miércoles, 14 de marzo de 2012

Perú. Crímenes de “Chavin de Huantar”: Dejaron morir desangrado a magistrado

Luis Arce Borja (especial para ARGENPRESS.info)

El doctor Alejandro Teitelbaum abogado argentino y ex miembro de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) ha enviado un agregado al artículo: Humala el padrino del comando “Chavin de Huentar” (7 de marzo 2012). En el texto remitido por Teitelbaum se refiere a un hecho poco conocido de la operación militar del 22 de abril de 1997 dirigida por Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori cuyo objetivo fue exterminar a los militantes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) que habían tomado por asalto la embajada japonesa en Lima, y que al momento de la operación estaban resueltos a negociar la liberación de los rehenes.

Es el caso dice, el doctor Alejandro Teitelbaum, que durante el operativo “Chavin de Huantar”, no solo fueron asesinados los guerrilleros del MRTA, sino también el magistrado peruano Carlos Ernesto Giusti Acuña en esos momentos vocal supremo del Poder Judicial y uno de los rehenes en la embajada japonesa. El fue asesinado, no por el MRTA, sino más bien por el comando militar que ingreso a la embajada japonesa.
El jurista argentino, explica que durante el operativo militar el magistrado Carlos Giusti Acuña fue herido en una pierna, pero expresamente fue dejado sin atención sanitaria y el resultado fue que murió desangrado. El crimen de este alto miembro de la Corte Suprema de Justicia del Perú fue una venganza de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Carlos Giusti era opositor a las reformas de la Constitución propuestas por Fujimori, y defendía la autonomía de la justicia en Perú. Como dice la periodista Karla De Rojas Guedes: “Giusti todavía es recordado como uno de los jueces peruanos más probos. A lo largo de su vida profesional defendió con entereza los derechos humanos y públicamente se opuso a la ilegal intervención del ex presidente Alberto Fujimori en el sistema judicial peruano”.
En mayo del 2002, el diario La Republica (Lima) reveló que fue el asesor presidencial Vladimiro Montesinos quien ordenó a los jefes de la "Operación Chavín de Huántar" que “ningún terrorista quedara vivo” y que se asesinara al vocal supremo Carlos Giusti Acuña. La revelación de La Republica provenía de la declaración de un testigo consignado por el fiscal Richard Saavedra en el expediente que se había abierto a los jefes del comando militar.
“Montesinos ordenó matar al vocal Giusti”, dijo el testigo. El encargado de este crimen fue el coronel Huamán Azcurra, hombre de confianza de Montesinos y matarife del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Huamán, dice el testigo, debía aprovechar la confusión del rescate para disparar contra Giusti. Al interior de la embajada japonesa, había mucho humo, polvo a causa de las bombas y explosiones. Ello servio para camuflar el operativo criminal.
El doctor Alejandro Teitelbaum, señala que cuando ocurrieron los hechos en la embajada japonesa en Lima, él era miembro de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y que dicha institución envío un grupo de abogados para investigar el caso. Algunas conclusiones de esta investigación fue el texto publicado el 25 de abril de 1997, y que ahora reproducimos aquí en esta misma nota:
La ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS, (AAJ) DECLARA:
1. Su repudio por la decisión del gobierno peruano cuando no se había agotado la instancia mediadora y la posibilidad de una solución pacifica,
2. Su consternación por la matanza deliberada de los integrantes del MRTA, de la cual es responsable el Presidente Fujimori y los mandos de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia;
3. Su dolor y preocupación por la extraña muerte del digno magistrado de la Corte Suprema de Justicia y miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Americana de Juristas, Dr. Carlos Ernesto Giusti Acuña, quien se opuso públicamente a las reformas que Fujimori pretende introducir en el sistema judicial del Perú;
Y RECLAMA:
1. Una investigación exhaustiva e imparcial de las circunstancias de la muerte del Dr. Carlos Ernesto Giusti Acuña y de los miembros del MRTA y la determinación y enjuiciamiento de sus autores materiales e intelectuales;
2. La investigación, juicio y castigo de los responsables por las violaciones de los Derechos Humanos en el Perú, verificadas y denunciadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y numerosos organismos no gubernamentales:
3. La sanción de una generosa ley de amnistía, que permita la liberación de los presos políticos y sociales, y abra cauce a la convivencia democrática entre todos los peruanos.
Porto Alegre, abril 25 de 1997.
José Felipe Ledur
Presidente

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Chile: Un autocomplaciente aniversario

Andrea Dufournel (especial para ARGENPRESS.info)

11 de febrero. Segundo aniversario de gobierno de la derecha. Dos eternos años, llenos de desgobierno, incompetencia, represión y movimientos sociales que adquieren cada día más y más fuerza, enfrentándose a una administración que no ha sido capaz de oír ni menos dar soluciones a las demandas estudiantiles ni sociales a nivel nacional.

Quienes les apoyaron con su voto hoy han abandonado el barco que venía cargado de promesas de cambio, futuro y esperanzas. Al pasar la cuenta se han enfrentado a una realidad desconcertante: con un presidente que no ha hecho contacto con la ciudadanía y que, sólo de vez en cuando les deleita y avergüenza con sus frases para el bronce… la supina ignorancia que en él abunda. Opiniones cargadas de desprecio, racismo y falta de empatía con quienes son sus gobernados, sus medidas no han hecho más que profundizar, manejar y administrar un modelo que apunta a quienes poseen el poder económico y que, gracias a “su excelencia” poseen ahora, el poder político, nociva fórmula para un pueblo que trata de salir adelante y que, no ha encontrado otra manera de hacerles frente que movilizándose, exigiendo en la calle sus derechos y reivindicaciones.

Por un lado tuvimos un verano, a diferencia de veranos anteriores, muy “caliente” en materia de movilizaciones, ejemplo son nuestros compatriotas de Aysén, comuna donde Piñera arrasó en votación y que hoy no son oídos. ¿Qué han recibido a cambio?: descalificaciones, represión de la mano de amenazas de aplicarles la ley de seguridad del estado, pretendiendo con esto disuadirlos para lograr la tan anhelada paz que tanto les gusta, la paz de los cementerios a la usanza de su principal mentor, Pinochet. A pesar de ello los aiseninos no han bajado los brazos.

Piñera manifestó en su discurso de aniversario que en los dos años que restan de gobierno cosecharían lo que ha sembrado, creo que ya han cosechado y bastante, nombrando personeros llenos de conflictos de intereses en todos los ámbitos de la economía: pesca, forestal, minería, carreteras, vivienda, retails , salud, fondos de pensiones, en fin, sus tentáculos llegan a todos lados. ¿Qué más pretenderá cosechar “su excelencia” si en estos dos años en que se ha mantenido sentado en su tan anhelado sillón, sin mover un solo dedo ha incrementado su fortuna en 200 millones de dólares utilizando el tan cacareado fideicomiso a la chilena, que le ha permitido aparecer en la exclusiva revista Forbes como la cuarta mayor fortuna de Chile?.

El plan de la alianza gobernante no era darle estabilidad económica a los chilenos que cada día trabajan hasta deslomarse, no, su objetivo era, es y seguirá siendo llenar sus gordas cuentas bancarias al menor costo posible, terminar de atar lo que el dictador no logró dejar bien atado, pagando sueldos miserables, utilizando un lenguaje populista con medidas mediáticas que en la realidad contienen la usual letra chica que no es lo que parecen, anuncios llenos de titulares para los medios afines al sistema, que no cuestionan ni cuestionarán nada.

El “gobierno de excelencia” pretende seguir cosechando. Lo que el pueblo hará es seguir luchando, a pesar de las amenazas. No podemos creer que quienes tienen en su ADN la represión como respuesta solucionarán sus problemas. La unidad de los estudiantes, trabajadores, organizaciones sociales movilizados, hará visibilizar los problemas del pueblo y asumiremos, de una vez por todas, que quienes nos gobiernan no lo han hecho para favorecernos sino para favorecerse. Ya nos cansamos de ver soluciones en la medida de lo posible, de recibir sueldos y pensiones de hambre, atención de salud que fabrica inválidos por falta de atención oportuna, de muertes en salas de espera, padres angustiados por reunir el dinero para pagar la matrícula de sus hijos que le han ganado al sistema de segregación y que han llegado a la universidad. En este “segundo tiempo” como le han llamado a los dos años restantes de gobierno, mostraremos que no nos hemos tragado su discurso.

Sólo espero no volver a escuchar a Piñera y sus colaboradores seguir mencionando que: “la Concertación nos dejó al borde del abismo”, cuando ellos han dado un paso al frente haciéndonos caer.

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La paritaria docente ha muerto ¿Y ahora qué?

Daniel Cadabón (especial para ARGENPRESS.info)

Finalmente no fueron los 3100 pesos como tanto cacareaba desde el Frente gremial docente bonaerense (FGDB) ni los 2950 pesos que firmaron los gremios capitalinos con el demonio Macri; fueron 2900 pesos, así pelados… y para todo el año, como ya habíamos anunciado unos días atrás, apenas 100 pesos más del ofrecimiento original del gobierno de Scioli.

