miércoles, 7 de marzo de 2012

Tensión Irán-Israel y el margen ambivalente de paz o guerra

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

La intervención militar en Irán para detener su desarrollo nuclear entra de lleno como tema en el proceso electoral para elegir el futuro presidente en Estados Unidos.

Israel considera indispensable esta opción para asegurar la paz antes que sea demasiado tarde. Esta postura cuenta con un considerable apoyo de los gobiernos conservadores de Europa mientras un renuente Barack Obama es presionado justo en un año electoral por si acaso da el brazo a torcer.

¿Qué es tarde o temprano en una elección para la que falta poco más de medio año?

Independientemente de la validez política o moral de la empresa, hay que reconocer que es una apuesta maestra, jugada en el límite y que de resultar estaríamos frente a otro milagro en la línea de la supervivencia israelita.

Este “destape” en el proceso eleccionario ha sido principalmente obra del lobby israelí en Estados Unidos, particularmente del AIPAC o Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos.

El 78% del voto judío en la elección presidencial de 2008 estuvo con Barack Obama y se considera que sin una adhesión similar por el efecto multiplicador de este voto, Obama corre el riesgo de un triunfo con margen muy estrecho a pesar del escaso carisma de sus contendores.

El conservadurismo estadounidense también necesitaba de un lamparazo mediático promoviendo una intervención militar reivindicando su pedigrí de política exterior belicosa.

Es en el espacio de ambigüedad entre la paz y la guerra, donde ambos líderes, Obama y Netanyahu que se encontraron en Washington esta semana, representan la moderación frente a las fuerzas extremas en ambas naciones que insisten en la opción militar.

“Para la paz haz la guerra”, es el antiquísimo aforismo que representa una escuela de pensamiento que no ha cedido honores.

Es así que la lectura de las decisiones que inciden en las acciones internacionales de los países se hace cada vez más compleja. En general, cuando una cuestión emerge como crítica el tema real es otro. Parte de esta complejidad responde a que los Estados no han reconstituido su rol de gobernar distendidos de la presión que significó operar bajo una cultura de guerra fría cuyo eje es la supremacía con respaldo del poder bélico y si es nuclear todavía mejor.

La dimensión de los efectos de esta forma de competir no se ha evaluado y el establishment decretó el fin de la guerra fría como si fuera otra tecnología más y no un elemento arraigado en el espacio amplio y liminal de la política. Las relaciones internacionales fueron objeto de esta distorsión y el conflicto entre Irán e Israel ilustra perfectamente ese clima de la cultura de la supremacía.

La política exterior como objeto de discusión estaba dormida en esta elección, con un énfasis en el empleo y la economía, mientras la inestabilidad en el mundo Árabe aparecía tímidamente.

Las energías se guardaban para la tensión Irán-Israel que de pronto comienza postergar temas como la guerra en Afganistán, el retiro de tropas en Irak y el conflicto palestino-israelí.

Estas tensiones han sido probadamente mucho más complejas y de alta ramificación política que el conflicto encasillado en el poderío bélico nuclear de Irán, que de todas formas encubre el tema principal: derrocar un régimen clerical autónomo que en lo esencial perturba la supremacía occidental.

A Barack Obama, aunque sea para ganar una elección, no le calza vestirse con ropa de guerrero y defrauda a muchos de sus seguidores. Su discurso sobre democracia y derechos humanos que utiliza para los casos de Siria e Irán, aparece como inconsistente al reafirmar una política que no abandona el eje imperialista de un sistema capitalista asustado por no resolver problemas como la pobreza.

En su áspera prosa del discurso reciente frente a la numerosa audiencia del AIPAC para aplacar los ánimos guerreros, el presidente Barack Obama sin embargo no puede evitar el margen ambivalente de la disyunción esencial: paz o guerra.

Intentó mostrar por una parte, credenciales de halcón de nuevo tipo post guerra fría clásica al no descartar la opción militar (con Irán) y por otra, recuperar el discurso que sedujo a muchos en el mundo al apuntar que “Los anuncios de guerra fortalecen las posiciones extremas en Irán”.

Esta frase podría ser la síntesis de la política exterior de Estados Unidos hacia Irán desde la instauración del gobierno clerical en 1979. El peso de esa frase demuestra lo equivocado de la política de la amenaza permanente, que no es más que guerra fría pura.

¿Cuál es el Obama de verdad? ¿El que queremos, o el que realmente no es? Esta historia la conocemos. La política es una al comentarla y otra muy diferente al hacerla.

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Ecuador: ¿Medios públicos o empresas públicas?

Guillermo Navarro Jiménez (especial para ARGENPRESS.info)

El Secretario Nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, según información difundida en Ecuador en vivo, el miércoles 22 de febrero del 2012, habría cuestionado el contenido del proyecto de Ley de Comunicación, mencionado que: "al parecer los asambleístas de Movimiento PAIS fueron sometidos a fuertes presiones y de alguna manera algunos legisladores cedieron al momento de redactar esta propuesta que no reconoce a los medios públicos como empresas públicas", por lo que habría agregado que: "Parece que fuera diseñado por medios privados interesados que no existan medios públicos".

Declaraciones que de ser ciertas -duda que cabe en este país en que los medios de comunicación inventan, adjudican y difunden información no confirmada-, inducen necesariamente a un debate que permita reconocer si tales afirmaciones tienen sustento o no, si son o no procedentes. Veamos cuales son los argumentos que nos permiten afirmar que los medios públicos, para ser tales, no deben conformarse como empresas públicas, como parecería se demanda.

1. Crisis política y desarrollo de medios públicos

La crisis política se manifiesta en varios ámbitos, entre los cuales interesan a nuestro análisis la de los partidos políticos y de los medios de comunicación social.

Los partidos políticos perdieron su capacidad instrumental de dominación, puesto que quedo al descubierto, por el desarrollo de la conciencia social, el divorcio entre las ofertas de cambio de campaña y la política real que consolidaba el poder dominante, al que aparentemente cuestionaban. Divorcio que paulatinamente generó condiciones para ejercicios de democracia real cuyos primeros atisbos se observan en el Ecuador desde los años 90, con la insurgencia del movimiento indígena. Democracia real, ejercida por movimientos populares, ciudadanos, que en el Ecuador culminan con el desalojo sucesivo del poder de los Presidentes Bucarám, Mahuad, Gutiérrez, que habían sido elegidos sobre la base de la política de engaño antes puntualizada. Con ello se inicia la era de lo ciudadano, y el fin de la partidocracia.

Los grandes medios de comunicación social privados, dada su dependencia del poder económico que los había creado y controlaba, y del poder político al que debían servir para consolidar el statu quo, y del que se servían para fortalecer el poder de sus propietarios, paulatinamente se convirtieron, tímidamente en un principio y en forma paladina más adelante, en actores políticos obsecuentes con la dominación, tanto por su condición de defensores del poder político instituido como de los intereses que los auspiciaban, siempre escondidos tras una aparente neutralidad, independencia. Los Vera, los Ortiz antes, y hoy la desenfadada campaña que desarrollan los medios de comunicación social que se autocalifican como "independientes" en defensa de sus congéneres, terminan por deslegitimarlos, cuanto más que la estrategia en marcha se apoya en comunes matrices de opinión claramente apreciables por la opinión pública.

La crisis política en los medios de comunicación social, por cierto no se restringe a su deslegitimación política. Ésta se expande y consolida ante los ojos ciudadanos por el deterioro intencional de los productos comunicacionales, los que acuden a la banalización y al amarillismo, en afán de consolidarse como instrumentos ideológicos de la dominación.

La crisis, entonces, a más de descubrir la insurgencia de lo ciudadano, señala también la urgente necesidad de disponer de medios de comunicación social que otorguen voz a los silenciados de siempre, que permitan avanzar a la nación en la consolidación de su unidad en la diversidad, que permitan descubrir la desinformación -información interesada-, de los grandes medios de comunicación social "independientes". Con ello se demanda la constitución de medios públicos, de medios ciudadanos, que rebasen a los medios privados y a los gubernamentales. Pretender, entonces, que los medios de comunicación social que la ciudadanía demanda deban constituirse como empresas públicas que, por las características que de ello se derivaría, en el futuro asumirían iguales características que los medios privados "independientes", tanto por la pérdida de calidad de sus contenidos comunicacionales, como por una cada vez más desembozada acción política que los conduzca a convertirse en medios gubernamentales, en instrumentos del poder político, así se trate de un poder distinto -por su esencia transformadora-, señala lo descaminado de cualquier planteamiento para que los medios públicos se conformen como empresas públicas. Aseveración que se consolida, nos sólo por esta reflexión inicial, sino además por las razones que se exponen en los puntos subsiguientes.

2. Fines de los medios públicos, privados y comunitarios.

En comunicación es habitual diferenciar entre las fines del accionar de los medios públicos, privados y comunitarios, los cuales guardan coherencia con los distintos intereses que mantiene unos y otros. Efectivamente en tanto el fin de los medios públicos es la "rentabilidad cívico cultural" por lo que son entidades sin fines de lucro; el de los medios privados es la "rentabilidad económica", de lo que habitualmente se deriva la pretensión de ser siempre definidos como entidades con fines de lucro; y la de los comunitarios la "rentabilidad social" por lo que igualmente asumen la condición de medios sin fines de lucro.

