lunes, 26 de marzo de 2012

El capitalismo por dentro (Parte V)

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

Las crisis

En pocos años los productos financieros derivados (futuros, opciones, forwards, swaps, etc.) con fines especulativos o supuestamente destinados a cubrir riesgos se multiplicaron exponencialmente y su monto de hizo astronómico y totalmente despegado de la economía real. Todos esos productos financieros circulan, en los hechos, como moneda, de manera que el papel de la moneda de representar los valores creados en el proceso de producción se ha distorsionado totalmente, pues la relación entre los valores reales creados en el proceso productivo y los ficticios que circulan en el mercado financiero es del orden de entre 10 a 1 y 20 a 1, según diferentes estimaciones.

Existe una sensación de euforia económica y circulan slogans tales como “¿qué espera para hacerse rico?”, hasta que, inevitablemente, estalla la crisis.

Es en ese marco que se producen las crisis financieras, como la que comenzó en 2007 y estalló a escala planetaria en 2008, que son diferentes de las crisis cíclicas clásicas del capitalismo en las que, después de un período más o menos largo de crecimiento económico, la producción sobrepasa las posibilidades del mercado (sobreproducción).

Esta modalidad especial de crisis fundamentalmente financieras no son crisis de sobreproducción pero producen graves “efectos colaterales” sobre la industria y el comercio.

Estas crisis tienen como centro de gravitación el capital-dinero y que, por tanto, se mueven dentro de la órbita de los Bancos, de la Bolsa y de las finanzas. Aunque las consecuencias son similares: las empresas quiebran, los despidos se generalizan, aumenta la desocupación y se acentúa la concentración monopolista hasta que le economía se recompone sobre los escombros de la crisis que deja un tendal de víctimas entre los trabajadores y los empresarios.

Los actuales choques financieros, dice Chesnais (La mondialisation financière, François Chesnais, editor, ed. Syros, Paris, 1996, Cap. 8) son el resultado de una configuración específica del capitalismo en su etapa actual. No es el resultado, como en las crisis capitalistas “clásicas” hasta mediados del siglo XX, de una caída brutal de la producción y del comercio.

Se estaría en presencia -sigue diciendo Chesnais- de una interacción particular entre la esfera de la producción y la esfera de las finanzas. Por un lado existe una disminución regular y durante un largo período de la tasa de crecimiento en los países más industrializados, que se puede describir como una sobreproducción crónica que los grandes grupos oligopólicos logran por lo general controlar con medidas en la esfera de la producción e hipertrofiando la esfera financiera.

Dicho de otra manera: si la producción no aumenta a un ritmo elevado y el desempleo aumenta, la tasa de ganancia que obtienen los capitalistas en la esfera de la producción tiende a estancarse o a disminuir y si la gente se empobrece (desocupación y salarios congelados) consume menos, es decir que el mercado, donde los capitalistas realizan el beneficio, se achica.

La “solución” capitalista a estos dos problemas (descenso de la tasa de ganancia y amenaza de crisis de sobreproducción por achicamiento del mercado consumidor) consiste en la hipertrofia y desregulación del sistema financiero que les permite, por un lado, despojar a los trabajadores y a los pequeños ahorristas en la esfera financiera compensando así el descenso de la tasa de ganancia en la esfera productiva y, por otro lado, expandir enormemente el crédito a fin de crear un poder adquisitivo artificial en las clases más modestas que viven endeudadas y se endeudan cada vez más.

Hasta que no pueden responder por sus deudas y en ese momento las “soluciones” capitalistas a las contradicciones inherentes al sistema dejan de funcionar y se producen las crisis financieras, porque el sistema real, es decir la esfera de la producción y del intercambio y su contradicción fundamental (la apropiación privada en forma de plusvalía que se interpone entre la producción social y el consumo social) resurge: se acaba el espejismo de la prosperidad y los pobres están más pobres que antes.

Se suceden las reuniones de los principales “líderes mundiales” con el objetivo proclamado de aportar soluciones para superar la crisis pero en realidad con el doble propósito de distraer a la opinión pública mundial con un show demagógico y ponerse de acuerdo sobre algunas medidas destinadas a preservar al sistema y, dentro de él, la hegemonía del capital financiero parasitario.

Y relanzar la gran farsa del supuesto control de los paraísos financieros.

En cuanto al control de los paraísos financieros, la famosa “lista negra“(ahora de diferentes tonalidades) de paraísos fiscales fue elaborada por la OCDE hace diez años y no sirvió para nada. La razón es muy simple: buena parte de los paraísos fiscales (que no figuran en las listas) están en territorio de las grandes potencias o controlados por éstas: la City de Londres, la isla de Jersey, la isla de Man, el Estado de Delaware en Estados Unidos, Mónaco, Macao, Hong Kong, las islas Caimán, etc.etc. Y quienes se sirven de los paraísos fiscales son las grandes empresas transnacionales, los grandes bancos y sus clientes y los grupos financieros, que son intocados e intocables. Además, la “lista negra” o “gris” es como una puerta giratoria. Así como se entra se sale. Según un autor, el profesor Michael Krätke (Paraísos fiscales. Publicado por Sin Permiso http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=1716. 2 de marzo de 2008.) se estima que los más ricos tienen alrededor de un 30% de su patrimonio colocado en plazas financieras offshore. Más de un quinto (23%) de todos los depósitos bancarios del mundo se halla en los paraísos fiscales, al menos 3 billones de dólares según cálculos conservadores. Casi el 50% de las transacciones financieras transfronterizas mundiales pasan por ellos. Dice Krätke que de acuerdo con los cautelosos análisis del Tax Justice Network, los capitales disimulados en los paraísos fiscales evaden impuestos por un monto de entre 250 y 300 mil millones de dólares cada año.

Es una buena parte del dinero que falta para reactivar la economía, aumentar el poder de compra de los más pobres y en general para mejorar la situación de las 3000 millones de personas que viven en el mundo con menos de 2,5 dólares por día.

Como señaló recientemente Eva Joly, más que controlar a los paraísos fiscales habría que controlar directamente las finanzas de las grandes empresas, los grupos financieros y los bancos que los utilizan.

Eva Joly, que fue hasta 2002 jueza de instrucción en Francia a cargo de la investigación de grandes “affaires” y renunció a causa de las presiones políticas que recibió destinadas a trabar su acción, escribió: “...yo pensaba que estábamos ante una criminalidad superficial, marginal, accidental, una especie de falta de moral individual. Hoy tengo la certidumbre de que la criminalidad financiera está incrustada en la economía y que ensombrece nuestro porvenir” (nuestro el subrayado) (Eva Joly, Notre affaire à tous, Ed. Les Arènes, Paris, junio 2000, pág. 183).

Las crisis financieras no son una enfermedad curable del capitalismo, que se deben a la irresponsabilidad de los gestores de las finanzas (aunque las operaciones riesgosas de los “traders” y de sus patrones contribuyen a su agravación): son parte estructural del capitalismo en su etapa actual, mundializado y totalmente privatizado en la esfera de la producción y de las finanzas, con las clases dirigentes y gobernantes totalmente a su servicio.

Los líderes políticos no tienen el interés ni la posibilidad de restablecer los criterios económicos y las formas de regulación (muy limitados) que existieron en la inmediata posguerra. A pesar de que ahora no cesan de denostar contra la desregulación financiera (que ellos mismos promovieron y consintieron) y preconizan y practican el intervencionismo estatal, como es el caso de la estatización parcial (y temporaria) de General Motors. Intervencionismo que dura hasta que las aguas financieras vuelven a su cauce y todo se reprivatiza, para mayor gloria y beneficios del capital monopolista.

La función de los líderes políticos se limita en lo esencial a engañar e intentar calmar a la opinión pública y a poner todos los recursos del Estado (es decir las riquezas creadas por el trabajo humano) al servicio del capital financiero y de la preservación del sistema.

Como escribió Galbraith refiriéndose a la crisis del 29: “Entonces como ahora, la intervención del Estado para ayudar a esas instituciones (Bancos y otras instituciones financieras) era aceptable. A diferencia de la ayuda a los pobres para los gastos sociales, no se veía en ello una carga financiera” (Galbraith, John K., Voyage dans le temps économique, Editions du Seuil, Paris, octubre 1995, Cap.8 (La grande depression).

Otras formas que permiten al capital financiero transnacional apropiarse en forma parasitaria del fruto del trabajo ajeno, es decir sin intervenir en el proceso productivo, son la privatización de la seguridad social, de la que se han hecho cargo fondos privados de pensiones, la sustitución de parte del salario o de otras remuneraciones de que es acreedor el personal de las grandes empresas por acciones o por opciones sobre acciones de la misma empresa (stock-options), etc., que son distintas formas de robar o estafar, como dicen los economistas Labarde y Maris (La bourse ou la vie, la grand manipulation des petits actionnaires, edit. Albin Michel, Paris, mayo 2000).

El capital financiero, además de estos mecanismos “legales” destinados a obtener una tajada cada vez mayor de los valores creados en la esfera productiva, se apropia directamente de los bienes de los trabajadores, jubilados y pequeños ahorristas, cometiendo verdaderas estafas.

Por ejemplo en Estados Unidos, el gigante transnacional de la energía Enron se declaró en quiebra reconociendo una deuda de 40 mil millones de dólares y dejó en la calle a su personal (12000 personas), al que, por añadidura, despojó del capital previsional de su jubilación, invertido en acciones de la propia empresa. En otras quiebras de grandes bancos o grupos financieros transnacionales, miles de pequeños ahorristas han visto evaporarse el fruto de muchos años de esfuerzos e incluso de privaciones.

Después de Enron se sucedieron otros casos similares como el de WorldCom y resultaron implicados los dos más grandes bancos estadounidenses: Citygroup y JP Morgan Chase.

