas Insulares o también hablamos de la defensa del Famatima, el petróleo, el agua, acaso nuestras Malvinas continentales.

Creemos, sinceramente que la docencia tanto de Gualeguaychú como de la pre-cordillera que estuvo a la vanguardia de la lucha contra las pasteras y las mineras en estos últimos años, enseñando en el aula y en los cortes de ruta, merece un sobresaliente... Nos animamos a sostener que los Ministerios de Educación de nuestro país no evalúan lo mismo.

Laura Marrone es docente de Ciudad de Bs As. Actualmente Secretaria de Asuntos Pedagógicos de Ademys-CTA

Notas:
1) Estas cifras no toman en cuenta la inflación de esos años.
2) Ver Informe de la Evaluación Educativa 2011 en CaBA en www.buenosaires.gob.ar/areas/educación
3) Se refiere a la Ley 22317 de 1980 que permite la deducción de impuestos a las empresas privadas pequeñas y medianas para capacitación de su personal. Luego fue ampliada por la Ley 24624 y 25300 que extendieron el beneficio a las grandes empresas y aumentaron las primeras al 8% el monto de los impuestos deducibles.
4) Ver “Una solución poco seria a un problema serio” en Debates sobre política educativa en www.ademys.org.ar
5) Ver La Reforma Contraataca. 6 claves para entender el proyecto de nueva Ley de Educación. (2006) en www.docentesdeizquierda.com
6) Ver informe del CIPPEC - 2010
7) Más información en “Quien tiene el derecho a elegir” publicado en 2010 www.docentesdeizquierda.com

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Miradas

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Con sólo revisar informaciones y titulares basta para encontrar cómo y quiénes diseñan nuestras políticas educativas; por lo tanto, nuestro presente. La pedagogía de la plutocracia es el mando obediencia a don dinero.

Miradas I

Al leer la siguiente definición de Joao Pedro Stedile, dirigente del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil, donde afirma que “hay que denunciar la concentración del poder ideológico que la burguesía tiene con los medios televisivos”… me surge una pregunta redundante: ¿qué función le destina el capitalismo al sistema educativo?

Escuelas, colegios, institutos, universidades, ongs, fundaciones y medios de difusión conforman una maquinaria conjunta (estatal y/o privada) que concentra y extiende las normas, valores, convicciones e ideas de la plutocracia.

Como asevera Néstor Kohan en Gramsci para principiantes: “Gramsci advierte que los trabajadores no son inmunes a la influencia de la escuela, de la prensa y de las tradiciones burguesas. Las instituciones como la escuela, cuando no existe una disputa progresista en su interior, son funcionales a la dominación (2)”.

Medios de comunicación alienantes y educación empresarial: esa es la fórmula pedagógica del gran capital.

Miradas II

Días atrás el Ministro de Educación de la Nación Alberto Sileoni volvió a anunciar que se crearan más escuelas de jornada completa. “Estamos pensando un programa 2012-2015 de mayor cantidad de escuelas con tiempo extendido, sobre todo escuelas primarias, porque hay muchos secundarios que tienen actividades a contraturno (…) El chico va de 8 a 16 a la escuela con la predictibilidad de que todos los días va a tener clase y eso es muy organizador en una sociedad que ha recuperado el trabajo (3)”, aseguró el funcionario educativo K.

Más estudiantes en las escuelas y más horas y días de clases: esa es la propuesta del progresismo pedagógico de las Metas Educativas 2021. Extrañamente o no, el otro modelo educativo en pugna también sugiere similares mejoras para la “calidad educativa”.

Andrés Oppenheimer en su neoliberal ¡Basta de historias! señala: “Estamos mirando este problema al revés- escribe Malcom Gladwell en su reciente libro Sobresalientes: La historia del éxito-. Estamos dedicando una enorme cantidad de tiempo a discutir sobre si hay que reducir el número de niños por clase, si hay que reescribir los programas escolares, si hay que darle una nueva laptop a cada niño y si hay que aumentar el presupuesto escolar, todo lo cual toma por sentado que hay algo fundamentalmente erróneo en la manera en que están funcionando las escuelas. Sin embargo, si miramos lo que ocurre durante el año escolar, veremos que las escuelas funcionan. El único problema con la escuela, para los niños que se están quedando atrás, es que no hay suficiente tiempo de escolaridad (4)”.

Para Gladwell -entonces- “no hay suficiente tiempo de escolaridad”; y para Sileoni -asimismo- la “escuelas con tiempo extendido” son un gran “organizador”.

Con semejante lenguaje (que expresa una ingeniería social) vuelve a reverdecer la noción de gobernabilidad adaptada al Capitalismo Mundial Integrado (CMI). No es azaroso que progresistas o privatizadores se abracen al concepto de “gobernar es educar (5)”.

¿Qué deben organizar las escuelas? O como se interroga Claudia Rafael “¿cuáles son hoy la formas más efectivas de gobernar a esa infancia excedente (6)?”. ¿Por qué los pibes empobrecidos necesitan jornada educativa doble y los empresarios enriquecidos cursos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)?

El docente entrerriano Mauricio Castaldo nos narra que sucede en la provincia administrada por Sergio Urribarri: “Es un error y un planteo demagógico y tramposo decir, como dice el gobierno provincial, que se va a combatir la pobreza con la creación de nuevas escuelas de jornada completa. No puede haber inclusión social en serio cargándole más a la escuela pública y a los docentes la tarea de contener la exclusión y las injusticias que generan las malas políticas de los gobiernos y de las elites del poder que las dictan. La pobreza se superará con cambios estructurales en las políticas económicas y sociales y con una real distribución de la riqueza. El analfabetismo y las desigualdades sociales y educativas no serán erradicados con la creación de diez escuelas nuevas de jornada completa: es un debate político y pedagógico amplio y profundo del que hay varios ejemplos históricos en Nuestra América. Además, a éstas alturas del debate político y educativo en nuestro continente, pensar la alfabetización es algo más que enseñar a leer y escribir, que enseñar algunas materias o que pensar la escuela pública como un galpón o como una guardería de tiempo completo (6)”.

En definitiva, como subrayamos desde hace tiempo, no se puede pensar la educación actual (y las escuelas) por fuera de las relaciones sociopedagógicas establecidas por la plutocracia y sus gerentes.