Diferencias que, en el caso de los medios privados, se profundiza por el entendimiento de que "rentabilidad económica" es sinónimo de lucro, a su vez entendido como mecanismo de acumulación económica personal o empresarial, lo que conduce, entre otras conductas, a la banalización, el sensacionalismo y el amarillismo, como mecanismo para que elevar el precio de los tiempos en la radiodifusión, o de los espacios en los medios impresos; a atender las exigencias comerciales antes que a las comunicacionales, lo que se refleja en: una reducción de la esfera pública (por privilegio de determinadas voces), o a la exclusión de eventos informativos de importancia por favorecer a esos intereses; a una cerrada oposición para que los medios públicos y comunitarios puedan ser partícipes de la publicidad que les permita mantener y cumplir sus misiones; e, inclusive a solicitar se limite la potencia de los medios comunitarios, en claro atentado a la libertad de expresión por irrespeto al principio de universalidad. Pretensiones que no tienen otro objetivo ni razón de ser que crear condiciones para elevar su rentabilidad económica, su lucro, en desmedro de su calidad de servicios públicos.

3. Características de los medios públicos

Para lograr la finalidad antes mencionada, los medios de comunicación social públicos, como lo confirma el estudio que se presenta en el libro "Sistemas públicos de comunicación en el mundo. Experiencias de doce países y el caso brasilero" , seguramente el mejor compendió que ha sido publicado sobre el tema en América Latina, se constata que todos los medios públicos tienen como características las siguientes:

- Son financiados por la sociedad en su conjunto a través del Presupuesto del Estado; por de aportaciones directas de los ciudadanos, por pago de tasas por usuarios de los servicios de radio y televisión; o por aportaciones presupuestales del Estado más otros ingresos provenientes de la venta de productos y publicidad estatal;

- Son controlados por los ciudadanos, puesto que éstos por su condición de financiadores del medios, son, de hecho, propietarios del mismo. Su papel es controlar que el medio cumpla con su misión pública de la mejor manera; y,

- Su objetivo central es la opinión pública, para lo cual difunden información u opiniones, lo más diversas posibles, sobre la cosa pública, sobre asuntos de interés general .

A lo que debemos agregar que para cumplir con sus objetivos los medios públicos deben gozar de autonomía administrativa, financiera, técnica y funcional.

Características todas que no podrían cumplirse de estructurarse los medios de comunicación públicos como empresas públicas, por las razones que se explican en los acápites subsiguientes.
4. Estructura de los medios de comunicación públicos

Las características establecidas en el numeral inmediato anterior, a su vez, determinan la estructura de los medios Públicos, la que se constituye con:

- Un Consejo Ciudadano que a más de instituir la participación ciudadana, define los lineamientos estratégicos de comunicación y controla la aplicación de los mismos;

- Un Consejo Ejecutivo, encargado de la gestión comunicativa y de gestión del medio, bajo los lineamientos establecidos por el Consejo Ciudadano, que cuenta con un Director General de Comunicación, que ejerce la dirección general del medio, lo que asegura la subordinación de lo financiero y administrativo a la comunicación, invirtiendo con ello el orden que prevalece en los medios privados ; y,

- Un Consejo Editorial, bajo cuya responsabilidad se definen los contenidos comunicacionales, estructurado con la participación de personal que labora en el medio, en el área de comunicación.

Estructura funcional que no podría concretarse si los medios públicos se atendrían a las disposiciones de Ley de Empresas Públicas, como se plantea, ya que la Ley de Empresas Públicas, en su artículo 6 dispone que son órganos de dirección y administración el Directorio y la Gerencia General. Estructura que obvia la conformación del Consejo Ciudadano, elemento central de participación, así como al Consejo Editorial, a la vez que dispone la prevalencia de Gerente General sobre las instancias (artículo 11), sobre la Comunicación, con lo que se inscribe en la relación perversa presente en los medios de comunicación social privados, en los cuales predomina los intereses económicos y financieros, lo mercantil sobre lo comunicacional, relación que ha determinado el acelerado deterioro de los productos comunicacionales en los medios de comunicación privados, como quedó dicho.

En el caso del directorio de las empresas públicas creadas por la función ejecutiva establece que se conformará con la Ministra o su delegado quien lo presidirá, el delegado del Presidente de la República y el titular del Secretario Nacional de Planificación o su delegado, estructura que de aplicarse en los medios de comunicación social públicos, a más de eliminar la posibilidad de contar con un Consejo Ciudadano, los convertiría en dependientes de la función ejecutiva y, consecuentemente, en medios gubernamentales, cuanto más que el Gerente General es designado por ese Directorio, en visión claramente economicista, lejana y subordinante de los requerimientos del ejercicio comunicacional.

5. Fines y financiamiento de los medios de comunicación social.

En comunicación es habitual diferenciar entre las fines del accionar de los medios públicos, privados y, comunitarios, los cuales guardan coherencia con los distintos intereses que imponen unos y otros. Efectivamente en tanto el fin de los medios públicos es la "rentabilidad cívico cultural" , que atiende los requerimientos de la opinión pública en esos campos, a través de informarle sobre la cosa pública, los intereses generales y a su desarrollo cultural, entendido en su acepción más amplia, se conforman como entidades sin fines de lucro; la finalidad de los comunitarios es la "rentabilidad social" puesto que su esfuerzo se encamina al desarrollo de las comunidades u organizaciones sociales bajo cuyo auspicio se crean, por lo que igualmente se conforman como medios sin fines de lucro; en tanto que el fin de los medios privados es la "rentabilidad económica", por lo que se asume que deben constituirse como entidades con fines de lucro, aspecto sobre el cual volvemos en el numeral 7.

La finalidad de los medios públicos de comunicación social determina que los medios públicos financian sus actividades a través de aportaciones presupuestales o ciudadanas, y, subsidiariamente con la venta de sus productos comunicacionales, publicidad pública, donaciones y auspicios. En ningún caso acuden a la publicidad privada, como lo demandan los directivos de los medios públicos en construcción (TV Pública, Radio Pública y El Telégrafo), puesto que esta relación genera las prácticas negativas antes mencionadas, las mismas que podrían replicarse en los medios públicos. Salvo que, quienes plantean esa propuesta, consideren que los medios públicos ecuatorianos son inmunes a las graves afectaciones que produce esa relación sobre la calidad de los contenidos comunicacionales, y, consecuentemente, sobre la finalidad "cívico-cultural" que es propia de los medios públicos, como quedó dicho.

Ahora bien si el financiamiento de los medios públicos debe provenir del Presupuesto General del Estado, para evitar, insistiendo, que su acción comunicacional se tenga que supeditar a los condicionamientos que habitualmente imponen los intereses mercantiles o a la necesidad de generar excedentes para auto sustentar las operaciones, es necesario examinar si la propuesta de que los medios de comunicación social públicos se constituyen como empresas públicas, permite cumplir con los presupuestos de financiamiento y destino de los excedentes que los medios públicos requieren, a la luz de la Ley de Empresas Públicas.

La Ley de Empresas Públicas, en el artículo 40 se limita a establecer subsidios para las empresas que se constituyan exclusivamente para la prestación de servicios públicos, en las cuales haya una preeminencia en la búsqueda de rentabilidad social, pero, de ninguna manera dispone el financiamiento total del medio público con recursos presupuestales. A ello se agrega que el remanente de los excedentes luego de las inversiones y reinversiones que se realicen en las empresas públicas al Presupuesto General del Estado. Condición que elimina la autonomía presupuestaria y financiera que es propia de los medios públicos de comunicación social.

En consecuencia, las formas de gestión financiera que determina la Ley de Empresas Públicas, tampoco satisface lo establecido como normas de financiamiento de los medios públicos de comunicación social, por lo que tampoco es dable la constitución de medios públicos bajo la égida de la Ley de Empresas Públicas. Mucho más si se recuerda que la Ley de Empresas Públicas, en el artículo 35, establece la posibilidad de conformar empresas mixtas, incluso con el sector privado. Posibilidad que igualmente impediría se mantenga el tipo de financiamiento que es propio de un medio de comunicación social público, al transformar la forma de propiedad de la sociedad en su conjunto a ésta con un grupo de personas naturales o jurídicas privadas, lo que terminaría con el carácter público de los medios que accediesen a ese tipo de asociaciones.

Por todo ello y a forma de conclusión, es posible sostener que la opción que corresponde a los medios de comunicación social público no es otro que exigir que el financiamiento presupuestal sea suficiente para cubrir todas las operaciones. Lo contrario, el autofinanciamiento, desvirtuará su finalidad y terminará oponiéndose al gran esfuerzo desplegado por los medios públicos en construcción que todos constatamos y felicitamos.

7. Medios sin o con fines de lucro

La pretensión de que los medios públicos autofinancien sus actividades, para lo cual los actuales directivos plantean se acuda incluso a la publicidad privada, conduce el debate a la definición si los medios de comunicación social públicos deben constituirse, al igual que los medios de comunicación privados, como entidades con fines de lucro. Y, a la inversa, si los medios de comunicación privados también pueden definirse como entidades sin fines de lucro.

Al respecto hemos de mencionar que los medios de comunicación social privados consideran que éstos no pueden ni deben calificarse como entidades sin fines de lucro, por considerar que el calificativo de entidades sin fines de lucro se limita a lo público y comunitario. Apreciación que responde a un desconocimiento de las normas ecuatorianas vigentes sobre la materia que señalan, en forma explícita, que las entidades sin fines de lucro pueden ser también instituciones de carácter privado, como lo confirma, por ejemplo, el Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, cuando en el artículo 19 dispone: “Ingresos de instituciones de carácter privado sin fines de lucro.- No estarán sujetos al Impuesto a la Renta los ingresos de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, de: culto religioso; beneficencia; promoción y desarrollo de la mujer, el niño y la familia; cultura; arte; educación; investigación; salud; deportivas; profesionales; gremiales; clasistas; partidos políticos; los de las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas y demás asociaciones de campesinos y pequeños agricultores, legalmente reconocidas, en la parte que no sean distribuidos, siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y cumplan con los deberes formales contemplados en el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno, este Reglamento y demás Leyes y Reglamentos de la República (...)".

