lunes, 12 de marzo de 2012

Movida de la Internacional “Socialista”: Lagos, Cardoso y González hacen campaña …en Venezuela

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

El ex presidente Ricardo Lagos adelantó la campaña electoral presidencial, pero no en Chile, sino en Venezuela. Este sábado participó en un encuentro público avalado por la Internacional Socialista y convocado por el banco privado Banesto, junto al español Felipe González y al brasileño Fernando Henrique Cardoso, de acuerdo a un informe de Víctor Hugo Majano en el diario venezolano Ciudad CCS.

El trío, presentado como ex “estadistas” iberoamericanos “progresistas”, disertó en la sede caraqueña del Banesto sobre "Visiones de una economía con rostro humano", en una inyección directa a la vena de propaganda pro-capitalismo salvaje con las recetas neoliberales que pusieron en práctica cuando fueron jefes de estado en sus respectivos países.

La conferencia, inevitablemente inserta en la campaña para las elecciones presidenciales de octubre, fue difundida por el canal opositor derechista Globovisión, el canal 5 -“Vale TV”- del Arzobispado de Caracas, una emisora del circuito Unión Radio y las redes sociales que apoyan la candidatura de extrema derecha de Henrique Capriles Radonski, de 42 años, partícipe de un asalto a la Embajada de Cuba durante el golpe frustrado de 2002.

La propaganda de la conferencia a tres voces presentó a los invitados como gobernantes que “cambiaron la historia de sus países”. Cada uno de los conferencistas en favor del neoliberalismo ha formulado sus propias críticas al Presidente Hugo Chávez, quien se encuentra tratándose el cáncer en Cuba. González gobernó con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1982-1996; Cardoso, que también fue ministro de Hacienda, presidió Brasil en 1995-2003, antes de Lula; y Lagos, del Partido Socialista-PPD, quien gobernó en 2000-2006, se desempeña también hoy como co-presidente de la “Comisión para una sociedad sostenible” de la organización internacional de los socialdemócratas,

Esta es la cuarta edición en Venezuela del programa “Visiones de una economía con rostro humano” de la social democracia internacional. La primera fue en 2002, el mismo año del golpe de abril, a la que invitaron al dirigente sindical anticomunista polaco Lech Walesa. A la de 2004, que coincidió con el referendo revocatorio, concurrió Mikhail Gorbachov, “el sepulturero de la Unión Soviética” para sus detractores.

Los ex-presidentes social demócratas se la jugaron para ir a defender sus ideas neoliberales a Venezuela y reforzar la campaña de “marketing” que presenta al capitalismo como “opción humanista de progreso”, en oposición al socialismo del siglo 21 que pregona Chávez.

Neoliberales son sabor a renegados

En 14 años de gobierno, Felipe González impulsó una política económica que buscó solución a la crisis endémica del capitalismo hispano a costa de los trabajadores, con medidas extremas de ajuste y despidos masivos que desconcertaron a la base electoral del PSOE y a los poderosos sindicatos españoles. La tasa de desempleo llegó hasta 21,48% en 1985. En 1992, respondió con la congelación de los sueldos a las demandas de un aumento salarial de 4,5% de los empleados públicos. En 1993 redujo las pensiones en 5,1%.

También apeló al “terrorismo de Estado” para combatir a grupos independentistas y entre 1983 y 1987 financió los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) que provocaron la muerte de 23 ciudadanos. Su partido tuvo su más baja votación histórica en las últimas elecciones que ganó el ultraderechista Partido Popular. Los electores le cobraron al PSOE su responsabilidad por la crisis que vive esa nación, con la gente perdiendo sus viviendas y empleos, mientras las protestas de “indignados” llenan las calles.
El brasileño Fernando Enrique Cardoso es considerado un “héroe” por los neoliberales. En 1994, siendo ministro de Hacienda del gobierno de Itamar Franco, creó la moneda ficticia llamada “real”, que se comportaba como divisa frente a la moneda real que era el cruzeiro. Los precios y salarios se fijaban en reales pero se pagaban en cruzeiros según la tasa de cambio.

Superada la crisis inflacionaria, este intelectual identificado en los años 60 con las tesis desarrollistas y crítico de la dependencia de América Latina hacia EEUU, se convirtió en presidente en 1995, por el Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB), y aplicó una política económica decididamente neoliberal. Bajo su gobierno (1995-2003), el crecimiento fue bajo y en 1998, 1999 y 2003 no superó el 1%.

La tasa de desempleo subió de 6% en 1995 hasta 10% casi todos los años. La pobreza nunca bajó de 34%, pero se redujo sustancialmente con Lula y en 2005 descendió al 26%, según datos del Banco Mundial citados por Ciudad CCS. Durante la campaña que llevó al poder a Lula, Cardoso lo atacó duro, incluso llamó “amenaza para la patria” al líder del Partido de los Trabajadores (PT) para impedir su elección. Lula después reclamó que le había dejado un país en quiebra.

A Ricardo Lagos Escobar se le proclama como “estadista con profundo sentido humanista” desde su cargo en la Internacional Socialista, pero en 2000-2006 gobernó Chile con las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Firmó tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y Corea del Sur para ampliar la apertura externa. Al igual que Cardoso, en su juventud proclamó otras ideas, las suyas muy contrarias a la concentración de los grandes grupos económicos y abogó por la estatización de la economía, pero en su gobierno hizo exactamente lo contrario.

“La única y verdadera solución es, entonces, la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción, los cuales deben pasar al Estado. En la medida en que dicha propiedad subsista, todas las leyes que se dicten serán paliativos que jamás conseguirían la eliminación definitiva de las diversas formas de concentración”, escribió Lagos en la página 135 de “La Concentración del Poder Económico” (Editorial del Pacífico, 1961), su tesis de grado como abogado.

La política de Lagos hizo gratuita y obligatoria la enseñanza media, pero excluyó de la gratuidad al nivel universitario. Asimismo, profundizó el carácter comercial y privado del sistema de seguridad social y de salud e hizo desaparecer por completo la gratuidad de la universidad pública. Como todos los gobiernos de la Concertación, mantuvo las líneas de liberalización y privatización implantadas por la dictadura de Pinochet. También legitimó con reformas la vigencia de la constitución de 1980.

Al salir Pinochet de la escena ejecutiva (porque se quedó casi una década más a cargo del ejército), la pobreza marcaba en 1990 una diferencia de 130 veces en el ingreso del 5% más pobre respecto al 5% más rico, según un estudio de la Fundación Terram. Pero en 2004 esa diferencia se elevó a 209 veces. La continuidad y desarrollo de la privatización de la educación provocó las protestas estudiantiles de gran magnitud en 2011, a consecuencia de las políticas que promovió Lagos. Su gobierno estuvo alineado con la política exterior de Estados Unidos y ante el golpe del 11 de abril de 2002 en Venezuela, la cancillería de su gobierno emitió un comunicado responsabilizando de la asonada… al gobierno de Chávez. Como resultó un fallido golpe, de algo más de un día, después no hubo forma de enderezar tamaño entuerto diplomático con un país y un gobierno “amigo”…

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.

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Argentina: El Drenaje de la Educación Pública

Adolfo Melnik - Ricardo Saravia - Darío Balvidares

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Una producción del programa LA DEUDA ETERNA (FM Flores 90.7- CaBA)

Los tramos editados dan cuenta del debate sobre los efectos de las políticas, tanto del gobierno central como de la ciudad de Buenos Aires, en materia de Educación Pública. Esto es que los objetivos previstos desde los años '90 por los mandatos de sumisión y colonialidad que impusieron los "acuerdos" internacionales, a los que Argentina adhirió, se continúan cumpliendo más allá del signo partidario: Pauperización del trabajo docente. Ajuste de la escuela pública con cierre de grados en el nivel primario y de cursos en el secundario.
En conclusión, lo que hacen estas políticas es privilegiar el concepto instrumental de la educación en desmedro de lo público haciendo que los dineros drenen hacia la gestión privada.
(incluye la entrevista al Profesor Carlos Oroz, secretario general de ADEMYS, Asociación Docente)



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Argentina: ¿La educación pública es solamente salario?

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

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Con el sociólogo, profesor y autor de "La escuela como práctica política" (Agmer Paraná Editora), Andrés Brenner, intentamos reflexionar sobre el significado del inicio del ciclo escolar 2012, las "paritarias" docentes, la desvalorización de la tarea educativa por parte de la presidenta de la Nación y qué implicancias puede traer la evaluación que pretende el Estado sobre los educadores.



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ANSES en disputa: El dilema de un organismo público multifuncional que hace de todo… un poco

Claudio Lozano

Con la fórmula de movilidad del Gobierno y con los aumentos otorgados, el 75% de los jubilados percibe haberes que solo le permiten comprar la mitad de la canasta de bienes y servicios que necesitaría. De este modo llevará 50 años que estos logren el poder adquisitivo que necesitan. Un jubilado de hoy cubrirá sus necesidades a los 121 años de edad.

En el presente informe, elaborado junto a Tomás Raffo, Ana Rameri, Agustina Haimovich y Mora Straschnoy, analizamos la fórmula de movilidad y da cuenta que la recomposición del haber con respecto a la canasta desde que opera la fórmula de movilidad ha mejorado a razón de 1,1 puntos porcentuales por año. De mantenerse dicho ritmo en el tiempo un jubilado “tipo” que actualmente gana el haber mínimo, necesitará esperar 50 años para cubrir la totalidad de la canasta, momento en el cual tendría 121 años de edad. Con lo cual, dichos incrementos apenas logran compensar los efectos de la inflación sin proponer ningún tipo de recomposición de los haberes jubilatorios. En otras palabras, el contexto deteriorado de haberes genera que el 17,62% que se aplicará desde marzo a los haberes vigentes significa para la mayoría de los jubilados y pensionados de la argentina sólo $8,40 más por día.

