miércoles, 29 de febrero de 2012

Irán defiende naturaleza pacífica de su programa nuclear

PL

Irán afirmó hoy que un reciente informe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ratifica la naturaleza pacífica de su programa nuclear, y no descartó dar acceso a sus inspectores a instalaciones de investigación militar.

El representante permanente de la República Islámica ante el OIEA, Alí Asghar Soltanieh, señaló a un canal estatal iraní que el reporte divulgado por el titular de esa agencia de la ONU, el japonés Yukiya Amano, contradice acusaciones vertidas por Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con Soltanieh, el referido documento "es una prueba del hecho de que el programa nuclear de Irán es solamente para propósitos pacíficos y no muestra desviaciones hacia usos militares".

Asimismo, el diplomático persa calificó de "ilógica" la queja del OIEA por no poder visitar el sitio nuclear de Parchin, el cual no estaba incluido originalmente en la lista de instalaciones que recorrería una delegación que estuvo en el país.

Soltanieh explicó que se le negó el acceso a la delegación del ente rector de las actividades atómicas en el mundo porque la visita "no era legal ni basada en regulaciones internacionales", además de que la solicitud "no era práctica en la presente coyuntura".

En otras declaraciones al canal Russia Today, Soltanieh aseveró que Irán no descarta dar acceso a monitores del OIEA a sus sitios de pesquisas militares, pero indicó que la comitiva de marras no la integraban inspectores, sino expertos legales, políticos y técnicos.

"Irán no descarta el acceso del OIEA a sus sitios militares como Parchin, pero eso depende de ciertas precondiciones que el OIEA debería aceptar", puntualizó al tildar de "inciertas e infundadas" las alegaciones de que las actividades atómicas tienen objetivos bélicos.

Al igual que el representante persa en Viena, el jefe de la Organización de Energía Atómica Iraní (OEAI), Fereydoun Abbasi, negó cualquier preocupación por una inspección a la planta de Parchin, porque allí -sentenció- no se realizan actividades ilegales.

Abbasi declaró a la agencia oficial de noticias IRNA que todos los sitios nucleares iraníes están abiertos a inspectores del OIEA, "apenas dos horas después de que lo soliciten", pues ese es un "procedimiento rutinario y regular que hacemos cada día".

El titular insistió en que los expertos de la instancia mundial son libres de llevar a cabo inspecciones en todas las instalaciones nucleares iraníes "en el momento que deseen", pero aclaró que la OEAI está obligada a mostrar sólo los sitios bajo supervisión del OIEA.

Asimismo, calificó de buenas las dos rondas de diálogo sostenidas con los inspectores durante su estancia en este país, y aseguró que continuarán los contactos en el futuro, pese a criticar la campaña mediática de Occidente que distorsiona información del programa local.

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Gestos por la paz

Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)

Con avances y retrocesos parece que toma forma un proceso de negociación política del conflicto armado colombiano. El más reciente, la disposición de las FARC-EP a liberar a todos los militares que ha capturado en combate y su renuncia a conseguir fondos mediante el secuestro de personas adineradas. También el otro grupo guerrillero - el ELN- está dispuesto a sentarse a la mesa del diálogo.

El gobierno de Santos entiende que se trata de gestos positivos aunque insuficientes; por su parte los amigos de la paz en el país saludan éstas y parecidas decisiones de la insurgencias, mientras los enemigos abiertos de cualquier solución negociada persisten en condenar de la manera más enfática toda salida que no sea el exterminio físico de los guerrilleros y, de paso, de toda aquella persona que en su opinión forma parte del entramado social y político de la insurgencia (algo que en la práctica resulta extensivo a cualquier manifestación de descontento social, sin excluir tampoco a la llamada “oposición legal”).
Ahora toca al gobierno concretar los gestos que le corresponden. Juan Manuel Santos puede empezar, por ejemplo, revisando la situación de los casi ocho mil personas privadas de la libertad, que incluyen insurgentes (unos 600), activistas sociales y un sinnúmero de gentes humildes acusadas de colaboración con los guerrilleros y casi siempre víctimas de los conocidos como “montajes judiciales”. Una revisión rigurosa de los procesos penales pondría en libertad a un elevado número de estos prisioneros políticos víctimas de ilegalidades y manipulaciones groseras de las mismas leyes del país por parte de jueces, fiscales e instructores.

El gobierno también puede (y sobre todo debe) atender las denuncias sobre la situación en las cárceles. Entidades de toda solvencia han denunciado en reiteradas ocasiones las terribles condiciones en los presidios del país, convertidas en un verdadero sistema de exterminio de la oposición que Santos bien puede cambiar si es que existe voluntad política. Sin tener que efectuar el tan temido “intercambio de prisioneros” que otorga a la guerrilla un reconocimiento que el gobierno rechaza, mejoras sustanciales en la situación carcelaria serían un gesto positivo. Hay una lista concreta y muy razonable de exigencias por parte de los presos y las presas que el gobierno puede satisfacer, si realmente quiere avanzar hacia la paz.

La reciente decisión de las autoridades de impedir a una delegación internacional la visita a los centros penitenciarios no hace más que acrecentar la certeza acerca de la veracidad de las denuncias de internos, familiares y asociaciones de apoyo a los presos políticos. Si no fuesen ciertas, ¿Qué teme el gobierno?.

Pero sin duda el mayor gesto que facilitaría avances sólidos en el camino hacia la paz no es otro que el control efectivo de la violencia paramilitar. A estas alturas solo cree en la desmovilización de los paramilitares quien necesite estar convencido o tenga el propósito avieso de engañar al respecto. Múltiples hechos demuestran cómo los grupos armados de la extrema derecha continúan operando y ofreciendo a ganaderos, terratenientes, grandes empresarios (nacionales y extranjeros), “capos” del narcotráfico” y políticos locales los mismos servicios criminales de siempre, esto es, terror generalizado para restar apoyo social a la insurgencia, apropiación masiva de tierras (se habla de más de seis millones de hectáreas robadas), desplazamiento de población campesina (arriba de cinco millones de personas), control político e institucional de regiones enteras (una presencia decisiva en más de 400 de los poco más de mil municipios del país), eliminación de toda protesta de las comunidades avasalladas “por el progreso” (minería, plantaciones, obras públicas, etc.) y exterminio sistemático del sindicalismo, todo ello en armonía con lo que el gobierno (éste y los anteriores) entienden por “confianza inversionista”.

Éste resulta sin duda uno de los mayores retos si es que Juan Manuel Santos se propone sinceramente pasar a la historia nacional como el presidente que trajo la paz. Reducir a la extrema derecha (en todas sus manifestaciones) es condición indispensable para que las promesas que haga el gobierno a la insurgencia tengan una mínima credibilidad. Pero debilitar políticamente a Uribe Vélez y a la burguesía mafiosa que lo respalda (sobre todos esas “clases emergentes” tan ligadas en el imaginario colectivo al negocio de tráfico ilegal de drogas, el robo del erario público y otras formas “capitalismo salvaje”) constituye un problema de enormes dimensiones, en parte porque la vieja oligarquía (de la cual Santos es un genuino representante) se aprovechó de ello permitiendo su ascenso y consolidación y ahora no saben cómo obligarla a que acepte un papel menor, más discreto, para lavar la cara descompuesta del sistema; en parte porque la violencia cruda y las prácticas de guerra sucia no son una especie de rueda suelta, de comportamiento excepcional que no comprometen a las instituciones sino, por el contrario, parte fundamental del orden social, económico y político del país, hoy y desde siempre.

Solo con revisar así sea someramente la historia de la cuestión agraria, del sindicalismo, del tratamiento de las minorías (indígenas y afrodescendientes) o de la actividad política de oposición popular, queda de manifiesto cómo la violencia acompaña de manera permanente los procesos normales de la economía y las formas habituales de la participación política. A la natural dinámica violenta del capitalismo que disuelve sin miramiento alguno las formas tradicionales de organización social y económica aparece en la historia de este país -como una constante- la violencia física, la masacre, el desplazamiento obligado y la expropiación forzosa, la persecución cuando no el genocidio, es decir, que los procesos económicos van siempre acompañados de formas extra económicas, y no precisamente para introducir algún grado de equilibrio de tipo democratizador en las nuevas relaciones sociales. Podría afirmarse que se trata de convertir en permanentes las formas extremas de “acumulación primitiva del capital”, haciendo verdad una vez más que este sistema nace enlodado en sangre “de los pies a la cabeza”. En este país tal forma de acumulación salvaje existe desde siempre y explica en buena medida una violencia armada de los sometidos como respuesta legítima a la violencia de los opresores.

Ahora es el turno de Santos. El gobierno debe realizar un gesto de suficiente entidad, ojalá seguido de nuevos gestos del movimiento guerrillero y de otros tantos de las autoridades, en un proceso que conduzca hacia el final del conflicto armado y posibilite a la sociedad colombiana echar las bases de un orden realmente democrático.