En el caso de WorldCom, un pequeño ahorrista que en marzo de 2000 compró 10.000 dólares en acciones se encontraba en julio de 2002 con que sus acciones valían sólo 200 dólares (Despacho de AFP del 21/07/02).

Una situación similar se produjo también en algunas transnacionales basadas en otros países, como Vivendi y otras en Francia. La acción de Vivendi llegó a cotizarse a 141,60 el 10 de marzo de 2000 y valía sólo 9,30 el 16 de agosto de 2002.

En síntesis, el capital financiero transnacional está funcionando como una bomba aspirante de las riquezas producidas por el trabajo (es decir en la esfera de la producción de bienes y servicios) a escala mundial, riquezas que de esta manera se concentran en pocas manos y en ciertas regiones del planeta.

De modo que a la tradicional expropiación del fruto del trabajo que practica el capital en la esfera de la producción (obtención de plusvalía), se ha venido a sumar la que realiza el capital financiero especulativo sin participar en dicho proceso.

El pago de la deuda externa (real o supuesta) por parte de numerosos países –que no son todos “periféricos” como ocurría hasta hace poco - contribuye en no poca medida a alimentar la caja del capital financiero transnacional.

Cabe señalar al respecto que los préstamos a los Estados y/o la compra de las deudas públicas son inversiones seguras y muy fructíferas para el capital financiero, con tasas de interés a menudo muy elevadas. Si la deuda externa ha sido primero un útil para la colonización y luego una herramienta de recolonización esgrimido contra los países del Sur, ahora es un instrumento de chantaje en manos del capital financiero para someter a los gobiernos de los Estados del Norte, como lo prueba la situación en los países de la Unión Europea. Para comprender los mecanismos de la deuda se puede consultar “¡Investiguemos! la deuda! Manual para realizar auditorías de la deuda del Tercer Mundo”, Coedición CETIM y CADTM. Ginebra, octubre 2006.

Las crisis financieras no son una enfermedad curable del capitalismo, debida a la irresponsabilidad de los gestores de las finanzas (aunque las operaciones riesgosas de los “traders” y de sus patrones contribuyen a su agravación): son parte estructural del capitalismo en su etapa actual, mundializado y totalmente privatizado en la esfera de la producción y de las finanzas, con las clases dirigentes y gobernantes totalmente a su servicio.

En realidad los dirigentes políticos y los dirigentes económicos son intercambiables y a veces son los mismos, especialmente en Estados Unidos: pasan del directorio de las grandes corporaciones a funciones de gobierno y viceversa.

Goldman Sachs, que en 2008 pidió y obtuvo una ayuda del Gobierno de Estados Unidos de 10 mil millones de dólares (que ya rembolsó) anunció el 14 de julio de 2009 un beneficio neto de 3440 millones de dólares en el segundo trimestre del año, lo que representó un incremento del 65% respecto del mismo período del año anterior y el mejor trimestre en sus 140 años de existencia. Además, constituyó una provisión de 6 mil millones de dólares destinadas a las primas y “bonus” de su personal. En el primer trimestre de 2011 obtuvo un beneficio de “sólo” 2.740 millones.

Goldman Sachs se benefició con la quiebra de su competidor Lehman Brothers, que Bush y su Secretario del Tesoro Paulson (ex presidente de Goldman Sachs) no quisieron socorrer. Goldman Sachs estuvo directamente representado en el Directorio de la Reserva Federal de Nueva York (parte importante del sistema de 12 conglomerados bancarios que constituyen la Reserva Federal de los Estados Unidos) por Stephen Friedman hasta la renuncia de éste en mayo de 2009. Pero el holding financiero no corre el riesgo de perder el trato preferencial de que goza en la Reserva Federal y quedar desprotegido: William Dudley que desde enero de 2009 sucedió a Timothy Geithner (actual secretario del Tesoro del Presidente Obama) en la presidencia de la Reserva Federal de Nueva York, trabajó para Goldman Sachs hasta 2007.

Esta “rotación” entre las altas finanzas y las funciones políticas dirigentes adquirió ahora en Europa características casi grotescas: Mario Draghi, nuevo Presidente del Banco Central Europeo, fue vicepresidente para Europa de Goldman Sachs Internacional y como tal trabajó para disimular una parte de la deuda soberana de Grecia; Lucas Papademos, actual primer ministro de Grecia, como presidente del Banco Central Helénico participó en la disimulación de la deuda griega con el asesoramiento de Mario Draghi; el gestionario de la deuda griega es Petros Christodoulos, un ex “trader” de Goldman Sachs; Mario Monti, nuevo Primer Ministro de Italia fue consejero internacional de Goldman Sachs y Luis de Guindos, el nuevo Ministro de Economía de España, es un ex de Lehman Brothers.

La crisis financiera en la Unión Europea

La llamada “troika” (FMI, Unión Europea y Banco Central Europeo) está actuando en las crisis de varios países europeos para favorecer los intereses del capital financiero transnacional en detrimento del interés nacional y en perjuicio de las condiciones de vida de sus pueblos.

Conviene señalar que, de conformidad con el Tratado Europeo de Lisboa, el Banco Central Europeo NO PUEDE prestar a los Estados pero si puede hacerlo (y lo hace largamente: 500 millones últimamente) a los Bancos, los que le dan en garantía al BCE títulos de la deuda de los Estados, en muchos casos muy mal cotizados.

En Grecia se acumuló una enorme deuda por mala gestión, por pago de intereses muy elevados sobre las deudas y por compras desproporcionadas de armamentos. Grecia ocupó el quinto lugar en el mundo entre los compradores de armas convencionales en el periodo 2005-2009. El 31% de esas armas las compró a Alemania, el 24% en Estados Unidos y otro 24% en Francia, ahora sus principales acreedores.

La “troika” le impone a Grecia “condicionalidades” consistentes en privatizar el patrimonio nacional para recaudar 50 mil millones de euros destinados a pagar a los acreedores, le exige congelar y en muchos casos bajar los salarios y las jubilaciones y en general reducir considerablemente los gastos sociales.

Y para asegurar que Grecia cumpla con las drásticas medidas de austeridad, Alemania quiere imponerle una especie de protectorado europeo.

Cuando los inversores compran títulos de la deuda griega (o de cualquier otro país) pueden asegurarse contra el riesgo de no ser rembolsados con un CDS (credit default swap), un “producto derivado” (con el cual a su vez los inversores pueden especular a la alza en el mercado de CDS que funciona de manera autónoma) si se considera que el riesgo es grande. No están obligados a aceptar quitas en sus créditos ni prolongación de los plazos de vencimiento. Y si los Bancos finalmente no pueden recuperar sus créditos aparece el Estado (los contribuyentes) para salvarlos.

De modo que el único que siempre gana es el capital financiero transnacional.

El 30 de enero de 2012 Alemania logró que 25 Estados europeos sobre 27 (Gran Bretaña y la República Checa no firmaron) suscribiesen un “contrato” de rigor presupuestario, que requiere la ratificación de sólo 12 Estados para entrar en vigor, donde están previstas sanciones automáticas para aquéllos que no lo respeten. No es un Tratado dentro del sistema institucional europeo sino un paso más hacia la privatización del derecho regional, del que quedará excluido el Parlamento europeo y donde desempeñará un papel fundamental la Comisión Europea, la correa de transmisión del poder económico en las instituciones europeas. Se trata de reforzar y hacer obligatorias para los Estados signatarios las políticas de austeridad, recesivas, antisociales y favorables al capital financiero aplicadas hasta ahora.

El 29 de abril de 2010 Eric Woerth, entonces Ministro del Gobierno francés explicaba con todo cinismo por France Inter: “Ayudando a Grecia nos ayudamos a nosotros mismos. Los 6 mil millones [de euros prestados por Francia a Grecia] no provienen de la caja del Estado. Se toman prestados [en los mercados financieros] a un interés del 1,4 o 1,5% y se prestan a los griegos al 5% aproximadamente. De manera que nosotros ganamos en la operación. Es bueno para el país, es bueno para Grecia y sobre todo es bueno para la zona euro. Hay que tranquilizar a los mercados. Siempre es así, hay que tranquilizar a los mercados [...] hay que tender una red pública de seguridad”. Nuestro el subrayado.

Finalmente, a principios de marzo de este año, el 85,5% de los acreedores privados aceptaron participar en la reestructuración de la deuda de Grecia, lo que fue presentado por los líderes europeos como la “salvación” de Grecia.

En realidad la operación ha consistido en la salvación del capital financiero a expensas en primer lugar del pueblo griego y que repercutirá también sobre los otros pueblos europeos.

Los acreedores privados poseedores de 206 mil millones de euros de obligaciones griegas aceptan borrar unos cien mil millones en las siguientes condiciones: recibirán nuevas obligaciones con un valor nominal 53,5% inferior a las antiguas obligaciones, lo que parece un “sacrificio” de su parte, pero no lo es.

En primer lugar cambian los antiguos títulos casi sin valor por otros mucho más seguros. En segundo lugar en el momento del cambio recibirán el equivalente al 15% de la totalidad de sus créditos en plata fresca. El 31,5% restante en nuevos títulos que serán emitidos bajo la ley británica a fin de impedir que cualquier futuro gobierno griego “caiga en la tentación” de cuestionar dicha deuda. Dichos títulos estarán garantizados por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y los Estados europeos. Además los acreedores de Grecia poseedores de los CDS (Credit Default Swaps, seguros de créditos incobrables) estarán cubiertos por los mismos.

Después de haber saqueado a Grecia durante años el sector privado financiero sale muy bien librado pues de hecho transfiere los riesgos al sector público (léase los pueblos).