Además el informe (Ver Adjunto) contiene como ejes centrales, los límites a la fórmula de movilidad, la postergación general de los haberes jubilatorios y la controversia de un ANSES excedentario en un contexto socio-laboral y previsional deprimido. Según el informe, para el ANSES se suceden los resultados financieros positivos, se estiman para 2012 alrededor de $14.832,6 millones es decir que la fórmula de movilidad, lejos de generar el reparto genera excedentes que en lugar de atribuirlos al fin previsional los vuelca a otros fines como el pago deuda pública, infraestructura y el sostenimiento de negocios del sector privado.

Elementos extraídos del Informe Adjunto:

La fórmula de movilidad volvió a arrojar un nuevo incremento para la actualización de los haberes jubilatorios que regirá a partir de marzo del presente año. Las jubilaciones y pensiones crecerán en un 17, 62% y de esta manera la jubilación mínima pasará a ser de $1.687 y el haber medio estará en torno a los $2.100. Sin embargo, hay cuestiones que precisan ser destacadas para lograr una lectura acertada respecto de la fórmula y su contexto:

1) El nivel actual de haberes jubilatorios está muy por debajo de sustituir el poder de compra del salario por lo que no basta sólo con sostenerlo sino que es preciso recomponerlo. Si bien el último porcentaje de incremento de los haberes superó los aumentos previos, termina por diluirse ante una realidad que combina una estructura de haberes pobres y un persistente contexto inflacionario.

A Marzo del presente año con una canasta estimada para la Tercera Edad en torno a los $3.255,7, el haber mínimo cubrirá apenas la mitad de la canasta (exactamente 51,8%) y el haber medio representará sólo el 67% de ese valor.

La recomposición del haber con respecto a la canasta desde que opera la fórmula de movilidad ha mejorado a razón de 1,1 puntos porcentuales por año. De mantenerse dicho ritmo en el tiempo un jubilado “tipo” que actualmente gana el haber mínimo, necesitará esperar 50 años para cubrir la totalidad de la canasta, momento en el cual tendría 121 años de edad.

Mientras en el 2001 el 16,1% de los jubilados cobraban el haber mínimo, en el 2012 el 74,8% de los jubilados están en esta situación. Es decir, la mayor parte de los jubilados y pensionados percibe la mitad de los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades.

El contexto deteriorado de haberes genera que el 17,62% que se aplicará desde marzo a los haberes vigentes significa para la mayoría de los jubilados y pensionados de la argentina sólo $8,40 más por día.

El aumento nominal del 17,62% implica un aumento real de apenas el 8,4% al considerar la evolución de precios del período. Asimismo si se compara en términos reales el aumento entre septiembre 2011 y agosto 2012, el mismo habrá prácticamente desaparecido al pasar a ser de apenas el 0,4%.

En concreto, se puede concluir que los incrementos otorgados por la fórmula de movilidad apenas logran compensar los efectos de la inflación sin proponer ningún tipo de recomposición de los haberes jubilatorios.

2) A pesar de que la fórmula de movilidad venga arrojando incrementos para las jubilaciones similares o superiores a los salarios, la misma no garantiza la continuidad de este comportamiento ya que su diseño tiene como fin último garantizar excedente luego de pagada la movilidad. La forma de realizar este excedente es mediante la elección del menor resultado que arroje dos fórmulas posibles de ser pagadas que, según el contexto, fija un techo por encima o por debajo a la evolución de los haberes jubilatorios con respecto a los salarios. En términos concretos, si los recursos que recauda el sistema de seguridad social por beneficio crecen por debajo de la evolución salarial entonces el aumento de haberes jubilatorios será inferior que el verificado para los salarios. Escenario éste que resulta más acorde con el contexto actual siendo que la perspectiva de recaudación récord no es eterna y la informalidad laboral pone límites presentes y futuros en cuanto al financiamiento del sistema y sugiere la necesidad de futuras moratorias para ampliar la cobertura a adultos mayores que, en esquema previsional vigente, no tienen posibilidad de acceso. Lo que aquí en apariencia se presenta como un principio de sustentabilidad del sistema, por supeditar los resultados de la movilidad a los recursos, puede ser también leído como un mecanismo que permite reproducir en el nivel de los haberes la necesidad de generar excedente en la ANSES con el fin de sortear la actual crisis fiscal del Estado Nacional.

La fórmula de movilidad no está sólo en función de las remuneraciones sino que incorpora a la recaudación como elemento central: en la medida en que la tasa de crecimiento de los recursos medios totales (en función de la cantidad de recursos por jubilación puesta al pago) del régimen previsional supere a la resultante de los salarios (aunque también combinada con los recursos tributarios medios), continuará la movilidad acorde a los ingresos de los trabajadores; de otro modo, no lo hará y quedará supeditada a las limitaciones fiscales.

El diseño de la fórmula no sólo toma en cuenta los recursos sino también la evolución de la cantidad de jubilaciones y pensiones puestas al pago generando caídas abruptas en los resultados de la fórmula si se realizan medidas inclusivas al sistema previsional.

Para la ANSES se suceden los resultados financieros positivos: para el año 2011 se verificó un superávit por $22.699 millones y para el año 2012, previendo un nuevo aumento de la movilidad en septiembre y un aumento en las asignaciones familiares estimamos un superávit de nada menos que $14.832,6 millones.

Es decir que la fórmula de movilidad lejos de generar el reparto genera excedentes que en lugar de atribuirlos al fin previsional los vuelca a otros fines como el pago deuda pública, infraestructura pública y el sostenimiento de negocios del sector privado –ej. Automotrices entre otros-.

Sin embargo, la presencia de tales excedentes fiscales convive con restricciones económicas que limitan la capacidad de recaudación del sistema público de reparto:

1) El sostenimiento de la reducción de las contribuciones patronales realizado en los ´90: Esta medida generaría recursos anuales de no menos de $60 mil millones, prácticamente cuatro veces más que el superávit fiscal.

2) El persistente y elevado nivel de informalidad laboral: La tasa de informalidad laboral promedio para el período iniciado en el 2003 hasta el año 2010 fue de nada menos que del 41,2% y al 2011 continúa en un nivel alto, en torno al 34%. A través de esta restricción no sólo se puede aprehender los límites fiscales del sistema previsional vigente sino que también se lee claramente el problema futuro del sistema previsional argentino. En nuestro país hay nada menos que 8,6 millones de argentinos que no podrán jubilarse en el marco de la ley vigente.

3) El bajo nivel del salario de la economía: El esquema productivo actual en el marco de relaciones sociales vigente sostiene un sistema económico de baja productividad que se expresa directamente en una media salarial deprimida que reproduce sus efectos, no sólo en la vida activa sino también, en la vida pasiva de la población.

Sin embargo, la agenda oficial pareciera postergar la necesidad de efectuar un replanteo integral y sortea el impacto del deterioro laboral sobre el régimen de previsional a través de:

La búsqueda de financiamiento a partir de los recursos tributarios: actualmente superan en más del 40% el total de los recursos recaudados por ANSES.

Sin embargo, al contrastar la necesidad de financiamiento producto de las nuevas prestaciones o finalidades que asumió ANSES en los últimos años ($107 mil millones) con el volumen de ingresos tributarios ($98.270 millones) se verifica que le restaría $8.699 millones para cubrir los gastos por las nuevas prestaciones y destinos que tiene actualmente ANSES verificándose entonces que la asistencia termina siendo desde ANSES a la caja del Tesoro Nacional y no al revés, como suele decirse. Por lo tanto, la asistencia real del tesoro a las jubilaciones es menor que la comúnmente se expresa ya que sostiene un organismo que ha diversificado ampliamente sus objetivos y que como consecuencia precisa incluso de más recursos para evitar que tal multifuncionalidad no derive en postergar uno de los principales fines, la atención a la población adulta mayor.

Mediante la aplicación de una fórmula de movilidad que sostiene una estructura de haberes deprimida al tiempo que garantiza excedente para financiar la política económica del gobierno nacional:

- Postergando la recomposición de los haberes jubilatorios mediante el incumplimiento los fallos judiciales de las Corte Suprema de Justicia de la Nación, como los casos Sanchez y Badaro.

3) Por último, los anuncios de los incrementos, hasta el momento, no están siendo acompañados de una justificación concreta sobre el comportamiento de cada una de las distintas variables que compone la fórmula de movilidad con el fin de cotejar los resultados alcanzados. Por lo tanto, más allá de los resultados obtenidos el pobre nivel de transparencia de la misma abre interrogantes respecto a los futuros aumentos y acerca de la veracidad de los anunciados.

El diseño de la fórmula puesta en marcha en el 2009 desengancha la evolución de las jubilaciones de los salarios escindiendo la relación sustitutiva que debiera ser sostenida y la supedita a la dinámica de los recursos y a la cantidad de jubilaciones puestas al pago cuestión que, según la coyuntura por la que se atraviesa, puede tener mejores o peores resultados.

A comienzos del presente año la fórmula de movilidad volvió a arrojar un nuevo incremento para la actualización de los haberes jubilatorios. A partir de marzo las jubilaciones y pensiones crecerán en un 17, 62%, de esta manera la jubilación mínima pasará a ser de $1.687 y el haber medio estará en torno a los $2.100.

Desde marzo del año 2009 hasta ahora los incrementos por la fórmula de movilidad llevan acumulado un aumento del 144,48% de los haberes como resultado de una dinámica interanual ascendente: el año 2009 culminó con un incremento total de 19,89%, el 2010 con un 26,5% y el año 2011 ubicó un nuevo récord con un incremento del 37%.

Del cuadro siguiente se puede comprobar que en general los aumentos que resultan de la aplicación oficial de la fórmula presentada en la Ley de Movilidad tienen relación con la evolución de los índices salariales con excepción del año 2011 durante el cual el incremento de las jubilaciones estuvo muy por encima de las variantes que miden la evolución de las remuneraciones (incluso al considerar duplicadas las estimaciones que llegan a junio 2011).

Como primera consideración podríamos suponer que el objetivo de sostener la tasa de sustitución del haber jubilatorio sobre el nivel general de los salarios se cumple con estos resultados. Sin embargo, hay cuestiones que introducen reparos a esta conclusión:

1) El nivel actual de haberes jubilatorios está muy por debajo de sustituir el poder de compra del salario por lo que no basta con sostenerlo sino que es preciso recomponerlo. Si bien el último porcentaje de incremento de los haberes superó los aumentos previos, termina por diluirse ante una realidad que combina una estructura de haberes pobres y un persistente contexto inflacionario.