No importan, en este caso, los porcentajes –queda claro que 100% de nada sigue siendo nada- más que como una estadística que sirva para ponerle techo al resto de los sectores que tiene pendientes sus propias discusiones paritarias. Las direcciones de los gremios docentes son usadas por el sciolismo como testigos para fijar los salarios a la baja del resto de los sectores de la administración pública y, más que eso, como prendas de un chantaje patronal a lo que sólo responden con la irritante pasividad de quien se deja usar y tirar, el término para esta definición de “use y tire” puede ser completado por cualquiera sin ser demasiado avispado.

Los argumentos usados por las direcciones del FGDB para aceptar este miserable aumento de sueldo para aquellos que “trabajan cuatro horas y tiene tres meses de vacaciones” no tiene desperdicio y deberían formar parte de un manual de las agrupaciones clasistas para formar a los luchadores que integran las nuevas generaciones que se aprestan a la lucha gremial.

El primer argumento es que: “de no aceptar, el gobierno provincial sacaría el aumento por decreto como lo hizo Sileoni con la Ctera a nivel nacional”, ya veremos después la “reacción” que esta medida tuvo entre los burócratas nacionales después de un paro con altísima adhesión. El segundo argumento está cargado de perversión y disciplinamiento por terror, “se descontarían los días de paros y los compañeros no están en condiciones de aguantar los descuentos”. Luego se arguye ministerialmente, “es lo que el gobierno está en condiciones de dar, tengamos en cuenta compañeros (compañeros?) que cada peso de aumento a los maestros le significa a la provincia 16 millones de pesos mensuales del presupuesto y casi 11mil millones anuales (sic)¿las cuentas no dan? A quien le importa, es lo que dicen.

Más tarde se vuelven “humanistas” y plantean que los reclamos docentes “afectarían a los chicos” ya que, la lucha por obtener montos superiores a esta miseria aceptada pondría en jaque a los planes sociales, fundamentalmente el subsidio universal que, como se ve, se paga con nuestro dinero y el del resto de la administración pública y el de los jubilados, una verdadera distribución nacional y popular de la pobreza.

El frente gremial aceptó un miserable salario básico de 1453 pesos frente a una canasta de alimentos cercana a los 4000 y en aumento constante. Los 2900 pesos están conformados por un 50% de montos en negro y apenas alcanzan a un 70% de esa canasta. Pero a no hacerse ilusiones maestros, porque mientras las negociaciones estaban en curso el “intransigente” Moreno -que de tigre anticorporativo se ha trasformado en un gatito incontinente que salpica los rincones con los escándalos de corrupción que alcanzan al Ciccone Boudou- sigue autorizando aumentos de precios a las multinacionales de alimentos; mientras aumentan las tarifas de los servicios públicos, los impuestos municipales y provinciales y encima SUBE el transporte en cualquiera de sus variantes, el gobierno ya anunció que el boleto de colectivo superaría los 4 pesos; es decir, la paritaria docente de la mano de la burocracia sindical es un fracaso para las bases del magisterio y un triunfo en regla para el oficialismo “al cual hay que ayudar en la implementación del cambio de modelo” aseguran como último testimonio de su entrega los dirigentes del FGDB. ¿Cuánto puede durar la foto de los 2900 pesos en medio de un tarifazo como el que se está desarrollando? Días apenas, solamente el aumento del boleto del transporte público retraerá los salarios a condiciones peores a las anteriores de la negociación salarial.

El kirchnerismo y los burócratas sindicales reivindicaban las paritarias docentes como una conquista popular estratégica, “histórica” en términos usados por los Baradelitos yaskistas para convencer a los trabajadores de la educación de las bondades del régimen. Eso se terminó definitivamente.

Sileoni, Ministro de educación de la Nación, le puso una faja de clausura a las paritarias nacionales y la Ctera, después de asustarse con la masividad de su propia convocatoria al paro nacional, piensa presentar un recurso judicial para que los Oyarbide o Bonadio (el primero defensor del oficialismo en todas las causas de corrupción y el segundo defensor de los Cirigliano en los 51 asesinato de la estación de Once) decreten la inconstitucionalidad de la medida. Sea como sea, la paritaria “histórica” que en paz descanse, se cayó como una fruta podrida aun antes de la clausura unilateral, dejando de existir cuando el gobierno le puso un techo a los reclamos, todo lo demás es un formalidad evasiva para el consumo de la gilada.

Con su recurso judicial y su terror a las bases docentes en paro deberíamos pensar que si no fueran tan patéticos, Yasky y Maldonado nos están tomando por boludos.

Peor aún Roberto Baradel, quien también perora, igual que la presidenta “que los docentes deberían dejar de trabajar cuatro horas por día para tener una jornada laboral de 8 horas como el resto de los trabajadores”

“—Que comenzaría a las 8 de la mañana con las pausas correspondientes, por ejemplo, para el almuerzo y luego, a la tarde, disponer del tiempo necesario (hasta las 16) para las materias complementarias...

—Eso sería lo ideal considerando que si bien hay una recuperación material y la familia en general está mejor, aún sigue habiendo zonas de pobreza y allí serían necesarios más recursos del Estado.

—¿Hay suficientes maestros como para una jornada completa en todas las áreas?

—En ciertas áreas faltan docentes. Por ejemplo, a nivel secundario, pero maestros hay.”

(extracto de reportaje concedido a Magdalena Ruiz Guiñazú en Perfil.com)

Unilateralmente el populismo conservador K ha decidido que la situación de crisis económica, que pretende pilotear como Napoleón Bonaparte sobre un mar de plata en manos de banqueros y capitalistas, no da para negociaciones colectivas con los trabajadores en general y los docentes en particular. El ajuste es inevitable y pasa por revival de las viejas recetas del demonio neoliberal. El “enfriamiento de la economía” por medio del ajuste salarial ha sido calculado en 30 mil millones de dólares, los que junto al uso de reservas se pondrán a disposición de los usureros externos y tenedores de bonos que la presidenta, que “a veces se siente como Bonaparte”, reivindicó en su discurso ante la asamblea legislativa.

Por supuesto que este bonapartismo presidencial recibe la bendición del clero: los susidios a la escuela privada son un valor sagrado e intocable, por el cual los curas velan de noche y derrochan de día.

El famoso fisti-fisti (mitad y mitad) de lo cual Cristina Kirchner se jactaba hasta hace unos días como el mecanismo original de distribución de la riqueza, demuestra con estas negociaciones a la baja en las comisiones que no va más allá de la política subsidiaria y corrupta entre el oficialismo y los ciriglianos, roggios, rocas, macris (el papá), las megamineras y por supuesto la burocracia sindical. Un ejemplo de esto, saliendo por un momento del conflicto docente, lo encontramos en las declaraciones de Antonio Caló, capo de la UOM, que “sorprendió a la patronal metalúrgica con la modestia de sus reclamos” (La Nación de hoy)

Las paritarias docentes son un modelo de lo que va a pasar en las paritarias nacionales del resto de gremios en manos de la burocracia sindical: cualquier pedido considerado excesivo por el gobierno popular terminara por transformar a los trabajadores en extorsionadores y puestos a disposición del “Proyec X”

Oficialismo de un lado y oficialismo del otro tiene una sola consecuencia para los trabajadores: una mayor miseria.

Dejando de lado algunas cifras, para no aburrir, podemos decir que el acuerdo alcanzado entre la burocracia del frente gremial y el gobierno consiste en lo siguiente:

El salario docente, sigue multiplicando sumas en negro que no se incorporan al básico en forma de bonificables y no bonificables conformado por el 50% de las sumas en negro, que transforma su lectura en un intríngulis confuso cuya única función es ser una variable de ajuste provincial.

Los 2900 pesos de mínimo conformado incluyen el incentivo docente (FONID)

El oficialismo burocrático deja en un estado de orfandad organizativa a los trabajadores dispuestos a luchar. La cerrada defensa política del modelo atenta contra las condiciones de vida de la familia docente y de los trabajadores en general.

La indignación que hoy recorre las escuelas por la miseria salarial aceptada, debe tener un desenlace positivo, hay que concretar el agrupamiento de trabajadores docentes en forma independiente del estado y de su burocracia. Discutir la problemática salarial aislada de las caracterizaciones políticas del momento conduce a un callejón sin salida.

Este es el gran desafío: recuperar los sindicatos para los trabajadores echando a la burocracia extorsionadora y cobarde que vive de las migajas que le ofrece la mano de los poderosos por traicionar las aspiraciones de las bases que trabajan.

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Vacantes PRO

Prof. Juan Carlos Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

Durante este mes se realiza la inscripción en las escuelas medias para aquellas y aquellos que buscan una vacante en sus aulas. Por supuesto, la gran mayoría proviene de la zona sur, cuyas aulas no tienen más lugar. Se dispusieron tres Centros de Reubicación; uno de los cuales, se encuentra en la Avda. Lacarra; otro, en la Avda. Triunvirato y el último, en la calle Cochabamba, en los cuales debería estar procediéndose a adjudicar las vacantes de acuerdo a la capacidad disponible en cada escuela según el pedido de los padres.

