miércoles, 22 de febrero de 2012

Al menos 49 muertos y 550 heridos en la estación Once. "Christian Castillo: Un nuevo crimen contra el pueblo trabajador”

PTS

Inmediata renacionalización de los ferrocarriles bajo gestión de los trabajadores y comités de usuarios.

El dirigente nacional del PTS Christian Castillo enterado del choque de un tren repleto de trabajadoras y trabajadores en la estación Once esta mañana declaró: "Esto no fue ninguna desgracia casual, sino un nuevo crimen contra el pueblo trabajador sucedido apenas cinco meses después de la masacre sucedida en la estación Flores. Estamos nuevamente de luto por estas muertes y los cientos de mutilados, todo evitable. El gobierno es responsable por sostener las concesiones privadas que, como denunciaron delegados y trabajadores, no invierte en el mantenimiento básico de las viejas formaciones que día a día llevan a millones de trabajadoras y trabajadores que deben viajar como el ganado vacuno. Gran parte de los multimillonarios subsidios gubernamentales va a solventar la ganancia de grupos como TBA, integrado por el holding Cometrans, quienes gerencian el Sarmiento desde la época de Menem. En los casi 9 años de crecimiento económico récord, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner no revirtieron la destrucción de los ferrocarriles, manteniendo el negociado de las privatizadoras a costa de la vida de los trabajadores. Como sucede todos los días, antes de llegar a la terminal de Once los pasajeros se adelantan a los primeros vagones para salir con mayor rapidez de la estación y no perder los premios por presentismo que impusieron las patronales de todos los rubros, lo que hizo aumentar el número de víctimas. Estamos ante un crimen de un régimen social, el capitalismo, que debe perecer".

"El gobierno gasta 600 millones de pesos por año sólo para sostener a la Secretaría de Inteligencia, y otros tantos para sostener bases de datos y la estructura de infiltración de Gendarmería -Proyecto X-, todos para armar causas como las del Pollo Sobrero o los trabajadores de Kraft y Pepsico, mientras los trenes en los que circula el pueblo trabajador tienen más de 40 años de existencia".

"Exigimos el castigo a todos los responsables de la empresa TBA y de la Secretaría de Transportes de la Nación. La renacionalización de todos los ferrocarriles pasa a ser una necesidad de vida para el pueblo trabajador, para ponerlos bajo gestión de sus trabajadores y comités de usuarios, los únicos interesados de prestar un servicio eficiente y seguro para todos".

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Argentina: El séptimo accidente de magnitud en poco más de un año

DYN - RÍO NEGRO ON LINE

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El siguiente es el detalle de los siniestros en los que tomaron parte formaciones viales:

* 4 de enero de 2012: Ocho personas sufrieron heridas, una de ellas graves, al caer a las vías cuando viajaban en los escalones de un vagón del tren de la línea San Martín, a la altura de la estación Palermo.

* 18 de diciembre de 2011: Dieciocho personas, entre ellas una beba de dos meses, sufrieron heridas cuando una locomotora chocó a un tren de la línea General Roca que estaba detenido en la estación de Temperley.

* 2 de noviembre de 2011: Seis niñas y dos docentes de un colegio católico de San Luis murieron y otras 41 personas sufrieron heridas cuando el ómnibus en que viajaban a un retiro espiritual fue embestido por un tren de carga en un cruce vial en la ciudad de Zanjitas.

* 13 de setiembre de 2011: Once personas murieron y alrededor de 200 sufrieron heridas a raíz de un choque entre dos trenes de la línea Sarmiento y un colectivo que había cruzado con la barrera baja, en el barrio porteño de Flores.

* 18 de agosto de 2011: Ocho personas padecieron lesiones de diferente gravedad cuando un tren de la línea Roca embistió a un colectivo de pasajeros en el partido de Lomas de Zamora.

* 4 de abril de 2011: Setenta personas heridas fue el saldo de una colisión entre una locomotora y un tren de pasajeros de la empresa Ferrobaires, a la altura del partido bonaerense de Lezama.

* 16 de febrero de 2011: Cuatro personas murieron y más de un centenar sufrieron heridas cuando una formación de la empresa Ferrobaires que se dirigía a la ciudad bonaerense de Junín chocó con un tren de la empresa San Martín que permanecía detenido en cercanías de la estación San Miguel.

* 31 de diciembre de 2010: Unas 50 personas resultaron heridas por el choque de dos formaciones del Ferrocarril Mitre en el Empalme Maldonado, en el puente ferroviario que cruza la calle Belisario Roldán en Capital Federal, en los bosques de Palermo.

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De la trata de blancas a la trata de personas (Parte II)

Ester Kandel (especial para ARGENPRESS.info)

La trata de blancas (1) era el comercio de mujeres con fines de prostitución.

La inmigración y la prostitución tienen un punto de encuentro tanto en Europa como en la Argentina, en la primera, provenientes de zonas rurales o como hijas de arte-sanos en declive. Otros puntos en común eran las condiciones materiales y la violencia hacia las mujeres, eran “hijas no cualificadas de las clases no cualificadas” y los casti-gos corporales para que las prostitutas cumplieran con los cupos de recaudación exigi-dos por los proxenetas.

En el texto Sexualidades peligrosas, J. Walcowitz señala:

La violencia física era una característica común de las relaciones heterosexuales en los burdos barrios obreros. Muchas veces, cuando los investigadores trataron de aprehender la naturaleza de las relaciones de sexo entre los pobres sin cualificación profesional de Londres y de París, se encontraron en una “incomprensible región”, para citar a la historiadora Ellen Ross, “donde las mujeres no parecían damas ni daban muestra alguna de deferencia, donde los hombres pugnaban por mantener su autoridad sobre ellas, donde el “antagonismo sexual” se reconocía abiertamen-te.

Con la gran inmigración producida a fines del siglo XIX, recalaban en el puerto de Buenos Aires, mujeres engañadas y o secuestradas para vender su cuerpo.

¿Quiénes eran? Larry Levy cita varias fuentes, por ejemplo la judeo-alemana que tenía registrado a principios del siglo XX, seis millones de judíos empobrecidos en Rusia y un tercio de judíos de Galitzia (polacos) que estaban al borde del hambre. Otra era las palabras pronunciadas por un rabino europeo en 1899: “Es necesario ver la mise-ria de las ciudades judeo-polacas… para comprender que un viaje a Buenos Aires no es tan terrorífico”, citado por el investigador Edgard Bristol en 1983.

Una de las organizaciones conocidas en este rubro fue la sociedad Israelita de Socorros Mutuos Varsovia, más conocida como la Zwi Migdal, Fue una red de prostitu-ción judeo-polaca que operó en la Argentina, aproximadamente entre 1906 y 1930 al amparo de la corrupción política y policial. (2)

Existen registros municipales, que datan de 1898, sobre la existencia de prostí-bulos en las ciudades de Buenos Aires, muchos de ellos con los nombres de mujeres que los regenteaban. (3)

Apoyos, rechazos y ocultamientos

El negocio de la prostitución tenía sus proveedores, independientemente de ad-herir al mismo. Es así que existían los proveedores de mobiliarios, vestimenta y comida. Tal es el caso de una familia de joyeros cuyos principales clientes eran los proxenetas, sus esposas y madamas. (4)

En Europa, existía una gran inversión de dinero en infraestructura y organiza-ción del trabajo. Algunas prostitutas recibían un salario y tenían ropa, casa y comida.

Alternativamente, la prostitución podía ser también una forma de autoempleo, sobre todo en lo concerniente a la gran cantidad de mujeres que recorrían las calles de la ciudad y frecuentaban sus teatros y tabernas. A lo largo del siglo XIX, los lugares donde se comercializaba el sexo se extendían a salones de masajes, baños, salas de baile, tableaux vivants, café chantants y music halls. (5)

El nivel de vida de estas mujeres era superior a las mujeres que vivían con sus familias en los barrios obreros, a pesar de la inestabilidad de sus ingresos. Esto se refle-jaba en la vestimenta y otros gastos.

Con distintos matices hubo rechazo dentro de la comunidad judía, aunque según L. Levy “los grupos judíos anarquistas y socialistas fueron quienes más activamente manifestaron ese rechazo”. El autor reconoce que en la primera y tercera década hubo una actitud activa en las denuncias y repudio a los tratantes de blancas.

En el año 1908 un grupo de jóvenes iniciaron denuncias a través de actos con discursos en idish y castellano, contra los tratantes judíos. Otro grupo se juntó en torno al Club Israelita, con el propósito de combatir la trata de blancas. Una de sus propuestas era peticionar a las autoridades la deportación de los tratantes de blancas extranjeros, el encarcelamiento de los argentinos nativos y naturalizados.

En el Primer Congreso Femenino Internacional desarrollado en 1910. La Dra. Julieta Lanteri, expuso sobre el tema, considerando:
la prostitución femenina es para la mujer moderna su mayor dolor y su mayor vergüenza. (…) Formulo un voto de protesta contra la tolerancia de los gobiernos al sostener y explotar la pros-titución femenina. (…) no las considero responsables de su extravío sino las víctimas de la falta de previsión y de amor que muestran las leyes y las costumbres, creadas por la preponderancia del pensamiento masculino en la orientación de los destinos de los pueblos.

La Asociación Argentina contra la Trata de Blancas propuso en este evento a través de su delegada la Dra. María Atilia Canetti de Rosales cuatro propuestas, que fueron aprobadas por el congreso:

1º Necesidad de dictar una ley contra el lenoncinio;

2º necesidad de dar a la mujer una educación basada en la verdad, que excluya las ocultaciones y engaños del sistema actual, cuyo resultado no es otro que librarla indefensa en las luchas de la vida;

3º necesidad de crear uno o más asilos para la mujer sin distinción de creencias religiosas; en donde se le ampare y se le enseñe a trabajar;

4º necesidad que se deroguen las ordenanzas municipales que atribuyen capacidad legal a la mujer menor de edad para inscribirse en el Departamento de Salubridad.

También se aprueba la creación de agrupaciones femeninas y mixtas para llegar a la abolición de la trata de blancas.

La sífilis era un detector de las relaciones extramatrimoniales, se contagiaban las parejas formales. Una costumbre en las ciudades europeas era no informar a “la cas-ta esposa” de su enfermedad a fin de “salvaguardar la paz del hogar” y los médicos, sólo las atendían con la autorización del marido.

La regulación

Hacia los años sesenta del siglo XIX los estados europeos decidieron implemen-tar sistemas de regulaciones, exigiendo a las prostitutas registrarse ante una “policía moral” y someterse a inspecciones médica para controlar las enfermedades de transmi-sión sexual.

“El mal necesario” justificaba el doble patrón de sexualidad masculino, con sus impulsos naturales. Las prostitutas vivían con mucha hostilidad la inspección sanitaria: “se referían al espéculo del médico como al “pene del gobierno”. Esta política iba acompañada para cambiar “el espectáculo público” y “limpiar de putas calles y teatros, a fin de dar espacio a las mujeres respetables, a la nueva mujer. También para mantener el orden público se segregaba a las prostitutas de las obreras.

