viernes, 2 de marzo de 2012

La actualidad internacional y la revolución bolivariana (Parte II)

Norberto Bacher (especial para ARGENPRESS.info)

VI- Luces y sombras latinoamericanas

Es un hecho que la presente crisis ha afectado en mucha menor medida a los países latinoamericanos, al punto que algunos voceros de las burguesías locales y clanes académicos pregonaban en los primeros años del quiebre financiero que las economías de la región estaban “blindadas”.

Esa suerte de discurso omnipotente fue cediendo el paso a pronósticos más cautos y acordes a la realidad de países que en gran medida mantienen serias dependencias de los grandes centros del capitalismo mundial, a pesar que en los últimos años algunos de ellos lograron la diversificación de sus intercambios y algunas mejoras en sus financiamientos, particularmente Brasil, Argentina, Venezuela.

Por caso la CEPAL pronostica para el 2012 un crecimiento global de la región menor al proyectado inicialmente en función del 5 % obtenido el año que termina. Brasil ya anuncia un importante retroceso en el porcentual de su PIB en relación a los años anteriores.

Además la crisis no afecta en la misma medida a todos; aquellos países más directamente ligados a USA se han visto más afectados, a pesar de haber mantenido crecimientos positivos, como México.

El cuadro mundial de una crisis que aún no encuentra vías de resolución, junto a la crisis de hegemonía yanqui, que afianza la tendencia al surgimiento de nuevos bloques en el capitalismo, han actuado como incentivos para decidir a los gobiernos de la región – incluido los más derechistas, como los de Colombia, México, Chile – a acelerar la constitución de una alianza regional, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Sin duda ha sido el acontecimiento político más relevante a nivel regional del último período.

Maniobras de último momento del Departamento de Estado no pudieron evitar el gesto simbólico pero contundente de su lanzamiento en Caracas, lo que agrega una nueva derrota a los fracasos que Washington tuvo en el continente en los últimos años.

Aunque en lo inmediato no es posible que la CELAC sustituya a la agónica OEA y está a distancia sideral de una conjunción definidamente antiimperialista nada indica que, a pesar de la heterogeneidad de fuerzas e intereses que allí confluyen, su existencia será virtual o intrascendente. Todo apunta a lo contrario. Hay evidencias para presumir que su papel político no será anodino.

En principio los países miembros de la nueva alianza asumen como uno de sus ejes fundacionales su comunidad de intereses sociopolíticos, desmarcándose de hecho – aunque sin enunciarlo – de la forma que adoptó la doctrina Monroe en el siglo XX, un panamericanismo abstracto al cual Estados Unidos en sus épocas de esplendor le impuso un contenido concreto, al diseñar la jaula dorada de una diplomacia continental mediante la cual consiguió que las gallinas cohabitaran con el zorro. La comunidad de intereses fundacionales de la CELAC no es sólo enunciativa sino que está soportada sobre bases materiales, que en épocas de crisis la hacen muy atractiva para las burguesías locales: consolidar un mercado común de 600 millones de personas, importante acumulación de capitales en la región por los superávit comerciales registrados en los últimos años, que posibilita crear mecanismos de financiamiento más accesibles que los que imponen el FMI y los centros financieros y – no menor – disponibilidad de materias primas esenciales y escasas, a las cuales se tendrá acceso en mejores condiciones que los países ajenos a la comunidad.

Políticamente la nueva Comunidad surge con un respaldo no menos sólido que su potencial económico, porque tiene atrás el camino de poco más de tres años recorrido por UNASUR, que por un período será de hecho su soporte diplomático y organizativo.

Ese corto tiempo fue suficiente para que UNASUR – que incluye a doce naciones y maneja aproximadamente el 6 % del PIB mundial – haya obtenido logros limitados pero significativos. En el plano político desbaratando los golpes derechistas contra Evo y Correa, en lo económico, acelerando el comercio sur-sur y apuntalando el nacimiento del Banco del Sur y también en el sector de la defensa militar con la estructuración de un Consejo regional que entre otros objetivos se propone una agencia espacial propia y está debatiendo una nueva doctrina para compatibilizar el accionar de los ejércitos nacionales, tema conflictivo y de improbable resolución en el corto plazo, habida cuenta de la supeditación ideológica, técnica y operativa de algunas de estas fuerzas armadas a los yanquis.

Este accionar de UNASUR da señales muy precisas que una de sus orientaciones estratégicas es la conformación de un bloque regional autónomo de los otros centros capitalistas mundiales, con la gravitación económica y política suficiente como para incidir en la nueva situación internacional.

Esta política internacional, que ostensiblemente confronta con la de Washington en la región, no es sorprendente en gobiernos como los de Venezuela, Bolivia y Ecuador, porque es coherente con sus posiciones ideológicas de izquierda y sus orígenes políticos.

En el caso del gobierno bolivariano tampoco son recientes, porque en soledad levantó posiciones definidamente antiimperialistas. Pero recién cuando esa postura consiguió materializarse en un bloque regional, a través de sucesivos acuerdos entre estos gobiernos y los gobiernos reformistas que son pilares del MERCOSUR, especialmente los de Brasil y Argentina, comenzó a obtener resultados prácticos y amplificación geográfica, cuya primera manifestación exitosa fue el entierro del ALCA en 2004.

Estos gobiernos reformistas – aunque nacidos de fuerzas populares e incluso como resultado de graves convulsiones sociales, como el argentino – han asumido las necesidades que la coyuntura de la crisis impone a sus burguesías, las más desarrolladas de la región, con empresas que abarcan ramas muy diversificadas y amplia experiencia exportadora en múltiples mercados. En este sentido, sus propuestas de integración regional apuntan en la dirección que conviene al interés general de esas burguesías y tienen el alcance que les impone la optimización de los negocios de aquellas.

Esta situación se expresa muy claramente en el gobierno de Brasil – con Lula antes y ahora con Dilma – que atrás suyo tiene a una burguesía que elabora planes con más largo alcance que el resto de las burguesías suramericanas.

Parte importante de esa perspectiva de la burguesía brasilera es la creación de una fuerte infraestructura de carreteras y redes ferroviarias que permitan desplazar su producción de la costa atlántica hacia el Pacífico, es decir este-oeste, proyecto que en su momento fue patrocinado por organismos internacionales con la bendición de las multinacionales, conocido como IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana).

Ahora gran parte de esos megaproyectos de estructura vial y ferroviaria, convenientemente actualizados, fueron incorporados a los planes de UNASUR mediante su reciente aprobación en el COSIPAN, Consejo Suramericano de Infraestructuras y Planeamiento. (Gomez Nadal- Otramérica 07/12/11)

Los primeros y grandes beneficiarios de esta cara capitalista de la integración son las sólidas burguesías nativas que tienen posibilidad de utilizarla de escudo protector de la competencia, para ampliar el mundo de sus negocios. Un perfecto testimonio de lo anterior es la omnipresencia de la empresa brasilera Odebrecht en distintos puntos del continente, realizando a través de contratos con los Estados grandes obras de infraestructura, financiadas por el Banco de Desarrollo de su país (BNDES). De allí que esta influyente franja de la burguesía, que no es exclusividad brasilera, no duda en sostener a estos gobiernos reformistas, más de allá de pujas distributivas internas.

Esta misma perspectiva y razones similares explican lo que puede parecer como un giro sorpresivo de los gobiernos de Chile y Colombia, que además de su compromiso ideológico de derecha y sus antecedentes de apañar el fascismo, están ligados a las política de Estados Unidos por múltiples lazos, entre ellos los TLC, que facilita a sus burguesías el acceso al mercado del norte en condiciones preferenciales.

Sin embargo estos gobiernos ahora parecen mostrar tal entusiasmo por los procesos de integración regional que permitió a la actual secretaria de UNASUR, decir recientemente que “Si en el pasado tuvimos una receta que nos impusieron, que fue el consenso de Washington, ahora nosotros creamos nuestro propio paradigma en el Sur y el mundo debe oírlo”. (Gomez Nadal- idem).

En boca de una alta diplomática designada por el presidente Santos esta tibia declaración que busca cierta autonomía del Norte adquiere el carácter de osadía.

No puede explicarse solo como un exceso verbal que encubre el doble discurso siempre presente en los políticos de la derecha. La realidad es que la dinámica de la crisis mundial también empuja a las burguesías de estos países hermanos a no quedar ni aislados ni amarrados al mercado estadounidense en el que saben que serán sacrificados tantas veces como convenga a sus dueños.

La derecha se suma a los nuevos bloques por diversas razones geoestratégicas que incluyen los intercambios regionales, el abastecimiento energético, el control de las fronteras, pero también porque son conscientes que si no levantan un cortafuego contra la crisis, que impida la propagación interior de sus efectos, se podría avivar la llama de la rebelión popular en el marco de complejas situaciones internas de pobreza, desigualdades y represión, particularmente en el caso colombiano, pero ahora también en Chile.

El papel de Brasil ha sido decisivo para que estos gobiernos reaccionarios acepten la creación de UNASUR primero y de la CELAC después, no solo por el peso específico de su economía y de su influencia política en la región, sino porque además comparten en las grandes líneas la misma visión de desarrollo económico, respaldada por sus respectivas burguesías. Esta perspectiva de desarrollo es el segundo aspecto estratégico de los procesos de integración en curso.

Como está ocurriendo desde hace casi veinte años la vía para el crecimiento económico que se viene imponiendo en casi todos los países de la región pasa por la explotación intensiva, capitalista, de los recursos naturales, en base a la utilización de modernas tecnologías que requieren grandes inversiones iniciales. Esta estrategia de crecimiento económico se viene consolidando a través de tres ejes principales: la llamada mega-minería a cielo abierto, lo que en la agricultura se conoce como “revolución verde” y la ampliación extractiva de los recursos energéticos.

La explotación intensiva de la minería en el eje andino, a lo largo de su extensión continental y en todas sus estribaciones, está en curso y en los planes futuros de las grandes multinacionales del ramo – con preeminencia de las canadienses – y sus asociados nativos. Se ha demostrado que la mayor utilización por las nuevas tecnologías de cianuro, siempre riesgoso, el enorme caudal de agua que utilizan y la profunda modificación topográfica que producen, ponen en riesgo el futuro de las poblaciones aledañas.

La notable expansión de las fronteras agrícolas en las fértiles llanuras sudamericanas, en lo sustancial sigue un molde similar al descrito para la megaminería. El alza mundial de precios de los productos agrícolas por su creciente demanda alienta un negocio que deja ganancias que en muchas ocasiones supera la tasa media del mercado.

Su fundamento tecnológico está en el desplazamiento de la agricultura tradicional a un uso intensivo de grandes extensiones de tierras fértiles, con nuevos métodos de siembra, que necesitan una alta mecanización del agro y el uso de semillas genéticamente modificadas, resistentes a plagas y a herbicidas agrotóxicos. Desde el punto de vista económico estos requerimientos tecnológicos necesitan de grandes inversiones de capital que solo están al alcance de burguesías fuertes o grandes pools financieros orientados a esta floreciente rama de producción.

