viernes, 17 de febrero de 2012

Grecia en llamas: El preludio de la Revolución Europea

Michael Savas Matsas (EEK)

Los peores temores de las clases gobernantes de Grecia y Europa se están haciendo realidad: una explosión social incontrolable está en marcha en Grecia. Al momento de escribir estas líneas, en la madrugada del 12 al 13 de febrero, los choques violentos y las luchas callejeras entre los manifestantes y la policía antimotines continúan en el centro de Atenas y en otras ciudades de todo el país. La falsa "mayoría" que acaba de votar en el Parlamento el nuevo paquete de medidas de canibalismo social -impuesto por la troika de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI- no puede y no podrá parar el incendio social que se expande por el país y se extiende, más allá de Grecia, por toda Europa y a nivel internacional.

La manifestación popular del domingo 12 de febrero, en la plaza Syntagma, fue literalmente gigantesca. Cerca de un millón de personas convergieron desde todos los barrios de la capital griega en una movilización de masas que superó en magnitud y espíritu de lucha a todas las anteriores -incluyendo las enormes marchas durante las huelgas generales de junio y octubre de 2011.

La semana pasada ya habían tenido lugar dos huelgas generales (el 7 y el 10-11 de febrero), pero muchos factores -falta de preparación, oposición burocrática a una real movilización de masas, extremas condiciones climáticas- habían influido para que si bien resultaran significativas, no hayan tenido nada en común con lo que sucedió el 12 de febrero, cuando las masas desbordaron las calles de Atenas y casi todas las demás ciudades griegas, dando un carácter casi insurreccional a la movilización.

La policía antimotines, con un plan preparado, atacó al pueblo en Syntagma desde los primeros momentos de la marcha, a las 17:15 horas. Cuando el gran compositor Mikis Theodorakis y el héroe de la resistencia anti-nazi Manolis Glezos, ambos de casi 90 años, avanzaron para entrar en el Parlamento y presentar una declaración conjunta de protesta, la policía antimotines los atacó, al igual que a todos los manifestantes en la plaza, con toneladas de químicos. Desde ese momento, el centro de Atenas se transformó en un campo de batalla, mientras la gente continuaba llegando en masa desde todas las direcciones. Enfrente del mismo Parlamento permanecieron y resistieron hasta las 22:30, junto a contingentes del EEK, Antarsyta (izquierda democratizante) y la juventud de Syriza (coalición de centroizquierda). Todas las calles y avenidas desde Omonia a Syntagma -e incluso alrededor de la Acrópolis- estaban colmadas de personas que resistían la salvaje brutalidad policial hasta pasada la medianoche.

En algunas calles se erigieron barricadas. Se incendiaron bancos, grandes negocios, cines y alrededor de 40 edificios. La estación de policía de Exarchia fue atacada. Unos cien ciudadanos de todas las edades fueron heridos -algunos de ellos de gravedad, por lo que debieron ser hospitalizados. Otras cien personas fueron arrestadas, incluyendo a los manifestantes que habían ocupado el Ayuntamiento de Atenas. El centro de Atenas parecía hoy una ciudad bombardeada.

Vale la pena destacar que el estalinista KKE una vez más celebró su propio acto independiente en la plaza Omonia (dicen que reunieron 50.000 personas), pero evitaron juntarse con los cientos de miles de personas en la plaza Syntagma y alrededores debido a los choques de los manifestantes con la policía. Permanecieron lejos de la lucha y, finalmente, dispersaron pacíficamente sus contingentes. De acuerdo con el mantra estalinista, cada choque violento con las fuerzas policiales o cualquier forma de acción directa es "una provocación del Estado".

La rebelión popular no se limitó a Atenas. En otras ciudades, a lo largo de toda Grecia -desde Corfú hasta el noroeste y desde Tesalónica en el norte a Patras en el oeste y Creta en el sur- hubo y siguen teniendo lugar movilizaciones, manifestaciones, ocupaciones de edificios públicos, municipalidades, prefecturas, etc. Han tenido lugar ataques de manifestantes furiosos contra las oficinas políticas de los miembros burgueses del parlamento: en Corfú (al noroeste, en la costa del Mar Jónico), en Agrinion (Grecia occidental), en Iraklion (Creta, sur del Mar Egeo) fueron destruidas las oficinas de los parlamentarios locales.

La furia del pueblo -tan rápidamente empobrecido y arruinado- se reflejó incluso en el Parlamento al estallar el sistema político parlamentario tal como había funcionado los últimos 38 años, después de la caída de la dictadura. A pesar de que los dos tercios de la mayoría de los diputados votó por el bárbaro Memorándum impuesto por la troika y el actual gobierno de Papademos, el voto negativo sin precedentes de un gran número de diputados fue seguido por expulsiones masivas de los partidos gobernantes que sostienen a Papademos -46 diputados, incluyendo miembros fundadores o jefes de bancada de sus respectivos partidos, ministros y otros- en el medio de la noche del neoliberal "socialista" Pasok, el derechista Nueva Democracia y el ultraderechista Laos. Ahora, en el Parlamento, el segundo bloque en cantidad es el del "Partido de los Expulsados": 63 diputados desde el comienzo de la crisis (Pasok tiene ahora 130 diputados, cuando su cantidad inicial era de 158, y Nueva Democracia tiene 62; el número total de los diputados es 300). El partido de ultraderecha Laos, al ver achicarse dramáticamente su influencia en las encuestas, votó contra el nuevo rescate, expulsando a dos de sus miembros más importantes, quienes permanecen en el gobierno como ministros (votaron a favor). Sin embargo, el Führer de Laos, Karatzaferis, dijo que continuará apoyando al gobierno de Papadimos para ¡"salvar a la patria del comunismo"!

El líder del partido de derecha Nueva Democracia se manifestó en forma similar, diciendo que su partido es el último baluarte contra el "gobierno de la chusma" -entendiendo por "chusma" a las masas rebeldes que se inclinan cada vez más hacia la izquierda.

El elenco político de la burguesía está diezmado. En los últimos meses se hicieron muchos intentos de crear nuevos partidos políticos burgueses. Con seguridad se harán otros muchos en el próximo período, con tantos políticos burgueses devenidos en "sin techo" luego de sus expulsiones -pero éstos no han tenido éxito hasta el momento, por lo que desaparecen casi inmediatamente después de su primera aparición pública.

El desafío político es para la izquierda. Pero el estalinista KKE (Partido Comunista Griego) continúa su política egocéntrica, focalizada principalmente en su propio fortalecimiento electoral y organizativo, por lo que mantiene el lema "por el poder de los trabajadores" -un tanto vago para un futuro distante. Synaspismos, la principal fuerza en Syriza, mira hacia los restos excluidos del Pasok para construir una especie de "frente popular" con ambiciones gubernamentales. La "Izquierda Democrática", la escisión derechista del Synaspismos, gracias a sus buenos resultados en las encuestas, se ha convertido en un polo de atracción para todos los refugiados del ala derecha de Pasok, quienes esperan convertirse en un socio menor en una futura coalición de gobierno burguesa, reemplazando quizás al ultraderechista Laos.

La falta de una verdadera alternativa radical al sistema que colapsa por parte de la izquierda, parlamentaria y extraparlamentaria -las que son centristas-, convierte la misión de reagrupar a los luchadores de vanguardia -particularmente la joven generación- en un partido revolucionario internacionalista del proletariado. Ese es el principal desafío y la tarea urgente para nuestro partido, el EEK.

Mientras se desarrolla la explosión socio-política, seguimos luchando cada vez con más determinación por una huelga general indefinida para derrocar al gobierno, romper con la dictadura de la Unión Europea y el FMI, cancelar la deuda a los usureros internacionales y reorganizar toda la economía sobre nuevas bases socialistas, bajo el poder obrero. Nuestras esperanzas están focalizadas en que nuestros compañeros y compañeras de clase en Europa -y en todo el mundo- se nos unan en la lucha revolucionaria y en una Internacional revolucionaria, que ahora es más necesaria que nunca.

Foto: Grecia - Manifestantes del Partido Comunista Griego rompieron los candados de las puertas de la máxima atracción turística del país y colgaron pancartas en griego y en inglés que decían: “Pueblos de Europa - Rebélense”.

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La peligrosa postura belicosa de Israel con Irán

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Afirmar que los atentados en Asia en contra de sedes diplomáticas Israelíes provienen de la autoría del Gobierno Iraní es osado por lo demasiado obvio.

Esta suposición no es sólo del Gobierno de Israel sino de una vasta camada de analistas que más parecen voceros del Lobby Israelí y de los partidarios de derrocar el gobierno en Irán con una intervención militar de la OTAN.

Particularmente preocupante es atribuirle a Irán el atentado ocurrido en Nueva Delhi. Dicho al pasar, la prensa escrita en India, deliberadamente o no, ha estado muy cauta en informar y dar señales respecto al atentado ocurrido a pocos metros de la residencia del Primer Ministro Manmohan Singh, una zona altamente vigilada.

El tema Irán es controversial en India porque divide las aguas políticas internas y del Gobierno. Están los que abogan por una postura ideológica más cercana a Estados Unidos e Israel por razones estratégicas y comerciales. Para aquellos, India se beneficia de una cercanía con Estados Unidos e Israel para contener a su enemigo histórico China y obtener un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU con derecho a veto.

“Para que India entre la Gran Liga del poder mundial debe aliarse con Estados Unidos y así protegerse de su enemigo histórico China”, nos dice Faridi Farid desde el estado con la mayor población islámica de India Uttar Pradesh.

En el otro bando, aunque no necesariamente muy pronunciado, están los pragmáticos y realistas que consideran que la aventura de una acción militar contra Irán “es simplemente colocar a India inmediatamente en la esfera de las naciones muy inestables con riesgo de ser categorizada como estado fallido”.

Imaginemos un instante a estados indios con alta población islámica como Bihar que hace frontera con Bangladesh, Uttar Pradesh que es el corazón político del Partido del Congreso que ha gobernado India desde la independencia, West Bengal también frontera con la vecina Bangladesh, Kerala en el sur, los ricos e industrializados estados de Karnataka y Maharashtra en el oeste, desestabilizados políticamente por una participación de India en derrocar al gobierno en Irán.

El riesgo es altísimo. Podría significar la ruina para India no solamente en términos de romper una paz interna a veces difícil y compleja, sino la debacle económica con los efectos de contagio en la región donde India ejerce una influencia preponderante.

Para los analistas en los Departamentos de Estado y Defensa en Estados Unidos y en el ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y el puñado de países del Golfo que están patrocinando el golpe militar a Irán, existe la noción de que frente al impacto del enorme costo socio político y económico el objetivo de erradicar cualquier posibilidad de desarrollo nuclear futuro en Irán es marcadamente superior.

La ecuación no podría ser otra porque no es concebible en ese nivel de análisis un desconocimiento de la realidad de la India. Es decir, el juego suma 0 llevado al extremo de auto destrucción. Para destruir la capacidad nuclear de Irán se destruye la estabilidad política y económica de la región. Lo habíamos escuchado antes en el slogan: “Mejor muerto que comunista”.

