jueves, 16 de febrero de 2012

La precariedad laboral, símbolo de nuestros días

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

El mundo moderno basado en la industria que inaugura el capitalismo hace ya más de dos siglos ha traído cuantiosas mejoras en el desarrollo de la humanidad. La revolución científico-técnica instaurada y sus avances prácticos no dejan ninguna duda al respecto. Las relaciones laborales que se constituyen en torno a esta nueva figura histórica igualmente condujeron a adelantos en el ámbito del trabajo.

Si bien es cierto que en los albores de la industria moderna las condiciones de trabajo fueron calamitosas, no es menos cierto también que el capitalismo rápidamente encontró una masa de trabajadores que se organiza para defender sus derechos y garantizar un ambiente digno, tanto en lo laboral como en la vida cotidiana. El esclavismo, la servidumbre, la voluntad omnímoda del amo van quedando así de lado. Los proletarios asalariados también son esclavos, si queremos decirlo así, pero ya no hay látigos.

Ya a mediados del siglo XIX surgen y se afianzan los sindicatos, logrando una cantidad de conquistas que hoy, desde hace décadas, son patrimonio del avance civilizatorio de todos los pueblos: jornadas de trabajo de ocho horas diarias, salario mínimo, vacaciones pagas, cajas jubilatorias, seguros de salud, regímenes de pensiones, seguros de desempleo, derechos específicos para las mujeres trabajadoras en tanto madres, derecho de huelga. A tal punto que para 1948 -no ya desde un incendiario discurso de la Internacional Comunista decimonónica o desde encendidas declaraciones gremiales- la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama en su Declaración de los Derechos Humanos que “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure una existencia conforme a la dignidad humana. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.” Es decir: consagra los derechos laborales como una irrenunciable potestad connatural a la vida social.

Mal o bien, sin dudas con grandes errores no corregidos en su debido momento pero al menos no olvidándolos en sus idearios, los socialismos reales desarrollados durante el siglo XX -los Estados obreros y campesinos- impulsaron y profundizaron esas conquistas de los trabajadores. En otros términos: hacia las últimas décadas del pasado siglo esos derechos ya centenarios podían ser tomados como puntos de no retorno en el avance humano, tanto como cualquiera de los inventos del mundo moderno: el automóvil, el televisor o el teléfono. Por cierto no sólo en los países socialistas: las conquistas laborales son ya avances de la humanidad. Pero las cosas cambiaron. Y demasiado. Cambiaron demasiado drásticamente, a gran velocidad en estas últimas décadas.

Con la caída del bloque soviético y el final de la Guerra Fría el gran capital se sintió vencedor ilimitado. En realidad no fue que “terminaron la historia ni las ideologías”, como el triunfalista discurso del momento lo quiso presentar: en todo caso, ganaron las fuerzas del capital sobre las de los trabajadores, lo cual no es lo mismo. Ganaron, y a partir de ese triunfo -la caída del muro de Berlín, vendido luego en fragmentos, es su patética expresión simbólica- comenzaron a establecer las nuevas reglas de juego. Reglas, por lo demás, que significan un enorme retroceso en avances sociales. Los ganadores del histórico y estructural conflicto -las luchas de clases no han desaparecido, aunque no esté de moda hablar de ellas- imponen hoy las condiciones, las cuales se establecen en términos de mayor explotación, así de simple (y de trágico). La manifestación más evidente de ello es, seguramente, la precariedad laboral que vivimos.

Todos los trabajadores del mundo, desde una obrera de maquila latinoamericana o un jornalero africano hasta un consultor de Naciones Unidas, graduados universitarios con maestrías y doctorados o personal doméstico semi analfabeto, todos y todas atravesamos hoy el calvario de la precariedad laboral.

Aumento imparable de contratos-basura (contrataciones por períodos limitados, sin beneficios sociales ni amparos legales, arbitrariedad sin límites de parte de las patronales), incremento de empresas de trabajo temporal, abaratamiento del despido, crecimiento de la siniestralidad laboral, sobreexplotación de la mano de obra, reducción real de la inversión en fuerza de trabajo, son algunas de las consecuencias más visibles de la derrota sufrida en el campo popular. El fantasma de la desocupación campea continuamente; la consigna de hoy, distinto a las luchas obreras y campesinas de décadas pasadas, es “conservar el puesto de trabajo”. A tal grado de retroceso hemos llegado que tener un trabajo, aunque sea en estas infames condiciones precarias, es vivido ya como ganancia. Y por supuesto, ante la precariedad, hay interminables filas de desocupados a la espera de la migaja que sea, dispuestos a aceptar lo que sea, en las condiciones más desventajosas. ¿Progresa el mundo? Visto desde la lógica de acumulación del capital: sí, porque cada vez acumula más. Visto de las grandes mayorías trabajadoras: ¡definitivamente no! Por el contrario, se vive un claro retroceso.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alrededor de un cuarto de la población planetaria vive con menos de un dólar diario, y un tercio de ella sobrevive bajo el umbral de la pobreza. Hay cerca de 200 millones de desempleados y ocho de cada diez trabajadores no gozan de protección adecuada y suficiente. Lacras como la esclavitud (¡esclavitud!, en pleno siglo XXI -se habla de cerca de 30 millones en el mundo-) o la explotación infantil continúan siendo algo frecuente y aceptado como normal. El derecho sindical ha pasado a ser rémora del pasado. La situación de las mujeres trabajadoras es peor aún: además de todas las explotaciones mencionadas sufren más todavía por su condición de género, siempre expuestas al acoso sexual, con más carga laboral (jornadas fuera y dentro de sus casas), eternamente desvalorizadas. Definitivamente: si eso es el progreso, a la población global no le sirve.

¿Qué hacer ante todo esto? Resignarnos, callarnos la boca y conservar mansamente el puesto de trabajo que tenemos, o pensar que la lucha por la justicia es infinita, y es un imperativo ético no bajar los brazos. Si optamos por lo segundo, podemos:

• Informar pormenorizadamente de lo que está pasando aprovechando todos los canales alternativos, contar las cosas desde otra perspectiva, ya que los medios de comunicación oficiales presentan la noticia según los intereses políticos y económicos del poder.

• Crear foros de debate para discutir sobre las injusticias y el reparto de la riqueza en el mundo, para ver cómo sensibilizar y hacer tomar conciencia a las grandes masas respecto a estas problemáticas.

• Movilizar a la gente por medio de la manifestación y huelga en protesta por los recortes sociales.

• Conocer y hacer conocer en detalle, exigir y reivindicar la Tasa Tobin para redistribuir mejor la riqueza mundial.

• Globalizar las resistencias, unir nuestras fuerzas, apoyarnos mutuamente en nuestras reivindicaciones y denuncias.

• Retomar banderas históricas de la lucha sindical, hoy caída prácticamente en el olvido, desvalorizada y cooptada por un discurso patronalista.

Si es cierto -siguiendo el análisis hegeliano- que “el trabajo es la esencia probatoria del ser humano”, hoy, dadas las actuales condiciones en que vivimos, ello no parece muy convincente. De nosotros, de nuestra lucha y nuestro compromiso depende hacer realidad la consigna que “el trabajo hace libre”.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: La ley antiterrorista gatilla la unidad popular

Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info)

Bajo el tórrido 15 de febrero de 2012, una enorme columna de miles de personas llegó hasta el Congreso Nacional de Argentina, sembrado en el corazón de Buenos Aires, para exigir la derogación de la ley antiterrorista votada en la última sesión legislativa del año pasado a iniciativa del gobierno.

Agrupaciones de Derechos Humanos, organizaciones sindicales, estudiantiles, de barrios y villas; ciudadanas, originarias, ambientalistas; organizaciones políticas y un conjunto variopinto de parlamentarios elevaron un escenario en las puertas selladas del Congreso para manifestar su rotundo rechazo a la ley.

La composición diversa de los participantes ofreció un marco de fortaleza unitaria sobrecogedora. El extenso abanico social y político que sustantivó la manifestación, inyectó autoridad soberana a un mensaje leído colectivamente que en sus partes medulares señaló que, “No es menor que hasta hoy no se haya podido definir jurídicamente qué se entiende por “terrorismo”. Esto no es casual si tenemos en cuenta que siempre se ha utilizado este calificativo para demonizar al opositor político, para justificar su persecución y su eliminación (…) Actualmente existen claros intereses políticos por parte del imperialismo norteamericano y sus socios en utilizar el calificativo de “terroristas” para perseguir a quienes se oponen de diferentes formas y en diferentes lugares a su política (…) En los últimos ocho años, la criminalización de la protesta social se ha profundizado al punto tal, que no existe lucha obrera, estudiantil, ambiental, social o política que no tenga como consecuencia la apertura de una causa penal contra los militantes más visibles de cada momento (…) A esta política nacional se ha sumado la utilización de ‘patotas’ contra quienes luchan, como ocurrió en el Hospital Francés, en el INDEC, en la legislatura contra los maestros, y en la lucha de los tercerizados del Ferrocarril Roca, donde fue asesinado Mariano Ferreyra (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=137929) (…) Esta ley no está pensada ni sancionada en pos de resolver ninguno de los problemas que enfrenta el pueblo argentino. Tampoco está destinada a impedir que se produzcan atentados contra el pueblo argentino (…) En realidad, la ley antiterrorista provoca terror y constituye una herramienta de persecución estatal (…) Llamamos a toda la población a manifestarse y movilizarse en contra de esta legislación represiva y antipopular, en defensa de las más amplias libertades públicas por las que el pueblo argentino luchó y seguirá luchando.”

Los trabajadores están claros

Ricardo Peidro, secretario adjunto de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), una de las principales agrupaciones convocantes, indicó que tal como se movilizaron el 29 de diciembre de 2011, cuando se dictó la ley, “hoy nuevamente estamos en la calle junto a un amplio arco de organizaciones y personas que comprenden que la medida del Ejecutivo sólo está hecha para criminalizar la protesta social e intentar disciplinar a la clase trabajadora y al pueblo en general, tras el duro ajuste económico que sufrimos. Por eso marchamos hasta el Congreso. Para que los parlamentarios levanten su mano contra una ley eminentemente antipopular.”

