miércoles, 15 de febrero de 2012

Chile: 200 años de periodismo pero…

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

La conmemoración de los 200 años de periodismo permitió un descarnado análisis de la situación real de la profesión y de la “libertad de expresión” real en el país. “Al periodismo chileno le está ocurriendo lo mismo que a la clase política: se está quedando fuera del proceso social en curso”, manifestó Alejandro Guillier, conductor del noticiero Hora 20 de TV La Red, sociólogo y ex presidente del Colegio de Periodistas de Chile.

Un panel de 5 expositores y la concurrencia de medio centenar de hombres y mujeres periodistas realizaron una democrática discusión crítica y auto-crítica sobre el estado actual del periodismo con motivo del bicentenario de la profesión cumplido el 13 de febrero, en ocasión del nacimiento de La Aurora de Chile en 1812, semanario político fundado por el sacerdote Camilo Henríquez para promover la lucha ideológica contra el imperio hispano y la elite local realista, bajo el gobierno liderado por José Miguel Carrera.
La convocatoria al debate fue suscrita por el Círculo de Periodistas de Santiago y el Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas. El acto fue abierto con una intervención especial de Alfonso Velásquez Verdugo, director del Instituto de Investigación Histórica José Miguel Carrera. También hubo una presentación de la Estudiantina Siglo XXI “Huentelauquén”.
Las exposiciones del panel y la discusión posterior resultaron polémicas, en contraste con la retórica banal y los lugares comunes usuales en cualquier conmemoración histórica chilena. La “mesa redonda” fue integrada por Guillier, Margarita Bastías, directora del Círculo y redactora de Ansa; Marcel Garcés, presidente metropolitano del Colegio de Periodistas y redactor de Notimex; Víctor Hugo de La Fuente, director de Le Monde Diplomatique-Chile; y Ernesto Carmona, director del Círculo.
El debate concluyó que, desde los primeros problemas de censura que enfrentó Camilo Henríquez -el primer periodista reconocido del país-, la libertad de expresión en Chile avanzó muy poco en 200 años. Guillier, quien también es académico, dijo que la elite de 1810 fue hábil en desembarazarse de la tutela política y comercial de España, pero no hizo ningún esfuerzo por impulsar revolución alguna, en un país socialmente estratificado. Más bien se las arregló para conducir sin grandes cambios a la nueva nación durante dos siglos.
Amenaza de la “Ley Hinzpeter”

Margarita Bastías expuso la amenaza del proyecto de ley en el Congreso “Fortalecimiento del Resguardo del Orden Público”, más conocido como “Ley Hinzpeter”, por el apellido de su autor, el ministro de Interior de Piñera. La iniciativa, que será debatida en marzo, criminaliza la protesta social y autoriza a las policías para incautar material periodístico sin orden judicial: fotografías, videos, sonidos y demás elementos propios de la cobertura de una noticia. También se analizaron las repercusiones internacionales de la colisión entre los derechos de autor, las ganancias de las grandes corporaciones del cine, la música y el entretenimiento en general, versus la libertad de expresión, impulsada por las llamadas leyes SOPA y PIPA de EEUU, además de otras acciones en desarrollo en América Latina. También se debatió sobre la baja calificación de Chile en el último “Barómetro de la Libertad de Expresión” de Reporteros sin Fronteras, una organización más bien de derecha que lo sitúa en los últimos niveles, junto a naciones como Kenya, Bulgaria y Serbia.
“Yo creo que se ha debilitado el rol de los medios de comunicación, y de los periodistas, como líderes de opinión, porque el periodista mismo en un momento también tiene que ser capaz de opinar, tiene que ser capaz de contextualizar, tiene que ser capaz de investigar y denunciar. O sea, el periodismo tiene que tener fuerza, tiene que tener una capacidad de cuestionamiento... Si no, se debilita el periodismo y se comienzan a buscar otras fuentes de información y los jóvenes empiezan a construir sus propias redes porque no confían en el periodismo, en los periodistas, ni en los medios", dijo Alejandro Guillier, considerado también por las encuestas como el mejor conductor de noticiarios de TV y “el periodista más creíble” del país.
Víctor Hugo De La Fuente, director de la versión chilena de Le Monde Diplomatique, dijo que en el país “se da una situación de duopolio tan fuerte, de dos grandes grupos económicos que son los mismos dos grupos económicos que autorizó la dictadura el 11 de septiembre (de 1973) en el Bando 15. Simplemente, allí dijeron ‘se autoriza a El Mercurio y a La Tercera a ser editados, los demás están todos prohibidos’. Y esos dos diarios son los únicos que hoy día existen en Chile y no hay un solo diario de oposición".
Ernesto Carmona, director del Círculo, dijo que “la ‘Ley Hinzpeter’ es una norma represiva del movimiento social: criminaliza la protesta, o sea, es una ley contra la libertad de expresión de los ciudadanos; convierte en un crimen el acto de protestar, transforma en criminales a quienes protesten y lesiona también severamente a los periodistas y a la “libertad de expresión” convencional de los medios, puesto que los convierte en una suerte de auxiliares de las policías y del esquema de represión que se está pretendiendo legislar".
“…Ley contra los estudiantes es ley contra la prensa”

Marcel Garcés anunció que el próximo congreso del Colegio de Periodistas, previsto para abril, diseñará una estrategia de lucha contra la “Ley Hinzpeter” para vincular más a la orden con el movimiento social y llevará a la Corte Interamericana los numerosos atentados contra periodistas perpetrados por Carabineros y otros elementos policíacos y de “inteligencia” en la cobertura de las manifestaciones estudiantiles de 2011. Añadió que una declaración del mismo día de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a los propietarios de medios de papel, pretende hacer creer que los dueños de grandes diarios mantienen en Chile “¡el libre flujo de las ideas!”, afirmación absolutamente falsa.
También se lanzaron duras críticas a la formación de los periodistas en el ámbito universitario local. Guillier recordó que “más lucha del periodismo hubo durante la dictadura que hoy”. Se criticó el empobrecimiento general del periodismo, más patente en la TV con la difusión de “noticias” banales, propaganda comercial presentada como información, ausencia de jerarquización y gran fragmentación de los temas abordados por los noticieros, pero sin contexto ni perspectiva… y mal uso del lenguaje.
Guillier reflexionó que el regreso a la “democracia” en 1990 dejó intactos los esquemas de poder de la dictadura, tal como la elite de 1810 sacudió el yugo español en su beneficio pero mantuvo la estratificación de la sociedad de la naciente república. Dijo que la elite que asumió el poder en 1990 mandó a la gente a irse a sus casas y era de mal gusto cuestionar la dicotomía del consenso: prudencia versus imprudencia. “Nos adocenó la democracia de consensos”, dijo. Criticó el exitismo que cultivan muchos estudiantes que ingresan a la carrera de periodismo con la obsesión de hacerse famosos.
El periodismo por sí mismo tampoco hace noticia. Cuando se ha conmemorado La Aurora en un acto con invitados del gobierno suelen acudir las cámaras, pero también acostumbran hacer "puntos de prensa" sobre otros temas de la coyuntura con las personalidades políticas presentes, tal como lo pautaron los jefes, y la actividad resulta igualmente ignorada por los medios. Así ha ocurrido muchas veces. Esta vez no se invitó al gobierno y entre los escasos medios que cubrieron el acto que conmemoró dos siglos de periodismo destacaron radio Bío Bío y Cooperativa, más otros medios independientes y de limitado alcance y circulación. El auditorio casi llenó la sala, pero la edad promedio superaba largamente los 60. Todos coincidieron en que la tarea más urgente es vincular al gremio con la juventud y el movimiento estudiantil y social, en el gran marco de la reactivación organizativa en reclamo de derechos detona índole que hoy sacude al país y se espera que reaparezca tras las vacaciones de este caliente verano. Alejandro Guillier vaticinó que este movimiento se muere… si no hay reactivación del movimiento estudiantil y social en 2012.
“¿Estamos dispuestos?”, preguntó con cierto aire desafiante. Advirtió que “la ley contra los estudiantes es una ley contra la prensa”.
Ernesto Carmona Ulloa, periodista y escritor chileno, secretario ejecutivo de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap).

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Argentina: Otras reflexiones sobre el salario docente y la inclusión social


Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

En los discursos de los funcionarios oficiales y hombres de empresas también se halla el hacer hegemónico de la plutocracia. Por lo tanto, es indispensable (o intentarlo, por lo menos) desentrañar que dicen (y omiten) los gerentes del dinero.


Cuando el Ministro de Educación de la Nación Alberto Sileoni asevera que “tenemos la autoridad moral para decir que el gobierno defiende el salario (1)”… ¿qué querrá afirmar el máximo jerarca de la pedagogía estatal?

Cuando el titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Diego Bossio, exclama que “este es un gobierno que ha elegido la inclusión por sobre los privilegios (2)”… ¿qué querrá enfatizar este “administrador” gubernamental?
Veamos.

Sin ambages: si hay asalariados, hay plusvalía; en otras palabras: explotación del pueblo para beneficio del capital. Y si hay inclusión es porque precisamente los privilegiados de continuo dirigen las reglas del dispositivo adentro/afuera del consumo y/o producción enajenante.