Por supuesto, éste no es un camino de rosas y se van a producir necesariamente avances y retrocesos, pero si estos gestos de parte y parte se producen con el respaldo masivo de la población, es posible abrigar esperanzas. Tienen razón quienes señalan que la llave de la paz no la tiene el gobierno de forma exclusiva (como se desprende de las continuas afirmaciones del presidente Santos). En realidad, la solidez de este proceso depende de una masiva movilización ciudadana que aliente los gestos por la paz y arrope las decisiones que conduzcan al fin del conflicto. Ayuda mucho también el apoyo internacional. Son demasiados los enemigos que conspiran y actúan contra la paz. Aquí solo se ha indicado al más inmediato (la extrema derecha) pero ésta no actuaría a sus anchas sin un apoyo explícito de los grandes gremios económicos, la mayoría de los políticos tradicionales – atrincherados firmemente en un sistema político corruptos e ilegítimo - y los militares, pieza fundamental en todas las manifestaciones de violencia en el país (legales e ilegales). Sin que falte, por descontado, Washington que reiteradamente se ha opuesto a todo arreglo pacífico y tiene la principal responsabilidad (como inductor y financiador) en la existencia, desarrollo y consolidación de la guerra sucia en Colombia.

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El problema Austral en Chile y la integridad territorial

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Las demandas sociales de Aysén están relacionadas con problemas mucho mas profundos que los que emergen por una descentralización fallida desde a época de la dictadura militar.

Algunos de estos responden a determinantes históricas y culturales gestados en la colonización de la región más austral de Chile y el resto pertenece al dossier de la demostrada incapacidad del estado chileno en posicionarse política y culturalmente en una región vital para su integridad territorial.

La zona que se extiende a partir de Aysén hacia el Cabo de Hornos comprende tierras que forman parte del ideario cultural de la última fase de colonización. Los que expropiaron y exterminaron a la población indígena generaron y traspasaron una cultura de identidad de colono en una vasta zona y fueron capaces de transferirla al resto del país.

El chileno que emigró desde el Norte hasta los comienzos de los años 50 del pasado siglo en dirección a Punta Arenas durante la época del boom ovino/lanero y de las exploraciones petroleras, se asimilaba a esa cultura y comienza a formar forma parte de ese bloque dominante constituido principalmente por inmigrantes de otros países. Se configura una “identidad Magallánica” aunque no se hubiera nacido siempre allí y había que asumirla. También se estimuló un fuerte regionalismo con una cuota de chovinismo.

En las primeras décadas del siglo pasado, para las clases dominantes del centro y centro sur del país establecidas en la capital, Santiago, provenir del extremo sur de Chile significaba la máxima representación de la otredad y a alteridad. Frente a la reconocida homogeneidad étnica del chileno que forma la república, que para la Enciclopedia Británica podría configurar una etnicidad propia, el ser austral no formaba parte de esa identidad.

Es así que se constituye una suerte de “cultura estamental” en el colono austral que es poderosa y se transmite formando un bloque orgánico desde Aysén hasta el último recodo del Cabo de Hornos. Por otra parte, con la marcada tendencia a desarrollar el centro, en parte por coordenadas históricas fundacionales y en parte también por realidades geográficas de uso del suelo y progresión demográfica, el estado chileno no ha sido capaz de “apropiarse” políticamente de la región más austral, comprendida entre el Seno de Reloncavi hasta la Zona Antártida que reclama Chile entre los meridianos 53ºO y 90ºO.

No ha podido desarrollar políticas públicas que la hagan funcionar -además del tema del desarrollo- como zonas estratégicas clave para la integración territorial. Hay cierto posicionamiento militar, lo que no existe es la prolongación de la matriz de desarrollo del resto del país hacia el extremo sur. El chileno no tiene conciencia austral. Hay una fractura que va más allá de lo político y es cultural.

El ejemplo notorio es la desaparición en las lecturas escolares recomendadas de la narrativa del autor Francisco Coloane, el escritor nacional pionero en evocar Tierra del Fuego, Cabo de Hornos, la Antártica, la Patagonia y que denuncia el exterminio de los indígenas. Este fenómeno es refrendado por la educadora francesa Odette Charreyron-Michel al constatar en 2008 que en las escuelas del extremo sur los alumnos no conocen al escritor nacido en la región.

La lista es larga. Un productor teatral no encontró ninguno de sus libros en Punta Arenas; a una radio de Punta Arenas el estado le rechaza un proyecto para teatralizar obras de Coloane. A pesar de su popularidad en Francia (es lectura recomendada en los colegios) e Italia, no ha sido posible promover su narrativa en EEUU, el Reino Unido y el mundo anglosajón, siendo que está próxima a la narrativa de Conrad y Melville.

Curiosamente es un Ex Almirante y entonces senador designado, el que resalta el filo geopolítico en la narrativa del escritor magallánico. “El escritor que incorpora la zona austral en la conciencia nacional es Francisco Coloane”. J.Martínez Busch, 21 de agosto 2002, con motivo del fallecimiento del escritor. Es doblemente curioso porque Coloane es comunista y es elogiado por un Almirante seguramente anticomunista.

El tema central se sitúa más allá del fenómeno del modelo económico, que es intrínsecamente inseguro políticamente. Un modelo así no puede (o no desea) abrir las compuertas del centralismo para obtener una mayor dinámica regional e integración desde la periferia.

En el problema está latente el tema de la Antártica y la integración territorial a partir del desarrollo real y no ficticio de la región Austral. De otra forma, la convulsión social y política en el extremo sur del país no tiene otra explicación.

Los que han formulado las políticas públicas de última generación parecieran proteger los intereses del ámbito privado en la apropiación territorial mercantil de la región austral. No es concebible que desde la década de 1940 con los gobiernos de Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, no hayan existido iniciativas de estado para desarrollar la región austral, comparables en envergadura, con las emprendidas por estos dos presidentes. Particularmente notoria es la primera expedición chilena a la Antártica en 1947 bajo el último presidente radical que tuvo Chile.

El Gobierno del socialista Salvador Allende al intentar una transformación agro industrial en la región, encontró los grandes escollos del poderoso sector privado ciertamente renuente al protagonismo del estado en el desarrollo de una región estratégica.

El estado chileno, para saldar una deuda pendiente en esta región y más todavía con los habitantes que han padecido de la apropiación colonial del territorio, tiene por delante la tarea de explorar la presión externa sobre las políticas públicas que han resultado en el déficit de desarrollo en el extremo sur.

Ese déficit incide no solo en la integridad territorial – algo bien básico- sino también en la capacidad del estado chileno para hacer prevalecer su dominio sobre el territorio antártico que reclama.

Las protestas de la región Austral confirman que el estado no ha establecido estrategias adecuadas en un país largo y estrecho con fragilidad en sus extremos. El problema Austral de Chile es constitutivo, es de una constitución política que ha descuidado la integridad territorial.

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Algunas precisiones necesarias sobre el primer periodo de la revolución cubana

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

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En un artículo del señor Gómez Barata publicado en ARGENPRESS el 28 de febrero el autor escribe:
….”De una parte, no hay en el Programa de la Revolución, cuya letra y espíritu constan en la Historia Me Absolverá, ni una palabra acerca de la estatización de la economía, de la colectivización de la tierra, de la supresión de las instituciones tradicionales del Estado; como tampoco ninguna alusión a los Estados Unidos, al imperialismo ni a un proyecto socialista de formato tradicional.

Aunque el hecho es interpretado de diversas maneras, lo cierto es que el poder revolucionario instaurado en 1959 no tuvo oportunidad de realizar sus metas y su programa, sino que fue empujado a una abrupta radicalización debido a la inesperada, brutal y desmesurada agresividad de los Estados Unidos que además de tratar de conseguir sus propio objetivos, amparó a la oligarquía, prohijó la actitud plattista de la burguesía nativa, apoyó materialmente y respaldó políticamente a la contrarrevolución interna y sus expresiones armadas”.
Las afirmaciones del señor Barata requieren el restablecimiento de la verdad histórica con relación al primer período de la Revolución en Cuba: el poder revolucionario no “fue empujado a una abrupta radicalización”, como afirma el señor Barata, sino que tuvo un programa revolucionario desde antes de llegar al poder y, contrariamente a lo que dice el autor del artículo, ya figuraba en “La historia me absolverá”.
En efecto, el programa del Moncada, contenido en el histórico alegato de Fidel "La Historia me Absolverá" postulaba, entre las más urgentes medidas a tomar por un gobierno revolucionario "conceder la propiedad inembargable e intransferible de la tierra a todos los colonos, subcolonos, arrendatarios, aparceros y precaristas que ocupen parcelas de cinco o menos caballerías de tierra, indemnizando el Estado a sus anteriores propietarios a base de la renta que devengarían por dichas parcelas en un promedio de diez años."

Una vez iniciada la lucha armada en la Sierra Maestra, el campesinado brindó su apoyo incondicional al Ejército Rebelde en cuya Comandancia General, en La Plata, el 10 de octubre de 1958 fue firmada la Ley No. 3, Sobre el derecho de los campesinos a la tierra, de obligatoria aplicación en todos los territorios liberados por esa fuerza.

