martes, 27 de marzo de 2012

El capitalismo por dentro (Parte VI)

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

El marco jurídico-político

En todos los países -con distintas variantes y grados de intensidad- existen estrechas relaciones entre el poder político y el poder económico.

Un cambio en el elenco político puede producir también un cambio de ciertos sectores económicos por otros en la primera línea de las ventajas que ofrece el control de la administración del Estado, pero nada más.

Incluso puede acontecer que grandes partidos con programas aparentemente diferentes que generalmente se alternan en el gobierno al ritmo de las elecciones y del descontento pendular de la población, se ponen de acuerdo para gobernar conjuntamente, poniendo así de manifiesto que más allá de las apariencias tienen en común una cuestión esencial : la gestión de los intereses del gran capital.

Como ocurrió en Alemania, donde los aparentemente irreconciliables rivales Socialdemócratas (SPD) por un lado y la coalición de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) y de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) por el otro, gobernaron juntos en una «gran coalición», de 2005 a 2009, llevando a la práctica una política francamente antisocial. Sólo cuando se aproximan las elecciones resurgen las “diferencias”, supuestas o simplemente tácticas. En Berlín, en noviembre de 2011 la SPD mayoritaria, después de gobernar con La Izquierda (Die Linke) durante diez años prefirió aliarse a la CDU a hacerlo con los “Verdes” y Die Linke.

Los altos cargos políticos y los puestos en las grandes empresas son intercambiables: las mismas personas practican una especie de rotación en el ejercicio de ambas actividades.

Un caso paradigmático fue el Gobierno de George W. Bush en el que más que de relación entre los poderes político y económico pudo hablarse de fusión. El Gobierno de Obama conserva lo esencial de esas características, pues su equipo económico procede del riñón de Wall Street y “heredó” de Bush al Ministro de Defensa Robert Gates, patrón del Pentágono, la cara gubernamental del complejo militar industrial.

El poder económico y las Naciones Unidas

En 1978 la organización no gubernamental « Declaración de Berna », publicó un folleto titulado L’infiltration des firmes multinationales dans les organisations des Nations Unies , donde se explicaba de manera muy documentada las actividades desplegadas por grandes sociedades transnacionales (Brown Bovery, Nestlé, Sulzer, Ciba Geigy, Hoffmann La Roche, Sandoz, Massey Ferguson, etc.) para influir en las decisiones de diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas. Ahora ya no se trata de «infiltración », sino de que se le han abierto de par en par las puertas de la ONU a las sociedades transnacionales, a las que se las llama "actores sociales", siguiendo la tendencia mundial generalizada a ceder el poder de decisión a los grandes conglomerados económicos y financieros en detrimento de los Estados y de los gobiernos, que se ven reducidos al papel de gestores del sistema dominante.

La idea de incorporar al poder económico a la cúpula de la ONU se concretó oficialmente con el lanzamiento del Global Compact, el 25 de julio del 2000, en la sede de la ONU en New York, con la participación de 44 grandes sociedades transnacionales y algunos otros “representantes de la sociedad civil”. Entre las sociedades participantes en el lanzamiento del Global Compact, se encontraban, entre otras, British Petroleum, Nike, Shell, Rio Tinto y Novartis, con densos “curricula” en materia de violación de los derechos humanos y laborales o de daños al medio ambiente; la Lyonnaise des Eaux (Grupo Suez), cuyas actividades en materia de corrupción de funcionarios públicos con el fin de obtener el monopolio del agua potable son bien conocidas en Argentina y en Francia y más recientemente en Chile. Participaron también en la inauguración del Global Compact cinco asociaciones patronales y nueve ONGs,

El Gobal Compact fue anunciado en 1998 por el Secretario General de la ONU en un informe destinado a la Asamblea General titulado “La capacidad empresarial y la privatización (nuestro el subrayado) como medios de promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible”

El Secretario General decía en ese informe que... « la desregulación...se ha convertido en la consigna para las reformas de los gobiernos en todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo » (párr. 50 del Informe) y propugnaba la venta de las empresas públicas confiando... « la propiedad y la gestión a inversionistas que tengan la experiencia y la capacidad necesarias para mejorar el rendimiento, aunque ello suponga algunas veces vender los activos a compradores extranjeros » (párr. 29).

Ban Ki-moon, persistiendo en la misma orientación que su predecesor, declaró el 29 de enero de 2009 en el Foro Económico Mundial de Davos: “El interés propio bien entendido es la esencia de la responsabilidad empresarial y la clave para un mundo mejor”.
La puesta en práctica de la estrategia de conferir una cuota de poder cada vez mayor en el seno de las Naciones Unidas a las sociedades transnacionales comenzó en 1993 con el desmantelamiento de los órganos de las Naciones Unidas que significaron en su momento un intento de establecer un control social sobre las actividades de dichas empresas: la Comisión y el Centro de Sociedades Transnacionales, creadas por el ECOSOC en 1974. la Comisión estaba compuesta por 48 Estados Miembros y se dio como tareas prioritarias, entre otras, investigar sobre las actividades de las sociedades transnacionales y elaborar un Código de Conducta para las mismas, que nunca vio la luz a causa de la cerrada oposición de las grandes potencias y del poder económico.

En 1998 se planteó nuevamente en el seno de las Naciones Unidas la cuestión de establecer normas internacionales destinadas regular las actividades de las sociedades transnacionales y la Subcomisión de derechos humanos elaboró un proyecto que fue enterrado en 2003 a la demanda expresa de los grandes empresas.

En 2005 el Secretario General Kofi Annan nombró representante especial para estudiar el tema de las sociedades transnacionales al señor John Ruggie, su asesor principal en el Global Compact.

En 2011 el Consejo de Derechos Humanos aprobó por consenso los Principios elaborados por Ruggie que no contienen norma obligatoria alguna para las empresas, respondiendo así fielmente a la exigencia repetidamente formulada por el poder económico.

En distintos órganos especializados del sistema de las Naciones Unidas (la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (CNUCED), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), etc.) se manifiesta de diversas maneras este viraje más o menos acentuado hacia posiciones neoliberales, motivado, entre otras cosas, por su penuria presupuestaria: a veces eso les permite obtener fondos de algunos Estados o de fuentes privadas, si no para su presupuesto general, por lo menos para programas determinados en los que están interesados los donantes.

El 20 de noviembre de 2002, décimo tercer aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, se celebró como el "McDonald's World Children's Day". Fue el resultado de un convenio celebrado en julio de ese año por Carol Bellamy, entonces Directora Ejecutiva de UNICEF, que actuó con el respaldo de Kofi Annan, y la transnacional Mc Donald’s. Las protestas de diversas organizaciones, de especialistas en salud infantil y nutricionistas, que sostuvieron que la UNICEF no podía aparecer asociada al símbolo por excelencia de la mala alimentación infantil, no lograron convencer a la señora Bellamy de que cancelara el acuerdo con McDonald’s. Así fue como la UNICEF vendió su imagen a McDonald’s por un puñado de dólares.

La esperanza de obtener fondos del Banco Mundial (en general frustrada) lleva a los órganos especializados de Naciones Unidas a realizar actividades conjuntas con la entidad financiera internacional. Así puede verse por ejemplo a los representantes del Banco Mundial discutiendo temas de educación en reuniones convocadas por la UNESCO.

Se organizan reuniones sobre las cuestiones más diversas donde el tema central es la participación del sector privado y las empresas son los invitados de honor: Seminario sobre los pueblos indígenas y las empresas privadas (Ginebra, 5 a 7 de diciembre de 2001), debate general en el Comité de los Derechos del Niño sobre la participación del sector privado en la realización de los derechos del niño (Ginebra, 20 de setiembre de 2002), etc.

También las "cumbres" mundiales caen cada vez más bajo la influencia de las grandes sociedades transnacionales, como es el caso de la Cumbre de Johannesburg para un desarrollo sostenible de agosto-setiembre 2002, cuyo orden del día fue "secuestrado" por las grandes empresas, como dice un artículo aparecido en The Guardian, de Londres del 9 de agosto 2002, citando a Christian Aid. Esta última comienza su documento diciendo: "Las sociedades transnacionales han secuestrado el orden del día de la Cumbre…, mientras que las medidas destinadas a beneficiar a los pobres han sido aguadas".