Miradas III

Mientras en Uruguay una de las investigadoras del informe “La extensión del tiempo de clases en el aula ¿garantía para un mayor rendimiento académico?”, Matilde Peñagaricano, destaca que “no se trata de aumentar la cantidad de horas, sino de mejorar su calidad (8)”; y en México miles de maestros y profesores disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon en contra de la “evaluación universal de los docentes (9)” que ya se expande por América Latina como una media gubernamental de eficacia y eficiencia… en Argentina los sindicatos docentes nacionales solo parecen estar preocupados por el salario mensual de los educadores. La escuela contemporánea y su misión atraviesan a docentes y alumnos por igual: con el salario (los maestros y profesores) o la Asignación Universal por Hijo (AUH) y/o las becas (los estudiantes) parecen estar más dedicados a consumir que a enfrentar la opresión capitalista.

Zygmunt Bauman es polémico: “Lo que al principio fue (y siguió siendo en esencia, aunque no en sus objetivos ostensibles) un conflicto de poder, se fue “economizando” progresivamente. Las batallas se realizaban ahora en nombre de mejores salarios, menos horas de trabajo, mayor cuidado con la calidad de las condiciones de trabajo. (…) Las ambiciones y esperanzas de los oprimidos se canalizaban ahora, sin peligro, lejos de las estructuras del poder y cerca de la mejora de sus aspectos materiales. Eso tuvo el efecto, en gran medida imprevisto, de despertar intensos intereses de consumo (10)”. En otras palabras: ¿creerán los sindicatos docentes que la emancipación humana pasa por discutir en “paritarias” un mayor salario destinado al mercado de consumo?

En resumen: si los educadores nos olvidamos que la plutocracia desarrolla una pedagogía de la hegemonía tal vez únicamente estemos enseñando la libertad de “gastar” para ganancias de los amos del dinero. Y hacer eso y “ciudadanía e inclusión” (conceptos que se propagandizan desde el Estado) es retroalimentar desde el lenguaje y nuestros actos la idea de que la libertad está en los anuncios coloridos de la globalización.

Que tal si empezamos a mirar la educación más allá del capital…

Notas:
1) Entrevista a Joao Pedro Stedile. Rebelión. 29-01-2012
2) Editorial Era Naciente. 2004
3) Educación anunció la creación de más escuelas de jornada completa. Rosario3.com. 06-02-2012
4) Debate. Cuarta edición, abril 2011.
5) Otra escuela para el futuro. Alieto Aldo Guadagni. Instituto Di Tella- Siglo XXI. Abril 2011.
6) La infancia excedente. APE-Argenpress. 02-02-2012
7) La política educativa debe ser más que una política social compensatoria. www.agmerparaná.com.ar. 06-01-2012
8) Uruguay: más horas de clases no aseguran mejor rendimiento académico, afirma un estudio. Síntesis educativa. 01-02-2012.
9) México: miles de maestros marchan en el DF contra la evaluación universal de los docentes. Síntesis educativa. 04-02-2012
10) Libertad. Zygmunt Bauman. Losada. Junio 2010.

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Soberanía en Famatina, y también en Malvinas

Mario Cafiero (INFOSUR)

Recuperar y proteger los recursos naturales es central para nuestra autonomía política y económica, pero también lo es defender las Islas.

Quisiera hacer algunos comentarios sobre la columna publicada por la senadora Norma Morandini en esta sección, el 31 de enero.

Comparto la posición acerca de que la soberanía empieza por recuperar los recursos naturales.

Pero no coincido en absoluto con tener que optar entre una cosa o la otra.

Es falaz el planteo: “¿el oro o las Malvinas? ¿Dónde debe flamear nuestra bandera?” Por el contrario, son desafíos que van de la mano: es Famatina y es Malvinas.

A su vez, algunos conceptos de la senadora son inexactos e inducen a reafirmar un error político grave: que la cuestión Malvinas está caída y que quienes la levantan son militaristas o trasnochados nacionalistas.

El terreno de disputa no es el militar, como pretenden los ingleses, sino cultural, político, diplomático, económico y también jurídico . Por ello los planteos tienen que ser precisos. En la columna hay una frase con errores conceptuales: “Paradójicamente, la derrota en las Malvinas nos devolvió la democracia. A los isleños, el reconocimiento a la autodeterminación y a Inglaterra, una base militar con misiles que nos apuntan y el petróleo que se aprestan a extraer algunas de las mismas empresas asociadas a las transnacionales que sacan el oro de nuestras montañas.” ¿Quién, cómo, cuándo y dónde reconoció que se puede aplicar el principio de autodeterminación en el caso Malvinas? Porque esta es la cuestión jurídica clave . No puede aplicarse dicho principio a una población cuya composición es ínfimamente nativa o descendiente; a una población que actualmente (de acuerdo a documento oficial británico) proviene de 62 países distintos y que en definitiva ha sido trasplantada deliberadamente en todos los años de usurpación.

También cabe aclarar que la base militar inglesa de Malvinas, la más importante de la OTAN en el hemisferio Sur, fue adquiriendo esa dimensión no luego de la guerra del 82, sino después de firmados y estando vigentes los Acuerdos de Paz con el Reino Unido de 1990. Y que la explotación petrolera comenzó luego que Menem firmara un nefasto convenio, que fuera bien derogado en el 2007 por Néstor Kirchner. Pero que tampoco este último hizo nada efectivo cuando la Unión Europea incorporó en su Constitución a las Malvinas y el territorio antártico británico como territorios de ultramar europeo .

En definitiva, tenemos que hacernos cargo de los errores cometidos antes, durante y después de la guerra de 1982.

En democracia, Malvinas debe ser una política de Estado.

Una política integral, sin doble discurso y también sin derrotismo. Malvinas es una cuestión estratégica para el futuro de todos los argentinos y los sudamericanos , donde están en juego con la proyección a la Antártida más de 5.000.000 de km2, con recursos naturales de todo tipo.

Malvinas es fundamentalmente el desafío de saber qué somos los argentinos: un pueblo que con dignidad lucha por lo que es suyo y por recuperar lo que le usurparon o una sociedad resignada y derrotista.