La dependencia tecnológica de este tipo de agricultura de las multinacionales como Cargill, Monsanto, Nidera y otras, que detentan el monopolio de producción y las patentes de los insumos requeridos, terminan de cerrar el círculo económico que conecta a los inversionistas nativos del agronegocio – de fuerte influencia en las economías nacionales – con el capital imperialista.

Los desmontes de reservas boscosas para incorporar nuevas áreas de siembra en busca de ampliar un negocio exitoso, con sus graves consecuencias de alteración climática, modificación topográfica y desplazamiento de poblaciones ancestralmente asentadas en esas regiones, muestran la cara irracional de esta “revolución verde”. Los intereses involucrados alrededor de esta forma de crecimiento se han transformado en una fuerza no desdeñable que explica en buena medida la vocación integradora de sectores poderosos de las burguesías suramericanas. Como más de una vez señaló el presidente Chávez debe entenderse la política a través del “mapa de las mercancías”.

Los sectores capitalistas arriba señalados, que obviamente son beneficiarios inmediatos de esta forma de crecimiento, son los más proclives a traspasar los límites nacionales si forman parte de una misma configuración del terreno. Pueden encontrarse emprendimientos mineros o cultivos de soya de una misma compañía a ambos lados de las líneas demarcatorias de fronteras.

Pero nada garantiza que los buenos negocios de las burguesías latinoamericanas contribuyan al bienestar y la felicidad de sus pueblos y seguramente esa no es su preocupación principal. Hay sobradas experiencias históricas que así lo demuestran. También se benefician los gobiernos de los países donde el PIB se expande en base a esta forma de crecimiento porque las tributaciones impositivas que generan contribuyen, en algunos casos en forma decisiva, a equilibrar las cuentas nacionales, independientemente del signo político del gobierno.

Si bien los gobiernos de derecha protegen y favorecen este tipo de explotaciones mineras y agrícolas porque concilia con los intereses más generales que defienden, los de izquierda, de base popular, tampoco pueden prescindir de las mismas, aunque les impongan formas y montos de contribuciones fiscales más rigurosos y beneficiosos para los Estados.

El recorte de las ganancias empresarias y su distribución social más equitativa no soluciona las distorsiones que ha introducido este modelo de crecimiento. Ni siquiera gobiernos nacidos de grandes movilizaciones de masas, como los de Evo Morales y Correa, pueden prescindir en lo inmediato de los recursos que sus gobiernos reciben de este tipo de explotación, aunque entre en conflicto con su perspectiva ideológica.

No siempre es por claudicación de clase o blandenguería, como pregona cierto radicalismo abstracto. Aquí aparece, una vez más, la siempre difícil tarea para los socialistas que gobiernan de encontrar un puente entre la solución de las necesidades inmediatas del pueblo y la materialización de un programa para transformar las estructuras capitalistas de la sociedad.

Visto en su conjunto la consolidación de este modelo de crecimiento económico a nivel regional, aunque pudiera servir para engrosar el PIB y las cajas fiscales, no conduciría a nuestros países a una mayor soberanía como pretenden algunos discursos seudo-progresistas, sino a lo opuesto.

Primero porque no excluye la asociación con los capitales extranjeros sino que, por el contrario, la presupone. Algunas tendencias políticas se ilusionan con acotar ese riesgo afinando al detalle la letra chica de los contratos en las asociaciones con las empresas multinacionales. Pero los recaudos legales no son más que una delgada línea muy fácil de traspasar, porque la soberanía depende de la orientación general de toda la economía nacional y de la clase social que detente el poder.

En segundo término porque lo que ahora se conoce como “reprimarización” de la economía, significaría para nuestros países un retroceso, bajo modernas formas tecnológicas, al papel primordial de abastecedores de materias primas al capitalismo central, similar al que desde sus orígenes el capitalismo naciente impuso a sus nuevas colonias americanas.

Varios países suramericanos, con Brasil como avanzada, vivieron en los años sesenta ese tipo de deslumbramiento de asociar la noción de mayor soberanía a la del crecimiento del PIB. En aquella época la estrategia de crecimiento propuesta apuntaba a romper el cerco de la monoproducción agroganadera y el subdesarrollo mediante la industrialización, especialmente en la rama metal-mecánica. Para logar este objetivo se desarrollaron desde el Estado políticas económicas y de concertación de clases que facilitaron la radicación de inversiones directas de empresas multinacionales, asociadas en muchos casos a sectores de las burguesías locales. Es decir abrían las puertas a los sectores más dinámicos del capitalismo de entonces sin alterar las viejas estructuras económicas ni de clases.

Los voceros intelectuales de ese plan para insertar nuestros países en las grandes ligas del capitalismo mundial fueron las corrientes llamadas desarrollistas. Si aquellas tenían puestas sus expectativas y su perspectiva estratégica en las esperadas inversiones del hegemónico capitalismo anglosajón, las nuevas versiones de esas viejas teorías, además de proponerse diversificar los ejes productivos, amplían el arco de su búsqueda de inversores, porque enfrentan un imperio en retroceso, un capitalismo fracturado y con otros jugadores de primera línea.

Es conocido que el saldo de aquel período dejó regiones industrializadas, encumbró algunos grupos de la burguesía nativa, potenció el desarrollo desigual en la estructura socio-productiva, agravó el problema de la marginación urbana, acrecentó la descapitalización de nuestros países y la dependencia tecnológica, con sus consecuencias inevitables de mayor subordinación al capital imperialista y mayor empobrecimiento social.

El desquicio que produjeron estas múltiples contradicciones fue un terreno utilizado en los años ochenta por el discurso neoliberal de la derecha contra el “estatismo” de los años precedentes, que ideológicamente prepararon el desembarco en gran escala del capital financiero trasnacional en todo el continente, con sus graves y conocidos efectos sociales.

Una periodista argentina de la sección económica de Clarín desnudó la realidad de lo que está sucediendo citando (se supone textualmente) a un directivo de la CEPAL – donde las concepciones desarrollistas hicieron escuela - quien con ácido humor señaló que “…La buena noticia es que nos estamos conectando de manera cada vez más intensa con el motor de la economía mundial del siglo XXI (es decir China). La mala es que lo estamos haciendo con un modelo exportador similar al del siglo XIX”. (Anahí Abeledo - ieco.Clarín.com-25/04/10)

Este modelo productivo que viene avanzando y que – como se dijo – juega un papel importante en los acuerdos de integración regional, también tiene perjudicados directos, lo cual está provocando graves conflictos sociales en varias regiones de América Latina.

Son las poblaciones afectadas por las actividades de la nueva minería, aquellas que fueron expulsadas de tierras que ancestralmente ocupaban y trabajaban, las que ven desaparecer bosques que desde generaciones pasadas constituían su modo de vida.

Se está asistiendo a una apropiación en gran escala de recursos naturales – tierra, agua, bosques, subsuelo – que durante generaciones dieron sustento a grupos humanos, es decir a una privatización de lo social. Aunque ya se dijo es bueno repetirlo: esto no podría ocurrir sin la participación activa o tolerante de los Estados.

Este despojo forzado, expoliación, que estuvo en las raíces de la acumulación del capitalismo se repite en nuevas circunstancias históricas. Algunos teóricos han denominado acumulación por desposesión a esta nueva expansión de las fronteras del capital, que al concretarla sigue fiel a su pasado, arrasando con las modalidades de vida que no se adapten a sus nuevas necesidades y exigencias.

Los acuerdos regionales, que han registrado avances significativos, no se sostienen solo por la proclamada vocación latinoamericanista de los gobiernos sino en sólidas razones e intereses compartidos, tales como la necesidad de agrupar fuerzas para poner distancia con la potencia yanqui, la coyuntura económica que obliga a un frente común para competir mundialmente y estimula el comercio intrasur.

Para los procesos de transformación social que están en curso en la región y para las fuerzas políticas de izquierda que los encabezan, afianzar estos procesos de integración es de importancia para concretar los objetivos económicos, pero es aún mayor su importancia política, porque representan un escudo protector contra la permanente ofensiva de Washington que deben enfrentar.

Desde el norte no disimulan la intención de aislar a la Revolución Bolivariana primero e inmediatamente a los otros países con gobiernos del mismo signo ideológico, como el paso previo a una intervención directa o indirecta, para acabar con la creciente influencia que sus posiciones antiimperialistas – y ahora socialistas – esparcen en los pueblos latinoamericanos y pasaron a constituirse en un obstáculo mayor para el control yanqui de la región.

Sin embargo no puede desconocerse que estos vínculos asociativos son a la vez un canal de transferencia al interior de las filas revolucionarias de las concepciones reformistas, predominantes en varios gobiernos suramericanos, reforzando a las que inevitablemente surgen en todos los procesos de cambio, que se resisten a una ruptura definitiva con la vieja estructura social.

Es un riesgo que no puede eludirse con el aislacionismo nacional, ni protegerse del mismo mediante una invocación abstracta al ideario socialista, sea del siglo pasado o del presente.

Pero podrá enfrentarse con éxito en la medida que los gobiernos de izquierda y las fuerzas políticas que lo encabezan sean capaces, mediante sus definiciones políticas y sus programas de acción, de despejar la incógnita para acelerar el tránsito del Estado burgués en descomposición, que ahora administran y controlan a medias, a otro en el cual el Estado sea del pueblo, para lo cual se exige que el pueblo sea Estado, que es el programa socialista.

Entre otros aspectos eso exige que la izquierda socialista latinoamericana, en toda su diversidad social e ideológica, debiera, debe obligadamente, deslindar su perspectiva de desarrollo de la que defienden e impulsan, aunque sin proclamarla y sin estridencias, sus socios reformistas de la región y los recién llegados de la derecha.

La precursora Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, ALBA, apunta en esta dirección.

VII- Los pueblos buscan su alba

El desarrollo de un país es ante todo una perspectiva social, es decir una resultante del interés de las clases sociales involucradas en esa empresa. Por eso aunque mal se usa el término modelo, como referencia a la direccionalidad que adopta, no puede confundirse este hecho social con una opción de políticas decididas en forma antojadiza por un grupo de técnicos. En este terreno las voluntades humanas están acotadas y condicionadas por los intereses de clase en juego.

Fueron precisamente los intereses de las burguesías latinoamericanas los que han frustrado durante el siglo pasado el desarrollo soberano de la región, al punto que sigue sin resolverse y sigue siendo centro de los debates actuales.

Sin embargo los gobiernos regionales, que no dejan de hablar del desarrollo ni de participar en esos debates, eluden cualquier intento de balance histórico sobre las causas de tal defección, porque desnudaría la impotencia histórica de una clase. Los gobiernos de derecha no pueden embestir contra las limitaciones de las clases que ellos directamente representan; sería como condenarse a si mismos. Los de matriz reformista se abstienen de hacerlo por necesidad política. Mediante la estratagema de limitar las críticas a las políticas neoliberales de las décadas pasadas, a cuya cuenta cargan toda la deuda social que sigue pesando en nuestros países, ocultan por omisión el fracaso secular de la clase social que mantuvo el monopolio del poder, a través de distintas fracciones y con gobiernos de distintos signos ideológicos.