Los medios de comunicación social privados igualmente consideran que éstos no pueden ni deben calificarse como entidades sin fines de lucro, por considerar que ello les impediría generar y obtener excedentes por sus servicios. Apreciación igualmente equivocada, por cuanto el concepto sin fines de lucro no es contrario a la rentabilidad, a la obtención de excedentes, como lo confirma la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, cuando dispone que los excedentes que generen al final del ejercicio económico las entidades privadas sin fines de lucro deberán ser invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio, que sus bienes, ingresos y excedentes no deben ser repartidos entre sus socios o miembros sino que deben destinarse exclusivamente al cumplimiento de sus fines específicos, para poder gozar de exenciones tributarias. Texto que permite concluir que la definición de los medios privados como entidades sin fines de lucro no implica una prohibición para obtener excedentes. Sólo crea condiciones apropiadas para romper con la incidencia de los intereses económicos y mercantiles sobre la comunicación, proceso que, por otra parte, se inició ya por el mandato establecido por la Constitución vigente en el artículo 312 , y, por la prohibición establecida en la Consulta Popular de mayo del 2011, al ser aprobada la pregunta 3, por lo que la limitación del proyecto de Ley de Comunicación a la definición de los medios privados de comunicación como entidades sin fines de lucro, circunscrita a lo disposición contenida en la Disposición Transitoria Octava, no es satisfactoria, puesto que ésta definición debería hacerse extensiva a todos los medios privados de comunicación social, lo que demanda una reforma en el artículo 90.

En consecuencia, todos los medios de comunicación social pueden ser calificados como medios sin fines de lucro. Para ello, es necesario que los medios privados reconozcan que el servicio público que prestan, no es un mecanismo más de acumulación económica personal o empresarial. Reconozcan que la aplicación de esa visión ha conducido, como lo reconocen todos los teóricos de la comunicación, a:

- La banalización, el sensacionalismo y el amarillismo, como instrumento para que elevar el precio de los tiempos en la radiodifusión, o de los espacios en los medios impresos;

- Atender las exigencias comerciales antes que a las comunicacionales, lo que se refleja en: una reducción de la esfera pública (por privilegio de determinadas voces), o a la exclusión de eventos informativos de importancia por favorecer a esos intereses;

- Una cerrada oposición para que los medios públicos y comunitarios puedan ser partícipes de la publicidad que les permita mantener y cumplir sus misiones; e,

- Solicitar se limite la potencia de los medios comunitarios, en claro atentado a la libertad de expresión por irrespeto al principio de universalidad.

En forma general si el objetivo que propone el proyecto de Ley de Comunicación es el aportar mejoramiento de la calidad de los productos comunicacionales, conscientes de ello permitirá mejorar la sociedad que construimos, como lo presupone el axioma de Pasquali, todos los tipos de medios de comunicación social: públicos , privados y comunitarios, pueden y deben ser calificados como entidades sin fines de lucro, tanto por así posibilitarlo las normas legales vigentes, como por la necesidad imperiosa de mejorar la calidad del servicio público de comunicación, de acabar con las relaciones que han afectado a la calidad de los productos comunicacionales, realidad inocultable en la comunicación que impera en el Ecuador de nuestros días.

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8 de Marzo, como hace 100 años: Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Ester Kandel (ACTA)

De los registros históricos surge que hubo varias movilizaciones de obreras de la industria textil en Estados Unidos: una de ellas en 1857 y la otra en 1908, esta última en la fábrica Cotton Textile Factory de Nueva York, donde las obreras solicitaban jornada laboral de diez horas, descanso dominical e igual salario por igual trabajo. La respuesta al reclamo fue el incendio en la fábrica y la muerte de las 129 obreras.

En 1910 durante la Segunda Conferencia de Mujeres socialistas, llevada a cabo en Copenhague, Dinamarca, se aceptó la propuesta realizada por la dirigente alemana Clara Zetkin, para conmemorar ese día como Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Estas luchas se daban en el marco de protestas, reclamos y resoluciones, en otros países, que tuvieron un hito en el Congrés International du Ouvrier Socialiste realizado del 12 al 14 de junio de 1889 en París. Participó Alejo Peyret por los “groupes” socialistas de Buenos Aires. Se discutió un programa de reclamos de legislación social en el cual señalaba una de las resoluciones: “Después de afirmar que la emancipación del Trabajo y de la Humanidad no puede salir más que de la acción internacional del proletariado organizado en partido de clase, apoderándose del poder político por la expropiación de la clase capitalista y la apropiación social de los medios de producción capitalistas, que implica la explotación creciente de la clase obrera por la burguesía; que esta explotación, cada día más intensa, tiene por consecuencia la opresión política de la clase obrera, su servidumbre económica y su degeneración física y moral; luchar por todos los medios a su alcance contra una organización social que los aplasta y al mismo tiempo, que amenaza el libre desenvolvimiento de la Humanidad; que por otra parte, se trata ante todo de oponerse a la acción destructora del presente orden económico; decide una legislación protectora y efectiva del trabajo, reclama como base:

• la limitación de la jornada de trabajo a ocho horas;

• la prohibición del trabajo infantil;

• el reposo ininterrumpido de 36 horas;

• igual salario por igual trabajo (trabajo femenino)

Se resuelve consagrar a partir del año siguiente, el 1º de Mayo, jornada de protesta de los trabajadores, en recuerdo de la huelga revolucionaria de Chicago de 1886, que había concluido trágicamente con la condena a muerte de los obreros anarquistas Albert Parsons, August Spies, Adolph Fischer y George Ángel.

En nuestro país se conmemoró el 1º de mayo y se elevó un petitorio de reivindicaciones, aunque recién en 1904 se inició la discusión en el parlamento, de un Proyecto de Ley Nacional de Trabajo al cual, como contenía una cláusula represiva, las organizaciones obreras se opusieron. Dada esta situación el Partido Socialista fue proponiendo proyectos de ley, como por ejemplo, el descanso dominical, y la Ley de Trabajo de mujeres y menores, sancionadas la primera en 1905 y la segunda en 1907.

Me detendré en algunas consideraciones sobre la segunda.

El desarrollo del sistema capitalista en Argentina seguía las pautas de los países más avanzados, al incorporarse al mundo, lo hacía con las concepciones que regían en ellos.

La economía política concebía las relaciones laborales de las mujeres teniendo en cuenta distintos aspectos:

• la segregación sexual

• el salario

• la clasificación sexual de los empleos: las prácticas de los empleadores

• categorías y jerarquías

• legislación protectoria

• la prohibición del trabajo nocturno

En la publicación de la Federación Obrera Argentina (FOA) El obrero N° 14, del 28/3/1891 se señalaba:

“Con la grande industria se ha generalizado el trabajo de las mujeres en las fábricas y en los talleres, junto con el trabajo de los niños, porque en cantidad y calidad iguales, el trabajo de la mujer está menos retribuido que el hombre. El desarrollo de la industria mecánica ha ensanchado la esfera estrecha en que la mujer estaba confinada, la ha liberado de las antiguas funciones domésticas, y al suprimir el esfuerzo muscular, la ha hecho apta para las faenas industriales, la arrancó del hogar doméstico y la arrojó en la fábrica, poniéndola al nivel del hombre ante la producción, pero sin permitir que escape de la dependencia masculina, ni admitiendo su emancipación como obrera para igualar-se socialmente con el hombre y para ser dueña de sí misma.”

Esta situación, del trabajo en la industria, planteó temas y problemas nuevos. Podemos afirmar que la lucha por la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, en el ámbito laboral, la encontramos desde los inicios de la organización del movimiento obrero, propugnando entre otras reivindicaciones, la igualdad salarial y el acorta-miento de la jornada de trabajo. Las condiciones de trabajo, las largas jornadas agotado-ras, afectaban la salud y en algunos casos destruía los cuerpos de varones y mujeres, de ahí que las sucesivas propuestas legislativas apuntaban a revertir las condiciones en que se vendía la fuerza de trabajo.

En nuestro libro sobre la Ley de trabajo de mujeres y menores que en 2007 cumplió un siglo, declaramos:

Desde una mirada que abarque las relaciones de clase y de género, podemos decir que la problematización del trabajo asalariado femenino, comenzó en los inicios del siglo XX, vinculado a la construcción de un ideal maternal, así como los debates sobre el tipo de educación que debían recibir las mujeres, se iniciaron en el siglo XIX.

¿Cuáles eran los hechos objetivos?

Como lo señala José Panettieri (1984) “la explotación del trabajo de mujeres y menores se puso de manifiesto con el surgimiento de las primeras fábricas en el país en los últimos años del siglo pasado.” Lo observable era la doble jornada laboral de la mujer, 14 a 16 horas en talleres y fábricas y el resto en su hogar.