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Puja redistributiva: "Vamos a hacer lo que tenemos que hacer", dijo Micheli

ACTA

Al cabo de la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA, su secretario general, Pablo Micheli, ratificó que el 14 de marzo la Central va a movilizarse contra el ajuste frente al Ministerio de Trabajo de la Nación en la ciudad de Buenos Aires y en las delegaciones de la cartera laboral en cada capital de provincia. "Nosotros funcionamos independientemente y vamos a hacer lo que tenemos que hacer", sostuvo Micheli.

En declaraciones a la prensa, Micheli reiteró que para la marcha del 14 de marzo al Ministerio de Trabajo "le planteamos a Moyano que queríamos que la CGT sea parte organizativa. En realidad surgió a partir de una propuesta que él que me hizo a mí personalmente y que ahora nosotros le pusimos fecha, la concretamos. Moyano nos dijo que le parecía bien, que estaba de acuerdo".

"El lunes al mediodía lo llamé a Moyano, conversamos y acordamos seguir hablando, en este diálogo que iniciamos hace un mes", precisó Micheli sobre la posibilidad de lograr la unidad en la acción de la CTA y la CGT.

Sobre la movilización, dijo que "acordamos con los compañeros de Barrios de Pie, la marcha para enfilar primero hacia el Ministerio de Desarrollo Social y luego al Ministerio de Trabajo por el tema de los compañeros de los planes Argentina Trabaja, por la eliminación del Impuesto a la Ganancia sobre salario, por el tema de que los jubilados tengan una jubilación mínima igual al Salario Mínimo, Vital y Móvil, para que la paritaria no tenga techo, y por la unificación de las asignaciones familiares".

Micheli confirmó igualmente que estuvo reunido junto a Ricardo Peidro, secretario Adjunto de la CTA; con el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, con quien acordó la realización de la marcha y el convite a Moyano para que sea "parte organizativa", de la movilización.

El sindicalista adelantó que otras organizaciones sociales "también participarán de la marcha".

Micheli alertó que "el Gobierno no va aflojar con el ajuste", al tiempo que recordó que el próximo 15 de febrero, la CTA junto a organizaciones sociales y de Derechos Humanos, se movilizará en rechazo a la Ley Antiterrorista recientemente aprobada por el Congreso.

En ese sentido dijo que "así como anularon la Ley de Obediencia Debida y Punto Final, lo mismo debería pasar ahora con esta ley".

"La Ley Antiterrorista es un desastre jurídico, es una vergüenza que en la Argentina tengamos que soportar que se apruebe semejante ley, que pone en riesgo las libertades individuales y colectivas y que nos tipifica a todos como sospechosos de terroristas cuando en realidad este es un país pacífico, no violento", concluyó Micheli.

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Argentina, Jujuy: "El desafío es organizar al sector privado y terminar con la precarización laboral"

Carlos Saglul (ACTA)

“El desafío fundamental es lograr que la Central pueda crecer en el ámbito privado, venimos dando importantes pasos en ese tema, con la creación de nuevos sindicatos como telefónicos, chóferes, etc. Lo otro es terminar con la flexibilización laboral generalizada, los contratos basura, cambiar planes sociales por empleos dignos”. De esta manera José Del Frari, secretario general de la CTA Jujuy, explicó a ACTA la etapa de desarrollo por la que atraviesa la organización en esa provincia norteña.

A continuación, reproducimos los puntos más salientes de la conversación telefónica mantenida ayer con Del Frari:

¿Qué pasos han venido dando después del último Congreso Nacional Federal de la CTA en Mar del Plata?

Para nosotros el desafío es extendernos al sector privado. La base de la CTA jujeña son los estatales y judiciales, o quienes como yo, somos de gremios docentes. En ese sentido hemos avanzado mucho a través del desarrollo del sindicato que agrupa a los chóferes, la Unión de Conductores de la República Argentina y los telefónicos. También se ha extendido al Gremio de Maestranza y al de los Agentes de Propaganda Médica. Fue emocionante ver como una asamblea de miles de compañeros del Ingenio Ledesma levantaban la mano para sumarse al Sindicato del Azúcar. Recientemente también se lanzó el de los trabajadores de la fruta, un sector muy desprotegido desde el punto de vista gremial.

¿Hay un común denominador en la coyuntura?

Entre los estatales es central el tema de la Paritaria. Y en los dos sectores hay algo central que es terminar con la precarización laboral. Lo que pasa es que se sigue tomando gente en base a la Ley de Emergencia de 1989. El trabajador entra al Estado en forma precaria, aunque el mismo Estado se vea afectado por este tipo de contratación irregular.

¿Cuál es la razón por la que no se cambia?

No es por limitaciones económicas. Hay dinero. A veces pienso que lo que falta son pelotas para decir esto no puede seguir más. Pensá en los jóvenes, qué futuro les das cuando ni siquiera se les posibilita tener una carrera, el escalafón correspondiente a su desempeño. Estamos hablando de no menos de 10 mil compañeros.

También hay miles de planes sociales, ¿qué se hace para convertirlos en empleos reales?

Algunas organizaciones han trabajado en ese sentido generando cooperativas. Hay de todo. También gente que por ese subsidio sobreexplota al trabajador, generando no el reconocimiento de un derecho sino una nueva situación de precariedad. Hay varios planes oficiales en materia minera y de forestación. Ante la caída del mercado del tabaco se generan cultivos alternativos como el de la frutilla. Hay 80 trabajadores en esas condiciones. Yo insisto que es necesario, aun dentro de la Central, sentarse a discutir seriamente el perfil productivo de la provincia. Es la base para terminar con todas estas inequidades.

¿Qué pasa con la titularización de tierras?

Los veo demasiado tranquilos. Algo se está haciendo pero poco. Esperemos que esa lentitud no lleve a otro levantamiento popular. Todo esto es resultado de la falta de planificación. No son pocas las tierras que continúan ocupadas. No podemos tomar como una fatalidad que cada doce años la gente salga a la calle a pelear por la tierra, el mínimo derecho de tener un pedazo de tierra donde levantar un techo.

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Argentina: Lorena, Tatiana y el río

Silvana Melo (APE)

Lorena manejaba la canoa por el delta del Paraná como si fuera en bicicleta por las callecitas del barrio. Es que el río era su barrio. Donde nació y murió, isleña, a los 26. Libre de la locura ciudadana, iba con sus niñas de visita. Ponía en marcha el motor fuera de borda y salían vestidas de tarde. Era viernes y se podía. Ya la canoa había pasado por las proveedurías y habría almuerzos y cenas para el fin de semana.