2) A pesar de que la fórmula de movilidad venga arrojando incrementos para las jubilaciones similares o superiores a los salarios, la misma no garantiza la continuidad de este comportamiento ya que su diseño tiene como fin último garantizar excedente luego de pagada la movilidad. La forma de realizarlo es mediante la elección del menor resultado que arroje dos fórmulas posibles de ser pagadas que, según el contexto, fija un techo por encima o por debajo a la evolución de los haberes jubilatorios con respecto a los salarios. En términos concretos, si los recursos que recauda el sistema de seguridad social por beneficio crecen por debajo de la evolución salarial entonces el aumento de haberes jubilatorios que arroje la fórmula, otorgará un aumento inferior que el verificado para los salarios. Escenario éste que resulta más acorde con el contexto actual siendo que la perspectiva de recaudación no es eterna y el problema de la informalidad laboral pone límites presentes y futuros en cuanto al financiamiento del sistema y a la necesidad de futuras moratorias para ampliar la cobertura a adultos mayores que, en esquema previsional vigente, no tienen posibilidad de acceso. Lo que aquí en apariencia se presenta como un principio de sustentabilidad del sistema, por supeditar los resultados de la movilidad a los recursos, puede ser también leído como un mecanismo que permite reproducir en el nivel de los haberes la necesidad de generar excedente en la ANSES con el fin de sortear la actual crisis fiscal del Estado Nacional.

3) Por último, los anuncios de los incrementos, hasta el momento, no están siendo acompañados de una justificación concreta sobre el comportamiento de cada una de las distintas variables que compone la fórmula de movilidad con el fin de cotejar los resultados alcanzados. Por lo tanto, más allá de los resultados obtenidos el pobre nivel de transparencia de la misma abre interrogantes respecto a los futuros aumentos y acerca de la veracidad de los anunciados.

Claudio Lozano es diputado nacional, por el Frente Amplio Progresista.

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Argentina: Trenes, subtes y camiones, vehículos de la lucha política

Emilio Marín (LA ARENA)

La política de la semana dio tumbos alrededor del manejo de trenes, subtes y camiones. La presidenta, el jefe de gobierno porteño y el titular de la CGT, al volante, acelerando y embistiéndose.

Al final el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, presentó su renuncia, aunque su jefe, Julio De Vido, lo despidió amablemente con un "hasta pronto". El renunciante alegó motivos de salud física, cuando lo suyo era un problema político. Su corazón estaba fatigado pero su figura estaba colapsada, luego de la catástrofe ferroviaria del 22 de febrero.

En su carta de despedida, Schiavi se reivindicó como un militante peronista de toda la vida, con algunos "pecados veniales". ¿Aludía a que fue jefe de campaña de Mauricio Macri en las elecciones a jefe de gobierno en 2003?

Más que revolver esas páginas amarillas de su vida, habría sido mejor que el funcionario hiciera alguna autocrítica por su falta de controles a los concesionarios ferroviarios. Dejar pasar las 451 multas que recibió TBA con tal de mantener la cuestionada privatización, ese sí que fue un pecado de los que no se libra en un santiamén.

La salida del secretario era un final cantado, camuflado por una dolencia cardíaca. El cese de la concesión a los hermanos Cirigliano también es una pera madura a punto de comprobar la vigencia de la ley de gravedad.

Lo que no está claro es si el gobierno cambiará su política de transporte ferroviario y mandará a vía muerta la heredada del menemismo. En principio no es la idea de la presidenta, que ha ratificado la línea fracasada y al ministro que la expresa, De Vido. Con un nuevo secretario proveniente de la intendencia de Granadero Baigorria, en la Casa Rosada suponen que "escoba nueva barre mejor".

La mayoría de la opinión pública pide un cambio sustancial y cree que doblan las campanas por la privatización noventista. La ministra de la Corte, Carmen Argibay, declaró que la gente viaja como ganado y así aportó a la alcancía de la renacionalización ferroviaria.

Esa solución no es puramente ideológica, aunque tiene un componente político y de ideas. Está inspirada por la realidad y el fracaso monumental de las recetas fondomonetaristas de los '90, mantenidas en formol hasta hoy.

El juez Claudio Bonadío no tiene una currícula propia de quien llega a pelearse con el Ejecutivo con tal de ejercer su cargo con independencia, pero es probable que su investigación ponga en jaque el status quo privatizador. Son tantas y tan serias las falencias, irregularidades y mal manejo de fondos estatales, que le va a resultar muy difícil poner la causa en el frezeer y esperar las prescripciones. El fiscal Federico Delgado también pone lo suyo en el expediente para que esta vez no haya impunidad.

La causa judicial puede insumir más tiempo del deseado, para llegar a un fallo justo. Eso no autoriza a que CFK navegue a dos aguas en esta tragedia del modelo de país y de tantas familias mutiladas: debería subirse a la locomotora, tocar pito y poner en marcha la renacionalización de un buen tren para todos.

No regalar el Subte

Hubo un sorpresivo cambio de posición de Macri, de no aceptar el traspaso del Subte de Buenos Aires pese a tener firmada con la Nación el acta del traspaso. Tal falta de compromiso es tanto o más reprochable cuando, a apenas dos días de la citada acta, el jefe de gobierno porteño decidió unilateralmente el aumento del 127 por ciento en el boleto del Subte. Y lo hizo valer ante las medidas cautelares en su contra promovidas por centenares de miles de usuarios y una Multisectorial creada a tal efecto por los trabajadores de Metrovías.

Frente a esa negativa macrista, el vicepresidente Amado Boudou -que ya estaba bajo el fuego de una interesada campaña de denuncias de Clarín y "La Nación"- manifestó que el gobierno iría hasta la Corte Suprema para obligar a la Ciudad a aceptar la transferencia.

Boudou no razonaba bien en esos días, porque enunció una táctica de judicializar la política. Mucho más avezada, Cristina Fernández anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para que del debate político y parlamentario surgiera una decisión inapelable.

Si ese traspaso se judicializa se habrá sacado de la órbita del debate público protagonizado por los legisladores electos por la gente. Se privilegiaría así lo técnico y legal. Una mitad de biblioteca le daría la razón a Macri, quien alega que puede retroceder porque a la mencionada acta le faltaba la aprobación final de la Legislatura de la Ciudad. Otra mitad de la biblioteca jurídica dirá, con tanta mayor razón, que el acta firmada fue el principio de ejecución del acuerdo de partes, que el Estado nacional puso su subsidio anual de 370 millones de pesos y que el de la Ciudad Autónoma decidió el aumentazo de la tarifa, como parte de asumir la conducción en el período de transición.

El juego de las dos partes enfrentadas muestra hacia dónde se inclinan. Macri busca cautelares en la justicia, para que se congele la situación actual, o más bien, para no tener que hacerse cargo del servicio. Y la presidenta, evitando dar el paso en falso de su vicepresidente, quiere instalar el debate político en el Congreso.

Entre las dos alternativas, la menos mala es la auspiciada por Cristina. Su apuesta se vio reforzada por la decisión anunciada por De Vido: se transferirán 30 líneas de colectivos con subsidio de la Nación y que funcionan en el área de la Ciudad. Actualmente esas líneas le insumen al país mil millones de pesos anuales en subsidios, que ahora debería oblar la gestión del PRO.

En esta polémica hay una tercera posición que el kirchnerismo descarta: reestatizar el Subte con control de usuarios, trabajadores, Universidad Tecnológica Nacional (UTN) e Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Si hasta 2011 el Estado ponía subsidios por más de 700 millones de pesos anuales y financiaba la mayor parte de las obras, y siendo un servicio esencial para 1.2 millón de usuarios diarios, ¿por qué regalar el Subte al binomio PRO-Roggio/Metrovías? ¿Acaso son tan diferentes de los impresentables de TBA?

No pelearse tanto con camioneros

Una disputa áspera con los inescrupulosos empresarios del transporte y con la antes híper amiga Repsol, tiene una alta justificación porque se trata de monopolios que detentan servicios públicos esenciales o recursos naturales estratégicos.

Se entiende muy bien la pelea política con Macri, el sobreviviente de los presidenciables de la oposición conservadora, que duró más porque precisamente no subió al ring de octubre pasado.

En cambio no se justifican tantos agravios al magisterio, como las hirientes y erráticas afirmaciones presidenciales del 1 de marzo. Estas le costaron que el 6 de marzo pararan en forma masiva las escuelas de todo el país y varias universidades, luego de la convocatoria de los gremios del sector y la Conadu Histórica.

En similar sintonía fina, la presidenta ha seguido demorando una reunión pedida hace varias semanas por la CGT, que quiere discutir asuntos relativos al movimiento obrero. En la Casa Rosada al camionero Hugo Moyano lo tienen con el cepo puesto, como si hubiera estacionado en lugar prohibido.

Esa situación de "cordón sanitario" fue explotada por el cegetista con bastante humor, al comentar la entrevista que la mandataria dio al rockero británico Rogelio Aguas. Moyano comentó: "A Waters sí lo recibe porque es rubio, a mí no porque soy negro y no sé tocar ni la flauta".

Se supone que la jefa de Estado no quiere darle audiencia al sindicalista por sus duros reclamos en el acto de Huracán, de diciembre pasado. Pero entre los ministros y dirigentes justicialistas, ¿no hay nadie que la aconseje bien? Por ejemplo, en el sentido de dialogar con la CGT, aceptarle algunos puntos y rechazar otros, fijar un cronograma donde ciertas reivindicaciones se darán ahora, como la negociación salarial y el aumento del monto mínimo del impuesto a las ganancias, y otras quedarán para más adelante, por caso la deuda millonaria con las obras sociales.

¿Nadie en el gobierno puede lograr que la presidenta recapacite y haga más amigable su disputa con la CGT? ¿Ni siquiera Carlos Zannini y Máximo Kirchner? Alguien debería explicarle que si está en una dura confrontación de política interna con el macrismo y los medios monopólicos, y una aún más difícil patriada de política internacional con el imperio británico a propósito de Malvinas, lo aconsejable es una política nacional y popular de gran amplitud. Y en ese círculo abarcador lo mejor sería tratar de cerrar algunas heridas con la CGT que tanto defendió al gobierno de Néstor Kirchner y al suyo propio.