Es interesante conocer la evolución que marca el historiador inglés E. Hobsbwam al diferenciar la protoindustrialización de la industrialización posterior, pues la transformación económica –no necesariamente para mejor- fue el crecimiento de la in-dustria doméstica para la venta de productos en mercados más amplios. En la medida en que esa actividad siguió desarrollándose en un escenario que combinaba el hogar y la producción externa, no modificó la posición de la mujer, aunque algunas formas de ma-nufactura doméstica eran específicamente femeninas (por ejemplo, la fabricación de cordones o el trenzado de la paja) y por lo tanto otorgaba a la mujer rural la ventaja, relativamente rara, de poseer un medio para ganar algo de dinero con independencia del hombre. No obstante, lo que provocó, por encima de todo, el desarrollo de la industria doméstica fue cierta erosión de las diferencias convencionales entre el trabajo del hom-bre y la mujer y, sobre todo, la transformación de la estructura y la estrategia familiar. (…) Los mecanismos complejos y tradicionales para mantener un equilibrio durante la siguiente generación entre la población y los medios de producción de los que dependí-an, controlando la edad y la elección de los cónyuges, el tamaño de la familia y la herencia.”

Esta industria en las postrimerías del siglo XIX estaba en retroceso frente a la manufactura en gran escala y el mismo autor trata de caracterizar lo nuevo de esta forma:

“La segunda y gran consecuencia de la industrialización sobre la situación de la mujer fue mucho más drástica: separó el hogar del puesto de trabajo. Con ello excluyó en gran medida a la mujer de la economía reconocida públicamente –aquella en la que los individuos recibían un salario – y complicó su tradicional inferioridad al hombre mediante una nueva dependencia económica. (…)El objetivo básico del sustentador principal de la familia debía ser conseguir los ingresos suficientes como para mantener a cuantos de él dependían (…) Los ingresos de los otros miembros de la familia eran considerados suplementarios y ello reforzaba la convicción tradicional de que el trabajo de la mujer (y por su-puesto de los hijos) era inferior y mal pagado” (…)

Sobre la situación de la mujer el historiador afirma que “es poco lo que puede decirse sobre ellas que no pudiera haberse afirmado en la época de Confucio, Mahoma o el Antiguo Testamento. La mujer no estaba fuera de la historia, pero ciertamente estaba fuera de la historia de la sociedad del siglo XIX.”

Volviendo a nuestro país

Las mujeres que se empleaban como obreras también eran requeridas por las se-ñoras burguesas como empleadas domésticas, además de ser descalificadas, llamándolas prostitutas o fabriqueras. Con el desarrollo de la gran industria, el trabajo doméstico quedó invisibilizado entre la naturaleza y el amor de las mujeres. El trabajo urbano a domicilio se mantuvo y en algunos casos creció, porque abarataba costos de producción y porque permitía a las mujeres compatibilizar, en el espacio y el tiempo, trabajo doméstico y trabajo asalaria-do. “Emplearse en fábricas y talleres era incompatible con la maternidad, con la nueva imagen de madre nodriza, cariñosa, altruista y siempre unida a su hijo por un cordón.”

Problematizar el tema implicaba el reclamo de:

• el reconocimiento de su rol materno, plasmado en un proyecto de ley, que admitía la necesidad de no concurrir por treinta días al lugar de trabajo después del parto

• la posibilidad de amamantar

La justificación del aporte de la mujer era contradictoria; desde el punto de vista de los empleadores, los favorecía, pues retribuían menores salarios que a los varones y desde la visión que se tenía del rol de la mujer, se aceptaba su inserción laboral como un mal necesario. La maternidad era concebida como un hecho natural. El Estado reforzaba el estatus secundario de su actividad productiva.

A un siglo

Los cambios son evidentes, y los comprobamos cotidianamente, pero no pode-mos dejar de señalar los problemas que persisten, agravados por la exclusión social y fragmentación de la población, de ahí que destaquemos algunos rasgos actuales como:

• la precarización laboral

• la discriminación directa e indirecta en el campo laboral, a través de secciones de mujeres, menos calificadas y por lo tanto con remuneraciones menores;

• las dificultades para acceder a puestos de mayor jerarquía,

• la dificultad para compatibilizar la vida laboral con la familiar, dada la despro-tección estatal en lo que se refiere a instituciones de crianza para la primera in-fancia,

• el no reconocimiento de la licencia por paternidad (existen propuestas de 15 días).

Un ejemplo que ilustra algunas de las situaciones que padecemos las mujeres:

Por ejemplo este aviso:

SOLICITAN EMPLEAR MUJERES CON “MATERNIDAD RESUELTA”

El aviso clasificado fue publicado el viernes 14 de septiembre de 2007 en el diario El Sur de Villa Constitución. La oferta de empleo: “Empresa de electrónica seleccionará personal femenino para su departamento de control de Calidad”. Entre los requisitos figuraba “maternidad resuelta, buena predisposición para trabajar en equipo y bajo presión (excluyente), dedicación Full- time (horario de 8.00 a 18.00) conocimiento de PC.

Desde el diario Rosario 12 se comunicaron con la empresa y conversaron con el ge-rente Jorge Gentili, quien explicó que el único objetivo del aviso era “evitar que se pre-sentaran chicas embarazadas”. Indicó que su empresa tiene como política otorgar un mes más de licencia por maternidad a los tres dispuestos por ley (…) Han venido chicas embarazadas, y eso es un problema.

Por lo tanto sobre la “maternidad resuelta”, alegó al tener que exportar, se le complica tomar gente nueva para explicar el trabajo y en cuanto a la expresión bajo presión, significaba la capacidad de responder a “mucha acción de trabajo”.

En cuanto a la redacción del aviso, afirmó Gentile: “Quizá me haya equivocado en la forma de expresarlo”. En este marco, consideró que “el tema de la discriminación en Argentina es hipócrita, porque muchas cosas no se expresan pero se hacen igual. Este empresario PyME, al finalizar la entrevista, manifestó: “te puedo asegurar que no soy nada discriminatorio, no ejerzo ninguna presión”.

Algo de estadística

Aunque la palabra actualmente produce desconfianza, estos datos marcan la tendencia.

Un estudio reciente, basado en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EHP), realizado por el centro de estudios IDESA señala: Se discrimina más por la maternidad que por el sexo, la pregunta ¿tenés hijos? marca un rumbo en la entrevista laboral. Acerca del salario se indicaba que la remuneración promedio de bolsillo de los ocupados varones era de 1910 pesos; entre las mujeres ocupadas sin hijos era de 1660 pesos y para las ocupadas con hijos, el sueldo promedio bajaba considerablemente a 1352 pesos.

La desocupación tiene cara de mujer : el último dato oficial de desempleo sitúa la tasa general en 9,1%. Mientras el 8,3% de los varones figura como desocupado, la falta de trabajo afecta al 10,1% de las mujeres. Según IDESA, el segmento en el que están comprendidas las mujeres con hijos tiende a presentar menores tasas de desem-pleo. Esto se debe a que, por atender a la familia, las madres tienen menos posibilidades de salir a trabajar, por lo que se vuelven inactivas desde el punto de vista de la encuesta permanente de hogares (EPH.).

Por último, aquello que afecta por igual a las trabajadoras remuneradas y no re-muneradas, entre las diversas formas de maltrato, es la opresión.

El 8 de marzo de 2009, Eva Giberti hacía referencia en un artículo al término opresión - palabra del siglo XV que viene del latín exprimir, estrujar y apretar – mos-trando su aparición tardía con la significación actual, políticamente relevante, para indi-car el sojuzgamiento al cual se somete a personas y poblaciones que carecen de defensa. Hoy, un paradigma de la opresión del género mujer consiste en matarlas, golpearlas, esclavizarlas mediante la trata sexual, abusarlas y violarlas desde que son niñas.

Estas prácticas no constituyen novedad. Lo paradojal reside en que, a la par de los derechos que se conquistan, se evidencia como dato internacional la persistencia de violencias delictivas contra las mujeres. Y podemos agregar en nuestro país, el flagelo de muertes de mujeres por abortos clandestinos, sin política para enfrentarlo. Teniendo en cuenta los aspectos señalados, los organismos internacionales OIT, PNUD y NACIONES UNIDAS, hacen recomendaciones a los gobiernos para revertir estas situaciones.

El cumplimiento de las mismas tiene muchas limitaciones, si consideramos que vivimos en una sociedad donde predominan las relaciones desiguales e injustas y la falta de políticas efectivas y no retóricas, a las que nos tienen acostumbrados.

Como hace 100 años tenemos que exigir:

• la limitación de la jornada de trabajo a ocho horas;

• la prohibición del trabajo infantil;

• el reposo ininterrumpido de 36 horas;

• igual salario por igual trabajo (trabajo femenino)

Y además, políticas efectivas a favor de:

• trabajo digno

• atención a la primera infancia (jardines matenales y/o infantiles)

• educación sexual para decidir

• anticoncepción para no abortar

• aborto legal, seguro y gratuito para no morir

Y en contra de:

• el acoso sexual en el trabajo

• la violencia familiar

• la violencia sexual

• la trata de mujeres y niñas

Reconocemos que existen denuncias, protestas y propuestas, que en general se hacen desde distintos movimientos de mujeres. Hasta este momento se realizan estos reclamos en forma fragmentada, y queda pendiente aglutinarse con los otros movimientos sociales que luchan por pan, trabajo, salud, educación, vivienda, recuperación del patrimonio nacional y por libertad y demo-cracia sindical o como señala Julio Gambina en un artículo del 14 de febrero: “el problema es el ‘modelo productivo’ capitalista, lo que supone decisiones mercantiles avaladas por un régimen legal y una política (económica) que no discute los modos para asegurar Soberanía Alimentaria (también energética y financiera), lo que pondría en discusión el régimen de propiedad de la tierra y la dominación monopolista en el enca-denamiento productivo que dirigen las transnacionales de la alimentación y la tecnología para su producción”.

Ester Kandel es escritora. Egresada de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

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Esta reforma "no le permite al adolescente dialogar con la Historia"...