Otro tanto ocurrió con la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Esta última se desarrolló en dos etapas: en Ginebra en 2003 y en Túnez en 2005. En el Comité preparatorio que se celebró en agosto 2002 en Ginebra, el sector privado corporativo estuvo doblemente representado, pues además de contar con representantes directos de las empresas (entre ellas, Sony, Alcatel, Deutsche Telecom, Japan Telecom, Swisscom) y de asociaciones empresariales de carácter internacional como el Foro Económico Mundial (que reúne a las 1000 corporaciones más grandes del mundo), la Cámara de Comercio Internacional, la Asociación Internacional de Radiodifusión, etc., acreditaron decenas de delegados bajo la denominación de "organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil" (Eduardo Tamayo, Agencia ALAI).

Actualmente se puede decir sin temor a equivocarse que todo el sistema de las Naciones Unidas está contaminado por la influencia que tiene el poder económico transnacional en las decisiones de los organismos que lo componen.

Toda esta maquinaria donde los pueblos no desempeñan papel alguno, contrariamente a lo que dice el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, está encabezada de hecho por el Consejo de Seguridad, en la práctica la dictadura mundial de las grandes potencias que los grandes medios de información llaman “la comunidad internacional”, cuyo papel es dar una falsa legitimidad con sus decisiones a las agresiones imperialistas.

El FMI, el Banco Mundial, la OMC, los tratados de libre comercio y el CIADI

Existe además todo un entramado institucional y jurídico internacional destinado a consolidar y reforzar el dominio del poder económico transnacional sobre los Estados y los pueblos y, como contrapartida, a deslegitimar la reivindicación de los derechos de los pueblos a disponer soberanamente de sus riquezas y recursos.

Es bien conocido el papel que desempeñan en ese sentido el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Existen además la Organización Mundial del Comercio los tratados regionales, subregionales y bilaterales de libre comercio, el CIADI, etc.

Excede ampliamente el espacio previsto para esta reseña referirnos en detalle a estas instituciones y tratados, que hemos analizado en nuestro libro “La armadura del capitalismo. El poder de las transnacionales en el mundo contemporáneo”, Editorial Icaria, España 2010.

Por eso nos limitaremos a un examen sintético.

Las decisiones de la Organización Mundial de Comercio son obligatorias y los Estados que no las acatan pueden sufrir sanciones. Las consecuencias de estas decisiones pueden ser dramáticas para los derechos fundamentales de los pueblos.

Los principales acuerdos celebrados en la Organización Mundial del Comercio son:

El Acuerdo relativo a los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, el Acuerdo relativo a textiles y vestidos, el Acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio, el Acuerdo general sobre el comercio de servicios, el Acuerdo relativo a los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio.

En el contexto de la mundialización de la economía (mundialización de la producción, del comercio, de las finanzas, de las comunicaciones, etc.), la OMC va mucho más allá de la regulación del comercio transfronterizo y constituye un mecanismo institucional de imposición planetaria del modelo desregulador neoliberal, erosionando seriamente las funciones de los poderes públicos en el interior de cada Estado, su capacidad de negociación externa y el derecho de autodeterminación de los pueblos y de los Estados.

Los tratados regionales, subregionales y bilaterales de libre comercio

Existe una densa trama de convenios y tratados económicos y financieros internacionales, regionales, subregionales y bilaterales que han subordinado o suplantado los instrumentos básicos del derecho internacional y regional, las Constituciones nacionales, la legislación económica orientada al desarrollo nacional y las leyes laborales y sociales vigentes.

Esta trama, como consecuencia de la aplicación de las cláusulas de «trato más favorable», de « trato nacional » y de “nación más favorecida”, que figuran en casi todos los tratados, funciona como un sistema de vasos comunicantes, que permite a las políticas neoliberales circular libremente a escala planetaria y penetrar en los Estados, donde desintegran las economías nacionales y generan graves daños sociales.

Todo esto comporta la primacía de los derechos del capital sobre los derechos democráticos y humanos de los pueblos. Se consolidan -como régimen jurídico de obligatorio cumplimiento- las políticas de liberalización y privatización. Se trata de lograr, mediante acuerdos internacionales, que estas políticas no puedan ser revertidas.

Es un derecho corporativo o neofeudal porque funciona en el interés exclusivo del gran capital transnacional y de los Estados ricos y en detrimento de los derechos fundamentales de los Estados llamados periféricos y de sus pueblos.

Con la agravante de que este derecho corporativo está acompañado de un fuerte sistema coercitivo para asegurar su aplicación: multas, sanciones y presiones económicas, diplomáticas, militares, etc.

Los tratados bilaterales (2000 aproximadamente en vigor en todo el planeta), son poco visibles para la opinión pública, muchos de ellos han sido celebrados a hurtadillas y son aun más perjudiciales para los derechos de los pueblos que los tratados internacionales o regionales en vigor o en proyecto.

Los tratados bilaterales comprenden fundamentalmente tratados de promoción y protección de inversiones extranjeras (TPPI), de libre comercio (TLC), de derechos de propiedad intelectual, de cooperación y de ciencia y tecnología.

Y para el arreglo de los diferendos entre las partes signatarias de los tratados bilaterales se han creado “tribunales arbitrales” al margen del sistema judicial de derecho público estatal e internacional, entre los que cabe destacar los que se constituyen en el seno del CIADI.

El Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI)

El derecho corporativo o neofeudal al servicio de las sociedades transnacionales constituido por los tratados bilaterales de libre comercio, de promoción y protección de las inversiones extranjeras y en materia de propiedad intelectual, entre otros, se completa con jurisdicciones específicas, los tribunales arbitrales internacionales, en primer lugar los que se constituyen en el CIADI.

El CIADI es miembro del Grupo del Banco Mundial y está presidido por el Presidente del mismo Banco Mundial, como establece el Reglamento del CIADI. El CIADI, con la falta de objetividad y de imparcialidad que es inherente al Banco Mundial, ayuda a constituir tribunales arbitrales internacionales que dirimen las controversias entre las sociedades transnacionales y los Estados (146 de éstos forman parte del CIADI), que aceptan someterse a ese procedimiento. Los Estados, al aceptar esta jurisdicción para dirimir conflictos en inferioridad de condiciones con empresas privadas, renuncian, a una prerrogativa fundamental de la soberanía como es la competencia territorial de sus tribunales nacionales. Decimos en inferioridad de condiciones porque la regla general, que surge de los tratados bilaterales de libre comercio, es que solo la empresa puede demandar al Estado por incumplimiento pero este último no puede demandar por incumplimiento a aquélla.

El Convenio del 18 de marzo de 1965 (Convenio de Washington), que creó el CIADI, fue elaborado por el Banco Mundial. Durante la discusión del mismo, los Estados latinoamericanos, fieles en esa época a la Doctrina Calvo, se opusieron unánimemente a la creación de un tribunal arbitral internacional para dirimir conflictos entre los Estados e inversores extranjeros.

Después soplaron otros vientos « neoliberales » y hoy forman parte del CIADI una veintena de Estados latinoamericanos, la mayoría de los cuales adhirieron en el decenio de 1990.

No son parte del CIADI Brasil, Cuba, Haití, México y la República Dominicana.

En mayo de 2007 Bolivia, Nicaragua y Venezuela anunciaron su retiro del CIADI. Bolivia comunicó su retiro al CIADI en el mismo mes de mayo de 2007, Venezuela, después de dicho anuncio aceptó la jurisdicción del CIADI en el conflicto con Exxon Mobil y recién comunicó su retiro del CIADI en enero del 2012 y Nicaragua sigue perteneciendo al mismo. Ecuador se retiró del CIADI en 2009.

Hay que señalar que la ratificación del convenio CIADI no obliga a los Estados Parte a someter a tribunales arbitrales internacionales las controversias con inversores extranjeros. En efecto, el último párrafo del Preámbulo del Convenio dice: Declarando que la mera ratificación, aceptación o aprobación de este Convenio por parte del Estado Contratante, no se reputará que constituye una obligación de someter ninguna diferencia determinada a conciliación o arbitraje, a no ser que medie el consentimiento de dicho Estado.

El sometimiento al arbitraje de controversias entre los Estados y los inversores extranjeros forma parte de las obligaciones asumidas en los Tratados de Protección y Promoción de las Inversiones Extranjeras (TPPI), en Tratados de Libre Comercio y en otros similares.

Este marco jurídico político del poder económico, que en la terminología dominante se llama democracia occidental, podría llamarse la dictadura del gran capital, que en estos tiempos de crisis está mostrando claramente su verdadera naturaleza y se ha popularizado llamarla “dictadura de los mercados”. Pero que en términos políticamente incorrectos, es decir que no corresponden a la terminología dominante, es la dictadura de la burguesía, como la llamó Lenin en El Estado y la Revolución (1917), que no sólo tiene componentes jurídicos y políticos, sino represivos, culturales e ideológicos. Nos referiremos a estos últimos en la parte siguiente.