El 14 de junio próximo, en la reunión de la ONU por Malvinas, Argentina debería presentar el frente interno lo más compacto posible. Si no hubiera otras razones de mayor peso, esta aspiración a recuperar la soberanía nacional sobre las islas ya sería suficiente argumento para reabrir el debate y escuchar otras opiniones. Un gobierno casi sordo a reclamos de trabajadores ferroviarios, público, usuarios y Auditoría General de la Nación no vio que se avecinaba el choque fatal en Once. Que la visión empañada y la falta de frenos a tiempo no provoque otros choques con camiones...

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Declaración ante la negativa del Reino Unido de Gran Bretaña de entablar negociaciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas

AAJ

Declaración ante la negativa del Reino Unido de Gran Bretaña de entablar negociaciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas, la militarización de la zona y la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

Ante la persistente negativa de la Gran Bretaña a entablar negociaciones sobre las Islas Malvinas a pesar del llamado de las Naciones Unidas, las medidas adoptadas por este país que implican la militarización del Atlántico Sur, y la continuidad de sus operaciones de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, la Asociación Argentina de Juristas - Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas, organización continental no gubernamental, con estatuto consultivo en la ONU,- entre cuyos objetivos se encuentran la lucha por la autodeterminación de los pueblos y contra el colonialismo, reiterando su declaración del 21 de febrero de 2010, manifiesta:

Que la actitud del Reino Unido de la Gran Bretaña, y sus acciones unilaterales, quebranta la integridad territorial de nuestro país, y resulta incompatible con los propósitos y los Principios de la Carta de las Naciones Unidas, y las disposiciones que se citan infra.(*).

Que, en razón de existir numerosos antecedentes de acciones violatorias anteriores por parte de la Nación Británica, oportunamente rechazados por la comunidad internacional, nos encontramos frente a verdaderos resabios de coloniaje y ante una posición política que pone en riesgo la estabilidad de la región, la paz y el orden internacional.

Que la sucesión de acciones unilaterales británicas justificaron, entre otras causas, la decisión del Gobierno Argentino de dar por terminada –desde el 27 de marzo de 2007– la Declaración Conjunta argentino–británica de 1995 que, bajo fórmula de salvaguardia de soberanía, impulsó la cooperación en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área en disputa.

Que la pretensión de concederles el derecho de autodeterminación a los colonos británicos que viven en las Islas Malvinas es asimilable a la política utilizada por Hitler en el Tercer Reich, quien -con el mismo procedimiento - planificó la inclusión de poblaciones étnicas germanas en zonas como Sarre, Austria, los Sudetes, el territorio de Memel, Eupen-et-Malmédy (arrebatada a Bélgica), Alsacia-Lorena (arrebatada a Francia), Danzig y diversos territorios del centro y norte de Polonia, y el territorio checo de la República de Checoslovaquia, para anexarlos como territorios subyugados, dándole el nombre de Protectorado de Bohemia y Moravia. Y más adelante hizo lo propio con la Silesia Checa, el Luxemburgo ocupado, las regiones sur y central de Polonia.

POR ELLO

La Asociación Argentina de Juristas,

APOYA la convocatoria de la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández Vda. de Kirchner, a la unidad nacional para enfrentar esta situación y la protesta realizada ante las Naciones Unidas rechazando la realización de operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en el área de la plataforma continental argentina. Acompañamos también todas las acciones pacíficas, apropiadas y conducentes tendientes a impedir que se efectivice tal exploración, ello en uso de las facultades que implican el ejercicio de la soberanía territorial sobre sus aguas jurisdiccionales.

APRECIA como de significativa importancia el apoyo brindado por todos los países latinoamericanos y de los organismos regionales como UNASUR y CELAC, que fortalecen el proceso de integración.

REPUDIA todo acto basado en políticas colonialistas, y a quienes participen directa o indirectamente en su realización, incluyendo a las empresas privadas involucradas. Merece un especial repudio aquellas empresas que, con asiento en el país participen en operaciones que faciliten la consumación del despojo.

REITERA que la Nación Argentina tiene derecho a disponer medidas de represalia económica respecto a la Gran Bretaña y a las empresas de ese origen radicadas en el país, hasta resarcirse de los daños y perjuicios que le provoca la usurpación territorial de las Islas Malvinas y la explotación de sus recursos naturales.

Buenos Aires, 5 de marzo de 2012

Beinusz Szmukler
Presidente del Consejo Consultivo Continental
Ernesto Moreau
Presidente Rama Argentina

Carlos M. Vilas
Vice-presidente Rama Argentina

Claudia V. Rocca
Secretaria General

Rosana Actis
Secretaria de Prensa

María Cristina Hammermuller
Tesorera


(*.) La Resolución 1514 de la ONU que proclama poner fin rápidamente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones.
La Resolución 2065 del 16 de septiembre de 1965 aprobada por la XX Asamblea General de las Naciones Unidas
La Resolución 3160 del 14 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El punto 4 de la misma "insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas estén atravesando por un proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas" (Res. 2065 y 3160). Esta resolución se propuso poner fin a un período conflictivo entre ambas naciones caracterizado por diversas violaciones a la soberanía territorial Argentina por parte de Gran Bretaña.
La declaración de la XVI Asamblea General de la OEA reunida en Guatemala, en noviembre de 1986, respaldando el comunicado del gobierno argentino, que sostenía que la "zona de exclusión" decretada por Gran Bretaña alrededor de las Malvinas constituía una "amenaza cierta" a la paz.
La resolución del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, del 4 de febrero de 1987 en Río de Janeiro, en la que el órgano consultivo del organismo panamericano, ratificó que "la Argentina tiene inobjetable soberanía sobre las islas Malvinas", y calificó como "un acto atentatorio no sólo contra el derecho sino también contra la paz y la seguridad internacionales" la decisión británica de establecer una zona de exclusión pesquera en aguas ubicadas alrededor del archipiélago.
La resolución del 1º de marzo de 1988, en la Reunión Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA realizado en Washington, en razón de las maniobras militares en el Atlántico Sur programadas unilateralmente por Gran Bretaña, bajo el nombre de "Fire Focus".

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El Gobierno es intimado otra vez por la OIT

Horacio Meguira (ACTA)

Los órganos de control de la OIT vienen insistiendo en la necesidad de modificar la ley sindical y en la falta de pronunciamiento del Ministerio de Trabajo ante la solicitud de personería gremial de la CTA. El nuevo informe de la Comisión de Expertos será tratado en junio, en la 101° conferencia de la OIT.

Este mecanismo, por el cual la OIT se pronuncia y exige, y el Gobierno promete, incumple y dilata, se ha convertido en una rutina. Pero este año el informe trae algunos conceptos que merecen considerarse en razón de su significado y gravedad. Sobre el pedido de personería gremial dice: “Deplora el largo tiempo transcurrido sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado en relación con el pedido de personería gremial de la CTA”. El verbo utilizado -deplorar- es la calificación más fuerte que se utiliza en los organismos internacionales por la violación de un convenio por parte de un país y es indicativo de la gravedad del incumplimiento, en este caso por su perdurabilidad en el tiempo (7 años). Al intimar al Gobierno, lo hace con equivalente gravedad: “Urge nuevamente a que de inmediato se pronuncie al respecto”.

Al abordar los obstáculos legales, la Comisión viene señalando desde hace numerosos años (1989) la existencia de incompatibilidades entre varias disposiciones de la ley de asociaciones sindicales y el convenio 87 de libertad sindical.

Una gran parte de dichos cuestionamientos fueron ratificados por la Corte Suprema en los fallos ATE y Rossi (últimamente, también por numerosos pronunciamientos de los tribunales del Trabajo de todo el país), declarando la inconstitucionalidad de dichas disposiciones y afirmando que las conclusiones de la Comisión de Expertos de la OIT son obligatorias para los tribunales locales .

A pedido del Gobierno, una misión de asistencia técnica de la OIT estuvo en el país en 2010. En sus conclusiones, solicitó que se formara una comisión para redactar una ley que permitiera adecuar la legislación nacional a dicho convenio de libertad sindical.

El Ministerio de Trabajo nunca la convocó.

Nuevamente la OIT es drástica: “La Comisión pide firmemente al Gobierno que, tras un examen tripartito del informe de la misión que visitó el país en 2010 y teniendo en cuenta las sentencias judiciales declarando la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23551, tome las medidas necesarias para poner la legislación en conformidad con el Convenio y confía en que el Gobierno informará en su próxima memoria sobre avances al respecto.”

Pero lo más significativo (si no fuese por las consecuencias, sería irrisorio) fue la excusa que puso el Gobierno : “No fue posible profundizar estas consultas habida cuenta el diferendo institucional interno de la CTA, que persiste desde mediados del año pasado y que no permite avanzar en el camino propiciado por la misión de la OIT y compartido por el Gobierno”. Hace más de 24 años que la OIT observa la ley argentina y 7 que el Gobierno mantiene silencio ante el pedido de personería de la CTA. Resulta que ahora el Gobierno alega que no fue posible cumplir con la intimación de la Comisión por el “diferendo institucional” de la CTA surgido a partir de la elección de autoridades de setiembre del 2010.

Esta actitud es una vergüenza para nuestro país, pero es coherente con “el relato” del Gobierno, en el cual la verdad se aleja cada vez más de su discurso. La mentira y la dilación son su práctica. Lo lamentable es que este tipo de conducta ante un organismo de Naciones Unidas termina afectando a todos los argentinos.

Horacio Meguira es Director del Departamento Jurídico de la CTA.

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Argentina; Juicio a los genocidas: Denuncian amenazas a querellantes

REDACCION ROSARIO

La agrupación HIJOS regional Córdoba denunció el viernes las amenazas recibidas por la familia Villanueva, única querellante en el juicio que se lleva a cabo contra ex miembros del Comando Radioeléctrico de la policía provincial, por el fusilamiento de tres militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en 1976.