La oposición a la regulación fue encabezada por mujeres de clase media, en Gran Bretaña, destacándose Josephine Butler. En el texto Sexualidades peligrosas, la autora dice:

Las feministas de mediados de la era victoriana denunciaron la regulación como una invasión corporal y una violación de los derechos constitucionales de las mujeres de clase obrera. Inter-pretaban la prostitución como esclavitud sexual y a la vez como resultado de las artificiales limitaciones a la actividad social y económica de las mujeres, puesto que los salarios inadecua-dos y las restricciones al empleo industrial femenino obligaban a algunas mujeres a salir a la calle, donde se sumaban a la “industria mejor pagada”.

También se consideraba el control sanitario como una protección a los hombres.

Este sistema de regulación fue suspendido en 1883. En Londres se observó el tráfico de mujeres extranjeras y el secuestro de niños para someterlos a la prostitución.

Acerca de la significación de las prostitutas, la expresión de “mujer caída” era usada por la clase media. Se la aceptaba como la “otra” como contrapuesta a feminidad materna y doméstica, pero también les permitió hablar públicamente sobre temas sexua-les. Esta visión fue aceptada por mujeres de clase obrera, que no quería que se las con-funda. Los sentimientos eran encontrados “cumplen servicios sexuales por nada”.

El diario La Vanguardia, también publicaba noticias y documentos sobre este tema. Por ejemplo el 13 de julio de 1907 se publica una denuncia que llega desde Nueva York.


El Partido Socialista en el año 1917, a través del diputado Ángel Jiménez fun-damenta su proyecto contra La trata de blancas, publicado en La Vanguardia del 20 de junio de 1917. Extractamos los conceptos principales:

Este proyecto está destinado a modificar la ley 9143 (6), a fin de hacerla eficaz, suprimiendo algunas cláusulas que desvirtuaron los sanos propósitos (…)

La prostitución en todas sus múltiples proteiformes manifestaciones es un hecho social que no puede ocultarse y menos negarse (…)

No la hemos de considerar un delito puesto que es un hecho que pertenece al fuero interno de cada una, sobre lo que no pueden gravitar códigos ni leyes.

Mientras en el orden social existente se considere como un pecado las relaciones sexuales; mientras subsistan las trabas económicas y sociales que dificultan las uniones y el industrialis-mo moderno desorganice la familia; mientras el proletariado viva la vida y opresión en sus tugu-rios contrastando con el lujo provocador; mientras la sociedad y los códigos no dignifiquen a la mujer, subsistirá la prostitución como uno de los tantos medios de vida.

Como médico y desde su experiencia personal, puede afirmar que en la clínica dermatológica del hospital San Roque, que el 75% de los enfermos eran contagiados en casas de lenocinio controladas y patentadas con sello oficial.

La fundamentación abunda en datos, tanto nacionales como internacionales so-bre el comercio esclavo que se realiza con las mujeres y sobre la reglamentación de la prostitución.

Hemos hecho letra muerta el artículo 15 de la Constitución: En la nación argentina no hay esclavos. Los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta constitución y una reglamentará las indemnizaciones a que de lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de que serán responsables los que celebrasen y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan, quedan libre por el solo hecho de pisar el territorio de la república.

El diputado trae a la memoria, la intervención del diputado Repetto en la sesión del 17 de septiembre de 1913, acerca del aspecto ilusorio de la reglamentación higiénica de la prostitución, “es una ilusión criminal porque infunde en la juventud una confianza absoluta en la eficacia de esa reglamentación: eficacia que en el fondo no existe”.

Todas las citas del diputado giraban en las opiniones de los médicos de nuestro país como de los otros países, sobre los graves problemas que acarreaban las enferme-dades venéreas y en la libertad de compra y venta del cuerpo de las mujeres.

Una de las afirmaciones que hace el diputado se refiere a la fuente de recursos que promueve al Municipio de Buenos Aires, la práctica de la trata de blancas.

El cuadro que insertamos, refleja la trata de blancas en la Ciudad de Buenos Ai-res y la nacionalidad de las mujeres inscriptas en el Dipensario de Salubridad.


El fracaso de la ley 9143

Los fracasos de la ley vigente eran los siguientes:

• Dificultades para probar las infracciones; (7)

• la subordinación de la ley a las ordenanzas municipales que reconocen al “traficante de blancas”;

• hace la división entre prostitución patentada y prostitución clandestina

Las propuestas del nuevo proyecto eran las siguientes:

1º Se extienden las penalidades a las regentes de casas de tolerancia, desde el momento que se castiga a la persona que trafique con mujeres mayores de edad, aunque sea con consentimiento de las mismas.

2º Se incorpora la ley de residencia aplicándola a los traficantes, contra lo que nadie será capaz de levantar la voz de protesta.

3º Se agrega penalidades a los capitanes de buques que transporten a estos despreciables sujetos.

4º se considera encubridores a los funcionarios o autoridades que toleran o autoricen cualquiera de los delitos penados por la ley.

El proyecto concluye con varias afirmaciones, una de ellas:

He denunciado la política criminal que al respecto se ha seguido entre nosotros sancionando en ordenanzas y leyes la esclavitud de la mujer, colocando fuera de la sociedad, con estigmas in-famantes algunos miles de mujeres, en nombre de una mentida moral y de una farsa higiénica.

Reitera sus opiniones sobre las condiciones de vida del proletariado, como cues-tión central y menciona la frase de la federación abolicionista internacional: “No hay más que una moral igual para el hombre y para la mujer”.

Un debate que continuaba

Todos coincidían que la trata de blancas era una lacra pero la Dra. Luisa fue taxativa cuando afirmó en la conferencia organizada por la Universidad Libre, en mayo de 1918: “jamás legislación alguna llegará a reprimirla mientras permanezca en pie el sistema de la reglamentación”. Coincidió con los conceptos ya vertidos sobre la relación entre la miseria del proletariado femenino y la prostitución.

La literatura se ha ocupado sobre este tema y en La Vanguardia de agosto de 1923 se publica el texto: Prostitución y miseria de Octavio Mirbeau.

Raquel Liberman y Marita Verón

De las distintas versiones sobre la historia de Raquel Liberman, nacida en Lodz, Polonia, extraemos estos datos: llegó a nuestro país en septiembre de 1924, con prome-sas de casamiento. Fue engañada dos veces, una en su país de origen y luego, después de su fuga encubierta. Atrapada por la red de trata de blancas, dirigida por la Migdal, la ingresaron al burdel de Valentín Gómez 2888.

La primera vez, el responsable fue el rufián Jaime Cyssinger y la segunda, Sa-lomón José Korn, fichado bajo el prontuario Nº 948.

Durante diez años, la Liberman fue ahorrando peso sobre peso…Entonces apoyada por un clien-te, que se apiadó de ella urdió una trampa: un hermano del cliente dijo que quería comprar a Raquel. ‘Tengo un prostíbulo en Mendoza, le dijo al rufián que se entusiasmó con la oferta co-mercial: recibió mucho más dinero del que esperaba y vendió a la Liberman que por fin quedó en libertad. (Vázquez-Rial). (8)
Instalada como comerciante en la calle Callao al 500, se le acercó S. J. Korn con la misión de “embaucar a la desertora” con un casamiento, que se llevó a ca-bo en el Registro Civil de la sección 11 y también un casamiento religioso y remitida al burdel de la calle Valentín Gómez.

Según la versión del comisario Alzogaray, Raquel se presentó el 10 de enero de 1929 en la comisaría 7ª, para pedir que la registraran como prostituta. Ya portaba la libreta del Dispensario Municipal que la habilitaba para trabajar. Diez meses después, decidió hacer la denuncia sobre su situación.

El caso Marita Verón que nos conmueve actualmente, todavía desaparecida, da cuenta de la envergadura del problema. La búsqueda consecuente de su madre, Susana Trimarco, logró quebrar algunas de las redes de complicidad que protegen el secuestro y la trata de mujeres (9) y llevarlos al banquillo de los acusados.

Casi un siglo de diferencia y los relatos del entramado del negocio de la explota-ción sexual se han profundizado y coincidimos con Marta Fontenla que “los procesos de globalización que configuran la actual etapa del capitalismo profundizan las desigualda-des entre géneros, clases, etnias y países de la mano de las transformaciones tecnológi-cas, de la organización de la producción y de las políticas de ajuste (…).
Ester Kandel es autora de División sexual del trabajo -Ayer y hoy - Una aproxi-mación al tema, Dunken, 2006 y Ley de trabajo de mujeres y menores -Un siglo de su sanción- La doble opresión de las mujeres: reconocimiento tácito, Dunken, 2008.

Notas:
1) Dicha actividad ilícita era conocida como trata de blancas (sin embargo, usar ese término en la actuali-dad no es correcto) debido a que la práctica se origina en un periodo de esclavitud donde la "trata de ne-gros/as" era una situación aceptada por la población y por el Estado; en cambio para esa era, la esclavitud de mujeres de raza blanca, era un delito. Eran trasladadas de su lugar de origen para ser posteriormente explotadas como prostitutas o concubinas. En la actualidad el término correcto es trata de personas, el cual sirve para denominar cualquier tipo de trata de personas sin impor-tar la edad, sexo o raza debido a que el término trata de blancas se originó por distinción racial y por ser un delito, puesto que en aquel entonces la trata de personas de raza negra era permitida e incluso era parte de los ingresos del Estado, en la actualidad esta deno-minación se considera errónea o simplemente anacrónica. Wikipedia.
2) Una organización heredera del Grupo de los 40 y también de la poco conoci-da- y casi fantasmal- socie-dad Israelita de Socorros Mutuos Aschkenasi. El primer pre-sidente de la organización fue Noe Trauman, quien pasaría a la historia rodeado de una pintoresca y mítica aureola de intelectual anarquista devenido proxeneta. Larry Levy, p.92.
3) Matilde Felman (Brown 2088), LucíaReynaud (Güemes 2537), Julieta Oereke (Güemes 2350) o María Lippner (Güemes 2049), (…)
4) Un relato anónimo menciona a Ornstein, entonces presidente de la Jevrá Kdosha, como el iniciador de este emprendimiento.
5) Op. cit.
6) Fue sancionada el 23 de septiembre de 1913, presentada por el Dr. Alfredo Palacios.
7) Desde el 30 de septiembre de 1913 al 21 de diciembre de 1915, se iniciaron en esta capital 116 procesos, con 153 autores probables, siendo sólo 14 los condenados, es decir el 9%.
8) Op.cit.
9) La trata de personas incluye toda situación de esclavitud, ya de niñas, niños, mujeres y hombres que los traen engañados con distintos argumentos.

Bibliografía:
- La Vanguardia, 9 de julio de 1913; 20 de junio de 1917; 22 de mayo de 1918; 5 de agosto de 1923.
- Levy, Larry, La mancha de la Migdal – Historia de la prostitución judía en la Argentina, Grupo Editorial norma, Buenos Aires, 2007.
- Revista Brujas, Publicación feminista, Año 26 –Nº 33 y Año 28 –Nº 35.
- Primer Congreso Femenino Internacional, Edición conmemorativa, Buenos Aires, mayo de 2010.
- Historia de las mujeres –el siglo XIX – Colección dirigida por George Duby y Michelle Perrot, Edicio-nes Grupo Santillana, 2000.
- Kandel, Ester, De las grandes tiendas a los shopping: La industria y el co-mercio mirando a las mujeres, Argenpress, 21 de abril de 2010.