Las islas del delta en Tigre serpentean entre los riachos de la desigualdad. Son fotos de agua de la misma injusticia del mundo.

Por esas veredas de viento y corriente caminan las canoas y las chatas de los que viven de las plantaciones y la pesca. De los que reman a pulmón para llegar al almacén. De los que suben tempranito y de noche a las lanchas públicas para llegar a la escuela. Por esas calles de correntada propia y paraíso ajeno también avanzan los yates y las embarcaciones de lujo a fuerza de portento y poder. A llevarse por delante la historia chiquita de los anónimos.

Lorena conocía la ruta como a los dedos de sus pies. El río le corría por las venas porque ahí nació, respirando frescura de alisos y laberintos de juncales.

El viernes salió con sus niñas de visita.

En la canoa con motor fuera de borda por la vecindad de las casas altas, paradas sobre pilotes de madera cortada en luna menguante para que dure. Tan sabios los sabios de las islas. Habrá pasado o no por el surtidor de la Caty, se habrá cruzado con las chatas de los fruteros, quién sabe. Era una linda tarde de febrero para compartir el mate en otra mesa.

Eso es el delta: la suma de las diferencias, el gesto de la desigualdad que frunce sus narices a una hora precisa.

Al fin y al cabo era el paraíso de Rodolfo Walsh. Y el infierno de Leopoldo Lugones.

Sólo atinó a extender el brazo sobre las niñas cuando vio venirse encima la trompa del yate. Un monstruo soberbio que avanzaba sin mirar ni ver. Como suele hacerlo el poder sobre los pequeños. Ella intentó parar un misil con las manos. Y la hélice suntuosa le devastó los sueños. Y la dejó muda en el centro de la muerte. Con su criatura más frágil dormida en un sopor morado del que no ha vuelto.

El arroyo Cuatro Bocas las vio deshilacharse en la canoa, de sangre al río Paycarabí. Hasta el guira guira calló su canto. Pero el yate no se detuvo y siguió su marcha de fastos, cortando corriente en un camino que no era el suyo. Que no debía ser el suyo.

Violento conquistador de un territorio ajeno.

El isleño sabe cómo sopla el viento. Si viene desde el este o desde el sur. Conoce la sutileza de su silbido, la dirección de las hojas de los álamos. Lorena conocía cada palmo del río. Sus corrientes más finas. Y sospechaba por el vuelo de la garza mora cuándo se vendría la marea.

Las ayudaron esquiadores y vecinos. Y el invasor se fue, sin mirar. Sin ver.

Eduardo Cantón dicen que se llama el hombre del yate. Socio en otros tiempos de banqueros como Marcos Gastaldi o Alejandro Gravier. Amigos con mal fin, de acusaciones cruzadas y reclamos millonarios. En los noventa socio de Laith Pharaon, hijo de Gaith. El magnate saudí constructor del Hyatt. Y denunciado como el gran lavador de dinero y traficante de armas del planeta.

Un poderoso el hombre del yate.

Conquistador imperial que planeaba irrumpir con sus negocios en el Delta.

Lo hizo con la nariz de su yate en los sueños de Lorena, que se rompió como un cristalito. Y en el futuro de Tatiana, que se apaga como una vela en el viento.

Cuando llegaron otros conquistadores el delta sufrió el desmonte. Los álamos, los pinos y los sauces de los que viven los isleños cayeron bajo la topadora. Con la madera hacen pasta de papel. Y tirantes y pilotes para las casas. Pero se siguió viviendo, con las muescas del río en la piel. Y el toreo de la correntada que a veces sube hasta los pies.

Tatiana está “en estado de coma no farmacológico y hemodinámicamente inestable; no responde al tratamiento ni a los estímulos”.

Eso dicen los médicos que le cuidan el cuerpecito de dos años, apenas.

Los isleños sienten otras cosas.

Dicen que el río corre sin quicio en estos días.

Y que el guira guira no ha vuelto a cantar.

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Argentina. Juicio Díaz Bessone: El oficio de ser abogado del diablo

Juane Basso (REDACCION ROSARIO)

Al margen del veredicto que de a conocer el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario ‒a cargo del proceso oral y público contra los represores de la patota de Feced‒, los imputados no podrán decir que no tuvieron un juicio justo. Y mucho menos tendrán derecho a quejarse de sus defensas, al menos de las que el propio sistema les ofreció a través de sus abogados de oficio.

La sensación que invade a este cronista es que, a pesar de la ‒entendible e incluso compartida‒bronca que provoca entre querellantes y organismos de derechos humanos, ver en acto el alto compromiso de los defensores oficiales con su causa ‒en este caso la causa puede ser la defensa de los más repudiables genocidas‒, el resultado final es en favor de la legítima bandera del Juicio y Castigo. Nada mejor para acallar las voces de los socios del club de la impunidad, que garantizar que los genocidas tengan un juicio con todas las de la ley.

Este miércoles se escuchó buena parte los alegatos de la defensa en el juicio Díaz Bessone. Los abogados de los imputados José Rubén Lofiego ‒Gritzko Gadeo Doronsoro‒ y Ricardo Chomicky ‒Héctor Galarza Azzoni‒, respondieron acusaciones y pidieron la absolución de sus defendidos.

En el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina durante la dictadura, son juzgados además del civil Chomicky y el ex policía Lofiego, los también ex policías Mario Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini, y el ex jefe del Segundo Cuerpo Ramón Díaz Bessone.

La audiencia

La jornada comenzó con la continuidad del alegato de la defensa de Lofiego, a cargo de Dorronsoro, quien se dedicó a relativizar las imputaciones por los homicidios de Alberto Tión y Oscar Manzur. Ambos militantes se encuentran desaparecidos.

En una extensa exposición, en la que no negó la existencia del terrorismo de Estado, Dorronsoro se esforzó en demostrar una pormenorizada lectura del expediente. Con machetes en la mano, repasó los relatos de los más de cien testigos que pasaron por el juicio en busca de contradicciones que le sirvieran para mitigar las responsabilidades de su defendido.