Mediante un comunicado, Hijos señaló que los organismos de Derechos Humanos de Córdoba "hacemos público nuestro absoluto repudio a las amenazas que por segunda vez sufrió la familia Villanueva" unicos querellantes en la causa.

Añade que "en el día de la fecha, después de la audiencia que tuvo lugar en el edificio de Tribunales Federales, llegaron dos mensajes anónimos a un celular particular perteneciente a la familia Villanueva con mensajes intimidatorios similares a los recibidos al inicio del juicio", el 14 de febrero.

"La familia de Ana María Villanueva (una de las víctimas), viene exigiendo justicia hace 36 años. Saben que esta lucha no ha sido fácil, pero están convencidos de que a la impunidad solo se la derrota rompiendo el silencio".

Señalan más adelante que los familiares de la víctima "afirman que estas amenazas de ninguna manera amedrentan su lucha por Justicia, que en pocos días tendrá su corolario con la sentencia del tribunal".

"No vamos a tolerar -añade el comunicado-, que en el marco de la democracia y más de tres décadas después de la dictadura cívico-militar que castigó ferozmente al país, siga apareciendo la estrategia de sembrar el terror para paralizar y silenciar las luchas justas".

Finalmente señala: "acompañamos a la familia Villanueva exigiendo a la Justicia que se investigue, se encuentre y juzgue a los responsables de estos actos tan cobardes".

Por esta causa, están siendo juzgados los ex policías Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y José Filiberto Olivieri, ex integrantres del Comando Radioeléctrico, quienes formaban parte del grupo de policías que detuvo y fusiló a los jóvenes estudiantes universitarios Ana María Villanueva, Jorge Manuel Diez y Juan Carlos Delfín Oliva, simulando un enfrentamiento, el 2 de junio de 1976.

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Argentina, Córdoba: El fiscal Lozada solicitó que se revoquen los sobreseimientos a Videla y Menéndez

Katy García (PRENSA RED)

Se basó en lo resuelto por la Cámara Nacional de Casación Penal cuando en 2007 dictaminó que el apoderamiento de bienes de la empresa es un delito lesa humanidad y por consiguiente imprescriptible. Duras críticas al juez Federal Alejandro Sánchez Freytes.

En el marco de la causa conocida como Mackentor, se llevó a cabo la primera audiencia de apelación que deberá resolver los sobreseimientos concedidos a Videla y Menéndez por el juzgado federal nº 3, a cargo de Alejandro Sanchez Freytes como magistrado subrogante.

La audiencia se realizó en la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones. El tribunal estuvo presidido por Abel Sánchez Torres acompañado por los vocales José María Pérez Villalobo y Carlos Julio Lascano.

La causa Mackentor trata el vaciamiento de la firma del mismo nombre dedicada a la construcción que fue tomada por asalto durante la dictadura, sus directivos secuestrados y sus bienes enajenados.

El primero en exponer fue el fiscal general Alberto Lozada quien solicitó que se revoquen los sobreseimientos de Videla y Menéndez. El funcionario dijo que para el ministerio público la decisión tomada por Alejandro Sánchez Freytes al asumir en lugar de Cristina Garzón de Lascano constituye un “agravio” porque la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió, en 2007, que los delitos conexos deben considerarse crímenes de lesa humanidad e imprescriptibles.

Vale señalar que Sanchez Freytes reincidó así en el argumento esgrimido por Garzón de Lascano en 1984, cuando negó reparación a los dueños de la firma, una vez recuperada la democracia en Córdoba.

En contraposición, el fiscal Lozada argumentó ayer que la forma en que sucedieron los hechos se corresponde con la ejecución de un plan sistemático ordenado por los nombrados y ejecutado por personal del ejército a su disposición.

En esa línea recordó que el operativo realizado en abril de 1977 estuvo a cargo de personal de la Brigada Aerotransportada que ingresó de manera violenta y se apoderó de bienes muebles e inmuebles que la empresa constructora Mackentor poseía en Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero. “Se detuvo a directivos y empleados, se incautó la documentación de las empresas mientras los trasladaron a La Ribera y luego en una segunda etapa se dieron órdenes para que se bloquearan las cajas de ahorro y los bienes de las empresas”, explicó.

Asimismo agregó que para “generar una apariencia de legitimidad” además del vasto operativo enviaron al General Centeno al Juzgado Federal Nº 1 –a cargo de Adolfo Zamboni Ledesma- donde se tramitó una causa penal por subversión.

El fiscal arguyó que tanto Videla, presidente de facto y comandante en jefe de las fuerzas armadas, como Menéndez comandante a cargo del Tercer Cuerpo de Ejército, son responsables de haber ordenado y ejecutado el procedimiento ilegal.

Allí fue cuando Lozada acusó a Sánchez Freytes, señalando que el magistrado “descontextualizó” los hechos y cometió una “equivocación gravísima” al separarlos. “No tienen que ver con la propiedad sino que están directamente relacionados con los delitos de tormentos y desapariciones del personal, los propietarios y socios de la empresa”, consideró.

Los dueños de la firma pasaron por un verdadero calvario, ya en democracia, porque nos solo perdieron la posibilidad de recuperar sus bienes robados sino que, además, debieron indemnizar al Estado por haber iniciado juicio.

El caso llegó al paroxismo cuando debieron rematar las pocas propiedades que les quedaban para pagar los honorarios a los tres procuradores que actuaron en la causa: Graciela López de Filoniuk, actual fiscal federal, Luís Rueda, presidente de la Cámara de Apelaciones, y Carlos Otero Álvarez, camarista jubilado, quien fue defenestrado por el Consejo de la Magistratura por su colaboracionismo con la dictadura. Por eso, la causa roza a la jueza Garzón de Lascano y se enmarca en la actitud sistemática que la justicia federal sostuvo para evitar que se dé con los culpables del robo de bienes en Córdoba, entre 1976 y 1983.

En ese sentido, Lozada asume el cambio de rumbo de la justicia federal y fue en ese sentido que enfatizó que el modus operandi es parte de la aplicación de un plan integral, sistemático, creado por la junta y ejecutado por Menéndez junto al personal a su cargo y haciendo uso de la logística. “Que existió el plan sistemático es algo indiscutible” sostuvo y recordó que esto ya fue definido y comprobado en la Causa 13.

“No hay ninguna duda de que estos hechos son inescindibles de los ejecutados en lo que llamaban la lucha contra la subversión”, afirmó. Analizó la jurisprudencia existente y apuntó que en la causa Ceballos la cámara se expidió en igual sentido, esto es, que los delitos conexos son imprescriptibles. Por lo tanto sostuvo que ambos jerarcas deben ser imputados. La causa remueve los cimientos de la justicia cordobesa y por eso sus derivaciones pueden superar el enjuiciamiento de Videla y Menéndez.

Los defensores

A su turno, los abogados Jorge Agüero, letrado de Luis Manzanelli; Ernesto Gaudín, defensor de José Luis Yáñez, y Osvaldo Viola de Jorge Exequiel Acosta quienes coincidieron en pedir que se revoquen los procesamientos y se declare nulo lo actuado por prescripción de las causas, apoyándose en los criterios de Garzón de Lascano y Sánchez Freytes.

El primero solicitó que Manzanelli sea desprocesado y sobreseído porque es cosa juzgada. “Acá hay intereses espurios y habrá demandas millonarias al estado”, afirmó. Fiel a su estilo polémico y vehemente acusó al abogado de la querella Juan Carlos Vega de haber sido un “alcahuete” del proceso militar. Y también desacreditó como es habitual a los sobrevivientes que declararon en varias causas acusándolos de “agentes de inteligencia”.

Negó que su defendido haya tenido participación en los hechos porque no fue mencionado por las víctimas como autor de tormentos y dijo que no hay pruebas objetivas para incriminarlo.

Gaudín adhirió a la argumentación legal de Agüero y solicitó que Yáñez sea sobreseído y se declare la nulidad del procesamiento.

En tanto que Osvaldo Viola negó que se estén juzgando delitos de lesa humanidad y afirmó que se trata de “delitos políticos” y que se consideran los derechos humanos de los vencedores.

Requirió que se aplique el “principio de ley más benigna, vigente al momento de los hechos que están prescriptos”. Dijo enfáticamente que a su defendido Acosta le aplican privación de la libertad agravada cuando era un capitán del ejército y no un funcionario público. Y expresó que los hechos sucedieron en el contexto de una “guerra”.

El la sala estuvieron presentes los abogados de la querella Juan Carlos Vega y Marisa Bollea, familiares de las víctimas y los imputados Arnaldo López y Jorge Acosta.

En la próxima audiencia que se realizará el viernes 16, a las 10:30, tendrá la palabra la defensora oficial Mercedes Crespi y los representantes de la querella.

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Argentina, Chaco: Carlos Skidelsky, juez Federal de Resistencia: “Mi deuda es encontrar los restos de los desaparecidos de la Masacre”

CHACO DIA POR DIA

El magistrado que su deuda pendiente es la localización del destino final que tuvieron las personas fusiladas el 13 de diciembre de 1976. Dijo que actualmente está investigando “la pata judicial” que tuvo la dictadura en el Chaco.

El juez Federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, reconoció que su deuda pendiente es la localización del destino final que tuvieron parte de las personas fusiladas en la Masacre de Margarita Belén y que hasta el día de hoy se encuentran desaparecidas. Afirmó que actualmente está investigando “la pata judicial” que tuvo la dictadura en el Chaco y confesó haber sufrido amenazas y hasta un atentado, en el marco de su labor en causas vinculadas con investigar delitos de lesa humanidad ocurridos en la provincia.

Tras varios años de silencio, el juez que tiene a su cargo las causas Caballero Residual y Margarita Belén II reapareció en los medios. Esta vez, concedió este sábado una entrevista de más de 20 minutos a Radio Libertad. Sus declaraciones apuntaron a la actuación que le compete como magistrado responsable de investigar el Terrorismo de Estado perpetrado en la provincia entre 1975 y 1980.