Conquistado el poder en enero de 1959, el 17 de mayo del mismo año se promulgó la ley de reforma agraria, cuyo artículo 1º decía: "Se prescribe el latifundio. El máximo de extensión de tierra que podrá poseer una persona natural o jurídica será treinta caballerías ( Una caballería = 13,42 hectáreas). Las tierras propiedad de una persona natural o jurídica que excedan de ese límite serán expropiadas para su distribución entre los campesinos y los obreros agrícolas sin tierras".
Su aplicación llevó a que más de 200 mil familias campesinas se convirtieran en propietarias de las tierras que cultivaban y las liberó del pago de rentas, así como de la explotación de intermediarios y usureros a otras 150 mil que las labraban en condición de arrendatarios, aparceros, precaristas y colonos, entre otras cosas.
A mediados de 1960 comenzaron las nacionalizaciones de las propiedades de personas naturales o jurídicas nacionales de los Estados Unidos de América. Cuba, como Estado independiente, ejerció así el derecho soberano a proceder a nacionalizaciones.
Estas medidas, profundamente revolucionarias, despertaron el entusiasmo y la admiración en todos los pueblos de América Latina y en otros pueblos del mundo.
Pero los Estados Unidos contragolpearon inmediatamente y poco después, en octubre de 1960, comenzaron las primeras medidas de embargo comercial, económico y financiero en contra de Cuba, en abril de 1961 armaron la invasión de Bahía Cochinos y en febrero de 1962 completaron lo que se conoce como bloqueo contra Cuba, que continúa hasta ahora.
De manera que el poder revolucionario no “fue empujado a una abrupta radicalización” sino que dirigió con toda lucidez al pueblo cubano en un proceso profundamente revolucionario, lo que provocó la agresiva réplica del imperialismo que perdura hasta hoy.

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Argentina: ¿Fin del consenso privatizador?

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Existe la sensación que llegó el final del consenso social sobre las privatizaciones. La gota que rebalsó el vaso ocurrió la semana pasada con la muerte evitable de 51 personas y más de 700 heridos, con el desastre acontecido en la estación once del recorrido del tren Sarmiento concesionado a TBA.

Aludimos al fin de un consenso privatizador generado en las últimas 4 décadas, primero como campaña ideológica en tiempos dictatoriales, en los 70´ y 80´, y acción deliberada (técnica, operativa y económica) para deteriorar a las empresas públicas. Luego de algunos intentos frustrados, la privatización se materializó y generalizó en los 90´, para constituir desde entonces un fenómeno estructural del orden económico y social contemporáneo en la Argentina.

Ya pasaron 20 años desde su instrumentación iniciadora, donde la “iniciativa privada” todo lo resolvería. Fue una política consensuada en origen e ideológicamente trabajada durante años, claro que también con violencia explícita. Recordemos la frase “ramal que para, ramal que cierra” pronunciada desde el menemismo.

La agresión violenta a los trabajadores ferroviarios que resistieron la privatización del tren, muy bien relatada y documentada en el “Ferrocidio” de Juan Carlos Cena, vuelve sobre los trabajadores usuarios y laburantes del tren con violencia y muerte. Es la agresión de la ofensiva del capital de ayer y de hoy por la subsistencia de la lógica de la ganancia maximizada.

Las privatizadas cuestionadas. ¿Qué estatización y qué Estado?

Hoy son evidentes las falencias en el abastecimiento de combustibles y energía, y más aún en el servicio de transporte ferroviario, sin hablar del ruinoso estado que dejó la privatización a la línea aérea. Ya no hay encanto social con la privatización.

El lema había sido la ineficiencia del Estado para administrar las empresas públicas. Qué curioso, ahora, al final del recorrido de dos décadas de privatizaciones, nos encontremos con empresas crecientemente financiadas con fondos públicos y gestionadas privadamente, incluyendo el uso especulativo de los recursos asignados por el Estado para el funcionamiento operativo de las empresas.

Las privatizaciones que levantaron la bandera de la eficiencia empresaria de los “privados”, solo funcionan con el sostén del Estado. Solamente en ferrocarriles se gastan 10 millones de pesos diarios en subsidios.

Los subsidios estatales dan cuenta de la posibilidad financiera del Estado para hacerse cargo de las empresas de servicios públicos, claro que ello supone discutir el conjunto de la asignación presupuestaria. No se trata de estatizar y mantener el desastre ferroviario actual. La estatización continuadora perpetuaría la ineficiencia y el mal servicio reinante.

¿El actual destino del gasto público resulta el necesario para un funcionamiento alternativo del Estado? Solo a modo de ejemplo veamos que entre 2003 y 2011 el gasto total en remuneraciones del sector público nacional se redujo del 16,1% al 11,3%, mientras que las transferencias al sector privado pasaron del 3% en 2007 al 9,5% en el 2011. Claro que no solo se trata de cantidades, de montos, sino también de discutir las funciones necesarias a cubrir por el personal estatal, junto a la participación de los usuarios de los servicios públicos y de los ciudadanos en la cuestión estatal.

En el mismo sentido debemos interrogarnos sobre las fuentes de ingreso del Estado Nacional. Sigue siendo el IVA el principal tributo en el país, y es sabido su impacto regresivo entre los sectores de menores ingresos. En segundo lugar aparecen los ingresos tributarios por el impuesto a las ganancias, pero una parte de esos recursos provienen de trabajadores que reciben sueldo y no ganancias, mientras se eximen los excedentes generados en el mercado de capitales o en el financiero. Ni hablar de la evasión y elusión impositiva pese a la legislación vigente, sea la penal tributaria, o contra el lavado, que explica en el argumento oficial la “necesidad” de la represiva Ley antiterrorista.

Lo que pretendemos decir es que no alcanza con terminar con las privatizaciones ferroviarias o petroleras, entre otras, si no que se debe reformar el Estado, su régimen tributario, financiero y especialmente discutir su papel en la organización de un modelo productivo que modifique el beneficiario de su accionar, atendiendo a las insatisfechas necesidades sociales.

El cambio de opinión que se percibe en la sociedad, que menciono como fin del consenso a las privatizaciones se asocia a la discusión con las petroleras, especialmente REPSOL, empresa de proyección regional y mundial merced a la entrega de la estatal Yacimientos Petroleros Fiscales hace 20 años. España no es potencia petrolera, pero sobre la base de YPF se proyectó en la región latinoamericana, caribeña y en el mundo como una de las grandes en el negocio del oro negro. La respuesta gubernamental es por ahora amenazante, sea por declaraciones del poder ejecutivo nacional, o de la organización que nuclea a las provincias productoras de hidrocarburos. La sensación es que ya no se espera una respuesta mágica desde la iniciativa privada, la que solo privilegia la lógica de la ganancia.

Terminar con la institucionalidad neoliberal

La demanda social está para más y demanda la salida de un condicionante estructural que remite a las reformas neoliberales, de apertura económica y liberalización; de desregulación y privatización; de precarización laboral, superexplotación y marginalización vía indigencia y empobrecimiento estructural de millones de personas.

Existen expectativas de que se asuma una política pública en ese sentido, aunque la garantía solo está en la masividad del clamor por abandonar el sentido común privatista. Son abundantes los ejemplos en la historia que indican que la conflictividad extendida de la sociedad es la que define cambios estructurales de funcionamiento social. Es la experiencia reciente del 2001 respecto del régimen de convertibilidad. Fue la movilización social la que determinó el fin de la “estabilidad monetaria” erigida como valor supremo entre la élite política, claro que con aceitados consensos socialmente manipulados.

Apuntamos al petróleo y la energía, a los ferrocarriles y al transporte en general, pero también a la recuperación de la soberanía financiera desmantelando el aparato jurídico y de política financiera legado por la dictadura. Claro que también supone la brega por la soberanía alimentaria, algo imposible sin modificar el modelo productivo sojero, concentrador y de subordinación a la dominación de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología. La soja y la mega minería son legados del auge neoliberal de los 90´.

Se trata de recuperar soberanía, energética, financiera, alimentaria, en toda la línea. Ese será el mejor homenaje a quienes murieron por la desidia empresaria y la complicidad de los organismos de control (por lo menos de aquellos que no consideraron informes críticos) para asegurar las privatizaciones para la ganancia.

Retomar una discusión sobre el papel del Estado en tiempos de crisis capitalista aparece como el desafío que pueda superar las consecuencias del desastre evitable en la estación Once.

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Argentina: Tajante informe de la Auditoría General de la Nación del año 2007 sobre el estado del Sarmiento que el Gobierno ignoró

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Lucas, el nombre en la masacre

Silvana Melo (APE)

Hoy no hay pilares que sostengan, bendiciones ni estrategias. Cantaba Lucas, el Chimu, sospechando el mundo escaso de piedad donde le tocó empezar la vida, hace veinte años.

Siete días atrás el Chimu se calzaba el buzo antes de subir al tren. Hacía un poco de frío y él silbaba para adentro la letrita con la que empezaba la vida, siempre sobre la hora, caminándose ligero la estación. Madera noble, roble es mi corazón.

El año en que nació los trenes se pusieron en remate. Y fue, sin saberlo, una vida clave. Como cada vida que irrumpe exorcizando infiernos. Semilla de transformación era Lucas, como cada vez que nace un niño en la tierra incendiada.

Su muerte absurda es la rebelión de los anónimos. Es la birome que tacha decretos y derrumba el discurso de los funcionarios. Es la sábana quitada de un tirón para dejar desnudo todo. La perversidad de los negocios, la complicidad de empresarios, sindicalistas y poder político, el enriquecimiento de los favoritos y la muerte fácil, brutalmente fácil de la gente sin nombre.