Las horas-trabajo de los docentes valen más que los 3.000 pesos que la Confederación de Trabajadores de la Educaciòn de la República Argentina (CTERA) pretende para los educadores que recién se inician en la labor “profesional”. Los 320.000 afiliados que CTERA dispone resultan un gran plusvalor para la plutocracia. Si los profesores se resistiesen a la “Formación ética y ciudadana”: “otro gallo cantaría”. Con todo, como sostiene Darío Balvidares “la escuela con el gesto reproductivo modela en la subordinación a la “verdad” de los que producen la “verdad”: los colonizadores (3)”.

¿Qué pasaría si en las escuelas se enseñara que el salario es la marca de la opresión capitalista? Podrá sonar a desvarío, pero 3.000 o 6.000 pesos: el salario docente es ultra productivo y barato de pagar. La evaluación docente que se avecina en el 2012 busca “refinar” más los logros: el merito docente sumará premios monetarios por su eficiente tarea: formar recursos humanos para el mundo empresarial, alfabetizar a los consumidores y propagar la mentira de la ciudadanía participativa.

En definitiva: parte de verdad hay en lo que (como todo pensamiento burgués) señala Sileoni: “el Gobierno defiende el salario”.

Asimismo, cabe reflexionar sobre la tan pregonada “inclusión” de la presidencia K. Desde el discurso oficialista tratan de asociar “inclusión” con bienestar económico (trabajo y consumo) y dignidad (derechos sociales y educativos).

Sin embargo, viene bien lo escrito por Zygmunt Bauman en Libertad: “Con el consumo firmemente establecido como foco y campo de juego para la libertad individual, el futuro del capitalismo parece màs seguro que nunca. El control social se convierte en una tarea más fácil. Los costosos métodos “panópticos” de control, cargados de disenso como están, pueden desecharse o reemplazarse por un método menos costoso y más eficiente de seducción (o, más bien, el despliegue de métodos “panópticos” puede limitarse a una minoría de la población, que por alguna razón no puede ser integrada con el mercado de consumo). El requerimiento de conducta funcionalmente indispensable para el sistema económico capitalista, e inofensiva para el sistema político capitalista, puede confiarse ahora al mercado de consumo y sus atractivos. Por lo tanto, la reproducción del sistema capitalista se logra mediante la libertad individual y no por su supresión. En lugar de contabilizarla del lado de los gastos sistémicos, toda la operación de “control social” puede contarse ahora entre los haberes sistémicos (4)”.

En otros términos, la “inclusión” es un nuevo dispositivo que le ahorra gastos al orden y los intereses de la plutocracia. La persona incluida se creerá más libre, consumirá celulares y otras fruslerías a montones y mirará por TV como protestan los disconformes y/o la policía encarcelando a los “delincuentes” que no saben comprender que la felicidad pasa por “comprar” con dinero bien ganado o de planes sociales recibidos.

En síntesis: “salarios e inclusión” son dos preocupaciones importantes para el gobierno kirchnerista. Se trata de invertir para que la plutocracia sonría.

El capitalismo “serio” necesita seducir, vigilar, reprimir, contener, adoctrinar y asalariados (re) productivos.

Es hora que la rebeldía supere los miles de pesos mensuales y se organice para pelear por una Argentina emancipada y solidaria.
Notas.
1) Sileoni: “Este Gobierno defiende el salario”. Notife.com. 08-02-2012
2) Bossio: “Este gobierno eligió la inclusión por sobre los privilegios”. TELAM. 07-02-2012
3) La novela educativa o el relato de la alienación. Redes Cultura. Octubre 2005.
4) Losada. Junio 2010.

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La crisis del actual modelo energético neoliberal y el fin de los recursos

José Rigane (ACTA)

El desguace del Estado y la implementación de las políticas desreguladoras, llevadas a cabo desde hace tres décadas (y profundizadas en los 90), instauraron una transformación estructural del sistema energético.

Sin poder, el Estado no jugo ningún rol (salvo el de socio menor de las multinacionales), permitiendo, en el sector, la conformación de un oligopolio económico energético (que reemplazó al monopolio legal del Estado) que produjo y produce la depredación, en beneficio propio, de las reservas de gas y petróleo.

Muchos especialistas están llegando a la conclusión, ya advertida, de que Argentina, en tanto y en cuanto se mantenga inalterable el modelo energético instaurado desde la privatización de nuestros recursos y servicios públicos, va a necesitar, en poco tiempo, importar petróleo y gas. Esta es una de las certezas de que el modelo ha fracasado y provocado una crisis de carácter estructural.

El petróleo y el gas, que son un bien social, se convirtieron, en nuestro país, a partir de las privatizaciones, en una mercancía, quitándoles el status de recursos energéticos, por tratarse de recursos no renovables, y asimilándolos a los alimentos, zapatos o automotores. El que los posee los vende libremente y el día que se acaban lo van a sustituir por otros bienes o los buscaran en otros lugares.

Esta situación llevó a la Argentina a alcanzar su pico máximo de producción de hidrocarburos en 1998. Al respecto, el licenciado Gustavo Lahoud, de la Universidad del Salvador afirma que "se han propiciado medidas que, a la vez que permitieron la privatización en gran escala del sector energético nacional, establecieron criterios de gestión corporativos basados en políticas de "desregulación" masivas, simultaneas a la gradual desaparición del Estado como agente rector del proceso económico. Esta transformación provocó un daño mayúsculo a la estructura energética nacional".

El INDEC, recientemente, informó sobre el nivel de producción Petrogasífera del país, llegando a la conclusión que, de acuerdo con su denominado "Indicador Sintético de Energía" (ISE), en el primer semestre de 2005 las producciones de petróleo y gas natural han registrado una disminución, para ambos caso, del 3,4 por ciento respecto de igual periodo del año anterior.

Esto sucede en nuestro país, mientras en el mundo se considera que el punto máximo de producción de hidrocarburos se registrará entre el 2005 y el 2010.

Ningún país, ninguna región puede planificar un proyecto económico, político y social si no tiene garantizada la energía. En el contexto mundial esto es determinante y estratégico. Quien se queda sin petróleo o gas, será un país que se volverá políticamente muy dependiente y sin posibilidades de desarrollo. En esta realidad, las dificultades para Argentina van a ser más graves que la propia deuda externa.

Si el gobierno no cambia de modelo energético y no para la exportación de gas y de crudo, del modo en la que hoy se realiza, no solo tendremos un grave problema de dependencia energética (necesitando importar gas de Bolivia, petróleo o derivado desde Venezuela, por ejemplo), sino que, además, vamos a seguir exportando trabajo, en un país con desocupación y pobreza.

Es necesario que el Estado adopte un rol diferente. Es indispensable la recuperación del patrimonio nacional a manos del pueblo. Se puede discutir el cómo, pero no se puede dejar de hacerlo.

ENARSA, una iniciativa política del gobierno actual, que se presentó como la posibilidad de que el país vuelva a tener una bandera nacional en el campo energético, hoy no actúa como lo debería hacer. Sino, ¿por qué no compró lo que Electricité de France vendió a Edenor?, ó ¿por qué no exige la aplicación de la Ley de Hidrocarburos que, en uno de sus considerandos, establece que "ninguna empresa pude tener más de 5 áreas en explotación de petróleo", teniendo hoy Repsol más de 80.

Con las remesas de la rentabilidad energética estamos entregando (regalando), a valor del petróleo de hoy, 8 mil millones de dólares por año. Si tomamos en cuenta que desde la fecha de privatización del sector energético han pasado unos quince años, han salido del país cifras similares a las de la deuda externa.

Los países que cuentan con la posibilidad de poseer recursos energéticos, como la Argentina (que tiene petróleo, gas, agua, etc.), tienen la obligación de defenderlos con un criterio de bien social para garantizar el bienestar de sus pueblos.

El modelo energético fracasó, la crisis, que es del modelo, no se resuelve con subsidios para los grupos económicos responsables de la actual situación, no se soluciona con reprivatización. Solo se resuelve con bisturí, con voluntad política y convicción de transformar esta realidad de pobreza, indigencia y desocupación, distribuyendo la riqueza en función de los más necesitados. Para eso es imprescindible un Estado que recupere su rol rector de políticas activas y ponga mano en la recuperación del patrimonio nacional.

José Rigane es Secretario Adjunto de la CTA; Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA).

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Recursos naturales en Argentina: La trama de la entrega del petróleo y sus beneficiarios

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

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La Agencia de Noticias Copenoa, emite resumen de la película “Oro negro” Tierra sublevada de Fernando “Pino” Solanas, para entender la trama de la entrega del petróleo y a quien beneficio desde la década infame de los 90, hasta la actualidad.


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La voz de dios

Silvana Melo (APE)

Agua Rica se llama el nuevo megaemprendimiento minero lanzado en 2009. Ahí cerquita no más de Andalgalá. Dicen que será dos veces más grande que Bajo la Alumbrera. Agua Rica, tan rica como el agua que sorberá hasta secar la vida de los andalgalenses. Como el agua que dejará de ser rica para los pueblos y volverá como ya vuelve, en gas y balas de goma y dientes feroces en el cuerpo de las mujeres y en los ojos aterrados de los pibes.

Catamarca vive, en estos días, el gesto violento del poder cuando se le acaba la paciencia y sospecha en peligro la inmensa y festiva caja que brota de los vientres de la tierra. A los 13 Juan supo lo que era un calabozo cuando la policía rompió el acampe de Belén. Y Facundo, en brazos de su madre, atontados los dos por los gases y los golpes, pasaron efímeros y neblinosos por las cámaras de televisión. En Tinogasta miles de gentes del pueblo, hartos de que los cerros les desaparezcan frente a los ojos, puestos a defender la identidad y la vida, una historia de arraigo en la tierra que pisan, se sentaron al paso de los camiones que alimentan el Bajo la Alumbrera. Las mujeres y sus niños fueron infantería de musculosa y ojotas, bajo el sol lacerante, por el agua que les sacan, por la que les contaminan, por el saqueo del suelo que es suyo, el que habitan desde hace siglos y en el que quieren quedarse a vivir y a morir.