Dorronsoro cruzó el límite de lo tolerable para los oídos de los presentes en la sala cuando planteó, sobre el homicidio de Alberto Tión, que no había “prueba fehaciente de la causa de su muerte”. Huelga repetir que el militante montonero, una de las víctimas de la causa, además de haber sido salvajemente torturado, engrosa las larga lista de desaparecidos de la dictadura y, por ende, no se cuenta con su cuerpo para que haya un peritaje que compruebe las causas de su deceso.

En esta jornada de alegatos, el acento del abogado de Lofiego estuvo puesto en subrayar que “no hay prueba material” que demuestre “la autoría de los asesinatos” por parte de su defendido, más que la acusación de algunos de los testigos a las que calificó de “vagas y genéricas”.

Dorronsoro contestó también a la acusación por el homicidio del militante montonero Oscar Manzur, quien fue secuestrado junto a su mujer Marta Bertolino y sus compañeros Juan Girolami y Ernesto Rueda. Al igual que en el caso Tión apuntó a relativizar la prueba directa ‒que lo sitúe a Lofiego en el momento del hecho del homicidio‒ en contra de su defendido.

Tras eso intentó reeditar una pseudo teoría de la Obediencia Debida y señaló que Lofiego actuaba por órdenes primero de sus superiores inmediatos ‒los jefes de la policía‒, y más arriba por la autoridad del Segundo Cuerpo de Ejercito y las Fuerzas Armadas, a quienes responsabilizó por los “crímenes de lesa humanidad” cometidos por el “golpe de estado más sangriento de la historia del país”.

El abogado hizo su trabajo de defensa, y por supuesto no mencionó que Lofiego era el mayor especialista en aplicación de tormentos del SI ‒algo que llegó una vez a confesar en entrevistas periodísticas‒.

Dorronsoro tuvo que releer varios testimonios de los sobrevivientes del SI, para luego contestarlos ‒en busca del pelo en la leche‒, y en algunos casos no pudo menos que reconocer “el terrible sufrimiento padecido” por ellos, como calificó al pasar el caso de Marta Bertolino.

Mientras el defensor oficial describía aquel infierno ‒pensaba este escriba‒ ¿cómo podía pedir la absolución del imputado al mismo tiempo? Porque si bien los cuerpos del delito no están, porque a lo mejor no fueron vistas por ningún testigo las persona concretas que los tiraron de un avión al mar, o que los mataron y enterraron en un cementario como NN, ¿qué duda puede caber de que todos los funcionarios públicos de aquel dispositivo montado por el Estado terrorista ‒leasé represores del SI‒ , son responsables de la suerte corrida por las víctimas de la "patota de Feced"?

De no seguir ese razonamiento, no tendríamos el necesario escarmiento que debería servir como verdadero Nunca Más, para que los presentes y futuros hombres de las fuerzas armadas y de seguridad no vuelvan a ser parte de un Estado genocida. “Así es el oficio de los defensores oficiales”, explicó un conocedor de la subcultura tribunalicia: “el de ser ocasionalmente abogados del diablo”.

Otra disquisición

Este es el primer juicio oral y público por los crímenes cometidos en el SI. Luego de décadas de lucha para que se llegue a esta instancia, el expediente se elevó al estilo de la Justicia federal de Rosario, es decir, mal, incompleto, dejando fuera –entre otras aberraciones–, la mayoría de los casos de homicidios.

Por dar un dato, ya aportado en este medio, sólo se están juzgando en el proceso actual alrededor del 5 por ciento de los delitos de lesa humanidad cometidos en aquel centro clandestino de detención. Sobre esos resquicios y agujeros trabajan los abogados de los genocidas, esa es su tarea.

Pero vale la pena recordar que resta toda otra parte del expediente, que tramita en Instrucción, que algunos han dado en llamar Feced residual, y en el que querellas y fiscalía vienen trabajando para acomodar los tantos de cara a los próximos debates orales.

Alegato por Chomicky

Después de los pedidos de absolución solicitados por el representante legal de Lofiego, fue el turno de la defensa de otro de los imputados del juicio, Ricardo Chomicky, el civil acusado como “colaboracionista” por buena parte des sus ex compañeros de militancia en Montoneros, y cautiverio en el SI. Su abogado, Galarza Azzoni, quien no pudo ocultar que no se esperaba tener que iniciar su alegato esta jornada, comenzó una larga exposición que no logró concluir durante la tarde de este martes.

Galarza planteo dos cuestiones centrales: la nulidad de la acusación del la Liga Argentina por los Derechos del Hombre ‒única de las querellas que acusó a su defendido‒, y “la revictimización” a la que consideró que Chomicky está siendo sometido al haber sido primero “detenido y víctima del terrorismo de Estado” y ahora enjuiciado junto a sus captores. Idea y fuerza centrales de su discurso, por las que reclamó la absolución del único civil imputado en el proceso.

En el primero de los señalamientos, Galarza Azzoni citó la mitad de la biblioteca que lo proveyó de argumentos para sostener que la acusación de la única querella que realizó imputaciones a Chomicky debía ser declarada nula, afirmación que prometió fundamentar más adelante en su alegato.

A continuación repasó una larga serie de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas, la Corte Suprema de la Nación y otras instituciones del Derecho Internacional referidas a cómo deben ser analizados los casos de víctimas del terrorismo de estado, incluso en los casos particulares en los que se plantea las conductas como la “colaboración” o la “delación”.

Entre los argumentos esgrimidos por Galarza, destacó el hecho de que “el titular de la acción penal”, es decir, la fiscalía, había pedido la “absolución de Chomicky”.

Tras aclarar que no tenía nada más preparado para su alegato en el día de la fecha, Galarza concluyó su alocución y el tribunal planteó que debería continuar con él el próximo lunes a las 9,30.

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Argentina, Córdoba: La fiebre de las tragamonedas llegó a Traslasierra

Ernesto Kaplan (HOY DIA - PRENSA RED)

La inminente instalación de slots en San Pedro disparó una fuerte disputa política con el vecino municipio de Villa Dolores, separado por apenas 3 kilómetros. Polémica entre la jefa comunal Emilia y el intendente Juan Pereyra.

La Compañía de Entretenimiento y Turismo (CET), que explota las máquinas tragamonedas en todo el ámbito de nuestra provincia, se apresta a habilitar el mes próximo la instalación de 100 nuevas slots en el interior cordobés. Aunque la cifra parece irrisoria, ésta sería la primera vez -en los últimos tres años- que se daría el visto bueno para la radicación de estos artefactos.