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

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Elvira Scalona es docente de la carrera de Historia en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y con ella dialogamos sobre la reforma curricular del nivel medio que los pibes y pibas santafesinos van a sentir a partir de 2012: menos Historia y Geografía... (entre otras materias). Quién dijo que los ´90 se fueron ? Poco a poco todo va quedando más claro, aunque hay algunos docentes y dirigentes que recién ahora parecen darse cuenta.



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La responsabilidad hay que buscarla en TBA y también en el Estado

Irina Santesteban (LA ARENA)

El accidente del pasado 22 de febrero en la estación Once de Buenos Aires, tiene responsables: la empresa concesionaria del servicio de trenes y los organismos de control del Estado que evidentemente no funcionaron.

En septiembre de 2011 un accidente ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, cuando un tren de la línea Sarmiento embistió a un colectivo de la línea 92 en un paso a nivel a la altura de la calle Artigas, fue tapa de los diarios como la mayor tragedia con trenes "en los últimos 50 años".

En esa oportunidad murieron once personas y hubo 228 heridos. Entre las víctimas fatales hubo un bebé, mientras que también entre los heridos, algunos de gravedad, había un niño de dos años.

Cinco meses después, en la misma línea de trenes, el Sarmiento, se produce un choque con un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos.

Consejo desoído

Según el ex diputado nacional Héctor Polino, sólo en la empresa TBA, en sus ramales Sarmiento y Mitre, se han producido, desde la concesión, 1.372 muertos en distintos accidentes. Polino denunció que los informes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), ya en 2010 aconsejaban retirar la concesión del servicio de trenes a la empresa TBA.

Es que estas tragedias no pueden ser caratuladas como simples "accidentes", palabra que, según el diccionario, significa "suceso provocado por una acción violenta y repentina, ocasionada por un agente externo involuntario, que puede dar lugar a una lesión corporal". Hablar de accidentes, implica referirse a hechos condicionados por múltiples fenómenos de carácter imprevisible e incontrolable.

Por todos los datos que se van conociendo, la tragedia ocurrida el 22 de febrero en la estación Once, no fue ni imprevisible ni incontrolable. Claro que tampoco corresponde hablar de "masacre" como lo hacen algunas fuerzas políticas, sugiriendo que fue una acción deliberada, de asesinar a varias o muchas personas indefensas.

Negligencia

Aunque no haya sido deliberado, sí es claro que en el caso de este luctuoso hecho, hubo tanta negligencia y falta de control, que es imperioso que la Justicia defina las responsabilidades penales y civiles.

En primer lugar, de la empresa concesionaria, Trenes de Buenos Aires (TBA), propiedad de los hermanos Roque y Claudio Cirigliano. Estos empresarios, más el Secretario de Transporte, Juan Carlos Schiavi; el subsecretario de Transporte Ferroviario y dirigente del sindicato La Fraternidad, Antonio Luna; y el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro; entre otros integrantes del grupo empresario que administra TBA, están impedidos de salir del país, según la orden que ha impartido el juez Claudio Bonadío, que investiga los hechos de Once.

En este sentido, la línea que marcaría la investigación del juez Bonadío, toma la responsabilidad del concesionario y también del Estado, a través de aquellos funcionarios del área, que debiendo actuar en el control efectivo de la empresa que presta el servicio de transporte ferroviario, no lo hicieron o lo hicieron defectuosamente.

Incumplimientos

La tragedia de Once ha permitido conocer datos que, aunque fueron públicos, resurgen ahora con todo su dramatismo: los informes de la Auditoría General de la Nación, presentados por su titular, Leandro Despouy, de los años 2005 y 2009, dan cuenta de irregularidades en el uso de subsidios por parte de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA).

Según estas auditorías, tanto la Secretaría de Transportes de la Nación como la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT), realizaron contrataciones directas -sin llamar a licitación-, y también modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones de la concesión que fueron conocidas por el secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi.

En otros informes de la AGN, de los años 2001, 2003 y 2008, se hace referencia a incumplimientos en inversiones por parte de la empresa TBA, que si bien originaron multas por parte de los organismos de control -más de 450 multas- ninguna de éstas fue abonada.

Responsabilidad empresaria

Según Despouy, en los informes de la Auditoría General de la Nación, surgen elementos muy importantes sobre la responsabilidad empresaria. Y lo más importante, a juicio de este funcionario, es que esa responsabilidad "puede dar lugar a la posibilidad de rescindir los contratos de concesión", así como surgir la responsabilidad penal de los funcionarios que no cumplieron con sus obligaciones de control de la empresa concesionaria.

Despouy habló de "negligencia llamativa y sorprendente" de la Secretaría de Transporte, ante serias y reiteradas advertencias de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT).

Estas irregularidades e incumplimientos de la empresa TBA, no son nuevos, ni desconocidos por los funcionarios tanto de la Secretaría de Transporte como de la CNRT. También los delegados del ferrocarril Sarmiento, encabezados por Rubén "Pollo" Sobrero, denunciaron en innumerables ocasiones, los riesgos que asumían los trabajadores y también los pasajeros, al tener que conducir y/o viajar en trenes y vagones que no cumplían con las condiciones mínimas de seguridad.

Por ello, es doblemente cruel lo que ocurrió el 22 de febrero, porque fue una tragedia que pudo ser evitada, si quienes tienen a su cargo la responsabilidad del control de las empresas concesionarias del transporte público de pasajeros, hubieran cumplido con su tarea.

Consecuencias nefastas

La presidenta dijo que la AGN "no le había pedido nunca la cancelación de la concesión". Pero esa no es una decisión que debe tomar el organismo de control, sino quien tiene a su cargo las resoluciones políticas, y eso apunta directamente al Secretario de Transporte, Juan Carlos Schiavi y al Ministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

Ellos debieron tomar esa decisión, obviamente, en consulta con la presidenta. Si ahora Despouy afirma que de los informes presentados hace varios años, surgía claramente que había que quitarle la concesión a TBA, la responsabilidad hay que buscarla en aquellos funcionarios.

"Ramal que para, ramal que cierra", fue la famosa frase del ex presidente Carlos Saúl Menem, responsable máximo de la política privatizadora de la década del ´90. Hoy sería bueno revisar las consecuencias nefastas que esa política dejó no sólo para el ferrocarril y los trabajadores (más de cien mil despidos), sino para todo el país. Pueblos devenidos en fantasmas que dejaron de ver pasar el tren; talleres de reparación y fabricación de trenes y maquinarias que cerraron dejando a poblaciones enteras sin una importante fuente de trabajo; rutas congestionadas por el transporte automotor, de colectivos y camiones que debían suplantar el más barato y seguro transporte ferroviario, tanto de personas como de mercaderías; por nombrar sólo algunos de los males que el cierre de los ferrocarriles provocó en nuestro país.

Ineficiente, caro, inseguro

Y eso no se ha revertido en estos últimos años, ni siquiera al ritmo del crecimiento económico "a tasas chinas". Seguimos siendo un país con un transporte ineficiente, caro, inseguro y que no sirve al desarrollo de un país federal, con conexión entre las regiones menos favorecidas, para incentivar el intercambio de producciones regionales.

Ni siquiera para el turismo, un fenómeno en amplio crecimiento en los últimos años, que sería mayor aún, si el tren recorriera la generosa geografía argentina. Enero y febrero son meses de elevado número de muertes por accidentes de autos y ómnibus, enlutando a familias que viajan por placer. Esos accidentes se reducirían notablemente con un servicio de trenes que complementara el transporte por rutas.

En lugar de pasarle el servicio de subterráneos a Macri en Buenos Aires, y en lugar de esperar a la Justicia (que ya está dando pistas claras sobre la responsabilidad de TBA en lo que sucedió en Once), la presidenta y su equipo deberían pensar seriamente en la re-estatización de los trenes.

Si el Estado pudo volver a tomar, con una inversión importante, una empresa como Aerolíneas Argentinas, decisión saludable; lo mismo habría que decidir respecto a los ferrocarriles. Los miles de pasajeros que actualmente usan esos trenes, y los millones que lo usarían si el tren retornara a nuestro país, lo agradecerían de corazón.

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Novedosa iniciativa contra la megaminería: Poetas, intelectuales y vecinos de Chubut marchan a lo largo de 400 kilómetros

Mario Hernández (especial para ARGENPRESS.info)

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MH: Estamos en comunicación telefónica con Bruno Di Benedetto uno de los convocantes a la marcha de poetas, artistas y vecinos de diversos lugares de la Patagonia en defensa de la Ley 5001 que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro. ¿De qué se trata esta marcha?

BD: Buenos días, es una iniciativa surgida de un grupo de poetas amigos que además somos vecinos del norte de Chubut, de la zona de Madryn-Trelew. Yo vivo en Puerto Madryn desde 1979. Decidimos hacer algo por este tema que nos preocupa muchísimo y es el avance dramático de la megaminería.

No estamos en contra de la minería porque sabemos que los metales son necesarios, algunos más que otros, seguramente el hierro más que el oro. Pero una cosa es la minería y otra la megaminería, estos megaemprendimientos transnacionales que vuelan montañas enteras, usan cantidades enormes de agua, que tenemos muy poquita en la Patagonia, contaminan mucho y cada vez recopilan más evidencia de los problemas de cáncer y de enfermedades mortales o crónicas.
La mina se va y la economía desaparece como en Sierra Grande
Además generan economías de enclave que hace que todo gire alrededor de la mina durante 15, 20 años y luego se van y la economía desaparece.

Nosotros tuvimos el caso de Sierra Grande con la mina de hierro HIPASAM que cuando desapareció, la población se murió.