Pero las empresas canadienses y suizas no tienen de qué preocuparse. No necesitan ensuciar sus manos con el sudor terroso de la gente de pie. Tienen gobiernos que les ofrecen con avidez sus aparatos represivos, sus estructuras judiciales y sus leyes fláccidas para que sea feliz y sin ripio el camino del despojo.

La represión de madrugada en la tucumana Amaicha del Valle –la oscuridad es una vieja aliada del terror-, los perros feroces lanzados contra la gente en Tinogasta, la mujer que muestra la mordedura tan cerca de uno de sus pechos, balas de goma contra la espalda de cualquiera, gases que asfixian a los niños, golpes y palos y patadas en la cara de los viejos, Facundo en brazos de su madre que se desvanece, las amenazas contra los medios comunitarios, las casas allanadas, las listas, el piquete pro minero de gerentes, empleados, familiares de empleados y policías que sitia Andalgalá y no permite la entrada de sospechosos. Y la gente como blanco móvil. Terroristas de los pueblos de la cordillera –dentistas, boticarios, almaceneros, peones rurales, limpiadoras de casas y sus criaturas, maestras, cosecheros- que subvierten el orden establecido por los superpoderes económicos que siguen gobernando en las sombras. En sombras que, de vez en cuando, cuando es necesario, descorren y muestran sus incisivos listos para clavarse en cualquier yugular con pretensiones libertarias.

Decenas de miles de pobladores anónimos resisten junto a sus cerros. Una voz del pueblo que no es voz de dios para la Jefa del Estado. Que sí cree en la voz divina cuando llega desde el proscenio propio, desde la escena que torpemente suele armarse para la difusión de un discurso tan distante ya del interés genuino de la gente lejana. La de los cerros, la de las tierras enajenadas a prepotencia y sangre, la que dejó de tener un patio donde morirse bien. Serán las posturas “dogmáticas y cerradas” que dice la Jefa del Estado que tienen las gentes de los pueblos. El día anterior habían desalojado a golpes la plaza de Belén. Por eso aplaudió tanto a un hombre con nombre que no era, a un trabajador que no era político pero que vicepreside un PJ, a un hombre que no era sindicalista pero fue interventor de AOMA en San Juan, a un hombre que “no tiene pinta de ser de la Barrick” pero se fotografió con Gioja y su AOMA, la que intervino, presentó con la Barrick el pedido de inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares, el hombre que era un obrero raso pero fue elegido por la cementera de Olavarría para que representara a los trabajadores (Armando Domínguez “Antonio” dixit) en la teleconferencia con la “compañera presidenta”, el hombre que definió como seudoambientalistas a la gente que al otro día la policía (avalada indudablemente por el discurso político nacional y provincial) barrería a balas, perros y golpes. “La lógica implacable del pueblo”, dijo ella que él era. La voz de dios para la Jefa del Estado es la voz de otros dioses. La que representa el Antonio que no era. Y no la de decenas de miles de nadies enclavados en los pies de sus cumbres, en sus valles milenarios, en el agua que es el oro para los que vendrán, en el cianuro tan amenazante como los dientes de la policía catamarqueña. Como los incisivos del poder que emerge de las sombras.

El Antonio que no era y que satisfizo la necesidad de legitimación que la Jefa del Estado buscaba en el obrerío hostil, intervino la AOMA de San Juan cuando OSMA (un gremio alternativo perteneciente a CTA) se le había quedado con la mayor parte de los afiliados. A fuerza de conquistas, no más. Y de la denuncia de accidentes de los trabajadores, amenazas políticas y daño ambiental. La Barrik, como Cementos Avellaneda de Olavarría, felices con su obrero fiel.

En Catamarca, los “seudoambientalistas” que no dejan trabajar en paz al Antonio que no era, saben que Bajo la Alumbrera dejará un desierto yermo. Y pretenden evitar el avance de Agua Rica, ahí cerquita no más de Andalgalá. “La campaña publicitaria de la empresa (Bajo la Alumbrera) y los políticos de turno prometía la construcción de un barrio para cinco mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas, 6000 puestos de empleo. Ninguna de esas obras se plasmó. La compañía asegura, aún hoy, que emplea a 1800 personas del lugar y, de forma indirecta, creó 8200 puestos laborales. Los vecinos lo desmienten: afirman que en la mina no trabajan más de 90 personas de Andalgalá”, escribió hace cinco días Darío Aranda.

En la mañana del 9 de febrero Facundo apenas podía respirar en los brazos de su madre. Semidesvanecida, intentaba esquivar las balas de goma y los escudos que le golpeaban la cara. En la tarde del 9 de febrero tres militares y dos civiles quedaban presos por decisión de los jueces que tratan de determinar quiénes y por qué persiguieron y asesinaron a Carlos Alberto Moreno 35 años atrás. El abogado de AOMA defendía a los obreros de la embolsadora de Loma Negra, condenados a aspirar un polvillo que levantaba paredes de cemento en los pulmones. Y se morían cuando todavía no había que morirse. Tratando de respirar. La dictadura tuvo aliados incondicionales. Y poderes con incisivo feroz en cualquier yugular con intenciones libertarias. Una hora después de esa misma tarde del mismo 9 de febrero la Jefa del Estado oía embelesada la Voz de Dios. Con voz de AOMA y de Cementos. Pero con el silencio estruendoso de los muertos. Y la ausencia multitudinaria de los vivos.

Vaya uno a saber qué dios hará oír su voz en estas horas por los rincones de Tinogasta, de Belén, de Andalgalá, de Famatina, de Chilecito, de Jáchal, de Amaicha. Acaso sea la de Atahualpa, el inca secuestrado por Pizarro. Por cuya cabeza pedía una habitación llena de oro hasta los cielos rasos. Dicen que la gente de Andalgalá juntó todo el oro de la tierra y armó una cadena con eslabones tan gruesos como el puño cerrado de los fuertes. Se la echaron a la espalda y caminaron a la Casa de la Serpiente. Enterados del crimen del inca, arrojaron el oro en la laguna que baña los pies del nevado de Aconquija. Por las noches Atahualpa la vela, por si regresan los conquistadores. Su murmullo se escucha al alba, cuando explotan los cerros.

Acaso sea ésa la voz de dios.

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Argentina, Catamarca: Interferidos y censurados

Ximena Cabral (PRENSA RED)

La denuncia del bloqueo a Andalgalá después de la represión en Tinogasta y Belén es parte de una misma operatoria: la del aislamiento para la circulación de información. El bloqueo a la llegada de periodistas y la sesgada información en parte de los medios públicos van a contrapelo de los pregones de la nueva Ley de Medios.

Las crónicas breves de algunos periodistas, los testimonios que van circulando, algunas fotos y parte de los comunicados de organizaciones dan testimonios de las dificultades de llegar a Andalgalá en las últimas horas. La presencia de grupos pro mineros haciendo requisa sobre que medios ingresan y acompañando, como en el caso de Serpaj, al camión durante 50 km ponen luces de alerta a la persecución y la posibilidad del libre ejercicio de la actividad.

Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina (AMARC), la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) y la Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (CoorDeCCAP) denuncian que “no dejan pasar a los periodistas que se acercan hasta Andalgalá en un claro acto de censura contra quienes intentamos cubrir la tensa situación que se está viviendo en el lugar, atentando contra la libertad de expresión y el derecho a la comunicación.”

Además, aclaran que miembros de La Asamblea El Algarrobo denunciaron que estos grupos pro-mineros amenazaron a Radio El Algarrobo, diciéndoles que sería el siguiente punto de desalojo en la escalada de represión. Recordemos que la radio de la asamblea se encuentra interferida desde la noche del jueves 9 de febrero. La RNMA denunció ante la AFSCA esta gravísima situación, pero aún no se ha modificado.

La población sitiada

Desde la madrugada del sábado Andalgalá se mantiene bajo el control de una fuerza parapolicial que controla el acceso a la localidad a partir de revisar autos, palpar a los vecinos, revisar sus pertenencias e impedir el ingreso, entre otros, a organizaciones de derechos humanos como el Serpaj y a diferentes periodistas.

Según plazademayo.com la decisión fue impedir el paso a cualquier medio nacional, especialmente el Grupo Clarín, porque según ellos, difundieron una versión distorsionada de los conflictos de Belén y Tinogasta y “están cansados de la manipulación de los medios”.

Al respecto, describieron la presencia de camionetas doble cabina con dos puestos de los que colgaban carteles de “A la minería sí o sí” y “TN Miente”, y alrededor de veinte personas que irrumpieron para comenzar el control de acceso. “Al constatar que algunos eran periodistas, requirieron identificaciones y nombre del medio al que cada uno pertenecía. No contentos con las respuestas, solicitaron documentos que probaran los datos y finalmente exigieron que se retiraran todos del lugar” aclara el reporte.

La violencia y el temor es la atmosfera permanente por aquellas horas. La estrategia de enfrentamiento entre pobladores, entre trabajadores y asambleístas es parte del recetario de intervención de estas trasnacionales en territorios ajenos. Una de las asambleístas de la radio el Algarrobo describía en la vaca.org que “Los subcontratistas locales de las mineras, medianos comerciantes que agarran algunas migas, organizaron un grupo para tomar el control de la ruta y, así, de la ciudad.