“Lo que tengo como una deuda moral y pendiente, y que para mí sería mi último esfuerzo para irme tranquilo es encontrar los restos de las personas desaparecidas en la causa de Margarita Belén”, se sinceró Skidelsky. “Mi objetivo en la lucha esta por la violación a los Derechos Humanos hoy lo tengo como prioridad. Y recuperar los cuerpos de las personas desaparecidas sería una forma de cerrar las heridas en este hecho tan trágico y cumplir con los familiares de esas víctimas”, añadió.

Consultado sobre si cuenta con indicios nuevos que lo acerquen al lugar donde fueron enterrados, el juez comentó que hay “dos o tres” sitios en el cementerio San Francisco Solano de Resistencia donde cree que podrían estar los restos. De todos modos aclaró que no hay certezas en esta sospecha pero sí indicios importantes, las cuales serán confirmadas o desestimadas a través del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Cabe recordar que en la denominada Masacre de Margarita Belén, perpetrada el 13 de diciembre de 1976 por un grupo de militares, a la vera de la ruta 11, fueron fusilados de manera clandestina al menos 22 personas. De ellas, sólo se encontraron los restos de 11. En el expediente sólo se contabilizan cuatro víctimas más cuyos cuerpos no fueron hallados, que son Julio Andrés Pereyra , Roberto Yedro, Fernando Piérola y Reinaldo Zapata Soñéz. El resto de las victimas fusiladas y desaparecidas aún no están incluidas en la causa.

La pata judicial

Por otra parte, y en el marco de las recientes detenciones del exfiscal General, Roberto Mazzoni y del exjuez Federal, Luís Córdoba, ambos, acusados de omisiones graves y complicidades con la represión ilegal en el Chaco, Skidelsky los enmarcó en lo que denominó como “la pata judicial”.

“Ahora comienza una investigación respecto a lo que se denomina la ‘pata judicial’ en el tema de la investigación de los delitos de lesa humanidad”, dijo el juez, previo a aclarar que sus declaraciones no se refieren a Mazzoni y Córdoba en particular, sino a la Justicia argentina en general. En este sentido, el magistrados recordó que ya a principios de la década pasada, en su dictamen en el que solicitaba a la Corte Suprema la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, tenía una opinión formada sobre la complicidad que tuvo el Poder Judicial durante los año de plomo.

“Decía que los funcionarios de la Justicia habían colaborado no sólo con su gestión sino a veces con su pasión personal para convalidar esa situación inmoral, ilícita e injusta que se estaba dando en el país. Me animaba a decir eso porque ningún juez ni fiscal tuvo problemas (durante la dictadura). No me refiero a las dos personas que están en este momento sometidas a proceso, sino en general del Poder Judicial y sus falencias”, aclaró, al tiempo que adelantó que por el momento no se preveen nuevas detenciones en las causas que tiene a su cargo.

Atentados

Respecto a las amenazas que normalmente les llegan a los funcionarios judiciales que tienen a su cargo la investigación del Terrorismo de Estado, Skidelsky reconoció que las tuvo, e incluso que fue víctima de un atentado, del cual no dio detalles. “En realidad no me quiero victimizar, pero más que amenazas fueron atentados directos. Que hasta ahora, Dios me protegió”, confió.

¿Hizo la denuncia?, se le consultó al juez. “No. Porque ‘del otro lado’ dirían que me quiero victimizar para salvarme de mis causas en el Consejo de la Magistratura. No quiero darle la oportunidad de que me digan eso”, respondió, y añadió: “Nunca hice la denuncia pero fueron amenazas concretas y hasta un atentado. Pero nos hemos salvado”.

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Argentina, Chaco: Causa Caballero Residual, el exfiscal comenzó su descargo Mazzoni: “Es ilógico que me acusen; tengo un primo desaparecido”

CHACO DIA POR DIA

El exfiscal acusado de encubrir crímenes de lesa humanidad comenzó este viernes su declaración indagatoria. Negó haber apañado violaciones a los derechos humanos y sostuvo que incluso tiene un familiar desaparecido.

El exfiscal General, Roberto Mazzoni, acusado de colaborar de manera activa en crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura en el Chaco, comenzó este viernes su descargo ante la Justicia Federal. Como era previsible, negó haber apañado violaciones a los derechos humanos y sostuvo que incluso tiene un primo desaparecido. Seguirá declarando este lunes, a partir de las 9.

Mazzoni declaró este viernes por casi dos horas ante el Juez Federal, Carlos Skidelsky. Mientras tanto, afuera del Juzgado, un grupo de exdetenidos políticos y familiares de victimas del Terrorismo de Estado le dedicaban un sonoro escrache.

En su relato, el exfiscal se dedicó a negar (de manera muy insistente) todas las acusaciones en su contra las cuales apuntan a su participación en el aparato judicial que encubrió torturas, secuestros y desapariciones forzadas de personas antes y durante la última dictadura en el Chaco.

Su relato, que se inició a las 11 y finalizó a las 12.45, comenzó al recordar que ingreso con el cargo de Secretario Penal del Juzgado Federal en mayo de 1974 hasta agosto de 1976. A partir de esa fecha ascendió en jerarquía: fue nombrado Fiscal de Primera Instancia, cargo que retuvo hasta abril de 1992, cuando siguió escalando. Fue designado Fiscal General Federal, hasta que, acorralado por las serias acusaciones en su contra sobre su actuación en la dictadura y ante la inminencia de un Jury de enjuiciamiento por estas imputaciones, se vio obligado a renunciar en diciembre de 2007.

Órdenes

Mazzoni aseguró que siendo secretario del Juzgado Federal sólo se dedicó a seguir las órdenes de los jueces que en ese momento estuvieron como titulares de dicha repartición: Guillermo Mendoza (que se desempeñó en ese cargo hasta octubre de 1975), Esla Corsi de Linstrom (quien subrogó el Juzgado hasta diciembre de 1975), y Luís Córdoba, que asumió a fines de 1975 y que hoy está detenido por encubrir crímenes de lesa humanidad. “Yo trabajaba con estricta sujeción a las ordenes que impartían los jueces, independientemente de quién sea”, dijo.

El exfiscal pintó un panorama de una supuesta normalidad en el accionar judicial durante esos tumultuosos años. “Recuerdo mi trabajo normal: se habían dictado la ley 20840 (sobre actividades denominadas subversivas), que incluía vaciamiento de empresas, creo que se había dictado en 1974”, recordó. “También habían habeas corpus, que se resolvía de conformidad a esa legislación, habían algunos casos que se resolvían favorablemente, otros no, según el criterio del juez”, se despegó.

Relató además que ya siendo fiscal, su tarea se acotó a cumplir las normativas que le impartían los fiscales de Cámara, quienes a su vez recibían directivas del Poder Ministerio de Justicia de la Nación. “Mientras me desempeñe como secretario lo hice con total sujeción a las ordenes impartidas por los señores jueces, el reglamento para la justicia nacional, las leyes, la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia. Reitero: ese era mi trabajo; yo cuidaba mi trabajo”, dijo.

René Puig

Como una forma de victimizarse, Mazzoni recordó que él también tuvo un familiar desaparecido. Y este hecho, según su remañido análisis, hace que sea un contrasentido que lo acusen de colaboracionista del Terrorismo de Estado. “Tengo un primo hermano desaparecido. Era Rene Puig, vivía en Adrogue, Buenos Aires. Su desaparición es un pesar que yo también estoy llevando. Eso hace que sea tanto o más ilógico que yo integre un asociaron delictiva tendiente a desaparecer personas cuando un primo mío esta desaparecido”, afirmó.

Preso desde el lunes pasado en el Escuadrón 51 de Gendarmería, Mazzoni está acusado de encubrimiento, en cinco hechos; de no dar cuenta de una detención ilegal, en cuatro hechos; de no promover la persecución y represión de delincuentes, en diez hechos y de no investigar tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad, en cinco hechos. Además le imputan haber incumplido deberes de funcionario público en cinco hechos, en concurso ideal con el delito de Asociación Ilícita. Todos, en calidad de autor.

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Argentina: Comienza un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en Tucumán

TELAM - PRIMERA FUENTE

Un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad comenzará el próximo jueves y en este caso la víctima es Emma del Valle Aguirre, ex detenida en un centro clandestino de Nueva Baviera, donde fue torturada en 1977. En la causa estaban imputados en un primer momento Antonio Domingo Bussi y Alberto Mario Albino Zimmermann, pero en ambos casos la acción penal quedó extinguida por fallecimiento de los represores.

La causa fue elevada a juicio oral por el juez federal N°1, Daniel Bejas, y si bien entre los imputados figura el ex jefe del III Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez, en principio sólo será juzgado un ex comisario, Miguel Angel Moreno, jefe de la comisaría de León Rougés.

Menéndez y Moreno fueron acusados de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, y tormentos en perjuicio de Aguirre.

En la causa también estaban imputados en un primer momento Antonio Domingo Bussi y Alberto Mario Albino Zimmermann, pero en ambos casos la acción penal quedó extinguida por fallecimiento de los represores.

El juez Bejas tomó como eje central de su acusación la declaración de Aguirre, quien sobrevivió a los tormentos recibidos y pudo contar su historia.

Moreno era el encargado de torturar a Aguirre, quien actualmente tiene 67 años y le relató al magistrado, con lujo de detalles, todo lo que debió pasar.

Aunque se espera la decisión oficial del Tribunal Oral Federal (TOF), en principio el único acusado que estará presente en el juicio es Moreno, ya que el médico forense Cristian Rando recomendó la separación de la causa de Menéndez por cuestiones de salud.

Según el informe oficial, el represor, que ya recibió siete condenas por delitos de lesa humanidad, "no se encuentra en condiciones físicas apropiadas" para confrontar las instancias de un proceso judicial en ninguna de sus modalidades: presencial o teleconferencia.

Rando precisó que Menéndez, de 84 años, sufrió "una cardiopatía coronaria con infarto de miocardio y presenta lesiones coronarias residuales, la sintomatología referida por el paciente, la arritmia cardíaca, las cifras tensionales elevadas a pesar de la medicación y la patología pulmonar agregada".

La documentación ya fue enviada al titular del Tribunal, Gabriel Casas, y al secretario, Mariano García Zavalía, para su análisis.