Sucede que desde que el oficialismo de Unión por Córdoba convirtiera en ley en la Legislatura Unicameral, el 23 de diciembre de 2008, un proyecto que autorizó la explotación de 2.400 tragamonedas adicionales a las 3.000 ya existentes en esta provincia, la instalación estaba frenada por diferencias entre el Gobierno y la concesionaria, a partir del canon que ésta última le paga al fisco.

Desde que en el año 2008 se produjo la apertura de la segunda sala de slots en el centro de Villa Carlos Paz, CET no abrió nuevos locales para la explotación de esta alternativa lúdica, pese a que numerosos intendentes elevaron sus respectivos pedidos en tal sentido. Todo parece indicar que en poco tiempo más la localidad de San Pedro, una pequeña ciudad de 4.000 habitantes, conseguirá ese propósito.

Esta posibilidad generó una fuerte disputa política con el vecino municipio de Villa Dolores, separado por apenas 3 kilómetros, que a través de su intendente Juan Manuel Pereyra, se opuso de manera enfática a la radicación de los mencionados aparatos.

El jefe municipal, conjuntamente con las autoridades de la Cooperativa Cemdo, Tomás Ferreira, y del Ente Intermunicipal Aguas de Traslasierra (Einat), Jorge Romero, emitió semanas atrás un comunicado en el que consideró que las slots “afectarán la economía regional y aumentarán la pobreza” en todo el valle de Traslasierra.

En el escrito, se advirtió que “que dicho emprendimiento lúdico comercial ocasionará tremendos perjuicios, avatares y problemáticas concretas en la vida cotidiana de nuestra sociedad”.

Al mismo tiempo, se señaló que “este gran negocio se traducirá en el aprovechamiento espurio de la gente más humilde y desprotegida, generando un desplazamiento económico-patrimonial hacia los dueños del juego, lo que provocará el empobrecimiento de la clase trabajadora y, como consecuencia, la disminución en el pago de las tasas y servicios básicos que prestan las instituciones”.

Consultado al respecto, el intendente de Villa Dolores explicó, que “si se habilita una sala de juegos en San Pedro todos sabemos lo que va a ocurrir porque la empresa concesionaria se convertirá en la banca, ya que se llevará toda la plata, y el pueblo será el punto, es decir, el que va a salir perdiendo”.

“Para nosotros esto genera una gran preocupación porque sabemos que en todas las localidades donde se han instalado tragamonedas se generaron grandes dificultades económicas, entre otras razones, porque hay menos dinero circulando en las calles. Así es como compartimos las expresiones vertidas en numerosas oportunidades por el intendente de Río Cuarto (Juan Jure), en el sentido de que el juego es un verdadero cáncer para las sociedades. Más aún para una pequeña ciudad como la nuestra”, aseguró Pereyra.

El también presidente provincial del Partido de la Concertación insistió en remarcar que “el juego es claramente contraproducente para la economía de toda comunidad. Además, termina provocando serios problemas sociales para las familias. Uno de esos perjuicios es que genera adicciones con efectos terribles para el jugador compulsivo”.

Por tal motivo, el dirigente kirchnerista consideró que “antes de llegar a estas situaciones tan terribles, la intendenta de San Pedro (Emilia Calvo) debería ponerse la mano en el corazón y pensar en el beneficio de toda su comunidad, y no solamente en el de su bolsillo”.

En contrapartida, Calvo defendió la iniciativa por las 40 nuevas fuentes laborales que generará y por el incentivo turístico que supondrá para el poblado. La jefa comunal de la UCR fue más allá y denunció que “Pereyra es un hipócrita porque en pleno centro de Villa Dolores, al frente de la plaza central, se encuentra el Jockey Club, que tiene abiertas sus puertas de lunes a lunes para que la gente vaya a timbear. Y encima, toda la plata que circula allí se la lleva esa institución y a la Provincia no le queda ni un sólo peso”.

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Argentina, Entre Ríos: Analizan recurrir a la Justicia para impedir la designación de Tomaselli

DIARIO UNO - ACTA

Luego de que se rechazara la impugnación, organizaciones sociales -entre las que se cuenta la Regional de la CTA- no descartan la vía judicial contra la designación del juez que actuó en el caso de la niña embarazada.

Luego de que la Comisión de Acuerdos del Senado rechazara la impugnación contra la designación del juez Raúl Tomaselli, realizada por organizaciones sociales junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, ahora se analiza recurrir a la Justicia para intentar revertir la resolución.

Así lo manifestó la dirigente de CTA Paraná, Silvina Calveyra, quien reiteró que, a diferencia de lo que opinaron los senadores, la observación al pliego del magistrado no se presentó fuera de término.

Tomaselli fue propuesto para juez de Familia Civil y Penal de Menores Nº 1 de Concordia, cargo que ya ocupa de modo interino. Fue quien actuó en el resonante caso de la niña de 11 años embarazada producto de una violación, cuya familia terminó por retirar un pedido de aborto no punible.

Para las organizaciones sociales, Tomaselli violó el Código Penal al no dar curso a la interrupción del embarazo, que se encuadraba en uno de los casos de abortos no punibles.

Calveyra, quien dijo que tomaron conocimiento por los medios periodísticos del rechazo a la impugnación, dijo sobre los pasos a seguir: “Cuando el Senado nos notifique, analizaremos la situación y veremos cuáles son los fundamentos. Para nosotros la presentación se hizo en término. No obstante, también tenemos la posibilidad de impugnar este procedimiento ante la Justicia”.

Además confirmó que las organizaciones sociales asistirán a la audiencia pública, que se podría realizar la semana que viene, durante la cual los senadores interrogarán al candidato a juez. En esa oportunidad podrán formular preguntas por escrito.

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Llaman a defender el cobre y el litio de Chile

Tania Peña (PL)

El presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre de Chile, Cristian Cuevas, llamó hoy a los movimientos sociales y a las fuerzas democráticas del país a defender al cobre y el litio de la voracidad de las transnacionales.

En entrevista el dirigente sindical denunció que el pasado año las transnacionales del cobre se llevaron del país 34 mil millones de dólares, monto equivalente al 69 por ciento del presupuesto de la nación.