Desde esta perspectiva es muy improbable, sino casi imposible que desde el propio Gobierno Iraní hayan venido las instrucciones para el ataque en India.

El ataque en Nueva Delhi es particularmente importante -y delata el verdadero objetivo hasta cierto punto- porque ocurre en el momento en que el Gobierno Indio se ha manifestado en contra de la imposición de sanciones contra Irán y ha comunicado en todos los tonos que no participaría en una aventura de derrocar al actual Gobierno en Irán. Hay varias medidas económicas entre India e Irán que conducen a un estrechamiento de los lazos entre ambas naciones como por ejemplo el sustentar el intercambio comercial sobre la base de la Rupia india y el trueque.

El contexto indio dificulta la hipótesis de que el atentado en Nueva Delhi haya sido orquestado en Irán. Ni el más básico de los políticos iraníes o el más troglodita radical islámico que inclusive aspire a precipitar una invasión militar en Irán va a concebir un atentado en Nueva Delhi en un área protegida a pasos de la residencia del Primer Ministro Indio.

Desde hace un largo tiempo, analistas indios, especialmente aquellos que contribuyen en la prestigiosa revista Economic and Political Weekly -cuando se incubaba la invasión a Irán durante la administración Bush- han advertido de los efectos devastadores de una intervención militar de la Alianza Transatlántica con Israel y Estados Unidos a la cabeza en la región de Asia Central Sur y particularmente en India.

Es un decir en la propia India que el tercer “país islámico” más grande del mundo está dentro de India, donde habita el 10.9 por ciento de la población islámica mundial. Sólo superada por Indonesia -con mas del 12 por ciento y Pakistán, que apenas la supera por una fracción de punto porcentual, 11.0-.

Son más de 170 millones de musulmanes que viven en India, lo que la convierte en una zona severamente afectada y sensible a los acontecimientos que ocurren en torno a la crisis palestino-israelí, la confrontación de Estados Unidos e Israel con Irán; las guerras en Afganistán e Irak, la desestabilización de Siria y las revueltas en otras naciones islámicas.

Israel depende de Europa y de Estados Unidos y Europa y Estados Unidos dependen política y económicamente del Asia y en la coyuntura más próxima de lo que está medio sucediendo en el medio oriente y el Asia Central. El crecimiento económico tanto en Estados Unidos como en Europa se ha visto negativamente afectado en forma sostenida por la desestabilización regional provocada por las dos guerras en Irak y Afganistán y el eterno conflicto palestino-israelí que irradia en el mundo islámico. Ahora se suman dos crisis adicionales, la de Siria y la confrontación con Irán.

Por más que el lobby israelí -se dice-, sea uno de los más poderosos en el globo, la peligrosa postura belicosa para derribar el actual gobierno en Irán puede resultar en un boomerang hacia sus propios intereses de consolidar el Estado de Israel.

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¿José Obdulio Gaviria al exilio?: Hay viajes que dan sorpresas… ¡¡¡También nos llenan de asco!!!

Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

Es grande el planeta, sin embargo cada día está más vigente aquel viejo dicho “el mundo es un pañuelo”.

De repente estuvo ahí, ¡sorpresa! Nada más ni nada menos que el ideólogo del fascismo colombiano, José Obdulio Gaviria. Cuando lo vi en la fila del aeropuerto de Miami, listo para abordar el vuelo a Madrid, me puse a pensar ¿Será que éste también parte al exilio como Luis Camilo Restrepo, el Director de las inventadas desmovilizaciones guerrilleras, cuando asesinaba lumpen para disfrazarlos de guerrilleros, con uniformes verde olivo planchados y fusiles paramilitares cacharra?

Foto: José Obdulio Gaviria, el asesor político de Uribe esta de viaje. ¿Prepara su exilio?

Claro, con los falangistas en el poder, en Madrid, ya no necesitan de los uribistas y ex jefes del DAS-G3, tampoco irse a Panamá para asilarse, resultaría demasiado riesgoso con la guerrilla en la frontera como vecina en la zona del sur panameño. Mejor le resultaría irse a un estado con los Neo Franquistas en el poder, además con la mejor cocina de Europa, quizás del mundo.


Estará más cómodo y además pensando en la realidad que demuestra que se abre un nuevo frente político en el continente europeo, reemplazando a los espías del DAS-G3 en las antiguas oficinas de los funcionarios de “la Red 100.000 amigos de Colombia en el exterior”.

Comprensiblemente teniendo en cuenta su modus operandi y con sus aliados gusano-cubanos bien pegaditos, se puede hacer un buen trabajo, reagrupando las fuerzas uribistas para la retoma del Palacio de Nariño en Bogotá. Pero primero tocaría tumbar a Santos, aunque en realidad no cambiaría mucho la historia si eso sucediera, si al fin es más que sabido que compartan poder y bien pueden entablar ese jueguito que dice “hoy te toca a ti, mañana a mí y VIVA la NARCO-PARA-DEMOCRACIA ILIMITADA”

¿Lo agarro para la posteridad durante el vuelo o en el aterrizaje? fue la pregunta que me pasó por la mente, mirando al calvo de Obdulio sentado en el asiento “9G”, en el DC8 de Iberia. Es el mismo calvo que los estudiantes en Quindío habían recibido con varios huevos podridos , acusándolo por ser el Jefe de los Paramilitares colombianos y el Capo de las Chuzadas, esa policía política secreta que ilegalmente nos espiaba por el hecho de hacer un periodismo crítico. Y no estaban equivocados los estudiantes.

Pero me decidí a esperarlo en la salida, después del aterrizaje en Madrid.

Y ahí llegó con sus dos acompañantes o lo que en algunos países hermanos latinoamericanos, dirían con sus dos “culatas”, hombres al servicio de otro hombre que los necesita cuando el miedo se adueña de su conciencia y hace falta protección por las dudas…

Los utilizan los que se saben cuestionados porque son mafiosos.

Pang, Pang, Pang, Pang. Cuatro fotos rápidas y los tres me miraron sorprendidos con rostros trasnochados a las 8 de la mañana, pero con siete horas de cambio entre Latinoamérica y Europa causando molestias en el cuerpo.

¡Obdulio, venga para acá! le llamé para conversar.

¿Ha llegado para unirse con Restrepo?

-- Si fuera así. . . .

¿Pero no están planeando algo?

-- No, yo sólo me he prestado para darle tribuna.

¿Otro uribista al exilio? (Reforcé intencionalmente)

-- No, no. Estoy aquí en otro asunto.

¿En qué?

-- El congreso de PP (Partido Popular).

Sonrió y se fue con los dos otros individuos con cara de cansancio en su cara de mala gente.


Me quedé con las ganas de responderle que yo era el co fundador de ANNCOL junto con Joaquín Pérez Becerra, compañero y amigo encarcelado en un montaje en el que Obdulio ha aportado elementos mentirosos, pero sobre todo que ha dirigido una campaña de terrorismo mediático para demonizar todo que huela a oposición contra Uribe en el exterior.

De todos modos el factor sorpresa parece que lo dejó sin preguntas al engendro repugnante.

Obdulio no ha perdido mucho tiempo para atacar y crear un fundamento para la fiscalía, con el fin de criminalizar un medio alternativo que tiene más lectores que El Tiempo y por ende, es más peligroso para el poder económico y político que defiende Obdulio, Fernando Londoño y Ernesto Yamhure. Por eso ANNCOL y sus colaboradores tienen que ser acallados, y siempre por las malas (saben bien que de otra forma no podrán)

Llegan a una España en donde la expresión más recalcitrante y reaccionaria, ahora va en ofensiva en contra de los derechos y conquistas sociales y económicas que el pueblo trabajador español ha conquistado durante décadas de lucha contra el fascismo franquista y los regímenes neoliberales de la llamada Transición.


Con razón que la también falangista Salud Hernández-Mora, española nacionalizada en Colombia y columnista en El Tiempo, se siente tan bien en Colombia. Porque no importa si ella manda primero su crónica al jefe de los escuadrones de la muerte para que él la avale o proponga cambios, o que tenga las puertas abiertas del DAS donde se encontró con Obdulio una vez y obtuvo toda una carpeta para escribir y desprestigiar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que sí, entienden su papel como juristas y por ende fueron y van contra uribistas acusados de ejercer la para-política.

La doña Salud -con perdón de las doñas- puede seguir escribiendo crónicas, no importa si el Patrón tiene las manos manchadas de sangre colombiana, porque Colombia es Colombia y todo allí es atípico. Vale el juego sucio. Vale la sangre de pueblo chorreando la geografía enlutada por tantos años de odio.


Sin duda uribistas como José Obdulio Gaviria, Luis Camilos Restrepo, Maria Pilar de Hurtado y muchos más del círculo interno del régimen de la mafia colombiana, tienen temor de ser enjuiciados por sus crímenes y delitos. Sienten la respiración de la justicia en la nuca y ya no se sienten tan seguros como cuando el Patrón mandaba. Porque, claro está que en Colombia no cambió nada pero también sabemos que las mafias tienen sus encontronazos y las “familias” suelen pasarse facturas de alto costo.

Ví alejarse a Obdulio y tuve que hacer un gran esfuerzo por no gritar, en medio del aeropuerto donde mucha gente va para hacer algún viaje de placer y no hay por qué importunarlos, pero confieso que me quedó atragantada una última consideración:

Prepárate Obdulio, pronto te toca a ti.

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Argentina: La eterna necedad del ser

Daniel Cadabón (especial para ARGENPRESS.info)

Los intelectuales “a la carta” no tuvieron demasiado tiempo para los festejos. La “democracia desnaturalizada” que soporta críticas y autocríticas no hizo más que consolidarse con el 54,6 para mostrarse descarnada tanto en el relato como en la acción.

Tanto la ley antiterrorista como el “proyecto X” son formas de sintonizar finamente el futuro ajuste que se implementará para enfriar la economía y saquear derechos laborales.

La consolidada presidenta del 54,6 no hace otra cosa, desde hace un largo rato, que acusar sistemáticamente a los trabajadores de ser vulgares extorsionadores; no es casual que reciba un excitante y masivo apoyo de una de las centrales empresarias más importantes del país, de los banqueros, de las patronales mineras…

Los intelectuales derechohumanistas del oficialismo no pueden festejar demasiado. Los sapos atorados le impiden disfrutar.

La acusación de extorsionadores, lanzada en contra de trabajadores que salen a defender sus derechos o a ampliarlos, no es una cosa menor. La ley anterrorista, que el kirchnerismo votó con entusiasmo y fervor nacional, no solo es una exigencia imperialista es por sobre todas las cosas un acto represivo interno que reprime manifestaciones que tengan por finalidad “aterrorizar a la población o extorsionar a nuestro gobierno u a otro gobierno extranjeros”. El kirchnerismo ha votado un engendro represivo descomunal mientras sigue travestido de heredero de la lucha por los derechos humanos.