Sabemos cómo funcionan estas cosas y realmente nos parece un gran engaño. Ya nos pasó con la pesca, el mar está casi agotado y la riqueza no apareció nunca. Se fue para otros países o a unos pocos empresarios. Así que decidimos hacer una acción que sea visible.
MH: ¿Cuál es la Ley 5001 que Uds. defienden?

BD: Surge en 2003 a partir de una movilización de los vecinos de Esquel (Chubut) que es la población hacia la cual vamos a caminar desde Trelew que está en la costa. Hasta Esquel en la cordillera son 400 kilómetros.

Los vecinos de esa localidad, después de una dura lucha, lograron que se llamara a un plebiscito y el NO A LA MINA que se quería instalar a 10 km. del pueblo, triunfó por más del 80%. Un NO contundente. A partir de esa lucha se genera el proyecto de ley que prohíbe este tipo de minería, aunque no se aplica en todo Chubut. También prohíbe el uso de cianuro.

Fue un gran avance para muchas zonas de la provincia donde no se puede llevar adelante la megaminería y el uso de cianuro. Aunque sabemos que no todas las empresas lo utilizan e igual son contaminantes y destructivas, entonces queremos defender la ley y extenderla a toda la provincia.

MH: Estamos hablando de una marcha de 400 kilómetros a través de la meseta patagónica.

BD: Es una caminata simbólica porque tardaríamos un mes en completarla. Vamos a caminar en 4 grupos, 15 km. por día apoyados por un vehículo, cubriendo 40 km. diarios en distintas etapas. Hay una parte que la haremos exclusivamente en auto porque es realmente desolada.

MH: ¿Qué piensan encontrar a lo largo de esos 400 km.?

BD: Estaremos en contacto con pobladores de los pueblitos y los campos que vamos a ir cruzando, gente que ya está sufriendo en carne propia los efectos de las explotaciones mineras, que ya se está quedando sin agua, que ya se ha intoxicado, donde ha aumentado el cáncer, etc.

También hay gente que apoya este tipo de proyectos porque honestamente ven una posibilidad de desarrollo aunque nosotros sabemos que es pan para hoy y hambre para mañana.

Queremos conversar con toda esa gente, así que hemos organizado en los distintos pueblitos (Las Plumas, Paso de indio, Las Chapas, Teca, etc.) actividades de teatro, títeres, recitales de poesía y música con la participación de artistas lugareños.

MH: El punto de llegada será la ciudad de Esquel el próximo 10 de marzo.

BD: Exacto, un bastión de esta lucha. Son los pioneros de todo el país.

MH: Nuevamente se vienen movilizando con mucha fuerza en los últimos meses, desarrollando importantes actos y marchas.

BD: En realidad se está movilizando toda la Patagonia.

MH: Me llegó la información del abrazo a los Concejos Deliberantes de Río Negro el próximo 1º de marzo al iniciarse las actividades legislativas y cumplirse 2 meses de la derogación de la ley antiminera en esa provincia.

BD: En esa provincia hay fuertes movilizaciones en Bariloche y Viedma.

MH: En Bariloche se movilizan todos los miércoles al Centro Cívico con una participación masiva de hasta 3000 vecinos.
La provincia se va a convertir en un agujero contaminado
BD: Es que nosotros aquí estamos directamente amenazados. A pocos kilómetros de Puerto Madryn hay una prospección de una mina de uranio y otra de oro, a menos de 100 km. de un lugar de un equilibrio ecológico muy delicado.

No solo Madryn sino también toda la zona del valle y la costa que ya está amenazada por otras actividades como la petrolera, hasta ahora bajo control. Pero si se llevan a cabo los 14 proyectos mineros que están en la gatera más decenas más pendientes de aprobación, la provincia se va a convertir en un agujero contaminado. Te puede parecer una exageración pero es lo que realmente puede llegar a pasar por los efectos de la actividad megaminera.

MH: Seguramente después del 10 de marzo nos volveremos a contactar para evaluar los resultados de la marcha.

BD: Con mucho gusto. También busquen marchadepoetasyartistas en Facebook donde estaremos actualizando la información.

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La tierra de la infancia desolada

Claudia Rafael (APE)

Hubo un tiempo en que la infancia era fiesta desmedida. Fiesta de mesa tendida y de arrorós a la hora de los sueños. Una infancia feliz, de tiempos que a veces uno trata desmedidamente de reencontrar en las memorias perdidas. Pero hay otras infancias. Infancias atravesadas por esclavitudes proliferantes en estos tiempos. Niños vorazmente devorados por monstruos conniventes con estados que avalan.

“Dos niñas de 12 años y otras cinco de 10, 13, 15, 16 y 17, además de un joven de 18, todos oriundos de Orán, fueron rescatados por la División Trata de Personas de la Policía, desde un local de comidas conocido como Buen Apetito, donde eran obligados a prostituirse en baños destinados a la atención de `clientes especiales`”, publicó el diario El Tribuno, de Salta tras la detención de una mujer llamada Teresa Pavia.

“Las víctimas eran captadas por esa mujer, quien, aprovechándose del hambre, inmadurez, vulnerabilidad y estado de ánimo de estas personas, les ofrecía trabajo y luego las iniciaba en la prostitución”. Tenían –sigue la nota- la orden de “hacerles tomar bebidas a los clientes, besarlos, susurrales al oído, abrazarlos y dejarse tocar sus zonas íntimas hasta que los sujetos pidieran un "pase', para mantener relaciones sexuales con su acompañante, ya fuera niña o niño”.

En apenas un instante los monstruos rompen de un piedrazo feroz todo vestigio de niñez. La fusilan ante los ojos impávidos de una sociedad que mira hacia otro lado y que consiente. La destrozan con los brazos-tentáculos de connivencia que avienen desde cada uno de los poderes institucionales.

La estructura que se desnuda desde la búsqueda atroz y pertinaz de Susana Trimarco espeja las ramificaciones de la crueldad. Y ni siquiera hay que hurgar demasiado hondo para ver lo que no se quiere ver. “Si mi hija no está en mi casa es culpa del poder político, de toda una banda de delincuentes, secretarías, legisladores, policías, jueces, que también pusieron en riesgo mi vida y metieron la mafia dentro de la casa de gobierno”, denunció la mujer coraje. Jueces que avisaron a proxenetas y tratantes que allanarían cada prostíbulo. Policías que puntualmente cobraron y cobran coimas en dinero y en especias para no intervenir.

En noviembre de 2010 la UFASE (fiscalía que investiga casos de “trata” de personas) denunció ante la Justicia Federal a 90 policías de 12 comisarías porteñas “en la falsificación de actas con el objetivo de encubrir y proteger prostíbulos a cambio de coimas”, publicó Clarín en marzo de 2011. Apenas vueltos tenues de toda una telaraña perfectamente aceitada y expandida a cada geografía.

Con un trazado perfecto que ubica zonas de captación, zonas de tránsito, zonas de destino. Decenas de millones de dólares al año emergen puntualmente de un negociado que liba el nectar de la vida para exprimirla hasta resecarla y luego asesinarla o abandonarla sin destino. Sabe muy bien dónde y cómo mancarle la suerte. Conoce a la perfección los entramados de país. De pobrezas crueles que ven morir a sus niños de pura desnutrición o de entrega y captación para el comercio de la explotación.

Esos ocho niños y niñas rescatados en estos días eran de la misma tierra que generó estupor y asombro cuando en febrero de 2011 se leyó en los diarios, se escuchó en las radios o se vio en los informes televisivos que “9 niños indígenas murieron por desnutrición en los últimos trece días”. La misma tierra incendiada y no es azarozo. No es un accidente de destinos feroces que se ensañaron con los hijos de la pachamama, allí donde las divisiones políticas cuentan que se va terminando la Argentina para nacer Bolivia.

Ocho chicos fueron rescatados ahora de las redes del horror. Apenas ocho en medio de multitudes arrebatados a la niñez desde los confines de la crueldad. Cómo se ponen en pie si es que pueden. En qué país vivirán ahora que les fue confiscado el de la infancia para siempre. Cómo harán las instituciones que los desmadraron desde que asomaron de las raíces de la historia para mirarlos a los ojos. Cómo hará la sociedad que se espanta y a la vez vira el rostro ante su paso.

“Dos de las menores obligadas a prostituirse, ambas hermanas, son hijas de la detenida. Otras dos chicas estaban en compañía de su padre y un tío, adictos a la bebida. Otra de las menores fue llevada al lugar por su abuela y una tía, quienes ejercen la prostitución y son alcohólicas”, decía la nota periodística de El Tribuno.

Dónde estuvo cada una de las parcelas férreas del Estado hasta el momento preciso del rescate. Qué hizo mientras Pavia decía a los trabajadores rurales de la zona, ahí en Orán, “unas cervecitas más y vemos qué pasa” antes de entregárselas. Cuánto tiempo consintió, avaló, connivió, cobró hasta el momento del rescate. Cuántos días, meses, años esperó mientras la infancia estuvo pacientemente haciéndose trizas.

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Argentina: Se viene el tarifazo energético en varios sectores de Mar del Plata; desde Luz y Fuerza se preguntan quién eligió esos lugares…?

José Rigane, Secretario Adjunto de FETERA, adelantó que se crearon varios “polígonos” (zonas específicas que ya no contarán con los subsidios pertinentes) y que comenzarán a regir a partir del 1 de abril. Además, anticipó que la suba (de los que hoy consumen menos, ya que el aumento sube ante mayores consumos) rondará entre un 150 y 170% y que también lo sufrirán los barrios privados de la ciudad.