La razón política de este ocultamiento está a la vista: unos y otros piensan que esa misma burguesía deberá tener un protagonismo central para construir los nuevos caminos del desarrollo y afincan sus planes de negocios en tenerla como socio principal de los proyectos en los cuales afincan su futuro de éxito.

Distinta es la expectativa de una parte significativa de los pueblos suramericanos, que comenzaron este siglo en rebelión contra los efectos de esas políticas neoliberales y buscando alternativas por fuera de los aparatos políticos tradicionales controlados por la burguesía.

De allí emergieron buena parte de las fuerzas políticas de izquierda que ahora gobiernan en Suramérica y están dando renovada vitalidad a la llama antiimperialista y de igualdad social que se encendió en los pueblos hace cincuenta años con la Revolución Cubana, que aunque menguada algunos años – entre otras causas por la brutal represión fascista – nunca pudo ser extinguida y ahora irradia con brillo potenciado, más allá del ámbito continental, lo cual concita ataques de gran parte de la derecha mundial.

Como sucede en todo proceso de transición social, donde de antemano no están cristalizados ni los sectores dirigentes ni el carácter de clase de las fuerzas sociales que lo impulsan, el rumbo definitivo de estos procesos de transformación se está perfilando con el camino que se está recorriendo, más por lo que se hace que por lo que se enuncia.

A pesar que hechos y palabras no siempre marchan con armonía ni por el mismo carril, el socialismo en Latinoamérica dejó de ser bandera de vanguardias y reapareció como una posibilidad real, tangible, en el horizonte político de los pueblos de la región.

La extensión de la crisis capitalista facilita el debate de ideas para que sectores más amplios de la población comprendan su ineludible necesidad si quieren mantener las conquistas sociales del pasado, consolidar los avances de esta década y arremeter contra las carencias y la pobreza aún presentes.

El espejo de la vieja Europa – donde los partidos de la burguesía están borrando derechos sociales que parecían inmovibles – debiera ser aleccionador para los sectores de nuestros pueblos que de diversas formas siguen prisioneros de las políticas del capital.

En primer lugar tendría que ser preocupación central para los trabajadores y asalariados, que forman parte de la cadena de explotación, que con la plusvalía que producen engordan el capital. También debiera estar en la mira de las poblaciones que están sintiendo los rigores de la acumulación capitalista por desposesión, para aquellos que sufren las formas de expoliación de un modo de desarrollo que favorece a buena parte de las burguesías nativas y los grandes capitales extranjeros asociados a ella, como ya se señaló.

Como todo proceso revolucionario es resultado de los intereses de las clases que son perjudicadas por la antigua sociedad y que necesitan acabar con las viejas estructuras, para que las revoluciones ocurran es fundamental que esa alianza de clases se consolide en organización política y social, que permita la disputa por el poder.

En la actual coyuntura histórica es urgente que las fuerzas que en la región asumen el socialismo precisen el carácter de esa alianza, en base a nuestra realidad, escapando a cualquier tentación de imitación dogmática, pero también superando el pragmatismo, que con la crisis de las experiencias socialistas del siglo pasado se adueñó de buena parte del pensamiento revolucionario y se ha transformado en un obstáculo ideológico para reconstruir una perspectiva estratégica de las fuerzas revolucionarias.

El desarrollo del socialismo en nuestro continente es impensable si esa alianza no toma como eje directriz los perjudicados directos del capitalismo de nuestra época. Unir a las masas explotadas con las masas expoliadas a través de programas concretos y políticas específicas es necesario y urgente. Parte inseparable de ese programa de unidad social y política contra el capitalismo deben ser medidas políticas para revertir el acelerado proceso de concentración capitalista de la tierra que se está produciendo en diversas regiones, que muchas veces se entrecruza con el lastre de las viejas estructuras latifundistas que perduran.

Pero la posibilidad de fortalecer temporalmente un arco de alianzas anticapitalistas no se reduce a las fuerzas citadas, aunque esas sean las decisivas. Los tiempos de crisis también empujan a oponerse a las políticas de rapiña de la burguesía, agravadas en esta coyuntura, a grupos sociales que por su naturaleza de clase o por sus limitaciones ideológicas no tienen su perspectiva puesta en el socialismo, pero que viven la concreta amenaza de ser expropiados por las maniobras financieras o de mercado de los grandes grupos económicos.

Contrariamente a los planteos reformistas, que son temerosos o directamente resistentes a plantear la necesidad del socialismo, alegando debilidad de fuerzas sociales o supuesto temor de las masas, la realidad latinoamericana demuestra lo contrario.

El supuesto miedo del pueblo al socialismo, en verdad refleja limitaciones ideológicas o de intereses de quienes lo esgrimen como argumento para justificar una estrategia política afincada en la coexistencia con el capital.

La magnitud de las fuerzas sociales para las cuales es de importancia vital asegurar la continuidad de las actuales transformaciones estructurales que golpean a los intereses de los sectores más fuertes del capital local, a sus socios imperialistas y a sus agentes publicitarios, demuestra que también hay una amplia base social, objetiva, para abrir nuevamente un cauce al socialismo.

Por eso no es imprevisible que la derecha, en sus variadas expresiones, apreste todo su arsenal – político, ideológico y militar – para hacer abortar esa perspectiva, que irrumpió con fuerza en el escenario regional y está haciendo sus primeras experiencias con posibilidad de futuro, aunque todavía no tenga un eje definido de clase y muestre serias debilidades.

Nuevamente, como ocurrió en la ola revolucionaria que siguió a la Revolución Cubana, el socialismo latinoamericano reaparece sin cerrarse en la frontera venezolana que lo restituyó como protagonista político, sino que fluye buscando su territorio natural, que es todo el continente. Son por demás conocidas las razones históricas y sociales para que sea así, razones tan poderosas que pueden torcer el brazo a los esfuerzos divisionistas del imperialismo yanqui y las fuerzas reaccionarias.

El desarrollo del ALBA – nacida como un gesto político de audacia de dos direcciones revolucionarias, la de Fidel y Chávez – es la expresión actual e institucionalizada de esa tendencia histórica, que no está ni expresada ni fue absorbida por los acuerdos de integración más amplios que surgieron posteriormente, UNASUR y CELAC.

Por primera vez en la historia del continente se está dando pasos que no fueron posibles en aquella época de alzamientos revolucionarios. Se logró constituir una alianza entre gobiernos de izquierda, que busca ampliarse hacia los movimientos y organizaciones sociales y que tiene en su horizonte el socialismo, aunque por el momento esa visión se centralice en la mutua solidaridad entre países pobres, para contrarrestar las presiones que sobre sus economías ejerce el mercado capitalista. En el marco del complejo panorama regional la ALBA tiene luces propias. Más por la precisa definición de su acción política, declaradamente antiimperialista y concretamente antiyanqui, que por su genérica adscripción socialista.

También porque abrió nuevos rumbos para las relaciones económicas entre los países miembros, que aunque son incipientes marcan una dirección no mercantilista, creando mecanismos novedosos para el comercio multilateral, como el SUCRE, que cuestiona la inevitable sujeción al dólar en ese terreno.

Con la extensión de los acuerdos solidarios de ALBA a otros campos que trascienden lo económico, como salud y educación, también se crean precedentes firmes para un debate de profundo contenido ideológico, sobre las posibilidades y formas de acuerdos cooperativos en la región, que además de examinar su efectividad práctica, siente las bases conceptuales para una unidad socialista de los pueblos, que ahora parece lejana.

La Alianza es una herramienta que en lo inmediato puede contribuir a la estabilidad de sus gobiernos, que enfrentan la solución de serios desafíos sociales en el marco de la crisis capitalista, que obviamente es una amenaza a sus economías.

Uno de los aspectos resaltantes de los recientes acuerdos de Caracas apuntan hacia ese fortalecimiento económico, poniendo en marcha planes productivos comunes, de rápida ejecución y que produzcan beneficios tangibles para sus pueblos.

El otro aspecto, no menos importante, son los contenidos políticos de esos mismos acuerdos de la Alianza Bolivariana de los Pueblos. Mediante sus resoluciones ratificó que es el único bloque regional con una posición antiimperialista definida, por lo tanto es el primero que está en la línea de fuego del imperialismo yanqui y sus socios regionales.

De allí que su futuro inmediato está condicionado a seguir ganando las batallas políticas que aseguren la continuidad de los gobiernos de izquierda que le dan sustento a esa orientación estratégica y a la profundización de los cambios sociales que se comprometieron a realizar.

Para asegurar esos triunfos, que por un período histórico deberán disputarse en la arena electoral, donde el complejo entramado de la burguesía lleva ventaja desde el inicio, la izquierda que busca consolidar el socialismo, especialmente la que tiene la responsabilidad de gobierno, además de definir su programa consolidando una real alianza de clases anticapitalista, tendrá la responsabilidad de reimpulsar la ola de movilizaciones populares que hace pocos años le abrieron el espacio que hoy ocupan.

Si se logra afianzar esa perspectiva en la praxis de los militantes y de las organizaciones nacidas en este período habrá llegado el momento en el cual el ALBA se subsumirá en un alba mayor, el de los pueblos latinoamericanos revolucionados.

VIII- La gran batalla

La próxima gran batalla política es el 7 de octubre. Nacional por su forma: el comandante Chávez va por su tercer mandato presidencial y su enésima ratificación popular. Profundamente continental por su contenido político: aunque inimitable, la Revolución Bolivariana abrió el rumbo estratégico a los procesos de transformación social en Suramérica y sigue siendo su columna principal. Ese día el voto venezolano también decide si afianzará ese rumbo y sus ecos retumbarán en toda la geografía política de la región.

Dicho está: el imperialismo empezó hace tiempo a prepararse para esta batalla, desplegando a escala internacional toda su potencia para torcer el rumbo, a veces con sutileza, a veces con torpes embestidas. Los protagonistas locales de la derecha juegan dentro de esa estrategia imperial, por la condición burguesa de sus liderazgos, la de sus financistas y porque fuera de ella carecen de proyecto propio. Aunque ahora tratan de ocultarlo, mutando el lenguaje de la descalificación al pueblo que vota por Chávez a uno rebuscado y vacío, que busca un imposible encubrimiento de los intereses reales que se enfrentarán ese día.

La contrarrevolución juega su carta al resentimiento de clase y a la confusión individual, descalificando el terreno conquistado estos años por el esfuerzo colectivo. La revolución apuesta la suya a los avances en la conciencia del pueblo organizado, que le permitirá discernir críticamente los logros fundamentales de las muchas falencias de la burocracia estatal.

La contrarrevolución habla de construir un futuro nebuloso porque necesita olvidar el pasado lejano y sus derrotas cercanas; está obligada a enterrar la historia en la memoria popular o negársela a los más jóvenes, que son muchos y votan. La revolución necesita rescatarla, a través del largo camino de las luchas populares, de las rebeliones de antes de Chávez y la de abril de 2002, que lo restituyó; a recuperar su espíritu, ahora como defensa de la idea socialista, del programa concreto de gobierno, de la estrategia contra el capital y de la conducción política del Comandante.

La contrarrevolución seguirá diciendo que es mayoría, por necesidad electoral antes de octubre y para gritar que hubo fraude después. La revolución no puede perder tiempo en desdecirla, ni esfuerzo publicitario en demostrar lo contrario, ni limitarse a confiar en la rutina de campaña para ganar, que es posible – como muestran las encuestas y la aritmética electoral – pero riesgoso y sobre todo, políticamente insuficiente.