En siete días hubo 51 muertos. Habló Juan Pablo Schiavi. Dijo que los 51 aplastados entre hierros y desidia murieron por esa cultura argentina de viajar en el primero y segundo vagón y elegir morirse en masa, por esa costumbre de viajar masivamente a trabajar en días hábiles, por ese empeño en no viajar en los feriados y morirse mucho menos. Habló –escribió- Nilda Garré. Para decir que Lucas viajaba en lugar prohibido. Como viajan todos los días centenares de miles hacinados, colgados del techo, del estribo, sentados en las ventanillas, aferrados a las puertas. Sin que a nadie se le mueva un pelo. Pero a Lucas se le antojó morirse. Y quedarse escondido dos días en el horrible desamparo de la muerte desaparecida. Alimentando la esperanza de los únicos que lo buscaban. Sus padres. Solos, desoladamente solos. Solos de la soledad aterradora a la que condena el Estado. Lucas desarmó el rascacielos de naipes. Entre el tercero y el cuarto vagón les arrancó los disfraces y los dejó ineptos, viles, insensibles. Les cantó despacito hoy no hay pilares que sostengan, bendiciones ni estrategias. Y se acabó el cuento que nos cuentan por las noches para dormir un rato y al otro día saltar a la nada. Al riesgo de la muerte sólo por buscar la vida. Un pedacito de vida en paz en alguno de estos días.

Entonces la masacre tuvo un nombre. Un nombre y un rostro en medio de la sangre de los anónimos. Y vuelve a nacer y a ser, como cuando nació, veinte años atrás, camino de transformación, semilla de nueva vida. Rebeldía con rostro, con nombre, con música propia entre la muerte numerosa, pública, anónima. La inmolación para el cambio, la que suele esperar para parir este país motorizado con tracción a su propia sangre.

Se tenían que morir 51 trabajadores a bordo de un tren sin frenos a 20 kilómetros por hora, vetusto, con asientos de colectivo, con empresarios enriquecidos por los subsidios del Estado sin invertir un peso en infraestructura, con un sistema ferroviario que fue desguazado en los 90 porque perdía un millón por día y ahora se los subsidia en tres por día con el agravante de que la mayor parte del país es inviable.

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Sesenta años atrás 41 mil kilómetros de vías unían la vastedad de una tierra larga de pueblos perdidos y esperanza en pie. En tres horas y media se llegaba a Rosario en extensos tramos donde se aceleraba hasta los 120 kilómetros – hora. Lo esperaban al tren como a la paloma que asoma en la galera, en los pies de la cordillera y en la planicie desierta. El tren bufaba llegando, con su malhumor ritual, acortaba distancias, unía, abrazaba.

La destrucción se selló definitivamente en los 90. Como un pacto con el mismísimo demonio Carlos Menem firmó el decreto 666/89. La bestia de los mitos bíblicos. La fatalmente terrenal, la que pasó como una topadora por las estructuras vitales del país, por su pensamiento y su cultura. Como una extensión inexorable de los cimientos de la dictadura.

Apenas 20.000 personas trabajan hoy en los ferrocarriles. Andan en trenes que ya no sirven, con vagones de medio siglo de antigüedad, con ventanas rotas, puertas que no se cierran, sobre vías inservibles, trasladando anónimos y desterrados. Que son los únicos que se animan –sin opción- a coquetear con la muerte día a día. El desastre nace de la corrupción, del sistema de subsidios que enriquece al capital privado que sólo busca ganar dinero, de la desinversión descarada. No del aumento sideral de usuarios como han mentido con descaro. Según la inexistente Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), los trenes urbanos en la Argentina trasladaron durante el año 2004 a 4.488.675 usuarios. En 1989, viajaron 11.174.000 pasajeros.

En la orgía de los 90 todos se embriagaron con el vino tinto de la prebenda. La Unión Ferroviaria, en la foto eterna de Pedraza y Menem, se convirtió en empresaria con la concesión del Belgrano cargas. Sus trabajadores fueron despedidos en masa como parte de los 180 mil que fueron confinados a la tristeza infinita, a la ventanita del kiosco, al remís y al futuro mutilado.

Mariano Ferreyra tenía, hace un año y medio, tres más que Lucas. Cortaba una vía derruida junto a los trabajadores ninguneados por el empresario sindical que los tercerizaba con una mano y con la otra les palmeaba la espalda con el estatuto. En una coreografía perfecta, la policía federal se abrió, miró de reojo y dejó pasar a la mano de obra dura del sindicato. Un balazo en el pecho le hizo saltar el corazón a pedazos. Como un cristal en la tormenta. Como un piedra que se estrella en el entrecejo del poder.

Pedraza bajó de la foto emblema de los 90. Y se subió, esposado, a la imagen de la caída de un sistema que tiembla por los pies. Al que Mariano y Lucas le espolearon los tobillos. Y lo dejaron tambaleante, borracho en su propia inequidad.

Hoy no hay pilares que sostengan, bendiciones ni estrategias, canta Lucas. Y Mariano aplaude mientras se rasca la barba. A la espera de la nueva vida que viene.

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Argentina: Derechos humanos y contaminación minera y educativa en la era K (Parte II)

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

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Con el profesor y periodista Juan Carlos Sánchez conversamos sobre los derechos humanos K, la megaminería de cielo abierto, la educación publica y privada y la tarea urgente de educar apostando a la formación "integral" de sujetos libres y solidarios.


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Argentina: Falsos dilemas de la “cuestión minera”

Javier Garin (INFOSUR)

El autor del “Manual Popular de Derechos Humanos” representa a los vecinos de Andalgalá en el amparo ambiental contra Agua Rica.

Como abogado de los vecinos de Andalgalá, Catamarca, que se oponen a la Megamina de Agua Rica, recojo la invitación formulada por la señora Presidenta de debatir la cuestión minera. La oportunidad es propicia, ya que se cumplen dos años de la feroz represión que sufrió la gente de Andalgalá por orden del gobernador radical Brizuela del Moral, y ahora se teme que -pese a haber cambiado las autoridades provinciales- vuelva a producirse otra. Aclaro mi condición de militante kirchnerista a fin de que no se me sospeche de intencionalidades aviesas o animosidad contra la actual gobernadora.

Para debatir con seriedad, conviene dejar a un lado deformaciones -intencionadas o no- que circulan en la discusión pública, disipando falsos dilemas.

1) Nadie se opone a la minería sino a la megaminería depredatoria.

Los pueblos cordilleranos no estan en lucha debido a una “irracional oposición a la minería y al desarrollo”, como piensan algunos, o a la “interferencia de agitadores foráneos”, sino por motivos legítimos y serios. Muchos de estos pueblos, como Andalgalá, tienen una tradición minera secular, y a nadie se le ocurre que haya que abolir la minería en general, como a nadie se le ocurre que se deba dejar de cultivar los campos, actividades económicas básicas. Por tanto, quédense tranquilos los mineros de Olavarría o de Río Turbio: la cosa no va contra ellos.

La oposición es a la MEGAMINERÍA A CIELO ABIERTO DE ALTO IMPACTO EN CERCANIAS DE LAS CIUDADES O DE SUS FUENTES DE AGUA, que llevan adelante las multinacionales aplicando metodologías restringidas en sus países de origen, y que amenazan con desertificar y destruir el entorno donde estos pueblos se asientan desde antiguo.

Andalgalá es una ciudad de 20.000 habitantes ubicada en el oeste catamarqueño, segunda en importancia luego de San Fernando. Los pobladores viven de actividades tradicionales de agricultura, minería, comercio, turismo, administración. La vida es tranquila y el entorno hermoso, ya que se encuentra ubicada al pie del Nevado del Aconquija, declarado santuario natural por la carta orgánica municipal. Justamente en el Nevado, a sólo 17 km de la ciudad y a 3200 metros de altitud, se intentó establecer una megamina -Agua Rica- cuyas dimensiones se estiman en tres veces las de Bajo La Alumbrera, y su vida útil en 24 años. Este megaemprendimiento, proyectado por una multinacional al amparo de la legislación sancionada por el menemismo -que permite que se lleven al extranjero las riquezas obtenidas con muy poco beneficio proporcional para el erario-, fue evaluado por un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional del Tucumán (la cual, dicho sea de paso, es claramente prominera y no está manejada por “locos ambientalistas”), y resultó que tenía serios inconvenientes para el medio ambiente y la salud de los andalgalenses. Por la ubicación de la mina y su escombrera en las nacientes del río Andalgalá, en zona de inestabilidad geológica, se determinó que había posibilidades ciertas de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas con residuos tóxicos, contaminación crítica de la atmósfera por la suspensión de partículas producto de las detonaciones masivas, contaminación visual del paisaje, contaminación auditiva y vibraciones, y peor aún, riesgo de avalanchas y desplazamientos masivos de material sobre la ciudad que podía quedar tapada de barro y piedras (como de hecho ha ocurrido en varios lugares del mundo). El minero de Olavarría puede ridiculizar el reclamo de los andalgalenses porque no es él quien corre el riesgo de perder su casa, sus propiedades, su salud y su trabajo a causa de un emprendimiento tan peligroso y tan mal ubicado.

Incluso se llegó a proyectar, en el delirio de los megaemprendimientos, la explotación de un yacimiento conocido como Pilciao 16, el cual se encuentra situado … ¡en el subsuelo mismo de la ciudad del Andalgalá! ¿Cómo se haría? Echando a los habitantes y pagándoles una misérrima indemnización. Oponerse a esto es para algunos oponerse al “progreso”.