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Tu no pediste la Guerra: Uruguay, en Estado de Sitio Corporativo

Nora Fernández (especial para ARGENPRESS.info)

La deuda externa, o el total de deuda pública y privada que se le debe a extranjeros en moneda extranjera, bienes o servicios, sigue siendo un problema aunque parece olvidada. Entre los primeros seis países deudores del mundo están Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos y Japón.

Pero si miramos la deuda tomando en cuenta el tamaño de las economías, en términos de porcentajes del PIB, el primer deudor es Japón (200-220 % PIB), lo sigue Grecia (140%), Italia (120%), Irlanda (105%) y los Estados Unidos (102%). Canadá, Alemania y Francia deben un 84 % de su PIB mientras que China y Rusia están ambos por debajo del 20 % de su PIB. La deuda uruguaya entonces no parece tan poca carga para el país porque implica oficialmente un 54% de su PIB. Desde este ángulo la situación de Japón es peor que la de Grecia, y la de los Estados Unidos no está tan lejos de la de Irlanda. Pero mientras los augurios para Japón son buenos Grecia está en la noticia camino al cadalso. El endeudamiento es alto en casi todos los países del mundo y en todos es un problema creciente el pago de los intereses de estas deudas monstruosas. Hasta no hace tanto se hablaba de Japón como un “milagro” económico, pero su economía sufre hoy las consecuencia del crecimiento especulativo y del endeudamiento brutal y a esto se le suma la desgracia nuclear anunciada de Fukushima –sobre la que TEPCO y el gobierno japonés mantienen conveniente mutismo. Es grave para la población de Japón y del mundo pero no faltan quienes la presentan como oportunidad de reconstrucción –son los mismos ortodoxos de la economía del crecimiento infinito y de la acumulación de ganancias a como de lugar.

La Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU) argumenta que la deuda, que sigue creciendo, se sitúa en los 26 mil millones de dólares. Oficialmente el endeudamiento aparece como menor y el manejo de la deuda como saludable. El actual ministro de economía, Fernando Lorenzo, alentado por el aumento de nota de la calificadora Moody ha argumentado incluso que Uruguay merece subir al grado de “inversor” por su actuación económica y financiera. Pero, más allá del positivismo del gobierno, la deuda externa uruguaya se ha demostrado ya peligrosa y capaz de llevar el país a la quiebra, algo que sucedió durante la crisis del 2002-2003, apenas 10 años atrás y aparentemente olvidado -porque si las mentiras tienen patas largas, como asegura Galeano, la memoria tiene unas patas muy cortas.

La situación la presenta en detalle el libro del economista Carlos Sténeri -Al borde del abismo: Uruguay y la Gran Crisis del 2002-2003, y durante la presentación del libro, Alejandro Atchugarry (Ministro de Economía del gobierno de Jorge Batlle en 2002-2003) y Danilo Astori (Ministro de Economía frentista) se expresan como testigos y participantes activos de esos tiempos identificando la importancia de entender la crisis desde adentro. Lee Buchheit, conocedor sobre Ley Internacional, cuando reflexiona sobre la deuda griega incluye la opción de una “quiebra a la uruguaya,” una que implique un plan de renegociación con los acreedores e incluya devaluar la moneda para permitir ganar competitividad y entradas por exportaciones. Buchheit sabe que tal salida no se adecúa a Grecia, pero la menciona como parte del menú de opciones para países con problemas financieros. El libro es presentado de todas formas en un tono apolítico y con el intento, según dice el autor, de relatar los hechos tal y como los recuerda él mismo, mayormente, siendo que no queda otra opción. Aparentemente no se cuestiona nunca el endeudamiento mismo.

Para la gente puede resultar irónico que tengamos nuestra marca en el mundo de las finanzas y como una “opción de quiebra,”estar en el mapa gracias a un “derretimiento financiero.” De esta saga por mantener el status quo preocupa que se lo acepte sin cuestionamientos, y peor quizás, que el proceso aparezca envuelto en una mística patriótica. Consecuencia del estancamiento, de los abusos de la dictadura y las concesiones de la democracia tutelada, un país que no carecía de sentido común y realismo se ha subordinado al cuento de querer “progresar” siguiendo un modelo impuesto a golpes –por el golpe militar y afirmado por la democracia tutelada y dos gobiernos frentistas. Se lo acepta todo, incluso aquello de cada cual para sí, de que endeudarse personalmente es deseable y endeudar al país y entregar su soberanía no es sino un camino al “desarrollo.” Se trata de llegar a ese Uruguay de Primera, de la propaganda, olvidándose de que los países de Primera vienen bajando a alcanzarnos.

El endeudamiento con la banca internacional y las organizaciones financieras como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), anteriormente cuestionado por peligroso e indeseable, es hoy recibido con bombos y platillos particularmente por las autoridades progresistas del país. Un modelo entreguista que no sólo nos cobra intereses enormes sino que nos impone condiciones suicidas a corto y largo plazo –a los gobiernos y a los ciudadanos, en lo formal bancario y en lo estructural, en lo económico y en lo social, nos definen desde afuera. Será por eso que cuando más endeble es la identidad uruguaya, más importante se vuelve la imagen de la “orientalidad” para seguir andando.

Hace falta volver a la memoria. José Antonio Roca, economista uruguayo, durante una reciente entrevista radial recuerda el papel que las instituciones financieras internacionales han jugado en imponer las políticas coloniales de los Estados Unidos en América Latina. Y, que ha sido precisamente por lo destructivo de esas políticas que los economistas de PRIES, un instituto de investigación del país, se referían a ellas como los cuatro jinetes del apocalipsis (BM, FMI, BID y Organización Mundial de Comercio (OMC). Juntas forman una telaraña de dominación económica, una que se divide las tareas para mejor promover las estrategias del imperio. El FMI está a cargo de préstamos a corto plazo, el BM de ajustes estructurales de largo plazo, la OMC de evitar el proteccionismo de los países dependientes y el BID trata de ser la cara más amable atenuando los golpes y tratando de evitar levantamientos populares. Hoy, dice Roca, Uruguay es totalmente ortodoxo en la aplicación del neoliberalismo y en su política de entrega e impunidad de la plaza financiera. Es tanto, explica, que teniendo dinero colocado fuera del país a intereses bajísimos el gobierno, en su ortodoxia neoliberal, prefiere pedir dinero a la Banca Internacional pagando intereses muy altos. Esos dineros en el exterior son la garantía de que seguiremos implementando políticas suicidas y contrarias al interés nacional en el real sentido de la palabra: el de vender a muy bajo precio, o regalar, el patrimonio nacional.

La Banca Internacional y las finanzas se benefician directamente de los intereses que las deudas generan y de la dependencia que aseguran, continuamos enriqueciendo agiotistas y banqueros-gangsters (banksters) propios y extranjeros. Pero en esta encrucijada no estamos solos, nos acompaña un número creciente de países endeudados incluso del Primer Mundo. Por eso aunque se ve hasta ridículo que el Ministro Lorenzo le tironee suavemente la oreja a Moody, (la calificadora norteamericana cuyo nombre en inglés significa “temperamental”), argumentando que ha dado una clasificación injusta, debemos entender su discurso como “normalizador.” En el mundo neoliberal del asalto a los países, el gesto de Lorenzo es simplemente reciclador del status quo. Las calificadoras (Moody, Standard & Poor, Finch) son una herramienta más en la implementación de los asaltos que vivimos: el problema fundamental es aceptar que te “califiquen,” vender tu deuda, vendérsela a cualquiera y pagar intereses de acuerdo a la nota que las calificadoras te asignan. El problema fundamental es aceptar este proceso como legítimo. El Ministro de Economía, el Presidente, los Representantes y Senadores están, con o sin gusto, en las garras de la Banca Internacional y por eso son un componente más de la estafa. Porque es una estafa dejar a los ciudadanos en la calle, hacerlos sufrir pobreza, austeridad, miseria cuando hay alternativas, y quitarles el pan de la boca para dárselo a los más ricos ladrones internacionales. Y esto no por falta de conocimiento, porque el esquema de las calificadoras ha sido cuestionado incluso en su casa, en los Estados Unidos, desde el 2003 cuando la Securities and Exchange Commission (SEC) envía un reporte al Congreso sobre su intención de lanzar una investigación detallada sobre las prácticas y conflictos de intereses de las calificadoras por su vinculación a la Banca. Y luego a partir de la crisis financiera 2007-2009, cuando se evidenció el papel que han jugado en la estructura general del saqueo.