Los intelectuales “a la carta” acompañan estos engendros mientras lanzan llamados a reforzar el pensamiento crítico y a apoyar la politización que estimula el régimen; una forma de decir que aunque las cosas no se resuelvan al menos están ellos para discutirlas. El gobierno democrático popular y nacional se sirve de ellos para disimular sus acuerdos con los de los grandes grupos empresarios, a los cuales los trabajadores o ambientalistas “extorsionan” mediante medidas de fuerza.

Los intelectuales nos entretienen con un kirchnerismo que “reapareció, bajo las condiciones del retorno de lo social popular, la conjunción entre democracia y política; una conjunción que no anula ni oculta los conflictos en el interior de las sociedades, sino que los procesa políticamente bajo el paradigma de otra concepción de los sujetos sociales, de la esfera pública, del rol del Estado y de los derechos de cada uno de los que integra la vida en común”. Es verdad que la nueva ley procesa políticamente a los sujetos sociales, siempre y cuando le agregamos que también los procesa judicialmente y que abre las puertas para que se los indague militarmente.

Tanto la Ley como el “proyecto X” son partes indispensables y coordinadas de una misma política.

El artículo 211 reprime a quien con sus acciones "un temor público o susciten tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos". El “temor público” del que habla la ley es tan indeterminado y confuso que si Orson Welles realizará su relato radial de “la guerra de dos mundos” en el universo kirchnerista no tendría, como consecuencia, una película exitosa sino que iría a prisión por terrorista.

El terror y el temor para el nacionalismo popular es una moneda con una sola cara. No es el que proviene de la represión a la movilización popular, es que precede a la perdida de ganancias. No es el que surge de la actuación judicial en contra los 5000 procesados por salir a defender derechos colectivos, es el que se orienta en contra de la organización de los movimientos populares en forma independiente. El terror a la lucha de clases, que se manifiesta en una conciencia cada vez más acabada por parte de los explotados de su rol social y de su capacidad de emancipación, es una constante en las ideologías patronales que temen perder sus privilegios. Es la facultad de dictar preventivamente leyes que aíslen los “virus” de la organización popular y del acto de resistencia o reclamo. La ley antiterrorista es un producto “natural” de la democracia burguesa.

La población siente temor. Los originarios qom sintieron un temor indecible cuando fueron reprimidos y asesinados en sus propias viviendas. A Mariano Ferreyra se le pudo leer el terror en sus ojos agonizantes. Los reprimidos en la oscuridad del Indoamericano por fuerzas conjuntas podrían escribir tratados sobre el temor y las sensaciones que este produce mientras los gases te ahogan y los palos te ablandan los huesos. En Andalgalá, los perros sin bozal y los de uniforme que atacan despiadadamente a pacíficos manifestantes en contra de la megaminería, despertaran escenas de terror desembozado cercanas a las pesadillas del Dante.

No es este temor-terror en general el que le importa a la ley, todo lo contrario, es el temor de los Blaquier, de los Mendiguren, de los Barrick Gold a que sus rentas no se sigan abultando lo que la impulsa como escena estratégica, mientras en la táctica se arma el “proyecto X”.

Curioso, pero el 54,6 terminó por no ampliar la politización reivindicada por los intelectuales “a la carta”, sino estimulado el saqueo y consolidando la apertura a la soberbia de aquellos que han perdido el temor a que se repitan los diciembres de 2000. Diputados y senadores ya votaron su ley y tuvieron su consecuente aumento de sueldo por productividad.

El lobby empresarial ha sido exitoso y en esta oportunidad no cuestiona que los “representantes del pueblo” ganen más que los ricos y los ladrones; condiciones necesarias pero no suficientes para integrar alguna lista de los partidos del régimen.

La ley antiterrorista tuvo un antecedente en la acusación del ignoto juez que pretendió aplicar el antiterrorismo por cuenta propia antes de las elecciones de 54,6. Como un adelantado a los propios legisladores metió preso al delegado del Ferrocarril Sarmiento, Rubén Sobrero. Existen muchas enseñanzas de lo que dispara esta ley en los argumentos de este juez. El principal es que “después de la quema de vagones se produjeron ingresos de personal tercerizado al plantel permanente de TBA”. En resumen para el juez -ya ex juez (RE)- las conquistas de los trabajadores son el producto de un acto incendiario (¿terrorista?). La autoridad de aplicación de la ley antiterrorista registra esta psicología antiobrera, pese que le pese a los Zaffaroni. Como sabemos Sobrero finalmente fue liberado y el juez pasó a la historia como ese brigadier que intentó adelantar las cosas en diciembre del 75, pero los procesos y las investigaciones ilegales a luchadores obreros y sociales siguen.

¿Es peligroso todo esto o simplemente es una forma de profundizar la democracia? Se corre el riesgo de caer en el cinismo y declarar que la concepción burguesa de la justicia no hace más que cumplir con la regla que la motiva: el cuidado “a derecho” de las ganancias y la justificación de la explotación. Pero la sanción de la ley no hace más que declarar que cada conquista obrera futura puede ser sometida a revisión por considerarse fruto de un acto de extorsión. Sin duda la presidenta sabe de lo que habla.

Nuevamente el cinismo: ¿son ilegales los actos de infiltración en marchas, espías electrónicas y allanamientos de morada, o, son un acto meditado, organizado y comandado como política de estado?

Porque hay quienes intentan presentar al “proyecto X” como el exceso de un gendarme afiebrado por su paranoia antipopular, su herencia reaccionaria y su activa simpatía pronorteamericana. ¿Es así? ¿puede ser que el gobierno que sanciona leyes para los capitalistas ingleses mientras entretiene con relatos malvineros a la población y reprime violentamente a ex soldados acusándolos -cuando no- de extorsionadores no tenga vela en este entierro? Difícil de creer.

Los intelectuales “a la carta” dedican extensos artículos destinados a demostrar que en definitiva cada pueblo tiene el gobierno que se merece y que el problema está en el individuo, vieja cantinela que enjuaga a los opresores y a sus gobiernos siempre acosados por fuerzas “indescifrables”

“En todo caso -dicen-, la bancarrota económica de países como Grecia y España pone en evidencia no apenas los problemas del paradigma de acumulación y valorización financiera del neoliberalismo, sino que desnuda las carencias del individuo en el interior de una sociedad dominada por el consumismo y el egoísmo; carencias que lo dejan inerme ante la tempestad desatada por las fuerzas indescifrables, para ese individuo autofestejado y socialmente fragmentado, del mercado global que terminan por poner en evidencia la fragilidad de su supuesta libertad allí donde queda desnutrido de palabras e ideas para revertir la catástrofe social a la que ha sido arrastrado por el anarcocapitalismo financiero”. Cosa que, aparentemente, el kirchnerismo va a poder resolver en nuestro país ampliando “repolitización de nuestras sociedades”.

Nos imaginamos que siempre y cuando esa repolitización no se de frente con las ideologías que no responden al “proyecto X” del ahora famoso general Schenone-Garré. Lo cierto es que el antiterrorismo del proyecto X se preocupa principalmente por la política y otras cuestiones personales de ese individuo “autofestejado y socialmente fragmentado” dando cuenta de la fragilidad de la supuesta libertad popular y nacional.

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Argentina: A cambio de la contaminación ambiental ¿qué beneficios para el pueblo y para el país?

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

Las protestas contra la minería a cielo abierto están ampliamente justificadas por los daños ambientales que produce.

Pero cabe la pregunta ¿tales daños están compensados en alguna medida por los beneficios económicos que reciben la Nación, las Provincias, los pueblos directamente afectados y el pueblo argentino en general?
Todo indica que no y correspondería hacer un estudio pormenorizado INDEPENDIENTE (no hecho por De Vido y los Gobernadores) que tenga en cuenta el porcentaje y monto de las regalías y si las regalías percibidas corresponden a la cantidad y al tipo de mineral REALMENTE EXTRAÍDO que declaran las empresas . Por ejemplo verificar si cuando declaran cobre no es oro lo que han extraído.
Al parecer, además de pagar regalías bajas, las empresas declaran cantidades inferiores a la realmente extraída y extraen minerales estratégicos y otros –que se llevan del país- que no declaran. Es decir, incurren en el delito de contrabando. Existen, al respecto, denuncias ante algunos tribunales argentinos (Véase: Grave Denuncia por Minería - Taringa!.mht )
Lo pueden hacer porque se llevan del país el producto de su actividad incluso por lugares donde no hay ningún control estatal, como son algunos aeropuertos privados. (Véase: Notas e informes sobre la venta indiscriminada de tierras a extranjeros.mht).
Esto es posible porque, además de la falta de voluntad política del Gobierno para defender la soberanía nacional y promover la explotación racional y con tecnología limpia de los recursos naturales en beneficio de la Nación y el pueblo argentinos, existe todo un entramado jurídico que favorece y permite esa política entreguista.
1) El último párrafo del artículo 124 de la Constitución Nacional vigente, aprobada en 1994 dice: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Esta disposición ha permitido que los gobiernos provinciales entreguen al capital extranjero los recursos naturales existentes en el ámbito de su territorio (petróleo, otros minerales, tierras, aguas, etc.) como sigue sucediendo hasta ahora.

El problema no se plantearía si se incorporara a la Constitución un párrafo como el que figuraba en el artículo 40 de la Constitución de 1949:

“Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”.
2) La ley de inversiones extranjeras actualmente vigente es la misma –con ligeras modificaciones (texto ordenado en 1993 por el menenato) que sancionó la dictadura militar en 1976.
3) Existen aeropuertos privados (incluso al parecer de empresas mineras) sobre los que no hay prácticamente ningún control estatal en cuanto a lo que entra o sale por los mismos. A esa situación contribuye, entre otras cosas, además de la pasividad gubernamental, la legislación que rige las zonas de seguridad. Estas están definidas en el decreto-ley 15385/44 dictado en 1944 por el gobierno militar Farrell-Perón, que rige aún con pocas modificaciones, donde se dice que es “de conveniencia nacional que los bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezca a ciudadanos argentinos nativos”. Se declara de “conveniencia nacional” que pertenezcan a ciudadanos nativos, pero NO SE PROHIBEN las propiedades extranjeras en las zonas de seguridad. Así es como actualmente hay enormes propiedades de extranjeros en el borde del Océano Atlántico, en zonas limítrofes, en zonas estratégicas por sus recursos naturales, etc.
4) Los 54 Tratados de Protección y Promoción de las Inversiones Extranjeras (TPPI), celebrados con países extranjeros durante los dos mandatos de Menem, donde todas las ventajas son para el inversor y todos los inconvenientes para el país receptor de la inversión. Todos siguen vigentes porque ninguno de ellos ha sido denunciado hasta ahora.
5) La pertenencia al Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI) , verdadero estatuto colonial de la jurisdicción territorial, del que Argentina no se ha retirado (como lo han hecho Bolivia, Ecuador y últimamente Venezuela) pese a que encabeza la lista -con más de 50 juicios- de países demandados por las sociedades transnacionales por montos multimillonarios. Es una manera más de estar atado por las concesiones neocoloniales hechas a los inversionistas extranjeros.
Como se puede apreciar hay mucho trabajo por delante para los expertos con vocación nacional en distintas materias, eventualmente para los Gobernantes si quisieran tomarse en serio lo de “nacional y popular” y para los legisladores, que ahora deben estar más motivados para trabajar con sus nuevos confortables salarios.