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Argentina: Varias causas, aunque tardías e insuficientes, van revelando la trama

Irina Santesteban (LA ARENA)

A partir del caso Marita Verón en Tucumán, otras causas judiciales van develando el funcionamiento de las redes de prostitución y trata de personas en nuestro país.

El testimonio de la madre de la joven tucumana Marita Verón, en el juicio oral iniciado hace dos semanas por su desaparición y presunto secuestro por las redes de trata y prostitución, aunque esperado, fue conmocionante.

Susana Trimarco relató con lujo de detalles el calvario por el que ha pasado durante los casi 10 años transcurridos desde la desaparición de su hija, cuando comenzó a buscarla en un recorrido que la llevó a prostíbulos y wiskerías, rescatando a más de un centenar de jóvenes argentinas y de otros países, de las redes de prostitución, esclavitud sexual y trata de personas. Aunque no logró encontrar a su hija, Trimarco cree que Marita está viva y que los que la retienen la han llevado fuera del país.

Complicidades

El "quiebre" de una de las imputadas en el juicio, Daniela Milhein, reveló lo que ya se sabe pero nunca se acredita ni se condena: que en las redes de trata de personas hay tremendas complicidades de la policía, y de funcionarios políticos y judiciales. Además, destapó detalles de cómo estas redes "captan" a jóvenes en situación de vulnerabilidad social y, mediante engaños, finalmente las introducen en el mundo de la prostitución.

De los testimonios de este juicio va quedando claro también la falta de voluntad política, por parte del Estado, para la búsqueda de jóvenes desaparecidas, frente a la denuncia y reclamo de sus familiares. La complicidad de funcionarios policiales y judiciales, agravada si se trata de mujeres que ejercen la prostitución, también está presente en las declaraciones que se van sucediendo en el juicio oral.

Trimarco fue implacable en su testimonio y acusó al entonces gobernador justicialista Julio Miranda, y al primer fiscal que investigó la desaparición de Marita, Ernesto Baaclini. Dijo: "Como estúpida iba a la Casa de Gobierno. Digo estúpida porque estaba la mafia ahí".

Otro caso

El caso Andrea López, la joven pampeana que desapareció el 10 de febrero de 2004, ha tomado un nuevo impulso luego de la declaración de su hijo, que tenía 5 años al momento de los hechos, y que hoy, con 13 años, declaró en la cámara Gesell. El niño manifestó que vio a su padre ahorcar a su madre con un rebenque, que después la introdujo en una bañera y que luego la acostó en la cama.

Purreta hoy está preso por otro delito (también por ejercer violencia contra otra pareja) y hace pocos días hizo declaraciones públicas insistiendo en su inocencia, reiterando su coartada: que ese día él se quedó dormido con su hijo y que "Andrea desapareció". Las palabras del niño desmienten absolutamente tales declaraciones.

Aunque el cuerpo de Andrea nunca se encuentre, la situación procesal de Purreta es muy complicada, pues el testimonio de su propio hijo, tomado por profesionales, mediante una metodología considerada la más adecuada judicialmente para lograr la declaración de menores de edad, frente a hechos traumáticos que han tenido que presenciar -la Cámara Gesell-, lo compromete de una manera prácticamente irrefutable.

Muestras

Los casos de Andrea López y Marita Verón, son una muestra del funcionamiento de las redes de prostitución y trata de personas, que actúan para proveer de mujeres a los locales nocturnos, wiskerías y cabarets que funcionan en varias provincias de nuestro país. Como afirma el fiscal de La Plata, Fernando Cartasegna, quien ha realizado decenas de allanamientos y clausurado prostíbulos en esa ciudad, la prostitución es una "gran negocio" que produce mucha ganancia con "mínimo costo". Sólo hace falta, dice este funcionario judicial, "una mujer y un colchón".

En un circuito mucho más exclusivo, la prostitución y la esclavitud sexual, así como también la trata de mujeres y jóvenes, también está presente en barrios elegantes de Buenos Aires y en la "concheta" Punta del Este, en la vecina Uruguay.

Testimonio

Recientemente, una mujer que trabajó varios años en estos locales VIP en Mar del Plata y Buenos Aires, hoy refugiada en la Cooperativa La Alameda frente a las amenazas de sus anteriores regenteadores, ha denunciado el accionar de quienes trabajan con la prostitución, la droga y la explotación de jóvenes, muchas de ellas inmigrantes indocumentadas, que son obligadas a prostituirse, luego de haber sido traídas a trabajar mediante engaños de sus lugares de origen.

En su denuncia, menciona con nombre y apellido a comisarios y agentes policiales de la Ciudad de Buenos Aires, así como a agentes de la SIDE, que frecuentan esos mal llamados "boliches" y que "nunca pagan" ni por la droga ni por las mujeres.

En Uruguay, en una causa que llevan la jueza Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero, se pidió a Interpol la captura internacional de Leandro Santos, acusado de ser partícipe de una red de prostitución VIP en Montevideo y Punta del Este. Santos es un empresario argentino, propietario de una conocida agencia de modelos que supuestamente introduciría a jóvenes deseosas de lucirse en las pasarelas, al sórdido mundo de la prostitución de lujo.

El "modus operandi" de esta red sería alquilar lujosas propiedades en distintas zonas de Punta del Este, como el balneario uruguayo Manantiales, donde bellas jóvenes aspirantes a modelos, se prostituirían a cambio de 3 mil dólares, en reuniones donde concurren famosos empresarios y hombres de la farándula. La causa se inició hace dos años a raíz de la denuncia de tres mujeres que tienen su identidad reservada.

Caso Martins

No es la primera vez que se mencionan a agentes de la SIDE como partícipes de este accionar, como la denuncia que Lorena Martins realizó contra su propio padre, el ex agente de ese organismo, Raúl Martins, quien también ha sido mencionado en el juicio de Marita Verón.

Según Lorena Martins, su padre posee siete prostíbulos en la Ciudad de Buenos Aires, más otros locales nocturnos que maneja en la provincia de Mendoza, que son regenteados por un primo suyo. Luego de varias denuncias relativas a estos locales, Trimarco viajó a Mendoza y luego expresó al diario digital Mendoza Online, que el nombre de Martins era constantemente mencionado como que tenía menores de edad trabajando como prostitutas en esos locales.

Siempre según la denuncia de su hija, Martins se aprovecharía de jóvenes pobres que buscan trabajo en Buenos Aires como camareras y luego las envía a México o a Mendoza, donde las obliga a prostituirse. Martins recibe a cambio, según consta en la denuncia, 1.000 pesos por cada chica.

Aunque ya ha pasado más de un mes y medio desde que Lorena hizo la denuncia contra su padre, explicando detalladamente los procedimientos de la banda mafiosa, ninguno de los boliches nocturnos señalados fueron allanados y ninguno de los involucrados tampoco fueron citados a declarar.

Incluso aportó agendas manuscritas por Martins, con nombres, celulares, direcciones, fechas de pago de sobornos, etc., también entregó documentación que acreditaría el pago de 10.000 dólares para la campaña electoral de Mauricio Macri y hasta un arreglo con un empleado de la AFIP. Pero hasta ahora no se sabe si la causa, en manos del juez federal Norberto Oyarbide, ha tenido avances significativos.

Sería bueno que no haya que esperar diez años, como en el juicio de Marita Verón, u ocho años, como en la causa de Andrea López, para que se tomen medidas judiciales tendientes a erradicar la esclavitud sexual y la trata de personas para la prostitución.

Prostituyentes

En las Primeras Jornadas Municipales Abolicionistas sobre Prostitución y Trata de Mujeres, Niñas y Niños, que se realizaron el pasado 10 de febrero en la Municipalidad de Santa Rosa, organizadas por la Subdirección de Políticas de Género y auspiciadas por Mujeres por la Solidaridad, una de sus referentes, Mirta Fiorucci, dijo: "Andrea desparece por que existen rufianes como Purreta. La prostitución es uno de los negocios más rentables del mundo, si no hubiera demanda la prostitución no existiría. Los clientes prostituyentes no son oscuros desconocidos, ellos son nuestros compañeros de trabajo, son parte de nuestras familias, son profesionales conocidos, son hombres con los que a diario compartimos muchas actividades, son personas que consideran que los cuerpos de las mujeres son mercancías, son objetos que se usan, compran y desechan promoviendo la más brutal violencia contra las mujeres; la explotación sexual, favoreciendo que en el mundo desaparezcan a diario miles de mujeres y niñas".

Y también afirmó: "Andrea desaparece por que las leyes en nuestra provincia no se cumplen o no se aplican como corresponde, por que hay prejuicios de género y clase muy arraigados que naturalizan la prostitución y la violencia contra las mujeres".

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Argentina, Mendoza. Femicidio: Se incrementan los casos de mujeres quemadas por sus parejas

Maxi Quinteros (MDZOL)

Para los psicólogos, la violencia de género en el que una mujer es incinerada constituye un "punto de no retorno" y un acto perverso. No hay estadísticas oficiales sobre femicidio en Mendoza, pero las consultas sobre violencia en la pareja aumentan. El paso del ácido al fuego como elemento castigador.

La agonía de Aldana duró una semana en el hospital. Días antes, su pareja decidió rociarla con alcohol. Es el último caso que se conoce con el fuego como elemento homicida y, aunque no indique una tendencia, sí al menos una grave recurrencia en estos hechos de particular violencia. Y la pregunta latente ¿qué mensaje puede leerse en ese gesto extremo en el que un hombre decide prender fuego a una mujer?

En otros tiempos, cuando el conocimiento de las mujeres constituyó un desafío contra el poder de turno, los tribunales de la Inquisición tomaron a la hoguera como castigo ejemplar. El fuego ha tenido, en determinadas culturas, un significado dado: en cuanto elemento sagrado, tenía el valor de la purificación, gracias a su poder destructor. El fuego lo ha arrasado todo, desde bosques a bibliotecas y ciudades. El nazismo, por caso, lo utilizó en las ceremonias de discurso de Adolf Hitler, como elemento cautivador de la maquinaria propagandística del régimen.

Pero más allá del repaso histórico y cultural, hay historias íntimas que nos llaman la atención. La muerte de Aldana Torchelli, de 17 años, tras una semana con asistencia respiratoria y con el 70 por ciento del cuerpo quemado, es el último episodio que ha llegado a los medios de comunicación por la singular muestra de violencia en una pareja. El caso más mediático fue el de Wanda Taddei, que falleció a raíz de las quemaduras en una pelea doméstica con su esposo, Eduardo Vázquez, otrora baterista de Callejeros. Aunque no fue el primero, desde aquel hecho esta clase de femicidio hizo que las crónicas policiales posaran su lupa ante cada nuevo caso.

"Estos hechos de violencia tienen un contenido simbólico muy fuerte", asegura Alicia Prada, titular del Instituto de la Mujer del Gobierno de Mendoza. Para Laura Alcaraz, el acto de incendiar a una persona es "un acto de perversidad". "Un punto de no retorno", grafica el también psicólogo Arturo Piracés.