Son 40 ó 50 personas, que están ahí con la promesa de algún trabajo o alguna prebenda. Muy cebados por eso, en una ciudad donde lo único que ha traído la actividad minera es más pobreza y por eso cualquier salida desesperada puede avanzar”.

La asambleísta aclaró: “Nosotros no vamos a enfrentarnos contra los vecinos, por más que estén haciendo esto. Nuestra pelea no es con ellos, sino contra las corporaciones que provocan estas situaciones.” También señala que el propósito de la asamblea es claro: que se cumpla la ley porque “estas empresas violan todas las normas, resoluciones judiciales, leyes nacionales y tratados internacionales.

Ya tienen sentencias que así lo dictaminan, pero la única forma de pararlas y que las acaten es con nosotros en la ruta. No hay autoridad local ni nacional que hoy esté dispuesta a hacerlas cumplir la ley.”

Bloqueados

Las acciones de censura se dieron en el marco de la escalada represiva desde inicio del año. Durante los últimos dos meses pobladores del NOA y localidades cordilleranas se fueron sublevando contra la megamineria extractiva denunciándola como actividad depredatoria hacia el territorio, los bienes comunes y la propia vida de los pobladores a partir del envenenamiento de las napas de agua.

La resistencia desde Famatina, Belén, Tinogasta, Chilecito, Fuerte Quemado y Amaicha del Valle, fue registrada desde sus inicios por medios de prensa locales y comunitarios. En un clima de tensa violencia, parte de la resistencia fue registrada por los propios medios de comunicación de las localidades y la prensa alternativa.

Persecuciones a asambleístas o manifestantes, allanamientos, represión policial, el registro de cámaras y micrófonos de los medios comunitarios significa un punto nodal en la resistencia y articulación entre otros cortes y luchas. En ese marco, la interferencia a la radio El algarrobo representa una clara intervención de censura.

El 9 de febrero a las 21, mientras se transmitía el conflicto en Tinogasta, fue interferida la transmisión de aire de la radio violando el derecho fundamental a expresarse y comunicar.

En ese sentido, el documento de las Organizaciones de Medios comunitarios, populares y alternativos denuncian la violación de los derechos de libertad de expresión, el acceso a la información, y la participación de los medios de comunicación “que acompañamos a un pueblo que se niega al silencio de los cementerios, porque también somos parte de esos pueblos que luchan por sus derechos y sus vidas.”

En las últimas horas, otro de los asambleístas del El Algarrobo e integrante de la radio informaba a Prensared que la ciudad continuaba sitiada. Ante la interferencia de la señal, Brian explicaba que “estamos haciendo una radio abierta en la plaza, de a poco se las rebuscan para entrar, nos han bloqueado de todas formas. Por ahora internet es el único medio que nos queda”.

El silencio de los organismos públicos, de las autoridades competentes para exigir el ejercicio de la libertad de expresión y aquellos acuerdos que fueron expresados en la nueva ley de medios (sobre la necesidad de las voces y testimonios locales en los medios de comunicación como forma de pluralidad y ejercicio ciudadano) queda en duda cuando una comunidad se ve aislada y sitiada por un grupo parapolicial que reduce el conflicto a enfrentamientos entre vecinos.

Asimismo, el bloqueo físico a llegar al lugar del conflicto y la escasa repercusión que estas medidas están teniendo en la prensa masiva y en los medios públicos pone sobre relieve la necesidad de discusión sobre el ejercicio del periodismo, la posibilidad de la libre circulación de información y el acceso a las fuentes y los escenarios de represión.

Fuentes:
- http://lavaca.org/notas/andalgala-la-gente-vs-el-estado-minero/

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Argentina, Catamarca: Admiten tareas de inteligencia en protestas contra la minería

CRONISTA - PRIMERA FUENTE

La Policía de Catamarca reconoció que se llevan adelante esas actividades en las zonas de Tinogasta y Andalgalá, con la misión de “para resguardar la paz”. Los ambientalistas vienen denunciando que son espiados.

El jefe de Policía de Catamarca, Juan José Palomeque, admitió que “grupos de inteligencia” trabajaban en las zonas de Tinogasta y Andalgalá donde persisten las protestas contra la megaminería, y dijo que lo hacen “para resguardar la paz”.

Palomeque reconoció ante la prensa catamarqueña que “se está haciendo un trabajo previo en los ingresos y egresos de Andalgalá”, donde este miércoles se desarrollará una jornada cultural para recordar los dos años de la suspensión de las obras en la mina Agua Rica, tras una protesta con incidentes y una represión policial

“Tenemos grupos de inteligencia que trabajan en el lugar, vemos todas las manifestaciones y tenemos gente trabajando para resguardar la paz”, explicó el funcionario

El comisario Palomeque precisó que reforzaron “la seguridad en Andalgalá enviando más efectivos y no se descarta que colaboren otras fuerzas como Gendarmería” nacional.

El refuerzo se envió por orden del gobierno para vigilar las rutas nacionales donde los manifestantes mantienen campamentos informativos y bloquean el paso a camiones que llevan insumos a las empresas mineras.

En las últimas horas, fuentes judiciales señalaron que un juzgado analizaba ordenar un nuevo desalojo en la ruta nacional 60 en Tinogasta, donde el viernes un operativo de la Guardia de Infantería terminó con represión, incidentes y varios detenidos.

Al respecto, el comisario confirmó a radio Ancasti que la policía estaba “a disposición de la justicia” y aclaró que de concretarse la orden de desalojo “se seguirá el mismo protocolo de la semana pasada” en cuanto a aguardar directivas de la Justicia y evitar la represión.

Consultado sobre los incidentes del viernes en Tinogasta, reportó que hubo “32 policías heridos y 8 ambientalistas” con lesiones y destacó que los perros de la fuerza de seguridad “no actuaron ferozmente” como denunciaron las mujeres que tenían heridas y arañazos en sus pechos

Finalmente, indicó que se iniciaron “sumarios internos” para determinar responsabilidades de los policías que participaron en los disturbios de Tinogasta.

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Argentina, Chaco. Ambientalista cuestiona proyecto saudí en El Impenetrable: “Lo que quieren es anexar parte del Chaco al Reino de Arabia Saudita”

CHACO DIA POR DIA

Así lo consideró el geólogo Ramón Vargas en referencia al proyecto saudí para arrendar tierras en el Chaco con la intención de producir alimentos para su población. “El territorio y los bienes comunes no se deben ni alquilar ni entregar”, afirmó Vargas.

A continuación se reproduce en forma textual la carta de opinión del geólogo y miembro de la Fundación Encuentro por la Vida, Ramón Vargas:

Desde hace dos años el Gobierno de la Provincia del Chaco viene anunciando las negociaciones que mantiene con el Grupo Alkorayef Company (AGC) Y SIASA LATINOAMERICANA S.A.(SIASA). La Fundación Encuentro por la Vida: Cultura y Democracia Ambiental ha tenido acceso al Memorándum de Entendimiento firmado en febrero del 2011, por el Gobernador Capitanich y las sociedades mencionadas.

El objetivo principal que declara la Provincia es el de desarrollar aproximadamente 40.000 hectáreas para la producción agrícola bajo el esquema de “llave en mano” y expresa estar “interesado en el suministro de la producción agrícola para el Reino de Arabia Saudita en relación con la iniciativa Rey Abdullah Nacional de Seguridad Alimentaria”.

En enero de este año se realiza una reunión interdisciplinaria con los inversores y se anuncia que serían unas 212.000 hectáreas las comprometidas “y que podrían ser más” y no 40.000 como se dijo un año antes.

El informe de prensa transcribe declaraciones del Gobernador sobre la reunión y describe las características del proyecto del siguiente modo:

1) “El grupo saudí invertirá en una primera etapa 400 millones de dólares, para el desarrollo del proyecto que contempla una producción agrícola, ganadera y forestal integrada. El mismo se desarrollará en suelos fiscales ociosos, de una extensión cercana a las 212.000 hectáreas, las que pueden aumentar”;

2) “Permitirá el desenvolvimiento de proyectos productivos y el desarrollo de infraestructura vial, de energía eléctrica y de riesgo”;

3) “Creará entre 1500 y 2000 empleos directos e indirectos en la región, pero pueden ser muchos más”.

4) “El mismo tiene una perspectiva de facturación equivalente a casi 800 millones de dólares, entre los próximos siete a trece años”.

5) Además, señaló que “existe una garantía colateral del Estado provincial, ya que es un contrato de exportación de todo lo producido”.

6) Es “condición que todos los productos o bienes exportables a Arabia Saudita, derivados del convenio, sean a través de industrialización en origen y valor agregado. De manera tal que el empleo quede en la provincia, así como la capacitación y los mecanismos de inversión en bienes de capital”;

7) “El proyecto no prevé aportes ni garantías del tesoro provincial que no sean repagables.

8) “A partir del emprendimiento las tierras en cuestión aumentarán el valor patrimonial del Estado provincial, además del impacto ambiental positivo (ya que cumple con todos los parámetros necesarios para esta condición), el desarrollo del empleo así como también el crecimiento de infraestructura regional”, detalló.

9) Por otro lado, aseguró que “el gobierno no transfiere tierras a empresarios extranjeros”. “Estamos trabajando estrategias de arrendamiento y transferencias de tecnologías para que nuestros productores tengan una fuente de ingresos sustentable”, concluyó.