¿Qué obtiene Grecia de todo esto? Los Estados europeos se han comprometido a aportar 130 mil millones a Grecia, de los que 30 mil millones van a parar directamente a los acreedores privados (el 15% de plata fresca mencionado más arriba). Otros 35 mil millones el Gobierno griego debe utilizar para recomprar otra parte de la deuda antes de anularla. Otros 25 mil millones serán destinados a recapitalizar los bancos griegos. De modo que de los 130 mil millones 90 mil millones están destinados al capital financiero. No queda prácticamente nada para ayudar a la economía griega a salir de la recesión.

Además los 130 mil millones no son un regalo, son un préstamo. De tal manera que, según cálculos de algunos expertos, después de toda esta operación de “salvación”, la deuda pública griega pasará de representar el 161% del PIB a “sólo” el 159%.

Con el agregado que Grecia queda bajo la tutela de la Troika ( Unión Europea, FMI y Banco Central Europeo) que vigilará que Grecia cumpla con lo convenido . (Información extraída del artículo de Martine Orange Grèce: les banques se sauvent, le désastre est toujours là. Publicado en Mediapart, Francia el 9 de marzo de 2012)

Hace tiempo que se le atribuye al mercado capitalista la calidad de inherente a la sociedad humana, como los fenómenos fisiológicos son inherentes a los seres vivientes. No como parte de un periodo determinado en la historia de la humanidad caracterizado por la propiedad privada de los medios de producción y de cambio. Periodo que nada permite suponer (sino más bien todo lo contrario) que durará indefinidamente.

Pero hace ya algunos años se le ha agregado al mercado características antropomórficas y se dice que está “inquieto”, “nervioso”, “tranquilo”, etc.

Y cuando los mercados “se ponen nerviosos” hay que “tranquilizarlos” garantizando las ganancias capitalistas y, llegado el caso, con una “red pública de seguridad” (destinada a salvar a los Bancos y a otras instituciones financieras con los dineros del Estado, es decir de los contribuyentes).

Pero cuando son los pueblos los que se ponen nerviosos a causa de las políticas de austeridad que se les impone, primero se los trata de tranquilizar contándoles el cuento de que “no hay otra alternativa” (el famoso TINA de Thatcher: "There Is No Alternative") y si salen a la calle a protestar se los “tranquiliza” con diferentes formas de represión y con la criminalización de los ciudadanos que defienden sus derechos más elementales.

Las agencias de calificación

Las agencias de calificación son la fuerza de choque del capital financiero. Las tres principales son Standard and Poor’s, Moody,s y Fitch. Son instituciones privadas que se ocupan de poner notas a empresas y a Estados – que van del riesgo mínimo (AAA) al riesgo máximo (CCC)- que pueden correr los inversores financieros que prestan a dichas empresas y Estados. Existen hace tiempo y comenzaron poniendo notas a empresas y Bancos pero después extendieron su radio de acción a los Estados.

Una nota baja (riesgo alto) tiene por consecuencia automática que la empresa o el Estado que reciba un préstamo pagará un interés más elevado.

Estas agencias no tienen nada de independientes pues pertenecen a grandes capitales privados: el 13% de Moody’s pertenece al multimillonario Warren Buffet (Berkshire Hathaway), Fitch pertenece mayoritariamente a la sociedad financiera francesa Fimalac y el 20% de su capital al grupo Hearst y Standard and Poor’s al grupo estadounidense McGraw-Hill Companies.

Cobran por sus servicios a las empresas que quieren ser calificadas y a las que utilizan las notas.

De modo que grupos privados estrechamente vinculados al capital financiero decretan la lluvia o el buen tiempo para los Estados que necesitan recurrir a préstamos del capital financiero transnacional. Si la nota es alta (poco riesgo) el Estado pagará un interés bajo por los préstamos. Si la nota es baja (riesgo alto) el Estado pagará un interés alto, entrando así en un círculo infernal de endeudarse cada vez más y pagar intereses cada vez más altos.

Y deberá aplicar los ajustes exigidos por los acreedores que se traducen en recesión, más desocupación, congelación de salarios, privatización de los servicios públicos, recorte de los gastos sociales, etc.

Las notas no son para nada objetivas, sino que responden a la estrategia de provocar una gigantesca y permanente transferencia de recursos de las masas populares hacia el capital financiero transnacional.

Hace pocos días se habló de la posibilidad de que la Unión Europea recortara los poderes de las agencias de calificación. Sobre todo su insólita facultad de ponerle notas a los Estados - que estos aceptan sumisamente- por encima de toda institucionalidad de derecho público nacional o internacional. Pero todo quedó en “agua de borrajas”, como se suele decir.

Por cierto la crisis no afecta a estas agencias. Últimos datos conocidos de sus beneficios: Fitch 525 millones de euros en el año octubre 2010-septiembre 2011; S & P 442 millones en los nueve primeros meses de 2011 y Moody’s 367 millones en el mismo período.

Además, estas agencias parece que no son “trigo limpio”: en enero de 2012 la Guardia de Finanzas italiana allanó las oficinas de Standard & Poor’s en Milán en el curso de una investigación que realiza la Fiscalía de Trani (Italia) sobre dicha agencia y sobre Moody’s por supuestos delitos de especulación abusiva, manipulación de mercados y uso ilícito de información privilegiada.

No sería muy aventurado suponer que estas agencias trabajan contra el euro y a favor del dólar, como dijo Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Industria, Turismo y Espacio (El País, España, 23/01/12, página 20).

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La fase actual del imperialismo (Abordando eso gris, que parece la teoría)

Jorge Aniceto Molinari (especial para ARGENPRESS.info)

Desde el análisis de Lenin sobre el imperialismo a la realidad actual mucho ha pasado en el mundo. Existen tremendas contradicciones ideológicas para analizar los cambios que se han producido. Esto no puede ser una escusa para intentar avanzar pese a las dificultades en una definición.

En tiempos de Lenin, la acción imperialista que imponía condiciones al mundo, estaba radicada fundamentalmente en los principales Estados desarrollados.-

¿Eso sigue siendo así?, acá se dividen las aguas, entre quienes siguen marcando como centro de la acción del capitalismo en el mundo a los principales Estados desarrollados, y entre quienes señalamos que esos Estados están muy endeudados y por lo tanto han perdido soberanía. Hoy el centro de la acción del capitalismo en el mundo está radicado en los complejos empresariales multinacionales, por lo tanto los beneficios que en otra etapa de la historia se obtenían para quienes eran ciudadanos de esos países han ido perdiendo entidad, y hoy surgen bolsones de miseria y fractura social prácticamente en todos los países.-

La crisis del sistema que se sigue expresando en crisis de economías nacionales no es más que el reflejo de una situación que abarca a todo el modo de producción que ha agostado la tasa de ganancia tomada universalmente.

Son esos complejos empresariales multinacionales, que por su carácter no pueden dejar de competir en el mercado mundial, los que hoy determinan las tareas de cada uno de los Estados. EE.UU. sigue cumpliendo el rol de gendarme mundial, aun cuando en su interior se alimenta la conciencia de que la guerra significa el suicidio de la humanidad.

Por eso entendemos que hablar de imperialismo sin marcar el carácter del desarrollo económico de esta etapa de la humanidad, puede ser lisa y llanamente la estupidez de manejar viejos esquemas sin contenido. Lo que nada tiene que ver con el análisis de Lenin que en el trabajo que señalamos traza puntas para comprender esta época, aun cuando no estuviera viviendo estos fenómenos.

Prácticamente todos los análisis que hoy se realizan desde distinta posiciones, no llegan a comprender la importancia que esta definición tiene.

El movimiento de capitales que hoy se realizan en el mundo están regidos por esta realidad, no hay independencias nacionales para la inversión, ellas están regidas, o pueden los gobiernos escogerlas dentro del abanico de posibilidades que establece las actuales reglas de mercado mundiales. Hoy es muy común leer sesudos análisis sobre las posibilidades que los gobiernos pueden tener de independencia política en estos procesos de inversión.- A esto hay que agregar también los sueños regionales, que tienen antecedentes históricos muy valiosos pero que ya comienzan a ser cosa del pasado, para poco incidir en la situación actual, ha medida que el mundo se acerca a definiciones sobre el futuro del modo de producción.-

Mientras que no llegue a quienes tienen responsabilidad en los gobiernos el realismo de comprender en que momento estamos, se va a seguir teorizando en el mismo sentido.

Quebremos una lanza por los gobiernos que aún en estas circunstancias ponen en el centro de su preocupación la situación de su gente.

Hemos escuchado a gobernantes decir: “yo hago lo que puedo hacer, en la crisis del mundo no puedo influir”. En realidad están renunciando a ser gobernantes para ser meros administradores. Hoy en el mundo se necesitan dirigentes políticos que puedan asumir ante la crisis del modo de producción capitalista la conducción del mundo para ayudar a morir en paz a este modo de producción a la vez que ir dando nacimiento a un nuevo modo de producción que tiene sus antecedentes en las experiencias de las revoluciones que en el mundo han desarrollado rubros como la salud y la educación de su gente.

Tal es el carácter de esta etapa que podemos definir con nuestros modestos conocimientos. La revolución entonces tiene un carácter diferente, a como podía ser definida en una etapa anterior del desarrollo capitalista, y donde el centro se ponía en la expropiación de los expropiadores. Hoy cuando un punto en la bolsa de valores de Nueva York significa más desplazamientos de propiedad que el que produjo la revolución rusa.- Poder definir reformas como la moneda única universal y el sistema impositivo basado en la circulación del dinero, eliminando los impuestos al consumo y al trabajo, y en consecuencia la muerte de los paraísos fiscales, significan reformas que son el inicio de una revolución para desarrollar el nacimiento del socialismo.