Sin embargo, una nueva vuelta de tuerca desde las autoridades educativas permite suponer que dicha adjudicación será realizada en favor de aquellas escuelas que no van a cerrarse, las cuales tendrán cursos entre 40 y 50 alumnos. Muchas y muchos docentes están volanteando para lograr captar alumnos para sus escuelas. El Vieytes no es la excepción a la regla. En el Editorial anterior "El Hipólito Vieytes " en peligro" habíamos afirmado que se estaban derivando alumnos, desde los Centros de Reubicación, a otros que no fuesen el tradicional comercial del barrio de Caballito, pero las travesuras PRO continúan...
Ocurre que la estrategia macrista pasa ahora por demorar la adjudicación de vacantes con la finalidad de otorgarles algún lugar en las escuelas que el Ministerio ha "elegido". Por dicha razón, durante la semana pasada, muchos padres se fueron con un turno para el jueves o viernes de esta semana. ¿Casualidad? No, causalidad. Ya están elegidas las escuelas que cerrarán a partir de abril próximo. No se trata de atender mejor a los padres, porque algunos de ellos manifestaron su disconformidad por el trato recibido en los referidos Centros, sino de dirigir la demanda educativa.
Otra de las estrategias para evitar la captación por parte de las y los docentes fue hacer entrar a padres y alumnos al salón de actos, y luego no permitirles la entrada para el volanteo. Algunos salieron con su vacante, pero en cualquier otro colegio menos "El Vieytes".
Indudablemente estamos en presencia de un genocidio educativo sistemático. Que no solamente se circunscribe a una reubicación. También a los micros para las y los alumnos de la Villa 31, para hacerlos desistir de concurrir a la Escuela "Primera Ministro Indira Gandhi". El 70% de esos niños ocupan dicha institución educativa. Una vez más, vaciar para cerrar una escuela y por si fuera poca cosa, encerrar a los pobres en su pobreza, al igual que a quienes residen en Soldati o Villa Lugano; es decir, incrementar la segmentación del sistema educativo porteño.
Por otra parte, el otro gran objetivo dista de ser pedagógico. En todo caso, es utilitario. Crear cursos numerosos para estimular la ley del más fuerte a nivel intelectual. En un grado o división con más de 35 alumnos, solamente puede seguir aquel alumno que pueda sobreponerse a las dificultades que ello supone. Demás está decir, que el desgranamiento y la deserción escolar están garantizados. Pero eso no importa: son pobres...
Vacantes PRO es el sistema elegido para redistribuir la matrícula excedente en la zona sur. Pero en aquellas instituciones que elija el Gobierno de la Ciudad. Las instituciones educativas tienen la obligación de inscribir a cualquier alumno que se presente y de allí, que buscan impedir la captación por parte de las y los docentes de las escuelas afectadas. Y es probable que, en estos días, salga algún otro memorándum al estilo militar, como en ocasión de las tomas estudiantiles, para ordenar que las inscripciones deban pasar obligatoriamente por los Centros de Reubicación. Teniendo en cuenta el estilo del gobierno macrista no debería extrañar demasiado.
Los grandes perjudicados son los pibes y los padres. Los primeros, porque pierden días de estudio pese a que el Ministro Bullrich pretenda que vayan a clase y los segundos, peor aún, porque pierden días de trabajo gracias a la burocracia PRO al tratar de inscribir a sus hijos.
Otras versiones que surgieron durante la semana pasada, afirmaron que esta relocalización tiene el fin de finalizar las locaciones de los inmuebles en donde se encuentran actualmente varias escuelas de la Ciudad. Otra vez, la relación costo - beneficio tensa la cuerda de los derechos sociales a manos de una gestión empresarial antes que estatal.
Creemos, no obstante, que ello puede ser una causal pero no es la de fondo. La verdadera es continuar el proceso de exclusión social iniciado en el 2007. De eso se trata. Que la pobreza se quede en la zona sur y que la burguesía se forme en las instituciones de la educación privada es el gran objetivo PRO. Que el hijo del portero y el de la mucama vayan al colegio donde viven originariamente, no en el barrio donde trabajan; que el hijo o hija del cocinero del bar de la esquina sigan en la escuela donde maman la indigencia junto al del repositor del supermercado.
Nuevas mañas para un objetivo conocido se están implementando. Pero las y los docentes seguirán luchando por esa escuela pública a la que le dedicaron tantos años de su vida. Y no habrá adjudicaciones de "prepo", ni falta de micros. Porque ellas y ellos siguen luchando en la calle y en la escuela...

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Argentina: "Estamos lejos que la escuela cure los males sociales..."

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

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Con la docente y escritora María Beatriz Jouve conversamos sobre las ideas que quiso (o desea) transmitir con su artículo SOY DOCENTE: el trabajo de "lograr que los chicos aprendan", los mandatos sociales que atraviesan a los educadores y su salud física y emocional, la desvalorización de maestros y profesores y un salario que no lo es todo pero igual nunca alcanza.


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Argentina: La Corte Suprema precisó el alcance del aborto no punible y dijo que estos casos no deben ser judicializados

CIJ

Interpretó el Código Penal diciendo que no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y que cualquier caso de aborto no punible no está supeditado a trámite judicial. Exhortó a implementar protocolos hospitalarios.

En el caso “A. F. s/medida autosatisfactiva”, la Corte Suprema, por unanimidad y por el voto conjunto del Presidente Lorenzetti, de la Vicepresidenta Highton de Nolasco y de los jueces Fayt, Maqueda y Zaffaroni, y por los votos individuales de los jueces Petracchi y Argibay, confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut que, en marzo de 2010, autorizara la realización de la práctica de aborto respecto de la joven A.G, de 15 años de edad, quien quedara embarazada como consecuencia de haber sido violada por su padrastro. De esta manera, rechazó el recurso extraordinario que, en representación del nasciturus, interpusiera el Asesor General Subrogante de la Provincia de Chubut.

La Corte aclaró que, no obstante que el aborto ya se había realizado, se configuraba uno de los supuestos de excepción que, según su jurisprudencia, la autoriza a pronunciarse. Esto teniendo en cuenta: a) que el tiempo que implica el trámite judicial de cuestiones de esta naturaleza excede el que lleva su decurso natural, b) que era necesario el dictado de un pronunciamiento que pudiera servir de guía para la solución de futuros casos análogos y c) estaba comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino.

El voto mayoritario, firmando por los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda y Zaffaroni sentó tres reglas claras.

La primera: que la Constitución y los tratados de derechos humanos no sólo no prohíben la realización de esta clase de abortos sino que, por el contrario, impiden castigarlos respecto de toda víctima de una violación en atención a los principios de igualdad, dignidad de las personas y de legalidad. De este modo, se puso fin a la incertidumbre relacionada con el alcance del artículo 86, inciso 2º, del Código Penal, en tanto algunas instancias judiciales han entendido que éste sólo se aplica respecto de la víctima de una violación que poseyera alguna discapacidad mental, criterio que llevaba a que la cuestión se judicializara a lo largo del país con resultados adversos y, en algunos casos, con riesgo a la realización del aborto o a la salud de la madre.

La segunda: que los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación.

La tercera: que los jueces tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico.

Entre otros aspectos, en la decisión, se tuvieron en cuenta la posición de la Organización Mundial de la Salud en la materia y distintos pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos y del Comité de los Derechos del Niño, ambos de Naciones Unidas que marcaron la necesidad de garantizar el acceso seguro a los abortos no punibles en nuestro país y la eliminación de las barreras institucionales y judiciales que han impedido a las víctimas de una violación acceder a un derecho reconocido por la ley.

Finalmente, con el objeto de hacer efectivo lo decidido y asegurar los derechos de las víctimas de violencia sexual, los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda y Zaffaroni exhortaron a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos y a disponer un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio.

Asimismo, atendiendo a la gravedad y trascendencia social que reviste la temática abordada en el caso, los mencionados jueces señalaron la necesidad de que tanto en el ámbito nacional como en los provinciales se extremen los recaudos a los efectos de brindar a las víctimas de violencia sexual, en forma inmediata y expeditiva, la asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad física, psíquica, sexual y reproductiva y el asesoramiento legal del caso. También sostuvieron que se consideraba indispensable que los distintos niveles de gobierno de todas las jurisdicciones implementen campañas de información pública, con especial foco en los sectores vulnerables, que hagan conocer los derechos que asisten a las víctimas de violación y que se capacite, en este sentido, a las autoridades sanitarias, policiales, educativas y de cualquier otra índole para que brinden a toda víctima de violencia sexual la orientación del caso.

Por su parte, el juez Petracchi entendió que el recurrente no había justificado debidamente por qué sólo debía permitirse que se practicara esta clase de abortos a las víctimas de una violación que presentaban deficiencias psíquicas ya que, lo fundamental, era que, en este caso, la joven A.G. también había sido víctima de un ataque a su integridad sexual y consideró que éste tampoco había demostrado que fuera inconstitucional la solución adoptada por el legislador frente al conflicto de derechos entre la persona por nacer y quien resultó embarazada como consecuencia de una violación. En consecuencia, resolvió declarar inadmisible el recurso interpuesto por el Asesor.

La jueza Argibay también sostuvo que el recurrente no había demostrado por qué era válido restringir el acceso al aborto no punible sólo a las víctimas de violación que presentaban deficiencias psíquicas ya que, lo fundamental, era que, en este caso, la joven A.G. también había sido víctima de un ataque a su integridad sexual. Además, consideró que no se había demostrado que fuera inconstitucional la solución adoptada por el legislador frente a este conflicto de derechos entre la persona por nacer y quien resultó embarazada como consecuencia de una violación. Por último, estableció que para el ejercicio del permiso jurídico sentado en la norma no debía requerirse autorización judicial sino únicamente que los médicos verifiquen que, respecto de quien peticiona el aborto, el embarazo es la consecuencia de una violación. En consecuencia, resolvió rechazar el recurso interpuesto por el Asesor y confirmó la sentencia apelada.