-Pero antes de ella ya existía la criminalización de las demandas sociales…

“En efecto. En el sindicalismo hay más de 5 mil compañeros procesados; hubo represión en la provincia de Santa Cruz debido al movimiento contra el ajuste; contra el pueblo originario Qom que resiste el avance de la frontera sojera; y ahora último, contra todos quienes se oponen a los efectos inhumanos de la megaminería a cielo abierto.”

-Ya está en curso la negociación laboral entre el gobierno central y los docentes.

“En general, nosotros estamos por paritarias “sin techo”, como quiere imponer la patronal y el gobierno.”

-Prácticamente la mitad de la fuerza laboral en Argentina está “en negro”, es trabajo informal, precarizado.

“Por eso nosotros decimos que las paritarias no alcanzan para representar al conjunto de la clase. El mismo sistema promueve su fragmentación. Y por eso mismo, la CTA no es una Central de sindicatos, sino de trabajadores. Es decir, una organización donde pueden integrarse todas y todos los que laboran en el país.”

-Hace pocos días, los congresistas, a instancias del Ejecutivo, vieron reajustada su dieta en por lo menos un 100 %

“Entonces ese es nuestro piso para negociar.”

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) es una de las fundadoras de la CTA. Su secretario adjunto, Hugo Godoy, indica que “repudiamos una ley resuelta entre gallos y medianoche, y reclamamos su inmediata derogación. La ley antiterrorista duplica las condenas establecidas por el Código Penal y puede aplicarse por el simple hecho de hacer exigencias al gobierno, sea nacional, provincial o municipal. Su objetivo es reprimirnos, judicializar al pueblo argentino y tratar de limitar el creciente descontento provocado por la venta de la nación. Quieren luz verde para imponer un modelo primario extractivista que enriquece a unos pocos y explota a la mayoría, llevándose de paso todas nuestras riquezas. Sólo la transnacional Barrick Gold se ha hecho de un 15 % del territorio chileno y de un 6 % del argentino. ¡Y a ambos dejan un miserable 3 % de impuestos! Nosotros luchamos por la soberanía de todos los pueblos de América Latina, mientras el Estado actual es una mera oficina de certificación para los intereses de las corporaciones multinacionales.”

La Corriente Clasista y Combativa (CCC) es una franja de trabajadores que tiene presencia en todo el país y que, según su dirigente Freddy Mariño, “con el fin de no dividir el movimiento obrero, se organiza como corriente y no como otra Central. Nuestros miembros son trabajadores activos, pasivos y desocupados.” Y explica que la ley antiterrorista “es una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) que con el pretexto de controlar la evasión de divisas, los narco-dólares, etc., en la realidad, atenta contra la lucha social.”

-¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la CCC?

“Derrotar al Estado burgués y que gobierne el pueblo trabajador.”

Crece desde el pie

José de la municipalidad de San Isidro es uno de los coordinadores del Movimiento Barrios de Pie que “pelea por los derechos de todas y todos los argentinos. Nosotros trabajamos con el pueblo más empobrecido. Tenemos comedores para los niños más humildes, para que tomen una taza de leche, de mate cocido, un almuerzo, una cena caliente. Y al mismo tiempo, nos empeñamos en fortalecer los derechos de los vecinos. Que el plan social del gobierno de turno Argentina Trabaja, sea para todos y no sólo se emplee para crear clientela electoral. Argentina Trabaja paga a un jefe de familia 1200 pesos mensuales (275 dólares) y simplemente no alcanza para vivir.”

-¿Y cómo evalúas al gobierno actual?

“Lo menos que hace es mirar al pueblo. Sólo observa al empresariado y a todos los demás nos mete en una bolsa comercial para hacer sus negociados y votar por ellos.”

-Pero ustedes también tienen metas políticas…

“Queremos formar cuadros sociales con una proyección política. Nuestras figuras emblemáticas e inspiradoras son el libertador San Martín -pionero en la lucha por la unidad latinoamericana- y Ernesto Guevara.”

Que lo sepa todo el pueblo

“Es necesario diseminar los efectos de esta ley a todo el pueblo”, dice Mirta Acuña de Baravalle, líder de las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora.

“La gente puede creer que la ley es para delincuentes y no se entienda su significado real. De hecho, ya tenemos que empezar a defendernos de un Estado que es capaz de implementar esa ley”, asegura Mirta y explica que “tenemos que prevenir para no llorar después. Honestamente, desde el momento que salió esa ley, yo pensé en lo terrible de sus consecuencias”.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: Movilización contra la Ley Antiterrorista

CxL - AGENCIA WALSH

Este miércoles se desarrollo una movilización popular contra la persecución, criminalización y represión de la protesta social. Los presos políticos, la represión y el espionaje ya son estrategias sin disimulo del Gobierno Nacional.

Miles de personas marcharon esta tarde desde el Obelisco al Congreso de la Nación por la derogación de la llamada Ley Antiterrorista implementada recientemente y ejecutada contra manifestantes y periodistas por jueces sin jurisdicción es diferentes localidades en la provincia de Catamarca. Participaron en ella organizaciones sindicales, asambleas ambientalistas y ciudadanas, organizaciones sociales y estudiantiles y partidos políticos de izquierda. Frente al Congreso se dio lectura a un documento consensuado donde se hizo referencia a la política de persecución política del actual Gobierno Nacional encarnada en los recientes asesinatos a militantes populares en Rosario y Escobar y la clara estrategia de espionaje desarrollada en los últimos años que acumula datos sobre militantes sociales y participantes de movilizaciones. Asimismo se denunció también el claro objetivo de esparcir el miedo y la reticencia a manifestarse públicamente en las calles de todo el país.

A la larga lista de más de 5 mil presos políticos encarcelados por el Gobierno Nacional se le suma esta nueva ley antiterrorista aprobada en 2007 y modificada en las últimas semanas y que ya se estuvo estrenando en la provincia de Catamarca frente a los reclamos antimineros. Recrudece las penas ya que toma del Código Penal para cualquier tipo de delito el doble de penas en caso de que existiera, al incurrir en ellos, "la finalidad de aterrorizar a la población". ¿Quién estará aterrorizando a la población en Catamarca, los asambleístas o las empresas mineras?.

Históricamente diferentes gobiernos han buscado formas para coartar y reprimir la protesta social y siempre se recrudecen cuando los tiempos se ponen más "dudosos", este sin duda es otro de estos casos.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

No a la ley antiterrorista: Una ley contra el pueblo

ACTA

El conjunto de organizaciones que participaron de la movilización consensuaron un documento donde dejan en claro los motivos del repudio y rechazo a la ley “antiterrorista”, que amplía groseramente el campo de criminalización de la protesta llevada adelante por la ley 26.268 sancionada en el año 2007 y que tipificaba los delitos de “asociación ilícita terrorista” y “financiación del terrorismo”.

"Cabe recordar que en el año 2007 se sancionó la ley 26.268, incorporando al Código Penal los artículos 213 ter y 213 quater. El primero de ellos tipificaba como delito la “asociación ilícita terrorista” y el segundo sancionaba el “financiamiento del terrorismo”.

"En este sentido, no es menor que hasta hoy no se ha podido definir jurídicamente qué se entiende por “terrorismo” y esto no es casual si tenemos en cuenta que siempre se ha utilizado este calificativo para demonizar al opositor político, para justificar su persecución y su eliminación. Además, actualmente existen claros intereses políticos por parte del imperialismo norteamericano y sus socios en utilizar el calificativo de “terrorista” para perseguir a quienes se oponen, de diferentes formas y en diferentes lugares, a su política. Aplicando estas leyes en Chile los mapuches y en Perú los docentes, son procesados y encarcelados como “terroristas”. En Irak y Afganistan los “Terroristas” son lo que resisten la invasión de los EEUU y sus socios.

La nueva ley que fuera enviada al Parlamento por Cristina Fernández de Kirchner

"La nueva ley impulsada por la Presidenta modifica la ley 26.268, pero al mismo tiempo establece una legislación “antiterrorista” cuyos alcances son mucho mayores y que permite la aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuos que cuestione y se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, abriendo la puerta de una potestad represiva del Estado mucho mayor que la conocida hasta ahora desde el año 1983.

"Específicamente incorpora al Código Penal el art. 41 quinquies, que establece lo siguiente: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala.”

"No es difícil imaginar la facilidad con la que se puede aplicar esta figura si tenemos en cuenta los miles de compañeros judicializados y procesados por luchar, y las campañas mediáticas que demonizan la protesta.

"A partir de ahora cualquier tipo de protesta que lleve adelante acciones reivindicativas que tengan por objeto intentar que el Estado Nacional (a través de cualquiera de sus funcionarios públicos, ministros, secretarios, comisarios etc,) gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales realicen un acto o se abstengan de hacerlo, queda abarcada por esta ley. De esta manera esta ley posibilita calificar de terrorista casi cualquier acción de protesta o lucha, incrementando al doble el mínimo y el máximo de las escalas penales de los delitos que se trate, convirtiendo en la práctica cualquier acusación penal, en el marco de la protesta social, en la posibilidad concreta de privar de la libertad a los luchadores acusados. Si esta ley hubiera sido aprobada hace unos años, hoy podríamos tener en las cárceles a cientos de militantes y activistas, que hoy se encuentran procesados.

"La ley agrega al Código Penal como art. 306 la figura de “financiación del terrorismo”, que castiga explícitamente el hecho de colaborar económicamente directa o indirectamente con cualquier organización o persona que vaya a cometer hechos con la finalidad de obligar a la autoridad a realizar o abstenerse de realizar un acto. La consecuencia directa de esto es que se puede criminalizar o perseguir cualquier campaña de solidaridad con cualquier preso político al que se le haya aplicado el agravante de terrorismo. A la luz de esta nueva legislación todos los que colaboraran económicamente con estas campañas deberían enfrentar penas privativas de libertad de entre 5 y 15 años.