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Argentina: Informe criminalización de la protesta

Presentación del informe

Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia siempre hemos sostenido la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra el avasallamiento de los derechos básicos y por eso venimos realizando una intensa campaña contra la criminalización de la protesta y la persecución y asesinatos de luchadores populares.


Este primer informe que aquí presentamos es el resultado de la sistematización de la situación de causas abiertas en todo el país entre el 2001 y el 2012 contra los sectores populares movilizados: contra organizaciones sindicales, de derechos humanos, partidarias, contra movimientos de trabajadores desocupados, territoriales, estudiantiles, contra comunidades indígenas y grupos ambientalistas, entre otros. Actualmente existen en nuestro país más de 4000 personas criminalizadas y judicializadas, y el número de víctimas asesinadas por luchar desde el año 2001 asciende a más de 70.

En la coyuntura actual entendemos que es fundamental insistir en la defensa y reivindicar el legítimo derecho a la protesta, ya que es la base para la preservación de todos los demás derechos. Si este derecho nos falta, todos los demás derechos están en riesgo.

¿Qué entendemos por criminalización de la protesta?

La criminalización de la protesta es una estrategia política que presenta ante la sociedad a la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes.

La protesta por lograr conquistas favorables a diferentes sectores populares, es un derecho que no requiere permiso ni acepta censura. A lo largo de nuestra historia, nuestro pueblo se ha manifestado en las calles, se ha organizado de diversas maneras para hacer escuchar su voz y defender sus reclamos.

La criminalización de las luchas es una de las formas que asume la represión para inmovilizar a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que se hacen cargo del legítimo derecho de organizarse y exigir la resolución de sus necesidades. En algunos casos es utilizada como paso previo a la represión abierta, directa, y en otros, articuladamente con ésta. Son diferentes mecanismos con el mismo fin de dominación y control social.

Como exponemos en este informe la criminalización de las luchas es un instrumento que ha sido utilizado con diferentes intensidades por todos los gobiernos de turno y que hoy aplica el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para intentar disciplinar y amedrentar a todos aquellos que cuestionan la miseria y la opresión, y para frenar la organización y las luchas desplegadas por los trabajadores y por los diferentes movimientos populares.

Hoy se pretende sancionar a las organizaciones populares a través de la persecución penal de sus integrantes y dirigentes, y el encarcelamiento es utilizado como “castigo ejemplificador”.

¿Qué se busca con la criminalización de la protesta?

Con la criminalización de la protesta el Estado apunta a varios objetivos al mismo tiempo. Por un lado, frenar el conflicto social, acallando, disciplinando, atomizando y domesticando las disidencias. Por otro, correr el eje de la injusticia denunciada por diferentes sectores movilizados hasta plantear que lo que está sucediendo es un “delito”, una “amenaza para el orden legal”, una “violación a la ley”, deslegitimando la lucha. Esa operación mediática y política sobre la opinión pública es más intensa cuanto más lejos se está de querer resolver la situación que dio origen a la protesta.

Las metodologías para criminalizar la protesta varían pero los objetivos se mantienen. A partir del repudio popular a los asesinatos de Darío y Maxi en junio de 2002, y de las condiciones políticas heredadas del 2001, el gobierno de Néstor Kirchner se vio obligado a apelar a un abanico de metodologías: desde la cooptación hasta la judicialización, y desde la vía libre al accionar de las patotas hasta la represión estatal directa, para quebrar las redes y lazos de solidaridad que se habían desarrollado entre las organizaciones movilizadas. Se acentuó la criminalización política y mediática de las organizaciones independientes del Estado.

Innumerables manifestaciones de la protesta popular se han desarrollado durante estos años: puebladas; movilizaciones; cortes de ruta; huelgas; escraches a genocidas; acampes; piquetes; ocupaciones de fábricas, de tierras y de edificios públicos, han sido distintas expresiones de la protesta de nuestro pueblo. En las fábricas y empresas avanza un proceso de organización independiente del Estado y las patronales, que pone en pie las asambleas y cuerpos de delegados en oposición a las burocracias de los sindicatos. Por su parte el Ministerio de Trabajo es una correa de transmisión de esta política a través de conciliaciones obligatorias, declaración de ilegalidad de las huelgas, desconocimiento de los cuerpos de delegados y de los nuevos sindicatos a favor de la burocracia sindical y los intereses empresariales.

A casi nueve años de la asunción de Kirchner y ya atravesando el segundo mandato de Cristina Fernández, afirmamos que la impunidad, la represión y la persecución a los luchadores sigue siendo una finalidad de las políticas de Estado, porque la criminalización de la protesta social es una herramienta necesaria para sostener un sistema que privilegia las ganancias de una pequeña minoría a costa de las necesidades y sufrimientos de las mayorías populares. Denunciamos por eso que este gobierno, que se presenta como defensor de los derechos humanos y dice condenar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, en los hechos descarga el peso del aparato judicial para perseguir la protesta social del presente. Al día de hoy solamente hay 850 genocidas procesados, y más de 4000 luchadores criminalizados. Desde junio de 2010 han sido asesinados 18 luchadores populares y estos crímenes permanecen impunes.

En los últimos años existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes y luchadores, cuestionando derechos como el derecho a la huelga y a la movilización popular. El Gobierno Nacional impulsa esta política de criminalización como lo demuestran las declaraciones de sus funcionarios: Aníbal Fernández con su amenaza “a los que saquen los pies del plato los perseguiremos con el código penal en la mano”, la ministra Garré acusando de “desestabilizadores” a los desocupados que se

oponen al clientelismo, y la misma presidenta calificando de extorsivos los reclamos y las huelgas de los trabajadores.

Ha quedado al descubierto en la causa Kraft el espionaje de este gobierno sobre las organizaciones populares a través del Proyecto X de Gendarmería y de otros organismos de Inteligencia con el reconocimiento de la Ministra de Seguridad, y ha quedado demostrado que se utiliza ese espionaje para armar las causas judiciales con las que son perseguidos numerosos trabajadores y luchadores.

Desde diciembre de 2011, la ampliación de la Ley Antiterrorista que había sido sancionada en 2007, representa un peligro que merece el más enérgico repudio y torna urgente la exigencia de su derogación. La mayoría oficialista que ha votado en tiempo record los tratados internacionales contra el terrorismo y dos leyes antiterroristas, se ha negado sistemáticamente en los últimos nueve años a tratar los diferentes proyectos de ley contra la criminalización de la protesta.

La profundización de la represión intenta frenar el proceso de organización de los sectores populares en un año que se presenta con topes salariales, aumento de tarifas y ajuste. Este informe pretende ser un aporte a la plena vigencia del derecho a luchar, a la conquista de todas las reivindicaciones populares y al juicio y castigo a todos los responsables de los crímenes contra el pueblo.

Por todo ello decimos:
CIERRE DE LAS CAUSAS Y ANULACIÓN DE LAS CONDENAS A LOS MAS DE 4000 LUCHADORES POPULARES PROCESADOS
DEROGACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA
CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y MATERIALES DE LOS ASESINADOS POR LUCHAR
BASTA DE ESPIONAJE A LOS LUCHADORES OBREROS Y POPULARES.

Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos - AEDD
Asociación de Profesionales en Lucha - APEL
Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos - CEPRODH
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional - CORREPI
Liberpueblo


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A 36 años del golpe de Estado: La unidad urgente de la izquierda argentina

Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info)
A 36 otoños del golpe de Estado más feroz que haya sufrido Argentina, según los asistentes, en pocas ocasiones la marcha convocada en Buenos Aires por la izquierda y organismos de Derechos Humanos y sociales, aglutinó a tantas y tantas miles de personas que caminaron desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo, a metros de la Casa Rosada.