En síntesis, la Corte Suprema tuvo en cuenta que el artículo 86 inciso 2º del Código Penal establece que: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: … si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”. Así, atendiendo a esta disposición, y frente a una extendida práctica fomentada por los profesionales de la salud y convalidada por distintos operadores de los poderes judiciales nacionales y provinciales que ha restringido indebidamente el acceso a los abortos no punibles por parte de las víctimas de una violación, la Corte Suprema de Justicia reafirma, con este pronunciamiento, el imperio del principio de legalidad que prescribe que las leyes están para ser cumplidas, por lo que no puede impedirse a estas víctimas ejercer su derecho a interrumpir el embarazo conforme lo autoriza el Código Penal en esta clase de casos.

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Las esclavas de la Federal

Carlos del Frade (APE)

Un tiempo después nos pasaba a buscar a mi hermana y a mi con otro policía. Decían que eran jefes y oficiales de la Federal. Tiempo después supimos que era cierto. Ellos me metieron en esto y habilitaban a otros policías para que se abusaran de nosotras, los policías nos decían y nos hacían creer que tener sexo con ellos estaba bien, que lo malo en realidad era robar. Hasta que llegó un momento de mi vida en que pensamos con mi hermana que nuestra vida era así: que era lo que nos había tocado.

No entendía si estaba bien o estaba mal cobrar y tener sexo con adultos, mi mente estaba anulada y quebrada…nos llevaban a estaciones, dependencias públicas y pensiones donde vivían algunos acusados. Dibujé esos lugares en croquis por pedido de los investigadores. Nos gritaban y amenazaban que si le contábamos a alguien nos iban a meter en un auto y nos iban a tirar muertas por ahí…cuando ya había cierta confianza con las chicas les daban alcohol, drogas y las obligaban a tener sexo porque si no no las dejaban salir del predio de la Montada en la calle Cavia. Esto era en horarios nocturnos. Más tarde las fueron metiendo en la prostitución y los policías se pasaban los teléfonos entre ellos y las hacían ir a los adicionales donde cumplían servicios de la línea de trenes del San Martín, donde se complotaban con la gente de seguridad y las abusaban haciéndolas ir de estación en estación para tener sexo por dinero – dice una chica de diecisiete años que cuando tenía solamente quince fue violada por un policía federal y luego introducida en una red de explotación sexual infantil adolescente alimentada por doscientos integrantes de las fuerza de seguridad nacional en pleno corazón de la Argentina: Buenos Aires, la Capital Federal.

La denuncia ya tiene un expediente judicial y el testimonio de la sobreviviente se sumó al de un asqueado numerario de la Federal, de la comisaría segunda de San Telmo. Esa mafia funciona desde 2008 y los que la impulsan son agentes de la División Cuerpo de la Montada.

La nota aparecida en la revista “El Guardián”, dice también que “las menores recibían entre 15 y 40 pesos a cambio de sexo. En varias oportunidades estuvieron encerradas más de 48 horas en los lugares donde eran sometidas”, apunta el texto que ya llegó al escritorio de la ministra de Seguridad, Nilda Garré.

La mayoría de las pibas, entre los 12 y los 15 años, eran secuestradas de la calle o los barrios empobrecidos de Capital Federal.

-El modus operandi era simple: captaban a chicas con familias vulnerables y con necesidades. Las apretaban, buscaban excusas para detenerlas y pedirles plata. Poco a poco se abusaban de ellas, las violaban dentro y fuera de la institución. Las ofrecían entre los policías a través del boca a boca o por mensajes de texto – dice el agente que denunció la situación.

¿Cuántas chiquitas estarán en esta situación?

¿Cuántas lograron escapar?

¿Cómo viven las que siguen secuestradas y “quebradas”, como graficó la sobreviviente?

En la capital de la Argentina, la que se muestra como una las ciudades más importantes del mundo, los que deben cuidar a los chicos los persiguen, los violan y los explotan. Así funciona la ferocidad del sistema. Es la confirmación del asesinato de aquellos mitos de la Argentina contemporánea: “los únicos privilegiados son los chicos” o “con los pibes no”. Leyendas de un país que ya no es.

La policía federal, la “vergüenza nacional”, como cantan las hinchadas en las tribunas futboleras, es una fuerza que depende del gobierno nacional.

Es imprescindible no naturalizar esta información.

Rebelarse ante la confirmación concreta que la inseguridad no es una cuestión ajena a la corrupción institucional.

Hace rato que las fuerzas del orden son, en definitiva, las encargadas de descargar la furia del sistema contra lo más vulnerable y propio que tenemos, nuestros pibes.

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Argentina, Jujuy: Liberaron a la conducción sindical del Ingenio La Esperanza. Del Frari: “Esto es parte de la sintonía fina”

Carlos Saglul (ACTA)

Hay algarabía entre los militantes que rodean la Regional Policial de San Pedro y el Juzgado de la misma localidad. Luego de tomarle declaración, la jueza Ana Carolina Pérez, ordenó liberar a la Comisión Interna del Ingenio La Esperanza y sus asesores legales, “sin perjuicio de la prosecución de la causa”. José del Fradi, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina de Jujuy, habló con ACTA.

En la oportunidad, desgranó sus hipótesis respecto del origen de esta nueva agresión contra la libertad y democracia sindical. Y enfatizó: “Esta es la sintonía fina, en algún lado dieron la orden de acelerar los procesos contra los luchadores sociales”.

¿Cuáles son las hipótesis que servirían para explicar las detenciones?

Los compañeros del Ingenio Ledesma deciden solicitar un básico de cinco mil pesos y horas después la jueza Perez Rojas ordena la detención de todos los asesores jurídicos más la conducción del ingenio La Esperanza. Los abogados de Ledesma son los mismos que los de La Esperanza. Eso se da paralelamente a que las patronales buscan armar una federación empresaria con los ingenios de Salta y Jujuy para enfrentar la creciente organización obrera.

Además están los antecedentes de la jueza.

Sí, es la misma que ordenó el desalojo del ingenio La Esperanza que ocasionó la muerte de Ariel Farfán, Félix Reyes, Juan Velázquez y Alejandro Farfán. Los abogados encarcelados son los mismos que han pedido la destitución de esa jueza. Hace pocos días voceros del Gobierno dijeron que se había hecho todo lo posible para liberar a los jueces de manera que pudieran investigar las causas que estaban por prescribir. Todavía estamos esperando que encuentren a los responsables de haber baleado la casa del compañero José María Castillo, conducción del Sindicato del Azúcar. ¿Y qué hizo Pérez Rojas, qué investigó? Nada. Ahora que tiene más tiempo lo utiliza no para buscar a los autores materiales e intelectuales de ese atentado, sino que nuevamente carga contra los obreros.

¿No entiendo porqué decía en una conferencia de prensa que esto también es “sintonía fina”?

Esto no es un hecho aislado. Han dado orden en todo el país se acelerar las causas que se refieren a la criminalización de la protesta social. Y esto sucede cuando hace poco se voto la Ley Antiterrorista.

¿Cuál es la causa que reflotó la jueza?

En su momento los compañeros se vieron obligados a tomar el ingenio La Esperanza para evitar, quiebra de por medio, la pérdida de sus puestos de trabajo. Fue esa acción de los trabajadores la que permitió que la empresa continúara en pie. Esta tierra tiene demasiados mártires obreros, hay sangre en el azúcar de estos ingenios, estas detenciones son parte de una escalada, y hay que estar atentos, más organizados que nunca.

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Argentina: Tras la denuncia pública de Trimarco se clausuraron burdeles en Tucumán

TUCUMAN NOTICIAS

En el marco del juicio por la desaparición de "Marita" Verón tras una denuncia de Susana Trimarco del funcionamiento de 17 prostíbulos en Tucumán, el Gobierno capitalino resolvió realizar inspecciones de “bares” y “locales bailables”, que clandestinamente trabajaban como burdeles. Clausura y multas. Desacuerdo de funcionarios públicos tras la tardanza en el manejo de controles.

El juicio por la desaparición de María de los Ángeles Verón, “desmanteló” la trata de mujeres y el ejercicio ilegal de la prostitución en Tucumán.

Tras la denuncia pública de Susana Trimarco de la existencia de 17 prostíbulos que funcionan en la capital tucumana, el intendente capitalino Domingo Amaya, ordenó que la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (DIPSA) refuerce sus controles en los prostíbulos y locales bailables de la provincia.

Domingo Amaya manifestó que no va a permitir el funcionamiento de burdeles en Tucumán.

El secretario de Gobierno Marcos Díaz, en representación del intendente capitalino expreso: “hemos tomados los pasos pertinentes para realizar las verificaciones correspondientes, anoche (por el lunes) realizamos inspecciones, verificaciones y vamos a continuar, estimamos que de un modo sostenido podemos luchar contra este flagelo”.

En la verificación ordenada por el Amaya a la DIPSA, se descubrieron “casa de citas” escondidas bajo el nombre de “Bares” y “locales bailables”, por lo cual se procedió a la clausura y multa de los mismos.