Es por demás terrible que los gobiernos pretendan ignorar lo que sabemos de la crisis en Grecia, el papel de Goldman Sachs exponiendo al país –supuestamente para disminuir el monto de su deuda, a inversiones fraudulentas que resultan en una estafa al patrimonio griego, algo que recién hoy se entiende con total claridad. Atrapada en las redes de Goldman, Grecia queda obligada a pagar y callar dada la dimensión real de su déficit, por encima del techo impuesto por el Tratado de Maastricht y frente al compromiso enorme de los Juegos Olímpicos. Grecia está hoy donde está en gran parte por la manipulación y el robo de los especuladores de Goldman. Pero sin duda la falta de solidaridad de la Unión Europea con Grecia presagia el peor de los finales, y no sólo para Grecia sino para Europa toda, que de no cambiar de rumbo puede caer país por país como un dominó. Y, como no podía ser de otra manera, la culpa cae sobre el pueblo griego acusado de holgazán, evasor de impuestos y de vivir por encima de sus medios. Se trata de hacerle cargar responsabilidades ajenas para “ponerlo en su lugar” porque es el pueblo griego el que tendrá que pagar la estafa, que tragarse el “remedio” de la austeridad, empobrecimiento y desocupación.

Reflexionar parece cosa del pasado, ya no se aprende de la historia, incluso ni de la historia reciente, lo que sabíamos parece hacérsenos olvido. Hablando desde Uruguay, Jorge Aniceto Molinari explica una realidad cuando dice que “fuimos víctimas de un plan orquestado…por los servicios especializados del fascismo internacional.” Un plan que aplicó fríamente “la táctica del aborto” porque entendía que “la maduración de la vida política llevaba inexorablemente” a una sociedad que debería responder a las necesidades de su gente. La guerrilla urbana, dice Molinari, no ha sido sino una excusa para justificar el golpe militar, porque es obvio que para el golpe la guerrilla estaba derrotada. Luego, y una vez consumado el golpe, se hace necesario encontrar formas de volver a la “normalidad”-simplemente porque es peligroso (particularmente para el poder) vivir en estado de sitio constante.

La deuda uruguaya fue más que el botín de los golpistas y de la oligarquía asociada a ellos, fue la cadena con la que nos dejaron atados en el próximo espacio de democracia transada. La cadena que nos mantiene atados hasta hoy. Para 1973 la deuda era de 590 millones de dólares (22,8% del PBI) y a fines de la dictadura en 1985 llegaba a los 4.757 millones de dólares (100,5% del PBI), había aumentando más de 7 veces en 12 años. Al aumentar, la deuda establece una estructura opresora que nos mantiene atados más efectivamente que la fuerza bruta. Desde entonces la deuda sigue creciendo y fortaleciendo esas cadenas de dependencia; se fortalece además a medida que todo cuestionamiento queda sin voz -silenciado o ignorado por una clase política vendida a la Banca Internacional y suficientemente coludida con ella como para definir gritando a coro la realidad aceptada y aceptable. Por allí hasta Jorge Batlle, orgulloso de ser liberal y neoliberal, puede reírse públicamente, y con razón, de lo bien que Tabaré Vázquez define el liberalismo, y de lo poco que habla de socialismo. La clase política, con alguna honrosa excepción, es un águila con dos, o tres, cabezas, surgidas de un cuerpo común, una clase fundamentalmente al servicio de la oligarquía nacional e internacional.

La “deuda cadena” se fortalece también desde afuera. Ramiro Chimuris, por ejemplo, explica como entre 1990 y 1995 España, que ingresa al mercado de la Unión Europea con la “promesa de disposición del mercado latinoamericano para las empresas de origen europeo,” le otorga créditos a Uruguay dentro del programa Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) para atarlo. Y, en 1992 firma con Uruguay el Acuerdo de Promoción y Protección Reciprocas de Inversiones –que no es más que una garantía para las inversiones españolas. A partir de entonces, dice el investigador, comienza la experiencia piloto en Maldonado con concesiones privadas para obras de saneamiento y servicios públicos de agua potable con una filial de SUEZ y una filial de Aguas de Barcelona, de agroindustria y forestación (Herba, Anecoop, Camarma, ENCE), industrial (Fagor, Grup Fibosa, Elequi), financiero (SCH y BBVA), de seguros (Santander), de turismo (Barceló y Sol Melía) y de telecomunicaciones.

Una ideología dominante de no cuestionamiento de la deuda sigue fortaleciendo el proyecto impuesto como opción única y la dependencia y el empobrecimiento, aumenta también la vulnerabilidad nacional producto de la dependencia. La deuda externa, explica Chamuris, ha sido “un mecanismo de dominación por excelencia de los poderes extranjeros sobre nuestros países y ha contado con la colaboración de los distintos gobiernos nacionales de turno.” Resulta vergonzoso que no implementemos la “Doctrina de la Deuda Odiosa” que establece que “aquellas deudas contraídas por gobiernos no democráticos, y en beneficio de quienes detentaban el poder y no en beneficio público, son denominadas deudas odiosas y los pueblos no tienen por qué pagarlas.” Pero lo que aplica al amo no aplica a sus vasallos, por eso aunque el primer cuestionamiento histórico a una deuda odiosa lo hizo precisamente Estados Unidos en 1898 cuando se apropió de Cuba, hasta entonces colonia española, los países latinoamericanos no se atreven a cuestionar.
España le reclama las deudas del dictador de la isla a los Estados Unidos y este responde simplemente que la deuda es una deuda odiosa y ese año firma el Tratado de Paris reconociendo el no pago de la deuda en aplicación de esa teoría.

Recién el 2006 un país latinoamericano se atreve a cuestionar la deuda odiosa, se trata de Ecuador que establece un precedente histórico durante el gobierno de Rafael Correa, formando la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) que estudia por 14 meses el pasivo comercial, multilateral, bilateral e interno que Ecuador contrajo entre 1976 y 2006. El caso de Argentina, y tantos otros países latinoamericanos, que han sido un calco del caso de Ecuador, involucrando incluso a los mismos personajes, no parece suficiente como para que los gobiernos latinoamericanos hagan lo propio, prefieren ignorar el precedente. Karina Sáenz, miembro de CAIC, la comisión ecuatoriana mencionada, explica que el pasivo comercial se está pagando desde la dictadura militar de los setenta y que ya para los ochenta la deuda con los bancos internacionales era de 200 millones de dólares pero que en los últimos años había llegado a 4.163 millones debido a refinanciaciones y canjes impuestos por las entidades privadas.
Por motivos de pagos, intereses y amortizaciones, Ecuador ha desembolsado hasta entonces, dice, 7.130 millones de dólares, lo que prueba, dice la comisionada, que la deuda no ha sido una fuente de financiamiento para el desarrollo, sino todo lo contrario, un mecanismo de los bancos internacionales para saquear los recursos de nuestros países. .

Las conclusiones del Informe final de la auditoría integral de la deuda ecuatoriana dice que los organismos multilaterales, la banca extranjera y demás acreedores, con la participación de autoridades y funcionarios nacionales, impusieron sus condiciones al país, forzaron a un mayor nivel de endeudamiento y a sucesivos procesos de “reestructuración” no transparentes que generaron la transferencia de deudas privadas al Estado, canjes y pagos anticipados injustificados, costos onerosos y operaciones directas en el exterior, sin registro en el Ecuador; y provocaron desvíos y distorsiones en el destino de los créditos para atender las exigencias de pago a los acreedores privados del exterior. En el caso de la banca privada internacional estamos hablando de un reducido grupo de bancos: Shearson Loeb Rhoades, Lloyds Bank, Citybank, JPMorganChase.

A diez años de la crisis del 2002 en Uruguay se continúa diciendo todo lo contrario, el 2011 re-emerge, en el contexto del libro de Sténeri, una “gesta heroica” alrededor del tema del cumplimiento de los pagos de la deuda, presentado como cuestión de honor, de defensa de la palabra empeñada, de la institucionalidad y hasta de la democracia. Metafóricamente la hazaña se pone a la par del triunfo futbolístico de Maracaná, se usa la nostalgia para emparentarnos con “David,” somos el pequeño país con capacidades extraordinarias que se plantea tareas de gigante, y descubre que aún cuenta con héroes de carne y de hueso. La gesta patriótica se propone salvarnos defendiendo la palabra empeñada, mientras Jorge Batlle martilla con el “sabremos cumplir” del himno, elemento que él contribuye a la mística confiando que el país la necesita y debe volver a ella en vez de volver a la verdad. Batlle, a lo mejor en su senilidad ilustrada, olvida que el himno nos habla de “libertad,” que ese es el voto que el alma pronuncia que heroicos sabremos cumplir, el de hacernos libres, no el de esclavizarnos pagando “obligaciones bancarias odiosas.”