"Asimismo resulta gravísimo que la ley, en su art. 6º, autoriza a la UIF – Unidad de Información Financiera que depende del Poder Ejecutivo a que mediante una simple disposición administrativa proceda al congelamiento de activos vinculados a las “acciones delictivas previstas”. Ya no se requerirá una decisión judicial, si no una simple comunicación al juez de turno una vez que la medida se efectivizó.

Contexto en el cual se enmarca la sanción de la ley antiterrorista.

"El peligro que entraña esta legislación debe medirse asimismo con referencia al contexto en el cual se sanciona. En los últimos 8 años la criminalización de la protesta social se ha profundizado al punto tal que no existe lucha obrera, estudiantil, ambiental, social o política que no tenga como consecuencia la apertura de una causa penal contra los militantes más visibles de cada momento. No podemos olvidar la querella penal que inició Cristina Fernández de Kirchner contra los asambleístas de Gualeguaychú a quienes acusó por el delito de sedición, atentado contra el orden democrático, más otros 12 delitos que contemplan prisión efectiva. Tampoco podemos olvidar que en la causa penal iniciada el 23 de diciembre contra los tercerizados del Roca y ferroviarios de la oposición (detenidos en su momento y luego liberados); se los acusa no sólo por corte de vías sino también por extorsión al Ministro de Transporte Schiavi. Ambos ejemplos quedarían abarcados en los agravantes de esta ley de producirse su vigencia. Mucho menos podemos pasar por alto las declaraciones de la Presidenta cuando califica los reclamos de los trabajadores como extorsivos.

"A esta política nacional de criminalizar la protesta, se ha sumado la utilización de patotas contra quienes luchan como ocurrió en el Hospital Francés, en el Indec, en la Legislatura contra los maestros, y en las luchas de los tercerizados del Ferrocarril Roca en la cual fue asesinado Mariano Ferreyra, por citar sólo algunos ejemplos. Por otra parte la represión directa ha crecido exponencialmente tanto en cantidad como en brutalidad. Basta recordar la represión policial a los trabajadores de Kraft en el 2009, la represión a la comunidad qom en la colonia La Primavera en Formosa en la cual fue asesinado Roberto López y en otro hecho el mismo día Mario López, la represión en el Parque Indoamericano que dejó un saldo de tres asesinados (Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri), la represión en Libertador San Martín en Jujuy en la cual fueron asesinadas cuatro personas (Ariel Farfán, Juan José Velázquez, Félix Reyes y Alejandro Farfán (Libertador- Jujuy) y el asesinato a sangre fría de Cristian Ferreira en Santiago del Estero. Este año el asesinato el 1 de enero de los jóvenes militantes del Frente Popular Darío Santillán de Rosario Jeremías Trasante, Adrián Rodríguez y Claudio Suárez, como el desalojo en forma brutal en más de 1000 hectáreas de familias de la comunidad Qom en el Chaco, demuestra hasta donde pueden llegar las políticas represivas y el por qué de éstas.

"Algunos sectores han argumentado que esta ley motiva su aplicación en los lamentables atentados en la Embajada de Israel y AMIA, pero la impunidad de ambos atentados no se debe a las disposiciones actuales del código penal sino al encubrimiento estatal orquestado desde el mismo momento en que se efectuaron.

La ley ya se aplica

"A un mes y medio de su puesta en vigencia la Ley ya está siendo aplicada. Pueblos de La Rioja, Catamarca y Tucumán se han levantado contra la explotación minera a cielo abierto que contamina y mata. Esas acciones de los pobladores de Famatina, Chilecito, Santa María, Belen, Tinogasta, Andalgalá en defensa del medio ambiente, de la vida, sólo han recibido como única respuesta del gobierno nacional, los gobiernos provincialas y la justicia, la represión.

"Arrestos y detenciones sin orden judicial, patotas financiadas por las empresas mineras y con “permiso” de las Policías provinciales y de la Justicia tanto federal como provincial, amenazas con la aplicación de la ley antiterrorista forman parte del arsenal de medidas represivas. En este punto es importante señalar que todos somos parte de la lucha contra las mineras que condenan a la muerte a poblaciones enteras.

Una ley contra el pueblo

"Debe destacarse que esta ley es promovida por el gobierno nacional (como también lo fue la sanción de la ley 26.268) a pedido del Departamento de Estado de los Estados Unidos a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y se enmarca en la sanción y aplicación de Legislaciones Antiterroristas a nivel continental para la persecución y criminalización de la lucha social.

"Esta ley no está pensada ni sancionada en pos de resolver ninguno de los problemas que enfrenta el pueblo argentino. Tampoco está destinada a impedir que se produzcan atentados contra el pueblo argentino ni a lograr el esclarecimiento de los ya perpetrados contra la AMIA y la Embajada de Israel. Hay que dejar bien en claro que no es necesaria la sanción de ninguna legislación especial para hacer justicia y resolver estos atentados contra el pueblo argentino.

"Las leyes antiterroristas son un elemento fundamental para generar disuasión, miedo y rotura de los lazos sociales entre los más decididos luchadores que llevan adelante políticas reivindicativas o reclamos sociales y el resto del entramado social. La posible privación de libertad por un lapso prolongado, el ser calificado de “terrorista”, el ser perseguido con saña por el aparato estatal, el ser demonizado por los medios de comunicación, generan miedo. En realidad, la Ley Antiterrorista provoca terror y constituye una herramienta de persecución estatal a la lucha tanto en el plano jurídico como simbólico.

"Por estos fundamentos repudiamos la sanción de la ley antiterrorista y exigimos su derogación y la de la ley 26.268, y demás leyes represivas y llamamos a toda la población a manifestarse y movilizarse en contra de esta legislación represiva y antipopular, en defensa de las más amplias libertades públicas por las que el pueblo argentino luchó y seguirá luchando" firmaron el documento las siguientes organizaciones: Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Corriente Clasista y Combativa, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Federación Universitaria de Buenos Aires, APEL, CEPRODH, CADHU CADEP, LIBERPUEBLO, Frente Dario Santillan-COMPA, CORRIENTE NACIONAL POR LA UNIDAD POPULAR, MST, PCR, PROYECTO SUR, LIBRES DEL SUR, OLP, PRML, CUBA-MTR, PTS, PO, Nuevo MAS PSTU y otras organizaciones.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de febrero de 2012.-

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina, Corrientes: Reclaman derogación de ley Antiterrorista

MOMARANDU

En el marco de las movilizaciones a nivel nacional para “exigir” la derogación de la Ley Antiterrorista convocada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) conducida por Pablo Micheli, militantes políticos, sindícales e independientes se concentraron en Corrientes.

La ley antiterrorista formó parte de un paquete de medidas aprobadas en el mes de diciembre por el parlamento nacional. Las ambigüedades de la misma despertaron rechazo por parte de sectores de la oposición y los movientes sociales quienes consideran que la misma puede ser utilizada para reprimir la protesta social.

Las críticas también llegaron de parte de sectores afines al gobierno, principalmente desde organizaciones sociales y de derechos humanos.

Eduardo Quiroz, del partido Unidad Popular conducido a nivel nacional por el diputado Víctor De Genaro y referente de la CTA de Micheli participó de la panfleteada y afirmó que “esta es una ley maléfica que a punta a reprimir la protesta social.

“Su intensión es atemorizar a los defensores de los trabajadores, también permite a los jueces penalizar a los manifestantes con penas graves y le dan a la multinacionales un amparo judicial ante los reclamos como el de la mega minería” agregó.

Momarandu.com consultó a una joven que en ese momento participaba del reparto de folletos el motivo por el que ella estuviera ahí. “principalmente es para informar a la gente la ley es muy escueta y da a muchas interpretaciones peligrosas” contestó. “La gente se mostro muy desinteresada” se lamentó.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: Con “c” de cianuro, de Catamarca y de Canal 13

LAVACA

La gobernadora de Catamarca Lucía Corpacci declaró este martes 14 que “Minera Alumbrera no utiliza en ningún momento de su producción cianuro”. Lo hizo en el marco de una paradójica conferencia de prensa referida a la “desinformación” sobre el tema minero: en esta página reproducimos fojas del último Informe de impacto ambiental conocido y realizado por la propia minera, en el que se especifica que utiliza 700 toneladas anuales de cianuro. Y publicamos además los fundamentos de la Universidad de Córdoba en 2009 para rechazar los fondos de la minera que rebaten una hipótesis asombrosa de la gobernadora Corpacci: que la actividad minera no perjudica las cuencas hídricas.

“El tema del cianuro no es el central cuando se cuestionan los efectos de la explotación minera pero teniendo en cuenta que la gobernadora lo mencionó, es importante destacar que la propia empresa ha revelado lo contrario en su informe original” explicó a LAVACA el licenciado Horacio Machado Aráoz, profesor de la Universidad Nacional de Catamarca e investigador de Clacso (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). No se ha conocido públicamente actualización alguna del informe original de 1999. Otras versiones, del ámbito minero, sostienen que no se ha usado cianuro sino otro tipo de ácidos para separar el oro de la tierra. La confusión y oscuridad de la información simbolizan un rasgo genético del hermetismo en que se desenvuelve esta industria extractiva, cuyos datos de producción además no son auditados ni corroborados por nadie: a juzgar por las experiencias en diversos países, todo puede ser peor de lo que ellas mismas autodeclaran.

https://lh6.googleusercontent.com/-ZHHc6IqgPyA/Tz0VGIeY_9I/AAAAAAAAVRk/Hl-4Oq7uuKg/s800/AR1.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-_TdgZS6biqE/Tz0VGROcF7I/AAAAAAAAVRo/Cg73Aw19IoU/s800/AR2.jpg

Datos para entender

El debate se da en el contexto de algunas noticias que por alguna extraña razón no son la tapa de todos los diarios o el encabezamiento de cualquier noticiero, incluso oficial:

1) La ciudad de Andalgalá está literalmente sitiada por patotas pro mineras que amenazan a los vecinos y funcionan como frontera interna que deja o impide el paso a quienes intentan llegar o salir.