La jornada que ocupó las calles desde la media tarde del 24 de marzo a ya entrada la noche ventosa, fue testigo de una demostración de fuerzas del pueblo de izquierda que dejó sin discusión su recomposición, juventud y contenido de clase: trabajadores, pobres, estudiantes, originarios, intelectuales y segmentos medios.
Si bien el objetivo cardinal de la iniciativa fue conmemorar las decenas de millares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la segunda parte de los 70 del siglo pasado en manos de un régimen militar inefable y digitado por el imperialismo y la minoría dominante y gran propietaria, una palabra que sintetiza la conducta política más correcta y difícil para la izquierda hiló el sentido de la marcha gigante: unidad.
Por cierto que lo que determina los tramos elementales y últimos de la creación heroica de una sociedad post capitalista es la lucha de clases y el movimiento real de los trabajadores y el pueblo. La condición volcánica, por abajo, de las posibilidades políticas de las grandes mayorías empobrecidas, es la plataforma que ordena los intereses y formas históricas de su propia conducción política. Es el propio pueblo conciente y en lucha por sus intereses quien gatilla, talla y construye su propio instrumento político más adecuado en un momento dado concretamente. El resto es vanguardismo, bravuconada de barricada, voluntarismo destinado al fracaso, intento muerto de sustitución administrativa, aparatista y autoproclamada del movimiento popular.
Sin embargo, las pistas del concierto reunido de la conducción y alternativa políticas que todavía no existen cabalmente en Argentina, corresponden a un momento necesario que facilita dinámicamente la unidad del propio pueblo. Es decir, aquella batalla multidimensional y compleja por la hegemonía de sus intereses en medio del conjunto de la sociedad y que, por tanto, organiza su oportunidad de victoria política.
Bases y batalla cultural
“Rulo” de la Federación Anarquista Estudiantil, junto con memoriar a los caídos, señaló que “nosotros bregamos siempre por la unidad entre obreros y estudiantes. Consideramos que desde las bases se articula el enfrentamiento contra el capitalismo.”
El combate cultural es el motivo que da sentido a la agrupación “Razón y Revolución” que realiza un significativo empeño crítico editorial y publica la revista ‘Los Aromos’. Fabián Arari indicó que “la izquierda en Argentina tiene una gran oportunidad para colaborar en la organización del creciente descontento social. Momentáneamente, el precio de la industria de la soja amortigua los tiempos del despliegue de la crisis. Es preciso, entonces, superar el Frente de Izquierda que participó en las últimas elecciones nacionales y crear una organización común. Como los objetivos y medios de la izquierda multiplicada y dividida orgánicamente en distintos activos de diverso tonelaje no difieren, la unificación no debería resultar un problema insoslayable”.
El responsable de las relaciones internacionales de la Dirección Nacional de Izquierda Socialista, Miguel Solans, formuló que las demandas inmediatas del pueblo trabajador giran en torno a “la defensa de los derechos de los asalariados, en instantes en que sufrimos la criminalización de la protesta social, tanto de trabajadores, ambientalistas consecuentes, pueblos originarios, y los primeros reflejos de la crisis mundial del capitalismo” y añadió sobre la unidad que “con el Frente de Izquierda ya hemos dado un primer paso que se sostiene más allá de una alianza electoral. Nosotros aspiramos a una unidad superior. Pero con todos los sectores de izquierda, con todo el pueblo en lucha, incluido, por supuesto, Proyecto Sur. Hoy nos conjunta el combate por la re-estatización de ferrocarriles, por ejemplo.”
-Pero aún son pasos insuficientes ante los requerimientos que impone el período…
“Lo que estamos haciendo no es usual en la izquierda. Somos organizaciones que antes ni siquiera podíamos marchar juntos.”
La clase social que instauró el golpe de 1976 sigue mandando
Uno de los líderes históricos del Partido Obrero, Jorge Altamira, dijo respecto de la manifestación que “siempre es actual la presencia de los 30 mil compañeros que fueron secuestrados y asesinados por la dictadura. Sobre todo porque la clase social que gatilló el golpe de Estado de 1976 continúa gobernando. Ahora observamos y padecemos, frente al aumento de las luchas sociales, el subsiguiente incremento de la represión a través de la ley antiterrorista, el espionaje a las organizaciones populares, y la tragedia de Once.”
-¿Y cuál es la banda ancha que desde tu perspectiva contendría la unidad acerada de la izquierda?
“Todos aquellos que estén por la transformación social, por un gobierno de los trabajadores y que concuerden con que la crisis económica la paguen los capitalistas y no el pueblo. Eso es más que bastante.”
Por su costado, el dirigente del Partido de los Trabajadores de Izquierda (PTS), Cristian Castillo, señaló que en la actualidad “estamos planteando la derogación de la ley antiterrorista, basta de ajustes antipopulares, saqueo y represión. Queremos terminar con la clase social que impuso el golpe y que hoy es la gran beneficiaria del sistema económico imperante”.
-Desde abajo se reclama la unidad más amplia contra un modo injusto de reproducción de la vida, ¿cuál es la posición de PTS?
“Existe el Frente de Izquierda. Se trata de un avance concreto en ese sentido y en medio de un contexto donde el gobierno de turno descubre a diario su doble discurso. Creo que estamos asistiendo al surgimiento de un polo anticapitalista muy importante con presencia en las luchas sociales más relevantes. A diferencia del Ejecutivo, nosotros reivindicamos la lucha por los derechos humanos de ayer con los violados actualmente.”
El diputado de la República y militante de Proyecto Sur, Alejandro Bodart, aclaró que la realidad presente “nos impone no sólo marchar por los derechos humanos transgredidos brutalmente por la dictadura, sino también por los derechos humanos violentados hoy. La ley antiterrorista votada recientemente no sólo posibilita el procesamiento de los luchadores sociales; también pueden ir presos. Esta gran demostración de fuerza debe hacer entender al gobierno que todo plan económico que pretenda seguir sometiendo a amplios sectores de la sociedad, por un lado, y continuar enriqueciendo a unos pocos, por otro, generará necesariamente más resistencias.”
-Pero de la resistencia a la ofensiva popular es vital la unidad…
“Por cierto. Pero la unidad alrededor de un proyecto de verdadera alternativa y cambio. Hay que recuperar todos los recursos naturales; no permitir que el fruto del trabajo de millones se vaya al pago de la deuda externa; no permitir que la industria megaminera acabe con el agua, el bien más importante con que cuenta Argentina. Sintéticamente, debemos ir hacia una segunda independencia. Y únicamente por medio de la más extendida y honda unidad será posible realizar las transformaciones profundas de la sociedad. Al respecto, estimo que todos quienes estamos en esta marcha –grandes, pequeños, independientes- somos un punto de arranque para la construcción democrática de una salida a los graves problemas del país. Por lo demás, los dirigentes debemos tener la habilidad y voluntad políticas para dar con la unidad y convertirnos e una alternativa creíble desde y para nuestro pueblo.”
Cantan conmigo
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, comunicó que los derechos humanos del siglo XXI en Argentina también están asociados a “la pelea contra la impunidad, el ambientalismo, la pobreza. Me esperanza la cantidad de jóvenes que están hoy en la Plaza”. Consultado sobre los objetivos de la ley antiterrorista, Pérez Esquivel contestó que “se aprobó con el fin de garantizar la inversión transnacional en el país.”
Julia Castillo es una de las tres primeras madres que comenzaron a marchar en la Plaza de Mayo en diciembre de 1976. Su hijo detenido y desaparecido en Tucumán se llama Hugo Pastor Juárez. “Yo sigo buscando a mi hijo y no voy a bajar los brazos”, manifestó Julia con todos los tiempos del mundo en su cara azul. “Mi hijo ya tendrá que aparecer. Sólo quiero sus restos y saber dónde está sepultado.”
No todos tienen precio
La diputada Victoria Donda fue parte del gobierno de CFK hasta el 2008. Es hija de detenidos desaparecidos e hizo el trayecto de homenaje y denuncia junto a la izquierda.
-¿Por qué, diputada?
“Marcho aquí aunque el gobierno en una primera etapa hizo cosas correctas en materia de los derechos humanos del pasado. Pero no sólo se violaron entonces. Ya contamos 18 asesinados bajo esta administración por la policía.”
-¿Cuáles son las demandas más sensibles de las grandes mayorías en esta hora?
“Sin duda, la pobreza, los niveles desocupación y la inflación arman ‘un combo’ de miseria que si no es reconocido por el gobierno, traerá graves problemas. Por otra parte, se encuentra la espantosa cantidad de mujeres muertas por femicidios (casi 300 sólo el 2011). Así como la ausencia de dignidad en la vida de tantos, y los desplazados a la condena de las villas miseria.”
-¿Qué ocurre con la corrupción en las alturas?
“Es uno de los puntos más flojos del gobierno. Para la opinión pública ya es evidente que roban mucho.”
-¿Y la bullada ley antiterrorista?
“Antes y durante la dictadura a los detenidos desaparecidos se les tildaba de ‘terroristas’ también.”
-¿Cuál fue la reacción del gobierno cuando decidiste tu distanciamiento?
“Mala, como reaccionan siempre cuando alguien les representa alguna crítica y no pueden comprar a la gente. Pero no todo se puede comprar en esta vida.”.

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Argentina: Educación y dictadura hace 36 años...

Prof. Juan Carlos Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

Resulta inevitable elegir un tema determinado a 36 años del golpe cívico - militar de 1976. Si algo atraviesa todas las generaciones, sin dudas, es lo educativo y su particular tragedia, la cual parecería que quiere volver en la Ciudad de Buenos Aires.