En apariencia un proyecto tentador y beneficioso para los intereses de la Provincia. Sin embargo, debemos decir que nada de esto se ajusta al contenido del Memorándum de Entendimiento. La lectura del mismo es muy explícita y por ello damos a conocer las contradicciones entre lo firmado y lo comunicado a la sociedad chaqueña.

El verdadero compromiso de entendimiento firma:

1) La Provincia se obliga a hacer un Estudio de Factibilidad que abarque todos los aspectos fundamentales del Proyecto de Desarrollo, y es el único responsable. Las partes firmantes analizarán el mismo y si el mismo es aprobado se firma un acuerdo para avanzar en el mismo.

2) Se estima la necesidad de una financiación de unos 400 millones de dólares. Se recurrirá al financiamiento del Banco Saudí de Desarrollo, los bancos regionales y los financistas comerciales. Se estima en unos 12 años el tiempo de devolución de los créditos.

3) La Provincia le cede al Gupo Alkhayeda (AGC) la negociación con el Banco Saudí y el desarrollo de una estrategia financiera para los proyectos.

4) Textual del memo firmado: “Para evitar dudas, todas las adquisiciones de equipos y maquinarias deberán cumplir con las normas y regulaciones del Banco Saudí”.

5) El Grupo Alkayeda (AGC) será el principal responsable de Arabia Saudita en los proyectos “y en ese papel, se pondrá en contacto con las fuentes de financiación saudí, ingenieros y otros subcontratistas, consultores y proveedores”, del proyecto “llave en mano”.

6) La provincia del Chaco “poseerá y/o proveerá” la tierra para la ejecución del Proyecto de Desarrollo”

7) La Provincia “garantizará que las empresas de Arabia reciban prioridad en el alquiler de la tierra”. (Los productores chaqueños no tienen esa prioridad).

8) El Grupo Alkhayeda “recibirá la exclusividad en la venta de la producción agrícola para el Reino de Arabia Saudita en el marco de la Iniciativa Nacional del Rey Abdullah para la Seguridad Alimentaria”.

9) La Provincia nombra al Grupo Alkhayeda como el único responsable del alquiler de la tierra a empresas árabes interesadas, a condiciones de mercado y de la exclusividad de la venta de la producción.

Como se puede ver las contradicciones entre lo informado a los chaqueños y lo firmado es sideral y no se trata de un meteorito.

En concreto tomamos un crédito, para hacerle toda la infraestructura de producción, transporte y comercialización para que los saudíes puedan seguir comiendo y haciendo negocios. De 40.000 hectáreas ya se pasó a 212.000 hectáreas de territorio que deja de estar bajo las normas locales sino que deberán seguir las necesidades de comida y negocios que tienen los árabes. No se dice nada del tiempo de alquiler de la tierra ni el precio que deberán pagar por la misma. Y menos, si este acuerdo será renovable o alguna vez esta tierra volverá a estar en manos chaqueñas. Toda la renta fundiaria y el plus valor sobre las contrataciones, equipos y maquinarias es para el Grupo Alkhayeda.

Lo que se propone en definitiva es anexar al Reino de Arabia Saudita parte del territorio del Chaco para su propio y único beneficio. Salvo que existan otros documentos oficiales que no se han dado a conocer, que contradigan a este memorándum que analizamos, consideramos que el mismo no tiene ninguna viabilidad económica, financiera, ambiental ni social. Simplemente es la nueva forma de mega apropiación, que se están impulsando en el mundo en beneficio de una mayor concentración de las tierras y riqueza que se les quita a los pueblos. El territorio y los bienes comunes no se deben ni alquilar ni entregar.

Lic. Ramón Vargas - Fundación Encuentro por la Vida: Cultura y Democracia Ambiental

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Caso Marita Verón: No se aplica la ley contra la trata de personas

Irina Santesteban (LA ARENA)

En el juicio que comenzó el jueves pasado en Tucumán, por el secuestro, desaparición y sometimiento a prostitución de la joven María de los Angeles "Marita" Verón, no se aplicará la ley sancionada hace dos años contra la trata de personas, por el principio de "ley más benigna".

El caso de la joven tucumana Marita Verón será recordado en la historia penal de nuestro país, como el que abrió los ojos y las mentes de muchos argentinos, sobre un delito que tiene muchas complicidades policiales, judiciales, políticas y sociales: la trata de personas para la prostitución. Su madre, Susana Trimarco, se transformó en una referente en la lucha contra este crimen aberrante, que se remonta a muchos años en su práctica en nuestro país y en el mundo: la compra y venta de personas para ser explotadas sexualmente.

Trimarco, con su persistente búsqueda, logró encontrar pistas sobre su hija que la policía no había podido hacerlo, y a instancias de sus denuncias, se hicieron procedimientos donde se pudo rescatar a decenas de jóvenes argentinas y de otros países de la región, que habían sido engañadas para luego ser sometidas a un grado similar a la esclavitud. Estas jóvenes eran mantenidas en prostíbulos y wiskerías, en condiciones de encierro forzado, con sus documentos retenidos, prisioneras de deudas que se engrosaban cada vez más, o directamente obligadas a prostituirse a fuerza de palizas y droga.

13 imputados

Finalmente, luego de casi 10 años, el juicio oral por el caso de Marita Verón, comenzó el pasado jueves, en sala II de la Cámara Penal de los Tribunales de Tucumán, a cargo de los camaristas Alberto Piedrabuena (presidente), Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. Están imputadas trece personas y deberán comparecer 160 testigos, pero el tribunal puede disponer nuevos testigos, si surgieran del debate nuevos hechos que lo justifiquen, así como decidir la ampliación de declaraciones de quienes ya hayan comparecido. Así se estima que sucederá con la madre de Marita, Susana Trimarco, quien es la principal testigo de esta causa.

Los trece imputados son: Humberto De Robertis, acusado de ser uno de los encargados del local "Desafío", el primer prostíbulo en el que habría estado Marita; los hermanos de crianza José Fernando "Chenga" Gómez y de María Azucena Márquez, que regenteaban whisquerías en La Rioja, donde también se presume que estuvo Marita; y Lilia Irma Medina, Gonzalo José Gómez, Mariana Bustos, Pascual Andrada, Daniela Milhein, Alejandro González, Carlos Luna, Cinthia Gaitán, Víctor Rivero y María Jesús Rivero.

La nueva ley

El caso Marita Verón fue el disparador que logró, en 2011, la sanción de una ley que tipifica al delito de trata personas como una figura especial del Código Penal. La ley 23.264 define a la trata o tráfico de personas como la captación para la explotación sexual, las prácticas de esclavitud, los trabajos forzados y la extracción ilegal de órganos y tejidos, diferenciando a las víctimas mayores de las menores de 18 años, lo que provocó quejas de las organizaciones de mujeres, pues para probar el delito en el caso de personas mayores, hay que demostrar que hubo algún método de coerción para que se configure. Es que muchas veces, los métodos de coerción existen, como amenazas a la familia o a hijos pequeños, y al ser indagadas por la policía en los allanamientos, las víctimas mayores de edad responden que están "por su propia voluntad".

Aún así, la sanción de una ley específica en un delito que deja pingües ganancias en manos de los regenteadores de prostíbulos y la vasta red que rodea a estas bandas (que incluye proxenetas, madamas, informantes, policías y hasta funcionarios judiciales y políticos), es un gran avance para la lucha efectiva contra este delito, que se encuentra en tercer lugar en cuanto al volumen de dinero que mueve alrededor del mundo, después del tráfico de drogas y de armas. La ley 23.264 prohibió también la difusión de los avisos del "rubro 59" en los medios gráficos, porque se los considera promotores de esta modalidad delictual.

¿Asesinada?

El caso Marita Verón tomó un nuevo impulso el año pasado, cuando una mujer que ejercía la prostitución declaró que sabía que la joven tucumana había sido asesinada y enterrada en un predio situado a 30 kilómetros de la ciudad de Córdoba, donde en esa época existían dos wiskerías que funcionaban como prostíbulos.

La fiscal Eve Flores, quien tiene a su cargo todo lo relativo al delito de trata de personas, ordenó excavaciones en un terreno del local nocturno La Vampira, a la vera de la ruta 19 entre Piquillín y Montecristo, pero no hubo resultados positivos.

Las excavaciones fueron realizadas por el Equipo de Antropología Forense, con personal especializado de Gendarmería Nacional provisto de georadares, capaces de detectar la existencia de restos humanos bajo tierra.

La denuncia la hizo en una fiscalía de Santiago del Estero, un familiar de una mujer víctima de una red de trata, ya fallecida, quien aseguró que en esos locales estaría enterrado el cuerpo de Verón junto al de otras mujeres.

Susana Trimarco estuvo presente en los procedimientos realizados en Córdoba, y para ella fue un alivio que el resultado de los mismos fuera negativo y no se hubieran encontrado cuerpos, pues su hipótesis es que Marita sigue viva.

Una fundación

De todos modos, tanto la fiscal Flores como el abogado de Trimarco, Jorge Dantona, dieron crédito a las denuncias realizadas, pues de las mismas surgieron hechos que se fueron corroborando en las investigaciones.

En el transcurso de su intensa búsqueda, Trimarco formó una fundación, llamada "María de los Angeles", en honor a su hija, que tiene por objeto la localización de víctimas de las redes de trata y su recuperación. La historia de Marita Verón y la lucha de su madre por encontrarla, dio origen a una telenovela, "Vidas robadas", protagonizada por el actor Facundo Arana, que visibilizó la problemática del tráfico de personas y su explotación para la prostitución.