La megaminería se basa en la búsqueda de partículas minerales dispersas en grandes masas montañosas y no en vetas o yacimientos concentrados. Para ello las multinacionales desarrollaron un procedimiento consistente en la voladura y triturado de cerros enteros, detonando toneladas de explosivos por día. Los restos se someten a una “sopa tóxica” para separar los metales, la cual insume millones de litros de agua diarios y requiere la aplicación de productos químicos altamente venenosos. En zonas de fallas geológicas como la de Agua Rica hay riesgos de filtraciones al subsuelo. El agua requerida se extraería de las reservas acuíferas que tienen más de diez mil años de antigüedad y que son el reaseguro futuro de las poblaciones de la zona, la cual se caracteriza por su extrema aridez. Las partículas en suspensión en el aire pueden producir cáncer y otras enfermedades respiratorias. Cuando termina sus actividades, la multinacional se retira y deja tierra arrasada. Todo para extraer un metal de valor convencional y suntuario cuyo utilidad industrial es ínfima y cuyas ganacias aprovechan los países de origen. El Parlamento Europeo recomendó prohibir este tipo de megaminería en 2010. Pero los andalgalenses deben ser silenciados porque se oponen al “progreso”. ¿Al progreso de quién?

2) Podemos desarrollarnos sin destruir el entorno.

Otro falso dilema consiste en contraponer el desarrollo al cuidado del medio ambiente. Esto se origina en la experiencia histórica de Europa y Estados Unidos, que llevaron adelante sus procesos de industrialización y desarrollo capitalista, en los tres últimos siglos, con un gran costo ambiental, deteriorando sus riquezas naturales de manera calamitosa. América del Sur -el continente de Naturaleza más rica y biodiversa del mundo- ha comenzado un proceso de desarrollo altamente positivo para sus pueblos, y tiene la ventaja de poder llevarlo adelante aprendiendo de los errores ajenos para no repetirlos. Tenemos la oportunidad histórica de desarrollarnos sin destruir nuestros magníficos bienes naturales. El desarrollo al que pueden y deben aspirar nuestros pueblos implica la utilización de esos bienes naturales de manera racional y sustentable, sin arrasarlos ni “matar a la gallina de los huevos de oro”, entendiéndolos como un patrimonio que debe ser administrado pensando tambien en las generaciones futuras, para que no se encuentran a su tiempo con un continente devastado. Esto se puede hacer si nuestros pueblos dejan de pensar el desarrollo como una imitación servil de los paradigmas agotados del Primer Mundo. El neodesarrollismo actualmente en boga contiene resabios de pensamiento colonizado que deben ser reexaminados y rediscutidos, ya que no sólo los gobiernos son “gobiernos en disputa”, sino tambien lo son los modelos de desarrollo.

Apoyo fervientemente a los gobiernos populares de América Latina, que obtuvieron grandes logros en muchos terrenos, pero debo advertir que a lo largo de todo el continente asistí al mismo falso conflicto entre desarrollo y protección ambiental. Aún no se comprende muy bien que podemos desarrollarnos sin destruir la Amazonia, sin arrasar las montañas y sin pudrir los ríos, mediante planificación estratégica y racional, intervención y regulación gubernamental que ponga límites a la codicia y al “viva la pepa” de la mal llamada “libertad de mercados“. Ya lo había previsto ese gran visionario que fue Perón, que hace cuarenta años llamaba a proteger los tesoros naturales de América Latina ante la codicia expoliadora. Perón estaba muy preocupado por la sobreexplotación de los recursos a nivel mundial y sostenía que la Humanidad por ese camino no podría transitar mucho tiempo, algo que muchos que se dicen peronistas desconocen.

3) El ambiente sano y equilibrado es un derecho humano fundamental.

Una de las razones de apoyo al kirchnerismo consiste en su política de derechos humanos. Por eso son de esperar del gobierno políticas ambientales más protectoras, sobre todo en materia de megaminería y expansión incontrolada de la frontera agrícola a causa de la sojización. El derecho a un ambiente sano y equilibrado es tambien un derecho humano fundamental, uno de los llamados “derechos de tercera generación”, que se encuentra reconocido en el art. 41 de la Constitución nacional y en instrumentos internacionales. Creo y espero que el Gobierno defenderá tambien este derecho humano sin dejarlo librado a las malas políticas y las necesidades de corto plazo de los gobiernos provinciales.

Los pueblos tiene derecho a desarrollarse y tambien a que este desarrollo sea “sustentable”, es decir, respetuoso del medio ambiente, al que deben preservar y no deteriorar innecesaria o irracionalmente. Ya lo decía Néstor Kirchner en Gualeguaychú, durante el conflicto por las papeleras: “Tenemos que defender nuestras cosas, nuestra gente, nuestra tierra. tenemos que abrazarnos a nuestra bandera y amar a la tierra para poder construir la sociedad que nos merecemos (…) los primeros que deben dar el ejemplo son el presidente, los funcionarios, los gobernadores y los intendentes”

4) No hay que regalar la bandera ambiental a los oportunistas.

Aún frente a los reclamos más legítimos aparecen inevitablemente los opositores oportunistas y los medios monopólicos que, con su hipocresía, pretenden sacar provecho. Pero ello no descalifica per se al reclamo. Es muy tonto atribuirlo todo a la malicia de un multimedios, al extremo de justificar la represión y burlarse de los pueblos cordilleranos. Actuar así, tan neciamente, es ponerse en el preciso lugar donde la oposición quiere que esté el oficialismo, para pegarle mejor. ¿Cómo es que hay algunos compañeros que no lo comprenden? ¿No ven que lo que más ha irritado y descolocado a los opositores fue la capacidad de Néstor y Cristina de estar siempre en sintonía con la gente y no reprimir nunca? Y si alguna política ha sido equivocada, el revisarla no es signo de debilidad sino de inteligencia.

La defensa del medio ambiente no es sólo algo políticamente conveniente. Sobre todo, es un acto de racionalidad previsora a largo plazo y de justicia con los pueblos cordilleranos.

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Argentina: Cuidar los recursos naturales y el ambiente, e impedir el saqueo

Irina Santesteban (LA ARENA)

El desarrollo de emprendimientos mineros a gran escala en varias provincias argentinas, con impacto en el medioambiente y en recursos naturales escasos como el agua potable, es un tema que ha producido fuertes confrontaciones.

En la provincia de La Rioja, el "Proyecto Famatina" surgió en 1999 con la explotación minera, en especial la extracción de oro. La empresa Yacimientos Mineros de La Rioja (Yamiri), que luego fue adquirida por capitales canadienses, fue la primera que comenzó la actividad de exploración y explotación de minerales como el oro y la plata. Luego se asoció con la firma canadiense Barrick Gold, que a su vez había logrado en 2006 la autorización para iniciar tareas de exploración del cordón serrano Famatina, con el objetivo de extraer oro y uranio.

En ese momento, tanto el gobierno municipal como el provincial adoptaron una política a favor del desarrollo de la actividad minera, con el argumento que esto tendría una alta incidencia en el desarrollo local y regional.

Inmediatamente, se organizaron grupos de vecinos defensores del medioambiente, en la llamada Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No, que integran una coalición más amplia denominada Asambleas Riojanas. A través de marchas y cortes de rutas, fueron haciendo visible el reclamo de oponerse a la explotación minera a cielo abierto, y a la utilización de cianuro.

En 2007 fue destituido el gobernador Angel Maza, que fue reemplazado por el vicegobernador Beder Herrera, quien impulsó la ley de prohibición de la minería a cielo abierto con cianuro (Ley 8731). Pero luego de ganar las elecciones y ser erigido gobernador, Beder Herrera renegó de aquellas convicciones, y pasó a ser un firme defensor de la explotación minera.

Liberalidad

El cerro Famatina se encuentra a 277 kilómetros de la ciudad capital, La Rioja, y el agua que se utiliza en esa explotación proviene del río Amarillo, cuyas nacientes se hallan en contacto con el mineral a extraer. Esa agua se utiliza para consumo humano y riego.

Los cortes y marchas de los vecinos que manifiestan en contra de la minería a cielo abierto fueron varias veces reprimidos y algunos de los asambleístas, procesados y detenidos por el juez de Chilecito, Alfredo Ramos.

En 2009 y 2010 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió en sendas oportunidades con empresarios de la Barrick Gold, entre ellos el CEO Peter Munk, y su gobierno ha mantenido la legislación que favorece la actividad minera con beneficios fiscales, tales como la deducción total de sus inversiones para el cómputo del Impuesto a las Ganancias. Semejante liberalidad con estas grandes empresas, no es la misma que se aplica, en cambio, a los trabajadores, que desde hace años le reclaman al gobierno que no se grave al salario con este impuesto. Ni siquiera se logra que se aumente el mínimo no imponible al mismo ritmo que los incrementos salariales.

Sin control

Sobre la producción total de las empresas mineras, las provincias, que son las propietarias de los recursos naturales según la Constitución Nacional de 1994, sólo se quedan con un 3 por ciento. Y esa producción no se establece con control del Estado, sino que es el resultado de una declaración jurada que realiza la empresa.

En La Rioja el gobernador Beder Herrera fue reelecto con el 67,2 por ciento de los votos y en su campaña electoral había ratificado su oposición a la minería a cielo abierto, que lo había llevado a impulsar una ley que prohibía esta explotación, que luego fue rápidamente derogada por él mismo. La misma suerte corrió una norma provincial que promovía la realización de una consulta popular vinculante, para que sea la ciudadanía la que decidiera sobre la explotación minera.

Beder Herrera firmó en 2011, un convenio entre Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE) y Osisko Mining Corporation, para continuar y ampliar la explotación de minerales a cielo abierto.