En todos los niveles educativos, los genocidas hicieron sentir su pensar "occidental y cristiano" como también asfaltar el camino para el paulatino incremento de las escuelas confesionales y privadas en el nivel primario y secundario. Esto último, se consolidaría en democracia durante la gestión del Presidente Menem y su Ley Federal de Educación y de Educación Superior, y con un elevado gatopardismo durante la gestión del extinto ex Presidente Kirchner a través de la Ley Nacional de Educación.
El proyecto educativo de la dictadura tendió a eliminar todo vestigio de pensamiento crítico y fomentó el enciclopedismo. Leer capítulos enteros que, luego, se recitaban de memoria ante el docente de turno que, además, se consideraba superior ante sus alumnos; es decir, estudiantes... Pero ello era tan sólo una parte. El uso de uniformes obligatorios, como cual escuela militar, era común en el nivel medio a nivel estatal. Ya sea el clásico saco blazer azul, el pantalón gris, la camisa celeste y la corbata azul, junto al escudo del colegio en el bolsillo del saco o la camisa, como acontecía en el "Hipólito Vieytes" de Caballito o el sencillo guardapolvo blanco, en clara continuación del nivel primario. Formar fila, al ingresar y al salir del colegio, con ese brazo imitando al nazismo en versión mínima y el saludo marcial, fueron otras de las características de la vida estudiantil durante aquellos años.
No obstante, había más... Pelo corto, cuyo límite debía estar dos centímetros arriba del cuello de la camisa, el cual se medía con una regla y si excedía una décima, era enviado de vuelta a su casa sin decir ni mu. Las chicas, con pelo recogido y sin maquillaje a la vista. No estaba de moda el uso de aritos, pero podemos imaginar la obligada censura.
En ese clima, vivimos muchos de la generación nacida durante los años ' 50 y ' 60. Donde había que escuchar la música prohibida a bajo volumen, no sea cosa que nos descubrieran. Por supuesto, las instituciones educativas seguían los mandatos de la cómplice Iglesia Católica. En muchas de ellas, la imagen de la Virgen era obligada y el paso por las aulas de personajes parroquiales era algo habitual, junto a la separación de escuelas para varones y para mujeres. La escuela mixta no podía existir, porque llevaría al pecado. Aún así, los amores adolescentes florecieron a raudales.
Y lo curricular no quedaba atrás. El estudio obligado del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional fue el caballito de batalla de la asignatura Educación Cívica, relegando a la misma Constitución Nacional. No existían los derechos individuales, salvo aquellos que estimularan la libertad de comercio. El liberalismo económico estaba a salvo. Del mismo modo, lo histórico en clave de enciclopedia, para lo universal y de bronce, para nuestra historia reproducían lo escrito en aquellos libros de Ibáñez y de otros autores afines a la dictadura y a la pesada herencia de Bartolomé Mitre.
Nada se podía discutir. Debatir, ni soñarlo. Época de clase tradicional, donde el docente se erigía en el poseedor de la verdad y en el gran elector del futuro de la vida de los estudiantes. Docentes que gozaban con el aplazo sistemático en divisiones de 40 o 50 jóvenes estudiantes. Y pareciera que ello quiere volver de la mano del Ministro Bullrich y de Mauricio Macri.
Hoy, lo educativo pretende ser conducido por la Iglesia Católica como en aquella época. Y el Estado es responsable. No podemos olvidar el Congreso Pedagógico Nacional en 1984, donde los jerarcas eclesiásticos sabotearon las propuestas innovadoras para la educación argentina. Del mismo modo hicieron con el Congreso Pedagógico de la Ciudad, impidiendo su realización y donde estaba destinado el ex - Legislador de la Ciudad Carlos Abrevaya, el impulsor del proyecto alternativo que tuvo que ser aprobado para eliminar las Juntas de Clasificación Docente y de Disciplina, en pago a sus favores por el PRO.
Ayer, no se entregaban los diplomas a los egresados con un fuerte perfil de izquierda o que se suponía que lo eran por parte de las autoridades escolares, como ocurrió en el "Hipólito Vieytes" y otras tantas instituciones educativas estatales de nivel medio, como también eran secuestrados estudiantes y docentes comprometidos con lo popular, como María Claudia Falcone y Roberto Santoro.
Hoy, si hablamos de desapariciones podemos hacerlo acerca de la Educación Pública en la Ciudad de Buenos Aires. El cierre de cursos que ha dispuesto Max Gulmanelli, el funcionario eclesiástico en el Ministerio de Educación de la Ciudad, es tan sólo la primera parte de lo que se viene. Como quien dice, es la punta del iceberg. Con seguridad, el mes próximo se acentuarán los cierres por la aplicación del nefasto Decreto Nº 1990/97, el cual será el fundamento para ello y sin contar con alguna modificación tendiente a correr otra vez la línea para llegar, al igual que durante la dictadura, a cursos de 40 y 50 estudiantes, los cuales, no obstante, ya existen en la zona sur debido a la falta de construcción de escuelas desde hace más de 30 años, según lo que expresaba un antiguo informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
Pareciera que todo vuelve. Pero no es casualidad. Sucede que Mauricio Macri es un excelente alumno del Brigadier Orlando Cacciatore, el fallecido ex Intendente de la Ciudad durante la gestión del genocida Videla y un excelente amigo de la Iglesia, junto con Gabriela Michetti, pues ambos gozan de la estima del Cardenal Jorge Bergoglio.
Pero lo curricular también sigue la misma senda, en algunos casos, porque no es casualidad que la Constitución Nacional sea una unidad a tratarse en el final de los cursos de Instrucción Cívica, como tampoco lo es la justificación del límite al goce y ejercicio de los Derechos Humanos para salvar los incumplimientos estatales sistemáticos que hoy encontramos en democracia. Afortunadamente, muchas y muchos docentes hacemos lo que debemos: enseñar el fundamento de los derechos; es decir, la Constitución Nacional, al iniciar los ciclos lectivos, como también enfatizar sobre las viejas y nuevas violaciones a los Derechos Humanos que se cometen a diario y sin cesar.
Entre ayer y hoy, mientras se suceden los repudios a la mayor tragedia argentina del siglo XX, no podemos dejar de observar el renacimiento de aquellas normas y valores de la mano de la política educativa, la que sigue privilegiando la formación para la empresa antes que para la vida, para el trabajo antes que para la ciudadanía. Y como bien expresaba la fallecida compañera Adriana Calvo, el Estado es responsable...
Aún hoy no hay rupturas contundentes con respecto a los cimientos educativos de la dictadura. Parecen invisibles. Pero están. Siguen vivos. En la política educativa nacional, a través del cierre de la paritaria y de las alegrías ministeriales por los convenios con los sectores empresariales, con el poder económico que supo ser cómplice de los genocidas, junto con la supuesta alfabetización informática que seguramente no llegará a las escuelas rurales del Chaco o de Formosa. Ni pensar en los pueblitos de Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy. Con el pleno auge de las universidades privadas, con el achicamiento en la Universidad pública; sobre todo en la UBA, de la mano de la todopoderosa Iglesia que sigue teniendo el poder para perpetuar el orden establecido, como cómplice del capital. Y en la Ciudad de Buenos Aires, ello resulta notable cuando, en el lapso de casi más de 30 años, las escuelas confesionales, junto al resto de las instituciones de educación privada, sitiaron a las escuelas de la Ciudad y ahora pretenden, con la colaboración del poder político, hacerlas desaparecer inclusive en aquellos barrios donde la pobreza y la indigencia son moneda corriente.
Y no habrá ruptura posible, hasta que la acción decidida de docentes, padres y alumnos sea contundente y masiva. Los docentes de la provincia de Santa Fé, nucleados en Amsafe, son el ejemplo y el punto de partida para la construcción de una fuerza política y educativa capaz de doblegar a las estructuras políticas y eclesiásticas.
De otro modo, la Educación de la dictadura seguirá perpetuándose para consolidar el galpón educativo para los pobres y la formación para el trabajo y los estudios superiores para las y los hijos de la burguesía. Y a 36 años, es hora de construir otra Educación. Aquella que permita el ejercicio del pensamiento crítico y de la creación permanente, del cultivo de los valores de solidaridad y humanidad; en suma, de una formación para la vida y la ciudadanía...

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Argentina: Historias de la represión en el sur de Santa Fe

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

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Con el periodista Jorge Cadús recordamos que pasó durante el Proceso de Reorganización Nacional 1976-1983 e incluso antes en el sur de Santa Fe. En los pueblos y ciudades del sur santafesino el Terrorismo de Estado también hizo de las suyas aunque todavía nos cuesta asumir ese tétrico pasado y sus consecuencias. He aquí historias y esperanzas ocultadas...

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Argentina: El verdadero final de la impunidad

Carlos Iaquinandi Castro (SERPAL)

El fallo del Tribunal Oral que sesionó en Tandil, honra la jornada por la Memoria, la Verdad y la Justicia con la que gran parte del pueblo argentino recuerda el 36º aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

Es una decisión judicial que no solo establece las responsabilidades de los ejecutores directos del asesinato de un abogado laboralista que defendía los derechos de los trabajadores mineros de la empresa Loma Negra, sino que condena la colaboración de civiles que no formaban parte del aparato estatal de represión, y afirma la sospecha de que integrantes del directorio hayan sido autores intelectuales del crimen.

Este fallo histórico, penetra el blindaje que hasta ahora mantenía en la impunidad a los verdaderos inductores y gestores de la dictadura militar.

El mejor homenaje a los miles de asesinados, a los torturados, a los represaliados de diversas formas, es identificar, juzgar y condenar a quienes alentaron y sostuvieron el golpe del 76, la represión y sus normas y leyes antipopulares. Esa es la puerta que abre el fallo emitido hace pocos días en Tandil, sobre el asesinato -hace 35 años - del abogado laboralista.

“Mi viejo acaba de ganar otro juicio”

El veredicto del Tribunal Oral que sesionó en la Universidad de Tandil, condenó a tres militares a prisión perpetua y a 15 y 11 años a dos civiles por el secuestro y asesinato de Carlos Alberto Moreno, representante legal de los obreros de la empresa Loma Negra en abril de 1977. Tras conocerse las condenas, familiares, amigos, compañeros y centenares de personas se fundieron en abrazos celebrando el fallo. Como afirmó Matías Moreno, el hijo mayor del abogado laboral, “a mi padre se lo llevaron por ganar varios juicios a favor de los trabajadores contra la empresa Loma Negra. Fue torturado y asesinado. A 35 años de haber sido asesinado, mi “viejo” acaba de ganar otro juicio.”

El “negro” Moreno, como se le conocía, fue secuestrado el 29 de abril de 1977 en la ciudad bonaerense de Olavarría. Fue llevado al establecimiento rural de los hermanos Felipe y Julio Méndez, donde fue interrogado y torturado durante cuatro días. Golpeado y herido logró escaparse de sus captores, pero pronto le llevaron nuevamente al centro clandestino, donde finalmente le asesinaron. El Primer Cuerpo de Ejército emitió entonces un comunicado donde informó que Moreno había sido “abatido” por resistirse a ser detenido. Un familiar le reconoció en la morgue envuelto en una manta verde del Ejército, con impactos de bala, la nariz quebrada y signos evidentes de tortura. Durante muchos años su esposa, familiares y compañeros, apoyados por organizaciones de Derechos Humanos demandaron justicia sobre este asesinato.
Conexiones empresariales con el poder militar

El fallo establece que los ex militares Julio Alberto Tomassi y Roque Papalardo (ambos tenientes coroneles retirados) y el suboficial José Luis Ojeda, fueron quienes secuestraron, torturaron y asesinaron a Carlos Alberto Moreno. Los civiles hermanos Méndez, son condenados como “colaboradores”, porque cedieron su “chacra” para que fuera utilizada como centro clandestino. Uno de ellos, Emilio, era entonces gerente del Banco Comercial de Tandil. “El trueque era evidente”, afirmó el fiscal Daniel Adler, “cedieron su “chacra” a los militares que tenían el poder político, económico y social, y mantuvieron su cuota de poder, todos manchados con sangre”. “Moreno era una molestia para el poder económico”, destacó Adler. Recordó que junto a su socio Mario Gubitosi “se metieron de lleno con el tema de la silicosis, enfermedad que sufrían los trabajadores, e intercedieron por despidos y aportes.” El fiscal ha pedido que se investigue si fue “un crimen por encargo o por codicia” y que se indague sobre “las conexiones de estas empresas con el poder militar”.