Ayer en horas de la tarde estaba prevista la declaración de Trimarco, y su testimonio se esperaba con mucha atención pues la madre de Marita tiene mucho para decir de su largo peregrinar en busca de su hija, no sólo por el caso de su hija sino por su denuncia constante en contra de las redes de trata de personas.

Marita Verón fue secuestrada el 3 de abril de 2002, cuando tenía 23 años, y de las investigaciones se presume que fue llevada a prostíbulos de La Rioja.

El abogado José D'Antona afirmó que Trimarco hará no sólo una declaración detallada de sus intentos por encontrar a su hija, sino también que está dispuesta a carearse con los imputados, quienes se negaron a declarar y rechazaron toda vinculación con el caso.

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Argentina, Corrientes. Tumbas NN: Nuevas excavaciones en cementerio de Laguna Brava

MOMARANDU

No obstante la tarea no arrojó resultados positivos ya que en principio debía cotejarse otra información obrante en la administración del cementerio, según señaló en declaraciones escuetas el Fabio Ferrini presente en el lugar junto a referentes de DDHH.

El cementerio de Laguna Brava ya fue escenario de excavaciones en 2010 en busca de cuerpos de desaparecidos bajo la última dictadura militar.

Las presunciones ahora están relacionadas con operativos ilegales realizados antes de la asonada militar, en el 75, presuntamente en episodios de persecución a atacantes del cuartel militar de Formosa.

Hay indicios de que posteriormente en la Capital correntina fueron abatidos dos presuntos integrantes del comando guerrillero, ambos de Buenos Aires, de apellidos, Bustos y Beláustegui.

Ya las excavaciones para hallar al primero fueron desechadas porque su cadáver no se corresponde con el enterramiento de un NN en ese lugar

Datos reportados a organismos de DDHH suponen los cuerpos de Bustos y Beláustegui estén enterrados como NN en el cementerio citado.

La organización Montoneros atacó el Regimiento de Infantería de Monte 29 y el Aeropuerto "El Pucú" de de Formosa el 5 de octubre de 1975. La acción militar dejó numerosos muertos 12 de ellos integrantes del Ejército y 16 guerrilleros

Comandos montoneros ocuparon el casino de suboficiales y luego libraron combates en el mencionado aeropuerto. Algunos escaparon en avionetas, una de las cuales descendió en territorio correntino.

Inmediatamente después de esa acción nace el Consejo de Seguridad Interior integrado por el presidente provisional, Italo Luder y los jefes de las fuerzas armadas. Su misión "aniquilar" el accionar de los elementos "subversivos" en el país.

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Argentina, Córdoba: Arrancó el juicio al Comando Radioeléctrico y empezaron las amenazas

Katy García (PRENSARED)

Durante la primera audiencia se leyó la acusación completa. Se abrió el debate y la defensa pidió la nulidad de lo actuado. Rechazo de la fiscalía y querella. Amenazaron de muerte a la familia Villanueva. Repudio de los Organismos de DDHH.

Comenzó el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico militar. Esta vez pondrá en evidencia la metodología utilizada por fuerzas de seguridad como el Comando Radioeléctrico. A horas de concluida la jornada, por la tarde, mediante mensajes de texto, amenazaron de muerte a miembros de la familia Villanueva. Los organismos de derechos humanos reclaman al gobierno provincial que investigue y sancione a los autores. Asimismo, exigen "una profunda democratización de la Policía y el inmediato desmantelamiento del aparato represivo".

A las 9:50, comenzó la primera audiencia del juicio oral y público que investiga la privación ilegítima de la libertad y los asesinatos de Ana María Villanueva, Jorge Diez y Carlos Oliva, ocurridos el 2 de junio de 1976.

Los jóvenes, militaban en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), brazo estudiantil de la organización Montoneros. Antes de abrir el debate la secretaria del juzgado, Lorena Castelli, realizó la lectura de la elevación a juicio.

Además de la descripción de los hechos en su contexto, se expusieron el marco conceptual, legal y jurisprudencial existente acerca del Terrorismo de Estado y se subrayó la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad que tampoco son amnistiables.

Según la extensa lectura de los hechos los jóvenes fueron detenidos, golpeados y asesinados por la patrulla en la zona del Chateau Carreras. Se informó ala prensa como un "enfrentamiento" y luego fueron recogidos y trasladados a la morgue del Hospital San Roque. SEgún pruebas documentales se dispararon 170 balas con diversas armas. El procedimiento en la jerga de los represores se denomina “operativo ventilador”.

Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y Carlos Olivieri, ex miembros del Comando Radioeléctrico, son procesados en el marco de la causa “Menéndez Luciano Benjamín y otros p.ss.aa privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado”. La ausencia de Menéndez en el recinto se debe a razones de salud pero claramente es el hombre de atrás al que alude la teoría de Roxín.

Festival de nulidades

Seguidamente el presidente del tribunal abrió el debate y el abogado defensor Alvaro Gáname que asiste a los acusados Bustos y Woroná solicitó la “nulidad absoluta” del proceso y posible sentencia. Cuestionó al tribunal porque según su criterio no tuvo en cuenta las recusaciones a los jueces Pérez Villalobos y Asís. Advirtió que si no son tenidos en cuenta sus reclamos concurrirá en queja a la Corte Suprema.

Desde la fiscalía Carlos Gonella tomó la palabra y solicitó el rechazo y la continuidad del juicio por considerar que “se trata de una maniobra dilatoria”. “Pocas veces he visto, en un proceso penal, tal cantidad de recusaciones interpuestas sistemáticamente”, consideró. En ese sentido enfatizó que se asistía a un “festival de recusaciones” donde solo falta que se recuse a un juez de casación. Asimismo, expuso que la Unidad de Seguimiento de la Procuración General se expidió ante las “chicanas dilatorias” que las defensas privadas y oficiales utilizan para obstaculizar el proceso.

Por su parte Claudio Orosz adhirió a la posición de la fiscalía y recordó que durante el juicio Videla se había intentado apartar al juez Pérez Villalobo del tribunal y que en esa oportunidad se pidió que se cumpla con el principio de la presencia de un juez natural y ello está garantizado. El incidente se resolverá mañana.

La sala y la calle

El edificio –una casona- donde funciona el TOF 2 posee una sala reducida comparada con la de tribunales federales. Está ubicada en el entrepiso que comunica planta baja y primer piso. Allí se instaló el tribunal presidido por Carlos Julio Lascano y los vocales José María Pérez Villalobo y José Fabián Asís, el cuarto juez Julián Falcucci, las partes y el público.

Frente a los magistrados se ubicaron familiares, funcionarios y demás asistentes. Entre los presentes pudo verse a la rectora de la UNC, Carolina Scotto, a la ministra de justicia Graciela del Valle Chayeb y los funcionarios de derechos humanos de la provincia y de la nación Jorge Cuetas, Maria Cristina Vázquez, Enrique Asbert y Adrián López, y el ex vice intendente Carlos Vicente.

También estaban Sonia Torres, de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba y Emilia D'ambra, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones políticas.

Mientras tanto en la calle, la Agrupación HIJOS junto a otras organizaciones estudiantiles y de derechos humanos se movilizó desde la Escuela de Ciencias de la información hasta las puertas del tribunal donde permanecieron hasta que terminó la audiencia. Sobre la calle Crisol se habilitó una sala auxiliar para el público y en la vereda se montó una radio abierta que difundió lo que pasaba en la sala y realizó entrevistas y pasó música.

Para Carolina Scotto “La sed de justicia se apaga con justicia y no con venganza ni olvido. Por eso, venir a reparar una situación tan traumática de violaciones a los derechos humanos como la vivida es algo de lo que nuestro país debe estar orgulloso. Hay otros países latinoamericanos y europeos que no se permiten reelaborar el pasado e indagar. Por eso es tan importante que estos juicios se realicen respetando el debido proceso, con cierta celeridad y con eficiencia”.

“Estamos ante un hecho histórico” expresó el periodista y escritor Cecilio Salguero, quien conoció a una de las víctimas. “Ana María era una compañera inteligente y comprometida”, recordó. En relación al Comando Radioeléctrico afirmó que “desde la época de (Juan Carlos) Onganía fue el organismo más represivo y torturador de la policía provincial. Primero te mandaban a la seccional décima y luego a Encausados. Lograr que 36 años después estos personajes sean juzgados y condenados sin dudas es un logro de los organismos de derechos humanos y de toda la sociedad de córdoba”, concluyó.

En tanto para el abogado de derechos humanos Enrique Asbert “este juicio es la continuidad del juzgamiento de lo ocurrido durante el terrorismo de estado, en este caso en el Comando Radioeléctrico. Además no deja de ser triste escuchar la descripción de la muerte de estos jóvenes compañeros fusilados. Y lo otro es que la justicia se hace presente por fin. Los responsables son juzgados con las garantías que las leyes y la constitución prevén, algo que ellos jamás tuvieron en cuenta”, expresó.

Al mediodía se pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 9 en que se hará conocer lo resuelto sobre el incidente y luego se dará la palabra a los imputados. Está previsto que el jueves declaren cuatro de los diez testigos convocados.