La revolución necesita primero romper la trampa que se prepara, con la contundencia inapelable del voto por el camino trazado del socialismo, para dar un salto cualitativo después.

No es fácil. Hay que combatir más las debilidades propias que prevenirse de las fortalezas enemigas. Pero las revoluciones existen mientras hagan posible lo imposible.

Examinar y luchar contra esas debilidades es el mejor camino para tener en octubre el triunfo necesario y suficiente. Ocultarlas, con el pretexto de no dar argumentos al enemigo de clase, en realidad es una forma de alimentar su propaganda insidiosa para que sumen votos. Además es una tarea estéril, porque la derecha tiene desplegado – no de ahora – legiones de espías y escribas, escudriñando cualquier posible error del gobierno y cualquier flaqueza de sus seguidores. El ocultamiento es una deformación que socava las revoluciones bajo cualquier circunstancia. No está en la conducta política que Chávez exige y en la que practica. Hay sobradas muestras públicas de sus autocríticas y de desnudar errores de su entorno cercano.

Es la burguesía quien ha impuesto el ocultamiento en la cultura dominante y por esa vía se cuela en las filas de la Revolución. Esa clase lo utiliza en gran escala como parte de su rutina cotidiana, desde sus negocios privados hasta las políticas públicas que proponen y los partidos políticos que la expresan han hecho del ejercicio del doble discurso la forma más perversa de ocultar al pueblo lo que en verdad defienden. El doble discurso está en el centro de la campaña electoral que sus asesores diseñaron para el reciente candidato presidencial de la derecha venezolana.

Para cosechar los votos que lo impongan, necesita ocultar su programa real: vuelta al mercado no regulado del dinero y las mercancías, desmantelar el extenso sector estatal de la economía, ilegalizar las aún débiles estructuras del poder popular. Está obligado a disfrazar esa política neoliberal mediante promesas de mantener los logros sociales de estos años, porque los nuevos valores sembrados por la Revolución Bolivariana han penetrado en el pueblo y no serán erradicados con facilidad.

Quien no oculta ni maquilla su propuesta y su programa es Chávez. Recientemente dijo en la ex Angostura que es radicalmente de izquierda, radicalmente revolucionario, radicalmente antiimperialista, radicalmente socialista. Políticamente esta proclama puede interpretarse de modos diversos. Pero desde la ética revolucionaria no deja lugar para ninguna ambigüedad: del lado de la Revolución no hay lugar para emboscadas al pueblo mediante el doble discurso. Esto pone una distancia insalvable entre el candidato del capital y el que el pueblo en revolución consagró como su líder.

La distancia no es sólo entre personalidades, que en este caso es abismal. Es mayor aún entre el concepto de la política que cada uno levanta, la que existe entre política burguesa y política revolucionaria.

Para la revolución objetivos y medios para lograrlos son inseparables. En este caso el socialismo en la economía no sólo es fin, sino también camino para asegurar la democracia en la política. Para consolidar una democracia sustantiva, no sólo aparente, que es el programa bolivariano asentado como texto constitucional. Simón Rodríguez ya había intuido esa relación, recurriendo al pensamiento social de su época, llamado utópico. Mucho después, Rosa Luxemburgo con su potente pensamiento marxista volvió a explicar la dialéctica que existe entre socialismo y democracia: el uno no existe sin el otro y a la inversa. El programa de la Revolución Bolivariana se propone hacer realidad esa perspectiva.

Por el contrario, el candidato de la derecha reduce su publicidad a un catálogo de ofertas. Deja en el limbo las vías que utilizará para conseguir los fines que propone a los electores porque no piensa cumplirlos, porque en verdad son otros, que la crisis capitalista y el desarrollo de la conciencia política del pueblo le impiden exponer sin arriesgarse a una catástrofe política. Por caso, el empleo de calidad y para la mayoría, que utiliza como un señuelo para atrapar el voto juvenil, se da de patadas con la defensa del libre mercado que defiende y unifica a todo el arco de la contrarrevolución.

El mismo ocultamiento asoma en las demás propuestas de la derecha y en el discurso que las acompaña. Transitan por idéntico andarivel de duplicidad e inconsistencia gelatinosa. Con su lenguaje llano el pueblo las denomina guabinosas. Justamente algunos de los guabinosos que en el pasado acamparon del lado bolivariano, ahora son charlatanes de la derecha, temerosos de una revolución que avanzó más allá de lo que conviene a sus intereses particulares.

La coherencia y la consecuencia entre fines y medios están en la base ética que exigen los procesos revolucionarios y forma parte de su programa político. La radicalidad que proclamó Chávez no sólo es deslinde programático con la derecha, sino que también debe ser una guía de acción para afrontar las debilidades propias del campo revolucionario, que conspiran contra el triunfo electoral de octubre.

En primer lugar para recuperar rápidamente la capacidad de movilización popular. No es que haya desaparecido ni sirve como patrón de comparación que siga superando a la que demuestra la derecha, que por cierto no es demasiada. Pero es insuficiente para garantizar que el triunfo de octubre tenga la magnitud que necesita la Revolución. La Revolución Bolivariana debe recuperar su propia historia, que está fresca, la de abril de 2002, la de 2004, cuando hubo que ratificar al Presidente y las bases populares se anticipaban a cualquier iniciativa del aparato organizativo, porque se sintieron amenazadas por la reacción. En síntesis, cuando una gran parte del pueblo se transformó en militante.

En esto no hay secretos ni recetas. Como ocurrió en aquellas circunstancias el paso previo e indispensable para retomar ese camino es la comprensión individual del sentido más profundo de lo que está en disputa. Por eso todas las fuerzas de la Revolución y cada uno de sus militantes sociales y políticos deben transformarse en promotores políticos de un amplio debate popular cuyo contenido debe ser el combate de octubre.

En el avance político que en los últimos años realizaron grandes sectores del pueblo está el acumulado que hace posible este objetivo. Pero no será realizable si no se rectifican las causas más profundas que llevaron a esta situación de relativa desmovilización. Tampoco en esto hay secretos. Con maliciosa intención la derecha trata de usarla llevando agua para su molino: difunde en la opinión pública que una parte del pueblo ya le dio la espalda a Chávez.

La repolitización propuesta al PSUV por el Comandante Chávez hace más de un año, tras el avance institucional de la derecha en las elecciones a diputados de 2010, apuntaban a revertir esta situación porque es una grave contradicción, probablemente la más importante dentro de las filas de la Revolución. En el momento en el cual se intenta avanzar hacia el socialismo es imposible hacerlo sin la intervención activa y cotidiana del pueblo.

Aquella orientación de Chávez no se concretó, o al menos no con la profundidad requerida. Sigue pendiente por claras limitaciones políticas del PSUV, que buscó el camino a través de sucesivas reorganizaciones, antes que la del debate político interno, abriendo el espacio a la crítica, que está en la médula de toda revolución, si quiere consolidarse.

Aunque el pueblo en todo este período participó políticamente en forma activa, no es quién genera y orienta la política. La misma surge principalmente desde las instancias del Estado y las instituciones, donde permanecen en gran medida atrincherados las concepciones y personajes más cercanos a las ideas de una vieja república burguesa que de la participación directa y protagónica.

Esta forma de “institucionalizar” la política revolucionaria se transformó en un factor objetivo de desaliento y confusión, porque el pueblo espera respuestas de un Estado que no las da, o cuando llegan es mal y tarde, porque aún está lejos de ser el Estado revolucionario.

Pero como a la vez, es ese mismo Estado quien convoca a movilizarse tras los objetivos revolucionarios, se estable una confusión con el partido, con el resultado que darle la espalda a la movilización se ha transformado en una forma pasiva de protesta contra las ineficiencias del Estado y la prepotencia de muchos de sus funcionarios, incluso algunos que llegaron con el voto popular.

En un proceso de masas como la Revolución Bolivariana todas las formas de organización son buenas, con la única condición que ayuden a canalizar las iniciativas populares espontáneas, las estimulen y no las sofoquen, con el pretexto de alinearlas atrás de cierto liderazgos, que pretenden capitalizar el esfuerzo colectivo para un posicionamiento político personal o de grupo, como vino ocurriendo en los últimos años.

En esta razón debe buscarse buena parte del retraimiento de sectores populares, que no abandonaron su adhesión a Chávez, pero ponen distancia con las estructuras estatales y políticas, que ni las consultan ni respetan su voluntad. Ese retraimiento, transformado en abstencionismo electoral, como ocurrió en el último período es la carta más fuerte que tiene la derecha y es a la que apuesta. Como todo proceso revolucionario, que tiene ascensos y reflujos, también la Revolución Bolivariana siente los efectos de esas fluctuaciones. El afianzamiento y evidente mejora de la gestión del gobierno central de los últimos años, que la derecha está obligada a calumniar porque es su única carta, tuvo como contraparte el retroceso de la movilización de las bases populares por las razones señaladas. Esto favoreció el auge de tendencias más conservadoras dentro de las filas de la Revolución, muchas de las cuales confunden la necesidad de acumulación de fuerza social, de la consolidación de alianzas de las clases revolucionarias y la construcción de hegemonía, con un gradualismo exasperante, que se justifica con lenguaje y categorías gramscianas.

Pero esa actitud posterga peligrosamente los puntos de ruptura con el poder burgués, que todavía predomina en muchos niveles del Estado. Toda revolución verdadera exige esos saltos y su postergación, ignorando que las revoluciones tienen sus tiempos, desalienta al pueblo dándole más oportunidad a la contrarrevolución.

Pero también cabe responsabilidad a la militancia revolucionaria que se opone y critica esas tendencias inmovilistas, porque se ha demostrado incapaz o carente de audacia para centralizar sus posiciones en una corriente alternativa que fortalezca la Revolución y las posiciones de vanguardia de Chávez. Con estas fortalezas y estas debilidades se va a la batalla de octubre. Chávez le dio nombre histórico, Carabobo, porque histórica será la trascendencia de su resultado. La iniciativa sigue en manos de la Revolución porque sólo en manos de su militancia está recuperar esa capacidad de movilización popular, retomando el debate político en el seno del pueblo, única forma posible para una acción consciente del mismo.

La iniciativa sigue en manos de la Revolución porque la derecha pretende utilizar el ardid de proclamarse distante de toda ideología y reduce la polémica electoral a un inventario del debe y el haber de la Revolución. En este terreno la década de Revolución lleva ventajas incomparables frente al medio siglo en el cual la burguesía puntofijista, reciclada ahora como Mesa de Unidad Democrática, desparramó miseria a raudales en el pueblo venezolano.

La iniciativa sigue en manos de la Revolución porque el capitalismo que ellos pretenden ni siquiera pueden defenderlo abiertamente, necesitan enmascararlo. La iniciativa sigue en manos de la Revolución porque hay miles de cuadros que no ocupan ni posiciones de gobierno ni tienen privilegios, pero si una historia de lucha de antes de la Revolución Bolivariana y de después de ella, dispuestos a defenderla, a través de la batalla de octubre y en otro terreno si la derecha volviese a desconocer la voluntad popular.