Ya en la primera audiencia de debate, la familia de Carlos Moreno no dudó en señalar a la empresa Loma Negra como instigadora del secuestro del abogado.

Declaraciones testimoniales de los trabajadores de la cementera en el juicio y alegatos de la querella y fiscalía fueron aportando en esa dirección procesal.

El fiscal señaló la necesidad de investigar mas allá de los autores materiales que se encontraban sentados en el banquillo de los acusados.

En un reportaje del periodista Pablo Roesler, el fiscal Adler expone que “la motivación económica es un tema que flota en todo el juicio. Ha sido recogido a lo largo de las audiencias a través de varios testimonios e inclusive hay una prueba documental que lleva a que sea una hipótesis de trabajo bastante fuerte. Es decir, es un abogado que no tenía participación política en ese momento, ni estaba en ese entonces ligado ni participaba en ninguna organización. Es decir, la motivación pasa a ser exclusivamente el ejercicio de su profesión.”

En la misma nota, Roesler apunta que según consta en la causa, Moreno le ganó un juicio a la empresa Loma Negra en representación del trabajador Juan Ventura, enfermo de silicosis por la falta de condiciones de salubridad en la sección embolsadora de la fábrica de cemento. Los querellantes aportaron que el abogado laboralista había ganado otros cuatro juicios similares que obligaron a la empresa a desembolsar una importante suma en carácter indemnizatorio.

Finalmente, el tribunal ordenó impulsar una investigación sobre el directorio de la cementera Loma Negra que en ese momento presidía Amalia Lacroze de Fortabat, recientemente fallecida. Se basa en las sospechas de que dichos empresarios hayan inducido los delitos. Luego de señalar el carácter de “dictadura cívico-militar” del gobierno de facto del 76, también ordenaron abrir causas a los integrantes de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y del entonces ministro de gobierno Jaime Smart, por presuntas complicidades.

“Fallo histórico”

Carlos Pionni, militante de la organización HIJOS considera que “este, es un fallo histórico porque están incluidos todos los responsables del terrorismo de Estado: los integrantes del ejército, los civiles y los grupos económicos con el pedido de investigación de Loma Negra”. El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, indicó que “es la primera vez que un fallo habla de lo que fue la dictadura cívico-militar, porque se condenaron a civiles que no formaron parte del aparato estatal de la represión y además se ordenó investigar a quienes instigaron el crimen”.

Es cierto. Desde SERPAL muchas veces hemos señalado la importancia de determinar responsabilidades y juzgar a los ejecutores de los planes de represión y exterminio. Pero no son estos militares o sicarios por sí mismos autores del proyecto represivo, del terror y el miedo que fueron los cimientos de un régimen que barrió con derechos y libertades e instauró medidas económicas que enriquecieron a sectores de poder, endeudaron al país y empobrecieron a gran parte de la población argentina y dejaron una triste herencia de entrega, corrupción e individualismo. Los verdaderos responsables no solamente disfrutan de impunidad, sino que en muchos casos ocupan cargos responsables en funciones empresariales, públicas o de seguridad. Este fallo de Tandil abre nuevas expectativas de que por fin se desenmascare a los personajes e intereses que gestaron uno de los periodos más nefastos de nuestra historia.

Termino esta nota citando una reflexión de Matías Moreno, hijo del abogado laboralista asesinado hace 35 años durante la última dictadura militar.

“Falta mucho. Y lo sabemos. La sintonía fina en los procesos por Memoria, Verdad y Justicia no es ni más ni menos que hurgar, más temprano que tarde, en los lugares incómodos de las complicidades civiles de la última dictadura. Exige celeridad de los encargados de la Justicia. Pero también somos conscientes de todo lo que se hizo. Por eso, este presente nos encuentra organizados, discutiendo, militando. Y en la calle, dando la batalla cultural.”

Allí nos encontraremos. A 36 años del golpe. Construyendo colectivamente.

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La Argentina memoriosa

Martín Lozada (RIONEGROONLINE)

Treinta y seis años después de la última dictadura cívico-miliar en la Argentina, el tema de la memoria vuelve a escena. A esta altura resulta sabido que tanto los individuos como los grupos necesitan conocer su pasado, puesto que la conformación de su propia identidad depende de ello. No existe pueblo o comunidad de individuos sin memoria común, recuerdos compartidos e hitos referenciales. De hecho, para reconocerse como tal, el grupo suele elegir un conjunto de logros y hasta de persecuciones pasadas que permitan su identificación y cohesión.

Uno de los caminos para lograrlo consiste en "territorializar" la memoria, lo cual se produce a través de la construcción de memoriales, museos y monumentos. O simplemente delimitando un espacio físico en el que ocurrió algo clave en la historia de un colectivo.

Los monumentos permiten a los pueblos vincular lo simbólico con la tierra y, así, "historizarse" y encarnarse, con la ayuda de otros, en un cuerpo que no sea el suyo. Fue ésa la idea que motorizó en nuestro país la creación del Museo de la Memoria en el predio donde funcionara la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

En 1998 el ex presidente Carlos Menem dispuso trasladar la ESMA a Puerto Belgrano, dinamitar el edificio histórico y erigir en ese espacio un monumento a la unidad nacional. Pero las víctimas de la represión ilegal recurrieron a la Justicia y un juez federal declaró la inconstitucionalidad del decreto. Luego, en el año 2000, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires votó una ley por la cual resolvió crear allí un museo de la memoria

Tzvetan Todorov afirma que el uso de la memoria plantea dos riesgos puntuales: la sacralización de los hechos, por un lado, o bien su generalización, por el otro. La primera operación exige colocar el objeto del recuerdo en relación con otros sucesos, para de ese modo destacar su posición única, exclusiva y singular en la historia. La generalización, en cambio, consiste en solapar el pasado con el presente, asimilar pura y simplemente unos hechos con otros, pretendiendo encontrar entre aquéllos simetrías inexistentes.

En materia de genocidios y de crímenes contra la humanidad suelen darse estas dos formas de recordar. ¿Pero cómo superarlas y encontrar una base objetiva de análisis? En este punto, afirma, es donde debe comprometerse el trabajo de la memoria para superar tanto el exclusivismo victimológico como el transitar irreflexivamente de un caso particular a otro con la esperanza de encontrar alguna continuidad o parecido.

Para ello, deben evaluarse los hechos desde una perspectiva que se dirija desde lo particular a lo universal, teniendo como referencias precisas los principios de justicia, las reglas morales y los ideales políticos, para así reexaminar y criticar con ayuda de argumentos racionales.

Un interrogante plantea, no obstante, las llamadas "políticas de la memoria". Es decir aquellas disposiciones que remiten a cuáles son los límites de la materia a recordar y a través de qué medios y modalidades se habrá de fomentar su difusión hacia el futuro.

En este campo es Slavoj Zizek quien advierte que la imposición en el sentido común de una determinada verdad histórica puede constituir, simultáneamente, el vehículo más efectivo para su negación, puesto que el evento a recordar se externaliza hasta un punto tal que el individuo se siente relevado de acusar su impacto.

Toma como ejemplo al Holocausto y manifiesta que "la legalización del estatus intocable del Holocausto es, en cierto sentido, la versión más refinada y perversa de la negación del Holocausto. Aun cuando admiten plenamente los hechos del Holocausto, tales leyes neutralizan su eficacia simbólica. Con ellas la memoria se externaliza, de modo que el individuo se ve eximido de su impacto (....) Es que a veces la admisión expresa de un crimen puede ser el modo más eficaz de eludir la responsabilidad".

Entre tanto, ya sea como producto de la política oficial o bien de la necesidad colectiva de dar lugar a las narrativas acerca del dramático pasado transcurrido, lo cierto es que la memoria se crea y se recrea en la Argentina posdictatorial. No es para menos, sobre todo luego de que uno de los dictadores realizara, semanas atrás, una franca apología del terrorismo de Estado en nuestro país.

Martín Lozada es Juez penal.

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Argentina: Cada 24 de marzo

Hugo Blasco (ACTA)

Cada 24 de marzo opera sobre nuestra memoria de una manera especial. El recuerdo del horror, del terrorismo de Estado, las pérdidas, el recuerdo de nuestros compañeros, infinidad de anécdotas, heroísmos, miles de sensaciones.

Cada 24 de marzo renovamos nuestro compromiso de lucha por las viejas causas y también por las nuevas porque esa es la manera de honrar a nuestras compañeras y compañeros desaparecidos.

El poder económico que impulsó el terrorismo de Estado es en gran medida el mismo que en la actualidad.

Hoy, 36 años después del golpe genocida, los trabajadores seguimos peleando por nuestros derechos. Y lo hacemos a pesar de la dictadura, del neo-liberalismo, de las traiciones, del gatopardismo progresista.

Especial capítulo merece la criminalización de la protesta social que se manifiesta no sólo a través de las acciones judiciales penales contra los luchadores populares sino también en la represión estatal y para estatal.

Los 18 asesinados en el último año dan cuenta de esto. Y como frutilla del postre la ley Antiterrorista que agrava la ley aprobada en 2007.

En síntesis, un aparato represivo armado para sofocar la protesta social y disciplinar al pueblo.