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Argentina. Por “razones de salud” pidieron apartar a Díaz Bessone del juicio que lleva su nombre: Mi pobre dinosaurio

Juane Basso (REDACCION ROSARIO)

Gonzalo Miño, el polémico abogado del jerarca de la dictadura Ramón Genaro Díaz Bessone, presentó un nuevo escrito ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 de Rosario, en el que solicitó que su defendido sea apartado del proceso –donde se juzga a buena parte de la patota que comandó el gendarme Agustín Feced–, por “razones de salud” . Por su parte el fiscal de la causa, Gonzalo Stara, informó que el viernes 10 de febrero pudo comprobar que el genocida "puede soportar el proceso". "Estuve presente en el domicilio del imputado en el marco de una indagatoria que prestó a la Justicia federal de Paraná, y el acto se desarrolló con normalidad”, dijo Stara.

Una vez más, Miño volvió a la carga con el tema de la salud del máximo responsable –vivo, diría Susana Giménez– del terrorismo de Estado en Rosario y la jurisdicción del Segundo Cuerpo de Ejército, de los cual fue comandante hasta octubre de 1976. Las chicanas del letrado fueron una constante del proceso que se inició en julio de 2010 y que ya corre por el guinnes.

En el marco de una nueva audiencia del juicio que lleva el nombre de su cliente, y justo cuando le tocaba iniciar su alegato, el abogado de Díaz Bessone solicitó por escrito que su defendido “no siga siendo sometido a proceso”, por su complicado “estado de salud”.

El escrito del defensor más entusiasta de los represores –esta semana apareció en los medios como representante legal de Juan Ámelong en el Colegio de Abogados–, retomó trazos del informe del médico de la Policía Federal leído días atrás, en el que se justificaba que en esa dependencia no contaban con el dispositivo de cuidados que necesita Díaz Bessone para estar alojado allí, ya que el represor requería “atención médica, psicológica y terapia ocupacional”, y porque se encontraba “muy angustiado”.

La semana pasada, desde el tribunal le otorgaron nuevamente el beneficio de la prisión domiciliaria, a apenas horas de habérsela quitado por incumplir las condiciones estipuladas para un preso bajo ese régimen.

En respuesta al pedido realizado este martes por Miño, los jueces dispusieron que la audiencia se suspenda hasta el miércoles de la semana que viene. Si bien el tribunal no hizo lugar al pedido del abogado, sí solicitó que le sean remitidos nuevos informes de los médicos de la policía federal, y convocó al cuerpo médico forense de la Corte Suprema de la Nación para que realice una nueva junta médica que analice la salud de Díaz Bessone.

El fiscal de la causa, Gonzalo Stara, planteó una revocatoria a la decisión del tribunal de suspender la audiencia, por entender que Miño podía comenzar igual con su alegato, ya que no se requiere la presencia de Díaz Bessone para esta instancia, por no ser “un acto personalísmo”. Pero los magistrados no le hicieron lugar.

En contacto con Redacción Rosario, Stara informó que “el viernes pasado pude ver que Díaz Bessone puede soportar un proceso, ya que estuve presente en el domicilio del imputado en el marco de una indagatoria que prestó a la justicia federal de Paraná y que se hizo en su casa”.

El fiscal recordó además que Díaz Bessone ya “fue dado de alta por el Hospital Militar" de Buenos Aires, en el que estuvo durante enero.

Antes del revuelo armado por Miño, al inicio de la audiencia de este martes, había concluido su alegato el abogado de oficio del ex detenido político acusado de “colaboracionista”, Ricardo El Cady Chomicky, quien solicitó la absolución de su defendido.

En el proceso son juzgados además Díaz Bessone y Chomicky, los ex policías José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Ramón Rito Vergara y José Carlos Scortechini.

A lo largo de un año y medio largo de audiencias, el TOF escuchó a más de un centenar de testigos que estuvieron alojados en la mayor centro de detención que funcionó en el Servicio de Inteligencia (SI) de la policía de Rosario durante la dictadura, y por el que se estima pasaron cerca de 2.000 personas.

La fiscalía y las querellas de HIJOS, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Familiares, coincidieron en solicitar prisión perpetua para Díaz Bessone y Lofiego, y 25 años de reclusión para Marcote, Vergara y Scorteccini, por privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita. Mientras que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre incluyó en esa última lista al Cady. En el caso de Chomicky la fiscalía pidió su absolución.

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Bolivia: El presidente Morales asegura que el tema marítimo sigue en la agenda con Chile

XINHUA

El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que el reclamo marítimo continúa en la agenda de los 13 puntos que negocia con Chile, aunque aún no hay resultados.

"En algunos puntos se avanzó pero no pudimos aterrizar, lo que significa que no hay mucha voluntad de avanzar en algunos temas", indicó el mandatario en conferencia de prensa realizada en Palacio Quemado, sede del gobierno.

El presidente convocó a la rueda de prensa para aclarar la versión dada a conocer por el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, quien dijo al periódico estatal "Cambio" que el tema marítimo ya no forma parte de la agenda de 13 puntos convenida entre Bolivia y Chile.

De acuerdo con el dignatario, el ministro fue malinterpretado por el medio de prensa estatal y ratificó que la agenda de 13 puntos con Chile no se toca hasta que una de las partes decida lo contrario.

Sin intención de prolongar su explicación, Molares citó que los 13 puntos competen no sólo la reivindicación marítima boliviana, sino a asuntos de seguridad, comercio, aprovechamiento de las aguas del Silala, diferendo del río Lauca, entre otros.

Morales calificó también de "importante" esta jornada en la que en 1879, fuerzas chilenas en alianza con grupos británicos invadieron Antofagasta.

"Los bolivianos no podemos olvidar ese hecho tan nefasto para Bolivia, pero también que dentro ese marco tengo un gran sentimiento de que Bolivia vuelva al Pacífico", aseveró.

De parte del gobierno, a través del canciller boliviano David Choquehuanca, expresó su disposición al diálogo y que espera que Chile tome la iniciativa, porque fue su gobierno que congeló las conversaciones.

Ambos países tienen suspendidas sus relaciones diplomáticas desde 1978, al fracasar las negociaciones iniciadas tres años antes con el fin de solucionar la falta de un acceso soberano y útil de Bolivia al Pacífico.

El mandatario Morales mantuvo conversaciones con los gobiernos de sus pares chilenos Michelle Bachelet y Piñera entre 2006 y 2010, sin resultados concretos pese a establecer una agenda bilateral de 13 puntos que incluyó, por primera vez, el reclamo marítimo boliviano.

El gobierno de Bolivia reiteró en varias oportunidades que la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya contra Chile la oficializará este año, estrategia que busca una apertura soberana al océano Pacífico para el país andino que perdió esa cualidad en una guerra en 1879.

La Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), instancia encargada de preparar la demanda junto a expertos internacionales y nacionales, que la Corte de la Haya deberá poner fin a 132 años de enclaustramiento marítimo de Bolivia.

Los contactos bilaterales entre ambos países se enfriaron, después del 23 de marzo, Día del Mar en Bolivia, cuando Morales anunció apelar a tribunales internacionales para demandar a Chile, en su afán de recuperar territorio para tener acceso al Océano Pacífico, perdido en la Guerra del Pacífico (1879-1883).

En esta rueda de prensa, Morales también lamentó que no se haya podido lograr avances sustanciales en el tema de las vertientes del Silala de donde brota agua para abastecer al norte chileno, y dijo que "por la negligencia de algunos cívicos de Potosí, se ha retrasado el tratamiento y una solución".

En el caso del Silala, Bolivia reclama que Chile pague por el uso de esas aguas ya que según autoridades bolivianas son aguas de manantiales que son canalizadas artificialmente hacia Chile, mientras La Moneda señala que son aguas de un río con un cauce natural.

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Trabajadores portuarios de Chile protagonizan una huelga nacional

PL

Mas de ocho mil trabajadores portuarios de Chile paralizarán sus labores hoy y mañana en protesta por el cobro indebido de impuestos en los últimos 30 años.

El vocero de la Unión Nacional Portuaria, Robinson Avila, afirmó que los portuarios eventuales exigen la devolución del dinero correspondiente al cobro de tributos a sus salarios, aplicado por una ley de 1981 que "se impuso a sangre de fusil durante la dictadura y se mantuvo en los 20 años de la Concertación", expresó.

Acotó que aunque en septiembre del 2010 el Servicio de Impuestos Internos reconoció el error y generó una circular para enmendar lo mal hecho, los empresarios continúan sin reintegrar las remuneraciones.

Avila aseguró que con la huelga, la segunda jornada de brazos caídos en lo que va de año, se verán también afectados otros sectores económicos del país, entre los que mencionó el forestal, minero, pesquero y frutícola.

No nos queda otra alternativa, sostiene el líder sindical, quien también denunció casos de despidos arbitrarios en los puertos de Coquimbo, Arica y Talcahuano. Nuestros compañeros quedarán en la calle, sin una jubilación los más viejos ni indemnización los más jóvenes, manifestó.

De acuerdo con un comunicado público de la referida entidad gremial, se detendrán totalmente las faenas en la mayoría de los puertos, como Arica, Iquique, Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, Caldera, Huasco, Coquimbo, Chañaral y San Antonio.

También en Valparaíso, en todas las terminales de la región del Bío Bío y en Punta Arenas.

Llamamos a todos los trabajadores portuarios a estar alerta y preparados para las 48 horas de huelga y a todos los trabajadores de Chile a solidarizar con nuestra causa, subrayó la convocatoria del paro.

La jornada de protesta es apoyada por el movimiento estudiantil, el Colegio de Profesores y por organizaciones de trabajadores forestales y mineros.