Dos programas políticos se enfrentan. Confrontan dos visiones del mundo, dos perspectivas para Venezuela y para la región. La Revolución Bolivariana tiene la oportunidad de seguir marcando el rumbo para avanzar hacia el socialismo.

Ver también:

Resumen de exposición del 12/11/11 a grupos del Polo Patriótico
Corregido y actualizado Febrero 20 de 2012.

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Británicos sin derechos ni cariño: La historia de los pequeños emigrantes

Mario R. Fernández (especial para ARGENPRESS.info)

Una noche de invierno de hace casi veinte años, regresando de asistir a una conferencia de solidaridad en Calgary -a tres horas en vehículo de la ciudad donde entonces vivía en la provincia de Alberta, Canadá- aprendí algo de la historia de este país gracias a lo que compartió conmigo uno de mis pasajeros. Éramos cuatro los que volvíamos del evento aquel, una pareja de amigos que dejé primero porque vivían en un apartamento cerca del centro de la ciudad y John, un canadiense alto y solo de cerca de sesenta años, que representaba más edad quizás por su aspecto poco cuidado y por los rastros que en él ha dejado una vida difícil y el alcohol.

John ha sido siempre alguien de conversación variada e inteligente, un hombre educado que hacia buen uso de su educación al expresarse. Llegados a donde vivía, nos detuvimos y, recuerdo, le pregunté si esa era su casa. Me contestó que no, que ese era sólo un cuarto de arriendo, que en Canadá nunca había tenido mucho más que eso desde que llegó sólo y de niño a este país a la edad de diez años. Me sorprendió aquello y luego supe más, John había sido casado y luego viudo, tenía dos hijos y había vivido siempre con un grado de disfuncionalidad. Quizás, pienso, esa disfuncionalidad que John traía consigo, parte de su historia de crecer abandonado y generalmente maltratado por los adultos a su alrededor, pero principalmente preguntándose la razón por la que sus padres lo habían abandonado. La historia de John es típica entre los niños que como él llegaron a este país desde el Reino Unido -niños solos los llamados “pequeños inmigrantes”-. John no habla demasiado de su historia, quizás porque es muy desgarradora o porque aún él mismo tiene muchas preguntas sin respuesta, heridas abiertas incluso en John a los sesenta años y más.
La historia de John no es única, es la historia de 100 mil niños y niñas que desde 1869 hasta 1967 arribaron a Canadá a través de un programa vergonzante del Imperio Británico, el programa de los niños inmigrantes se llama en inglés “Home Children,” o los niños de casa. Todos niños pobres, quitados a sus padres o abandonados por estos por no poderlos alimentar, eran también, gracias al programa macabro abandonados por su país, entonces una potencia importante el Imperio Británico. Se trató de una verdadera deportación masiva de los ciudadanos más vulnerables del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Fue además un programa único, quizás, en la historia, programa por el que un país fuerza a emigrar a sus niños pobres a lugares lejanos, generalmente sin el consentimiento ni el conocimiento de sus padres, y sin supervisar siquiera lo que sucedía con ellos en los países de llegada. Esta “migración forzada,” sin embargo, había comenzado en 1618 con el envío de 100 niños desde Londres a Richmond, Virginia -entonces colonia británica y hoy un estado de los Estados Unidos-. Es con este precedente histórico que comienza la larga y triste historia de casi cuatrocientos años de tráfico de niños, que afecta a cerca de 140.000 niños y niñas británicos de entre tres y catorce años de edad. En verdad no hay una cifra exacta pero si aproximaciones cercanas. Características comunes a la mayoría de estos niños son la pobreza y haber vivido en un orfanato. Los envíos regulares de niños a través de un programa institucionalizado comienzan a partir de 1869 y los envíos fueron principalmente a Canadá, Nueva Zelandia, Australia, Zimbabwe (lo que fuera entonces Rhodesia) y Africa del Sur.

La iniciadora del programa fue Annie Macpherson, una mujer joven, cristiana evangélica, que en 1865 comenzó un proyecto al lado este de la ciudad de Londres en Inglaterra. Annie no estaba sola, la acompañaban otras mujeres que con ella institucionalizaron la idea de recoger niños y niñas de las calles y de hogares colapsados por la pobreza generalizada de la población (consecuencia del efecto que la revolución industrial tuvo en la mayoría de los habitantes del país al ser una especie de esclavitud informal). La población que vivía tiempos desesperantes de miseria, enfermedades y crimen (se llegó incluso al extremo de que la mayoría de los habitantes pobres no alcanzaba a vivir más allá de sus veinte años de edad) no tenía como para alimentar a sus hijos. El proyecto de Annie consistía en crear un hogar (Home of Industry) para niños y niñas donde se les alimentara y albergara y a cambio se les obligaba a trabajar. Pronto Annie llegó a la conclusión de que la verdadera solución para estos niños y niñas era abandonar el país y moverse a otros países que les brindaran supuestamente oportunidades que este no les brindaba. Esta práctica era una práctica conocida en el Reino Unido, y aunque había sido criticada incluso entonces, los críticos eran pocos, una minoría. El programa de Annie Macpherson, que comenzó siendo casas de trabajo para niños, evolucionó hasta transformarse en un programa que desterraba niños y niñas pobres a otros lugares del mundo y los abandonaba prácticamente en el país de llegada. Los menores de edad, indefensos inocentes , eran sometidos, por venir de hogares sin medios, a los peores efectos de ciertos principios occidentales cristianos despóticos que demostraron, una vez más, la capacidad de deshumanización a la que llega, o puede llegar, la ideología absolutista de castigo y opresión que se esconde detrás de supuestos principios cristianos de “beneficencia”.
Para fines de 1870 el programa de Annie Macpherson funcionaba a todo vapor; ya se habían embarcado miles de pequeños emigrantes para Canadá. Annie y Louisa Macpherson, hermanas, habían creado también en Canadá instituciones con las que hacer el intercambio. Muchos de estos pequeños, obligados viajeros, cruzaban el Atlántico aterrorizados de miedo, algunos no alcanzaban los cuatro años de edad, y comenzaban a ser visibles en los puertos de llegada. Era evidente que los menores no tenían la fortaleza necesaria para enfrentar ni la terrible travesía ni el destino de trabajo pesado, de soledad, en esos lugares desconocidos para ellos que les esperaban, ni el abuso. La regulación de los embarques se hizo cotidiana con el tiempo; incluía el costo del viaje en barco, que fue por muchos años de 15 libras esterlinas por cada menor. Los menores recibían un cepillo, una peineta, algo de ropa, y los mayorcitos una biblia y una copia de “The Pilgrim’s Progress” un texto clásico inglés de marcada inspiración cristiana del siglo 17. En Inglaterra el puerto de embarque era Liverpool y en Canadá los puertos de llegada eran Halifax y Montreal; por ese corredor marítimo pasaron más de 100.000 niños y niñas británicos deportados por su país durante un periodo de casi 100 años. Más de 50 organizaciones de caridad y cuidado de menores estuvieron involucradas en el programa que hoy recordamos como “British Home Children”.

Una vez en suelo canadiense los hermanos eran sistemáticamente separados, los niños eran enviados a trabajar con granjeros generalmente pobres y las niñas eran enviadas a casas de familia donde cumplían duras tareas de servicio doméstico. Estaban obligados a trabajar hasta la edad de 18 años. Muchos se escapaban, el número exacto no se sabe. Los escapados huían generalmente a los Estados Unidos donde el programa no existía. La mayoría de hermanos y hermanas nunca más se volvían a ver, en parte porque eran separados planeadamente por grandes distancias y por otro porque los patrones adoptivos y las instituciones involucradas les negaban sistemáticamente la información sobre su familia cuando la buscaban. La meta era que los hermanos no se vieran más aunque esto era justamente lo que los hermanos más deseaban, reencontrarse y la mayoría pasó toda su vida en este afán, buscándose y tratando de identificar a padres y familiares, meta que la gran mayoría nunca logró.

Las instituciones británicas y canadienses de caridad y ciudados de niños involucradas en este proyecto lo materializaron con la aprobación, casi total, de los gobiernos de los países involucrados, el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelandia y las colonias africanas. En general, ambas partes, la que enviaba niños y la que los recibía justificaban su acción como una acción “social” y profesaban que trabajaban para asegurarles una mejor vida a estos niños y niñas. Reportaban sobre el número de niños y niñas involucrados en el programa pero no daban mayores detalles al respecto, no hubo preocupación alguna por enterarse sobre el tipo de vida que estos niños y niñas tenían en los lugares de llegada, no hubo seguimiento ni investigación. Tratados como ganado, o como esclavos, simplemente se contaba el número que participaba en el programa.

La vida de los pequeños inmigrantes era, para la mayoría de ellos, un infierno -soledad, exceso de trabajo, abusos físicos, emocionales y sexuales, eran la regla-. Las instituciones que los colocaron en esta situación de extrema vulnerabilidad, sin embargo, no se preocuparon de averiguar nada de esto y menos de denunciarlo, por el contrario hubieron marcados esfuerzos por ocultar toda crítica. Las instituciones funcionaron en la práctica como si se tratara realmente de un verdadero tráfico de niños y niñas, explotados económicamente en Canadá y en otros países de la Commonwealth. Prueba de que los fines de este siniestro proyecto no eran “caritativos” es la realidad que hoy sabemos de que el proceso fue, en miles de casos, totalmente ilegal. Mientras que a los niños se les decía que los padres habían muerto o que no los querían ver, a los padres se les mentía respecto de donde iban sus hijos y la mayoría no tenía idea de que habían sido sacados del país y enviados a Canadá, Nueva Zelandia, Australia en fin. Las instituciones y sus responsables, además, se beneficiaron ganando prestigio y recibiendo prebendas económicas, sobre las espaldas de miles pequeños emigrantes. Se violó directamente la ley de Pobres de Inglaterra (England’s Poor Laws) que otorgaban un beneficio de 12 libras esterlinas por menor para asegurar que los menores abandonados o indigentes tuvieran acceso a las mínimas condiciones de vida.

Encontramos hoy testimonios de las crudas experiencias que los pequeños inmigrantes vivieron, son relatos muy conmovedores que entristecen y que nos llegan generalmente gracias a algunos sobrevivientes y de sus descendientes. Algunos niños y niñas tuvieron suerte, vivieron en hogares mejor tratados donde se los respetaba y eran tratados como niños. Pero muchos fueron víctimas en esta historia y como John se han sentido avergonzados de haber sido abandonados por sus familias y se preguntan cómo puede ser que sus padres los hubiesen entregado a un programa así. Muchos han sufrido pensando que sus padres no los han querido, lo que para un niño es trágico. Los testimonios en biografías, documentos, entrevistas, artículos y documentales hablan de esto. Esta documentación, sin embargo, no es abundante en las bibliotecas públicas de Canadá, sucede en este caso algo similar a lo que sucede con las historias de opresiones y crímenes en contra de organizaciones laborales y políticas de izquierda, se han hecho “invisibles”. Llama la atención, leyendo o escuchando estos testimonios que se culpa generalmente a los abusadores directos pero que se mencione poco la complicidad de la sociedad británica y canadiense y la responsabilidad de los gobiernos que permitieron tan macabro proyecto. Se estima que el 12 por ciento de la población canadiense desciende de aquellos niños británicos, y quizás un porcentaje similar o hasta mayor desciende de los otros niños y niñas canadienses que trabajaron obligatoriamente de sirvientes en el pasado.