En principio, se trata del femicidio, el crimen en el que una mujer es víctima a partir de sus relaciones interpersonales. El victimario es un hombre que mantiene una relación -ya sea afectiva, ya sea económica- con la mujer. El concepto intenta dejar atrás un lugar común de las crónicas policiales: el crimen pasional.

Ante el crecimiento de la violencia de género, las agrupaciones feministas consideran en la agenda de discusión parlamentaria la necesidad de contar con una ley que establezca definitivamente la figura del femicicio en el Código Penal. Precisamente, se considera que el vínculo es un agravante del homicidio, ya que el 80 por ciento de los crímenes son cometidos por conocidos. Las estadísticas no oficiales señalan que la casa -el espacio íntimo, pero fundamentalmente, el hogar de la víctima- es el escenario elegido para cometer los asesinatos y la calle aparece en segundo lugar. Las crónicas señalan que los vecinos de Aldana escucharon a la pareja discutir en su departamento. Pero sólo decidieron llamar a la policía, cuando la vieron envuelta en llamas.

Un año atrás, MDZ reflejaba el incremento de mujeres que morían incineradas y ya se avizoraba el efecto "Copycat" que desencadenó el ex baterista de Callejeros, aquella banda que protagonizó el horror de la generación de la década del 2.000 con la tragedia de Cromagnon.

Incendiar, un acto escenográfico

Una hipótesis para arrancar. El declinamiento del rol del hombre en la sociedad como una de las posibles causas en el incremento de los casos de violencia de género, al tiempo que la mujer logra posiciones a las que antes no podía acceder.

"Hay un tránsito de la mujer hacia una mayor autonomía, lo que dispara mecanismos de disciplinamientos", define Prada. En esa misma línea apunta Piracés, acerca de la mayor iniciativa que tiene la mujer en la actualidad, en un contexto en el que el rol del hombre también sufre una crisis en cuanto a lo laboral y lo sexual.

"Hay una situación en la pareja en la que el hombre se queda sin repertorio y se llega a esta conducta. Los hombres no manejan esta situación, donde las mujeres tienen más iniciativa y libertad económica", destaca Piracés, quien fue director del correccional de menores -actualmente Centro de Responsabilidad Penal Juvenil- durante muchos años.

En tanto, Laura Alcaraz no deja de observar el contexto general en el que se dan este tipo de situaciones, marcado por la ausencia de un "gran otro" -el Estado- que pueda poner límites. "Podemos pensarlo en una sociedad donde los límites son muy laxos y donde las sentencias parecen no aparecer", considera.

"Hay un tema que no hay que dejar de ver y es la impotencia del hombre para relacionarse con la mujer", sostiene Piracés. Situación que se re-afirma si hay una historia de hogares donde la violencia -ya sea verbal, ya sea física- se ha legitimizado históricamente.

En lo íntimo, la violencia ejercida con el ácido o el fuego como elementos que rematan también refleja una pérdida del valor del diálogo como factor para resolver las diferencias conyugales.

Desde un punto de vista psicológico, "no hay un freno interno", describe Alcaraz, columnista de MDZ Radio y MDZ online. En esa línea, señala que el hombre que decide arrojar un fósforo sobre el cuerpo rociado en alcohol de otra persona, implica la ausencia de la representación de la palabra. Si enojarse, putear, dar un golpe a la pared o "pegar" el portazo implican el límite de esta representación encarnada en el lenguaje, quemar a alguien constituye el "exceso del exceso", según la psicóloga.

"Todos conocen la sensación de quemarse", subraya Alicia Prada. La brutalidad de estos crímenes sobre el cuerpo femenino también refleja lo de "castigo ejemplar", un punto de conexión con las hogueras de la Inquisición ya que el pueblo se mostraba como espectador ante la sanción.

Parece haber también una diferencia significativa -no un simple detalle- entre aquellos que decidieron volcar ácido a prender un fósforo. El químico desfigura y, por ende, deja la marca a la mujer que sobrevive. En tanto, las quemaduras por fuego han sido letales en los casos conocidos a través de la prensa. Pero, tal como sucedió con Wanda Taddei y con Aldana Torchelli, antes de la muerte ocurrió la agonía.

El hecho de incendiar a alguien configura ya "un acto escenográfico", sintetiza Alcaraz.

"Incendiar a otro es montar una escena. Es uno de los mayores actos perversos, porque lleva tiempo. En una emoción violenta, uno puede pegar una trompada, pero incendiar no es azaroso", explica Alcaraz, para dar cuenta que este tipo de homicidios implica, al menos, una previsión, una preparación. Una escena que, finalmente, alcanza a los medios en su impulso amplificador.

En Mendoza, sin estadísticas oficiales

No hay estadísticas oficiales sobre femicidio en Mendoza, pero desde el Gobierno indicaron que hay un leve incremento en las intervenciones por situaciones de violencia en la pareja. En 2011, hubo 283 consultas, según explicó Prada, por casos de violencia doméstica, fundamentalmente.

A diciembre de 2011, en el mapa nacional se registraron 260 homicidios de mujeres en manos de hombres con quienes tenían un vínculo. En 2010, según registró la Asociación Civil Casa del Encuentro, en Mendoza 7 mujeres fallecieron golpeadas, acuchilladas o baleadas por sus parejas.

En 2011, según el Observatorio de Femicidios en Argentina, en 2011 -en el período enero/octubre- se consigna que Mendoza ocurrieron 9 mujeres fueron asesinadas. A la cabeza figura Buenos Aires, con 77 homicidios.

Con la muerte de Aldana, los casos de femicidio por incineración se elevan a 42, según una estadística difundida ayer por Telam y que pertenece a la ong Casa del Encuentro, y que toma como punto de partida la historia de Wanda Taddei.

"Son fenómenos psicológicos nuevos que ahora salen a la luz pública y antes no se daban a conocer", explica Piracés. Efecto colateral de la repercusión en medios: más mujeres se atreven a denunciar estos casos.

Desde el Estado han tomado debida nota en las áreas dedicadas a la mujer -tanto municipales como en el Gobierno-, en marcadas en la ley 26.485: en el Instituto de la Mujer funciona una línea para prevenir la violencia en el noviazgo, período en el que puede evidenciarse las primeras señales de una relación marcada por la fuerza. A ello, le suman grupos de contención con abogados, trabajadores sociales y psicólogos. Y en Mendoza ya está en estudio un proyecto de albergues a cargo del Gobierno para mujeres que sufren este tipo de situaciones.

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Argentina: De la sintonía fina a la economía del diablo

Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info)

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Uno
Pasada la primera noche del carnaval, y buscando infructuosamente una cuerda RE para la guitarra, en la calle Talcahuano, a un centenar de metros del Obelisco en Buenos Aires, dos adolescentes almuerzan los desperdicios de la fiesta que fueron a dar a un basurero derramado.

Y en Gascón, pisando avenida Corrientes, permanece abierta y vacía una tienda que vende ropa usada a cuotas.

Sin cuerda no hay sintonía. Y la vieja camisa escolar a crédito ni siquiera fue fina en su juventud.
Dos
“Sintonía fina” –expresión oficialista multiplicada hasta más allá de la comprensión y la paciencia- , en los hechos significa ajuste económico bajo receta imperialista. Esto es, jibarización de los salarios ya pulverizados por una inflación de números misteriosos; recaudación desesperada de dólares ante el déficit fiscal; contracción de los programas sociales; extinción de los subsidios al capital que empina los precios de todo; aceleramiento de la reprimarización económica. La cuenta es cancelada por la mayoría de siempre-todavía. Ni forma nacional, ni contenido popular.
Ahora bien, en rigor, “Sintonía Fina” es una creación de la macroeconomía keynesiana puesta en circulación en Estados Unidos en la década del 60 del siglo XX (P.A. Samuelson, Garnerd Ackley, James Tobin) como una manera de administrar la relación entre ocupación (empleo) y variación de los precios (inflación). Estados Unidos y Europa en su conflicto con la Unión Soviética y el campo denominado socialista, formulaban el mantenimiento de un alto índice de crecimiento del PBI, bajas tasas de desocupación e inflación. Pero pasó que como el capitalismo tiene un patrón de conducta cíclica (crisis recurrentes) y aun cuando por esa época el ciclo estaba controlado, se daban trieños o cuatrieños en los que, a altas tasas de crecimiento y de incrementos salariales, advenían impactos inflacionarios en alza también. Ello se conoce como "recalentamiento económico”. Y concluía en etapas posteriores de "enfriamiento" porque las tasas de ganancia se contraían y las tasas de interés se elevaban, con lo que surgía el efecto contrario al esperado: bajaba el crecimiento, subía el desempleo, y bajaba la inflación a veces a tasas más elevadas que las de las otras variables. Así pues, se diseñó una política llamada de "sintonía fina" que consistía en establecer metas de ocupación y metas de inflación simultáneas, pero en sentido opuesto. Si se quería mantener bajas tasas de desocupación había que soportar altas tasas de inflación. Por ejemplo, 4 % de desocupación con 8-10 % de inflación. Y si se buscaba "reprimir la inflación" a 3-5 %, había que estar dispuesto a ver tasas de desocupación del 8-10 %. En Estados Unidos pudo manejarse más o menos en esos términos, pero en Europa la alquimia "se desbordó": cuando las tasas de desocupación eran bajas, la inflación superaba los dos dígitos (Italia y Francia tuvieron inflaciones en los 70’ de un 13-16% anual y aún más). Se agregó que el PBI no crecía suficientemente (2-3 %) y hubo años de no crecimiento. Entonces empezaron a llamar a esa situación la "economía del diablo". Esto es, recesión con inflación y baja desocupación (había seguros de desocupación y estabilizadores sociales automáticos). Allí fue que arribó la ortodoxia, la Escuela de Chicago, el imperio del liberalismo financiero, el ahora.
¿Qué tiene que ver la “sintonía fina” original de los Estados corporativos imperialistas de hace medio siglo con Argentina actual? ¿Cómo se homologan las relaciones de fuerza de entonces, la historia colonialista, las formas de apropiación del capital originario que nunca terminan, los procesos de acumulación capitalista centrales del planeta respecto de una sociedad periférica y dependiente, desindustrializada, con empobrecidos a granel, primario extractiva y con indicadores en rojo, por mencionar sólo algunos datos de la realidad?
Tres
Según las estadísticas de La Rosada (materia de sorna mundial), el 76 % de los trabajadores asalariados se desempeña en condiciones de dependencia, y un 35 % de la fuerza laboral se encuentra informalizada, ‘en negro’, sin beneficios ni obras sociales, sin vacaciones ni descanso, sin ahorros previsionales, sin salario mínimo. Presa de la explotación a discreción del empresariado, no hay ‘derecho’ ni a endeudarse con plástico ni hipotecariamente. A las cifras oficiales se añaden los trabajadores ‘en gris’, que en un empleo están contratados y en otro no. Estudios universitarios independientes ubican el trabajo ‘en negro’ en la mitad de la fuerza laboral existente en Argentina. Entonces, esa es una de las condiciones nucleares para mantener, garantizar e incrementar la tasa de ganancia del capital a través de la vieja vía de la intensificación de la libre explotación de millones. Los expoliados, cómo no, son mujeres, jóvenes, trabajadores menos calificados, migrantes. Invisibles y peligrosos.
En tanto, ya cursan las negociaciones colectivas o paritarias de los docentes y de los funcionarios públicos. Los primeros exigen un reajuste de alrededor de un 30 % y los segundos, de un 35 %, y reivindican la eliminación del ‘impuesto a la ganancia’ de los que viven de una remuneración (¡impuestos primermundistas en un país del tercero!). Si bien resulta probable que la demanda remuneracional esté bajo la inflación real, los dueños y el gobierno de turno presionan aun por menos. De lo contrario, uno de los pilares del ajuste se desmoronaría. Todo depende de la organización y disposición de lucha por sus intereses de los trabajadores. Como siempre-todavía.
Cuatro
Cuando desde arriba se apela al histrionismo nacionalista más destemplado con el fin de sostener la subjetividad precaria de la ‘unidad patriótica’ (patria, pater, padre, patrón), la transnacional Glencore, especialista en la explotación y venta de materias primas, fundirá sus capitales con la suiza Xstrata. Glencore es dueña en Argentina de Oleaginosa Moreno, y Xstrata de la Minera Alumbrera de Catamarca.
Por otra, las amenazas de la renacionalización de Yacimientos Petroleros Fiscales (YPF), propiedad mayoritaria de la hispana Repsol desde 1999, se extraviaron en algún capítulo inconveniente del ‘relato’ gubernamental. El psicodrama económico acabó con compromisos de mayores inversiones de Repsol ante la mermada producción energética que impuso la compra de 9 mil millones de dólares de combustible en el exterior el 2011. Y con una concepción de lo ‘público’ por parte de las autoridades que ya no tiene que ver con la propiedad de los recursos, sino con la ‘vocación pública’ de sus propietarios privados. Como si este fuera el mejor de los mundos posibles, no existieran intereses ni excedentes apropiados privadamente. Como si el capitalismo fuera la síntesis del amor al prójimo.
En los reflejos previsibles de la nobleza partidocrática, de no tener la fuerza para reformar la Constitución y no poder repostularse por tercera vez la actual mandataria; los precandidatos presidenciales al ruedo para el 2015, serían el vicepresidente de la nación Amado Boudou (golpeado recientemente por un escándalo ‘en construcción’); el jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri; y el hombre de consenso con el peronismo más rancio y Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli.
Lo anterior, por arriba, que desde la calle, desde los intereses de los trabajadores y el pueblo, asalariados, estudiantes, desocupados, mujeres en lucha, ambientalistas consecuentes, originarios, migrantes, comienzan a alterar el panorama real, unen sus luchas ante el mismo enemigo de la humanidad y, en lo inmediato, se movilizarán el 23 de febrero por el derecho a la vida y contra las consecuencias probadamente nefastas en las personas que provoca el patrón de acumulación primario extractivista, y especialmente megaminero a tajo abierto. Todo ambientalismo consecuente es anticapitalista.