Cortes

Para impedir esto, los pobladores de Famatina cortaron los accesos en Altos de Carrizal, a principios de enero, con la consigna "El agua es más importante que el oro". La movilización fue aumentando en adhesiones, y el gobierno provincial reprimió esa protesta, con lo que la solidaridad también fue aumentando, incluidos músicos populares como Rally Barrionuevo y León Gieco. El festival de Cosquín fue una caja de resonancia de ese conflicto, así como el suscitado en Belén y Andalgalá, en la vecina provincia de Catamarca, donde también sus pobladores habían sido reprimidos por intentar impedir el paso de los camiones de la empresa minera La Alumbrera.

En contra

Los argumentos del gobernador Beder Herrera son los 200 puestos de trabajo que se crearían en la primera etapa de exploración. Y asegura que, si se llega a la etapa de explotación "serán miles de puestos de trabajo para toda la provincia".

Sin embargo, productores locales riojanos dicen que si el gobierno promoviera políticas de apoyo a la producción local, como pequeñas fábricas de dulces, comercialización de frutas o el turismo local, habría la misma o mayor cantidad de puestos de trabajo.

Por su parte, el intendente de Famatina, Ismael Bordagaray, que tiene una posición favorable al reclamo de los vecinos que se oponen a la megaminería, contradice al gobernador y dice que la empresa minera Osisko ofrecerá sólo 30 puestos de trabajo para famatineños en una primera etapa y luego podrían sumarse 80 vacantes más.

Bordagaray fue duramente interpelado por Héctor Durán Saba, presidente de Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE), socia de Osisko, quien lo acusó de llegar al municipio a través del proyecto político de Beder Herrera, y por eso debería dar "un paso al costado".

Suspendida

Bordagaray se defendió diciendo que hay que interpretar el mensaje de los vecinos.

Finalmente eso fue lo que ocurrió y el gobernador riojano tuvo que demorar el inicio de las actividades de exploración de la empresa Osisko, que debían comenzar el 16 de enero, hasta que se obtenga una "licencia social" para realizarlas.

Luego de una marcha en la capital riojana, que reunió a cerca de diez mil personas frente a la Casa de Gobierno, Beder Herrera prometió que suspendería la actividad minera hasta que pueda explicar las bondades de los proyectos mineros y hasta que la gente no esté de acuerdo. Afirmó, como lo hizo su par catamarqueña, Lucía Corpacci Saadi, que las empresas no usan cianuro ni contaminan.

Argumento

Según la ex secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, eso es mentira. La minería a cielo abierto para la extracción de minerales como el oro o la plata, utiliza el cianuro para la separación del metal de la roca. Para obtener un gramo de oro, se deben pulverizar 400 toneladas de roca y utilizar millones de litros de agua.

Según esta ex funcionaria, La Alumbrera consume 50 millones de litros de agua por día, o sea utiliza en un mes más agua de la que necesita toda la población de Andalgalá para abastecerse en un año.

Picolotti también afirmó, contrariando a los defensores de la minería, que dicen que no hay glaciares ni en Catamarca ni en La Rioja, que en esta última provincia existen cerca de 300 glaciares, que están siendo afectados por la explotación minera.

Lo más grave de esta situación, es que en la mayoría de las poblaciones cercanas a la cordillera y a esas explotaciones mineras, la falta de agua para consumo humano y para otras actividades -agricultura, cría de ganado, etc.- es uno de los mayores problemas que afectan a esos pobladores.

Balanza

El debate sobre la minería debe tomar en cuenta estos elementos, porque toda actividad humana productiva afecta y modifica el medioambiente. Pero no todas las actividades productivas son buenas para una población, y hay que poner en la balanza, en un país donde hay riquezas suficientes -aunque mal distribuidas-, si se justifica la utilización de recursos naturales esenciales como el agua, para la obtención de minerales que no son esenciales para la vida.

Y si esa producción queda en manos de empresas extranjeras, que saquean nuestro suelo, se llevan toda la producción y ofrecen muy pocos beneficios a la zona, entonces con más razón hay que oponerse a estos emprendimientos.

Sólo el Estado debería explotar los recursos naturales, consultando democráticamente a los pobladores de la zona y cuidando el medioambiente, que no es nada más ni nada menos que cuidarnos a quienes vivimos en este suelo.

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Las Malvinas son argentinas y la Argentina también

Luego de su carta pública a David Cámeron, reclamando diálogo ante el legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Adolfo Pérez Esquivel elaboró una nueva carta dirigida al pueblo argentino con la intención de recordar que la soberanía nacional no se limita sólo a las Islas Malvinas.

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El Premio Nobel de la Paz destacó que hay que apoyar al gobierno en el reclamo sobre las Islas Malvinas, porque es una causa nacional y por lo tanto un problema que va más allá del gobierno democrático de turno. “Si fracasa el gobierno, fracasamos todos”.

Pero también recordó que “un país que no tiene capacidad de decidir sobre sus recursos y empresas base, es un país sin soberanía”. Y que “los de afuera” son quienes hoy deciden el curso del país y toman las decisiones, comiéndose a "los de adentro" con voracidad infinita.

Definió a la política que se lleva adelante como un "neoliberalismo aggiornado" basado en la megaminería, los monocultivos, los agro-tóxicos, los desmontes y la extracción y destrucción de los recursos naturales. Remarcando que cuando los movimientos sociales y los pueblos originarios reclaman sus derechos, la respuesta es aplicarles la ley antiterrorista y la represión.

“Por favor pongámonos de acuerdo en algunas cosas básicas: Las Malvinas son Argentinas y la Argentina también”.

El gobierno de Cristina Fernández tiene muchos problemas a resolver. “Es necesario que comience a escuchar la voz del pueblo”.

Se adjunta texto de la carta:
Buenos Aires, 29 de febrero del 2012
Las Malvinas son argentinas y la Argentina también

Los argentinos somos como el tango, protestones, llorones y con más vueltas y firuletes que perro para acostarse. Pareciera que vivimos la angustia existencial de los Siglos XX y XXI- que Discepolín expresa en Cambalache. A pesar de todo no perdimos la ternura, la solidaridad y la capacidad de dar vuelta la tuerca trabada.

Pero nos cuesta sumar voluntades, construir juntos y dialogar, se anteponen las diferencias y la permanente confrontación e intolerancia, de creer que somos los dueños de la verdad.

Terminamos enredados en discusiones interminables, como sobre la guerra de las Malvinas a 30 años, y todo lo que significa para nuestro pueblo. Surgen diferencias sobre la soberanía argentina. Grupos de ex soldados reclaman el reconocimiento de las autoridades. Grupos de intelectuales se manifiestan unos a favor de los kelpers, al derecho de autodeterminación, sin evaluar en qué consiste. Otros, en defensa de la soberanía argentina. Pocos tienen la sabiduría de profundizar en el análisis e historia de nuestro pueblo.

Hace un día, un amigo me dijo- Tienen que ver el Tratado de Torrecillas y allí comprobarán que las Islas Malvinas fueron territorio español y después de la independencia, de Argentina por derecho propio.
Los opositores están en contra de todo lo que hace el gobierno, no importa qué, lo importante es decir no a cualquier decisión, su objetivo es “serrucharle el piso, la silla y el edificio de la Rosada”, con eso les basta para justificar hasta lo injustificable. Así les fue, la falta de ideas y proyectos de país se proyectaron en la derrota electoral.

A esto se suma la situación y problemas en las provincias donde gobernadores, inescrupulosos y feudales, se venden por 30 monedas al mejor postor, a las empresas de la mega-minería, a los terratenientes para los desmontes y los monocultivos.

El gobierno con los miedos acumulados para no irritar a la fiera del Club de París, que reclama el pago de la deuda externa, más los intereses, termina subsidiando a un club que el único deporte que practica es expoliar a los países pobres y beneficiar a los centros financieros internacionales.

A todo esto, lamentablemente se suma el trágico accidente en la estación ferroviaria de Plaza Once, con 51 muertos y más de 700 heridos y aquí se desata la parafernalia de acusaciones. Todos buscan un culpable, no importa quien, es necesario encontrar un chivo expiatorio para que todo siga su curso hacia el tacho de basura y taparlo, para que no huela ha podrido.

La oposición culpa al gobierno, el gobierno a la empresa, la empresa al maquinista, los sindicatos ferroviarios defiende al compañero. Los familiares de las víctimas reclaman el derecho de Verdad y Justicia, quieren saber porqué, ese ser querido que salió de la casa no regresó más. La muerte lo arrebató. Los heridos volverán con el dolor a cuesta y la cicatriz en el alma. ¿Pudo evitarse la tragedia?

El gobierno no oye otra cosa que su ruido de estómago. Es necesario que comience a escuchar la voz del pueblo. No los ruidos. El gobierno de Cristina Fernández tiene muchos problemas a resolver.

Hay que hacer memoria y reconocer que tuvo muchos aciertos. El país logró salir de un pozo jodido de especuladores y empresarios inescrupulosos, que aplicaron, “el terrorismo económico”, vaciando el país, y bancos que estafaron a los ahorristas, empresas que sacaron el dinero del país y cerraron las fabricas, dejando al pueblo acorralado en un estado de indefensión total.

Los trabajadores no se dieron por vencidos, recuperaron las fuentes de trabajo y defendieron las fábricas recuperadas, las asambleas barriales y el trueque.