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Entrevista A Julio Gambina: ¿Tiene sentido que Argentina produzca tantos autos, oro y petróleo?

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

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MH: La idea era entrevistarte sobre el Foro Social Mundial que se realizó en Porto Alegre pero estábamos escuchando un audio de Jorge, un ambientalista de la Asamblea del Algarrobo en Catamarca y recuerdo que en el último contacto que tuvimos hace un par de meses hiciste mención a la necesidad de discutir el modelo productivo y lo que parecía un planteo teórico pasó a formar parte de la agenda política.

JG: Es tal como lo estás planteando y creo que podemos juntar las 2 cosas.

MH: Entonces quiero sumar algo más. En junio se desarrollará la Cumbre de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible Río + 20 y se hablará de la “economía verde” concepto que tenemos que empezar a explicar a la gente de qué se trata.

JG: Coincido contigo en que el tema es estructuralmente importante. Cuando discutimos el tema de la minería se discute el modelo productivo de la Argentina. La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué es necesario producir minería. ¿Hacia dónde va la producción de oro en Argentina? Mínimamente se utiliza como insumo en el país, es un producto de exportación y en general hoy está demandado por la especulación. Alguien dijo hace poco que el oro sale del subsuelo de la tierra para ir al subsuelo de los bancos, de los tesoros en los que se guarda como bien especulativo. También con el petróleo hay que discutir nuestro modelo productivo porque en los últimos 20 años se ha utilizado para superexplotar las escasas reservas sin inversiones de exploración y para trasladar al exterior buena parte de los hidrocarburos.

MH: Me ha sorprendido el valor de la importaciones energéticas del orden de los U$S 10.000 millones.

JG: Casi el equivalente al superávit comercial con lo cual, sea por el lado de la minería, del petróleo o incluso de la automotriz, que es la industria emblemática de la Argentina. Si crece la industria argentina es por la producción de automóviles. ¿Tiene sentido que Argentina produzca tantos autos, tanto oro, tanto petróleo?
La otra pregunta sería qué tipo de industria automotriz y de transporte necesitamos, qué tipo de industria minera e hidrocarburíferas, para promover una economía que satisfaga las necesidades de la población.
Una “economía verde” es algo así como la privatización de la naturaleza
Me parece que esta es la preocupación de los movimientos sociales a nivel mundial, es lo que se estuvo discutiendo en Porto Alegre.
Naciones Unidas, llevando adelante la voz de las grandes transnacionales está planteando una economía verde que es algo así como la privatización de la naturaleza., es generar las condiciones para que el régimen del capital desembarque con total legitimidad en la explotación de los recursos naturales. Digamos que Río + 20 es discutir 20 años después de la Cumbre de la Tierra, que fue convocada en 1992 en Río de Janeiro para empezar a tratar los temas medioambientales, qué logros ha habido. La verdad es que no los ha habido, en realidad, hay retrocesos. Las transnacionales siguen ensuciando el ambiente, contaminando, emitiendo gases tóxicos que afectan nuestra calidad de vida. Sin ir muy lejos, aquí en Buenos Aires y mirando los registros de temperatura en el resto del país es una locura. Es increíble y tiene que ver con los cambios ambientales que produce el modelo productivo. La sociedad tiene que enterarse e informarse, es muy bueno que la discusión minera haya llegado porque los habitantes de los pueblos mineros son los que salen a la calle. No es un intelectual el que llama la atención sobre lo que significa la megaminería a cielo abierto.

MH: Como quieren hacer creer las autoridades gubernamentales, que son/somos hippies.

JG: Efectivamente, un hippie que llega en un avión desde Buenos Aires, opina y se retira. No recuerdo si lo dijo la gobernadora de Catamarca o la Presidenta, tratando de criticar las posiciones solidarias contra la megaminería. Al contrario, son los mismos pueblos de la región, que sufren las consecuencias de la minería, de la contaminación, que ven cómo la agricultura ya no sirve para abastecer las necesidades alimentarias de la población local que produce la riqueza alimentaria sino que tienen destino de exportación.

MH: Y que no dejan nada porque la propia gobernadora de Catamarca reconoció que en 15 años La Alumbrera no dejó nada. Claro que ella no tiene la culpa porque recién empieza a gobernar.

JG: Agreguemos que La Alumbrera está concluyendo la explotación. Las imágenes televisivas y las fotos muestran que solo queda un cráter, un gran pozo, con lo cual hay que imaginarse que los proyectos que han comenzado a desarrollarse o están en carpeta, van a significar una destrucción física de los cerros, de las montañas, del espacio territorial en que se desarrollan. Insisto, es bueno generalizar este debate porque es un tema que lo planteábamos en soledad y ahora es parte de las noticias cotidianas que cada uno lo trabajará con las intenciones que tenga, pero es bueno que se procese como un debate importante y que la sociedad argentina opine.
A nivel mundial es el gran tema porque América Latina se ha transformado en totalmente funcional a las necesidades del capitalismo internacional. Argentina es exportadora de petróleo, cobre, oro, litio, gas y gran proveedor de tierras. China es uno de los grandes inversores en tierra y producción agropecuaria en toda América Latina y estamos creciendo mucho, pero precisamente porque somos funcionales a las necesidades del capitalismo mundial en crisis.
Lo que se ha estado discutiendo en Porto Alegre entre movimientos populares, campesinos, estudiantiles, de mujeres, un movimiento social diverso, es esta cuestión ambiental como un tema de fondo. La sociedad tiene que involucrarse porque hay que cambiar el modelo productivo para satisfacer necesidades de la población y no las ganancias de las empresas.

MH: Estos movimientos convocaron a la Cumbre de los Pueblos.

JG: En paralelo a la cumbre oficial. Como se viene haciendo en todas las grandes cumbres hay un desarrollo de la reflexión alternativa que es la que hacemos los pueblos.
Un ministro cobra U$S 10.000 y un diputado $ 35.000 mensuales
MH: ¿Qué nos depara la discusión salarial en Argentina?

JG: Irónicamente los legisladores se aumentaron el 100%

MH: Según leí en la tapa de Clarín fue 150%.

JG: Lo vi. Uno podría decir que esa es la pauta por la cual los trabajadores tendrián que luchar.
Por otras razones ayer estuve trabajando con las estadísticas públicas de salarios estatales que están por debajo de la evolución de los privados, y ahí descubrí que el 40% de los trabajadores estatales nacionales que cobran más que los provinciales y municipales, están por debajo de los $ 4000 mensuales. La pauta es que hay un deterioro salarial muy grande, hay una desigualdad creciente y que un ministro del Poder Ejecutivo esté en U$S 10.000, la cifra que necesitaba el ex ministro Cavallo para vivir, que es lo que ahora reconoce el presidente de la Cámara de Diputados, el ex ministro de Agricultura, Domínguez, que es el sueldo de un funcionario de primer nivel del gobierno y ahora $ 35.000 un diputado, contra un promedio de $ 3.500 en todo el país, muestra el deterioro salarial que hay.
Creo que así como planteamos que las cuestión medioambiental es de conciencia y de reivindicación de la población, el tema salarial también lo es para los trabajadores en actividad y para los que reciben algún tipo de Plan social que hace años que están congelados. Esto requiere de una lucha para legitimar en la sociedad que no se puede vivir con un salario promedio de ese orden, con una jubilación mínima que recibe el 75% de los jubilados y pensionados en el orden de $ 1.600 hay una cantidad de valores y cifras que requieren ser actualizadas y discutidas por la sociedad porque la baja calidad de vida de los trabajadores afecta la calidad de vida del conjunto de la población.
Fuente imagen: ARGENTINA SOCIALISTA

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Argentina. El derecho a la información: una vieja asignatura pendiente

Plan Fénix
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Buenos Aires

El derecho a la información está consagrado por la Constitución Argentina, por ser una regla de juego fundamental de un sistema republicano de gobierno. En 2003, el Presidente Kirchner dictó el Decreto N° 1172 mediante el cual, entre otras disposiciones, se reconoció el derecho de los ciudadanos a acceder a la información que generan los diferentes organismos del Poder Ejecutivo. Para ello, estableció un mecanismo que los obliga a brindar la información que los ciudadanos requieran, dentro de plazos perentorios y con escasas restricciones, sólo justificadas por razones estrictamente contempladas en la norma.

Esta política reconocía al derecho a la información pública como un derecho propio de nuestro régimen político, que exige la publicidad de los actos de gobierno. La naturaleza democrática y representativa de la República demanda a los funcionarios públicos y a los representantes del pueblo, rendir cuenta de sus actos.

Si bien la norma ratificaba un precepto constitucional, el acceso a la información pública como derecho ciudadano, no se ha plasmado todavía en una ley que asegure la plena vigencia de esta herramienta democrática. Además, los plausibles objetivos del decreto vigente no se han cumplido plenamente; más bien, la experiencia tiende a demostrar que el derecho a la información pública aún enfrenta, en nuestro país, restricciones, tanto en términos de acceso a sus fuentes, como de ocultamiento o distorsión de los datos.

Debemos reiterar, en tal sentido, los problemas que genera la desinformación parcial que padece el país, agravada desde la intervención del INDEC. Sus estadísticas sobre evolución de precios, cuestionadas por prestigiosas e insospechadas instituciones académicas y del propio Estado argentino, también han merecido oportunamente la crítica del Plan Fénix. El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas acaba de expresar su cuestionamiento al Estado argentino con relación a su producción de datos estadísticos y su accesibilidad, señalando que debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que las estadísticas oficiales del INDEC recuperen su credibilidad y que las metodologías utilizadas para su elaboración sean accesibles y debidamente difundidas. El comienzo de un nuevo período de gobierno parece una oportunidad inmejorable para impulsar un rápido abordaje y solución de esta situación.
Pero también se observan problemas en varias otras áreas. Hoy, por ejemplo, no puede obtenerse fácilmente información sobre los padrones de beneficiarios de ayuda social, la distribución de publicidad oficial, los informes de la SIGEN o los avances producidos en el plan energético del país. Además, ciertas informaciones han sido interrumpidas o suprimidas, como la que detallaba las audiencias concedidas por funcionarios públicos o el portal que daba cuenta de las solicitudes de información al Poder Ejecutivo por parte de la ciudadanía. Estas restricciones al acceso a la información pública no se reducen al Poder Ejecutivo, también alcanzan a los otros poderes del Estado y han sido denunciadas en diversas provincias.

En septiembre de 2010, el Senado dio media sanción a un proyecto que establece que toda persona, física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a requerir, acceder y recibir información pública en forma completa, veraz, adecuada y oportuna. Pero en la Cámara de Diputados no fue aprobado y, de hecho, suman más de una decena los proyectos de ley sobre el tema que han sido estudiados en el seno de las Comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de esa Cámara, aún sin resultado. Por segunda vez, un proyecto de acceso a la información pública ha tenido tratamiento en las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, avanzando en las dos Cámaras sin conseguir convertirse en ley.