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Argentina: Fallas del gobierno en temas que supieron ser su costado fuerte

Emilio Marín (LA ARENA)

Sólo los críticos menos objetivos del gobierno negaban el avance del país en derechos humanos. No es que haya desaparecido tal progreso, pero algunas represiones policiales, la ley antiterrorista y el Proyecto X lo oscurecieron.

Si la presidenta atesoró en octubre el 54 por ciento de los votos, fue porque su gestión había mejorado en menor o mayor medida la situación económica de la mayoría del electorado.

Pero no sólo de pan vive el hombre. También era mucho mejor la situación de los derechos humanos, algo altamente sensible en un país devastado por el terrorismo de Estado de la dictadura y con una justicia cercana a cero durante las leyes del perdón y los indultos (estructura que elogió el tirano Videla en un reportaje a la publicación española Cambio 16, con lo que tira tierra a los ojos de los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem).

Sin embargo en la última semana se empañó la visión sobre ese costado positivo de la administración Fernández de Kirchner, que había comenzado a ser tal con el gobierno de su esposo.

Ver a la infantería de la Policía Federal reprimiendo en la 9 de julio a ex soldados movilizados en el continente durante Malvinas, regurgitó el amargo sabor de veces anteriores. Aún peores habían sido las represiones policiales en Belén y Tinogasta, Catamarca, con decenas de heridos entre manifestantes que protestaban contra la megaminería.

Para colmo, como esos emprendimientos a cielo abierto son llevados adelante por corporaciones extranjeras, el resultado concreto de esos desalojos y represiones es que la Policía y los gobernantes apelan a esos procedimientos en contra de sus poblaciones y a favor de las multinacionales. Estas dejan aquí sólo el 3 por ciento de regalías, con sabor a nada.

Eso no fue todo. Detonó otra discusión que amenaza con astillar el bien ganado prestigio de este gobierno en cuanto a libertades democráticas. Es que se ventiló la existencia del Proyecto X de Gendarmería, que infiltra agentes de civil en las protestas sociales, para recabar información y nutrir así ese programa o software con datos sobre quiénes protestan, domicilios, patrimonios, gustos, tendencias políticas y gremiales, etc.

El origen del escándalo se remite a una denuncia hecha en 2009 por organismos de derechos humanos y dirigentes gremiales de Kraft, que en medio de sus reclamos por despidos y represión habían cortado varias veces la Panamericana. Ellos se presentaron ante el juzgado de Norberto Oyarbide con ese señalamiento en contra de la citada fuerza. Y el jefe de la misma, comandante Héctor Schenone, ante el requerimiento del juez, confirmó el 22 de diciembre pasado que hacía inteligencia con el Proyecto X.

Los denunciantes en esta causa Kraft alertaron que con esos métodos propios del pasado hay 40 personas procesadas y pusieron de resalto que Gendarmería no pudo haber procedido de ese modo sin un conocimiento previo del Ministerio de Seguridad y el Ejecutivo. Último pero no menos importante, el Proyecto X estaría violando la ley de Seguridad Interior, Nº 25.520. Nilda Garré negó que el gobierno admita el espionaje, prometiendo investigar y ser inflexible. Aníbal Fernández, en cambio, negó de plano el problema. "Qué plan X ni ocho cuartos, de qué estamos hablando", expresó, casi convertido en un barra brava de su equipo, Quilmes, de tan buena campaña en la B.

Ojo con lo social

El senador Fernández no defendía tanto al comandante Schenone como a sí mismo. Cuando fue ministro de Interior y luego de Justicia y Seguridad, incluso luego de ser promovido a Jefe de Gabinete, y hasta el momento en que fue asesinado el joven Mariano Ferreyra, el funcionario tuvo a las fuerzas policiales y de seguridad girando en su órbita. AF se estaba defendiendo a sí mismo. Por eso empleó el juego de palabras de que la actuación de Gendarmería en Kraft y en otros casos no era una "tarea de inteligencia" sino una "tarea inteligente". Se trata de un asunto lo suficientemente grave como para no andar haciendo chistes o haciéndose el gracioso.

El 2012 pinta como un año muy movido, con huelgas y movilizaciones de trabajadores, vecinos y muchos otros actores sociales. Y es un asunto clave que el gobierno nacional recupere su buena conducta democrática, deteriorada por las represiones policiales, de las que la más grave se registró en Tinogasta.

Los cinco gremios docentes nacionales han rechazado la propuesta del ministro Alfredo Sileoni, de un salario inicial de 2.800 pesos y un aumento de 40 pesos al Incentivo Docente. Como los sindicatos pedían un mínimo de 3.000 pesos, no hay tanta diferencia y puede haber un arreglo de último momento. Pero si no lo hubiera y los docentes comienzan el año lectivo con algunos paros y marchas, es de desear que la policía no los mal trate como hizo con esos ex soldados movilizados en el continente durante Malvinas.

El panorama gremial es de mucho enojo por el diferente trato dispensado por el gobierno a sus reclamos, en beneficio con la corporación legislativa, que obtuvo aumentos del 100 por ciento. Esa disconformidad puede ser fuente de un enojo extra en las manifestaciones gremiales, y no debe ser reprimida sino solucionada en sus causas y orígenes. O sea, concediendo los aumentos que piden los gremios, del orden del 30 por ciento, bastante por debajo de lo que se llevaron diputados y senadores.

La desubicación del gobierno en el tema es evidente.

El titular de Diputados, Julián Domínguez, para justificar el aumentazo de dietas, declaró que hay que pensar en un legislador que viene de Jujuy, que tiene que alquilar, atender a su familia, alimentarse y vestirse, etc. Muy bien. Pero si en vez de emplear la palabra "legislador" se ponía de ejemplo a cualquier familia argentina, de Jujuy a Ushuaia, y de Cuyo hasta La Plata, también era procedente la necesidad de un aumento sustancial de ingresos. Domínguez pensaba solamente en 72 senadores y 257 diputados. ¿No será mejor poner en foco la situación de 40 millones de argentinos que no están en el edificio de Avenida Entre Ríos y Rivadavia?

Esos legisladores ganarán ahora 35.000 pesos con opción a 50.000 si canjean los tramos de pasajes libres, más el rubro desarraigo. Los sufridos maestros están penando para que les fijen un piso de 3.000 pesos. No es demagogia preguntar:.¿son dos Argentinas?

Dos cosas bien hechas

Los desarreglos del gobierno de Cristina Fernández son erróneamente elogiados como cosas que figuran en su haber. Por caso, la ley antiterrorista fue piropeada en París por el GAFI, según testimonio del ministro Julio Alak, por significar un avance del país en controlar el lavado de los fondos ilegales.

A contramano de la realidad, esa entidad financiera internacional alaba lo mismo que causa preocupación a los organismos de derechos humanos, al juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, al Nobel Adolfo Pérez Esquivel, al periodista Horacio Verbitsky, etc.

Esos serios despistes del oficialismo no invalidan que hay políticas muy bien hechas, mal que les pese a la oposición conservadora y los monopolios mediáticos. Estos, oportunistas a ultranza, dan cámara a Tinogasta (TN) no por afinidad temática sino por el mero hecho de lesionar al gobierno.

Una cosa bien hecha, y que sigue andando, es la política de derechos humanos. Entre los nuevos juicios por violaciones a esos derechos, comenzó uno en Córdoba contra tres policías que fusilaron en 1976 a tres jóvenes de la JUP. Pero también fue importante que deliberara en Tucumán la cámara que juzga a trece personas por la desaparición de Marita Verón, en el marco del horrendo delito de la trata de personas, una temática aparte pero muy relacionada con aquellos derechos.

Esos avances son positivos y explican la furiosa reaparición del dinosaurio Videla, ventilando su odio a la democracia a través del reportaje de Cambio 16. De todas las barbaridades que afirma allí, posiblemente la más grave es su apreciación de que el gobierno kirchnerista habría creado una situación más grave que la de Isabel Perón en 1975-1976. Ese no es un análisis político sino un llamado encubierto a un nuevo golpe de Estado, sólo con el inconveniente para Videla y los suyos de que hoy eso no es posible.