Esa cifra, ilustró, es mucho más de lo que se entrega en Chile para presupuesto de educación, salud y vivienda y, por tanto, constituye una agresión a nuestra soberanía, remarcó.

Consultado por esta agencia, Cuevas explicó que el anuncio del gobierno de licitar el litio mediante contratos especiales se inscribe también en la filosofía de despojo de las riquezas naturales del país.

Creemos como trabajadores del cobre e incluso interpretando el pensamiento de la mayoría del pueblo chileno que este es un acto ilegal y arbitrario, cuya finalidad es entregar nuestros recursos naturales a las transnacionales, afirmó el también dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile.

En ese tema, recalcó, hay que tener una mirada de país, de soberanía; la convicción de que un recurso tan importante como el litio sea desarrollado por el Estado de Chile para a partir de sus utilidades solucionar muchas de las necesidades que enfrentamos los 17 millones de habitantes.

A través de la renacionalización del cobre y de poder desarrollar nosotros mismos la producción del litio podríamos financiar la educación gratuita para los niños y jóvenes; también la salud y las necesidades de vivienda, consideró el líder de los trabajadores del metal rojo.

En opinión de Cuevas, con las actuales políticas privatizadoras no sólo se hipotecan las posibilidades de desarrollo de Chile, sino también la vocación integracionista de generar nuevas alianzas entre los países del sur.

Manifestó en ese sentido que es importante pensar en el país no solo en el bienestar de los chilenos, sino también en la convivencia y en las relaciones amables entre los pueblos de nuestra América.

Acerca de la respuesta de los trabajadores a la determinación gubernamental de licitar el litio, Cuevas dijo que a partir del 1 de marzo próximo, una vez concluida la etapa vacacional, se está invitando a los estudiantes, a otros sindicatos y a los sectores democráticos a concordar en una agenda común para impulsar la renacionalización del cobre, del litio y del agua.

La convocatoria es para todos los que queremos construir un país distinto, con mayor dignidad, sin desigualdades ni exclusión social, enfatizó.

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El Salvador: Organismo de la ONU preocupada por hacinamiento en el Sistema Penitenciario

Bianca Segura (COLATINO)

El tema de las detenciones arbitrarias hacia los ciudadanos es uno de los temas importantes para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debido al respeto de los derechos humanos de los detenidos. En un afán por realizar una evaluación de la situación en el país, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, realizó una investigación sobre las bartolinas y cárceles del país, con resultados preocupantes.

Para Hadji Malick Sow, Presidente del Grupo de Trabajo, uno de los principales problemas del país es el hacinamiento en las cárceles y bartolinas, ya que los procesos judiciales son demorados por las instituciones de Justicia. Según Sow, muchos detenidos entrevistados durante su investigación, cumplieron su pena pero aún permanecen presos porque no han recibido la notificación que les acredite su libertad.

Debido al hacinamiento, los presos viven en condiciones precarias . “La situación de los centros penales en el país es chocante y no garantiza la seguridad”, afirmo Roberto Garretón, también miembro del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Los funcionarios recalcaron que es importante mantener un equilibrio entre el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad, a través de distintas políticas públicas. Asimismo, enfatizaron que las personas que se encuentran en los centros penitenciarios tienen derechos al igual que las personas que están en libertad y que deben permanecer en condiciones que les permitan una reinserción a la sociedad y respeto a su dignidad.

Según datos recabados por la institución, las cárceles tienen una sobrepoblación del 300% de su capacidad. En la actualidad, existe una población reclusa de 25 mil 411 prisioneros a nivel nacional cuando solo puede recibir ocho mil 100 reclusos.

Los miembros del Grupo de Trabajo aseguraron que no tiene datos sobre detenciones arbitrales en el país, debido a que no hay ninguna denuncia internacional por este tipo de faltas. Sin embargo, les alarma que siete de 56 mil detenciones realizadas por la Policía Nacional Civil (PNC) son basadas en orden judicial. Además, los detenidos en bartolinas permanecen por 72 horas, a veces sin derecho a un abogado. Incluso, detallaron que existen casos donde las personas pasan en ese lugar por tres meses sin ser llevados ante las instancias judiciales.

En el caso de los juicios, la investigación indicó que los presos conocen a sus abogados durante el juicio sin poder hablar con su defensor de una forma confidencial y que son víctimas de los exhaustivos registros por parte de las autoridades al ingreso del penal. Esta situación hace que muchos juristas no asistan a estos centros para hablar con su clientes.

Otro punto es la sobresaturación de trabajo que tienen los defensores para poder defender bien a sus clientes durante un juicio.

Por otro lado, a la comisión le preocupa que el sistema judicial salvadoreño tenga una dependencia de las declaraciones de los testigos “criteriados”, cuando existen otras pruebas científicas y de peritos que tienen mayor credibilidad que las confesiones de otro reo que está condicionado por los beneficios por involucrar a otra imputado en un delito.

Una de las propuestas preliminares que le brindan al gobierno es la ratificación del Protocolo Opcional a la Convención sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, con el objetivo de que ayude a solventar los problemas de la sobrepoblación y las condiciones precarias de los presos.

Además, establecer mecanismos que identifique a los presos que cumplieron sus sentencias para que sean puestos en libertad y, de esta forma, paliar el hacinamiento de los centros penales, elevar el número de jueces de vigilancia para tener un control efectivo de la situación judicial de los detenidos.

Los miembros del Grupo de Trabajo afirmaron que darán más recomendaciones sobre esta investigación en un informe que será dado a conocer en mayo del próximo año.

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México: Pasarela de procuradores y a las mujeres las siguen matando

Anayeli García Martínez (CIMAC)

Mientras la ola de violencia feminicida en México parece no tener fin, los procuradores de justicia de los estados –encargados de investigar y sancionar esos crímenes– comparecen uno tras otro ante la Cámara de Diputados para presentar cifras inexactas de los asesinatos de mujeres, investigaciones imprecisas y diagnósticos inconclusos sobre violencia de género.

Desde junio del año pasado la Comisión Especial de Feminicidio comenzó a realizar reuniones de trabajo con los procuradores de justicia de todo el país, las cuales, lejos de lo que se pensaba, no han derivado en compromisos serios, ni en avances a favor del acceso a la justicia para las mujeres.