En la actualidad, casi 100 países cuentan con una normativa sobre este tema, y en América Latina son pocos los que aún no la tienen, entre ellos la Argentina, donde 13 provincias ya disponen de una norma al respecto. En el ámbito internacional, diferentes instancias jurisdiccionales, como la OEA o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han reiterado que el acceso a la información constituye un derecho humano y que debe ser promovido y protegido como tal por los Estados.

Esta norma es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo de una ciudadanía informada y responsable. Es indispensable para el control ciudadano de los actos públicos, la rendición de cuentas y el ejercicio de otros derechos económicos, sociales y culturales. La sanción de la ley impediría que los gobiernos, cualquiera fuera su signo político, difundan datos distorsionados sobre pobreza, inflación, subsidios al sector privado o padrones de programas sociales, entre muchos otros que resultan necesarios para el diseño, la evaluación y el control de ejecución de las políticas públicas. Debería obligarse también a las empresas prestatarias de servicios públicos y concesionarias del Estado y a todas sus dependencias a brindar toda la información que los usuarios y la ciudadanía en general necesiten para ejercer un efectivo control de sus actividades y prestaciones. La calidad de dicha información debería estar garantizada por los organismos públicos que tienen a su cargo el control sistemático y oportuno de sus actividades.

La información es indispensable porque es la base del conocimiento y éste es crucial para la acción. Por lo tanto, la negativa a brindar información, su ocultamiento o su distorsión, impiden que ciertas realidades se conozcan o difundan. Por cierto, las restricciones al acceso al flujo de información de interés público pueden verificarse en mayor o menor medida en todos los países, tanto en el sector público como en el privado, tal como lo atestiguan en la Argentina las respuestas obtenidas en los censos económicos. Esta tendencia debe ser contrarrestada por una exigencia sistemática de transparencia por parte de la ciudadanía.

El conocimiento es fundamental para interpretar la realidad social o adoptar decisiones racionales. Cercenar el derecho a la información es, entonces, ocluir la posibilidad de que pueda ser utilizada por los ciudadanos, la academia, los empresarios, los trabajadores o cualquiera que la requiera para esclarecer algún tema o decidir entre opciones. Implica, en definitiva, negar un elemental derecho humano.

Cabe al Estado la responsabilidad de garantizar y respetar la vigencia de este derecho, facilitando su efectivo ejercicio. Esta garantía debe concretarse no sólo por parte del Poder Ejecutivo, sino también de los demás poderes, provincias y municipios, por tratarse de una política de Estado.

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Argentina: El debate intelectual, un aporte para traducirse en acciones

Eduardo Lucita - Guillermo Almeyra (LA ARENA)

En los últimos tiempos han surgido diversos grupos de intelectuales que alimentan y estimulan positivamente el debate político. Aquí un aporte que intenta transformar en acciones concretas ese debate.

El mundo de las ideas se ha visto sacudido, en plenas vacaciones y bajo un verano que no da respiro, por la aparición de núcleos de intelectuales que interpelan la realidad desde distintas orientaciones políticas.

Al ya conocido colectivo denominado Carta Abierta, se han sumado ahora Argumentos para la igualdad, y Plataforma 2012, y antes La Asamblea de Intelectuales, que a diferencia de los anteriores está integrada por quienes sostienen una posición decididamente anticapitalista. Cabe preguntarse cual es la razón del surgimiento de estos agrupamientos que no constituyen expresiones meramente académicas sino fuertemente políticas.

Es conocido que Carta Abierta nació en el 2008, al calor del conflicto por la resolución 125, como apoyatura al gobierno nacional al que veían amenazado por una acción que suponían "destituyente" motorizada por la oposición de derecha subordinada a los intereses corporativos del capital agrario. También lo es el origen de La Asamblea de Intelectuales, la misma se referencia en el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) y surgió en el marco de la campaña electoral por superar el piso antidemocrático fijado como requisito en las primarias de las últimas elecciones presidenciales y que tuvo repercusión en los ambientes universitarios. Menos conocido pero más mediático es Plataforma 2012, que se referencia en la oposición mayoritaria Frente Amplio Progresista (FAP), aunque también esta integrado por intelectuales que forman parte de Proyecto Sur. Por último Argumentos por la Igualdad que no se diferencia mayormente de Carta Abierta salvo porque su apoyo al kirchnerismo no es directo sino a través de Nuevo En
cuentro (NE) y que nuclea a intelectuales pero también a dirigentes sindicales.

Sin embargo no pareciera ser que la sola referenciación política explique este florecer de la intelectualidad más politizada, sino que seguramente responden a algo más profundo. Esto es, no surgen en el "aire" como diría el filósofo italiano Antonio Gramsci, por el contrario expresan lo que se está sustanciando en las bases mismas de la sociedad, cruzada por debates e interpelaciones acerca del rumbo del país, sus posibilidades y su futuro, el modelo, sus aciertos y sus incongruencias.

Agenda compartida

No pasa desapercibido al lector interesado que los tres primeros agrupamientos contienen y comparten, aún con diferencias y omisiones, argumentaciones y críticas de carácter progresista sin abandonar o transgredir el sistema del capital. Así han expresado su preocupación por la extensión de la soja a costa de los campesinos y de la alimentación popular; por la degradación ambiental y la agresión a los pobladores originarios; por la contaminación y el derroche de los recursos hídricos que causa la gran minería; por la media sanción de la llamada Ley Antiterrorista; por la impunidad en los casos de luchadores sociales asesinados; por distintas formas represivas de las huelgas y luchas populares; por la hipocresía con que los gobernantes, jueces y médicos violan la ley e impiden abortar, por ejemplo, a una niña de 11 años violada. Promueven también una mayor igualdad en la sociedad.

Toda una agenda de temas progresistas que, quienes nos identificamos en una perspectiva anticapitalista, no dejamos de compartir, aunque se difiera en las caracterizaciones.

Reflejos de la sociedad

No desconocemos que la igualdad bajo el sistema del capital no es posible, precisamente porque el capitalismo se sustenta en esa desigualdad y tiende a recrearla sistémicamente, pero es posible juntar fuerzas para atenuarla.

Por eso mismo parece un grueso error no valorar positivamente el surgimiento de estos agrupamientos y del debate que está implícito en ellos y entre ellos, como también lo sería poner el acento en el posible doble discurso de quienes allí se nuclean. Caracterizaciones y actitudes de tipo aparentemente purista resultan absolutamente estériles y paralizantes.

Por el contrario, pensamos que los diversos grupos de intelectuales representan o expresan determinados sectores políticos en la lucha intercapitalista, que la crisis mundial estimula también en nuestro país. Sus críticas o buscan convencer al gobierno para que corrija parcialmente o haga una política diferente a la actual, lo que entraría en contradicciones con su carácter y sus intereses, o buscan debilitarlo para reemplazarlo posteriormente por un sector que, lo más probable, termine aplicando políticas similares a las que ese agrupamiento critica.

Entendemos que estos posicionamientos lejos de constituir maniobras telecomandadas por grupos de poder, expresan también en su seno la preocupación legítima y democrática de muchos intelectuales que los integran o que forman parte del ambiente donde ellos actúan. Sin embargo el punto central para nosotros es que reflejan, en menor o mayor medida, deformadamente o no, la presión de los sectores oprimidos y explotados en defensa de sus conquistas, su nivel de vida, los bienes comunes y las cuestiones democráticas.

Acciones en común

Es en este marco más general que es posible impulsar un conjunto medidas que seguramente contarían con el apoyo de muchos de los intelectuales que, reconociéndose de un cuerpo teórico anticapitalista, no tienen un grupo de referencia o que incluso integran la Asamblea del FIT.

Por ejemplo, para reducir la injusticia social se pueden aunar esfuerzos por modificar las leyes tributarias, que hoy descansan sobre los impuestos indirectos, por revisar los subsidios a las grandes empresas y también las exenciones impositivas que las benefician y por reponer los aportes patronales a la seguridad social eliminados en los '90. Para ejercer justicia contra los asesinos y opresores, se pueden iniciar acciones comunes de denuncia y exigencias de aplicación de la ley. Como también contra la gran minería y la solidaridad con los pueblos hoy reprimidos por rechazarlas; en defensa de los pequeños campesinos y poblaciones originarias amenazados por los sojeros, sumando a ellos el esfuerzo común. La Ley Antiterrorista puede ser enfrentada en conjunto para evitar su sanción definitiva por el Senado o para impulsar su veto, y los jueces y gobernantes ultraclericales que se niegan a cumplir con las leyes que protegen a las mujeres más pobres pueden ser repudiados y dadas a conocer sus figuras y por camp
añas que les quiten su anonimato e impunidad.

En definitiva, la coyuntura política brinda una oportunidad para que, manteniendo las diferencias y las identidades políticas existentes, se busquen los puntos en que se pueda construir una acción política común por el sostenimiento y defensa de los derechos de los trabajadores y sectores populares, de los bienes comunes y la ampliación de la democracia.

Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).
Guillermo Almeyra es historiador y periodista.

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Argentina, Santa Fe: De Sandra Cabrera a Villa Moreno

Carlos del Frade (APE)

La fiscalía que entendió en el asesinato de Sandra Cabrera, cometido el 27 de enero de 2004, y la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, demostraron y aceptaron que los integrantes de las policías federal y provincial, de entonces, tenían relaciones comerciales con las trabajadoras sexuales de la zona de la estación terminal de colectivos “Mariano Moreno” a quienes les daban “remanentes” de drogas para vender.

“…Una relación comercial de tipo ilegal, en la que se mueven importantes sumas de dinero”, apuntaba el texto del fiscal.

“...La lectura de la causa permite concluir… por la existencia de una relación que involucra a Sandra Cabrera, a compañeras del ejercicio de la prostitución, a Parvluckzyk y a otros empleados de la policía federal, en un contexto en el que existe trato, relaciones íntimas de algunos con cierta permanencia, pertenencia, protección y en cuestiones vinculadas con la droga -tráfico, consumo, delación dentro de una actividad en la que no suele ser extraña una labor de inteligencia a través de informantes en el medio-…”, se lee en el folio 1898, dictamen de la Cámara de Apelación en lo Penal Rosario, sobre el expediente 1166/04 “Parvluckzyk, Diego Víctor s/homicidio calificado”.

Una relación comercial donde las trabajadoras sexuales denunciaban aprietes y amenazas varios de parte de los uniformados, sean federales o provinciales.

Aquel vínculo, probado en esa investigación y que no dejó preso a nadie, mostraba en el inicio del tercer milenio en Rosario cómo se organizaban los delitos en los barrios: con complicidad policial.

El expediente del crimen de Cabrera descansa en algún lugar de los tribunales provinciales sin que se haya impulsado una investigación política y judicial en torno a la historia de esos vínculos que primero conforman bandas “comerciales” y luego derivan en grupos armados que se disputan los territorios barriales.