Puede que la hazaña alimente ese nacionalismo superficial y poco analítico que nos une huérfanos de clase, color o género, que favorezca que uruguayos y uruguayas se sientan obligados a cederle el paso a esa identidad alternativa conveniente en tiempos de crisis. Los orientales emergen en momentos históricos, como este de salvar a la patria endeudada, y cuando sucede uruguayos y uruguayas comunes quedan de a pie. Es irónico el contexto del hecho heroico, se da en un país falto de hijos que sin embargo envía los hijos que le quedan a la cárcel o los encierra de niños en cajones de lata por ser pobres, o no tener familia y buscar sobrevivir como pueden. Olvidados los sufrimientos y preocupaciones de los más, ese mismo país atiende los trabajos del grupo de trajeados héroes de la crisis porque sus vicisitudes merecen descripción detallada, transmitidas en su textura y su color. Las privaciones y necesidades de la mayoría pueden continuar en blanco y negro, invisibles, sin texturas, pero es necesario que escuchemos atentos y atentas las palabras y rostros sinceros de los héroes que salvaron a la patria del abismo. Viéndolos se hace inevitable pensar que actúan merecen un Oscar, pero sin son sinceros se pasan de inocentes o entienden muy mal la dinámica del robo financiero que mundialmente estamos enfrentando.

Acaso ¿el sacrificio de estos héroes en defensa del honor, la institucionalidad, la democracia, pueda compararse al sacrificio y sufrimiento cotidiano de un pueblo todo que experimenta en su carne los efectos prácticos, materiales, de aquella saga definida casi como gloriosa? Esa masa amorfa de gentes que calladamente recibe la aplicación del compromiso firmado con los más ricos, esos pobres definidos como orientales cuando la patria lo impone, sin consulta y sin voz, para sacrificarlos en defensa de una institucionalidad que nunca los recuerda y que menos los protege, pero que los obliga a aceptar el pago ineludible de una deuda odiosa.

La Red de Economistas de Izquierda argumenta que en los siete años de gobierno del Frente Amplio la deuda uruguaya se duplicó pasando de 13 mil millones a 26 mil millones de dólares y que aunque nos dicen que ha bajado en proporción al PIB, esto sólo es así cuando para este cálculo usan un dólar a 20 pesos en vez de uno a 28 o 29 pesos como antes. Entonces la proporción del PIB de la deuda supera el 70%. Argumentan que se favorece un modelo económico que privilegia los objetivos del capital y no el de las personas o el trabajo. Se atiende la pobreza, si, con asistencialismo, pero este no soluciona problemas de fondo, es la receta que el FMI sugiere desde 1996 para evitarse las protestas sociales. El Banco Central en Uruguay ya no publica datos sobre las ganancias empresariales, no sea que la gente se entere de que estas sí van en aumento. Y si bien es cierto que el ingreso de los asalariados ha aumentado en un 14 por ciento, el de profesionales y gerentes ha aumentado más, un 25 por ciento, y el espacio entre pobres y ricos ha crecido. Se incumple la Ley de Negociación colectiva, razón por la cual la organización sindical PIT-CNT ha elevado una denuncia en la Organización Internacional del Trabajo. El capital extranjero controla varias cadenas productivas fundamentales, como el arroz, la soja y la ganadería. Se argumenta que el capital extranjero aporta recursos que Uruguay no tiene, pero la realidad de Botnia-UPM ha demostrado que no aporta recursos al país sino que se los lleva, en este caso por un total neto de 5.600 millones de dólares. Paralelamente avanza un proceso de reducción de los ámbitos de acción estatal y se amplían los ámbitos mercantiles gracias a la aprobación de una Ley de Participación Público Privado (PPP) que hace que cárceles, centros de educación y hospitales pasen a ser campo de inversiones privadas en la construcción. Son inversiones incentivadas con subsidios en forma de "renuncias" fiscales. Este tipo de leyes, impulsadas por el BM en países dependientes, se vende bajo la lógica de favorecer al capital y aceptando dos supuestos falsos: primero que no existen fuentes de financiamiento menos costosas para estas inversiones, y, segundo, que el estado no tiene capacidad de gestión.

Atendiendo al modelo de país que se impone, vemos que es uno de exportación de materias primas y “comodities.” Es uno que requiere tierra fértil y agua y está atado al éxito del PIB y a su constante aumento. Sabemos el precio que este modelo le cuesta al mundo, sabemos que es inviable porque su inviabilidad se evidencia crecientemente. Uruguay transita ese camino, el de plantaciones de soja (que han aumentado en un mil por ciento, de mil hectáreas el 2000-2001 a un millón el 2010-2011) el de los biocombustibles y la pulpa de papel. La soja constituye hoy el 85 por ciento de los cultivos de verano, se planta en el litoral oeste pero avanza por todo el país. Según el Banco Mundial Uruguay tiene 9.3 millones de hectáreas cultivables -1 millón dedicadas a la caña y 2.7 millones al trigo, al maíz y la soja. No entender el juego de las finanzas, no entender que somos víctimas de una guerra financiera tan o más efectiva que la guerra con soldados, no entender las implicaciones del modelo agrícola que se nos impone es no entender el futuro que se nos abalanza -más dependiente, contaminante de suelos, aguas y aire y con mayor empobrecimiento ciudadano. Se nos ha quedado atravesado el país verde en la garganta, y no es el país esperado, es uno alimentado con venenos y creciendo a la sombra de la angurria corporativa y de la traición nacional.

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Uruguay: Una letal asociación pública-privada

Ernesto Herrera (CORRESPONDENCIA DE PRENSA)
Sábado 17 de marzo de 2012. Un día que José Mujica difícilmente pueda olvidar. Muy temprano en la mañana su ministro del Interior, Eduardo Bonomi, le comunicaba la noticia maldita. El asesinato de por lo menos 15 pacientes internados en Centros de Cuidados Intensivos (CTI) de dos hospitales. Uno público, el otro privado. Los “ángeles de la muerte” eran dos enfermeros que habían “evadido todos los controles”. Mataban a los pacientes -así lo dijeron ante el juez- “para evitarles el sufrimiento”. Según fuentes del propio oficialismo citadas por la prensa, la conversación telefónica entre los jefes tupamaros que hoy visten como hombres de Estado fue tensa. El presidente de la República la cortó con una angustiada exclamación: “¡No puede pasarnos esto a nosotros!”. Se entiende. Debe haber sentido que el “país de primera” crujía bajo sus pies.

La tragedia se conoció en el momento político menos apropiado. Cuando el gobierno iniciaba su tercer año de mandato con “balance positivo”. Y en medio de un mega-espectáculo que lo tenía como anfitrión de lujo. Cerca de cuatro mil invitados internacionales habían desembarcado en Montevideo para asistir a la 53ª Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Si bien la agenda anunciaba los temas centrales (la crisis europea, la cooperación entre Asia y América Latina, el impulso al empleo juvenil, la seguridad ciudadana, y el cambio climático en la región), de antemano se sabía que lo importante del cónclave era lo otro: el mostrador de negocios. Esto era lo que más interesaba al gobierno.

Por una parte, para vender las “ventajas comparativas” del Uruguay progresista. Fue lo que hicieron en sus “impecables exposiciones” tanto Mujica como sus dos tesoreros, Danilo Astori (vicepresidente) y Fernando Lorenzo (ministro de Economía). Ante un auditorio dominado por gerentes y patrones -presidentes de Bancos Centrales, autoridades del FMI y el Banco Mundial, agencias de desarrollo, bancos privados, fondos de inversión, cámaras empresariales, firmas multinacionales-, ofrecieron lo más preciado: previsibilidad macro-económica, seguridad jurídica para la propiedad privada, grandes exoneraciones tributarias al capital local y extranjero, y una ley “transparente” de proyectos público-privado. Además de recordarles a los invitados un “valor agregado” típicamente uruguayo: la “paz social”.