2) Las patotas son apoyadas por la policía, que obedece sus directivas. De creerle al gobierno catamarqueño y a Minera Alumbrera que no tienen vínculo con esos grupos de choque, es más asombroso todavía que nadie haga algo al respecto.

3) La policía catamarqueña y el grupo antimotines Kuntur reprimió e hirió a las vecinas y vecinos que reclamaban pacíficamente en Tinogasta. Reprimió a mujeres y niños en un ambiente con todos los síntomas de ser una provocación contra las comunidades que reclaman ser escuchadas.

4) El jefe de policía catamarqueño Juan Palomeque reconoció que se están realizando trabajos de inteligencia interna (espionaje) sobre las comunidad de Belén (que también sufrió su dosis represiva la semana anterior, con 30 detenidos), Andalgalá y Tinogasta, lo cual se suma a las provocaciones a los vecinos que tuvieron otro punto culminante en Famatina (La Rioja) cuando se pudo acceder en diciembre a los documentos de la minera Osisko, con los nombres de vecinos, calificativos como “cabecillas” y “agresivos”, en lo que terminó siendo una abortada maniobra de espionaje sobre la comunidad, ante el silencio oficial.

5) La sanción de la llamada Ley Antiterrorista que puede ser aplicada a vecinos como los que actualmente reclaman contra la minería por cualquier juez provincial lo suficientemente dócil al poder político y/o económico.

6) La aparición de sujetos fingiendo ser mineros en actoss presidenciales, a quienes además se aprueba y da micrófono, simulacro que parece demostrar que la industria ni siquiera logra reunir una claque presentable.

7) El renacimiento del discurso por Malvinas, mientras el territorio argentino se sigue abriendo gracias a las leyes menemistas a multinacionales y megaproyectos mineros, negocios con nexos políticos no excesivamente claros, que además no cuentan con licencia social.

Ayer, además, se produjo la reunión de gobernadores de las provincias mineras con el ministro de Planificación Julio De Vido. Quedó planteada la creación de la Organización Federal de Estados Mineros, un modo de reunir aún más masa de poder estatal para enfrentar a las comunidades.

https://lh5.googleusercontent.com/-vUkD0Byk9p0/Tz0VGl2Z8zI/AAAAAAAAVRw/8l3hb5FA02Q/s800/AR3.jpg

Canal 13 y el oportunismo

La gobernadora Corpacci en la Casa de Catamarca de Buenos Aires, mostró un video de Canal 13 y TN en Tinogasta, donde el enviado denuncia el paso de camiones con cianuro. Ninguno de los vecinos autoconvocados había dicho que esos camiones portaran cianuro, sino materiales, químicos y explosivos para la minera. El licenciado Machado Aráoz argumenta: “Supongo que la gobernadora se centró en el relato de Julio Bazán, el periodista de Canal 13 y TN, que dijo montón de veces “pasan los camiones con cianuro”. Ella habrá querido contestarle a eso. Lo que uno observa es el oportunismo del Grupo Clarín. Pero no tenemos porqué hacernos cargo si ellos informan algo que no es exacto. Los cortes son medidas de fuerza que llevan varias semanas, el reclamo tiene varios años, y ningún periodista de esos grupos vino nunca. Seguramente TN no lo hizo por ecologismo, sino en el marco de su enfrentamiento con el gobierno”. La situación empalma con el curioso desfile de figuras de la llamada “oposición” que logran asomarse a las pantallas del Grupo Clarín.

Por eso surge otra idea: “El sensacionalismo banaliza el conflicto -dice desde Catamarca Machado Aráoz-, pero ese no es nuestro problema. Lo que sí es cierto es que por nuestras rutas, las rutas de la minería en Catamarca, pasan de 30 a 50 camiones diarios que llevan sustancias tóxicas, explosivos, combustibles, nitrato de amonio. Ha habido muchos accidentes, que han sido denunciados, lo cual ha hecho que en muchas municipalidades del país se prohíba el paso de este tipo de camiones”. Hubo incluso conflictos interprovinciales cuando la provincia de Tucumán denunció a Alumbrera por la contaminación de las cuencas hídricas.
https://lh5.googleusercontent.com/-c0BRsfTVQ9o/Tz0VGw10NlI/AAAAAAAAVR4/kJ_Yvv7wNXw/s800/AR4.jpg


Un grano de cianuro

Machado Aráoz aclara que una pizca de cianuro, del tamaño de un grano de arroz, alcanza para matar a una persona: “El informe de impacto ambiental de Minera Alumbrera es un documento engorroso, de más de 14 mil fojas. Hay que tomarse el trabajo de leerlo y analizarlo, y es lo que hemos hecho nosotros. Seguramente la gobernadora no lo haya leído. Creo que las empresas hacen semejantes mamotretos a propósito, para que nadie los lea. Pero insisto que, siendo grave, el del cianuro no es el principal problema”.

Machado se refiere a otros efectos que ni siquiera requieren del cianuro para que se trate de una minería de destrucción y extracción: las solas explosiones provocan un desastre ambiental; se destruyen montañas enteras generando cráteres de 5 kilómetros de diámetro por cientos de metros de profundidad; se generan montañas de desechos químicos y de material estéril; los diques de cola donde se produce la lixiviación (separación del oro y la tierra) con cianuro -o en su defecto con sopas ácidas- suelen tener derrames. Aún si no los tuvieran (que los han tenido) la actividad en sí ha impactado en la sociedad destruyendo producciones locales y provocando enfermedades (como ocurre con las fumigaciones sojeras).

Además Catamarca, la provincia que tiene en su seno el mayor proyecto minero en marcha desde hace 15 años, sigue siendo pese a esa “mega inversión” una de las dos más pobres del país, desnudando en qué medida la palabra “progreso” se ha transformado en un mero espejismo.

https://lh4.googleusercontent.com/-XAhkLdLN2Ac/Tz0VHlhwG9I/AAAAAAAAVSA/71XSFoc-EYI/s800/AR5.jpg

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: En medio del bloqueo, asambleístas se movilizaron en Andalgalá contra la minería

NA - MDZOL

Asambleístas de Andalgalá se movilizaron ayer al cumplirse dos años de una dura represión a la protesta contra la minera La Alumbrera, en medio de un clima de tensión por los bloqueos a los accesos en esa ciudad catamarqueña de parte de manifestantes a favor de la actividad.

En una jornada cargada de actividades, los ambientalistas se reunieron en el arco de ingreso a la ciudad, para desde allí dirigirse en caravana de vehículos y motos hacia el centro, donde se dio inicio a la marcha acompañada de antorchas, banderas, cánticos contra la megaminería a cielo abierto.

Así lo reflejaron medios de prensa locales, que destacaron la adhesión de vecinos que aguardaban alrededor de la plaza principal de Andalgalá, donde se cantó el Himno Nacional y leyó un documento en el mástil central.

La movilización fue en conmemoración a los acontecimientos del 15 de febrero del 2010, cuando vecinos de Andalgalá salieron a protestar contra el proyecto minero de Agua Rica (también de La Alumbrera) y se produjo una violenta represión que dejó decenas de heridos y detenidos, además de destrozos en la Municipalidad.

La protesta se desarrolló a pesar del bloqueo que grupos pro-mineros mantuvieron en los accesos a la ciudad para evitar el ingreso de periodistas y grupos de apoyo a los sectores ambientalistas, a pesar de la orden labrada por los fiscales de instrucción, Marta Nieva y Roberto Mazzucco, para que liberaran los pasos.

En ese contexto, hubo algunos momentos de tensión cuando le fue negado el acceso a la ciudad al diputado nacional de Proyecto Sur Jorge Cardelli en medio de forcejeos, discusiones e insultos, lo que motivó que el líder del espacio, Fernando "Pino" Solanas", hiciera "responsable" por la situación a la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, y al Gobierno nacional.

"Fuerzas de seguridad disfrazadas de mineros retuvieron ilegalmente al diputado Cardelli impidiendo su ingreso a la ciudad, violando los derechos básicos de la Constitución Nacionall y burlándose de sus fueros como representante de los ciudadanos", expresó el diputado en un comunicado.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina, Chaco. En la noche de este miércoles: Masiva movilización contra la entrega de los recursos naturales

CHACO DIA POR DIA

Cerca de dos mil personas protagonizaron la protesta que se enmarcó en la Jornada Nacional de Lucha en repudio a la Ley Antiterrorista que tuvo eco en movilizaciones en varios puntos del país.

Numerosas organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, partidos políticos, fundaciones, ambientalistas, ONGs e independientes marcharon este jueves - en Resistencia - por a la inmediata derogación de la Ley Antiterrorista 26.734, en solidaridad con las comunidades de los pueblos de La Rioja, Catamarca y Tucumán en la defensa de sus recursos naturales y en rechazo a las decisiones del gobierno de Capitanich de entregar tierras de El Impenetrable a capitales especulativos árabes.

La protesta se enmarca en la Jornada Nacional de Lucha en repudio a la Ley Antiterrorista que tuvo eco en movilizaciones en varios puntos del país. Los manifestantes de las distintas organizaciones partieron del mástil central en Plaza 25 de Mayo a las 20:00 hs. y recorrieron calles céntricas. Difundieron además, un documento conjunto que reproducimos a continuación.

Documento conjunto.

"Ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales, gremiales, culturales y políticos de la provincia del Chaco, adherimos a la convocatoria nacional para exigir:

La inmediata derogación de la Ley Antiterrorista 26.734, sancionada por el Congreso Nacional, por la presión del Grupo Acción Financiera Internacional, que modifica el Código Penal y eleva las penas por delitos que tendrían por objetivo "aterrorizar a la población".