Es esa historia la que también debe atenderse cuando se investiga el triple crimen de Villa Moreno. Tres pibes asesinados por “bandas armadas” cuyos integrantes poseen automóviles muy caros, armas sofisticadas -todavía no se sabe con exactitud cuál fue usada para la masacre- y gozan de zonas liberadas.

Como se ha dicho desde los propios tribunales provinciales, esas “bandas armadas” cuentan con la colaboración policial por “anuencia, protección o miedo”, según las palabras de un altísimo funcionario judicial.

Haber ignorado el contexto de explotación comercial que rodeaba el trabajo de Sandra Cabrera de parte de las fuerzas policiales terminó generando una mirada cómplice a la cooptación de miembros en los distintos barrios de la ciudad que después florecieron como organizaciones delictivas armadas.

Es necesario producir información sobre la historia de cada una de las seccionales policiales en los barrios rosarinos para comprender qué presente se vive en la geografía profunda de la ciudad.

A ocho años del asesinato impune de Sandra Cabrera no es casual, entonces, que tres pibes de Villa Moreno, uno de los tantos barrios de Rosario, hayan sido asesinados por una banda que hunde sus raíces en la trama de relaciones que desde hace tiempo han establecido integrantes de las fuerzas de seguridad, empresarios que viven en el centro y violentos profesionales que se aprovechan de la ausencia del estado para abrazar al 80 por ciento de las pibas y pibes que no terminan la secundaria en estos arrabales del mundo. Una trama que, además, cuenta con abogados y contadores expertos no solamente en lo suyo sino también en manejos poco cercanos a las leyes. Habilidades que luego se pagan de los dos lados del mostrador.

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Argentina: Boletín Informativo de CORREPI

Parque Indoamericano: "Impunidad para todos" / ¿Huelga policial? Película nao tem fin / El estado argentino sigue asesinando, con prisa y sin pausa / Policía municipal / Es política de Estado, no "descontrol" / Más de policriminales / Causa Ferreyra: Patota y policía, la causa es una sola.

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Parque Indoamericano: "Impunidad para todos"
En diciembre de 2010, la policía federal y la metropolitana coordinaron sus fuerzas para reprimir a los ocupantes de un predio en el Parque Indoamericano de Villa Soldati. Durante el "operativo conjunto", fueron asesinados Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez, y media docena de vecinos sufrieron heridas de arma de fuego.
En la causa que investiga los homicidios y heridas, el fiscal había imputado a 11 policías de la federal, 33 de la metropolitana y a la jueza que dio la orden de desalojo, María Cristina Nazar, y pidió al juez de instrucción que se los indagara y procesara.
El juez Eliseo Otero, fiel a su larga trayectoria judicial, sobreseyó a los 44 policías y a la jueza. ¿De qué manera se garantizó la impunidad? Con la conocida formula de que, aunque se sepa que disparó la policía, si no se puede saber quien apretó el gatillo, no lo apretó nadie. Lo concreto es que Emilio, Rosemary y Bernardo fueron asesinados por el estado, y, lógicamente, el aparato judicial (que es del estado, tanto como el policial), una vez más demuestra que entre ellos se cubren, que el sistema está bien aceitado, y que no hay cuestiones al azar ni autonomía en el accionar policial.
El juez Otero, como tantas veces lo ha hecho, aseguró que el accionar de la policía estuvo "justificado" porque la orden de desalojo era "legítima". "La ecuación ha sido tan simple como efectista: los proyectiles debieron provenir del grupo de funcionarios que pretendían cumplimentar la orden judicial de desalojo sobre el predio y la responsabilidad debiera extenderse a todos quienes participaron en la gestación de aquella orden" dijo el magistrado, en un completo acto de cinismo. De paso, criticó las conclusiones a las que llegó el fiscal en su dictamen, disgustado porque no se investigó a los vecinos de la Villa 20.
Desde CORREPI seguimos afirmando que no existe la autonomía policial, que no es un loco suelto o una manzana podrida, no es un policía, sino toda la institución, que está dirigida por el gobierno de turno. En el Parque Indoamericano se pudo ver a los gobiernos nacional y de la Ciudad obrando en conjunto para reprimir una toma de tierras causada por el desamparo en el que viven miles de personas. La orden de desalojo la dictó una jueza de la ciudad, fue cumplida con celeridad por los verdugos federales y metropolitanos, y un juez de la Nación les garantizó la impunidad a todos.
La compañera Elizabeth Ovidio, esposa de Emilio Canaviri Álvarez y militante de la TPR, no podrá apelar este fallo, ya que su petición de ser querellante con patrocinio de CORREPI fue rechazada en dos oportunidades por el mismo juez Otero, quien no tuvo por probado que su marido, enterrado con otro nombre ya que portaba el DNI de un paisano, sea el padre de sus hijas, y se negó a realizar los estudios de ADN necesarios.

¿Huelga policial? Película nao tem fin
Los matones se amotinan. El mafioso que los contrata se indigna, por eso dispone el envío de otros matones, para que el mensaje llegue rápido y preciso a la barriada obligada al pago. El caos que preocupa es la posible ausencia de control social prolongado, que es el principal negocio del mafioso desairado.
Pero no es la trama de una película ni el trazo grueso de una novela de acción. Es un hecho de la realidad que aconteció en Bahía, estado empobrecido y populoso de Brasil, la mayor economía emergente, maquillada por la progresía continental.
Cuando se pretende contar lo ocurrido con la policía militar estadual como un hecho inscripto en el marco de una huelga, se empieza distorsionando. La huelga es una acción propia, exclusiva y excluyente de la clase trabajadora, que mediante esa acción directa, presiona al capitalista dejando de vender en el mercado su único recurso, la fuerza productiva, creativa, que le es inherente.
Y un policía NO ES UN TRABAJADOR, a menos que se afirme que la tarea de ejercer violencia sobre los más necesitados admita esa calificación.
El policía no pertenece a la clase trabajadora, porque su disposición es a controlarla, a encarcelarla, a matarla. Aunque haya nacido y hasta se criara en su seno, la decisión de alistarse lo aparta de ella, lo desclasa, cuando se convierte en su verdugo, mientras que él, para su amo (el estado y la clase que lo regentea) es un esclavo con látigo.
El proceso de desclasamiento puede advertirse sin titubeos cuando el policía pone en acto sus pretensiones. En Brasil lo fue en este orden:
1) Nuevos planes de carrera (adiestramiento y militarización);
2) Mejores condiciones (recursos para reprimir mejor);
3) Remuneración digna (en los últimos 5 años obtuvieron el 30% de ajuste);
4) Seguro por accidentes (impunidad encubierta frente a sus crímenes).
En sintonía con las recomendaciones de "respetables organismos de Derechos Humanos", la asonada policial se funda en la hipótesis de conflicto interno que manejan los países de la región: la seguridad en el centro de toda sociedad dividida en clases. En cómo proveer al combate "de este flagelo que tiene a los buenos ciudadanos como rehenes de los delincuentes y a quienes velan por nuestra calidad de vida como abnegados servidores".
Este mediático discurso que contribuye a la fabricación industrial del consenso, es el que los legitima. La confusión que instalan entre los trabajadores, por cierto que también: el brazo armado de la clase dominante se mimetiza con la clase sobre la que descarga su arsenal, tan solo para reprimirla mejor y en mérito a la seguridad… de los ricos, claro.
Las explicaciones sobre la formación dictatorial, (la Universidad de Río sostuvo que las PM "están formadas para la guerra y no para proteger al ciudadano") o sobre la escasa remuneración "que los torna violentos y corruptos", son macanas que desvían la cuestión.
Porque la violencia estatal o paraestatal no puede administrarse de otra manera que con los parámetros de una guerra despareja (gatillo fácil, tortura, desaparición, fusilamiento), la brutalidad y crueldad del brazo armado de la burguesía no depende de su formación, sino de su concepción. Del mismo modo que la corrupción institucional no es una causa, sino la paga en negro por los servicios prestados.
Importa entonces comprender que lo de Brasil (como lo de cualquier otro similar) fue un levantamiento de los perros guardianes frente a sus amos.
Y cuando los perros se satisfacen o tranquilizan...ya sabemos cómo sigue la película.

El estado argentino sigue asesinando, con prisa y sin pausa
No esperábamos que febrero fuera una excepción en cuanto a las muertes provocadas por la política represiva estatal, pero la realidad supera nuestras especulaciones. En dos semanas, la represión preventiva, aquélla cuyo objetivo es aplicar el control social a los sectores objetivamente interesados en cambiar el injusto estado de las cosas, y que, por lo tanto, se descarga de manera indiscriminada sobre los más pobres y en particular los más jóvenes, se cobró varias víctimas.
El 5 de febrero, Daniel Gonzalo Nieto, un procesado detenido en el penal de Miraflores, Catamarca, fue asesinado de dos puntazos, uno en el tórax y otro en la espalda. Las autoridades penitenciarias alegaron lo de siempre, que el preso tuvo una pelea y que lo encontraron casi muerto.
El 7 de febrero, encontraron a un detenido de apellido Almada, alojado en la Departamental de Rosario del Tala, colgado de los barrotes. El servicio se excusó diciendo que ya estaba sin vida y que no pudieron hacer nada para salvarlo. Lo mismo, dicen, le pasó a Yanina Hernández Painnenfil, que estaba alojada en la Unidad 3 de Ezeiza, y apareció "suicidada" el viernes 3 de febrero, lo que eleva el record de esa unidad, a 6 "suicidadas" en apenas dos años (junto a Silvia Nicodemo, Romina Leota, Noelia Randone, Vanesa Rodríguez y Natalia Alé).
Ante tantos casos idénticos, que se repiten todas las semanas, vuelven una y otra vez a nuestra memoria las palabras de Rodolfo Walsh sobre estos recurrentes "suicidios": "Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella". ("La secta del gatillo, el enigma de La Matanza").
Fuera de las cárceles, en la localidad de Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero, un policía federal asesinó a un chico de 15 años, e hirió a su amiga, de 16. Como es costumbre, la fuente policial informó que el policía había sido sorprendido por cuatro motochorros, para luego decir que, cuando "se distrajeron", el policía sacó su pistola 9 milímetros, se produjo un tiroteo, del que el policía salió indemne, y en el que murió el supuesto delincuente. No faltó el perro (arma plantada), un revólver calibre 38 largo.
A principios de mes, un policía bonaerense asesinó a un chico que, según la versión policial, había ingresado a un albergue transitorio en Quilmes, para asaltarlo, con un revólver de plástico.
El miércoles 8 de febrero, en San Martín, un sargento primero del ejército, que presta servicios en Campo de Mayo, fusiló a un joven de 18 años que, según él, intentaba robarle el rodado. En una primera versión dijo que su hijo de dos años se encontraba dentro del automóvil. Luego, que su hijo estaba a resguardo con la madre que, a su vez, le había alcanzado el arma reglamentaria. Se informó un tiroteo de frente, en el que el pibe de 18 años recibió varios disparos en el pecho y del que el sargento salió ileso.
En Martínez, un policía de la bonaerense asesinó a un joven de 20 años que, minutos antes, había asaltado una tienda de ropa con otros cómplices. La versión de los medios fue la misma de siempre, el policía advirtió su condición, dio la voz de alto, y recibió como respuesta una andanada de disparos de parte de los delincuentes. Sin embargo, el muerto tiene un tiro en la espalda y el policía, que fue atacado por cinco delincuentes, no tiene un solo rasguño.
Se repiten a rabiar los casos de supuestos delincuentes con muy mala puntería en todo el país. Por ello, vuelve a nuestra memoria Rodolfo Walsh, que en la publicación citada también decía: "En los tres primeros meses de 1968, la Policía bonaerense mató en tiroteo a diez delincuentes, o presuntos delincuentes, sufriendo por su parte una sola baja. Este rendimiento de diez a uno es único en el mundo…"
Estas noticias, aparecidas en apenas dos semanas, ponen al descubierto la realidad represiva cotidiana, a la que se suma, por ejemplo, la criminalidad policial, de la que hablamos en otra nota porque, como también decía Walsh, la secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata.