Ante esta situación la postura de los trabajadores es luchar sin cesar, sin claudicaciones, concientes que nuestra suerte depende de la organización que nos demos y de la unidad que seamos capaces de construir.

Es nuestro mejor homenaje a los 30.000 compañeras/ros detenidos desaparecidos.

Hugo Blasco es Secretario de Derechos Humanos de la CTA.

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Argentina: Exigen que la Iglesia destituya a los curas genocidas

PRIMERA FUENTE

En el acto central por el Día de la Memoria, organismos de derechos humanos de Tucumán exigieron que el cura José Eloy Mijalchyk sea destituido de la Iglesia.

El párroco de la Iglesia Cristo Obrero -conocido como el padre Pepe- está imputado en la megacausa ex Arsenales como presunto colaborador del delito de privación ilegítima de la libertad y partícipe secundario en las torturas y tormentos que sufrieron las víctimas mantenidas en cautiverio en ese centro clandestino de detención, el más sangriento que funcionó en la provincia durante la última dictadura militar.

Los organismos de derechos humanos celebraron que este expediente ya fuera elevado a juicio oral y público por el juez federal Nº1 Daniel Bejas pero solicitaron la “inmediata fijación de la fecha” del debate por parte de los jueces del Tribunal Oral Federal.

El mensaje a la Iglesia también incluyó al cura confesor del ex Jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps, Christian Von Wernich, quien está detenido desde septiembre de 2003 acusado de numerosos homicidios y múltiples casos de privaciones ilegales de la libertad y torturas, durante la última dictadura, en diferentes centros clandestinos de detención.

Este fue uno de los principales reclamos que hicieron los dirigentes de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos de Tucumán, HIJOS, entre otras agrupaciones defensoras de los derechos humanos, ante una Plaza Independencia colmada de jóvenes y militantes de diferentes organizaciones políticas y sociales, en el Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia.

Al cumplirse 36 años del último golpe militar, también renovaron el pedido de juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices civiles y eclesiásticos. “En Tucumán, que vivió el genocidio desde el Operativo Independencia y que sufrió la dictadura fulminante del bussismo, nunca dejamos de exigir juicio y castigo a todos los responsables del terrorismo de Estado, y aunque vimos morir al genocida condenado y despojado de honores, sabemos que sus últimos días debió pasarlos entre las rejas”, enfatizaron en el documento que leyó Carolina Frangoulis, de HIJOS Tucumán.

“No podemos –siguió- dejar de expresar que los genocidas en Tucumán descansan en sus casas en lugar de estar en cárcel común por los aberrantes delitos que cometieron”. En ese punto, la militante resaltó –fuera de texto- que hay una excepción: el ex comisario Miguel Moreno, quien fue condenado a 13 años de prisión el viernes pasado en la provincia por delitos de lesa humanidad cometidos contra la víctima sobreviviente Emma Aguirre y enviado inmediatamente al penal de Villa Urquiza.

Además, pidieron a las autoridades nacionales y provinciales que se termine con los privilegios y se garantice un pabellón para los responsables de los delitos de lesa humanidad. En ese sentido exigieron que vuelva a la cárcel el escribano prófugo de la Justicia, desde diciembre del año pasado.

En otro párrafo, exigieron al gobernador José Alperovich que abra los archivos provinciales de la represión, como así también el “inmediato desmantelamiento del aparato represivo aún intactos” a través de funcionarios que hoy ocupan sus cargos públicos y que también lo hicieron durante la época más negra de la historia argentina. A la clase política también solicitaron la derogación del Código Contravencional de la dictadura.

En el marco social, dejaron sentado que acompañan a Susana Trimarco, madre de la joven desaparecida Marita Verón, en su lucha contra la trata de personas, como así también se manifestaron en contra de la megaminería a cielo abierto. Además pidieron juicio y castigo a los asesinos de los luchadores populares como Mariano Ferreira del PO y Cristian Ferreyra del MOCASE.

Al término de la oratoria, los militantes de derechos humanos hicieron una segunda vuelta alrededor de la Plaza, mientras seguían llegando columnas de agrupaciones como la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Movimiento Libres del Sur, La Cámpora y Juventud Justicialista Libertaria.

Entre tantas imágenes de las víctimas desaparecidas sostenidas por sus familiares, un grupo de niños mantenía una bandera que decía: “Volviste a casa. Vamos a luchar para que todos vuelvan”, en referencia al ex senador provincial Damián Márquez. Cabe recordar que sus restos fueron identificados recientemente tras haber sido hallados en una fosa común del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde se presume que hubo cientos de víctimas asesinadas y enterradas en manos de los genocidas.

El acto culminó con un recital de bandas de rock locales, entre ellas, karma Sudaca y Mano y Mono.

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Kemelmajer: "Los conservadores buscan dilatar los tiempos y que avance el embarazo"

NU - MDZOL

La jurista mendocina, ex miembro de la Suprema Corte local, habló con Radio Universidad sobre el fallo que favorece al aborto no punible y la oposición generada por algunos gobiernos, como los de Mendoza, Salta y La Pampa.

La jurista mendocina y ex miembro de la Suprema Corte de Justicia, Aída Kemelmajer de Carlucci, consideró que “la interrupción voluntaria del embarazo debe ser despenalizada, lo que no significa la desprotección de la mujer ni de las personas por nacer. Lo que en verdad significa es que el derecho penal es una cosa y el derecho civil es otra”. Lo manifestó en alusión a la defensa de “los derechos del niño por nacer”. Dicha defensa es impulsada los grupos religiosos autodenominados “pro vida” con la intención de obstaculizar el avance del proyecto que vela por la integridad física y psíquica de las mujeres que deciden no continuar con un embarazo no deseado.

A través de un diálogo exclusivo con el programa "Café Universidad" de Radio Universidad 96.5 manifestó su posición favorable sobre la despenalización del aborto. En este sentido celebró la presentación en el Congreso Nacional de un nuevo proyecto que el último miércoles realizó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Tal como lo reflejó el portal Noticias Universitarias, para Kemelmajer la penalización del aborto en Argentina “hace muchos años que es la penalización de la pobreza”. Es que según las cifras que maneja el Ministerio de Salud de la Nación son las mujeres provenientes de sectores de menores recursos las que terminan protagonizando las cifras mortales a causa de interrupciones de embarazos realizadas en condiciones de ilegalidad. Ya que las que pertenecen a clase media y alta tienen la posibilidad de costear las condiciones de salubridad necesarias para realizarse la intervención sin poner en riesgo su vida, pese que también se lleven a cabo dentro del sistema de ilegalidad.

La misma iniciativa se había empezado a discutir el año pasado en la Comisión de Legislación Penal del Congreso, pero en diciembre perdió estado parlamentario. La presentación de ayer renueva las expectativas de las militantes del proyecto que ya alcanzó el apoyo de 53 diputados de un amplio espectro político. En este contexto, Kemelmajer se muestra expectante para que el tratamiento definitivo de la iniciativa que propone “despenalizar y legalizar el aborto para que toda mujer que así lo requiera sea atendida por el sistema de salud, tanto público como privado, y las obras sociales del país, hasta las doce semanas de gestación” sea próximo en el tiempo.

Ante la espera, la jurista celebra el reciente fallo del máximo tribunal a favor del aborto en todos los casos de violación. Esa decisión de la Corte limitó el problema de interpretación que se presentaba en torno al procedimiento de los abortos no punibles contemplados en el inciso 2 del artículo 86 del Código Pena. El mismo libera de penas en casos de abortos a “una mujer violada, una menor discapacitada, o que corra peligro la salud o la vida de la madre", y al médico que realizase la intervención.

Hasta el pronunciamiento, la ambigüedad constaba en que algunas instancias judiciales hacían una interpretación acotada del artículo y solo aplicaban la no punibilidad sobre las mujeres "dementes" embarazadas luego de una violación y no en todos los casos de ultraje. Aún así, en la mayoría de las ocasiones a las discapacitadas mentales también se las condicionaba a solicitar autorizaciones judiciales a partir de un requerimiento.

Por eso para la jueza el pronunciamiento del máximo tribunal significó “un paso muy importante porque hace una interpretación razonable de una norma muy antigua”, ya que el Código Penal vigente rige en el país desde hace más de nueve décadas.

En relación a este punto, el programa radial "Café Universidad" consultó a Kemelmajer sobre el anuncio desfavorable a este tema del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. El salteño confirmó ayer ante la prensa que en su provincia “los hospitales sólo realizarán abortos no punibles en casos de violación previa autorización firmada por un juez”.

Al respecto, la prestigiada jurista explicó que Urtubey está en condiciones de decidir este tipo de medidas sobre su provincia, ya que nuestro país no cuenta con un sistema de obligatoriedad de cumplimiento de las sentencias de la Corte Suprema.

Es decir, la Corte no dicta una ley para toda la nación, lo que hace es interpretar una norma. “Esta modalidad que se ha adoptado en los últimos años permite una especie de consejo al resto para evitar la ligitiosidad”, profundizó Kemelmajer.

De todas maneras, explicó que cuando se presente un pedido de aborto en Salta - siempre y cuando haya sido producto de una violación - y un juez lo niegue, la parte interesada podría apelar y el caso terminaría llegando al máximo tribunal que, en coherencia con su fallo, avalaría la realización del aborto. Sin embargo, lo lamentable de este supuesto, es que para ese entonces el embarazo de la mujer ya habría avanzado. El progreso de la gestación implica riesgos físicos al momento de realizar la interrupción, por lo tanto la intervención en esta situación suele desestimarse.

“Este caso que estamos analizando es perverso”, cuestionó Kelmelmajer, ya que a su entender forma parte del modus operandi de “los conservadores que saben que acá el asunto es dilatar los tiempos y que avance el embarazo. Saben que los tiempos son fundamentales”.

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