Esta ley es netamente antinacional y antipopular porque avanza sobre los derechos, las garantías y las libertades públicas y privadas de los Argentinos. El motivo que no pueden ocultar ha sido y es el de garantizar el saqueo de los recursos naturales y las riquezas de la Republica Argentina.

También denunciamos la creciente criminalización de los reclamos y de las protestas sociales por parte de los gobiernos provinciales y alertamos sobre la aparición de guardias privadas y grupos de choque, que están violentando a las comunidades que resisten a la megamineria y que luchan por sus derechos.

Nos solidarizarnos con las comunidades de los pueblos de La Rioja, Catamarca y Tucumán, que defienden sus recursos naturales frente a las Trasnacionales que explotan los emprendimientos megamineros a cielo abierto.

Asimismo expresamos nuestro rechazo a las decisiones del Gobierno de Capitanich de entregar tierras de El Impenetrable a capitales especulativos árabes, la instalación de la empresa Vetorial, la cesión de la exploración, producción y comercialización de los yacimientos de hidrocarburos y el saqueo del monte nativo chaqueño.

El modelo económico y productivo extractivo, que implementa el gobierno provincial, esta orientado a la irracional expansión de la frontera agropecuaria, ganadera y forestal, bajo el modelo del latifundio y la producción intensiva, con eje en el monocultivo transgénico y la producción a gran escala.

Este modelo, no contempla la creación de puestos de trabajo; por lo tanto no distribuye la riqueza y genera un tremendo impacto negativo en lo social, sanitario y ambiental, teniendo como principales victimas a los pueblos originarios, pequeños productores, minifundistas, que son expulsados de sus tierras y los sectores mas empobrecidos de las ciudades.

Vienen por nuestras tierras. Vienen por el Agua. Vienen por nuestros recursos naturales. Las multinacionales extranjeras y los cipayos vienen por todo. Debemos luchar por una provincia inclusiva y un modelo alternativo que respete los derechos de todas y todos".

Adhieren: Centro Nelson Mandela, Bloque Libres del Sur, Comisión Permanente de Derechos Humanos, Biblioteca Popular Rivadavia, Fundación Espacios, Movimiento Barrios de Pie, Corriente Nacional de Unidad Popular, Partido Socialista, Partido Comunista Revolucionario, CCC, CEPA, Artistas Independientes, PRML, Juventud Revolucionaria CHE, CUBA MTR, Colectivo de Mujeres Juana Azurduy, Proyecto Sur, Movimiento El Dorado, Utopía para la Liberación, Biblioteca Popular Niños pájaro, Fundación Ambiente Total, ISEPCI, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Casco Historico Barranqueras, Pastor Luterano Raúl Gleim, Frente Amplio Progresista, Fundación Encuentro por la Vida, MCC, Movimiento 20 de Diciembre y Guardianes del Iberá.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Humedales: ¿Punto final y obediencia debida?

Germán José Margaritini (INFOSUR)

Segunda entrega sobre la preocupante situación de los humedales del delta entrerriano.

Este artículo es continuidad de otro que publicara recientemente sobre el tema, el que puede leerse en alguno de los links siguientes, http://infosur.info/la-apropiacion-de-los-humedales-del-delta-entrerriano/ o http://www.diariojunio.com.ar/index.php. Podría calificarse como el final feliz de un musical “julivudense” pero como la historia nos enseña algunas cosas es necesario que desgajemos la mandarina, los invito a hacer un análisis para que veamos cómo funciona este profundizado modelo. Los pongo en tema: se trata de la promulgación de la ley provincial Nº 10.092 de diciembre de 2011 (Entre Ríos) y su posterior derogación hace pocos días. Para que quede claro no vamos a hacer un detalle de los contenidos de la ley sino de los mecanismos por los que se llega a ella y por los caminos que se transitan para deshacerse de ella.

La primera cuestión que llama la atención es cómo nos enteramos los entrerrianos del asunto, porque la promulgación de la mentada ley no apareció publicada de primera mano en ningún medio, ni en diciembre ni en enero. ¿Es posible que ningún periodista o ningún medio provincial no se haya enterado de la promulgación de esa ley?, ¿es posible que ninguno de ellos no haya leído las comunicaciones oficiales sobre leyes de la provincia?, ¿ningún medio tiene periodistas acreditados en el palacio legislativo? Nadie se enteró, ergo menos podíamos enterarnos antes para hacer el debido debate público.

Nos enteramos por los medios de Santa Fe que fueron los que primeros que reaccionaron sobre esta ley, porque funcionarios de esa provincia elevaron la voz argumentando que se estaba violando un tratado que existía desde el 2008 entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos con la Nación. Tomado de los medios de Santa Fe algunos del ámbito provincial lo publicaron, pero aún sin hacer un análisis propio de la situación. No era cuestión de comprometerse demasiado, decían que dicen que dicen los de otro lado, no vaya a ser que se malentienda.

¿Cómo es posible esto? Habiendo pasado mi adolescencia hace mucho no tengo más que ser desconfiado y preguntarme si no se trata de maniobras de ocultamientos. Cuando algo se sabe y no se dice se es tan responsable como el que lo hace, la omisión se convierte en acción.

La segunda cuestión a identificar es el disciplinamiento de los legisladores provinciales. Según se desprende de la misma página oficial de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia (http://www.senadoer.gov.ar/proyectos/buscador.php?comision=3) el proyecto de ley ingresa al recinto proveniente del Poder Ejecutivo, llámese gobernador Sergio Urribarri, por las comisiones de asuntos constitucionales y acuerdos y de legislación general, obteniendo la media sanción el 14 de diciembre y la sanción definitiva el 16 de diciembre de 2011. No va a ser necesario revisar lo que se dijo en ambas sesiones porque no fue mucho.

Todos conocemos ahora las reacciones que existieron a partir del conocimiento de la ley, tema del que nos ocuparemos un poquito más adelante, desembocando en un pedido del gobernador para la derogación de la misma ley, tratándose en senadores el 8 de febrero y en diputados el 9 de febrero. En la sesión de senadores hubo un único orador, el Senador Enrique Cresto, quien dijo que se había malinterpretado la intención para con esa ley, entendiendo que había habido una mala intención de las organizaciones ambientales y de los funcionarios de la Provincia de Santa Fe, remarcando en una posterior declaración pública que “nunca se dará marcha atrás en la cuestión de fondo que es recuperar estas tierras que pueden ser la palanca del desarrollo productivo de la provincia”. Su alocución en el senado pudo haber durado quince minutos y todos los demás senadores levantaron la mano. Al día siguiente, esta vez sí con algunos dichos más, porque era oportuno que se hicieran notar que en ese recinto había opositores, volvieron a aprobar dándole sanción definitiva a la derogación de la ley que había sido aprobada un poco más de un mes atrás.

¿Cómo es posible pasar de la unanimidad de la aprobación a la unanimidad de la desaprobación en tan corto tiempo habiendo sido las mismas personas que hicieron lo uno y lo otro? ¿Se puede cambiar tan rápidamente de opinión sobre el mismo tema? Otra vez tengo que decir que habiendo pasado mi adolescencia he perdido la inocencia y tengo que ser desconfiado. Estos tipos que ocupan esas bancas por los votos de los entrerrianos para discutir y ser críticos defensores de los intereses de todos no están haciendo eso, han convertido a la legislatura provincial en una suerte de oficina pública para refrendar lo que manda el gobernador.

La tercera cuestión a ver es la reacción social. Una vez difundido el tema fue interesante como la sociedad reaccionó de diferentes maneras, tanto a través de la indignación por tan vergonzante entrega por notas y comentarios a medios, como por organizaciones sociales de todo tipo que muy rápidamente desplegaron una cantidad de protestas, en una y otra orilla del Paraná. Esto es un mensaje claro que la sociedad está viva y atenta, muy despierta a todas las cuestiones que hacen al modo y calidad de vida. Pero a pesar de esta reacción no estoy seguro que esta haya sido la causa principal para que el gobierno diera semejante marcha atrás. Todos sabemos de la obstinación de un gobierno para seguir adelante con asuntos que son de mucho interés para su modelo.

La cuarta cuestión tiene que ver con otro disciplinamiento. Tal como se dieron las cosas, la oposición política al gobierno se situó fuera de sus fronteras. Se manifestaron muy fuertemente funcionarios de Santa Fe, a los que adhirió el socialismo de estos pagos, cuidándose en puntualizar haciendo referencia a los tratados que existían de protección del delta pero no a los riesgos de la extensión de la frontera del glifosato, ya que este tipo de comentarios iría muy en contra del mismo modelo que usa la provincia de Santa Fe y habría que decir cosas incómodas sobre el modelo agroexportador y depredador. Sin embargo mi intuición me dice que este enfrentamiento interprovincial no fue de la magnitud suficiente para empujar para atrás la acometida contra el delta entrerriano, sobre todo en tan breve plazo y a tanta velocidad, en meses en los que aún mucha gente está en la siesta veraniega. Debieron existir presiones de la órbita presidencial para que esto se haga así. Estamos en momentos muy cálidos, y más que por la temperatura ambiente de este verano, por los momentos políticos incómodos por los que está atravesando el gobierno nacional, desde el que deben haber valorado que no era momento para despertar un nuevo problema. Es probable que desde la presidencia se le haya recordado al gobernador la confianza que se había ganado en todo este tiempo y que eso requería cuidar algunos detalles. Su obsecuencia debe haber hecho el resto.

De la misma manera que hacía la pregunta sobre los legisladores, también vale para el gobernador: ¿es posible cambiar de opinión tan rotundamente en tan breve plazo sobre el mismo tema? En respeto a la redundancia voy a omitir el comentario sobre mi inocencia adolescente.