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José Rigane ya lo había adelanto hace tiempo. La quita de subsidios en la tarifa energética se aproximaba en Mar del Plata. De hecho, comenzará desde el 1 de abril, pero en específicos destinos de la ciudad.

Luego de la confirmación de que esa quita de subsidios ya comenzó a implementarse en varias zonas de Capital Federal, el Secretario Adjunto del Sindicato de Luz y Fuerza volvió a hablar sobre la repercusión que tendrá en la ciudad. Donde, a ciencia cierta, desde el mes próximo algunos sectores de “La Feliz” quedarán afectados por la decisión nacional.

“A cada usuario le va a llegar una notificación donde se le va a facturar con y sin subsidios. Ahí la persona tiene que tomar la decisión de acuerdo a un requerimiento que viene por escrito. Deberá contestar si está de acuerdo o no con el subsidio”, dijo al comienzo de la nota. “Es una especie de declaración jurada, con cuatro o cinco puntos”, acotó sin antes dejar de mencionar que “hay ciertos parámetros que se tienen cuenta para mantenerlos”.

Fue ahí donde explicó que comenzará a realizarse en determinadas zonas de Mar del Plata, como también en Pinamar, Villa Gesell, Luján, entre otras ciudades. “Acá se va a poner en marcha un mecanismo que se llama Polígono”, remarcó.

Donde los famosos polígonos serán los siguientes: de Tucumán, desde avenida Juan José Paso hasta Rodríguez Peña, de Rodríguez Peña hasta Pellegrini, de Pellegrini hasta Almafuerte, de Almafuerte hasta Urquiza, de Urquiza hasta avenida Juan José Paso, de Juan José Paso hasta Tucumán. Donde quedarán excluidos los lotes frentistas de Juan José Paso, desde Las Heras hasta Tucumán.

El otro, de Montes Carballo, desde avenida J. M. Estrada hasta Biarritz, de Biarritz hasta Palm Beach, de Palm Beach hasta Copacabana, de Copacabana hasta Ortega y Gasset, de Ortega y Gasset hasta J. M. Estrada, de J. M. Estrada hasta Montes Carballo. A su vez, se les sumarán todos los barrios privados de la ciudad.

Pero Rigane se preguntó, lógicamente, “¿quién decidió los polígonos?”. Para posteriormente deslizar que “no puedo certificar nada, porque no tengo esa información, pero me la juego que en esto tuvo algo que ver la empresa”. Claro, apuntando contra EDEA. “Es un tema muy complicado”, agregó.

En números, el aumento de la tarifa energética será entre un 150 y 170% de lo que antes consumían los sectores mencionados anteriormente. Claro, que podrá modificarse acorde al consumo de cada hogar. “Pero es válido decir que lo que pagamos nosotros es mayor a lo que abonan en Buenos Aires. Acá pagamos un 296% más que en Capital Federal”, disparó. Dejando en claro que tal diferencia es consecuencia de que en Mar del Plata se pagan muchos más impuestos.

En el final, se refirió a todos aquellos que pagan los impuestos a través del débito. “Es un tema complicado, porque van a tener que ver cómo proceden. Por cada factura que hacen le aplican el IVA, por lo tanto las empresas no querrán hacer dos factores. El usuario deberá optar, pero no puede pagar dos juntas. No sé cómo lo van a resolver”, culminó.

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Justicia para Margarita Verón

Lita Alberstein (ACTA)

El juicio por la desaparición de María de los Angeles Verón, “Marita”, se inició el 8 de febrero. Son 13 los imputados, acusados de privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución.

En cada audiencia que asistí, me tocó vivir como se develó el horror que, con su lucha e investigación, destapó Susana Trimarco, la mamá de Marita, sobre la trata de mujeres esclavizadas para explotación sexual.

Todo lo imaginable queda corto. Cada declaración fue desentrañando cómo fue secuestrada Marita en Tucumán -con la complicidad del poder político, policial y judicial- por la mafia encabezada por Rubén “La Chancha” Ale, ex presidente del Club San Martín y de estrecha relación con el gobierno provincial.

Susana declaró: “Primero, en la comisaría, se negaron a tomarme la denuncia. Luego de un calvario iniciado en su búsqueda, me aconsejaron que fuera a Casa de Gobierno. Como estúpida iba a la Casa de Gobierno. Digo estúpida porque la mafia estaba allí. Todo Tucumán sabe que los Ale son dueños de la droga y la prostitución. Julio Díaz, funcionario del gobernador Miranda, me aconsejó que pidiera ayuda a los remises cinco estrellas, porque con ellos tenían un convenio. Los nombraron guardianes de la ciudad, ya que tienen más coches y armas que el gobierno…

“Lo mismo sucedió con Ernesto Baaclini, secretario de la fiscalía a cargo de la investigación, que se ocupó de ensuciar la causa, desviar la investigación y manchar a la familia Verón. Fernando Juri (ex vicegobernador de Alperovich) es compadre de Rubén Ale y del ex ministro Guerrero… todos unos atorrantes. Eran todos la misma cosa… Responsabilizo al Estado de su desaparición”

El recorrido de Susana por los prostíbulos de Salta, Catamarca y La Rioja conmovió a miles de argentinos. Conocían su rostro y su lucha por la televisión. Pero a partir del juicio descubrieron los engranajes con los que se mueven los proxenetas y las estructuras de las redes de trata de personas con la complicidad de dirigentes políticos, policías corruptos, jueces y funcionarios judiciales inescrupulosos.

Mientras Susana declaraba, un pacto de silencio entre los 13 acusados parecía un muro invencible. Pero algo se rompió cuando Daniela Milheim, acusada de haber tenido a Marita en su casa secuestrada, contó que «La Chancha» Ale, con quien tuvo una hija, la obligó a prostituirse a los 16 años. El clima de tensión se agudizó aún más cuando el testigo Simón Nieva (que involucró en la causa a los hermanos Víctor y María Jesús Rivero, ex esposa de Ale), recibió amenazas y ataques en su domicilio.

Este juicio emblemático recién ha empezado y faltan 160 testigos. Pero ya es un gran paso en la lucha contra las mafias y el poder que les da impunidad. Acompañamos a Susana en su denuncia. Al servicio de esta pelea queremos conmemorar el Día de la Mujer, levantando más que nunca las consignas de aparición con vida de Marita y de juicio y castigo a los responsables y a todos los funcionarios cómplices de su desaparición.

Lita Alberstein es Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Tucumán.

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Argentina, Córdoba: El jueves resuelven la situación procesal de Videla y Menéndez en la causa Mackentor

COMERCIO Y JUSTICIA - PRENSA RED

La Camara Federal de Apelaciones resolverá el sobreseimiento de Videla y Menendez en la causa en la cual se acusó a un grupo empresarial de financiar actividades subversivas, excusa con la cual fueron desapropiados de inmuebles y de otros bienes.

En la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, el jueves. a las 11, se realizará la audiencia oral y pública en la denominada “causa Mackentor”, en autos caratulados “Videla, Jorge Rafael y otros p.ss.aa. Abuso de poder, Allanamiento ilegal de domicilio, Robo calificado, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos”.

La audiencia se desarrollará en la Sala B de dicho Tribunal y será presidida por el doctor Abel Sánchez Torres, acompañado por los vocales José María Pérez Villalobo y Carlos Julio Lascano.

En el mencionado caso se investiga el apoderamiento de la empresa Mackentor por parte del gobierno de facto iniciado el 24 de marzo de 1976 y el concomitante secuestro de sus directivos y accionistas.

A raíz de una investigación llevada a cabo por el Ejército Argentino respecto de una supuesta financiación de actividades subversivas por la citada empresa Mackentor, las víctimas de la causa –directivos, personal jerárquico, ex empleados o bien familiares de dichas personas- habrían sido detenidas en sus respectivos domicilios por una orden de allanamiento ilegal y luego conducidas a los mencionados centros clandestinos de detención La Ribera y La Perla, permaneciendo allí en cautiverio, donde habrían sido sometidas a tortura.

En concreto, se atribuye a Videla y a Luciano Benjamín Menéndez la presunta comisión de los delitos de abuso de poder, allanamiento ilegal de domicilio y robo calificado en perjuicio de los accionistas del grupo empresarial en cuestión, conformado por varias empresas e inmuebles, los cuales habrían sido apropiados ilegítimamente por orden de los nombrados.

Cabe señalar que por estos ilícitos ambos imputados se encuentra sobreseídos, habiendo sido recurrida dicha decisión por el Ministerio Público Fiscal.

Por otra parte, también se atribuye a Videla y a Menéndez, así como al personal militar y civil de inteligencia que prestaba servicios en los referidos centros clandestinos de detención, la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos en perjuicio de los accionistas y empleados del grupo empresario Mackentor durante su estadía en dichos campos de detención.

En la audiencia intervendrán el fiscal General, Alberto Lozada, en tanto que la defensa de los imputados estará a cargo de la defensora pública oficial Mercedes Crespi y de los abogados Jorge Alberto Agüero, Ernesto Alfredo Gaudin y Osvaldo Alfredo Viola. La querella estará representada por Juan Carlos Vega y Marisa Bollea.

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Argentina. Juicio Díaz Bessone: La hora del final

REDACCIÓN ROSARIO

Con el de Gonzalo Miño -abogado del jerarca de la dictadura Ramón Díaz Bessone-, culminaron este martes los alegatos en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en centro clandestino de detención que funcionó en el ex Servicio de Informaciones de la policía de Rosario. Alineado con las recientes declaraciones del ex dictador Jorge Rafael Videla, el defensor indicó que “estos juicios son políticos”, que fueron provocados “por el gobierno nacional” y reflotó la teoría de los dos demonios. Tras un año y ocho meses en los que se realizaron más de cien audiencias, el proceso oral y público de la ex causa Feced llega a sus instancias finales.