Tras haber “desenmascarado” la cantidad exactas de prostíbulos (17), funcionando en Tucumán a través de la fundación “Marita Verón” y a partir de ello el vertiginoso movimiento del gobierno en cuanto a controles por parte de DIPSA, Luis Avignone, concejal radical de la Capital mostró su desacuerdo en la tardanza de la inspección a locales nocturnos realizado en la provincia.

“Esto que hoy el intendente manda a verificar, me parece bien, pero esto tendría que haber sido la autoridad de aplicación que es DIPSA, de controlar de que realmente cuando se habilite un negocio sea del rubro por el que se habilita”, indicó.

“Hay una falta de control o se hace la vista gorda en el desarrollo de esta actividad, pero pegamos el “grito en el cielo” cuando alguien hace una denuncia o toma estado público, y más por lo que se está debatiendo en el seno judicial por la desaparición de 'Marita' Verón”, declaró Avignone a los medios de comunicación.

El edil expresó, además, que "los controles a los locales que funcionan en horario nocturno, como bares y lugares bailables, tienen que hacerlo periódicamente por la DIPSA para evitar que estos lugares funcionen clandestinamente en otro rubro diferente al que fue habilitado".

“La denuncia como la que hace por ejemplo la señora Susana Trimarco tiene más fuerza que la que puede tener un concejal, un legislador o cualquier otro funcionario o los mismos vecinos del municipio, o sea que esto es necesario, ahora hay que controlar y evitar que luego de ese control, que llega a la clausura, que no pase una semana o una semana y media y tengamos nuevamente el lugar habilitado”, concluyó Avignone.

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Argentina, Misiones: Llueven críticas a Guillermo Moreno por autorización de aumento de precios a yerbatera con trabajadores esclavos

MISIONES ON LINE

Es por haber autorizado aumentar el precio en góndola de la yerba de la firma Demirol, que fue denunciada por la Afip por trabajo esclavo.

La decisión de Guillermo Moreno de autorizar una suba de precios para la yerbatera Demirol, denunciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos por tener trabajadores esclavos en Misiones, generó fuertes reacciones desde distintos sectores.

El presidente de la Asociación de Productores Agrarios de Misiones (Apam), Hugo Sand, se refirió ayer a la resolución de Comercio Interior que autoriza subas en el precio de los productos a dos yerbateras, una de ellas denunciada en febrero de este año por la Afip por detectar trabajado esclavo.

Al respecto, el titular de la Apam consideró como “muy llamativa” esta autorización, “más teniendo en cuenta que una de las yerbateras fue denunciada por tener trabajadores esclavos e incluso trabajo infantil”, aseguró.

Sand dijo que además que no comparte esta decisión de autorizar la suba de precios solo a dos empresas. “No comparto la decisión de Comercio Interior, la autorización desde mi punto de vista debería abarcar a todas las empresas yerbateras del país”, manifestó.

Por su parte, el presidente del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), Ricardo Maciel también cuestionó al funcionario nacional, pero al mismo tiempo advirtió que “la industria dice que los aumentos que da Moreno no alcanzan, pero nunca dan sus números ni dicen cuál es la situación real de la industria. No se los escucha hablar. No se puede comparar el diez por ciento en góndola, que representa más de diez pesos que una suba del precio de la hoja verde, que no vale dos pesos”.

“Acá hay mucho desánimo, y se profundiza la concentración de la riqueza y la tierra. El Gobierno nacional debe darse cuenta de que acá los pequeños productores estamos siendo excluidos”, dijo la vicepresidenta de la filial Apóstoles de la Federación Agraria Argentina, Clarisa Rodríguez.

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, participó de una asamblea de productores en la localidad de Apóstoles, Misiones. Allí, el dirigente señaló que "es inconcebible que los productores se vean obligados a trabajar por debajo de los costos. Éste es otro dislate de Guillermo Moreno. Mientras el yerbatero recibe menos de un peso por kilo, en las góndolas un paquete de yerba vale más de diez pesos.

Foto: Argentina, Derechos Laborales - Pruebas. La Afip denunció a la firma Demirol por trabajo esclavo. / Fuente: MISIONES ON LINE

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Argentina, Córdoba: Solicitan perpetua para los ex policías del Comando Radioeléctrico

Katy García (PRENSA RED)

La fiscalía y la querella pidieron la máxima pena y cárcel común para los tres imputados en los secuestros y fusilamientos de los militantes de la JUP, Ana Villanueva, Jorge Diez y Carlos Oliva, ocurridos el 2 de junio de 1976. Alegaron María López, Claudio Orosz y Carlos Gonella. Mañana, a las 11, alega la defensa.

En la novena audiencia del juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal Nº 2 Claudio Orosz y Carlos Gonella solicitaron prisión perpetua en cárcel comun para los imputados.

Cerrada la etapa testimonial comenzaron los alegatos. María López y Claudio Orosz lo hicieron en representación de la víctima Ana María Villanueva. Luego se escuchó la argumentación del fiscal Carlos Gonella quien lo hace en nombre de las otras víctimas y de la sociedad.

Querella y fiscalía orientaron sus argumentos a demostrar que los militantes universitarios fueron privados de la libertad y luego fusilados en la zona descampada del Chateaux Carreras. En ese sentido recordaron como funcionaba el terrorismo de estado, la estructura de mandos, las reuniones dela comunidad informativa donde se trataban y definían las acciones que luego ejecutaban los grupos operativos.

La policía y el comando radioeléctrico eran parte integrante de esa estructura clandestina que funcionaba bajo las órdenes de Luciano Benjamín Menéndez. De manera que los agentes actuaron porque tenían además facultades para disparar y después informar.

Rechazaron de plano las teorías conspirativas lanzadas desde la defensa pretendiendo instalar la idea de que la causa está armada. El análisis de la prueba les permite afirmar que no hubo un enfrentamiento como dicen los imputados y que se trató de la aplicación del llamado “operativo ventilador”.

La querella solicitó que sean condenados como “coautores de privación ilegítima de la libertad de Ana María Villanueva y homicidio agravado, remarcando la condición de funcionarios públicos. Pedimos un tratamiento penitenciario efectivo, en cárcel común y que se los condene a prisión perpetua”.

En tanto que el fiscal también solicitó “prisión perpetua e inhabilitación absoluta” para los imputados Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y José Filiberto Olivieri.

María López: “La conducción era centralizada y la acción descentralizada”

La abogada María López explicó que las fuerzas militares y de seguridad para llevar adelante el plan de exterminio contra el enemigo político actuaban de manera coordinada.

En este punto dijo que “del organigrama y los memorandos surge que se encuentra probado que la cuarta Brigada Aerotransportada así como el Estado Mayor Militar del Área 311 se encargaban de impartir todas las directivas a seguir en la llamada guerra antisubversiva” y agregó que se trabajaba en forma organizada, coordinando tareas y especificando las actividades a seguir por la policía de la provincia”.

En ese sentido destacó que “la conducción era centralizada y la acción descentralizada” y que las pruebas de la causa “demuestran que Ana María Villanueva, Jorge Diez y Carlos Oliva fueron detenidos y fichados por el D2, entre 1974 y 1975, al igual que la presencia de Héctor Conejo Hunziker durante la cita, y la de un miembro de inteligencia que hacía de enlace”.

La abogada habló de las competencias del D2 y del resto de la policía que se encontraba subordinada a funcional y operativamente a los altos mandos del ejército. Destacó que la Dirección General de Inteligencia (DGI) desde antes del golpe secuestraba, torturaba, y ejecutaba a personas extrajudicialmente.

Asimismo dijo que se realizaban reuniones conjuntas en la llamada comunidad informativa formada por las autoridades máximas de cada fuerza de donde surge que las víctimas y otros tantos eran considerados como “blancos” de las organizaciones enemigas.

Mencionó la existencia de normativas claras que autorizaban a operar en el ámbito de cada jurisdicción y ejercer el control sobre penitenciarías y policías.

Subrayó que el comando radioeléctrico como parte de la policía estaba dentro del diseño elaborado por las máximas autoridades de las fuerzas armadas y que “el ejército delegó en las policías provinciales gran parte de la ejecución instruyendo en forma específica a los miembros de esta fuerza de seguridad en relación a los métodos abiertamente ilegales para la consecución de esta empresa”.

En este sentido destacó que una directiva interna decía que la policía “ante un hecho de urgencia podía actuar sin comunicación previa pero dando aviso luego para evitar consecuencias”. Luego describió el hecho y precisó que se trató de un “operativo ventilador” con el objetivo de aniquilar a las víctimas, privadas de la libertad e indefensas.

Claudio Orosz: “Fue una masacre”

Claudio Orosz tras valorar la prueba existente aseguró que “quedó palmariamente claro que Ana María era estudiante y participaba de actividades públicas en la JUP, en la Tendencia Revolucionaria”, afirmó.

Luego detalló los testimonios efectuados por los testigos, los llamados “necesarios” y los que no tienen relaciones parentales. Alude aquí a las declaraciones realizadas cuando se inició la democracia “para evitar teorías conspirativas” esgrimidas por la defensa.