Tuvimos 5 presidentes de la Nación en una semana, batiendo todos los records del libro Guinness, fue una maratón en el menor tiempo posible, sin moverse del lugar. No fue una tarea fácil salir de la debacle a que llevaron al país. No hay delincuentes presos del terrorismo económico, quienes robaron al pueblo. Pero sí una ley antiterrorista para los movimientos sociales.

Ese vaciamiento y golpe de Estado económico fue posible por la falta de gobernabilidad y proyecto de país, por la complicidad de gobernantes y de un personaje nefasto para el pueblo que estuvo 10 años en el gobierno, quien, para complacer sus relaciones carnales con los EEUU, terminó malversando la soberanía nacional y entregando empresas, recursos y bienes naturales a manos de los capitales extranjeros. La política tiene que sustentarse en valores éticos, sociales, culturales y políticos, caso contrario se transforma en un lodazal podrido con olor a mierda.

Lo mismo pasa en las provincias feudales del país con la minería a cielo abierto, los monocultivos, los agro-tóxicos, la destrucción de los recursos naturales y los desmontes.

Cuando los movimientos sociales y los pueblos originarios reclaman sus derechos, la respuesta es aplicarles la ley antiterrorista y la represión. Por favor pongámonos de acuerdo en algunas cosas básicas:

Las Malvinas son Argentinas y la Argentina también.

El país no tiene soberanía nacional y esa situación la estamos sufriendo. El gobierno pedalea en la bicicleta de piñón fijo, sin poder avanzar y construir nuevos paradigmas de vida para el pueblo. Un país que no tiene capacidad de decidir sobre sus recursos y empresas base, es un país sin soberanía. Los que deciden el curso del país y toman las decisiones son los de afuera, que se comen a los de adentro.

La voracidad es infinita, como las empresas mineras, YPF, el agua, y el triste recuerdo de Aerolíneas Argentinas que fuera desmantelada por IBERIA y que todavía nos duele. Pongámonos de acuerdo, por lo menos en las cosas básicas.

Hay que apoyar al gobierno en el reclamo sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwiches del Sur y asumir el compromiso de continuar la lucha hasta lograrlo, tanto a nivel nacional, internacional y con el apoyo latinoamericano.

Esto va más allá del gobierno democrático de turno, es una causa nacional, no significa ser obsecuente con el gobierno, hay que apoyarlo y luchar para que el país no fracase y recuperar la soberanía nacional. Si fracasa el gobierno, fracasamos todos.

Debemos reclamar al gobierno políticas que permitan recuperar la soberanía nacional, los recursos y bienes naturales, las empresas estratégicas para disponer de la capacidad de decisión soberana. Las redes ferroviarias, con un nuevo diseño en función del desarrollo integral del país y no la estructura actual agro-exportadora heredada de los ingleses, obsoleta y decadente.

El desafío es construir un proyecto de país viable, que hoy no existe, la política que se lleva adelante es el neoliberalismo aggiornado que nos está fagocitando y el clientelismo político que no resuelve el problema de la pobreza y el hambre.

Estos cambios son posibles y debemos superar nuestras limitaciones y apoyar al gobierno en bien del pueblo y tener claro que las Malvinas son Argentinas y la Argentina también. Es el camino de un proyecto nacional y popular, más allá de las palabras y las buenas intenciones.

Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz

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Argentina. Un represor capturado en Pinamar: Se terminaron las vacaciones

REDACCION ROSARIO

El oficial retirado de la policía de Rosario y ex Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Batallón 121 del Ejército, Rodolfo Isaac quién estaba prófugo de la Justicia acusado de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, fue capturado este fin de semana en Pinamar por la gendarmería nacional.

Este martes el represor fue indagado en el Juzgado Federal de Instrucción N° 4 de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque y quedó detenido.

Si bien la información llegó a este medio durante el fin de semana, la constatación oficial vino de la mano de la fiscal federal Mabel Colalongo, quien confirmó a Redacción Rosario la captura del prófugo. La fiscal recordó que el ex policía está imputado por su participación en el grupo de tareas del Batalón de Inteligencia 121 del Ejército que comandó Pascual Guerrieri.

Según informaron fuentes judiciales, durante la indagatoria a la que fue sometido este mediodía, Isaac “no quiso contestar preguntas y habló sólo de lo que a él le dio ganas”, aunque sí reconoció ante Bailaque haber sido contratado por el Batallón 121 durante el año 1975 para dar cursos sobre explosivos.

La patota que operó bajo las órdenes del general Leopoldo Galtieri cuando éste estuvo al frente de la comandancia del Segundo Cuerpo, regenteó entre otros centros clandestinos de detención, la quinta operacional de Fishertón, la Quinta de Funes, la Calamita, la Intermedia, la escuela Magnasco y la Fábrica Militar de Armas.

Tras el primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en Rosario ‒donde se jugaron los crímenes cometidos en la Quinta de Funes‒ varios camaradas de armas de Isaac fueron condenados a prisión perpetua por torturas, secuestro, homicidio y desaparición de 16 jóvenes militantes. Además, en el marco del dispositivo de terror montado alrededor de la Quinta de Funes, los represores se apropiaron de los mellizos que esperaba la embarazada Raquel Negro. Por ese caso también deberá responder ahora el ex prófugo de la justicia.

Isaac no sólo fue identificado por sobrevivientes de centros clandestinos, quienes lo recordaron con su alias “Agustín”, sino que también carga con las acusaciones de otros dos ex integrantes del grupo de tareas como Gustavo Bueno y Eduardo Tucu Costanzo. En su declaración en los años ochentas, Bueno le imputó el secuestro de dos detenidos de la Calamita y el “maltrato” a los cautivos.

Por otra parte el también ex PCI Eduardo Costanzo, señaló ante la justicia Isaac como el autor de los disparos con los que se ultimó en el campo de otro represor ‒La Intermedia, de Juan Amelong‒ a 14 de los 17 secuestrados en la Quinta de Funes.

Tras estar en la lista de los buscados por la justicia durante años ‒junto a su hermano Carlos, que todavía continúa prófugo‒, Rodolfo Isaac finalmente fue apresado por la Gendarmería en su domicilio de Ostende, la paqueta localidad del partido de Pinamar.

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UNICEF: Proceso de urbanización ha excluido a la niñez de los servicios vitales para su desarrollo

CERIGUA

El proceso de urbanización excluye de los servicios vitales a cientos de millones de niños y niñas en las ciudades y los pueblos, reveló el reciente informe “Estado Mundial de la Infancia 2012: Las niñas y los niños en un mundo urbano”, elaborado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El documento, presentado este martes, subraya que una mayor urbanización es inevitable y subraya que dentro de pocos años la mayoría de la niñez crecerá en ciudades grandes y pequeñas y no en las zonas rurales, pues el 60 por ciento de aumento en la población urbana en la actualidad corresponde a infantes.

A decir de Anthony Lake, director ejecutivo de UNICEF, cuando se piensa en la pobreza la imagen que viene a la mente suele ser la de un niño o niña en una aldea rural, pero hoy en día un número cada vez mayor de personas menores de edad que viven en tugurios y barrios marginales se cuentan entre los más vulnerables y desfavorecidos del mundo.

Según Lake, cada día muchos más niños y niñas de las ciudades no tienen acceso a los servicios más básicos, ni gozan del derecho de prosperar y la exclusión que ellos y ellas sufren, especialmente quienes viven en los asentamientos precarios, no sólo les deniega la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial, sino que también priva a las sociedades de los beneficios económicos que supone una población urbana saludable y bien educada.

En todo el mundo las ciudades permiten que muchos infantes disfruten de las ventajas de las escuelas, los terrenos de juego y las clínicas del medio urbano, sin embargo, esas mismas ciudades también son escenario de algunas de las mayores inequidades en materia de salud, educación y oportunidades.

Lake dijo que en numerosas regiones, la infraestructura y los servicios no guardan proporción con el crecimiento urbano y no satisfacen las necesidades básicas de los niños y niñas.

Las familias que viven en condiciones de pobreza a menudo pagan más por servicios de inferior calidad, como en el caso del agua potable que puede costar 50 veces más en los vecindarios pobres donde los residentes se ven obligados a comprarla a proveedores privados, que en los lugares más ricos donde los hogares están conectados directamente a tuberías maestras.

Finalmente, el funcionario de UNICEF subrayó que las privaciones que afronta la niñez en las comunidades urbanas pobres con frecuencia quedan ocultas por los promedios estadísticos, pues estos no distinguen entre los residentes ricos y pobres de las ciudades.

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Llaman en ONU a ilegalizar mutilación genital femenina

PL

Naciones Unidas instó a todos los países a ilegalizar la mutilación genital femenina y advirtió sobre las consecuencias de esa práctica aplicada a 140 millones de mujeres y niñas en todo el mundo.

El tema de la ablación ocupó este martes parte de la segunda jornada de trabajo de la LVI sesión de la Comisión de la ONU sobre el Estatus de la Mujer dedicada este año a las féminas rurales y su función en la erradicación de la pobreza y el hambre.

Todos los Estados miembros de la ONU y las comunidades deben declarar ilegal la mutilación genital por sus efectos dañinos sobre sus víctimas, apuntó la directora del Fondo de Población de Naciones Unidas, Babatunde Osotimehin.

La funcionaria hizo su propuesta junto con la conocida cantante beninesa Angélique Kidjo, quien ostenta el título de Embajadora de Buena Voluntad de Unicef (Fondo de la ONU para la Infancia).