Final de la cuestión, ¿final de la cuestión? Esto no es un final feliz, es un principio, un principio normativo de un comportamiento político que desnuda el funcionamiento del modelo que lo hace usando como herramientas la sacralización de sus actos por vía de las abluciones ritualísticas en el mar de bronce del templo del peronismo épico, la negación y tergiversación de las realidades, los silencios y ocultamientos. Omisiones, negaciones, tergiversaciones y sacralizaciones de las que son parte los medios utilizados como herramientas disciplinatorias.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: Esta no es la Justicia que nos prometieron

José Ernesto Schulman

El torturador Curro Ramos (“mi” torturador, para no hablar como un flemático investigador sueco del genocidio argentino) y el archí violador de los derechos humanos, Víctor Brusa (archí represor porque era funcionario judicial cuando colaboraba con los torturadores y llegó a ser Juez Federal de la Nación), condenados a penas de más de 20 años por delitos de terrorismo de Estado, pasaron las fiestas con sus familiares, en sus casas. ¿Que tierno, no?, y cuanto me hicieron recordar mis fiestas de 1976, encerrado como un perro en la Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fe. ¿Cuántos de los miles de encerrados en las cárceles santafecinas, pasaron sus fiestas en sus casas con sus familiares?.

El asesino de Alicia López, muerta por desgarro vaginal en el patio de la Comisaría Cuarta, donde él era comisario y yo estaba secuestrado en la celda que daba al patio donde Alicia fue violada, Mario Facino, que ya cuenta con dos condenas (1), una por torturas a varios presos (entre los que me cuento) y la muerte de Alicia, toma café con sus amigos en un coqueto bar de un supermercado del barrio más recoleto del pueblo donde vive en su casa, y del cual fue Jefe de Comuna. ¿Y cuántos condenados, mayores de setenta, frecuentan bares y supermercados como simples jubilados que intercambian anecdotas con sus viejos amigos y compañeros de juegos?

El General Santiago Omar Riveros, ingeniero para más datos y ex Jefe de Institutos Militares (Campo de Mayo) y representante argentino ante la Junta Interamericana de Defensa, condenado a prisión perpetua en cárcel común por el Tribunal Oral Federal Número Uno de San Martín por el crimen de Floreal Avellaneda, militante comunista de quince años muerto por empalamiento y tirado su cadáver al Río de la Plata, donde apareció flotando pero del lado de Montevideo, cumple su condena en su “modesto” departamento porque la Cámara de Casación consideró que su condena no está firme hasta que la Corte no la confirme, y la Corte no la confirma porque Casación no la trata, y así podríamos seguir uno por uno con los perpetradores del Genocidio que hoy burlan la justicia, gracias a la justicia, cumpliendo las condenas que supimos conseguir en duros y largos años de batalla popular, en sus domicilios, rodeados de sus afectos, gozando de los bienes materiales que han comprado gracias a los servicios prestados al Poder Económico durante los años de plomo.

En la condena a Etchecolatz, el presidente del TOF La Plata, el Dr. Carlos Rosanzky, al fundamentar la negación del beneficio de la domiciliaria estampó “Etchecolatz cometió delitos atroces y la atrocidad no tiene edad. Un criminal de esa envergadura, no puede pasar un sólo día de lo que le reste de su vida, fuera de la cárcel. Así voto.”

En el debate sobre los fueros parlamentarios de Patti, que lo hubieran salvado del juicio que lo condenó por terrorista de Estado, el periodista Mario Wainfeld desarrolló un concepto que conviene retener: la situación de estos ciudadanos no es equiparable a quien es acusado del robo de una bicicleta y merece el derecho de la presunción de inocencia; no fueron juzgados en su momento porque el Estado los protegía abiertamente (periodo 1976/1983), o los consentía vergonzosamente (1983/87) o intervino brutalmente con leyes y decretos para proteger su impunidad (1987/2003); decía Wainfeld que en estos casos “la presunción de inocencia” debe ser relativizada; y digo yo, que cuando el Estado que los protegió por más de treinta años, finge que son delincuentes comunes (y ni eso, porque hay miles de mayores de setenta años pudriéndose en vida en las cárceles argentinas, muchos de ellos sin condena, y se aferra a la “normalidad procesal” (lectura dogmática y descontextuada de la Ley) es para continuar defendiendo su impunidad como en los casos de Brusa, Ramos, Facino y Riveros.

He aquí hoy el centro de la discusión: seguir adelante con la normalidad procesal terminará frustrando el proceso de juicio y castigo a los terroristas de Estado; reconocer el exacto “objeto procesal” en debate, que no es otro que un genocidio cometido para fortalecer el Poder Económico y sus cómplices militares y civiles, obliga a volver a la doctrina Rosanzky: “Un criminal de esa envergadura, no puede pasar un sólo día de lo que le reste de su vida, fuera de la cárcel”.

Nota:
1) fui querellante y/o testigo en los dos juicios

José Ernesto Schulman es secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: ¡No aguante, Morocha!

Alfredo Grande (APE)

.

“Una noticia buena y una mala. La buena. El gobierno defiende los derechos humanos. La mala. Hay derechos más humanos que otros.”
(aforismo implicado)

“Esta no es la Justicia que nos prometieron. El torturador Curro Ramos (“mi” torturador, para no hablar como un flemático investigador sueco del genocidio argentino) y el archi violador de los derechos humanos, Víctor Brusa (archi represor porque era funcionario judicial cuando colaboraba con los torturadores y llegó a ser Juez Federal de la Nación), condenados a penas de más de 20 años por delitos de terrorismo de Estado, pasaron las fiestas con sus familiares, en sus casas. Qué tierno, ¿no? y cuanto me hicieron recordar mis fiestas de 1976, encerrado como un perro en la Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fe. ¿Cuántos de los miles de encerrados en las cárceles santafecinas, pasaron sus fiestas en sus casas con sus familiares?” .(Extracto de un escrito de José Schulman, secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre)

León Rozitchner enseñó que el sujeto es núcleo de verdad histórica. Por lo tanto el texto de Schulman es la verdad de un sujeto, pero es también la historia de una verdad. Difícil determinar qué cantidad de la sangre ha sido negociada, pero no parece poca. Tanto poder para lo bueno y tan poco poder para impedir lo malo. Desde la elección de Menem, de quien se dice que en noches de luna llena se convierte en persona, hasta la represión brutal de un pueblo que lucha por tierra, agua y aire. O sea: la más básica de todas las necesidades y, siguiendo el pensamiento de Eva Perón, deberían tener por detrás los más elementales derechos. Si la reforma constitucional de 1994 habilitó la impotencia para el Estado Nacional en meterse en cuestiones provinciales, y por lo tanto el tema de la megaminería a cielo abierto y a tierra cerrada queda por fuera de la competencia nacional, no creo que eso le impida ejercer protección efectiva a todas y todos los habitantes de este país. La patota paraempresarial que remeda algunas triples vocales que no queremos recordar, pero que estamos repitiendo, son terroristas porque usan la fuerza armada para incidir en el funcionamiento de las instituciones. ¿Es necesario señalar que a esta altura del desarrollo de las fuerzas productivas la Naturaleza es una institución en riesgo? Los paraempresariales, los desconocidos de siempre, los cobardes a sueldo emplean nada la pluma, más la espada y mucho la metralla. Mientras tanto los jefes de las cámaras de senadores y diputados se auto aumentan los sueldos. Los justificativos son para procesarlos por traición a la patria. “Si no ganamos bien, nos corrompemos, nos corrompemos”. El Poder Ejecutivo, ejerciendo el ejecutivo poder debería pedirle la renuncia a toda su bancada, porque no hace falta el relevo de ninguna prueba, ante tamaña confesión de parte. Yo no creo que el pueblo nunca se equivoque, Tampoco creo que su voz siempre sea la voz de dios. Y menos que al estar unido, no pueda ser vencido. Pero siempre elegiré cualquier error del pueblo que algún acierto de la casta parasitaria y predadora. Que aciertos tienen, ya que nadie les corta el agua que llevan para sus incontables molinos. Los otros molinos, los del pensamiento, parecen estar ausentes. En la Argentina del prejuicio y de la calumnia, a cualquier opositor se le cuelga el sanbenito de ser de derecha, reaccionario o cipayo contumaz. El derecho humano a pensar críticamente no existe. Eduardo Gruner lo definió con belleza y precisión en una nota de la revista digital La Tecl@ Ñ. En nuestra reina del plata, el Jefe del Operativo “Deshaciendo Buenos Aires” sigue acumulando vetos y lamentablemente, todavía votos. Vetar los fondos del Teatro Para la Identidad parece demasiado, aún para un fascista de consorcio. Pero más allá de la habitual crítica K a Macri, que lo ha convertido en un remedo del “chico de los azotes”, la ciudadanía porteña todavía mira todo por TV. O hace las filas para que, previa entrega de información personal, se le adjudique una tarjeta para poder viajar a precios de subsidio, ahora “personalizado”. Si pensamos que Susana Trimarco, pudo rescatar a más de 90 mujeres secuestradas, y por esas bromas macabras de la vida no pudo llegar hasta Marita, imaginemos cómo podría aniquilarse la mafia de la llamada trata con un megaoperativo político, jurídico y de gendarmería. Excluyo a todas las policías, porque al tener poder territorial y nula capacidad de suicidio, son parte de lo que se quiere derrotar. Desde la imposibilidad política de aplicar la “ley Rozanski”, de tal modo que la edad no sea considerada en crímenes de lesa humanidad como elemento para la prisión en spa de lujo; legislar el delito de genocidio, impedir el juicio abreviado en casos de abuso sexual a niñas y niños, eliminar la figura siniestra del avenimiento que ocasionó una muerte cruel y anunciada, discutir una megaminería sustentable con los que saben cómo hacerla, previa expulsión de todas las transnacionales. Porque lo que es válido para las Malvinas lo es para todo nuestro territorio porque también Aldalgalá, por ejemplo, es Argentina. Y algunas otras cuestiones relacionadas con la anulación del impuesto a las ganancias para los salarios, lo que constituye una de las paradojas absurdas de la cultura represora, más allá del orden democrático que lo sostiene, la reforma financiera, y etc, todas ellas exigen una firme actitud de no aguantarlas más. Fetichizar el 54% de mayoría como si fuera el talismán de la buena suerte es peligroso. El 5 de Julio de 2009 escribí para Miradas al Sur, posterior al triunfo de De Narvaez: “el gobierno tiene que ver con un acuerdo muy profundo entre el gobernante y el gobernado y esos acuerdos la derecha no los puede lograr nunca. Hay que estar más cerca de las construcciones de base y la militancia popular. Las clases populares quieren políticas más activas que les resuelvan sus problemas cotidianos. Considero que el voto a la derecha no fue por el amor, sino por el espanto a cuestiones que han empeorado en la cotidianeidad de la gente. Es suicida creer que el electorado se corrió a la derecha” La asignación universal y otros planes resolvieron esa cotidianeidad. El tema es cuál es el costo residual que dejan. Si el Poder Ejecutivo no toma nuevamente contacto por ejemplo, con la marcha que ayer se hizo contra la terrorista ley antiterrorista, que ya se está aplicando, entonces habrá cada vez más olvido y también cada vez más penas. Ya sabemos que el Legislativo está contando billetes y el Judicial, después de incontables gestiones, resolvió que Karina Germano tenga salidas transitorias. No prisión domiciliara, que todavía es joven y luchadora. No importa nada todo lo bueno, si ante todo lo malo no hay respuesta. Y cuando lo malo es tan evidente como intento mostrarlo en este escrito, sólo me queda decir…porque no se trata de avivadas…sino de ataques a todo intento de liberación nacional y social, incluso la más modesta…Ante los verdaderos monopolios destituyentes… que no están a la izquierda, sino como siempre al fondo a la derecha…¡no aguante morocha!