Las dos veces que Pedro Nolasco Bustos hizo uso de la palabra para ejercer su defensa dijo que la causa “estaba armada” y que Héctor Hunziker, la persona que vio lo ocurrido esa mañana, era un “fantasma”.

Otra de las cuestiones que la defensa pone de relieve son los antecedentes de detenciones previas de Jorge Diez, luego liberado, por “tenencia de arma de guerra”. Dejó en claro que fue liberado por “falta d e mérito” y que los que vivieron en aquellos tiempos “saben que si era así no salía en libertad”.

Acreditó que “todos los elementos probatorios llevan univoca, excluyente y exclusivamente a una única conclusión: que el 2 de junio de 1976, aproximadamente a las 10, Ana María Villanueva, Jorge Manuel Diez, y Carlos Delfín Oliva, junto a Héctor Hunziker estaban en las cercanías de Caraffa y Octavio Pinto en una cita y fue levantada alertados por la presencia de Ratón según le comentó Hunziker a Carmen Oliva”.

En esa época se consideraba “sospechoso” que dos o tres personas estuvieran juntas en la via pública y mucho más si al advertir la presencia policial se separen que fue lo que ocurrió.

Quedó demostrado por diferentes testimonios que el “Ratón” –el personal enlace entre la policía y el ejército al que Jorge Díez vio ese día- existió, y además fue descripto por Graciela Geuna y también por Charlie Moore.

También se despejaron dudas sobre lo metodología empleada y las relaciones entre las fuerzas. El comando radioeléctrico detenía y los pasaban directamente al D2 donde les tomaban fotografías. En este caso les fueron mostradas a Geuna en La Perla. Lo mismo que e la cartera de Ana que Dietrich y Barreiro le exhibieron en ese centro clandestino de detención.

Orosz hizo referencia a las reuniones de la comunidad informativa donde se establecían “los blancos” a perseguir con el objetivo de lograr “la caída del militante, mejor vivo” definición que según el abogado alude a la “eliminación del opositor político a través de la muerte”.

En uno de esos encuentros se supo después que Menéndez dijo que había que cerrar la Escuela de Ciencias de la Información (ECI) porque había muchos “marxistas”.

Acreditó también que en ese año la “casería” lanzada contra la militancia de la UES y de la JUP “determinó la fuga de militantes y de los que quedaban, unos 120, entre mayo u julio unos 60 a 70 fueron asesinados y desaparecidos”.

Y que en ese marco como lo dijeron los testigos era difícil militar por eso los que seguían intentaban hacer algo frente a esos hechos terribles. Entonces ese día se dirigían a Villa Rivera Indarte a buscar un mimeógrafo que les permita denunciar lo que pasaba,

Se citaron en Octavio Pinto y Caraffa y fueron cercados. Se encontraron “en las cercanías de la estación YPF y que al ver a un personal de inteligencia levantaron la cita y se dirigieron al automóvil siendo atrapados por dos patrulleros y Hunziker lo vio”.

Aportó documentación de la verdad histórica iniciada por Pérez Esquivel y María Elba Martínez, y de las causas Brandalisis y Videla para demostrar que las autopsias no se hacían. .

Del libro de guardia del comando radioeléctrico surge que estaban asignados al patrullaje de las seccionales 9 y 14 los patrulleros - 113 y 130 – y demostró que podían comunicarse por radio, y que si hubiera sido una huída era fácilmente controlable.

Minuciosamente señaló las contradicciones observadas en los memorandos existentes y en las publicaciones en la prensa referidas a la hora en que se realizó el procedimiento, a las armas encontradas -entre 2 y 3- a las identidades, y a la presencia de “panfletos del ERP”.

Asimismo destacó las incoherencias reveladas en las declaraciones acerca de las armas. Y pidió que le expliquen como después de este largo periplo se parapetaron y atacaron a los varios móviles si tenían a lo sumo 18 balas. Sin duda afirmó que las armas fueron plantadas, lo que se conoce como dejar un “perrito”.

En ese sentido trajo a colación un hecho gravísimo que tuvo como protagonista a Bustos. Dijo que “remató” a un joven con un FAL, le pusieron un “perrito” y cuando estaba a punto de pasar como un “enfrentamiento” apareció una mujer que declaró la verdad. Pero, fue absuelto por “dudas”.

Entonces mal podrían haber elegido ese camino descampado. Y recordó que en esa zona también fusilados Vaca Narvaja, De Breuil y Toranzo.

Desmontó las versiones de la defensa en relación al recorrido efectuado y a las posibilidades de que el Fiat supere en velocidad al Torino. “Estamos en presencia de una verdadera masacre”, expresó al destacar que se dispararon 170 balazos persiguiendo a subversivos que luego se parapetaron y los recibieron a los tiros. Siguiendo la explicación de la defensa que mantiene la postura de que hubo un enfrentamiento en ese caos los jóvenes contarían con apenas 18 balas.

“Por eso es importante reconocer el estado de los cuerpos”, manifestó y enumeró los dichos de los testigos que observaron marcas de violencia y balazos.

“En el caso de Ana María, tenía un disparo en la cara y cuando reconocen el cadáver tenía rastros de pólvora. Estamos hablando de una ejecución”, afirmó.

La prueba documental y las declaraciones de los sobrevivientes sobre como operaba el comando radioeléctrico y el D2 le permitieron al abogado afirmar que “fueron secuestrados, privados de la libertad, golpeados y reducidos, y llevados al despoblado de la zona del Chateau Carreras donde los mataron y armaron un escenario de enfrentamiento”, describió.

Y específicamente sobre los imputados refirió que: “Ellos son los autores materiales del hecho. Cumpliendo las órdenes que desde la cabeza de la cadena de mandos, que era la jefatura del Área 311comandada por Menéndez, y retransmitida por las instancias intermedias, esto es, el jefe de policía, de la unidad regional, y del comando radioeléctrico, predispusieron este patrullaje como parte de un plan sistemático de eliminación del adversario político como ocurrió y les proveyeron los medios necesarios para hacerlo”, argumentó.

Carlos Gonella: “El grado de certeza es paradigmático”

El fiscal Carlos Gonella eligió como núcleo central teórico en su relato el concepto de memoria, sus acepciones y como incidieron a lo largo del tiempo para vencer la impunidad.

Sucintamente repasó lo sucedido el 2 de junio de 1976. “Estos hechos se encuentran acreditados, la prueba es concluyente y el grado de certeza es paradigmático”, valoró.

En relación al contexto mencionó que está bastamente documentado en varias sentencias de que existió un plan sistemático, que había campos de concentración como La Perla o la Ribera, y centros clandestinos de detención como el D2.

Mencionó la delegación de funciones para la lucha antisubversiva en las fuerzas armadas por parte del gobierno constitucional y las directivas que en definitiva constituyeron “una licencia para matar, como dijo Videla”.

Enfatizó que los sectores trabajadores, profesionales medios, jóvenes, sacerdotes, y estudiantes como en este caso “eran vistos como una amenaza por que empezaban a disputar espacios de poder”, entonces había que perseguirlos y “con la complicidad de la sociedad civil llevaron adelante este plan sistemático”, señaló.

“Esta probado que en Córdoba se desató una feroz persecución a los militantes que apoyaban al gobierno peronista”, afirmó.

Por caso citó en su exposición que en memorandos de la policía federal constaba que la comunidad informativa alertaba que en los colegios secundarios “se han detectado activistas de la Juventud Guevarista” y proponía el cierre de la ECI “porque los primeros egresados, casi todos marxistas”, serían un peligro para la sociedad. Ana María Villanueva estudiaba esta carrera.

Relacionó este dato con la causa Gontero donde las víctimas también eran hostigadas por ser estudiantes universitarios.

Luego analizó que la policía estaba sometida a una estructura donde Menéndez se situaba en la cúspide y desde ahí bajaban las órdenes hasta las unidades ejecutoras como la D2, la Unidad Regional 1 y el Comando Radioeléctrico. Y destacó que durante la dictadura y hasta 1984 “todos los jefes de policía fueron de extracción militar”, siendo Roselli –el que da nombre a la causa- uno de ellos.

Dijo que está probado que existieron listas, que los presos eran fotografiados y que hubo complicidades civiles durante la dictadura. En relación a la valoración de la prueba le advirtió especialmente a la defensa que “estos hechos no pueden juzgarse desde la lógica de un juicio penal común porque se trata de causas complejas”, consideró.

Los testigos cuentan lo que saben y este no es un caso común pero debe leerse en la lógica del Terrorismo de estado. Luego hizo referencia al pasado reciente y los cambios operados. “El país padecía de un pasado traumático que podría rastrearse incluso desde los fusilamientos de José León Suárez.

Hablo de las diferentes significaciones de la memoria. Y se detuvo en el concepto de memoria social “como un proceso de elaboración activo de reconstrucción simbólica y de sentido del pasado”.

Y agregó que “es un imperativo ético recuperar aquellas identidades de exterminio industrializado; una máquina de matar que pasó durante el terrorismo de estado”.

En esa línea recordó diferentes hechos a los que llamó políticas de memoria que constituyeron respuestas sociales en épocas distintas y citó como ejemplos la formación de la Conadep y su interpretación que mantenía la teoría de los dos demonios, la misa de reconciliación nacional impulsada por Menem y que terminó en indulto, la irrupción de HIJOS reclamando justicia, la confesión de Scilingo hasta la llegada del gobierno de Néstor Kirchner que “acogió políticas de memoria a las Madres y Abuelas más la decisión del gobierno, la corte suprema de justicia, entre otras.