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, unos 92 millones de niñas mayores de 10 años de edad fueron sometidas a la ablación genital, procedimiento que también se registra en algunos países de Oriente Medio y Asia.

No obstante, Osotimehin destacó el crecimiento de la conciencia en contra de esa práctica, gracias a la sensibilidad cultural y al enfoque del problema como una cuestión de derechos humanos.

Dijo que en los últimos tres años, unas ocho mil comunidades del mundo abandonaron ese procedimiento, lo que evidencia los cambios registrados en las normas sociales a favor de la protección de los derechos de sus mujeres y niñas.

Por su parte, la Kidjo consideró que existe poca voluntad política en los dirigentes africanos para luchar contra la mutilación genital femenina e instó a los países a apoyar un proyecto de resolución sobre el tema que será discutido por la Asamblea General de la ONU.

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Autoridades dominicanas niegan construcción de base de Estados Unidos

PL

Autoridades dominicanas negaron que en la isla Saona se construya una base de Estados Unidos y alegaron que allí solo se remodela el destacamento de la Marina de Guerra, construido en 1961.

Tal explicación la ofreció Ernesto Reyna, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a un grupo de periodistas que viajó a Saona para constatar si se desarrollaba o no el cuestionado proyecto.

Ustedes, dijo Reyna, han podido comprobar que lo que vamos a hacer es mejorar la infraestructura del destacamento y se hará sobre pilotes para facilitar la protección del ambiente y la reproducción de especies como la tortuga marina.

Por otra parte, el general Nicolás Cabrera Arias, jefe de la Marina de Guerra, afirmó que el acondicionamiento será realizado con recursos estadounidenses ascendentes a 1,5 millones de dólares que resulta una donación para mejorar las condiciones del puesto de Catuano.

Ese aporte, añadió, es parte de la cooperación bilateral entre ambos países y dentro de las operaciones conjuntas para proteger las aguas territoriales. Trascendió que las labores de restauración comenzarán el mes próximo.

Los moradores de Mano Juan, sin embargo, expresaron a los periodistas sus temores y rechazo ante una posible incursión de soldados estadounidenses en la isla.

Pese a la sorpresiva negación de Reyna, el viceministro de Medio Ambiente, Mayo Rodríguez, informó recientemente que el proyecto de base estadounidense en Saona fue considerado viable por esa cartera, porque no generaría impactos ambientales severos.

Tal iniciativa fue rechazada por la Academia de Ciencias, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Fundación de Estudios Marinos por afectar la soberanía, leyes y convenios internacionales por tratarse de una zona de alta diversidad biológica.

Los que rechazan este plan indican que existen puntos más estratégicos entre Puerto Rico y República Dominicana para ubicar esa base naval como la isla Mona y Desecheo.

Además, los impugnadores del proyecto plantean que la Marina de Guerra dominicana tiene cinco destacamentos en la zona del Parque del Este que podrían ser mejorados para la seguridad marítima, si es ese el objetivo que se persigue con la instalación.

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Guatemala: FAFG encuentra restos óseos en antigua Zona Militar 21

Adán García Véliz (CERIGUA)

Antropólogos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), acompañados por fiscales del Ministerio Público (MP) realizaron excavaciones en las antiguas instalaciones de la Zona Militar 21, de Cobán, Alta Verapaz, donde encontraron osamentas en cuatro fosas comunes.

Se presume que los restos óseos encontrados sean de víctimas del conflicto armado interno, quienes habrían sido llevadas a las instalaciones castrenses; el número exacto de osamentas no se pudo conocer, en virtud de que la actividad se manejó con estricta reserva.

En la actualidad funciona en estas instalaciones el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (CREOMPAZ); además tienen su sede los elementos de la sexta brigada del ejército con sede en Ixcán Playa Grande, que brindan apoyo a las actividades que realiza la Policía Nacional Civil en el departamento.

La exhumación inició a las 11 y finalizó a las 17 horas del pasado lunes, con la presencia de instituciones civiles; se desconoce si la FAFG dará a conocer mayores detalles sobre este proceso.

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México: Jornaleras indígenas, en el abandono institucional

Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)

A pesar de las múltiples denuncias de violación a los Derechos Humanos (DDHH) y laborales de las y los jornaleros migrantes en el país, en el gobierno de Felipe Calderón se agudizó el abandono institucional a esta población, ya que desapareció la “poca atención” que recibían.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con sede en Tlapa, Guerrero, acusó que “es grave que (las y los jornaleros indígenas) no tengan ninguna instancia (de atención)” a la que puedan recurrir.

Al término de la presentación del informe “Migrantes somos y en el camino andamos”, Barrera detalló en entrevista que se han acercado a dependencias como la Secretaría del Trabajo para exponer los casos de violación a los derechos de las y los jornaleros migrantes, pero en vez de actuar –denunció– “ha simulado y hecho imposible que su actuación sea eficaz para defenderlos”, por la complicidad entre empresarios y autoridades.

Esa complicidad representa “un nudo” que impide avanzar a la sociedad civil en la transformación de la realidad, por la falta de voluntad política y de eficacia en la intervención gubernamental, añadió el activista.

De 2006 a la fecha Tlachinollan ha documentado 312 casos de violaciones a los DH y laborales de jornaleras y jornaleros agrícolas, las cuales en su mayoría permanecen impunes.

En Guerrero, dijo Abel Barrera, la situación de “abandono” a la población indígena es semejante: “Son objeto de conmiseración y no de políticas que reviertan su condición de pobreza extrema”.

Guerrero, junto con Chiapas, Oaxaca y Veracruz, son los principales lugares de origen de migrantes internos que salen de sus comunidades marginadas para laborar en los campos de cultivo en Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua, Morelos, en condiciones que vulneran sus derechos laborales y humanos.

Mujeres, 48 por ciento de jornaleras

El informe, elaborado por Tlachinollan, señala que de septiembre de 2010 a enero de 2011 salieron 7 mil 358 jornaleras y jornaleros agrícolas de la zona de la Montaña, en Guerrero, de las que 3 mil 500 eran mujeres; ellas representan cerca de 48 por ciento de las personas migrantes.

Durante la presentación, Victoria Cruz, coordinadora del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló que la migración sigue siendo principalmente familiar, encabezada por los hombres, pero cada vez más mujeres solas migran con sus hijas e hijos.

Agregó que 42 por ciento de las y los jornaleros migrantes tiene menos de 15 años, y 6 por ciento es menor de un año de edad.

En el olvido

La guerrerense Aureliana Díaz, indígena migrante originaria del municipio de Tlapa, migró a Morelos cuando tenía 10 años de edad. Ella y su familia salieron de su comunidad en busca de un ingreso y en el lugar de destino se dedicaron a la cosecha de ejotes. Por cada kilo el patrón les pagaba 50 centavos, relató en la presentación del informe.

Díaz recordó que en una semana su familia recolectaba hasta 300 kilos de ejotes, por los que recibían mil pesos, que sólo les permitían alimentarse. No tenían ningún tipo de prestación, ni acceso a servicios de salud pagados por la empresa.

Ella se casó en Morelos y trabajó ahí junto con su esposo, hasta que él murió en un accidente mientras laboraba. De nuevo, el patrón no apoyó a Aureliana y la mujer tuvo que asumir el costo del traslado del cuerpo de su esposo a Tlapa y los gastos funerarios.

Durante el tiempo que la indígena nahua laboró en la cosecha de ejote, las condiciones de trabajo no mejoraron, por lo que Aureliana decidió volver a Tlapa, donde, dice, “como mujer indígena en la Montaña sufrimos porque no sé leer, ni hablar español bien, pero sufrimos más como jornaleras”.

Abel Barrera indicó que las autoridades carecen de una visión que integre las necesidades de las jornaleras como mujeres indígenas, y terminan repitiendo esquemas que discriminan y no atienden sus necesidades.

En tanto, ellas “dan a luz en los autobuses, o en el Consejo de Jornaleros carecen de atención médica mínima para las mujeres indígenas”, y persiste una ausencia de políticas con enfoque de género para las migrantes agrícolas.

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña emplazó a atender la problemática, ya que sin su apoyo, enfrentar al empresariado es una “derrota anunciada”.

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España: Rajoy ya no se compromete a bajar déficit

ANSA

El presidente español, Mariano Rajoy, eludió hoy comprometerse a bajar el déficit público del 8,5% actual al 4,4% a finales de año, como le pide la Unión Europea (UE).

"Bajaremos el déficit todo lo que podamos", respondió al ser preguntado por la prensa después de que este lunes se conoció que 2011 cerró con un 8,51% de déficit público frente al 6% comprometido con Bruselas.

Rajoy no comentó la posibilidad de que la Comisión Europea (CE) rebaje el objetivo de déficit público para este año. Rebajar el déficit al 4,4% supondría un recorte de más de 30.000 millones de euros después de los cerca de 15.000 millones de gasto recortados en diciembre pasado.

"La situación es difícil", dijo Rajoy como en otras ocasiones y pidió a "todos los españoles que entiendan que las cosas no son fáciles, que tendremos que hacer esfuerzos, pero que tengan la total y absoluta certeza de que de esta situación vamos a salir".

Por su parte el vicepresidente de la CE, el español Joaquín Almunia, dijo que Bruselas no adoptará ninguna decisión sobre el objetivo de déficit español hasta que Madrid no presente el proyecto de presupuestos, que será a primeros de marzo, según ha dicho el gobierno español.

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