A la opinión pública y el mismo gobierno nacional, semejante amenaza debería abrir los ojos de que esa derecha genocida puede dar manotazos de ahogado y conviene tenerla a buen recaudo, en cárceles comunes y no en sus domicilios.

La otra cuestión donde el gobierno merece un acompañamiento nacional es en sus reclamos de soberanía y diálogo sobre Malvinas.

A las declaraciones y nuevas gestiones del canciller en Centroamérica y el Caribe, más el pronunciamiento del Consejo Político del ALBA, hay que añadir, de resalto, el boicot de los gremios argentinos a los buques británicos, o con banderas de utilería de Londres.

La CATT, dirigida por el moyanismo, dispuso una demora de 12 horas a la carga y descarga de esos barcos, lo que afectará esos intereses. Sobre todo significa una señal modesta pero concreta de que con los argentinos y Malvinas no se juega. Las palabras están bien, pero con los hechos son mejores. Es así, por más que académicos como Luis A. Romero y periodistas como Sylvina Wagner y otros se envuelvan, urondos y gorilas, en la Union Jack.

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Argentina. Proyecto X: Lo de siempre, con nombre nuevo

CORREPI

En noviembre de 2011, con el patrocinio de CORREPI y CeProDH, delegados antiburocráticos de Kraft y otras organizaciones denunciaron ante la justicia federal que personal de Gendarmería Nacional realiza tareas de inteligencia sobre militantes gremiales, estudiantiles, políticos y sociales. La denuncia relataba cómo confirmamos, a través de declaraciones testimoniales de gendarmes e informes de la fuerza, incorporados en diversas causas penales contra compañeros, lo que todos los militantes sabemos, porque forma parte de nuestra cotidiana experiencia: Que en las movilizaciones hay presencia de personal de las fuerzas de seguridad, sin uniforme, que, caracterizados como “periodistas”, o intentando fundirse con los manifestantes, obtienen registros fotográficos, de video o grabaciones, que se almacenan en bases de datos, y se utilizan para aportar “pruebas” en las causas judiciales con las que se represalia a las organizaciones populares y sus integrantes.

Esta semana, la respuesta del jefe de la Gendarmería al requerimiento del juez federal Oyarbide para que informara sobre tales prácticas, causó conmoción. Es que el comandante Héctor Bernabé Schenone, que dirige Gendarmería desde 2005, respondió, con inusitada sinceridad, que, efectivamente, la fuerza a su cargo destina hombres y mujeres a infiltrarse en movilizaciones, manifestaciones, asambleas y otras actividades, y registran datos que son luego volcados a una base centralizada, todo en el marco de un protocolo de actuación denominado “Projecto X”.

La franqueza del informe, además de mostrar que no se trata de una iniciativa propia de la fuerza, a escondidas, sino del estricto cumplimiento de las órdenes del ministerio de Seguridad, es decir, del gobierno nacional, no es ninguna novedad para la militancia. Sabemos, y denunciamos hace décadas, que, sistemáticamente, el aparato estatal nos espía, nos manda infiltrados, nos hace seguimientos, escucha nuestras conversaciones, nos filma y fotografía, y que esa “información” es luego utilizada por el aparato judicial para dar cuerpo a las causas con las que se nos persigue.

En los ’80, trascendieron las tareas de inteligencia sobre militantes populares realizadas por el DEPOC (Departamento de Protección al Orden Constitucional) de la Policía Federal, luego reconvertido en la División Operaciones del Departamento Seguridad de Estado. En los ’90, fue este organismo el principal protagonista del espionaje sobre las organizaciones populares, aunque no el único.

Por caso, en 1995, el entonces ministro del Interior, Carlos Corach, denunció ante la justicia federal a un conjunto de militantes y organizaciones por una serie de graves “delitos”. La prueba acompañada, que sirvió al juez Liporace, después de tener la causa en secreto de sumario por casi dos años, para dictar procesamientos y órdenes de detención, eran un video y “dos carpetas conteniendo información de inteligencia” (sic) encuadernadas con tapas azules.

El video contenía imágenes editadas, confusamente mezcladas, subtituladas y ¡musicalizadas! en las que se observaban rostros de dirigentes de las agrupaciones denunciadas en distintas actividades y protestas, como movilizaciones en el aniversario de Walter Bulacio, manifestaciones estudiantiles contra la Ley Federal de Educación y marchas de los jubilados en Congreso. Las carpetas, que comenzamos a llamar “Libro Azul” a falta de otro nombre, contenían información política y personal sobre más de 250 personas de casi todo el arco militante de la izquierda (no sólo de los denunciados). Las más de 500 fojas eran fotocopias de un original que nunca se entregó, en las que se habían eliminado sellos, firmas y todo signo que pudiera identificar al “servicio” que recabó la información.

Buena parte de los datos se referían a reuniones cerradas en locales o domicilios privados, por lo que se los debió obtener “pinchando” teléfonos, introduciendo micrófonos o mediante agentes encubiertos infiltrados en las agrupaciones. En posteriores investigaciones judiciales, la Policía Federal, la SIDE y el ministerio del Interior, negaron tajantemente haber confeccionado esas carpetas, lo que motivó que en 1997 se iniciara una causa contra Carlos Corach, para determinar el origen del “Libro Azul”. Esa causa, instruida por la jueza federal Servini de Cubría, fue debidamente archivada un par de años más tarde, a pesar de los esfuerzos de los denunciantes.

Similares “informes de inteligencia” son habitualmente provistos por personal de la Policía Federal, la SIDE y otras dependencias oficiales en múltiples causas, como la seguida hace unos 10 años contra los integrantes de un comedor popular en el barrio del Abasto, en la ciudad de Buenos Aires, donde los espías hablaban de “vínculos con Sendero Luminoso” porque, entre los concurrentes al comedor, había ciudadanos peruanos.

En 2001, intervinimos como defensores en la causa nº 22.944 del Juzgado Correccional nº 8, secretaría nº 61 de la Ciudad de Buenos Aires, iniciada como consecuencia de la movilización a la Casa de la Provincia de Salta el 18 de junio de 2001, en repudio de los asesinatos de José Barrios y Carlos Santillán. Allí, el Comisario José Antonio Portaluri, jefe de la División Operaciones del Departamento Seguridad de Estado de la PFA, remitió al juzgado un informe de “inteligencia” en el indicaba a la jueza a quiénes se debía procesar. Con fotos, nombre y apellido, número de documento y domicilio, el informe identificaba a tres personas, dos muchachas veinteañeras integrantes de una de las organizaciones movilizadas, y un simple adherente que ni siquiera había concurrido a la movilización. Al final del informe, el comisario lamentaba que no pudiera dirigirse la acción penal contra un referente piquetero en particular, porque ese mismo día estaba en otra provincia, donde había hecho declaraciones a la prensa.

También en 2001, descubrimos que los militantes de CORREPI éramos foco de interés de los servicios del Servicio Penitenciario Bonaerense. Una compañera abogada, que concurrió a un penal provincial, notó que, antes de autorizar su ingreso, el guardiacárcel consultaba un listado. Con cierta ingenuidad, el uniformado le pidió disculpas por la demora, explicándole que “si vienen los abogados que están en este memo, tenemos que avisar a la superioridad”. En el marco de una acción de habeas data, confirmamos la existencia del "Despacho 02/01", que ordenaba al personal de todas las unidades penales de la provincia, comunicar a la Secretaría de Informaciones del Servicio Penitenciario Bonaerense la visita de los abogados de nuestra organización antirrepresiva, incluyendo los nombres de los internos entrevistados. El Inspector Mayor del SPB Carlos A. Scheffer, titular de esa secretaría, y firmante de la directiva, declaró ante el titular del juzgado nº 19 de La Plata que el despacho había sido dictado en atención a que había recibido una nota anónima que acusaba a los militantes de CORREPI de “fomentar y facilitar motines y fugas en los penales”. Explicó que, aunque el anónimo “carecía de todo viso de seriedad”, decidió redactar y firmar la orden interna, a través de la cual se registraban todas las concurrencias a cárceles de los integrantes de la organización, así como los nombres de los visitados, en su mayoría presos políticos.

Ya en 2004, verificamos, nuevamente, la existencia de estas tareas de inteligencia en la causa iniciada tras la represión a la movilización del 31 de agosto de ese año, en Plaza de Mayo. Además de muchos heridos, fueron detenidos 102 compañeros, siete de los cuales fueron procesados con prisión preventiva, hasta diciembre de 2004. La principal “pieza acusatoria” era un “informe” emanado del Departamento Seguridad de Estado de la PFA, basado en tareas de inteligencia seguidas contra varias agrupaciones, en el que, por el sólo hecho de “haber participado” de determinadas movilizaciones o de “haber reivindicado” hechos de protesta antiimperialista, se identificaba a varios dirigentes de esas organizaciones, acompañando material fotográfico y “fichas” personales. Además de esos datos, el informe, firmado por el comisario Cantalicio Bobadilla, contenía su propio “análisis” de la información, que concluía que, en realidad, todas esas agrupaciones eran simples “frentes de masas” de una única organización clandestina, que tenía por objeto desestabilizar el sistema democrático.

El juez a cargo, Juan José Galeano, no sólo incorporó el informe y le dio entidad como prueba válida, sino que, en otra causa que simultáneamente instruía por un escrache a la petrolera Repsol, ordenó a la policía federal que intensificara sus medidas de inteligencia sobre los manifestantes y sus organizaciones.
Después de las masivas movilizaciones antiimperialistas en Buenos Aires y Mar del Plata durante la Cumbre de Presidentes de noviembre de 2005, más informes de inteligencia fueron utilizados para criminalizar a los manifestantes. En el caso de Mar del Plata, el juez federal Castellanos recibió un “informe de inteligencia” elaborado por el ministerio de Seguridad bonaerense. El informe incluía precisos datos de todo el arco político que se movilizó contra Bush en Mar del Plata, y no estaba firmado por un comisario ni un comandante de gendarmería, sino por el ministro León Arslanián.

Además de estos ejemplos de “inteligencia” federal y bonaerense, en tiempos nada lejanos se verificó, también, que la Armada hacía lo propio en la ciudad de Trelew. Y si dispusiéramos de más espacio, podríamos abundar con otros ejemplos concretos.

En este marco, no puede sorprender que Gendarmería sea la fuerza que hoy se especializa en espiar a la militancia. Desde que, a mediados de los ’90, por órdenes del gobierno menemista, los gendarmes irrumpieron en el ámbito urbano, custodiando objetivos fijos, esa fuerza ha incrementado fuertemente su presencia. Por una parte, el gobierno kirchnerista –cuando recurre a los uniformes, y no a las patotas- ha dado a los gendarmes un protagonismo casi excluyente en la represión directa a las luchas de los trabajadores, como lo vimos en Las Heras, en el Hospital Francés, en Kraft y en movilizaciones de prácticamente todo el país desde 2005. Por la otra, con iniciativas como el Cinturón Sur o el Operativo Centinela, les ha encomendado buena parte del patrullaje urbano para el control social. Es simplemente natural que sean, también, los herederos de Coordinación Federal, del DEPOC o del Depto. Seguridad de Estado de la PFA.