Por otra parte, el cónclave era un escenario óptimo para mostrarle a la llamada comunidad internacional las “excelencias” de un país que pretende ubicarse entre las “naciones desarrolladas” o con “potencial para serlo”. No por casualidad, la Unidad de Análisis Estratégico del Ministerio de Relaciones Exteriores, elaboró un “riguroso estudio” sobre el impacto que supondría el hecho de que Uruguay solicite el ingreso a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), institución que reúne a las 34 “principales” economías del mundo. Lo que no solo “sería altamente beneficioso en términos de credibilidad ante los principales actores del desarrollo económico”, sino que permitiría “someterse a un proceso comparativo con países más avanzados”. Porque integrar la OCDE supone, según los técnicos de la Cancillería, tener “un sello de calidad, emanado de la convivencia institucional con un selecto grupo de naciones comprometidas con la democracia y las mejores prácticas en materia de políticas públicas”. (1)

Las conclusiones del estudio tienen mucho de ficción política, hasta por la fantasiosa descripción que hace de la OCDE, una institución que no tiene nada de democrática y en donde las potencias imperialistas hacen y deshacen a su antojo. Aunque parece que el delirio de los técnicos del canciller Luis Almagro no alcanzó todavía al equipo económico. Para los que comanda Astori la meta es mucho más inmediata y modesta: recuperar la calificación dentro del grado de inversión no especulativa -el “investment grade”-, como forma de obtener un sello de mejor reputación ante el “mercado internacional de capitales”.

En el mega-espectáculo las elites fueron generosas. “Uruguay tiene una ejemplar estabilidad, política y seguridad jurídica”, dijo Tracy Betts, representante del BID en el país. “Uruguay se ha preparado para afrontar la crisis internacional”, afirmó Luis Alberto Moreno (ex embajador de Álvaro Uribe en Estados Unidos) que preside el BID desde octubre 2005. (2) Opiniones parecidas dieron banqueros, inversores, empresarios. Todos destacaron las bondades de un país llamado a ser el “polo logístico regional”.

Mientras tanto, el Banco “amigo” continuará siendo el principal sponsor de los proyectos de obras de infraestructura y saneamiento (sobre todo en las Intendencias Municipales de Montevideo y Canelones, gobernadas por el Frente Amplio), y de los planes sociales del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) que asisten a los “sectores más vulnerables” de la sociedad. Como por ejemplo el que se aplica en la Cuenca del Casavalle. El balance de la “cooperación para el desarrollo” entre el BID y el MIDES en esta zona de clase trabajadora, con la mayor concentración de niños y adolecentes del país, es, sencillamente, desolador: transporte deficiente, inseguridad, malnutrición infantil, asentamientos precarios (12% de los que existen en la capital), desempleo juvenil, inasistencia escolar…y un 63% de pobreza extrema. Es la zona de Montevideo donde se constatan las peores condiciones de vida. Todo dicho.

Las complicidades transversales

Resultaría exagerado afirmar que la acción de los “asesinos seriales” (el número de víctimas puede aumentar a medida que avancen las investigaciones judiciales) haya afectado la imagen de “país serio”. Ni que al BID le importe demasiado. Pero la “epidemia criminológica” (definida así por la Organización Panamericana) tiene el efecto de un torpedo en la línea de flotación. Unos y otros (gobierno y oposición, autoridades de salud pública y empresas privadas, aparatos sindicales y corporaciones médicas) reconocen la gravedad de lo ocurrido. Mujica dice que tendrá un "shock prolongado” en la población. Sin embargo, todos enfocan “la crisis en la salud” hacia el ámbito exclusivo de la “falla en los controles”.

No bien se conoció el horror, el ministro de Salud Pública, Jorge Venegas (Partido Comunista), -quién ni siquiera estaba informado que la policía investigaba desde hacía dos meses un asunto relacionado a su cartera-, salió a defender la tesis favorita del gobierno. El sistema de salud no está en tela de juicio. Ni se le pueden achacar responsabilidades por “hechos aislados” e “individuales”. La senadora Mónica Xavier (Partido Socialista) resumió el argumento defensivo: "Con los protocolos se busca prever o detectar fallas en los aspectos sanitarios, de mala praxis, pero no criminológicos como en este caso". (3) El gobierno insiste en el concepto de "acto criminal". Para remarcar “la excepcionalidad de estos hechos y separarlos de la cotidianidad del sistema de salud. Es que las autoridades saben que es en este punto donde se juega la credibilidad del sistema”. (4)

Fue en este plano que las complicidades (más allá de matices discursivos y gestos teatrales) atravesaron a los actores políticos y corporativos: el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional, las empresas privadas “prestadoras de servicios”, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) que nuclea a la poderosa corporación. Y los aparatos sindicales “compañeros” del gobierno. Tanto la Federación de Funcionarios de Salud Pública, como la Federación Uruguaya de la Salud (que reúne a los trabajadores de la salud privada) se anotaron en la lista de apoyos corporativos al gobierno. Lo que no puede sorprender a nadie, ya que el PIT-CNT considera que la instalación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) es uno de los “principales logros” del progresismo.

Ministro y gobierno recibieron otro respaldo de peso. El de Tabaré Vázquez, bajo cuya presidencia (2005-2010) se puso en funcionamiento el SNIS. El ex jefe de Estado manifestó su “cálido” apoyo a las autoridades y reivindicó las virtudes de un sistema que “integra” lo público y privado. Lo conoce mejor que nadie. Además de haber ejercido en el sistema público, Vázquez es un empresario médico de fortuna y continúa haciendo carrera profesional en la Asociación Española. Institución privada, en cuyo hospital estaban internados 10 de los 15 pacientes asesinados con inyecciones de aire y morfina.

La conmoción producida por la “epidemia criminológica” llevó al movimiento de algunas fichas. El ministro sigue “por ahora”, dijo el presidente de la República. Al director del Hospital Maciel (institución pública, donde los muertos fueron cinco) se lo quiere remover de su cargo. Se revisan cientos de historias clínicas y se intensifican las inspecciones en las instituciones de salud, sean públicas o privadas. La corporación médica (donde se anidan verdaderas mafias) se declaró en “sesión permanente” y busca “recomponer la confianza” del paciente. Como consecuencia de este entramado cómplice, que saca de foco la naturaleza perversa del sistema de salud, el calvario que sufren las capas sociales más empobrecidas es presentado como una “omisión de asistencia”. Que puede perfectamente solucionarse. Alimentado una débil esperanza. Sobre todo entre aquellos que se atienden en los centros y hospitales públicos. Donde faltan medicamentos, camas, camillas, ambulancias. Donde la mugre se amontona en baños, corredores, depósitos. Donde el destrato a los pacientes y sus familias es moneda corriente.

La crisis ha generado una cierta reacción. Algunas veces como protesta individual frente a médicos, enfermeros, nurses y funcionarios administrativos en hospitales públicos. Otras veces por demandas de grupos de usuarios que alzan su voz no solo ante los profesionales que los atienden mal, sino ante gerentes de las empresas privadas donde el incumplimiento de los protocolos de control y la violación de derechos es algo cotidiano. Saludables, ambas reacciones. Es que la “frágil confianza” que los usuarios tenían sobre el funcionamiento del sistema se evaporó. Hay que “restablecer la credibilidad” afirman los actores políticos y corporativos. El primer interesado es el gobierno. Porque la crisis abierta pone al desnudo el modelo progresista de salud. Mejor dicho, denuncia la existencia de un “sistema integrado” que refuerza la asociación pública-privada. Con las consecuencias letales que ya vimos.

Un negocio llamado “sistema mixto”

Desde el inicio se sabía. El SNIS que preparó el progresismo difería del Sistema Nacional de Salud que proponía la izquierda cuando era de izquierda. Ni era el que defendían con vehemencia los sindicatos cuando no eran colaterales del gobierno. Fue entonces que la tan publicitada “reforma de la salud” no modificó la estructura del modelo que venía de antes.

Por un lado está la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), un organismo “desconcentrado” del Ministerio de Salud Pública (MSP) que brinda servicios integrales de salud, “libres de costo” para quienes no pueden pagar. Que se complementa con el Hospital de Clínicas que depende de la Universidad de la República, y la red de policlínicas de las Intendencias Municipales de todo el país. El sector público a su vez, incluye el Hospital Policial y el Hospital Militar, que dependen del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional respectivamente; y el Banco de Previsión Social (BPS) que cuenta con una red propia que da servicios de atención materno-infantil.

Por el otro lado están las Instituciones de Asistencia Médico Colectivas (IAMC), “entidades privadas sin fines de lucro que brindan servicios integrales de salud por el pago de una cuota regulada por el Estado”. O sea, las empresas privadas, por lo que mejor sería decir venden en lugar de brindan. Estas IAMC “son las únicas instituciones habilitadas para contratar con el seguro de salud administrado por el Banco de Previsión Social para dar cobertura a los trabajadores cotizantes, lo cual explica la importancia que tiene el sector privado de salud en el Uruguay”. (5) Este sector privado se complementa a la vez con seguros privados que venden cobertura de salud a un a sector pequeño de la población. Sobre todo ricos y “clase media” alta.