Luego de un mes de idas y vueltas generadas por las chicanas de Miño -el único de los abogados del juicio que no pertenece al Ministerio Público de la Defensa-, el letrado que representa al principal acusado del proceso realizó un corto e ideologizado alegato.

Los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2) de Rosario, quienes habían escuchado este lunes las aclaraciones de los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la salud de Díaz Bessone, resolvieron al inicio de la audiencia de este martes que Miño comience de una vez con su alegato.

El abogado particular inició entonces su escueta defensa que se centró en cuestionar el proceso al que calificó de “político” y consideró que “no respetó las garantías del debido proceso de los imputados”, aunque no detalló por qué razones se faltó a ese derecho de los acusados.

En línea con las recientes declaraciones del ex dictador Jorge Videla, Miño indicó que “estos juicios son provocados por el gobierno nacional” y que “los llamados delitos de lesa humanidad son una cosa de hoy”, que tienen que ver “con el momento actual”.

El defensor de Díaz Bessone reflotó la teoría de los dos demonios -que prentende igualar a los genocidas con los militantes populares-y reclamó que “la otra parte también debería ser juzgada”. “Todo lo que digo lo hago en honor a la verdad”, subrayó varias veces el abogado.

También cuestionó Miño que entre los imputados no se encuentren enjuiciados “los civiles que formaron parte de la dictadura cívico militar” y agregó: “En honor a la verdad deberían investigarse entonces también a los civiles, empresarios y políticos”. “Mi defendido mencionó gente como el doctor Martínez Raimonda por ejemplo, otros imputados como (Carlos) Altamirano -imputado en otro juicio- mencionó que el doctor Hermes Binner revisaba a los detenidos y pedía que lo lleven tabicado. Esa gente debería ser traía a estos juicios”, se quejó el letrado.

Hacía el final de su fugaz defensa, que no duró más de cuarenta minutos, el abogado dijo saber que “en este juicio el resultado está puesto”, que “la suerte ya está echada” y que por tanto “no tenía más mucho para decir”.

Si haber hecho alusión a ningún testimonio ni prueba de las que se presentaron a lo largo de más de cien audiencias, y un año y ocho meses de juicio, el representante legal de Díaz Bessone concluyó adhiriendo a “los planteos de los otros defensores”-los cuales habían enfocado su alegato en una precisa defensa técnica que contradice en buena parte lo dicho por Miño-. El letrado cerró su intervención con la frase “hagan lo que tenga que hacer, pero que sea rápido”.

Luego de un cuarto intermedio se desarrolló la instancia en la que los abogados de las querellas responden a los planteos y nulidades señalados por los defensores de los imputados.

Al concluir la audiencia el presidente temporario del TOF, Jorge Venegas, informó que este miércoles anunciarán el cronograma de continuidad del juicio que sólo tiene por delante las “últimas palabras” de los acusados y la lectura de la sentencia.

En el proceso, que se inició en julio de 2010, son juzgados además Díaz Bessone los ex policías José Rubén el Ciego Lofiego, Mario el Cura Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini y el ex detenido político acusado de “colaboracionista” Ricardo Cady Chomicky.

A lo largo las más de cien audiencias, el TOF escuchó a más de un centenar de testigos que estuvieron alojados en la mayor centro de detención que funcionó en el Servicio de Inteligencia (SI) de la policía de Rosario durante la dictadura, y por el que se estima pasaron cerca de 2.000 personas.

La fiscalía y las querellas de HIJOS, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Familiares, coincidieron en solicitar prisión perpetua para Díaz Bessone y Lofiego, y 25 años de reclusión para Marcote, Vergara y Scorteccini, por privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita. Mientras que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre incluyó en esa última lista al Cady. En el caso de Chomicky la fiscalía pidió su absolución.

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Argentina. Se sintió en todo el país: Contundente Paro docente

Marcelo Paredes (ACTA)

Con una adhesión del 95% en la mayoría de los distritos de todo el país, se realizó en la jornada de ayer el paro nacional docente tras el aumento unilateral fijado por el gobierno nacional y las palabras descalificadoras de la presidenta. Ademys, AGD-UBA, la CONADU Histórica y distintas seccionales de SUTEBA se movilizaron al Palacio Sarmiento.

La primera huelga nacional docente en la era de los Kirchner tuvo un altísimo acatamiento en todo el país.

El paro fue decidido luego de que el gobierno fijara "unilateralmente" un salario mínimo de 2.800 pesos, mientras los educadores exigían 3.000 pesos.

La protesta se realizó en medio del malestar del sector ante recientes declaraciones de Cristina Kirchner quien, al fustigar las advertencias de huelga, dijo que los educadores "tienen tres meses de vacaciones y trabajan cuatro horas por día".

ADEMYS-CTA se movilizó por el centro porteño

Los docentes de la educación media y superior porteños se dieron cita en horas de la mañana frente al ministerio de Educación de la Ciudad para repudiar la disposición ministerial mediante la cual se cerrarán 143 grados de escuelas primarias y cerca de 78 cursos de escuelas medias, poniendo en riesgo la fuente laboral de cerca de 600 docentes.

La medida. según denunció ADEMYS, equivale a cerrar 30 escuelas y no hace otra cosa que beneficiar a los establecimientos privados de la zona que reciben subsidios del gobierno porteño.

La nutrida concurrencia marchó luego hasta el Congreso nacional donde se unieron a distintas seccionales del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) y marcharon juntos hacia el Ministerio de Educación de la Nación.

Sobre la calle Pizurno, frente al Palacio Sarmiento ya estaban los trabajadores universitarios nucleados en la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y gran parte de la conducción nacional de la CONADU HISTÓRICA, acompañados por Darío Perillo, secretario de Organización de la CTA Nacional, quienes se dieron cita para presentar un petitorio en la secretaría de Políticas Universitarias exigiendo el inicio de las paritarias salariales.

José del Frari, secretario adjunto de la CONADU HISTÓRICA y secretario general de la CTA Jujuy explico los motivos del reclamo de los docentes universitarios: "Desde principios de febrero esperamos la convocatoria a las paritarias salariales y no tuvimos ninguna respuesta. Por esta razón, las 22 organizaciones que conforman la CONADU HISTORICA decidieron parar en todo el paìs, con un alto acatamiento tanto en las escuelas preuniversitarias como en las facultades, para exigir una mesa de discusión sobre nuestras condiciones laborales"

Claudia Baigorria, secretaría general de la CONADU HISTORICA y secretaria administrativa de la CTA Nacional manifestó a ACTA que "estamos aquí para manifestar nuestra preocupación porque faltando apenas una semana para el inicio de las clases en la mayoría de las facultades y todavía no tuvimos ninguna convocatoria ni del Ministerio ni de los rectores".

"Siempre decimos que este es un ministerio sin escuelas, los empleados que tiene son los no docentes y los docentes nacionales, que somos nosotros, y con nosotros no se sienta a negociar. Si no tenemos respuestas, en un nuevo plenario fijaremos cómo continúa la lucha".

Al mediodía llegaron las columnas de los docentes porteños y bonaerenses a hacer escuchar sus reclamos. Banderas de SUTEBA Escobar, Tigre, La Plata, Lomas de Zamora y La Matanza flameaban junto a las de FUBA, los universitarios de La Plata, jóvenes dirigentes secundarios y trabajadores no docentes del Ministerio (ATE) mientras se escuchaba una canción al son de los bombos que parecía dedicada:

"No trabajo cuatro horas,
ni me voy a descansar,
tengo un sueldo de miseria
por eso salgo a luchar"

"Lo de la presidenta no fue un exabrupto ni está malinformada. La presidenta ya nos atacó al asumir su segundo mandato y ahora lo reitera. En su discurso hubo mentiras, medias verdades y omisiones. Los docentes universitarios en su mayoría no tenemos estabilidad, somos interinos. Si reconstituimos nuestro salario fue por la lucha del 2005 que llevamos adelante los docentes universitarios", manifestó Santiago Gándara, secretario general de AGD-UBA durante el acto final.

También dirigió la palabra a los presentes Jorge Cardelli, docente, diputado nacional (Proyecto Sur) y secretario de Formación de la CTA Nacional: "La Presidenta tuvo una regresión a los 90. Mientras nosotros luchabamos con la Marcha Blanca y la Carpa Blanca, en Santa Cruz pagaban un presentismo de más de la mitad del sueldo. Los compañeros iban a trabajar en camilla para no perder medio sueldo. Así piensa y procede el gobierno con respecto a los docentes"

Cerró el multitudinario acto, Carlos Oroz, secretario general de ADEMYS-CTA, quien manifestó que los docentes porteños hicieron una "extraordinaria jornada de lucha en el marco del paro nacional" y denunció la politica estructural de Macri que "pretende privatizar la escuela pública y agredir permanentemente a sus trabajadores. Esto se expresa hoy en la intención de cerrar más de un centenar de grados y cursos. Es como si se cerraran de un saque 30 escuelas públicas beneficiando a los emprendimientos educativos privados que rodean a las escuelas".

"Pero el problema no es solo Macri. Estamos en las puertas de este Ministerio de la Nación porque la política de entrega alcanza también al gobierno nacional, al gobierno de Macri, al gobierno de Scioli y a la burocracia sindical enmarcada hoy en la conducción celeste de CTERA", manifestó Oroz y convocó a una gran unidad de los docentes para cambiar esa política de entrega.

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