Policía municipal
El gobernador Scioli anunció que pondrá en funcionamiento la primera etapa de una nueva fuerza policial denominada de PREVENCION MUNICIPAL. No hay sorpresas, la creación de nuevos cuerpos policiales estaba en los planes del gobierno desde hace mucho tiempo. La "seguridad", como nueva hipótesis de conflicto interior, sólo apuró los trámites.
Presentada con la candorosa imagen de la policía de "proximidad vecinal", el nuevo cuerpo represivo no es más que un acotado y previsible experimento descentralizador de algunas funciones de la convencional policía provincial.
Acotado, porque se reduce al ámbito de los municipios de más de 100 mil habitantes que quieran adherirse. Previsible, porque a través de su diseño, descentraliza funciones, multiplicando agentes y potenciando la capacidad represiva de un estado que no para de crecer en la materia. La apariencia "civil" con la que pretenden disfrazarla (la planificación de su accionar quedará en manos del Intendente) cede ante las cuestiones centrales, que se concentrarán en un jefe operativo perteneciente a la policía de la provincia. Lo previsible y reiterado: llevará el nombre "municipal" inserto en el uniforme, aunque los agentes que lo ostenten recibirán instrucción policial; y si bien su campo de acción se limitará a espectáculos públicos, problemas con el tránsito y conflictos vecinales, cada uno de sus efectivos estará armado (adiestrado y armado por la misma policía de la provincia). Es decir, más de lo mismo.
Por más eufemismos que usen, se trata de una fuerza de seguridad que viene a completar el potencial represivo de un estado provincial que cuenta con más de 50 mil efectivos de la Bonaerense, otro tanto de la policía federal que tiene sus delegaciones multiplicadas, más el aporte de los operativos Centinela y Cinturón Sur, que incorporaron decenas de miles de gendarmes y prefectos. Todo sin contar que en determinados sitios como el transporte público (estaciones ferroviarias) hay un ejército de agentes de la seguridad empresaria.
No es muy difícil imaginar barriadas enteras del Gran Buenos Aires, ahora también vigiladas y controladas por esta "democrática" fuerza. No requiere mucho esfuerzo comprender que viene a sumar presencia devastadora entre los sectores empobrecidos de la provincia. Y que en el horizonte de la democracia argentina se dibuja la silueta del verdadero estado policíaco.
No hay sorpresa, decíamos.

Es política de Estado, no "descontrol"
Durante la presentación de un libro sobre el derecho y cuidado del medioambiente, el juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, se refirió a la situación que atraviesa la policía bonaerense diciendo que "Aunque pongan a San Francisco de Asís, la policía bonaerense es muy difícil de controlar". La afirmación es parcialmente verdad: sea cual fuere el santo que a cada cual le agrade, nada cambiaría en ninguna policía (no sólo la bonaerense) bajo su mando. Lo que es falso es que se deba a que la policía (bonaerense o cualquiera) sea "difícil de controlar", sino porque la que vemos a diario es la tarea que deben llevar a cabo en una sociedad dividida en clases. ¿O alguna vez vimos a algún policía negándose a cumplir una orden de reprimir?
Para rematar su discurso, el cortesano opinó que "La gente exige seguridad a los municipios, que no controlan la policía, es más fácil controlar tres mil personas que cincuenta mil". Si la cuestión pasara por la cantidad, la provincia de Tierra del Fuego, con 45.000 habitantes y un puñado de miles de policías, no exhibiría el índice más alto, después de Santa Fe, de muertes por gatillo fácil y en lugares de detención en proporción a su población.

Más de policriminales
Sumando a la larga lista de casos del boletín anterior, que demuestran que lejos de ser un remedio para la inseguridad, la policía ES la inseguridad, esta semana… otra larga lista de casos:
Una oficial de la policía Metropolitana y su madre, fueron detenidas junto a otras tres personas, acusadas de integrar una banda dedicada a la elaboración y venta de cocaína. La droga era preparada en la casa de la mujer policía, en el barrio porteño de Ramón Carrillo.
Allí se incautaron tres kilos de cocaína, 43 de marihuana, una pistola calibre 9 milímetros cargada con 16 cartuchos, un revólver calibre 38 y nueve teléfonos celulares utilizados por la banda. Además, hallaron precursores químicos para fraccionar la droga, una balanza y una prensa.
En Villa Madero, partido de La Matanza, un empleado civil de la Policía Federal hirió a balazos a un hombre cuando lo descubrió con su ex mujer.
En el marco de las investigaciones por el robo de $80.000 a una oficina de una empresa constructora (en el que hubo un herido) fue detenido un ex suboficial que fue exonerado de la fuerza el año pasado cuando se descubrió que, junto con su hermana, también policía, permitían el ingreso de droga para un preso en la comisaría 1ª. El ex efectivo había sido despedido, también, de la empresa constructora, en la que trabajaba como seguridad, por ser sospechoso del robo de unos 3.000 litros de combustible.
En General Roca, un oficial de la policía rionegrina de más de 10 años de antigüedad es investigado por haberse quedado con drogas que habían sido incautadas a un detenido.
El cabo Fernández, un agente de la policía de Mendoza, resultó condenado a tres años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación especial por haber torturado en 2005 a un vecino de Maipú, junto a otros dos agentes, en la comisaría 10ª. El fallo absolvió a los otros dos policías (Marcos Andrés Torres Antivilla y Miguel Alberto Genes Peralta). Y, claro, determina que, en menos de lo que canta un gallo, el represor volverá a tener chapa y arma. El mismo agente había sido absuelto por otras 3 causas: En 2007, por pegarle a un compañero que dejó en libertad a dos detenidos que no habían cometido ninguna falta, y por estafar a un turista. En 2006, por amenazar a una persona que observaba un accidente vial.
Una mujer que estaba a punto de recuperar su libertad denunció que fue abusada por dos penitenciarios mientras era transportada en un camión de traslado del Servicio Penitenciario Bonaerense hacia la Unidad 45 de Melchor Romero.
Atención, si ve un delito, no avise a la policía.

Causa Ferreyra: Patota y policía, la causa es una sola
Apenas habían pasado unas semanas del asesinato de Mariano Ferreyra, cuando empezamos a denunciar públicamente que, cumpliendo a pies juntillas su función, el poder judicial intentaba esconder bajo la alfombra la participación de la policía federal. Dijimos, desde el primer día, en los tribunales y en las calles, que el ataque a los trabajadores tercerizados y a las organizaciones movilizadas con ellos el 20 de octubre de 2010, fue parte de un plan criminal en el que la patota, la policía y la empresa se repartieron las tareas, parea lograr un fin común: defender los comunes intereses de la triple alianza antiobrera, el estado, la patronal y la burocracia sindical, todos socios en las ganancias, en la explotación y la represión a los trabajadores.
Cada uno hizo lo que debía hacer: UGOFE licenció a los integrantes de la patota; ésta ejecutó el crimen, y la policía garantizó su seguridad e impunidad, abriéndoles el camino primero, y evitando que los compañeros los persiguieran y alcanzaran, después.
El estado echó a andar su maquinaria para ocultar ese mecanismo, y entregó el engranaje más sucio, débil y reemplazable (Pedraza y su patota). La jueza Wilma López los encarceló por el homicidio calificado de Mariano y las tentativas de homicidio de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. Al mismo tiempo que preservó a la parte más valiosa, la patronal, cuyos representantes sólo han declarado como "testigos", para proteger a los hombres de la federal, imposibles de dejar afuera de la investigación por la fuerza de los hechos, se urdió la maniobra de inventar una causa paralela, simulando que se investigaba a los de uniforme "por otra cosa".
Una y otra vez insistimos en que la policía federal hizo un aporte fundamental al plan criminal, custodiando a la patota, abriéndole el paso para que actuara, luego garantizando su escape seguro y destruyendo pruebas de su accionar. Pero la trampa de la "causa paralela" parecía funcionar, a tal punto que su ejecutora, la fiscal Camaño, fue premiada por su eficiencia con la designación como segunda línea en el ministerio de Seguridad.
El nuevo fiscal y la jueza López procesaron a seis jefes policiales por abandono de persona agravado por haber resultado la muerte, mientras, desde la querella, acusábamos a los comisarios Lompizano, Mansilla y Ferreyra, el subcomisario Garay, los oficiales Echavarría y Conti y el agente Villalba como partícipes necesarios en la ejecución del homicidio calificado y homicidios calificados en grado de tentativa, delito penado con prisión perpetua.
El año pasado, con la instrucción terminada en las dos causas, ya tuvo que admitir la cámara de apelaciones que se trataba de un mismo hecho, en el que habían intervenido dos grupos de personas, patoteros y policía. Luego, casi a fin de año, el tribunal oral que recibió la causa de los policías tuvo que reconocer que había indudable conexidad con la de Pedraza y sus matones, y la mandó a tramitar al mismo tribunal oral nº 21, al que, al mismo tiempo, las querellas exigimos que se unificaran ambos expedientes.
Como siempre, aun cuando no les quede otro remedio que admitir que falló el intento, dieron vueltas, decidieron no resolver durante la feria de enero, pero, al final, no les quedó otro remedio que aceptar que no tenían argumento para defender la separación en dos partes de lo que estuvo unido desde el comienzo. Y se reunificó el trámite de las que llamamos "causa policía" y "causa patota".
Es un importante, aunque parcial, triunfo de la verdad, a fuerza de movilización y pelea. Cuando comience el juicio oral, la foto del largo banco de los acusados tendrá a la policía y a la burocracia de la UF como siempre estuvieron, codo a codo, contra el pueblo trabajador.

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Argentina, Córdoba: Conmovedor relato del primer testigo de la causa al ex Comando Radioeléctrico

Katy García (PRENSA RED)

Ángel Guillermo Villanueva explicó el horror vivido tras enterarse como había muerto su hermana. En la audiencia de ayer se rechazó el pedido de nulidad solicitado por la defensa. Nolasco Bustos denunció que su imputación se debe una “interna de la justicia federal”. Los otros imputados se abstuvieron.