Después analizó los aspectos fácticos y explicó la culpabilidad de los imputados desde la teoría del dominio del hecho de Claus Roxín en consonancia con los argumentos y conceptos de la querella. Refutó uno a uno los argumentos de Bustos y en relación a la complicidad de la justicia federal con la dictadura expresó que estaba de acuerdo pero que eso no lo eximía de sus responsabilidades.

“La Policía conocía el dato del mimeógrafo y eso selló el destino fatal de las víctimas”, razonó. Rechazó los argumentos de la defensa y dijo que “esto fue un montaje”, afirmó.

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Argentina. Juicio Díaz Bessone: Fecha de sentencia

REDACCION ROSARIO

Tras un año y ocho meses de debate, el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2) de Rosario informó este martes que el próximo 26 de marzo dará a conocer la sentencia en el proceso donde son juzgados los delitos de lesa humanidad cometidos contra 93 víctimas del Servicio de Informaciones (SI) de la policía durante la última dictadura.

El TOF 2, integrado por los jueces Otmar Pauluchi, Beatriz Caballero y Jorge Venegas, escuchó en una nueva audiencia que se concretó en la sede de los Tribunales de calle Oroño, las palabras finales de los acusados del juicio contra un parte de la patota que operó en el Servicio de Informaciones (SI) de la Policía de Rosario, que se sustancia desde el 31 julio de 2010.

Los seis acusados son el ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; los ex-policías, José Rubén el Ciego Lo Fiego, Mario el Cura Marcote, José Carlos Scortechini, Ramón Vergara y el ex-militante montonero, Ricardo Miguel Cady Chomicky, acusado por la querella de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

"Salvo Vergara y Díaz Bessone, todos fueron hoy escuchados por el tribunal", confirmó el abogado representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la agrupación HIJOS, Lucas Ciarniello.

"El ex policía de Rosario, Ramón Vergara se abstuvo por propia voluntad de ejercer su derecho a decir sus últimas palabras y en el caso de Díaz Bessone, con prisión domiciliaria y con problemas de salud, el Tribunal informó que se constituirá en ese domicilio en esta semana a los efectos de habilitar una audiencia para que el acusado ejerza su derecho", indicó Ciarniello.

La causa conocida como Díaz Bessone (ex-Feced), juzga por diversos delitos de lesa humanidad que van desde desapariciones, torturas, tormentos, asociación ilícita y homicidios cometidos contra 93 víctimas en el mayor centro clandestino que funcionara en la provincia de Santa Fe por el que se estima que pasaron alrededor de 2.000 personas.

Palabras finales

En sus palabras finales, el reconocido torturador, el Ciego Lofiego ‒que llegó a justificar los tormentos a detenidos políticos en entrevistas periodísticas‒, insistió, como lo hizo al inicio del proceso, en la Obediencia Debida y esgrimió el argumento de que “existió un estado de necesidad” con el cual pretendió exculparse de los delitos que cometió en el SI.

Scortechini realizó un breve relato de su vida y sostuvo que él no estuvo en el SI durante los hechos que se juzgaron en el proceso.

El Cura Marcote por su parte, haciendo gala de su cinismo, expresó que “en el diccionario de sinónimos y antónimos encontré que clandestino era secreto, oculto”, para rematar que “los detenidos en el SI saludaban a la gente que pasaba por la calle”.

El que se extendió más tiempo en sus palabras finales fue el Cady Chomicky, quién se mostró sorprendido por el tenor “del alegato de la Liga”.

Chomicky se dedicó a defenderse de los testimonios que lo acusaron de “colaboración” en el SI, hizo eje en que “los documentos oficiales del Estado reconocen mi calidad de víctima y de secuestrado”, y recordó que tiene iniciada una causa por su “secuestro y tormentos” en la que están imputados algunos de los acusados de este juicio “como Lofiego y Marcote”.

“En este juicio nadie me reclamó por la delación hacia ellos. Sólo se demostró mi delación hacia un colaborador periférico como Ramos, que liberaron a la semana”, afirmó el acusado, quien insistió en que está en el banquillo de los acusados por ser “considerado delator”. “Aquí se juzgan delitos de lesa humanidad y a mi me han querido juzgar por mi conducta como militante”, señaló.

Al final de una larga exposición, Chomicky dijo al tribunal esperar “una sentencia clara sobre mi culpabilidad o mi inocencia”. “Quiero que digan por qué delitos soy culpable en base a qué prueba, o que no encontraron prueba y soy inocente”, concluyó.

Una vez concluidas las palabras finales de los imputados, desde el tribunal informaron que luego se dará a conocer cuando se harán efectivas las palabras finales de Díaz Bessone ‒quien sigue el juicio por teleconferencia desde su casa‒. El viernes pasado, los jueces indicaron que, de querer ejercer ese derecho, el ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, lo hará en su casa y ante la presencia de los magistrados, su defensor y el fiscal.

Antes de dar por terminada la audiencia, el presidente del TOF, Otmar Paulucci, anunció que el 26 de marzo a las 12 del mediodía se leerá el veredicto del juicio.

Pedidos de pena

Durante sus alegatos, las partes querellantes y la fiscalía, coincidieron en solicitar cárcel perpetua para Díaz Bessone y para Rubén Lofiego y 25 años de prisión para los ex-policías Marcote, Scortechini y Vergara.

Con respecto al civil acusado de complicidad, Ricardo Chomicky, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre solicitó la pena de 25 años de prisión, mientras que el fiscal Gonzalo Stara, pidió su absolución. Por su parte, las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación e HIJOS, no incluyeron a Chomicky en sus pedidos de pena.

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Brasil mantiene suspendidos los derechos de perforación de la petrolera Chevron

RIA NOVOSTI (especial para ARGENPRESS.info)

Autoridades de Brasil decidieron mantener suspendidos los derechos de perforación de la petrolera Chevron tras concluidas las investigaciones sobre el vertido de crudo en Campo de Frade (Río de Janeiro), informó la directora de la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) del país carioca, Magda Chambriard.

Según Chambriard, las autoridades brasileñas no disponen de suficiente información que permita a la petrolera estadounidense perforar en territorio brasileño tras concluidas las investigaciones concernientes al derrame de petróleo en Campo de Frade, a unos 370 kilómetros de Río de Janeiro.

“No tenemos la seguridad de que Chevron haya establecido las causas del accidente y de que haya minimizado los riesgos de conformidad con las exigencias de la sociedad brasileña”, dijo Chambriard quien no detalló en lo referente a las conclusiones de las investigaciones.

En noviembre del año pasado, ANP abrió dos expedientes contra Chevron, uno por el incumplimiento del plan de abandono del pozo presentado por la empresa y otro por la “adulteración de las informaciones” que ofreció al ente regulador sobre el incidente. La petrolera estadounidense fue multada con 5,4 millones y 28 millones de dólares.

El derrame de petróleo tuvo lugar en un pozo explotado por la compañía estadounidense en el Campo de Frade, a unos 370 kilómetros de Río de Janeiro, la principal provincia petrolera de Brasil, y a una profundad aproximada de 1.200 metros.

Chevron posee una participación del 51,7% en el Campo de Frade, la estatal brasileña Petrobras tiene un 30% y el resto pertenece al consorcio nipón Frade Japón Petróleo.

El Campo de Frade cuenta con reservas probadas de entre 200 y 300 millones de barriles de crudo equivalente, según Chevron, que comenzó la extracción en 2009.

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Creciente escenario de protestas sociales en Chile

Tania Peña (PL)

La protesta social, protagonista del escenario político en Chile el pasado año, va marcando también el rumbo del 2012, con la incorporación cada vez mayor de un amplio abanico de sectores y poblaciones.

Justamente este miércoles cumple un mes el levantamiento popular de la región de Aysén contra las políticas centralistas excluyentes y el alto costo de la vida en ese apartado punto de la geografía nacional.

La Asamblea Ciudadana de Magallanes y Antártica, perteneciente al igual que Aysén a la helada Patagonia chilena, se declaró también lista para el inicio de movilizaciones con demandas similares a las de los aiseninos: políticas públicas inclusivas en materia de salud, educación, viviendas, legislación laboral y plebiscitos vinculantes, entre otros muchos reclamos.

Considerada también entre las zonas extremas y desprotegidas del país, la ciudad de Calama, capital minera de Chile y Suramérica, ya anunció para el próximo 20 de marzo una marcha con una petición principal: percibir recursos permanentes del cobre en beneficio de sus habitantes.

Parece evidente, acotó en su edición de hoy Red Diario Digital de Chile, que protestarán de diversas maneras estudiantes, pescadores artesanales, portuarios, ciudadanos de varias regiones, medioambientalistas, empleados fiscales, damnificados, cada sector social y territorial con demandas concretas.

De hecho, para mañana la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios llamó a su primera movilización de este año en Santiago contra la mercantilización de la enseñanza en el país.

La jornada coincidirá también con una manifestación de los pescadores artesanales de la austral región de Los Lagos, contrarios al proyecto de Ley de Pesca a examen parlamentario, al que le atribuyen un fuerte carácter privatizador que pone en peligro su sobrevivencia laboral.