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: “Genocida Videla: Nuestra única venganza es ser felices”

REDACCION ROSARIO

Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) de Capital Federal respondió mediante un comunicado a las declaraciones del ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, quien sostuvo que los juicios contra genocidas de la última dictadura cívico militar son una “venganza”.

El genocida Jorge Rafael Videla vuelve a ser noticia, y esta vez no por sus acciones sino por sus declaraciones, que -como otras de sus camaradas- no nos sorprenden, pero merecen todo el repudio del pueblo.

El dictador condenado a prisión perpetua, en sus dichos a la revista Cambio 16, no hace más que reafirmar lo que desde hace tiempo desde la agrupación H.I.J.O.S. junto a los demás organismos de derechos humanos y otros sectores del pueblo venimos remarcando: que el golpe de Estado fue cívico-militar y que hubo apoyo y participación de sectores políticos, empresariales y la cúpula eclesiástica.

Por otro lado, el genocida Videla afirma y confirma el accionar de las fuerzas de seguridad durante el terrorismo de Estado, mediante el aniquilamiento y la figura del desaparecido: "Ya sabemos quiénes murieron y en qué circunstancias", afirma el reo. Si lo saben, nosotros, familiares de las víctimas del genocidio, queremos preguntarles: ¿Qué han hecho con nuestros padres y madres? ¿Dónde están sus cuerpos? ¿Quiénes tienen a nuestros hermanos apropiados, nacidos en cautiverio? La rata Videla, como todos los responsables del terrorismo de Estado, lo saben, pero demostrando nuevamente su cobardía y falta de dignidad, callan y mantienen el pacto de silencio.

La evaluación negativa del reo sobre la coyuntura actual, agraviando la lucha de los organismos de derechos humanos y las políticas de Estado llevadas adelante por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en materia de crímenes de lesa humanidad, no hacen más que confirmarnos que estamos en el camino correcto. Que estamos ganando esta batalla contra la impunidad, resistiendo, con memoria, justicia, democracia.

Por otro lado resulta llamativa la actitud del periodista Ricardo Angoso, que deja cómodo al genocida en una entrevista que parece más una justificación de los crímenes y una apología de la impunidad, que un compromiso con la verdad y la justicia. En ningún momento, por ejemplo, le pregunta por el destino final de los desaparecidos, ni por la lista de los genocidas que siguen impunes, ni por los bebés robados, hoy jóvenes que continúan sin conocer su identidad. Angoso no inquieta los pactos de silencio del genocida Videla, no busca la verdad histórica.

Es necesario resaltar que los juicios a genocidas no son ninguna venganza. Videla, como los demás genocidas, hoy goza de todos los derechos y garantías que no gozaron nuestros padres y sus compañeros. No sufre ninguna de las violaciones a los derechos humanos que él cometió.

Venganza, por definición, sería robarles a sus hijos, secuestrarlos, torturarlos, violarlos, tenerlos en cautiverio en centros clandestinos, tirarlos vivos al mar, robarles sus bienes, fusilarlos. Nunca hicimos nada de eso, ni lo haremos, jamás dimos ni un solo paso que pueda ser tomado como venganza.

Por eso, porque nos acusan de vengadores decimos que nuestra única venganza es ser felices. Reivindicamos la lucha de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Juicio y Castigo a los genocidas y sus cómplices.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: Elogio de la desmesura

Roberto Fermin Bertossi (especial para ARGENPRESS.info)

En un contexto de crisis global y de algo muy parecido a una subespecie de ajuste nacional, la señora presidenta de la Nación, solicitó ecuanimidad, equidad y solidaridad social a todos los argentinos siendo explícita respecto de empresarios, de gremialistas y del propio Estado.

Entonces ¿acaso quedará así nomás este verdadero escándalo ciudadano provocado innecesariamente por una abusiva y desproporcionada duplicación en “las dietas” de todos los legisladores nacionales?

¿Acaso el Congreso Nacional no es un Poder y una Autoridad de la Nación Argentina?

¿Acaso no son suficientes los parámetros ni la prudencia para medir sus peligrosas e inquietantes consecuencias como tampoco, sus indeseables e inconmensurables derivaciones, socialmente negativas?

El espíritu de la perspectiva democrática y republicana históricamente prevaleciente respecto que los cargos y funciones políticas son “honra y distinción” e implican voluntad y capacidad de servicio, razones para las cuales resulta imprescindible y esencialmente impostergable dotar a toda expectativa y a toda banca legislativa de virtudes, bondades, decoro y sobriedad, bueno dicho espíritu evidentemente no ha comparecido en este “acuerdo” sellado con urgente despacho como cuestión de privilegio entre los jefes de todos los bloques, unánimemente, ¡faltaba más!

Así pues y, sin titubeos, el último “dietaso” conocido irrita y mucho resultando para la conciencia colectiva tan injustificado, inequitativo e inoportuno como inexplicable más aún cuando simultáneamente el legítimo reclamo de quienes estuvieron “disponibles” para la guerra en Malvinas, fueron removidos represiva y violentamente. Pero, no solo eso. Provocó el incremento de la indignación y el refunfuño ciudadano generalizado así como la legalización y la expansión de inequidades aberrantes.

En efecto, la secular postergación de antiguos y legítimos (si los hay) reclamos salariales de nuestros admirables maestros, peones y médicos rurales, de nuestros magnánimos enfermeros, agentes del orden, empleados domésticos, docentes e investigadores universitarios, bomberos y más, ya puede ser traducida y traducible en subestimación, desdén, desprecio y hasta en una burla pública tan inadmisibles como inaceptables desde el derecho y la garantía constitucional de igualdad de trato y de oportunidades, desde la dignidad humana, la equidad, la ecuanimidad, la solidaridad social y el sentido común, objetos y límites del bien común que al fin y al cabo explica, predice y justifica al Estado en cuanto tal.

De tal modo, este “dietaso” es del todo ajeno a la imperiosa necesidad argentina de asumir y compartir sacrificios pero, también nos late reñido y lamentablemente contrapuesto a los propios índices oficiales del Indec ¿paradójicamente?

Ahora cuando Argentina es toda una paritaria nacional a la que se le insinúan topes para cada aumento salarial del orden de entre un 18% y un 25%; poco menos, poco más, este “dietaso” es escandaloso.

Cuando verificamos la productividad de los legisladores nacionales en función de sus atribuciones, fueros, privilegios, retribución y responsabilidades, este “dietaso” es escandaloso.

Cuando desde fines de 2010 y durante todo 2011, los legisladores en general estuvieron “de campaña” por el país, eso no solo se llama sino que es un escándalo.

Cuando sabemos y no solo por visibilizaciones de acérrimos y acendrados antagonismos y mezquindades legislativas (Vg., “no dar quorum”, etc.) y, súbita e inauditamente nos anoticiamos ´por filtraciones´ de una extravagante mayoría absoluta o unanimidad en la aprobación, percepción y cobro de todos estos “dietasos”, bueno esto ya es la consumación misma del propio escándalo.

Dice un sabio proverbio: “el que no trabaja, que no coma”. Y qué decir si además se verificaran fondos públicos con afectación legal específica para productividad y competitividad legislativas “desviados” en ocios, campañas político-clientelares y bianuales, gastos y presentes superfluos; partidas para arraigos, viajes inexistentes o demasiados intermitentes y así, mucho más de menos.

Bastaría para certificar y legitimizar estas aseveraciones con solo autoconvocarnos munidos de coraje y autodeterminación cívico-política, veraz y creíble, mediante consulta popular, plebiscito y/o referendum, segura y fatalmente deslegitimantes de desmesuras semejantes.

Compatriotas, mucho me temo que si no peticionamos en tiempo y en forma, más fácil y más rápido que eso serán la censura, “las falacias ad hominem” y la descalificación secular corporativa de los pícaros argentinos de siempre, de los que nunca se fueron ni en el 2001 ni en el 3000 tampoco, porque se quedaron y se quedarán mediante nepotismos y enroques carísimos e ineficientes, reciclados y reelectos “ad eternum” de generación en generación en una ausencia flagrante de alternancias que sólo se correspondería con ineptitud para trabajar y gestionar en el ámbito privado.