Los portuarios, como las mayorías trabajadoras de nuestro país, han sido duramente golpeados durante mucho tiempo y ahora lo son de nuevo al usurpárseles su dinero por el mismo Estado que usurpa nuestra educación, señaló la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech). Los estudiantes de Chile, enfatizó la declaración de Confech, no podían dejar pasar la histórica circunstancia de un paro nacional para brindar, irrestrictamente, el apoyo a los trabajadores portuarios.

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Casi 300 presos muertos por incendio en cárcel hondureña

PL

Un incendio en la Granja Penal de Comayagua, en la zona central de Honduras, dejó al menos 272 reos muertos y 60 heridos, informó hoy la jefa de Medicina Forense del Ministerio Público, Lucy Marrder.

La autoridad adelantó que tardarán varios días en identificar los cuerpos, en tanto familiares de los internos reclaman en las afueras del recinto datos sobre el estado de sus parientes, según el diario La Prensa.

De acuerdo con pesquisas preliminares, el siniestro ocurrió como resultado de un motín o de un ajuste de cuentas entre presos, señala la publicación.

Las autoridades penitenciarias siguen sin precisar las causas de la tragedia, frente a la cual los bomberos no pudieron acceder a la instalación hasta unas horas después.

La fuente citó al Jefe del Cuerpo de Bomberos en Comayagua, el coronel Leonel Silva, quien expresó que encontraron "un número importante de muertos".

El incendio abarcó uno de las dos naves del penal, cada una con cinco celdas, en las cuales estaban alojados casi 500 presos.

Emisoras radiales y canales televisivos concuerdan en que decenas de internos escaparon de la prisión en medio de la confusión generada por el suceso.

También recordaron otros hechos de esta naturaleza que conmocionaron a la nación centroamericana y pusieron al descubierto el hacinamiento, las malas condiciones de vida y de infraestructura en los centros que forman parte del sistema penitenciario en Honduras.

El más violento de estos incendios dejó un saldo de 107 reos muertos en la cárcel de la norteña ciudad de San Pedro Sula, el 17 de mayo de 2004.

En la Granja Penal de El Porvenir, cercana a la ciudad caribeña de La Ceiba, ocurrió un enfrentamiento entre pandillas de reclusos en el cual perdieron la vida 66 internos y tres mujeres visitantes, el l5 de abril de 2003.

Un tiroteo en el centro penal sampedrano, por un supuesto intento de fuga, provocó la muerte de nueve presos y tres heridos, el 15 de octubre de 2011.

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Llaman a romper boleta del plebiscito en Puerto Rico

PL

El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) de Puerto Rico llamó hoy a los electores a romper la boleta antes de llegar a las urnas en el plebiscito de estatus, previsto para celebrarse en noviembre próximo.

Tal planteamiento de la organización de izquierda responde, indirectamente, a la propuesta del Partido Popular Democrático (PPD), principal de oposición, de votar por mantener el actual Estado Libre Asociado (ELA), considerado colonial por la mayoría de los puertorriqueños.

El senador Alejandro García Padilla, candidato a gobernador por el PPD, sugirió la abstención en la segunda pregunta que plantea optar por la anexión total, la independencia o el Estado Libre Asociado soberano, que requerirá el establecimiento de una relación no colonial con Estados Unidos.

Ante esta propuesta, esbozada por la dirigencia del principal partido de oposición, la presidencia colegiada del MINH, integrada por Carlos Pesquera y José Rivera Santana, llamó a romper "la papeleta del plebiscito" el día de las elecciones, el 6 de noviembre.

Pesquera aseguró que los militantes del MINH están dispuestos, junto a su conducción, a enfrentar cualquier represalia del gobierno al romper la boleta, un documento oficial del Estado, porque su sugerencia es un acto de desobediencia civil.

Rivera Santana, en tanto, recordó que para que un país decida anexionarse a otro, o sostener cualquier otro tipo de relación, primero debe ser una nación soberana.

"En Estados Unidos no hay interés en lo que pueda resultar este plebiscito, que carece de impacto, pues la confrontación la puede causar una Asamblea Constitucional de Estatus", afirmó Pesquera.

Argumentó que el resultado de una asamblea de esa naturaleza podría ser llevado a Washington, pues significa que el pueblo puertorriqueño asume "su poder soberano".

Ambos dirigentes independentistas calificaron de engaño la consulta impulsada por el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) con la anuencia del socialdemócrata Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

El PIP considera que la consulta propuesta por el gobernador de Puerto Rico, Luis G. Fortuño, recoge en esencia su planteamiento de terminar con el impasse que representa el ELA desde su establecimiento en 1952 por Estados Unidos con el fin de no rendir informes al comité anticolonial de las Naciones Unidas.

Pesquera mostró su discrepancia con el PIP en el sentido de que Estados Unidos jamás acogerá a Puerto Rico como miembro en igualdad de condiciones de su federación.

"Esa es una de las diferencias fundamentales entre el MINH y el PIP, que no considera lo del estado (anexión) una amenaza real", subrayó Pesquera.

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Estados Unidos: Drones de intervención doméstica, siguiente idea del Pentágono

PL

El Departamento de Defensa trabaja hoy junto con la Administración Federal de Aviación (AFA) para legalizar el uso cotidiano de drones (naves militares sin piloto) en el espacio aéreo estadounidense, sin interferencias judiciales.

Un comunicado del Pentágono menciona un inventario de siete mil 500 drones, los cuales no tienen mucha previsión de misiones en la agenda futura, una vez concluidas las principales operaciones bélicas en Iraq y Afganistán.

Actualmente la AFA permite la utilización de estos aparatos solo en ocasiones específicas y para tal acción debe expedir un certificado especial que conlleva un cierto nivel de burocratismo. No obstante, en 2011 se firmaron 113 de estas autorizaciones.

Ahora Defensa quiere que la gestión sea expedita, sellar una normativa que suprima los obstáculos al despliegue rápido de aviones no tripulados en cualquier momento que considere el Comando Central.

El Pentágono recordó que antes de septiembre de 2001 las instituciones militares norteamericanas contaban con 50 drones, y a inicios de 2012 la relación es de uno de estos modelos por cada tres aviones militares tradicionales.

La comunicación del organismo castrense recomienda a la AFA bosquejar un proyecto de legislación lo antes posible y comenta que "los drones también pueden ser usados para controlar incendios forestales y localizar criminales en fuga".

A mediados del año pasado, la Fuerza Aérea de Estados Unidos empleó un Predator en el espacio aéreo norteamericano con el objetivo de atrapar a una familia de granjeros sospechosos de robar seis vacas.

Ese hecho ocurrió en North Dakota. La alguacil Kelly Janke, del condado Nelson, pidió apoyo aéreo de autoridades federales en relación con una denuncia acerca de que tres hombres armados presuntamente habían robado media docena de reses.

Una base de la Fuerza Aérea envió para la misión a un dron de vigilancia utilizado en la frontera con Canadá, y el aparato -equipado con sensores sofisticados- colaboró con la policía en la localización de los sujetos perseguidos.

Así se concretó el primer arresto policial de ciudadanos estadounidenses en territorio nacional con la ayuda de una aeronave espía.

La exrepresentante demócrata Jane Harman alertó que la utilización de estos aviones para operaciones policiales de rutina es un error grave porque los procedimientos no se someten a un debate público o al escrutinio parlamentario.

Está en juego la garantía de la privacidad individual ciudadana, además de que estos casos violan la normativa Posse Comitatus Act, que prohíbe el uso de fuerzas militares en tareas asignadas a la policía en suelo estadounidense, apuntó Harman.

En años recientes falló el sistema de control remoto de varios Predator o Reaper desplegados en Afganistán, Irak y Pakistán, las naves se desconectaron de sus comandos humanos en el Pentágono y lanzaron misiles contra objetivos inofensivos.

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Francia: Sarkozy acelera campaña, presionado por desventaja en encuestas

PL

El presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, adelantará para hoy su entrada en la campaña electoral, con el objetivo de reducir la diferencia que lo separa con el candidato socialista favorito en las encuestas, Francois Hollande.

Aunque inicialmente Sarkozy había previsto declarar sus aspiraciones a la reelección a mediados de marzo, fuentes próximas a la presidencia informaron que el anuncio será este miércoles por la noche en el noticiero de la televisión TFI.

Su intervención ante la prensa coincidirá con una gran concentración pública convocada por Hollande en Rouen, su ciudad natal.

Analistas políticos coinciden en que el cambio de estrategia de Sarkozy obedece a su intención de dar un vuelco a la campaña y revertir los sondeos que vaticinan su derrota en los comicios de abril y mayo.

Según una encuesta publicada hoy, en la primera ronda de los comicios, el 22 de abril, Hollande obtendría 28 por ciento y Sarkozy 24, seguido por la candidata del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, con 20.

Mientras, en la segunda vuelta del 6 de mayo el candidato socialista derrotaría ampliamente al actual presidente por 57 por ciento, frente a 43, de acuerdo con la muestra realizada por la firma Harris Interactive.

La imagen del mandatario se ha deteriorado por el notable incremento del desempleo durante su mandato y sus medidas de ajuste para sanear las finanzas públicas, entre ellas el aumento del Impuesto al Valor Agregado y recortes a los gastos sociales.

Interrogado sobre la entrada de Sarkozy en la contienda, el candidato socialista dijo que esto era un secreto a voces y no cambia en nada su propia campaña.

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