Durante la segunda jornada del juicio al Comando Radioeléctrico por crímenes de lesa humanidad, que se desarrolla en el TOF 2, el tribunal rechazó el pedido de nulidad solicitado ayer por la defensa de los imputados.

El proceso sienta en el banquillo a ex integrantes de la policía cordobesa y pone en cuestión de forma pública y directa la participación policial en el entramado represivo que asoló la provincia durante la década del ’70.

Pasadas las 11 ingresó al recinto el querellante y testigo Ángel Guillermo Villanueva, desde niño conocido como Tito.

Durante dos horas brindó un relato conmovedor sobre la vida cotidiana de la familia desde su partida desde Río Cuarto a la capital cordobesa, la militancia de Ana María en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y su posterior ejecución en la vía pública junto a Jorge Diez y a Carlos Oliva. Aportó sus propias vivencias y datos que fue recabando desde que decidió investigar sobre los hechos.

Tras jurar decir la verdad y conocer los requisitos a cumplir, Carlos Lascano le dio la palabra a la querella. Claudio Orosz le pide que explique con sus palabras lo ocurrido el 2 de junio de 1976 y los años anteriores y posteriores al hecho.

“Era habitual que Ana me pidiera mi pieza para reuniones con chicos que yo no conocía. En 1975, me decía que vaya a dar vueltas en bici y que les avisara cualquier cosa que viera”. La evocó como una mujer “sensible” y leyó un fragmento de una carta donde le explica sus miedos y la decisión de “pelear” por sus ideales. Afirmó que le explicitó que no usaba armas sino la palabra.

Tito tenía 16 años cumplidos y no militaba. Aquél día miércoles al volver de la escuela “ingreso a mi casa, tiro la carpeta sobre la mesa y dije: ¡Mami!, sin obtener respuesta. A eso de las cinco y media, una vecina se acerca a su casa y llevándose un dedo a la boca le indica que haga silencio.

“Mamá estaba acostada y tapada. Otra vecina me dice: Anita ha tenido un accidente y esta internada en el San Roque”. Lo enviaron a que corrobore el dato y además debía avisarle a su padre. Cuando se disponía a hacerlo, Anita- la vecina- lo alcanza y le dice a boca de jarro:

- Ana murió en un enfrentamiento en las Tres Cascadas y también Jorge y otro chico. Los mataron en el Chateau- al escuchar esas palabras no paró de llorar junto a su hermana Silvia, contó.

El cuerpo de Ana

El testigo y único querellante en la causa explicó el horror vivido tras enterarse como había muerto su hermana. El periplo que enfrentó su padre para poder recuperar el cuerpo, y obtener la autorización del Tercer Cuerpo requisito indispensable para que la empresa Caruso lo retire.

Recibo en mano el padre se dirigió al depósito del San Roque. Allí le dijeron que no estaba. Siguió hasta el hospital Córdoba y ahí los vio, primero a Jorge y luego a ella.

El cajón estaba cerrado pero tenía un vidrio, refirió. “Me llamó la atención un hueco en la mejilla derecha de unos 4 cm., abierta y se veían moretones, estaba como sonriente y le faltaba un diente”, describe.

Su padre le comentó que “tenia un brazo dislocado, un disparo en la sien, hematomas varios y en la panza un gran hueco” y que Jorge estaba “irreconocible”. Orosz le pide que haga memoria sobre un dato que está en el expediente y que hace referencia a signos que indicarían la presencia de pólvora en el rostro. Y se acordó que su padre le expresó que seguramente el disparo se hizo a menos de 70cm aunque no recordaba el nombre técnico.

Dos días después del suceso su madre le dijo a unas personas desconocidas que se encontraban en el velorio: ¡Váyanse, ustedes mataron a mi hija!

Uno de los momentos más vibrantes del relato fue cuando evocó aquella promesa que le hizo a su madre y que sellaron con un abrazo. “Voy a encontrar a los asesinos”, le había manifestado en aquél momento.

Estaba claro que los vigilaban. “Papá mucho más avispado y lucido que cualquier persona me dijo: tengo que hacerte un pedido. ‘A tu hermana la enterramos nosotros como se debe. Y estos que andan por ahí, los mandó Menéndez para ver si vienen algunos de sus compañeros’”, le había dicho”.

Más pruebas

Se incorporaron al expediente la fotografía del automóvil Fíat 128, y otros documentos como una constancia del asesinato y la interpretación de los hechos aportada ante el ministerio del Interior cuando reconoce que fueron víctimas del terrorismo de estado y acepta la carta explicativa de Ángel José Villanueva -padre-sobre el asesinato de su hija y la versión oficial aparecida en la prensa a fines de otorgarle la compensación económica.

Tito leyó fragmentos del escrito. “No aparecía en ningún listado (…) era una NN pero sus asesinos sabían el domicilio” “Los valientes pudieron disparar a mi hija a quemarropa sin que ellos reciban un rasguño. ¿Cómo, si estos jóvenes estaban entrenados para matar con armas? ¿Cómo no hirieron a nadie” , ironiza su padre en el texto, cuya copia certificada se adjuntó al expediente.

También analizó otras declaraciones realizadas ante distintos juzgados. Y notas aparecidas en los diarios La Nación y La Voz del Interior el día siguiente a la masacre.

La defensa propuso remitirse a la causa. Esta situación motivó la respuesta de Orosz quien recordó que “éste no era un juicio penal ordinario” y recordó que “es un caso especial donde los familiares pasaron 35 años de espera y no son superabundantes los relatos”, consideró. Así, el testigo siguió aportando testimonios.

El bolso que apareció en La Perla

Contó que su hermana Ana María militaba en la JUP, trabajaba en el hotel Nogaró y no manejaba armas. “Usaba la palabra”, afirmó. Su novio también militaba en la JUP en filosofía y letras.

Recordó además la presencia de dos personas a las que conocía como “la gringa” y “el vasco”.

En el 2006 recién se enteró que eran Graciela Geuna y Jorge Casorla, los mismos que en agosto de 1975 la policía detuvo y trasladó al D2 junto a Jorge y Ana porque en el baúl del Fíat 128 les encontraron un cuadro con la foto de Evita y la leyenda Venceremos.

En ese momento pensaron que Lacabanne los había liberado porque acostumbraba reunirse en el hotel Crillón, propiedad del padre de Jorge.

Geuna estuvo detenida en La Perla y Casorla fue asesinado. El testigo aportó que consta en el expediente una fotografía color de Ana María con el bolso estilo latinoamericano – tejido y de colores- que luego aparece en el Centro de Detención Clandestina “La Perla” en poder del militar Dietrich y que contenía papeles que según le hizo saber la sobreviviente Graciela Geuna ella debía descifrar.

La última vez que los vio fue el 29 de mayo de 1976, oportunidad en que lo llevaron hasta Arguello y durante el viaje conversaron sobre la militancia. Cuando la interrogó sobre “qué harías si te agarran con papeles”, le dijo que ‘tenía un bolso con un bolsillo y que de última me los meto en la bombacha”, le respondió. Por pedido del fiscal consta en actas esta afirmación.

Sobre la búsqueda emprendida para lograr justicia señaló que había tres etapas. Una apenas se produjeron los hechos rápidamente frustrada por la aparición de amenazas escritas en troncos de madera ubicados en la puerta de su casa. “Dejáte de joder que te quedan cinco hijos”, imponía una pintada. “Eso me produjo mucho miedo”, confesó y agregó que recibían “visitas” preguntando por su hermana Susana o merodeando por la zona.

En los ochenta como su madre estaba enferma no hicieron ninguna presentación ante la justicia y a fines de los noventa retoma la investigación tras la muerte de su padre y toma contacto con familiares de las otras víctimas.

La audiencia pasó a cuarto intermedio hasta mañana a las 9 en que continuará declarando el testigo Ángel Villanueva y luego lo harán tres personas más.

Un represor ‘perseguido’

Cabe destacar que en la primera actuación durante la audiencia, hizo uso de la palabra Pedro Nolasco Bustos pese a que su abogado Sonzini Astudillo -según lo hizo saber – le aconsejó que se abstuviera.

El imputado se quejó porque además de perder su patrimonio personal “hemos sido calificados de genocidas, se nos acusa de haber fusilado a tres personas cuando en realidad fue el resultado de un clásico y correcto procedimiento policial en épocas de violencia extrema y en defensa propia”. Además señaló que creían que se enfrentaban con delincuentes comunes y “después nos dimos cuenta que eran guerrilleros”, expresó, confirmando de esta forma su participación en la masacre.

El imputado leyó un escrito punteado donde explica que su situación en esta causa obedece a una interna de la justicia federal que se relaciona con su ex esposa la abogada Liliana Navarro, secretaria del Juzgado Federal Nº1, a cargo de Ricardo Bustos Fierro e integrante de la conducción nacional de la Unión de Empleados del Poder Judicial.

El imputado se quejó que cada vez que su ex mujer era propuesta para ocupar un cargo vacante en la justicia federal, referentes de DD.HH., como Luis Miguel Baronetto, se encargaban de impugnarla - junto a otros miembros de la justicia - aduciendo que su marido estaba involucrado en la causa por la que está siendo juzgado.

Leyó varios pasajes de publicaciones del diario La voz del Interior que según argumenta reflejan la persecución denunciada. Involucró entre otros a los magistrados Pérez Villalobos y a Luis Rueda.

En torno a la causa dijo que está armada y que además apareció “un testigo fantasma” refiriéndose a Héctor Hunziker, quien de acuerdo a la pieza acusatoria se encontraba con las víctimas el 2 de junio de 1976.

“Me encuentro en Bower, con el consiguiente daño moral y económico. ¿Que soy, un preso judicializado? ¿Un rehén político? Interpeló y reiteró que debido a presuntas internas de la justicia federal se encuentra en esta situación.

Luego denunció la pérdida de documentos favorables para ellos como un sumario donde constan los sobreseimientos.

Otro punto de su defensa se apoyó en un artículo escrito por el periodista Sergio Carreras quien años atrás consultó sobre su situación con los abogados Claudio Orosz y Sonsini Astudillo.

Sobre este punto, Orosz le confirmó a Prensared que si el periodista aludido “nos preguntó en 2008, seguramente, en ese momento no estaba imputado. Sacar alguna conclusión de eso es poco serio. Hay un montón de gente que pasó por el D2 y no está en el listado”.

“Yo estoy convencido y he luchado contra la dictadura con todas mis fuerzas para que recuperemos la democracia y para que cada uno pague por lo que ha hecho según el derecho penal liberal”, afirmó.

“Él está sentado acá, con otros dos imputados, por hechos que serán juzgados según la prueba y que se demostrarán o no durante el juicio”. Y agregó a manera de reflexión: “quiero vivir en un país donde todos sean juzgados por lo que hacen y no por lo que piensan”, expresó.

Además destacó que en relación al juicio existen testimonios y pruebas documentales que demuestran que “los militantes populares fueron asesinados”. Y citó los 170 balazos y los restos de pólvora que demuestran que fue un “fusilamiento” y no un “enfrentamiento”.

El texto completo fue adjuntado a la causa por pedido de las partes.

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