Por eso también, nuestra política como extraviada anda sin novedad. Ellos no viven la política ni la Democracia ni la República como servicio y construcción común, no exhiben reciprocidad de conciencias sino que, ya no pocos, se sirven y enriquecen descarada y obscenamente infligiendo concomitantemente a la política y a nuestras instituciones, daños y descréditos cuasi irremontables, desprestigiando y exponiendo toda legitimidad a toda resignación y, en algunos casos, también ante una irritante e incomprensible “prudencia” judicial.

Finalmente y, como toda paciencia tiene su límite, ante semejante certeza ya es hora de que los legisladores nacionales “pongan sus barbas en remojo” puesto que la distinción legislativa no es para ricos ni para ladrones, tampoco para cínicos o canallas sino para idóneos y probos servidores de la Patria que, como todos, comparten índices oficiales y sacrificios comunes desde el compromiso y en la convicción republicana de que: “¡la lección del ejemplo, gana a todas en elocuencia!”.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: Legisladores de larga siesta cobran como si fueran muy productivos

Emilio Marín (LA ARENA)

Comenzó una dura polémica sobre los sueldos de los legisladores. Parte de la sociedad parece tener un punto de vista crítico sobre el monto que ganan, pero sobre todo por lo poco que hacen.

En diciembre pasado el productor agropecuario bonaerense Julián Domínguez tomó el timón de la Cámara de Diputados, en tanto el vicepresidente Amado Boudou, de rápido ascenso político y patrimonial, hacía lo propio en el Senado.

Entre ambos pergeñaron un aumento del presupuesto de ambas cámaras, a ser incluido en el Presupuesto 2012. Una parte del mismo, fuera de las mejoras y refacciones en los edificios, oficinas, etc, iría a mejorar sustancialmente las dietas de sus integrantes.

Como la suba presupuestaria rondaba el 40 por ciento respecto a 2011, se creía que los salarios de diputados y senadores crecerían en esa proporción. Error. Al final fue mucho más, entre el 100 por ciento publicado por la mayoría de los medios y el 150 por ciento calculado por el hipercrítico "Clarín".

La partida de la Cámara Alta pasaba de 587 millones de pesos a 892 millones para el año en curso. Y en Diputados, de 856 millones de pesos a 1.185 millones. En diciembre, cuando Domínguez tejió ese acuerdo con los bloques opositores, prácticamente todos estuvieron de acuerdo.

Como la política es para muchos un arte de conveniencia, ahora que estalló la discusión pública, algunos legisladores hicieron constar su negativa. Por principios o cálculo político, vaya a saberse. No son muchos. Sobre un total de 72 senadores y 257 diputados nacionales, hasta ahora se ha escuchado la voz crítica del senador Alfredo Martínez y los diputados Pino Solanas, Victoria Donda y Patricia Bullrich. Casi una excepción que justifica la regla... El debate no fue en general sobre el aumento de las partidas para el Poder Legislativo sino más concretamente sobre las dietas. El mismo ha sido por lo menos del 100 por ciento, de un solo saque, sin gradualismo ni etapas, con lo que aquéllos han pasado a percibir de bolsillo una remuneración de 17.000 pesos mensuales a otra de entre 30.000 y 35.000 pesos.

El cálculo de Clarín lleva el porcentaje al 150 por ciento porque sostiene que una parte de ese aumento no estará alcanzado por descuentos de obra social ni jubilatorios ni de impuestos por superar el tope máximo sobre los que se efectúan los mismos.

A ello hay que sumarle 4.000 pesos por concepto de "desarraigo" para quienes vivan afuera de la Capital, y los pasajes aéreos y terrestres que recibe cada legislador (20 tramos de un tipo y otros 20 de otro). Si no los emplea, puede canjearlos o venderlos y tener un ingreso informal de 15.000 pesos.

Con ese dinero a la vista seguramente habrá más interesados en hacer política, rentada por supuesto. Y éstos deben estar lamentándose que el 2012 no sea un año electoral... Saben que esas cifras se volverán a actualizar este año, cuando los empleados legislativos puedan firmar su paritaria. Es que la cláusula de Boudou-Domínguez sostiene que los legisladores deben cobrar siempre un 20 por ciento más que el máximo cargo de esos empleados. De modo que si éstos logran un aumento en 2012, los diputados y senadores pedirán que también les suban. Una suerte de ley de enganche, al revés.

Paritaria sin techo

Irónicamente, Pablo Moyano comentó en declaraciones periodísticas que el aumento logrado por los legisladores relevaba al movimiento obrero de discutir una pauta para los salarios en las paritarias por venir. Lo suyo fue chistoso, agudo pero fuera de la realidad. Es que el gobierno de Cristina Fernández insistirá en que la negociación salarial para los estatales y privados no debe sobrepasar el 18-20 por ciento para todo el año.

Esa es la gran diferencia entre los asalariados que deben discutir "a cara de perro" con sus patronales, y el caso de Domínguez, que dispuso el 100 por ciento por su cuenta, informando a los propios interesados. Estos obviamente no le iban a decir que no.

Esta diferencia en lo dado a unos y retaceado a otros, es lo que explica el malestar social con la duplicación de dietas legislativas. Los docentes, que están frente al aula todo el año, en una tarea imprescindible y desgastante, están pidiendo un retoque de haberes del 28 por ciento y todavía no tuvieron una respuesta positiva del gobierno. Y a los legisladores le dieron de golpe todo lo que ambicionaban, sin chistar.

Y no se trata sólo de los porcentajes sino de los números absolutos tan contrastantes: 35.000 pesos para un legislador, siendo que los esforzados educadores piden un salario mínimo de 3.000 pesos, trabajando de lunes a viernes y llevándose trabajo a sus domicilios. ¿Puede haber tamaña diferencia de ingresos entre uno y otro sector?

Y no se trata de bajar la dieta de los senadores a lo que cobra un docente, tal la demagógica propuesta de Raúl Castells y su reemplazante Ramona Pucheta, del MIJD, reflotada en estos días. Un ingreso de 3.000 pesos es insuficiente para cualquier argentino, si se tiene en cuenta que la Canasta Familiar debería ser de 6.500 pesos para una familia con dos hijos, según los cálculos de entidades gremiales y la CTA. El Indec, en cambio, la estima en 1.800 pesos.

No se trata de igualar para abajo, pero sí de bajar aquellos elevados sueldos de legisladores y funcionarios, y elevar más los de quienes trabajan duro y perciben ingresos muy inferiores. Eso sería justicia social, dijo a Canal 26 Julio Piumato, dirigente de la UEJN y el consejo directivo de la CGT conducida por Hugo Moyano.

Molesto ocultamiento

Retacearle a muchos el 28 por ciento y darle a unos pocos el 100 por ciento o más, no parece algo emparentado con la justicia social.

Empezaron por darle a los que más ganan. Y en este caso el orden de los factores altera el producto..

Pero también molesta el ocultamiento. Domínguez dijo a regañadientes que el aumento llevaba la dieta de los legisladores a 28.000 pesos por todo concepto, pero luego los recibos de algunos de éstos mostraron cifras superiores.

A la vez el titular de Diputados, para justificar el aumentazo, dijo que los ministros del Ejecutivo cobran en bruto 44.000 pesos, o sea unos 10.000 dólares mensuales. El sabe de lo que habla porque hasta diciembre último fue ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Esa suma se había semiocultado, lo mismo que el salario de la señora presidenta, que a fines de 2009 había mostrado a la prensa un recibo de sueldo de 16.500 pesos. No quedó claro cuándo y cómo se engordó ese sueldo presidencial, si hoy sus ministros perciben 44.000 pesos según Domínguez.

Y no es que se trate de salarios astronómicos ni faraónicos, pero en democracia sería lindo que se conozcan y transparenten. Y que guarden cierta relación con los ingresos del resto de los argentinos de a pie, y que tengan que ver con el trabajo efectivamente realizado.

En este último sentido la señora presidenta sale favorecida, en el cotejo con los legisladores nacionales. Es que si bien su declaración de "no me tomé ni un día de vacaciones" resulta inconsistente, es verdad que ella trabajó bastante en estos cuatro años, sobre todo en relación a diputados y senadores.

Este es el otro eje del cuestionamiento popular. Los datos objetivos informan que en 2011 fue el año de menor número de leyes aprobadas desde 2007: apenas 65 normas vieron la luz en las sesiones ordinarias de 2011.

La Cámara Alta apenas sesionó ocho veces y el Senado sólo un poco más, catorce.

Como consecuencia, un montón de proyectos no fueron tratados, casos de la iniciativa de Héctor Recalde de distribución de ganancias empresarias y la de Carlos Heller para un sistema de crédito federal. Muchas otras que sí habían sido habilitadas en comisiones no llegaron al recinto y perdieron tratamiento parlamentario.

Quiere decir entonces que el aumento de dietas para Diputados y Senado no está en correspondencia con lo actuado por esas cámaras en 2010 y 2011. Esto no significa una crítica total pues el año pasado se aprobó, entre otras leyes importantes, la del papel para diarios. Pero la tendencia no fue esa sino la falta de contracción al trabajo legislativo, con muchos diputados ausentes.

Lamentablemente esa pobre realidad legislativa permite que sectores antidemocráticos, disconformes con la mencionada ley del papel, con los juicios por derechos humanos y con el alineamiento latinoamericano del gobierno, critiquen en general al Parlamento con un ánimo embozado destituyente. No se debe defender lo indefendible, pero sí a la democracia y a la política; pero ésta debe ser participativa, al servicio de la gente. La Comuna de París pedía en 1871, entre otras cosas, un gobierno barato. El actual no lo es, ni el PEN, el Congreso y el Poder Judicial. Hay que abaratarlo, en democracia.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...