Fue Margaret Humphreys, una trabajadora social inglesa, quien en 1987 y después de una extensa investigación denunció el caso de los niños deportados del Reino Unido, poniendo su caso en el tapete. Pasaron los años y un grupo de estos niños ya adultos en Australia se organizaron y exigieron disculpas. Por fin obtuvieron respuesta el 16 de Noviembre del 2009, cuando el Primer Ministro de Australia, Kevin Rudd, se disculpó en el nombre de su nación. Y el 23 de Febrero del año 2010 cuando el Primer Ministro del Reino Unido, Gordon Brown, hizo lo mismo en nombre de su gobierno. Canadá sin embargo no se ha disculpado y cuando fue preguntado sobre esto el Ministro de Inmigración, Jason Kenny, dijo que Canadá no necesitaba disculparse porque el público, en general era, apático sobre el tema. En cambio proclamó el 2010 como el año del “British Home Child”y se emitieron estampillas de correo parte de la conmemoración, sólo en la provincia de Ontario fue más relevante el recordatorio.

En Canadá, como en muchos paises del mundo, la explotación infantil fue común entre 1850 y 1930 y en el caso de las niñas, el trabajo de ellas no era radicalmente diferente al del trabajo de las niñas inmigrantes que llegaban a través del programa de Macpherson desde el Reino Unido. Para 1911 habían poco más de 7 millones de hogares en Canadá y aproximadamente 100.000 sirvientas que trabajaban 16 horas diarias, las niñas no tenían dias libres, las mayores si, trabajaban a cambio de una cama, comida y unos centavos (dineros nominales que casi nunca recibían). Los dueños de esos hogares usaban comúnmente la ridícula y arrogante excusa de que era un privilegio y una oportunidad trabajar para una persona superior como ellos.

Hay otras historias en Canadá que también avergüenzan, como por ejemplo la de los niños y niñas aborígenes que desde las últimas décadas del siglo 19 hasta finales de los 70 del siglo 20, fueron parte de las escuelas residenciales que el gobierno canadiense les impuso para reeducarlos, imponerles el inglés, la fe cristiana y el manejo de trabajar la tierra. También estos menores, cuyos antepasados poblaron estas tierras por miles de años, fueron separados forzosamente de sus familias y obligados a estar internos en las escuelas residenciales manejadas principalmente por la iglesia Católica, pero también por la Anglicana, Presbiteriana, Metodista y otras. Muchos de los 150.000 menores aborígenes (o miembros de las Naciones Originarias) sufrieron abusos sicológicos, físicos y sexuales a manos del personal de esos internados. Unos años atrás el gobierno Federal canadiense creó una Comisión de Verdad y Reconciliación, y el 2006 indemnizó con 2 mil millones de dólares a los sobrevivientes y sus familiares. Hay además demandas más recientes de la comunidad afro-canadiense en la provincia de Nova Scotia, de niños y niñas que también sufrieron similares abusos en el orfanato “Nova Scotia Home for Colored Children,” una institución creada en 1921. No podemos olvidar tampoco a los niños canadienses de padres o abuelos japoneses que sufrieron con sus familias al ser internados en Campos de Concentración (llamados en inglés Japanese Interment Camps) luego de haberles sido confiscados todos sus bienes, bienes que nunca recuperaron por no serles devueltos por el Gobierno de este país que se los apropió simplemente porque pertenecían a personas consideradas bajo sospecha de ser enemigos (durante la Segunda Guerra Mundial) pero que no consideró que el 80 por ciento de estos veintidós mil “prisioneros de guerra” había nacido en Canadá.

Las historias de opresión, explotación y abuso a niños es familiar a occidente. Yo mismo que nací y me crié en un lluvioso pueblo del Sur de América fui testigo de cómo muchos niños pobres eran abandonados, entregados a otras familias, obligados a trabajar y abusados. Y quien puede ignorar lo que sucedió con miles y miles de niños judios, gitanos y de otros grupos étnicos que fueron asesinados y quemados por los odiosos nazis. O quien puede ignorar la historia de los bebés robados a sus madres vivas, y luego asesinadas, en tiempos de la dictadura militar Argentina. O el robo de niños durante el reinado de Franco en España que informó a 300.000 madres que sus hijos habían muerto al nacer y luego los vendió. Todos los días, si prestamos atención, además nos enteramos de nuevos abusos similares, de cómo niños son asesinados durante los bombardeos indiscriminados que occidente efectúa a través de su brazo armado, la OTAN. Antes los crímenes fueron en Corea del Norte, Laos, Cambodia y Vietnam, luego le tocó a Irak y Libia, hoy suceden en Pakistán, Afganistán, Somalía, Gaza. Quizás donde se asesinarán niños mañana. Se violenta sin piedad a niños en las calles de Tegucigalpa (Honduras) y en los campos del sur de Chile se violentan niños Mapuche.

Todo esto continúa sucediendo aunque en las Naciones Unidas se firmaron los derechos del niño, no por eso dejan de existir los países que no cumplen y violan continuamente estos derechos. Pero en Cuba, que estuvo entre los primeros países en ratificar la Convención de los Derechos del Niño el 21 de Agosto de 1991, y de hacer su reporte inicial al Comité de esta Convención en Mayo de 1997, y que ha reportado y monitoreado las metas de los acuerdos de las Naciones Unidas y las ha cumplido todas, es un país asediado por los principales países de occidente –ellos que no cumplen con la Convención pero que son los primeros de hablar de derechos humanos y culpar a Cuba de infringirlos.

Lo irónico es que mientras todos estos abusos y crímenes a menores se materializaban, justamente el Reino Unido, Canadá y todos los países poderosos de Occidente pregonaban la civilización y la moral cristiana, o hablaban en nombre del “mundo libre” y, desde la Segunda Guerra Mundial con el liderazgo de los EEUU, se pregona sobre todo acerca de la democracia –aunque evidentemente estos países occidentales no la han practicado demasiado. Occidente se autoproclama desarrollado o avanzado pero ha continuado produciendo calamidades y crímenes y reproduciendo opresión, y entre los más oprimidos están millones de niños que viven en el resto del mundo y crecientemente viven en occidente mismo también. Entonces, las disculpas de hoy por los abusos de antaño no impide el avance del desarme de los beneficios sociales que permitieron una sociedad menos injusta y opresora en esos mismos países. En todas partes los mismos que por un lado hablan de derechos por otro en la práctica los diezman; estamos siendo testigos de una vuelta al pasado opresivo y si no nos aseguramos de salir a las calles a defender los beneficios que aún existen y de avanzar creando nuevos seremos testigos de nuevos abusos y violaciones.
Bibliografía y Fuentes:
- “Up and Downs, The life story of Nellie Winifred Platt.” Autor Michael Anthony Staples.
- “The Little Immigrants.” Autor Kenneth Bagnell.
- “Childhood Lost: The Story of Canada’s Home Children.” Documental, Directora Donna Davis. Telefilm, Canada.
- “Home Children” Biblioteca y Archivos de Canada (1869-1930). Gobierno de Canada.
- “The Guardian” edición del 16 de noviembre del 2009.
- “BBC News” edición del 24 de enero del 2010.
- “Globe and Mail,” texto por Neil Reynolds, edición del 30 de agosto del 2010.

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Estados Unidos: Súper PAC y elecciones

Alberto Ampuero (especial para ARGENPRESS.info)

¿Hasta qué punto es libre y democrática nuestra sociedad?.

Atendiendo a estándares históricos, es bastante libre. Es democrática en el sentido de que tiene elecciones formales que no están amañadas y todo eso. No son democráticas en cuanto a que hay otras fuerzas, que no tienen nada que ver con lo popular, que afectan de manera determinante a quién puede presentarse a unas elecciones. En este momento, las elecciones en Estados Unidos están básicamente compradas. Se estima que las elecciones de noviembre costarán unos 7,000 millones de dólares, y solo hay un sitio al que acudir en busca de una suma de dinero semejante: a los grupos financistas independientes conocidos como comités de acción política -o súper PAC (por sus siglas en inglés)-.

Esos PAC, creados por la decisión 5-4 Citizens United de la Corte Suprema en enero de 2010, pueden reunir cantidades ilimitadas de dinero de individuos, corporaciones o sindicatos con el propósito de apoyar u oponerse a un candidato político. Aunque por ley los súper PAC no pueden coordinarse directamente con un candidato, en la práctica terminan siendo una extensión de las campañas políticas
Más de 300 súper PAC están registrados ahora en la Comisión Electoral Federal.
Aseguran que 2012 es “el año del gran donante”, cuando la valía de un candidato es proporcional a la cantidad de dinero de su súper PAC. “En esta campaña, cada candidato necesita sus propios multimillonarios”, escribió Jane Mayer en The New Yorker.

Hasta ahora Florida ha resultado ser la batalla campal de los súper PAC. Allí, el súper PAC pro Romney, Restore Our Future, gastó cinco veces más que el súper PAC pro Gingrich, Winning Our Future. Solo en la última semana de la campaña, Romney y sus aliados transmitieron 13,000 anuncios en la televisión en Florida, frente a los 200 para Gingrich.

Los súper PAC fundamentalmente han cambiado la forma en que se dirigen las campañas, prácticamente han abandonado la campaña al menudeo y en la base. Han preferido gastar sus fondos de campaña en la televisión

La influencia de los PAC ya se hizo evidente en noviembre de 2010, cuando de los 53 distritos competitivos de la Cámara los republicanos ganaron en 51.
Por eso la campaña de Obama, que hasta hace poco se oponía firmemente a los súper PAC, repentinamente cedió y declaró su apoyo a un súper PAC pro Obama llamado Priorities USA.

Los archivos de la Comisión Federal de Elecciones revelan que Steven Spielberg ha contribuido con grandes sumas a Priorities USA, y que Harold Simmons, un banquero multimillonario de Texas, le dio al grupo de Gingrich 500,000 dólares, mientras el grupo de Romney está siendo alimentado en gran parte por grandes nombres de la industria de las inversiones

Los nuevos descubrimientos sobre la influencia de los súper PACs están dejando un sabor amargo en algunos activistas del partido opositor. “Esto en realidad es la venta de nuestra democracia al mejor postor”, afirmó el ex candidato presidencial y presidente del Partido Demócrata Howard Dean.

Y es que el dinero generalmente compra elecciones y, sea quien sea el elegido, casi siempre compra influencia.
La mayoría de quienes apoyaron a Obama en las elecciones de 2008 fueron de la industria financiera. Y esperaban que les fuera devuelto el favor. Y se les devolvió. Cuando Obama formó su equipo económico lo hizo casi completamente con gente que en gran parte pertenecía a la industria financiera
Este simple hecho explica por qué los súper millonarios pagan una tasa de impuesto inferior a la de sus secretarias, o por qué EE.UU. es la única nación industrializada sin un sistema de atención sanitaria financiado por los impuestos, o por qué el planeta sigue calentándose a un ritmo sin precedentes mientras no hace nada por combatir el calentamiento global.