Las comparecencias se acordaron con el fin de obtener información fidedigna sobre los homicidios de mujeres, e impulsar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el asesinato de tres jóvenes en Ciudad Juárez en 2001, conocida como Campo Algodonero.

Sin embargo, las reuniones con los procuradores de Tamaulipas, Tabasco, Sonora, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Distrito Federal, Sinaloa, Chihuahua, y recientemente San Luis Potosí y Puebla, se convirtieron en un ir y venir de cifras inexactas, datos imprecisos y respuestas vagas por parte de los funcionarios.

De ese modo, la Comisión Especial no ha logrado allegarse de información precisa sobre la realidad del feminicidio en México.

“Lentos resultados”

A decir de la presidenta de la Comisión Especial, la diputada del PRD Teresa Incháustegui, aunque las reuniones tienen como objetivo signar compromisos de colaboración y presentar avances sobre protocolos de investigación y bases de datos, entre otros temas, los resultados esperados “avanzan de forma lenta”.

Uno de los principales obstáculos es que las autoridades encargadas de la administración y procuración de justicia se niegan a presentarse ante las diputadas.

Así sucedió con el procurador de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez, quien canceló su reunión en San Lázaro, lo que obligó a que la Comisión Permanente lo exhortara a presentarse.

Asimismo, la legisladora afirmó que algunas entidades del país han cambiado –de forma drástica e inesperada– a los titulares de las procuradurías estatales de Justicia, como sucedió en Veracruz o Guerrero, lo que significa empezar desde cero toda vez que los nuevos funcionarios pueden desconocer los acuerdos firmados, lamentó la perredista.

Pero no sólo eso, los problemas empiezan cuando los procuradores presentan información imprecisa porque acaban de llegar al puesto o porque el Ministerio Público no recabó bien los datos, el médico legista no hizo una autopsia o el encargado de recopilar esa información no fue a la reunión.

Exhibidos

Así por ejemplo, en septiembre pasado el procurador de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, ante las cifras confusas afirmó: “Si yo tuve deficiencias en mi exposición, se van a subsanar con hechos, con la práctica cotidiana”, pero de esos hechos que anunció el funcionario aún no hay noticias.

En las comparecencias de hoy, los procuradores de Puebla, Víctor Antonio Carrancá; y de San Luis Potosí, Miguel Ángel García, al igual que sus antecesores señalaron que tienen avances significativos en “pláticas, talleres de sensibilización y foros sobre género”.

El procurador poblano afirmó que del año 2000 al 2010 se habían registrado 275 homicidios dolosos de mujeres, y que para investigar estos casos se elaboraron cuatro protocolos de investigación: de violencia sexual, homicidio, trata de personas y otro elaborado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la PGR.

El procurador de San Luis Potosí indicó que se llevaba un 80 por ciento de avance en la elaboración de los protocolos, pero que faltaba que las entidades de la administración pública firmaran un acuerdo para darle transparencia a estos lineamientos, y así concluirlos y presentarlos.

Al hacer un balance de estas reuniones, Incháustegui señaló que en términos generales cada vez hay mayor sensibilidad de las procuradurías para tocar el tema de la violencia de género y para emprender acciones en la materia, por lo que confía en que en un futuro se obtengan resultados más claros.

La legisladora detalló que la Comisión Especial elabora una propuesta estándar para el registro de casos de feminicidio y para revisar los protocolos de investigación de mujeres desaparecidas y asesinadas, a fin de que los procuradores tengan una propuesta uniforme que se aplique en todo el país.

Además explicó que luego de que la Cámara de Diputados aprobó un amplio paquete de reformas al Código Penal Federal, es necesario impulsar que el Senado avale la reforma tal y como se presentó en la Cámara baja. En cuanto a las comparecencias apuntó: “Estamos de nuevo enviando los requerimientos de información para los que ya vinieron”.

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Alertan sobre precaria situación laboral de jóvenes en Estados Unidos

PL

Los jóvenes estadounidenses están hoy en la peor situación frente al mercado laboral desde las cifras difundidas después de la Segunda Guerra Mundial, reveló un estudio de Pew Research Center (PRC).

Desde 2008 los ciudadanos de entre los 18 y los 34 años de edad han sufrido mayores descuentos en su canasta de ingresos que otros grupos etarios, de acuerdo con el reporte de la organización independiente.

El 69 por ciento de los norteamericanos cree que para los jóvenes de hoy día resulta mucho más difícil encontrar empleo que cuando sus parientes de la anterior generación emprendían igual gestión.

En este segmento de población el nivel de ocupación laboral ha decaído en 54,3 por ciento durante los últimos cuatro años, el peor número entre todas las estadísticas registradas desde 1948.

Al final de 2011 el nivel de desempleo de los estadounidenses entre 18 y 24 años era de 16,3 por ciento, muy por encima del 8,8 promedio para los adultos entre 25 y 64 años, precisó el informe de PRC.

La indagación fue realizada a un total de dos mil 48 individuos en 10 estados, en un periodo comprendido entre los días 6 y 19 de diciembre de 2011, y tiene un margen de error de 2,9 por ciento, aclaró el Research Center.

Reportes sobre una inestable economía en Estados Unidos, en medio de la llamada Gran Recesión, parecen amenazar el potencial segundo mandato del presidente Barack Obama, cuyo nivel de impopularidad es próximo al 50 por ciento, acorde con algunos sondeos.

Analistas pidieron a los mercados estar alerta ante las cifras gubernamentales sobre desempleo, que según autoridades federales ha llegado a su menor nivel en los últimos tres años.

Lass fuentes calificaron los datos de "una gran farsa".

John Hussman, presidente de los fondos de inversión Hussman Funds, analizó los datos del Departamento del Trabajo y concluyó que no hay nada de qué alegrarse.

Subrayó que la tasa de paro en el país se contrajo en enero hasta 8,3 por ciento, pero en realidad el número de desocupados en todos los sectores -a excepción de la agricultura- aumentó ese mes en dos millones 600 mil personas.

También el premio Nóbel de Economía Paul Krugman explicó que el desempleo de larga duración, el de aquellos que no trabajan durante seis meses o más, sigue estando en Estados Unidos a niveles comparables a los de la Gran Depresión, de 1930.

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