Según pudo reconstruir Bejas, y consta en la elevación a juicio, Aguirre fue secuestrada de su domicilio ubicado en Ruta Nacional 38, antes de llegar al camino viejo que va hacia la localidad tucumana de Simoca, el 17 de febrero de 1977.

El día de su secuestro llegaron varias personas de civil, todos encapuchados, y tiraron la puerta de su casa a patadas, tras lo cuál la sacaron con los ojos vendados y la subieron a una camioneta.

Ya en su lugar de detención ilegal, donde fue atada en pies y manos con alambres, Aguirre fue sometida a torturas reiteradas y en una ocasión se le cayó la venda de los ojos y pudo ver que el genocida Bussi daba las instrucciones mientras era vejada.

También pudo reconocer a quien le ponía la botella en la boca era Moreno, el comisario de León Rougés.

En la madrugada del 6 de marzo de 1977 la dejaron en el campo, detrás de un montículo de áridos cerca de Acheral.

Por la descripción efectuada del lugar donde Aguirre estuvo privada de su libertad, Bejas llegó a la conclusión de que se trata del ex ingenio Nueva Baviera, en el departamento Famaillá, en el sur de la provincia.

Aguirre estará presente en el juicio, que se estima será breve ya que hay pocos testigos que aportarán su declaración, y tendrá la posibilidad de presenciar el momento en el que al menos Moreno sea condenado por lo que hizo hace 35 años.

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Argentina: Boletín de la CORREPI

Garré, la policía y lo imposible / Garré recargada / Ningún pibe nace chorro, pero por las dudas... / La recurrente criminalidad policial / La masacre, la nueva ofensa / Pero rápidamente consignamos: No hay lugar a la sorpresa.

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Garré, la policía y lo imposible
Esta semana, Nilda Garre, la ministra de seguridad, encargada de coordinar y hacer efectiva la política represiva del gobierno, ordenó el retiro y desplazamiento de 56 comisarios y 23 comisarios inspectores de la policía federal.
En algunos casos, fueron los propios policías los que pidieron el retiro, porque alcanzaron los requisitos para jubilarse, o porque no ascendieron en el escalafón, como es el caso del ex titular de la comisaría 19ª, Gerardo Fabián Galli, que fue “congelado” en los ascensos –pero no echado- por sus vinculaciones con el proxenetismo junto al “empresario” Raúl Martins.
Estas “purgas” periódicas suelen ocurrir cuando la obviedad de los crímenes de algunos de sus subordinados requiere una limpieza de cutis para sostener la imagen de la fuerza y del gobierno que la dirige. Es el caso del comisario inspector Luis Mansilla, ex jefe de Control de Líneas de la Policía Federal, y del comisario Jorge Ferreyra, ambos procesados por el asesinato del militante Mariano Ferreyra, a los que el gobierno optó por excluir del servicio activo para facilitar que la culpa quede visibilizada en ellos, y se disimule la responsabilidad estatal en el hecho.
Cabe aclarar que, como no fueron exonerados, sino simplemente pasados a la situación de retiro, todos gozarán de sus haberes jubilatorios, obra social y demás privilegios como jubilados estatales, sin importar que estén investigados por asesinatos, narcotráfico, violaciones, tortura, proxenetismo u otros delitos.
Los cargos vacantes serán ocupados, en algunos casos, por personal de gendarmería, otro sector de los ejecutores de la represión estatal al cual quieren hacer ver como “patrióticos y limpios”, pero que cumplen la misma función que cualquier policía o prefecto y que no es otra que reprimir manifestaciones o fusilar pibes en los barrios.
Este tipo de maniobras tiene el objetivo de generar consenso para la represión, ya son un “lavado de cara” de las fuerzas represivas basado en la vieja y falsa excusa de que existen policías malos y otros buenos, o manzanas podridas que pudren al resto, de modo que “el problema” se solucionaría separando a los “malos”. Se pretenden generar, así, erróneas expectativas del pueblo sobre quién se encarga de disciplinarlo y reprimirlo. El gobierno intenta una vez más confundir y construir consenso para llevar a delante lo que la represión necesaria para mantenerse en donde están.
Como decimos una y otra vez desde CORREPI, no es un policía, es toda la institución. No se trata de personas que actúan individualmente, sino de la función que cumplen en la sociedad, y eso no se puede (y tampoco lo pretenden) alterar. No se puede cambiar la naturaleza de una institución fundamental para los ricos y poderosos como la policía, la gendarmería o cualquier color de uniforme que se encargue de repartir palos al pueblo trabajador para mantener el poder de los que nos explotan día a día.
Purgas, cursitos de DDHH, cambios de colores en los uniformes, descuelgue de cuadros o lo que vaya a inventar el gobierno para seguir reprimiendo con consenso, no altera su carácter represivo. No podemos esperar soluciones del gobierno que más pibes ha fusilado en los barrios, que lleva 17 compañeros caídos en manifestaciones y que militarizó el país. La única respuesta frente a la represión del estado de los poderosos es la organización y la lucha del pueblo trabajador.

Garré recargada
Los diarios titularon “Sorpresivos cambios en el ministerio de Seguridad” o cosas parecidas. Es que, de la noche a la mañana, la secretaria de Seguridad Operativa, Cristina Camaño, fue relegada a una tarea menor, como secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, y fue reemplazada por Sergio Berni, un “pingüino operativo”, como lo definió el diario Infobae.
Berni, con larga experiencia castrense (es teniente coronel retirado), es un hombre leal. Leal al que le toque en turno, como lo prueba su derrotero político. Simpatizante carapintada, fue funcionario estrella de Duhalde y de ambos Kirchner. Pasó por el ministerio de Desarrollo Social, desde donde capitaneó el proceso de disciplinamiento y cooptación de buena parte del movimiento piquetero, y por el ministerio de Defensa, donde trabó relación con Garré. Últimamente, era senador en la legislatura bonaerense, dirigiendo el bloque oficialista, alineado con Mariotto.
“El cargo lo crearon para mí, soy viceministro”, dijo a la prensa, dejando bien clarito que no viene a reemplazar simplemente a la desplazada Camaño (que apenas la noche anterior puso la cara por la ministra en la comisaría 8ª, mientras estaban detenidas las familias de John Camafreitas y Marcelo Sepúlveda), sino que su rol es el de jefe del estado mayor de la represión en el gobierno nacional, y de comisario político hacia la provincia de Buenos Aires.
"No creemos en la negociación de los conflictos, no es nuestro eje de trabajo", anunció. En el año de crecimiento de la conflictividad social que se viene, el desembarco de Berni en el ministerio de Seguridad muestra el lugar que la represión ocupa en la agenda oficial.

Ningún pibe nace chorro, pero por las dudas...
Durante el mes de enero de 2012, en Catamarca, la policía "levantó" a casi 180 chicos de menos de 18 años en la calle, con un promedio de 44 pibes detenidos por semana. Los menores de edad representan más de la mitad de los detenidos en total.
Según las estadísticas que se realizaron al terminar la feria judicial, cuatro pibes menores de 18 años amanecen por día tras las rejas. Más del 80 % de esos chicos proviene de hogares de escasos recursos. Ésta es la función a la que están llamados estos matones a sueldo: Golpearlos, detenerlos y encerrarlos; atemorizarlos, matar su dignidad, su pensamiento, y matarlos físicamente en muchos casos, funciones éstas que desempeñan cada día mejor, y para la que están adoctrinados, al servicio de la burguesía. El subsecretario de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Morales, manifestó que "el aumento en los arrestos se debe al mayor índice de delitos cometidos por los menores", y así trata de justificar el incremento del 300% de los arrestos respecto del mismo mes del año pasado.
La mentira se cae sola: En su mayoría, son chicos entre 10 y 15 años de edad, que están allí porque un oficial que asegura que los encontró cometiendo un delito, escapando tras un frustrado hecho o en “actitud sospechosa”, decidió demorar. El código de faltas o contravencional y la detención por averiguación de antecedentes o para identificar “justifican” la casi totalidad de esas detenciones, rara vez vinculadas con una imputación concreta por un delito.
Por otra parte, trascendió que las autoridades, buscando mejorar su eficiencia, trabajan en la conformación de una Brigada Juvenil, cuyos efectivos se encargarán exclusivamente de los procedimientos que involucren los chicos de menos de 18 años.
Uno de los casos que demuestra lo que afirmamos, ocurrió el viernes 9 de septiembre de 2011, cuando cuatro adolescentes de 16 y 17 años murieron quemados en la "Alcaidía de Menores" , un lugar donde nunca deberían haber estado. Los chicos sólo podían estar detenidos 48 horas, pero llevaban 9 días en la celda, padeciendo torturas, y en condiciones infrahumanas, sin ventilación, sin suficientes colchones y con baños totalmente sucios.
Los agentes policiales les dieron un encendedor, les cerraron la puerta de la celda con candado, y los desafiaron a que se prendieran fuego si querían protestar. Iniciado el fuego, no abrieron el calabozo sino cuando los chicos ya agonizaban. Junto a los policías, fueron igualmente responsables por la muerte de Nelson Fernández (17), Franco Nieva (16) Nelson Molas (17), y Franco Sosa (17) las juezas de Menores Ilda Figueroa y Ana María Nieto; ministro de Gobierno, Javier Silva; el subsecretario de Seguridad, Luis Baracat; el jefe de Policía, Francisco Soria, y el gobernador Eduardo Brizuela del Moral.
Completando el círculo represivo, cuando los familiares salieron a la calle a denunciar cómo murieron sus hijos, fueron amenazados por personal de la comisaría 10ª.
Desde CORREPI llamamos “represión preventiva” a estas situaciones cotidianas de la democracia de los DDHH, que para muchos representan aparentes abusos de poder por parte de la policía, cuando en realidad son una política de estado en la que confluyen todas las instituciones estatales.