Para ingenuos, o para los amigos del gobierno, quedan las huecas frases de la ministra Garré, jefa política de todo el aparato represivo de uniforme, gendarmería incluida. Como para que quede bien claro a qué “sociedad” se dirige, la Dra. Garré escribió en escuetos 140 caracteres en Twitter que el gobierno de Cristina Fernández sostiene “una clara posición respecto a la no criminalización de la protesta social y límites a la acción policial”, agregando luego un clásico de los políticos burgueses en apuros: “Antes de aventurar conjeturas, ordené una auditoría del Proyecto X, que es en realidad un software, para evaluar qué contiene”. Pobre intento de desligarse de lo que sólo ella, ministra de Seguridad, pudo ordenar a la fuerza que firmemente dirige. Lo mismo cabe para el comunicado, igualmente escueto, emitido por el ministerio a su cargo, donde se afirma que: “el Gobierno nacional jamás se ha apartado de la ley en materia de seguridad”. Claro que no lo hizo, si la ley es lo que ellos quieren que sea, para garantizar los intereses que deben defender.

Más claro fue el senador Aníbal Fernández, que algo de espías, seguimientos, escuchas e infiltrados conoce, después de tantos años comandando férreamente las fuerzas de seguridad: La policía y la gendarmería, dijo, “no hacen un trabajo de inteligencia, sino un trabajo inteligente...el Plan X no existe... desde el Gobierno nacional se le pide al personal de la fuerza de seguridad que se acerque para morigerar el conflicto... el uniformado va, habla con los manifestantes y trata de encontrar una salida para resolverlo.”.

Por más que pongan caras de asombrados, y se quieran lavar las manos manchadas con la sangre de 17 asesinados en la protesta social desde 2003, y de casi 2.000 muertos por el gatillo fácil y la tortura en el mismo lapso, una vez más se confirma que éste es el gobierno más represor desde 1983, y, también, el que mejor ha desarrollado tácticas de propaganda y cooptación para disimularlo.

Para el que quiera sostener el mito del “gobierno de los DDHH”, hay infinidad de lugares en las tribunas oficiales, que prometen (y otorgan) cargos, contratos, subsidios y prebendas del tipo que sea. Pero para el que quiera ver las cosas como realmente son, ahí están los hechos, indiscutibles, y confesos, en este caso.

Nosotros, elegimos mirar con atención, denunciar la verdad, organizarnos y luchar.

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La discusión que las empresas esquivan: Cuánto deja la minería en Argentina

Pablo Icardi (MDZOL)

La discusión sobre la minería está en la agenda. Todo se centra sobre los efectos ambientales. Pero mientras tanto la actividad se desarrolla y todos esquivan el debate sobre lo que las mineras dejan en el país. Aseguran que el porcentaje de regalías está desactualizado y promueven la revisión. En Mendoza Vale no dejará más del 3 por ciento de toda su facturación.

El debate por la minería está en la agenda diaria de la provincia y el país. La discusión se centra en las posibles consecuencias ambientales que pueda tener esa actividad. Pero hay un tema que queda de lado y que pone incómodas a las propias empresas. Allí la discusión tiene que ver con algo verde, pero no tiene mucho que ver con la ecología, sino con los dólares. Se trata de la renta minera; lo que las empresas que explotan esos recursos naturales no renovables dejan como regalías al Estado, verdadero propietario de esos bienes.

En Argentina las leyes de promoción de la minería dejan atadas a las provincias para exigir más recursos. La ley de inversiones mineras fue sancionada durante el menemismo y en un contexto económico totalmente distinto. Esa norma pone un tope del 3 por ciento a las regalías que se pueden cobrar, monto al que además hay que descontarle los cotos que se suman desde que el mineral sale de la mina, hasta que es comercializado.

Los defensores de la actividad aseguran que esos topes fueron establecidos cuando los minerales tenían un determinado precio que no “hacía rentable un proyecto pagando más regalías”. Hoy los commodities están por las nubes, llevando las ganancias de las empresas mineras a valores exorbitantes. Tanto, que los propios empresarios aseguran que subiendo las regalías, la rentabilidad de las empresas seguiría siendo altísima.

Claro que todo es negociación y política. En Mendoza el tema pasó de largo sin mayores discusiones a pesar de que en la provincia se va a desarrollar uno de los emprendimientos mineros más grandes de la Argentina: Potasio Río Colorado, que dejará menos del 3 por ciento de regalías más un 1% más para formar un fondo socioambiental.

En provincias netamente mineras, como San Juan, los números que manejan las empresas son enormes, pero a las arcas provinciales ingresan muchos menos recursos en carácter de regalías que, por ejemplo, los que llegan a Mendoza por el petróleo. En San Juan las regalías por las tres minas de oro que están en producción no alcanzan los 200 millones de pesos anuales. En Mendoza el petróleo deja más de 1000 millones al año. El “oro negro” deja en la provincia un piso del 12 por ciento. En lo que coinciden ambas actividades es que en los dos casos se recauda en base a declaraciones juradas de las propias empresas; es decir es confiar o reventar.

La flamante Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), de la cual Mendoza es parte, apunta a buscar renegociar las condiciones con las multinacionales que manejan el negocio. Otra de las discusiones de fondo es sobre los modelos de participación estatal, donde buscan crear empresas provinciales que sean parte del negocio (Catamarca lo tiene desde hace décadas).

Lo que dejan

La ley número uno de cualquier empresa (más allá de cualquier decorado discursivo) es ganar la mayor cantidad de plata con el menor costo posible. Las mineras están lejos de escaparle a esa ecuación. Y el tres por ciento de regalías que pagan es una situación comodísima para las ganancias de las empresas, que tienen resultados récords cada año. “En otro contexto económico no es una regalía baja, pero en este sí. Han quedado desactualizados esos valores. Las empresas ya lo tienen internalizado. No los incomoda. Ha quedado desfasado, ese 3 por ciento es una fotografía de otro momento, cuando los precios eran otros. Pero hay que tener claro que ellos van a exigir algo a cambio, que es la seguridad jurídica. Porque hoy si se pone el 12%, es el 12% de cero”, explica Raúl Rodríguez, uno de los especialistas más reconocidos de la provincia sobre derecho minero y representante legal de varias empresas.

Mendoza adhiere a la ley nacional de inversiones mineras que pone un tope en las regalías. Por eso, Potasio Río Colorado está sujeto a pagar ese porcentaje, descontando siempre los costos de producción.

Aunque aquí la discusión parece abstracta, el proyecto Potasio marca que no lo es tanto. Se trata de una mega mina de un mineral que, aunque es usado como fertilizante, es un metal, y será una de las más grandes del mundo.

En el acuerdo firmado entre la Provincia y la empresa brasileña Vale, además se impuso el pago de extra regalías para un fondo Socio Ambiental, pero que no superará el 1 por ciento de la facturación y siempre está condicionado al valor que tenga en mineral extraído. Así, por ejemplo, cuando el cloruro de potasio esté a un precio de entre 450 y 500 dólares la tonelada, la miera Vale deberá pagar 4,5 dólares por cada tonelada que venda y el dinero tiene que ser usado para infraestructura.


El tope del pago es de 9 dólares por tonelada vendida, cuando el precio del mineral supere los 900 dólares la tonelada. El tema casi no se discutió y hay quienes aseguran que en una buena negociación Mendoza podría haber presionado para conseguir un valor más alto.

Por las dudas, el Gobierno ya comenzó a recibir dinero fresco de Vale "a cuenta" de lo que deberá pagar a futuro por las primeras toneladas de potasio que vendan.


Hay algunos proyectos para deshaderir a la ley de inversiones mineras y establecer un régimen provincial de regalías. Uno de ellos es de la diputada Patricia Guitiérrez, que fue impulsado cuando se discutía la aprobación del proyecto San Jorge. Pero nuevamente desde las empresas aseguran que primero “hay que definir si Mendoza va a tener minería o no”.

En la vecina provincia de San Juan festejan cada vez que la onza de oro trepa en su valor internacional. Cuando arrancó el proyecto Veladero, el oro estaba debajo de los 500 dólares. Hoy supera los 1700 dólares la onza. Pero los porcentajes de regalías se mantienen casi inamovibles. El máximo logro que consiguió el Gobierno en sus negociaciones con Barrick, es que pagaran el 3 por ciento total de regalías, sin descontar los costos de producción. Pero se mantiene lejos aún de los porcentajes que deja el petróleo, para tener un marco de comparación.

En Veladero se extraen cerca de 1 millón de onzas anuales de oro. En el último cuatrimestre, según la información de la empresa, se reportaron 230 mil onzas. El valor internacional de ese metal precioso supera los 1700 dólares la onza. Las regalías por ese proyecto, más el de Casposo y Gualcamayo rondan los 200 millones de pesos anuales (aumentaron desde la renegociación por Veladero, que llevó las regalías al 3% total sin descuentos). Entre los tres facturan varios miles de millones de dólares.


Los modelos

Otra de las aristas de la discusión es la forma de participación de los estados en el negocio. Aunque las minas son propiedad estatal, en la mayoría de los casos el Estado no puede explitar los yacimientos. La vía que queda para participar es asociarse en sociedades mixtas a través de empresas estatales, tema que es analizado en varias provincias. En Mendoza el proyecto está dormido y tiene más retórica que estructura.

Uno de los modelos más avanzados en ese sentido es el de Catamarca, donde el Estado es parte del negocio desde hace años. En la década del 50 fue creada la empres Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, con participación de la Provincia de Catamarca, el Estado Nacional y la Universidad de Tucumán, de donde provino Abel Peirano,el padre de la minería en el lugar.

Esa empresa comparte la explotación de Bajo la Alumbrera en sociedad con la firma Minera Alumbrera (con participación mayoritaria de Xtrata). YMAD recibe el 20 por ciento de las utilidades de La Alumbrera y los privados se llevan el 80 pro ciento restante. De ese monto resultante, el 60% va a parar a estado catamarqueño, un 20% a la Universidad de Tucumán y el 20% restante se distribuyen entre las universidades nacionales.

En la OFEMI, los gobernadores de provincias mineras, con Paco Pérez en la lista, buscan la forma de hacer "socialmente viable" el tema. Y una de las formas que quieren impulsar para mejorar la imagen de la actividad es demostrar que pueden dejar más recursos. En Mendoza a largo plazo hay quienes ven a los recursos minerales guardados en la montaña como el remplazante del petróleo para generar dinero fresco en las arcas provinciales. Claro que todo a largo plazo. "El problema es que siempre se negocia con la necesidad y ahí es donde ganan las empresas", explican los que conocen.

Aunque la actividad parece estancada en la provincia, en realidad está en pausa, no detenida. Los empresarios por ahora se conforman con poder avanzar en exploración, con la idea de capitalizar los derechos mineros que ya tienen registrados. Así, tendrían activos vigentes en el mercado internacional. En ese negocio, los tiempos son más difusos que en otros. "Las empresas pueden esperar cinco, diez o veinte años. Los derechos no los van a regalar", explican. Mientras, buscarán trabajar para conseguir la "licencia social" que en Mendoza parecen no tener.