Esta estructura no se modificó con la “reforma”. Porque la creación del Fondo Nacional de Salud (FONASA) es un mecanismo complementario en el cuadro del mismo modelo. En todo caso introdujo la novedad de hacer las veces de un cajero, que paga a los distintos prestadores cuotas ajustadas por riesgo, además del (supuesto) componente de resultados, “metas de asistencia”, etc. En realidad, lo que se cambió fue “una forma de gestión” y una vía de financiamiento. Estas modificaciones son presentadas por el gobierno, “como la materialización del derecho a la salud y a una atención igualitaria, elíjase el sistema (público o privado) que se elija. Para ello, la Junta Nacional de Salud (JUNASA) es el organismo que, teóricamente, vela para que ello ocurra. Esto es: que todos reciban el mismo tipo de atención”. (6)

Dejando de lado que el velar por lo que ocurre es más teórico que nunca, habría que agregar un elemento que los apologetas del sistema destacan: como el aporte es “en función de los ingresos” adquiere un carácter más “solidario”. Una falsedad, porque pasa justamente lo contrario. La brecha de la desigualdad se ensanchó mucho más. No solo porque es mentira que todos reciben la misma atención. Las conclusiones de un estudio realizado por académicos del Instituto de Ciencia Política y a quienes nadie puede acusar de opositores al progresismo, desmienten los supuestos efectos igualitarios: “Otro factor de desigualdad es que queda una parte de la población que su acceso a la salud sigue dependiendo del pago de una cuota mutual fija y sin relación al ingreso”. (7) Es decir, cientos de miles de personas calificadas de “población carenciada”.

Antes de la “reforma”, el 50,8% de la cobertura de salud -según la utilización de servicios en 2006-, corría por cuenta del sistema público. Las empresas privadas “prestadoras de servicios” cubrían el 45,7%. Gracias al SNIS, la relación se invirtió a favor de los negocios en el mercado de la salud: en diciembre 2011, el sector privado atendía alrededor de 1.600.000 usuarios y el sector público aproximadamente a 1.200.000. Si por cada afiliado las empresas reciben una “cápita” (subsidio del Estado), ya podemos ver las multimillonarias ganancias que tuvieron las empresas privadas por el solo hecho de captarle al sistema público cientos de miles de usuarios. Además de las otras transferencias que obtienen por vía de exoneración de impuestos, comercio de tecnologías, tratamientos sofisticados, etc. Todo lo que preserva “la existencia y viabilidad inmediata de un sector capitalista de la salud y de los intereses del empresariado que lo dirige”. (8)

El SNIS ha sido un negocio redondo para las IAMC que, recordemos, figuran con el grotesco estatuto de “entidades privadas sin fines de lucro”. A este modelo se lo denomina “sistema mixto”. Un eufemismo sin duda, pero efectivo. La mayoría de los sindicalistas por ejemplo, lo consideran “universal”, igualitario”, “solidario”. Y lo defienden. Evidente, la fórmula “sistema mixto” es mucho menos agresiva que la de asociación pública-privada, identificada con privatizaciones y subsidios al capital en “régimen de concesión”. No obstante, y más allá de cualquier etiqueta, el sistema que rige en la salud no deja de ser una estafa colosal a los usuarios-contribuyentes. Que en su inmensa mayoría son trabajadores y trabajadoras.

Notas:
1) Estudio citado por el semanario Búsqueda, 8-3-2012.
2) Moreno es el cuarto presidente del BID, lo antecedieron en el cargo el chileno Felipe Herrera (1960-1971), el mexicano Antonio Ortiz Mena (1971-1987), y el uruguayo Enrique Iglesias (1988-2005).
3) Declaraciones al diario Últimas Noticias, 22-3-2012.
4) “Difícil de creer”, Betania Nuñez y Mariana Contreras. Semanario Brecha, 23-3-2012.
5) Marcelo Setaro, “La creación del Sistema Nacional Integrado de Salud y el nuevo Estado para la performance”, en “Reforma del Estado y políticas públicas de la Administración Vázquez”. Edición de Fin de Siglo/CLACSO/Instituto de Ciencia Política, Montevideo, 2010.
6) Jorge Maiki, “Sistema Integrado de Salud ¿panacea o privatización disfrazada?” Bimestral En Lucha Nº 4, febrero-marzo 2012.
7) “Reforma del Estado y políticas públicas de la Administración Vázquez”, edición ya citada.
8) Jorge Maiki, artículo ya citado.

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Argentina. Instantáneas de la calle: La marcha

Daniel Cadabón (especial para ARGENPRESS.info)

Los editorialistas no editorializaron, y los cronistas no hicieron un fiel registro de los hechos, sea por estupidez, despolitización o mandato. Las corporaciones mediáticas, estatales y privadas, relataron las diferentes marchas de este 24 de marzo como si se tratara de una sola cosa, como si el oficialismo y la izquierda que rebalsó la Plaza de Mayo y las calles aledañas pudieran unificarse en un solo reclamo “contra el golpe”.

La oposición burguesa que intento visibilizarse en una jornada de movilizaciones masivas no alcanzó a rodear un cantero de la histórica Plaza.

Las decenas de miles movilizados, además, coronaron esta marcha con un documento durísimo, teniendo como eje central las políticas del oficialismo y su hipócrita política de DD HH. No sólo de recuerdos vive el hombre.

La ley antiterrorista; el proyecto de inteligencia para perseguir luchadores; la vida de 51 obreros muertos y cientos de heridos en la masacre de Once, el gatillo fácil, la impunidad para los represores del pasado, la represión del presente, los favores a las megamineras, la demagogia malvinera, mientras se firman contratos con las empresas y bancos ingleses y estadounidenses; y muy especialmente nuestro joven compañero Mariano Ferreyra, eran los componentes que llenaron el espíritu convocante de esas decenas de miles de personas movilizadas, que terminaron por empañar, sin ninguna duda, el “acto destinado a llenar la plaza de alegría” oficialista entre funcionarios y funcionales (puede parecer perverso que una recordación llena de sangre, tortura y desapariciones quiera cubrirse de alegría “risas y cantos” pero varios de los convocantes al acto oficial se pronunciaron a través de volantes en este sentido, no olvidemos que por otro lado el 24 de marzo fue consentido como feriado nacional, con todo lo que deja explicito el término feriado).

La impresionante movilización de los partidos de izquierda – en especial de los que integran el Frente de izquierda- en una fecha supuestamente tan cara al oficialismo kirchnerista tuvo de una relevancia extraordinaria que los medios se negaron a dejar ver.

Los medios de la “corpo” destituyente y la “corpo” del propio oficialismo destacaron sus mejores plumas y charlatanes para denostar la marcha considerándola exclusivamente como la consecuencia de una unidad nacional “en contra del golpe” y no dejaron de aprovechar la ocasión para volver a reclamar “la existencia de una oposición seria, que debata propositivamente con el gobierno” sin perder la calle.

Pero la calle no da lugar para desmentidas o infladores de opinión pública a partir de la saturación mediática. Porque ahí estuvieron presentes los “referentes progresistas” que tienen la seria tarea de exudar republicanismo en contra del bonapartismo de Cristina Fernández, mostrando el raquitismo que los conforma y dejando ver, para el que quiera ver, que los fenómenos televisivos no se traducen necesariamente en fenómenos de masa: el Fap de Binner, 80 personas; el Gen de Stolbizer, apenas 100 personas; los simpatizantes de la desmemoria estimulada por Carrió, 40 personas.

Apenas unos 500 radicales embanderados (UCR) participaron de la marcha. En el intento de enjuagar su pasado de obediencia debida, punto final y asesinatos, aun impunes, a luchadores bajo el gobierno alfonsinista y del último gobierno de la alianza con el tristemente célebre Frepaso hoy kirchnerista (Garré, Álvarez, Bordón y figurones menores), recibiendo un repudio generalizado que se manifestó en una indiferencia masiva y en las miradas sarcásticas de la multitud.

La “gente”, como les gusta decir a los que desinforman hasta desde las caracterizaciones sociológicas, le dio la espalda a los partidos de la pequeña burguesía pro burguesa y marchó compactamente detrás de las banderas de Memoria, verdad y justicia, el Frente de izquierda y otras agrupaciones antioficialistas.