En 1905, el presidente Theodore Roosevelt dijo ante el Congreso “Los aportes de las empresas a comités políticos o con cualquier fin político deberían estar prohibidos por ley”. Roosevelt promulgó una ley para prohibir dichas contribuciones en 1907. En 2012, este control del financiamiento de las campañas electorales que tenía 100 años de historia se terminó, gracias a cinco magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos que tomaron la decisión en 2010, en el caso Citizens United, de que las empresas pueden utilizar su dinero para ejercer la libertad de expresión, con el objetivo de influir en las elecciones del país.

Antes de Citizens United, la cantidad máxima que una persona podía donar a un candidato eran 2,500 dólares; un comité de acción política, 5,000; un comité de un partido político, 30,800 dólares. Ahora no existen límites para los súper PAC, y lo que es aún más inquietante,dice Ari Berman, cualquier donante puede hacer una contribución ilimitada a un 501c4, grupos definido por el IRS [Servicio de Impuestos Internos] como “ligas cívicas u organizaciones sin fines de lucro operadas exclusivamente para la promoción del bienestar social”, y para empeorar las cosas, esa contribución se mantendrá eternamente secreta. De esta manera,afirma Berman, la política estadounidense desciende aún más a las tinieblas.

Alberto Ampuero es periodista de Riverside, California.

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Entrevista a Alfredo Grande: Masacre (de Once) es una palabra que hay que sostener frente a toda la hipocresía que habla de accidente

Mario Hernández (especial para ARGENPRESS.info)

MH: Cuando pensé en comunicarme contigo recordaba la entrevista que hicimos en diciembre pasado donde recordábamos el 7º aniversario de la masacre de Cromañón. Personalmente también he calificado de masacre lo sucedido en la estación de Once y veo que también lo ha hecho el Cuerpo de Delegados del Ferrocarril Sarmiento.

AG: Creo que masacre es una palabra que hay que sostener frente a toda la hipocresía que habla de accidente. Hoy la escuché insistir a la Intendente de Rosario. Es siniestro, no sé qué es peor, si el “accidente” o las declaraciones del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, la ministra Nilda Garré, etc.

MH: Verdaderas canalladas.

AG: La verdad que sí. Una de las grandes cosas que se le repudió a Aníbal Ibarra por Cromañón, más allá de no haber previsto el hecho, no quiso verlo, no le dio pelota a los informes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, etc., fue la reacción posterior. Es como si te dijera: Dime cómo reaccionas y te diré quién eres.
Ponele que se hayan tenido que fumar la masacre, como dicen los adolescentes, pero tengan una actitud más digna. Dos días de duelo no me parece tanto, por Mercedes Sosa fueron 3 y además la Presidenta tendría que hablar.

MH: Y el tema de culpar a la víctima como hizo con Lucas la ministra de Seguridad.

AG: Devastador. Ahí nos colocamos en el tema de la batalla cultural. Culpabilizar a la víctima es barrer con la política de Derechos Humanos, de la no discriminación, de la lucha contra la trata, porque van a terminar diciendo que la culpa fue de Marita Verón, aunque no creo que lleguen a tanto.
Le echan la culpa a Lucas por el lugar donde viajaba. Vos podés viajar en un baño, en la cabina del motorman, porque se viaja brutalmente mal en esa línea y en otras. Aunque tuviera un pequeño atisbo de verdad, porque creo que la víctima no es pasiva, hasta llegar a culpabilizarla tenés que haber cortado un montón de cabezas a diestra y siniestra. Tenés que mandarlo a Cirigliano y a Schiavi a viajar en tren durante 2 años. Hay grados de responsabilidad pero nunca podés poner a Lucas en primer plano con la situación desgarradora que implica para la familia haberlo buscado por todos lados.
Es el Estado y el terror. No voy a hablar de terrorismo de Estado pero ¿cómo es esto que si tu hijo llega media hora tarde y tiene el celular apagado entrás en pánico? Hubo una situación parecida a Cromañón de ir de un lado para otro para terminar encontrándolo en la morgue.
El caso de Lucas es siniestro. Lo encontraron donde había quedado después de 2 días.
Escuché un reportaje de la periodista Mona Moncanvillo a un dirigente de La Fraternidad donde estuvieron 20 minutos hablando de los ’90 y Menem. Es como si hablaras de tu primer mujer con la décima. No va. Se supone que los Kirchner vinieron a corregir todo eso y se llenaron la boca diciéndolo. No necesitás ser un experto para darte cuenta del estado de los trenes concesionados.
¿Qué tiene que pasar para poder decir ‘en esto están metiendo la pata’?
MH: Recordaba a la ex detenida desaparecida Adriana Calvo en aquellas jornadas que se realizaron en 2007 en el Hotel Bauen recuperado por sus trabajadores, “Pensar Cromañón”, cuando decía que en Cromañón se violaron los Derechos Humanos porque el Estado no había cumplido con su deber de velar por el respeto al derecho a la vida. El mismo Estado que ahora se presenta como querellante.

AG: Ahí tenemos el cinismo más atroz. Si el Estado es la querella ¿quién es el querellado? Se presenta contra sí mismo. Es un poco el juego del panperonismo: ser oficialismo y oposición, querella y querellado, en realidad, el querellado es el propio Estado. Los Cirigliano no están ahí por casualidad. Recibieron subsidios estatales a reventar. Son concesionarios y vos sabés que ya lo dijo el Gral. Perón: “Todos somos buenos, pero si nos vigilan somos mejores”. Estos empresarios son una bazofia y al no vigilarlos son peores.
Han desmantelado hasta postulados peronistas básicos. Dicen lo mismo que les dijeron a los familiares de Cromañon: le hacen el juego a la derecha, así va a estar contento Mariano Grondona. No sé qué está pasando. Se ha llegado a un nivel tal y lo vengo diciendo desde hace años, desde que empecé a publicar una columna semanal para la agencia Pelota de Trapo (APE), tengo que hacer la lista de amigos que perdí y de otros que empecé a tener. ¿Qué tiene que pasar para que puedas decir ‘en esto están metiendo la pata’?

MH: Una de las consecuencias que ha tenido este crimen es la reapertura de la calle Bartolomé Mitre que estaba cerrada desde la masacre de Cromañón. El gobierno de la Ciudad rápidamente se ha puesto a trabajar en esto argumentando la dificultad que creó la clausura de la calle para permitir asistir con ambulancias a las víctimas de Once. ¿Qué opinión tenés sobre este tema?

AG: El colectivo Cromañón no es homogéneo sobre el tema, de hecho hay muchos familiares que están de acuerdo con la reapertura. Personalmente siempre estuve en contra hasta que me di cuenta que el tema no es si se abre o no, sino si se abre y se lava todo o si se abre y el tema se mantiene presente. Qué van a hacer con el boliche, por ejemplo. También es cierto que el lugar está muy abandonado y por allí no pasa nadie, que resulta difícil hacer una vigilancia del santuario, que los familiares tienen que ir especialmente a cuidarlo, etc.
Creo que si realmente se abre, haciendo una cuenta nueva sin borrar no habría problema, el problema es que estando los que están uno piensa que van a barrer con todo. Dado los años que han pasado y que objetivamente el cierre ha provocado muchos trastornos en una zona que es un verdadero cuello de botella, no me parece mal que se abra, pero habría que ver en qué condiciones.

MH: Diego Santilli, el ministro de Medio Ambiente porteño, aseguró que se va a respetar el santuario sin alterar nada de los recuerdos y homenajes a las víctimas. El tema será controlar muy de cerca que se cumpla.

AG: Estamos de acuerdo. También habría que hacer algo en Once por los 51 fallecidos y los más de 700 heridos.
¿Te acordás cuando el ex Jefe de Gabinete y actual senador, Aníbal Fernández, habló de la izquierda siniestra por los vagones incendiados?

El juego a la derecha se lo hace la pésima gestión ferroviaria
MH: También de la persecución que sufrió el dirigente ferroviario “Pollo” Sobrero por denunciar a estos delincuentes.

AG: Eso es lo que más indigna. Esto no pasó de la nada, pasó sabiendo que iba a pasar y en realidad sucede todos los días en las condiciones que viajamos. ¿Por qué la gente viaja adelante? Parece que Schiavi vive en una nube de tapioca. Es la herencia de la flexibilización laboral, el maldito presentismo. Cuando baja del subte la gente sale disparada.

MH: No es extraño que un ex funcionario macrista piense de ese modo.

AG: Tengo mucha bronca. Cualquier cosa menos anestesiarla. Eso de hacerle el juego a la derecha se les va a terminar volviendo en contra. El juego a la derecha se lo hace la pésima gestión ferroviaria y defender los Derechos Humanos de la boca para afuera pero no en las cosas cotidianas. Vamos a ver quién le está haciendo el juego a la derecha, por lo demás son días muy tristes. Cuando terminé el unipersonal el pasado viernes, necesité decir algo sobre el tema. La función debe continuar pero tiene un alto costo cuando ese día apareció el cuerpo sin vida de Lucas y hubo represión en Once. Algo demencial, parecen radicales por lo mal que están manejando ciertas cuestiones. Cuando las cosas saltan todo el mundo se parece demasiado.

MH: Últimamente, han sucedido una serie de hechos: la protesta contra la megaminería, el Proyecto X de espionaje a los luchadores sociales, la Ley antiterrorista.

AG: Realmente hay casos como el del periodista Horacio Verbitsky que no pensaba que iban a terminar en esta especie de tapadera permanente. La gente curtida no debería sorprenderse, tal vez la sorpresa sea un indicador de juventud.

MH: Para terminar, me enteré que subiste la apuesta con tu unipersonal “Así no es la vida”.

AG: Fue junto con la dirección del teatro. Están conformes y nosotros también, así que vamos a continuar en marzo, todos los viernes a las 23:00 en el teatro SHA.

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¿Tragedia? No, crimen social

CORREPI

El 22 de febrero, en la estación terminal de Once del ferrocarril Sarmiento, se desató el horror que muchos venían denunciando que iba a ocurrir. El choque del tren que dejó como saldo 51 muertos y más de 700 heridos. Los medios caracterizaron como “Tragedia de Once” lo que fue otro crimen social, perpetrado por la triple alianza antiobrera de la patronal, el Estado y la burocracia sindical, con la actuación especial, que nunca falta, de la policía. Mostrando su desprecio por el pueblo, ni siquiera se preocuparon en revisar el tren completamente para constatar que no hubiera más víctimas atrapadas, lo que, de todos modos, no impidió que la ministra de seguridad Nilda Garré los felicitara por las tareas de rescate.

Cuando se desencadenó la furia popular, luego de que finalmente se encontrara el cuerpo sin vida de Lucas Menghini Rey, desaparecido por casi tres días, la represión no se hizo esperar, ya que para ello sí son expertos. Desalojaron con gases lacrimógenos y palazos a todos los que estaban en la estación expresando su bronca, la bronca que siente el pueblo, que es el que siempre pone los muertos.