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Argentina: Docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa) contra la megaminería contaminante

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

Como agentes públicos de producción de conocimiento científico al servicio de los intereses de la población catamarqueña, no podemos permanecer ajenos frente a esta problemática. Apoyamos a las comunidades afectadas por la mega minería en procura de la protección de sus derechos y exigimos el rechazo de los fondos provenientes de las utilidades de YMAD-Alumbrera y a toda injerencia económica proveniente de las empresas mineras.

San Fernando del Valle de Catamarca

COPENOA da a conocer el documento que hicieran llegar a nuestra redacción los valientes y comprometidos docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), donde repudian los sucesivos hechos de violencia por parte del Estado provincial de Catamarca, ocurridos en las últimas semanas en el oeste de su territorio.

a) 27 de enero de 2012: 17 ciudadanos catamarqueños que se encontraban en el corte selectivo a camiones con insumos para Minera Alumbrera en la ruta provincial N°40, a la altura de la localidad de Santa María, son detenidos e imputados por el artículo 213bis del Código Penal, uno de los que se incluye dentro de la Ley Antiterrorista, por el Fiscal Julio Landívar.

b) 8 de febrero de 2012: 35 ciudadanos catamarqueños que se encontraban en el corte selectivo a camiones con insumos para Minera Alumbrera en la ruta provincial N°40, en el acceso sur a la localidad de Belén, son violentamente desalojados y detenidos bajo el cargo de averiguación de antecedentes y actividades, por el Fiscal Jorge Flores. Asimismo, la policía provincial e Infantería allanan la propiedad privada, asiento del campamento de la asamblea, y secuestran pertenencias personales.

c) 9 de febrero de 2012: grupos pro-mineros bloquean los 3 accesos a la ciudad de Andalgalá, impidiendo la entrada a todos los ciudadanos que consideran “ambientalistas”, incluyendo periodistas y organizaciones de DDHH, con la anuencia del Poder Judicial. Además, se refuerza la presencia de efectivos policiales en la ciudad.

d) 10 de febrero de 2012: 25 ciudadanos tucumanos y catamarqueños que se encontraban en el corte selectivo a camiones con insumos para Minera Alumbrera en la ruta provincial N°40, a la altura de la comunidad indígena de Amaicha del Valle (Tucumán), son violentamente desalojados por efectivos policiales antimotines sin orden judicial. Los ciudadanos se resguardan en una propiedad privada cercana, donde son sitiados por la policía durante 8 horas. e) 10 de febrero de 2012: ciudadanos catamarqueños que se encontraban en el corte selectivo a camiones con insumos para Minera Alumbrera en la ruta provincial N°60, a la altura de la localidad de Tinogasta, son brutalmente desalojados y reprimidos por el Grupo Especial de Operaciones “Kuntur” e Infantería, utilizando balas de goma, gases lacrimógenos y perros, por orden de la Fiscal Liliana Carrizo.

f) 13 de febrero de 2012: se realizan 14 allanamientos en casas de ciudadanos andalgalenses sospechados de haber arrojado una bomba molotov a un comerciante proveedor minero, por orden de la Fiscal Marta Nieva.

En este contexto, la insistencia desde el Poder Ejecutivo de Catamarca , la gobernadora Lucía Corpacci de Mercado ( sobrina de uno de los directivos de Minera La Alumbrera) , afirmar que “la minería es política de estado” es inadmisible. Tal afirmación sólo es posible en contra de la voluntad del pueblo catamarqueño informado que conoce las consecuencias de la explotación minera a cielo abierto, con represión policial y silencio de los estamentos que debieran ocuparse de los derechos ciudadanos.

Es por esto que, como agentes públicos de producción de conocimiento científico al servicio de los intereses de la población catamarqueña, no podemos permanecer ajenos frente a esta problemática. Preservando la autonomía universitaria tanto frente a los grupos político-partidarios como frente a grupos empresariales y actores privados:

1) Declaramos que nuestra posición es apoyar a las comunidades afectadas por la mega minería en procura de la protección de sus derechos.

2) Exigimos la libertad de circulación de la información que las organizaciones socioambientales, investigadores independientes y poblaciones movilizadas en este conflicto han producido, para que toda la comunidad catamarqueña y el país tomen conocimiento sobre los graves alcances de la radicación minera en nuestra región: “Análisis del Informe de Impacto Ambiental Mina Agua Rica” (Universidad Nacional de Tucumán, julio 2008); “Condiciones y efectos ambientales de la explotación minera en nuestro país: el caso Minera Alumbrera Limited” (Instituto de Derecho Ambiental y de la Energía, Universidad Nacional de Córdoba. Resolución 426/09, junio 2009); Carta al Rector de la Universidad Nacional de Catamarca Flavio Fama (Docentes y estudiantes UNCa, junio 2009 y mayo 2010); Resolución Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto (octubre 2009); Minería Trasnacional, Comunidades Locales y Universidades Públicas (Declaratoria de la Escuela de Arqueología – UNCa. Mayo 2010), entre muchos otros.

3) Exigimos el cierre de todas las causas abiertas a los ciudadanos criminalizados por manifestarse contra la megaminería.

4) Reclamamos una inmediata retirada de las fuerzas policiales enviadas a la ciudad de Andalgalá.

5) Denunciamos que el Poder Legislativo provincial ha sostenido y legitimado estas explotaciones, avalando con su actual silencio su nociva continuidad.

6) Exigimos el rechazo de los fondos provenientes de las utilidades de YMAD-Alumbrera y a toda injerencia económica proveniente de las empresas mineras.

7) Solicitamos una urgente moratoria provisional sobre todos los proyectos mineros a gran escala en curso en nuestra provincia, cualquiera fuere la fase del proceso en el que se encuentren, como una condición necesaria para el restablecimiento de la paz social y la construcción de las condiciones de diálogo democrático orientadas a debatir el actual régimen minero.

Elsa Ponce. DNI: 17529677. Profesora Asociada. Facultad de Humanidades.
Laura Roda. DNI: 29.311.863. Profesora Adjunta. Escuela de Arqueología.
Alejandro Haber. DNI: 17365319. Profesor Titular. Escuela de Arqueología.
Horacio Machado Aráoz. DNI 21.325.778. Prof. Adjunto. Facultad de Humanidades. Investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES)
Luis Gerardo Franco. Pasaporte: 10756480. Estudiante Doctorado en Ciencias Humanas.
Marcia Vergara. DNI: 34.243.328. Estudiante Escuela de Arqueología.
Mariela Isabel Solís Villarroel. DNI: 31.558.831. Estudiante Escuela de Arqueología.
María Natalia Seco Collado. DNI: 30.504.783. Estudiante Escuela de Arqueología.
Valeria Elizabeth Espiro. DNI: 28.676.366. Profesora Adjunta. Escuela de Arqueología.
José Luis Grosso. DNI: 12.513.342. Prof. Titular. Facultad de Humanidades.
María Belén Verón. DNI 25928249. Prof. Facultad de Humanidades.
Mariana Barrionuevo. DNI: 30121953. Estudiante Escuela de Arqueología.
Fernando Lucero. DNI: 31.310.391. Estudiante Escuela de Arqueología.
Natalia Sentinelli. DNI: 31.536.783. Estudiante Escuela de Arqueología.
Rita Marcela Rementería. DNI: 21325884. Prof. Adjunta. Facultad de Humanidades.
María Gabriela Granizo. DNI: 22794153. Auxiliar Docente. Escuela de Arqueología.
Ivana Carina Jofre. DNI: 25995603. Prof. Adjunta. Escuela de Arqueología.
Marianela Gamboa. DNI: 35.462.003. Estudiante Escuela de Arqueología.
Emiliano Rocher. DNI: 35.890.318. Estudiante Escuela de Arqueología.
Yamila Albert. DNI: 34.453.175. Estudiante Escuela de Arqueología.
Matías Ortiz Calderón. DNI: 37.494.832. Estudiante.
Lilén Malugani. DNI: 13.141.007. Docente Facultad de Humanidades.
Ahumada Nicolás M. DNI: 33.550.192. Estudiante Escuela de Arqueología.
Ezequiel Albert. DNI: 38.190.057. Estudiante Facultad de Tecnología.
Sergio Vera. DNI: 34.562.419. Estudiante Escuela de Arqueología.
Franco Losso. DNI: 32.798.296. Estudiante Facultad de Ciencias Agrarias.
Pablo González. DNI: 32.282.536. Estudiante Facultad de Ciencias Agrarias.
Gisela Vega. DNI: 33.049.104. Estudiante Facultad de Humanidades.
María Eugenia Soria. DNI: 33.140.858. Estudiante Facultad de Ciencias Agrarias.
Noelia Rubio. DNI: 30.969.949. Estudiante Escuela de Arqueología.
Gabriela Crikus. DNI: 22.326.101. Estudiante Facultad de Humanidades.
Federico Losso. DNI: 32.798.299. Estudiante Facultad de Humanidades.
Rafael Coronel. DNI: 24.830.417. Docente Facultad de Humanidades.
Teresa Gordillo. DNI: 32.935.479. Estudiante Facultad de Humanidades.
Cintia A. Brizuela. DNI: 28.780.526. Docente Facultad de Humanidades.
Marcela Díaz. DNI: 31.301.086. Estudiante Escuela de Arqueología.
Pedro Saracho. DNI: 32.258.636. Estudiante Facultad de Humanidades.
Gonzalo Reartes. DNI: 30.589.084. Estudiante Facultad de Humanidades.
Virna Romero. DNI: 29.917.272. Estudiante Facultad de Humanidades.
Esteban Pereyra. DNI: 26.580.043. Docente Facultad de Humanidades.
Leandro D’Amore. DNI: 23.958.650. Prof. Adjunto. Escuela de Arqueología.
Alejandro Castro. DNI: 22.751.764. Estudiante Facultad de Humanidades.
Diego Godoy. DNI: 26.178.099. Estudiante Facultad de Humanidades.
Patricia Whelan. DNI:13.964.243. Directora Dpto. Trabajo Social. Facultad de Humanidades.
Carlos Figari. DNI: 17.784.490. Doctorado en Ciencias Humanas, UNCa. Investigador CONICET, Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA.
Catalina Lobo. DNI: 14.058.967. Profesora Adjunta. Facultad de Humanidades.
Mario Arnoldo Alanis. DNI: 16.353.463. Docente. Facultad de Humanidades.
Marcos Nicolás Quesada. DNI: 23.243.440. Prof. Adjunto. Escuela de Arqueología.
Ana Griselda Díaz. DNI: 28.309.913. Prof. Adjunta. Facultad de Humanidades.

Adhesiones:
Fernan Gustavo Carreras. DNI: 10019 135. Doctor en Filosofía. Docente UNSE y UNT.
Lorena Heredia. DNI: 28404879. Becaria CONICET.
Silvina Folker. DNI: 30.944.606. Docente Conservatorio M. Zambonini (Catamarca).
Natalia Negro. DNI: 29.527.232. Estudiante Conservatorio M. Zambonini (Catamarca).
Luis Torres. DNI: 20.588.256. Docente ISAC (Catamarca).

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