La recurrente criminalidad policial
Todos sabemos que la policía siempre está detrás de los crímenes más indignantes. Son ellos los que manejan los grandes secuestros, el narcotráfico, la trata de personas para la explotación sexual, etc., todas “changas” suyas, avaladas por el Estado, que las conoce, pero perdona todo a cambio de que cumplan eficientemente su tarea de reprimir al pueblo.
¡Y cómo la cumplen!. En Córdoba, las detenciones arbitrarias, eficaz herramienta de control social, están a la orden del día. Varios oficiales “arrepentidos” de la policía de Córdoba, confesaron que se les ordenaba detener personas sólo por estar en la calle, con el fin de cumplir “cupos” semanales. Los que “cumplían con el objetivo” eran premiados con un cuadrito de honor con foto en la dependencia, al mejor estilo del “empleado del mes” de McDonald’s. Los que no, eran castigados con hasta ocho horas de sobrecarga de servicio.
Éste es solo uno de los métodos que la policía utiliza para adoctrinar a sus subordinados, métodos que terminan generando oficiales violentos y perversos, oficiales deshumanizados. Pero es eso justamente lo que se busca, y no generar conciencias “cívicas y honradas”, como asegura la ministra Garré, que se jacta de la cantidad de cursos de Derechos Humanos que hay para estos delincuentes uniformados.
La semana pasada, por ejemplo, salieron a la luz estos casos:
Matías Leonel Domed, ex miembro del Ejército, sentenciado a 22 años de prisión por el homicidio agravado de Martín Aranda, ocurrido en 2009, pidió cumplir la pena en su casa. El ex militar ya estaba con prisión domiciliaria por robo calificado, aunque todo el barrio sabía que no la respetaba, ya que solía estar en unas cocheras cercanas a su casa, donde traficaba drogas. Cuando Martín Aranda estaba charlando con unos amigos en la calle, Domed pasó y simplemente le disparó, matándolo en el acto.
También hubo novedades en el asesinato de Patricia Gasparotti, muerta a manos de su esposo, Cristian Terraza, de la PFA. Según testimonios, el policía era muy posesivo y celoso, la obligó a dejar de trabajar y casi no la dejaba salir de casa, amenazándola con matarla. Cumplió. Luego de una muy fuerte pelea, Patricia fue unos días a la casa de sus padres. Terraza le pidió disculpas y ella volvió a su casa. Una semana más tarde, su mamá la encontró muerta. Terraza continúa prófugo.
En Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires, unos chicos fueron asaltados por tres delincuentes armados que les robaron ropa y celulares. Los chicos hicieron la denuncia, y tras una serie de investigaciones salió a la luz que uno de los asaltantes era el subteniente Walter Derromediz. Los otros dos, más jóvenes, eran el hijo del policía y un amigo suyo.
Cerca de allí, en Coronel Pringues, un policía intentó abusar de una chica de 14 años. El oficial la llevó violentamente al auto, diciéndole que quería hacerle unas preguntas. Dos amigas, que estaban con ella, fueron a llamar al padre, que se encontraba en su casa, a una cuadra de allí. Cuando él llegó, encontró al policía tratando de besar a la joven, por lo que empezó a insultarlo a los gritos. La chica pudo salir corriendo hacia su padre, momento en el cual el policía se dio a la fuga.
Cuando los medios masivos de información (o más bien de desinformación de masas) pegan el grito en el cielo por más policía, lo que están pidiendo es más violencia, más represión, más inseguridad en las calles del pueblo.

La masacre, la nueva ofensa
A medida que transcurren los días, con la bronca intacta, uno va asociando la muerte de los trabajadores en la masacre de Once con el rol que jugaron en ella los empresarios dueños de la concesión y el estado que los representa.
La ausencia de inversiones, el manejo discrecional de los subsidios, la inseguridad del servicio, van de la mano con el dejar hacer y el ninguneo de las denuncias de los ferroviarios combativos, que la secretaría de Transporte a cargo del ministro De Vido (pieza clave en el entramado de los negocios kirchneristas) se encargó de cajonear, en beneficio de los empresarios mandantes.
Muchos, entonces, se sorprenden e indignan cuando encuentran como noticia, que otra agencia del mismo estado (en este caso el Poder Judicial a través del Juez Bonadío) le ha otorgado al propio Estado la calidad de querellante en la causa. Por ley, esa calidad le corresponde a quien resulte ofendido por un delito de acción pública (por ejemplo a los heridos y familiares de los muertos).

Pero rápidamente consignamos: No hay lugar a la sorpresa
Cualquier seguidor de estas páginas, advierte que la pretensión de no responsable del Estado en la muerte de los trabajadores, es una maniobra constante que suele evidenciarse sobremanera en los casos de represión. Que la autonomía, y hasta carácter de tercer sujeto, mediador, componedor, etc. que se le pretende atribuir, es el modo inteligente que instrumentan para construir el espejismo de un ente ético, incapaz de diseñar políticas de disciplinamiento social con las que satisfacen los imprescindibles niveles de explotación y alienación que hacen ricos a sus empresarios mandantes.
Para el discurso oficial y los medios que lo reproducen y amplían, cuando un policía mata con el gatillo fácil, es un loquito y no la institución; cuando la patota sindical al servicio de la UGOFE y con apoyo policial pone en acto a la Triple Alianza Antiobrera y mata a Mariano Ferreyra, se pretenden responsabilidades meramente personales y hasta -desde los más altos niveles del propio Estado- toman distancia de ellos, previo haber participado de estrategias tendientes a favorecerles su situación procesal. En este mismo sentido, debe interpretarse el paso judicial de esta maniobra distractiva del Estado frente a la indelegable responsabilidad que le compete junto a los empresarios y a los burócratas que los sostienen.
La masacre de Once no puede analizarse por fuera de la lucha de clases donde cada uno de los nombrados (y todos juntos a la vez) jugó un papel protagónico, pero en la otra vereda de los muertos. La pretensión de un “Estado ético” en medio de esa lucha, es, en el mejor de los casos, una ilusión, es decir, una distorsión de la realidad.
Desde CORREPI sostenemos que es una canallada cómo diluye su responsabilidad el gobierno que permitió la masacre. La justicia no hizo nada nuevo al darle el mismo carácter al familiar de un trabajador asesinado que al sujeto-ente que debió evitarlo. Así, instalan la idea de que el gobierno está de nuestro lado, y esa es, después de las muertes, la más grave ofensa que pueda descargarse sobre los trabajadores.

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Organizaciones bolivianas defienden mascado de hoja de coca

XINHUA

Organizaciones sociales, sindicales y profesionales de Bolivia realizan la jornada nacional del "acullico", en defensa del mascado tradicional de la hoja de coca, para demostrar a las Naciones Unidas la cultura nacional, anunciaron hoy los organizadores.

El secretario de Relaciones de la Confederación de Interculturales, Johnny Marasa, dijo que representantes de diferentes organizaciones sociales, sindicales, profesionales, campesinos originarios indígenas se coordinaron para la participación masiva en la denominada "Jornada nacional de defensa del acullico".

El dirigente campesino dijo que el acto pretende desarrollarse en todo el país y en las embajadas bolivianas en el exterior, en apoyo a la campaña internacional implantada por el gobierno del presidente Evo Morales que busca en Viena, Austria, la despenalización del mascado de la hoja de coca.

La jornada nacional se desarrollará en paralelo con las gestiones que ejecutará mañana lunes el mandatario en Viena, donde asistirá a la reunión de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se realizará en esa ciudad europea, para demostrar que el "acullico" no es dañino para la salud.

El secretario ejecutivo de Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), Félix Barra, dijo que varios sectores sociales confirmaron su participación de este evento nacional que demostrará a la ONU que Bolivia está unida para defender su dignidad y tradición cultural.

"Continuaremos en la campaña para que el masticado se legalice. Como todos sabemos es nuestra identidad de los pueblos andinos por eso es obligación de las organizaciones sociales la defensa de la coca", afirmó Barra.

El dirigente convocó a otras organizaciones sociales, entre ellas a los mineros, a la Central Obrera Boliviana (COB) y a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa para participar activamente en este acto.

El directivo de la COB, Nicanor Baltazar, ratificó que los trabajadores respaldarán la defensa del consumo tradicional de la hoja de coca en su estado natural, aunque puntualizó que rechazan el mal uso que le dan los narcotraficantes.

"Apoyamos la práctica del 'acullico' porque es una práctica de varios sectores afiliados a la COB, como los campesinos, colonizadores, mineros, fabriles, constructores, camineros y otros", explicó Baltazar.

Por su parte la dirigenta campesina, Rosmery Cayo, de la Confederación de Campesinas Bartolina Sisa, señaló que sus afiliadas en todo el país tienen la instrucción de concentrarse en las plazas o lugares públicos para mostrar al mundo que en Bolivia el acullico es "normal" porque está en la cultura.

Aseguró que las mujeres defenderán la hoja de coca y el "acullico" en Bolivia y donde sea necesario.

El dirigente también informó que acompañan al mandatario Morales en su viaje a Viena para la defensa del "acullico" dos productores de hoja de coca de los Yungas de La Paz (oeste) y otros dos dirigentes cocaleros del trópico de Cochabamba (centro).

A mediados de 2011 Bolivia se pronunció en contra de la posición de la Convención sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas de 1961, que considera a la hoja de coca como droga en su estado natural y la proscribe, al igual que el "acullico".

El pasado 1 de enero el gobierno boliviano solicitó su adhesión a la Convención sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, pero con una reserva, despenalizar el masticado de la hoja de coca y la consideración internacional sobre las propiedades medicinales del arbusto que es utilizado como insumo básico de la cocaína.

La nueva Constitución Política del Estado considera la coca como parte de su patrimonio cultural y establece que la planta, en su estado natural, no es un estupefaciente.

El gobernante indígena, surgido de las bases cocaleras del Chapare en Cochabamba (centro), comenzó una campaña ante la ONU, la Unión Europea y otros organismos para conseguir apoyo tecnológico para hacer más efectiva la lucha antidrogas y respaldo a la despenalización del arbusto.

Desde que asumió el poder en 2006, el mandatario boliviano ha promovido una campaña internacional para que la ONU despenalice los usos tradicionales de la coca, sobre todo el mascado tradicional de la milenaria hoja, al tomar en cuenta que esta práctica es reconocida por la nueva Constitución boliviana aprobada en 2009.

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