De igual modo anuncian movilizaciones los trabajadores portuarios que ya protagonizaron en enero pasado tres días de huelga nacional y que exigen les sean devueltos 27 millones de dólares que les cobraron injustamente durante más de 30 años y que se regulen las inversiones de los privados.

La lucha contra la privatización del cobre y del litio y el llamado a una Asamblea Constituyente estarán también en el centro de los reclamos ciudadanos.

Carácter nacional seguirán alcanzado las protestas por los proyectos y construcciones de centrales hidroeléctricas y de empresas mineras, lideradas por agrupaciones medioambientalistas que demostraron el año pasado una gran capacidad de convocatoria, vaticinó Radio Universidad de Chile.

A juicio de la revista local Punto Final, 2012 puede ya considerarse "el año de la protesta" en Chile, resultado del descontento acumulado contra la institucionalidad heredada de la dictadura y el asfixiante modelo neoliberal.

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Guatemala: Ex kaibil encontrado culpable por masacre de Las Dos Erres condenado a 6 mil 60 años de prisión

CERIGUA

Pedro Pimentel, ex kaibil sindicado de participar en la masacre de Las Dos Erres, cometida en 1982 en Petén, al norte del país, en donde murieron 201 personas, fue condenado a seis mil 60 años de prisión por el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo que lo encontró culpable de los asesinatos.

De acuerdo con una información del diario Prensa Libre, aunque la legislación guatemalteca establece como pena máxima 50 años de cárcel, Pimentel, quien enfrentó juicio por asesinato y deberes contra la humanidad por la matanza de 201 personas en Dos Erres, fue condenado a seis mil 60 años de prisión, tal como lo solicitó el Ministerio Público (MP).

El Tribunal le dio valor probatorio a los testimonios de familiares de víctimas, quienes expusieron que miembros del ejército incursionaron en el parcelamiento de las Dos Erres vestidos de guerrilleros; la prueba contundente dentro del juicio fue la declaración de dos ex kaibiles, quienes participaron en la masacre y ahora son protegidos del MP.

Según la Fiscalía, los dos ex kaibiles que brindaron sus testimonios identificaron a Pimentel en la escena del crimen, aunque el acusado negó haber participado en los hechos, ocurridos en medio del enfrentamiento armado interno y bajo el gobierno de facto del general retirado Efraín Ríos Montt, quien también enfrenta a la justicia.

Pimentel Ríos fue condenado a 30 años de prisión por cada uno de los 201 asesinatos y 30 por delitos contra deberes de la humanidad; anteriormente el Tribunal Primero A de Alto Riesgo condenó el 2 de agosto de 2011 a cuatro ex kaibiles a quienes halló culpables de la masacre en mención, quienes en conjunto deberán purgar 24 mil 246 años de prisión; sin embargo, según la legislación nacional, la condena máxima que deberá purgar cada uno de los acusado es de 50 años de prisión.

Los subinspectores Manuel Pop, Reyes Collin Gualip y Daniel Martínez fueron condenados a 30 años por asesinato, por cada una de las 201 víctimas de la masacre.

El caso de la masacre de Las Dos Erres fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó al Estado guatemalteco por no haber asumido como un deber propio la investigación de la masacre.

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México: Autoridades de Chiapas niegan aborto por violación a menor de edad

Patricia Chandomí (CIMAC)

Celia lleva 12 años de su vida, yendo y viniendo de la comunidad de Huixtán a San Cristóbal de las Casas para preguntar si ya agarraron al violador de su hija, Celestino López Hernández, quien desde los 16 años ha violado a Hilda Álvarez Hernández, ahora de 26 años de edad y con síndrome de down.

Celia cuenta que Hilda -indígena, pobre y discapacitada- era violada desde los 16 años de edad por Celestino, un vecino de la comunidad en Huixtán.

“Yo no me dí cuenta que a mi hija la violaban, hasta que mi hija dejó de reglar me dí cuenta que estaba embarazada y supe de la violación”, dijo su madre.

Pese a cumplir con las tres causales por las que se permite el aborto en Chiapas: violación, peligro de muerte y malformaciones congénitas graves, las instituciones de “procuración de justicia” y de “salud” en Chiapas le negaron la práctica del aborto.

“El trabajo en el campo es duro, el día no te alcanza para desgranar maíz, molerlo, hacer las tortillas, hacer la comida, cuidar a los hijos, ayudar en la milpa, lavar la ropa, y apenas sale para comer, no hay para doctores, ni medicina, ya estoy vieja, yo no quería que Hilda tuviera un hijo, a duras penas puedo cuidarla a ella, que en realidad es una niña de 4 años, hay que cambiarla, bañarla, darle de comer, quién los va a cuidar cuando yo me muera” se pregunta Celia.

Desde el 2003, Celia acudió a diferentes instituciones de salud para que le ayudaran a interrumpir el embarazo de su hija, las respuestas fueron desde “no la podemos atender”, hasta “aquí no tenemos orden para matar sino para dar vida, aquí no matamos gente”, respuesta dada por el personal del Centro “Los Pinos” de la Secretaría de Salud estatal.

Primero muerta que abortar

“Yo les expliqué que me interesaba la vida de mi hija de 16 años, pero por las respuestas que nos dieron parece que para ellos primero muerta antes que abortar”.

Siguiendo los procedimientos legales, Celia levantó la denuncia en la subprocuraduría indígena, reseña el Colectivo Feminista Mercedes Olivera (COFEMO) de San Cristóbal de las Casas que lleva el caso.

“Cuando Celia habló del embarazo y la posibilidad de interrumpirlo la licenciada que levantó la denuncia le dijo: no se puede interrumpir ¿acaso quieres irte a la cárcel? además si lo hacen, no van a haber pruebas de la violación” reseña COFEMO.

A los tres meses de puesta la denuncia, en marzo de 2003 giraron la orden de aprehensión contra Celestino, para ese entonces, Hilda tenía ya cinco meses de embarazo.

Al sexto mes de gestación tuvo un sangrado, mientras era trasladada a la ciudad de San Cristóbal el producto nació muerto poniendo en riesgo la vida de la menor de edad.

Hilda fue atendida en el Hospital Regional en donde le realizaron una limpieza uterina. El médico que la atendió le dijo a su madre que era necesario realizarle una salpingoclasia (ligadura de trompas) para que -de acuerdo con sus palabras- “si le vuelve a pasar lo mismo (la violación) ya no quede embarazada”.

Nueva violación

Celia se indignó por el comentario del médico. “Mi hija no tiene porque volver a ser violada, si realmente hay justicia para las mujeres, ella no tiene porque pasar por lo mismo nunca más”.

Aunque se giró la orden de aprehensión ésta no se ejecutó pues la policía argumentó que no quería incursionar a la comunidad de Hilda y Celia por la existencia de grupos armados. El Expediente Penal 79/2003 del Juzgado del Ramo Penal, Distrito Judicial Las Casas, quedó archivado con todo y la orden de aprehensión contra Celestino.

La impunidad en que quedó este caso permitió que en 2007 Celestino violara nuevamente a Hilda quien dio a luz a una niña con síndrome de down.

Ahora Celia a sus 70 años tiene que hacerse cargo de todas las tareas de la casa, velar por la manutención de su familia y hacerse cargo de estas dos niñas.

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La batalla de las encuestas en campaña electoral francesa

PL

La difusión de encuestas favorables a uno u otro de los principales candidatos a la presidencia francesa está presente hoy en la campaña cuando faltan menos de 40 días para los comicios.

Francois Hollande, del Partido Socialista (PS), y el actual presidente Nicolás Sarkozy, propuesto a la reelección por la Unión por un Movimiento Popular (UMP), encabezan alternativamente la intención de votos para la primera vuelta del venidero 22 de abril.

Una muestra del Instituto de Sondeos de Opinión e Investigaciones de Mercado (IFOP) otorgó la víspera el primer lugar al gobernante con 28,5 por ciento, frente a los 27 puntos del aspirante del PS.

Varias horas después, otro estudio hecho por la empresa TNS-Sofres dio a Hollande el 30 por ciento de simpatías electorales y a Sarkozy el 26.

La única coincidencia es que para la ronda definitiva del 6 de mayo el PS está claramente con ventaja sobre la UMP con una diferencia que oscila entre nueve y 14 por ciento.

Interrogado sobre la contradicción entre los resultados de las encuestas, Frédéric Dabi, director general adjunto de IFOP, señaló que estas investigaciones reflejan un momento en la opinión pública matizada por un contexto económico, político o social.

Las entrevistas de IFOP comenzaron a realizarse por vía telefónica e internet a dos horas de finalizar el gigantesco acto de Sarkozy en la localidad de Villepinte el domingo.

Por el contrario, la indagación de TNS-Sofres se hizo después, cuando la euforia había bajado y el discurso del candidato a la reelección comenzó a ser analizado por los medios y los especialistas.

En todo caso, la divulgación de los resultados de las encuestas forma parte de las acciones de campaña de los partidos políticos y su lucha por captar votos en una contienda que se prevé muy cerrada entre Hollande y Sarkozy, señalan expertos.

Así lo muestran los discursos de los candidatos, quienes disfrutan su ventaja o disimulan los resultados adversos con el argumento de que hasta el momento nada está decidido y más aún, nada está ganado o perdido.

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