Cualquiera que viaje regularmente en los trenes urbanos de Buenos Aires, sobre todo los de la línea Sarmiento, puede dar fe del estrado desastroso en el que están las formaciones, donde millones de personas todos los días viajan hacinadas. La empresa que tiene la concesión, TBA, hoy intervenida, recibe desde hace años subsidios millonarios. Nada invierten, los trenes son el material sobrante y obsoleto que descarta Europa y acá el grupo Cirigliano los presenta como si fueran el lujo y el confort.

Las denuncias de los trabajadores ferroviarios sobre el estado de las formaciones, las vías, la mala señalización y un largo etcétera, sólo tienen como respuestas la persecución y la represión, como el caso del Pollo Sobrero, encarcelado por orden del gobierno, o los tercerizados de la línea Roca, reprimidos por la burocracia asesina de Pedraza, hoy procesado por el asesinato de Mariano Ferreyra.

El actor infaltable en esto que parece una película de terror, pero que es la realidad que padece el pueblo, es el Estado. Lo primero que hubo que tolerar fue la bochornosa conferencia de prensa del secretario de transporte, Juan Pablo Schiavi, que pretendió echarle la culpa a los trabajadores que viajaban en el tren por estar en los primeros vagones, y banalizó el asunto, asegurando que si hubiese ocurrido el día anterior, que fue feriado, no hubiese sido tan grave. Luego le tocó el turno a Nilda Garré, a quien parece que el destino le jugó una mala pasada al día siguiente que felicitara a la policía y los bomberos por las tareas de rescate.

Ninguno se hace cargo, y no sólo eso, sino que el Estado se presentó pretendiendo ser querellante en la causa, como si fuera otra víctima, y no uno de los victimarios, con la clara intención de entorpecer la investigación, que, de todos modos, sabemos que no va a llegar hasta todos los culpables, sino que, como siempre, tratará de cortar el hilo por lo más delgado. Se cambiará algún engranaje prescindible y la maquinaria seguirá andando, como los trenes de la línea Sarmiento.

No debemos confundirnos y debemos llamar a las cosas por su nombre: este fue un crimen social. La empresa se dedica a robar sistemáticamente al pueblo, en asociación con el Estado, que no controla y participa del reparto del botín, junto con la burocracia sindical, que en lugar de representar a los trabajadores, aplican la represión que el Estado terceriza a través de ellos. Total, la vida de los trabajadores que viajan y de los trabajadores del tren, es prescindible para este sistema.

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Del maltrato a la muerte

Alejandro Olmos Gaona (INFOSUR)

Lo ocurrido en la estación de Once, no puede calificárselo como un accidente sino que es el producto de falta de control ejercitado por el Gobierno.

Resulta un verdadero equívoco referirse a lo ocurrido en la estación de trenes de Once como un accidente, ya que esta palabra define hechos imprevisibles e incontrolables, que pueden suceder inesperadamente, y lo que allí ocurrió es producto de la forma de operar del concesionario, el ningún control ejercido por el Poder Ejecutivo que tiene la obligación legal del supervisar el sistema ferroviario, y la falta de una política nacional que recupere este medio de transporte de la depredación de que fue objeto durante la década del 90.

Sin perjuicio de referirnos en otra nota a las diferentes concesiones que operan el sistema, queremos referirnos a un socio privilegiado del gobierno, la empresa Cometrans –de la familia Cirigliano- que además de manejar TBA, tiene una importante influencia en las otras líneas de ferrocarril, en los subterráneos, siendo además propietaria de Grupo Plaza, todos los cuales reciben considerables subsidios por parte del gobierno nacional.

Cometrans S.A. –vinculada sospechosamente al ex Secretario de Transporte Ricardo Jaime, tiene el 77% de las acciones de TBA, el 38% de las acciones de Metrovías, el 40% de las acciones de Opportrans (metro de Rio de Janeiro), el 100% de las acciones del grupo Plaza (líneas 36, 61, 62, 104, 114, 124, 133, 140, 141, 142, 553). Además tiene compañías de seguros, Tatsa S.A. (carrocerías de buses) Emfersa S.A. (material ferroviario), todo lo cual forma parte del negocio global de los ferrocarriles, ya que las reparaciones son facturadas a precios discrecionales.

Además posee el 33% de las acciones de la UGOFE (Unidad de Gestión Operativa de Emergencia) que controla el Ferrocarril Roca y Belgrano Sur. Pero además como UGOFE, también está integrada por Metrovías, el verdadero control es de Cometrans.

Ante la falta de controles estatales, TBA (Cometrans) se apoderó de material ferroviario de propiedad del Estado y vendió: maquinarias, tornos, raíles, boguies, durmientes, metales diversos, material de rezado, vagones completos. Un ejemplo claro es lo ocurrido en el taller de Victoria (Pcia. de Buenos Aires), que fue prácticamente desintegrado

En reiteradas oportunidades TBA compró materiales que facturó al Estado con sobreprecios que llegaron al 4000% como la renovación y puesta a punto de material rodante y parque tractor de origen japonés. Grifos de bronce con un valor de mercado de $ 3.45, fueron facturados al Estado a 138 pesos, y estos son unos pocos ejemplos de toda una manera de su sistema operativo. Los costos de mantenimiento que debió asumir por contrato, fueron contabilizados como inversiones para inflar su capital operativo.

Desde el año 1996 hasta el 2010 se pueden contabilizar 1685 accidentes en la línea Mitre y 2593 en la Sarmiento, que dejaron 1425 heridos en las dos líneas y 2747 muertos. Todo ello por un deficitario funcionamiento de la estructura operativa: falta de funcionamiento de señales, problemas en los cruces, falta de inversión en la estructura ferroviaria.

La Auditoría General de la Nación en un informe del año 2003, señalaba respecto a TBA

a) falta de mantenimiento en la totalidad de la estructura operacional

b) No proporcionar respuestas técnicas a la CNRT

c) deficiencia en mantenimiento de vías

d) deficitario mantenimiento de las estaciones que forman el Mitre y Sarmiento

e) No realiza reparaciones detectadas por la CNRT

f) Disminución de personal afectado al mantenimiento

g) incumplimiento del mantenimiento de los bienes dados en concesión.

En el último informe del año 2010 la Auditoría General de la Nación señalaba que:

a) que las distintas resoluciones de la Secretaría de Transporte se apartan de lo establecido en los contratos y permiten una contratación directa, autorizándose simultáneamente que efectúen subcontrataciones.

b) No hay estimación de costos reales, ya que se realiza sobre la base de lo que aporta el concesionario, además de lo que significa en cuanto a los subsidios que se otorgan.

Es descomunal el monto de subsidios que recibe el grupo Cirigliano, a través de Metrovías, TBA, y los colectivos del grupo Plaza.

Respecto al funcionamiento del UGOFE (Metrovías-Cometrans) la Auditoría recientemente determinó que:

a) existe un acotado riesgo empresario, indemnidad a favor del operador, ausencia de régimen de penalidades y sujeción de retribución a ingresos entre los que se cuentan los gastos de explotación.

b) En lo que hace al procedimiento aplicado por el operador para llevar a cabo la contratación de obras y servicios, y trabajos de mantenimiento, éste no garantiza el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, competencia y transparencia.

c) Verificación de la ausencia de precios de referencia

d) convalidación de ofertas con posterioridad a su apertura y falta de correlación entre pagos y certificaciones.

e) presupuestos que no resultan acordes con las necesidades del servicio.

Todas las observaciones de la Auditoría General de la Nación, no han sido materia de medida alguna por parte de la autoridad de control.

Como un ejemplo de la ausencia de una política eficiente por parte del gobierno, y la irresponsabilidad, cuando no la complicidad de la Secretaría de Transporte en el control del funcionamiento del sistema ferroviario, transcribimos a continuación el listado de informes realizados por la Auditoría General de la Nación mostrando las deficiencias operativas de los distintos ferrocarriles, sin que ninguna autoridad haya hecho nada al respecto

1) 23 24/04/2002 - Metropolitano Roca-
2) 84 23/08/2002 - Metrovías-
3) 92 05/09/2002 - T.B.A.-
4) 64 23/05/2003 - Metropolitano Roca-
5) 201 19/12/2003 - T.B.A.-
6) 13 10/03/2004 - . Metropolitano. San Martín-
7) 14 10/03/2004 - Metropolitano Belgrano Sur-
8) 104 21/09/2004 - Ferrovías-
9) 144 05/11/2004 - Metrovías-
10) 104 06/10/2005 - Calidad de los servicios-
11) 78 01/06/2006 - Metrovías-
12) 82 05/06/2006 - Subsidios. -Sifer y Sistau-
13) 50 10/05/2007 - C.N.R.T. -Contrataciones-
14) 58 23/05/2007 - UGOFE -San Martín-
15) 23 12/03/2008 - T.B.A.-
16) 208 03/12/2008 - Subsidios. – Sifer y Sistau-
17) 206 13/11/2009 - Subsidios. – Obras.-

Debido a inspecciones realizadas personalmente junto a sus colaboradores, donde se realizaron verificaciones diversas y filmaciones en distintas estaciones de las diversas líneas del ferrocarril, el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, promovió en el 2006 acción judicial contra las empresas concesionarias del servicio ferroviario de transporte de pasajeros del área metropolitana: FERROVIAS S.A.C; TRENES DE BUENOS AIRES (TBA) ; TRANSPORTES METROPOLITANOS S.A. – Gral. Roca – ; UNIDAD DE GESTION OPERATIVA S.A. (UGOFE S.A. – Línea San Martín), por los reiterados y sistemáticos incumplimientos que generan situaciones de flagrantes violaciones a los derechos humanos que padecen los millones de usuarios de este servicio público, que tienen que utilizar diariamente un transporte prestado en pésimas condiciones, incluso en algunos casos con grave riesgo para la vida de las personas.

La Defensoría Nacional desde el año 2002 venía realizando un seguimiento permanente de este servicio público, y realizó reiteradas Recomendaciones con el objetivo de producir mejoras en el transporte, mostrando que de los relevamientos efectuados (año 2002, 2003, 2004 y 2005) se pudieron constatar un deterioro progresivo, sostenido y continuo tanto de las instalaciones como del servicio en sí.

En el año 2005 se llevaron a cabo tres verificaciones (mayo, junio y julio) en las estaciones ferroviarias de los ramales: Retiro – Pilar (UGOFE S.A., Línea San Martín); Constitución – La Plata y Constitución – Ezeiza (METROPOLITANO S.A., Gral. Roca); Once – Moreno (Sarmiento) y Retiro – José León Suárez (Mitre) de la empresa TBA S.A. ; Retiro – Villa Rosa (FERROVIAS S.A., Ferrocarril Belgrano Norte) quedando en evidencia el deficiente servicio que se presta y las múltiples falencias que presenta . De estos relevamientos se acompañaron pruebas a la Justicia de material fotográfico y fílmico obtenido por la propia Defensoría como también videos de programas televisivos que se ocuparon del tema. La justicia no adoptó ninguna medida fundamental, ni investigó la cuestión como hubiera sido su deber, y el deterioro del sistema siguió avanzando y los accidentes continuaron su progresión indetenible.

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