La elección de la fecha no fue casual. El repudio al kirchnerismo se jugó en el mismo campo que el gobierno eligió para engañar: la lucha por los DDHH.

El golpe recibido por el oficialismo frente a semejante movilización no puede ser ignorado, y la marcha ha logrado, de hecho, que se haya establecido un frente único que hasta acá parecía desopilante: el gobierno y sus medios, Magneto y La Nación, no escatimaron esfuerzos para desacreditar la más grande movilización popular en contra del gobierno kirchnerista de los últimos años y a menos de 4 meses de la reasunción de Cristina Fernández a cargo del ejecutivo.

Un día antes, esta tendencia ya se había manifestado en la ciudad de La Plata, donde después de muchos años se logró que casi 4 mil personas marcharan recordando a Julio López -acusando a la justicia y al ejecutivo (nacional y provincial) de complicidad con su desaparición-, condenando las políticas de ajuste, los tarifazos y demandado aumentos salariales acordes a la canasta familiar. Las denuncias del documento leído frente a la cara de Scioli, fue inapelable en cuanto al trazado de relaciones entre las políticas dictatoriales y su continuidad hasta la actualidad. La denuncia abarco a la complicidad de la burocracia sindical y de las patronales en la entrega de activistas a las fuerzas represivas. En el mismo sentido, que se caracterizó al golpe como una herramienta activa de la burguesía para frenar los reclamos obreros y el crecimiento del clasismo de los años 70, cuyos antecedentes los encontramos en el gobierno peronista y la construcción de los escuadrones de la muerte y las triple A.

A la participación de la burocracia sindical en las tareas golpistas, se le sumaron los que “lealmente apoyaron al proceso” entre peronistas, radicales, socialistas y comunistas. El golpe, fue cívico militar, sin duda, y en declaraciones recientes el genocida Videla da cuenta de como estuvieron conformadas sus tropas.

La caída de imagen que viene soportando el gobierno nacional, se traduce además, en una fuerte agudización de las contradicciones entre los grupos que participan del armado kirchnerista. Las camarillas que se han acercado al oficialismo desde diferentes afluentes, han quedado prendadas en cada una de las distintas medidas oficiales sin participar en la confección de un programa de gobierno común. El progresismo kirchnerista no puede firmar ni avalar ninguna de las sentencias que los documentos de las marchas propusieron. Están al margen de la real lucha por los derechos humanos hoy y en mora con las denuncias de los partidos cómplices de la dictadura a los cuales llaman a apoyar (PJ)

Una de las virtudes del kirchnerismo, en sus “dos versiones” (Néstor y Cristina) fue la actualización constante de este debate sin principios entre postulados de progresistas y de derecha que se amalgaman en función de una estrategia basada en la posibilidad de gobernabilidad.

La gobernabilidad, es el catalizador de esta bolsa de gatos que representa el kirchnerismo, tanto en la acciones como en el relato.

Acusar a FPV de que el relato es progresista mientras las acciones son conservadoras y antipopulares es sólo una forma de encubrir la realidad.

La calle, desmiente que el gobierno sea un elemento en disputa entre diferentes corrientes dedicadas a presionarse mutuamente y donde las plazas tomadas por cada una de ellas están dentro de una dinámica permanente progresista o conservadora. La calle tomada por manifestantes demostró que el recurso a los DDHH es una estafa ruin del oficialismo.

Las cuentas no pueden ser más claras: 700 centros de detención clandestina no podrían dar lugar a 1300 procesamientos, a no ser que pensemos que miles de detenidos desaparecidos, muchos de ellos combatientes, fueran torturados, asesinados, y puestos en custodia por 1, 85 esbirros, por centro. Si, en cambio, dijéramos siendo moderados: diez torturadores por centro; ya estaríamos hablando de 7 mil represores y si a estos le sumamos la red de encubridores, de colaboradores, de financistas, de oficiales mayores que ejecutaban tareas de orientación política, etc. estaríamos hablando de casi el doble.

¿Cuántos pagan condena por esto? Solamente 214, de los escasos 1300 procesados. Los organismos denuncian que 284 más murieron de viejos y otros tantos se van muriendo también después de 36 años de impunidad. ¿Qué hay que festejar con risas y cantos?

Los progresistas creen ser dominantes en términos de relato revolucionario y apelan permanente mente al recuerdo de los cuadros descolgados; “desconociendo” que la que está colgada en algún archivo enmohecida y pudriéndose lentamente, es la ley de medio, que ellos usan como justificativo progre del gobierno nacional y popular.

Se conforman con que en esta disputa inacabada se trata de dinamizar las presiones para que el kirchnerismo de una volcada hacia la izquierda y que el estado se llene de funcionarios ideológicamente progresistas; pero mientras cada uno lucha por su propio sillón no salen a la calle a reclamar. porque entienden que es tiempo de festejar.

Esta estrategia, conocida como la de “furgón de cola”, es un seguidismo sin principios que termina por explicar que las políticas volcadas a la derecha del cristinismo son presiones que el gobierno se ve obligado a soportar y que por esto “hay que apoyarlo más que nunca”. Todo esto es viejo, muy viejo, ya fue ensayado en las décadas pasadas y parece extraño que pese su repetición esta teoría “del entorno malo” que impide al presidente del ejecutivo ser soberano a la hora de tomar las decisiones siga vigente.

Fue así con Perón, con Isabel, fue así en épocas de la dictadura con los stalisnistas (hoy kirchneristas) y morenistas que consideraban a Videla como el último eslabón de una cadena de presiones que de romperse daría lugar a la llegada al poder de un ala más derechista de la dictadura, Videla como dictador se diferenciaba en su “dictablanda” de una verdadera dictadura. Menos mal.

Visto hoy a la distancia, y para las nuevas generaciones, puede parecer un espectáculo grotesco de caracterizaciones políticas equivocadas pero no es eso lo que nos ocupa sino el mecanismo de “mal menor o del entorno hostil” que la pequeña burguesía “progre e intelectual” siempre reactualiza para conservarse dentro de los marcos de la gobernabilidad que es en definitiva lo que le da de comer.

La reiteración de esta teoría se ha agudizado con el tiempo y jalona la aventura intelectual kirchnerista invistiéndola de una mística revolucionaria cuando la realidad es que el kirchnerismo vino a sacar a la gente de la calle, es decir de plantarse como un reaseguro contra cualquier proceso revolucionario que tenga como protagonistas a los trabajadores y el pueblo.

No es cuestión de andar demandando que estos intelectuales sean consecuentes con sus planteos ya que de hecho no tiene ninguna otra alternativa que surfear sobre la ola. Pero el clima social que ayudaron a construir, embellecer y consolidar empieza a agrietarse de modo sustancial y muy probablemente el modelo sea pasible de una sanción social que los obligue a un conjunto de replanteos. Para que decirlo tan difícil, mejor es: a abandonar el barco más temprano que tarde.

La inconsistencia de estos sectores ha sido histórica se han ido sumando a diferentes proyectos sin solución de continuidad los que los ha posicionado como personal estable del plantel estatal y desprestigiado ante sus propios núcleos de sustentación. Dilapidaron caudales electorales inéditos cuando se conformaron como fuerza política (FREPASO), y pasaron a militar en la Alianza cuya diáspora los acomodó en el kirchnerismo como parte del proceso donde se cumplirían sus propósitos emancipatorios. Gente de principios blandengues de tanto andar y andar de un lado para el otro ya no tienen una visión propia de las cosas y en su cinismo fortalecido por tantos años de frustraciones e impotencia toman prestado lo que no pueden construir de propia mano.

Quizá la actitud de la burocracia sindical cegetista sea más coherente que la de estos arribistas. Moyano directamente no fue. ¿Qué hay de aquellos que hoy lo visten como la nueva resistencia a la opresión kirchnerista? La tendencia al acuerdismo con estas fracciones de la burocracia sindical es la otra pata del desbarranco progresista.

Un párrafo final sobre la marcha. Nada se vio entre las bases del kirchnerismo que hable de una profundización de la política en la conciencia popular. Nada, diferencia la masa movilizada por el kirchnerismo de lo que en su momento movilizó el menemismo o el duhaldismo. No se observa ni entusiasmo ni politización, quizá, eso sí que cambió la mano que entrega “el bono”.

La marcha marcó un cambio de rumbo, que las instantáneas de la calle nos dejan ver con claridad.

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La farsa de la “ayuda humanitaria” norteamericana

Alcira Argumedo (INFOSUR)

La política de Estados Unidos ante los movimientos sociales, ambientalistas y/o políticos que luchan contra el saqueo de nuestros recursos.

La dictadura genocida que toma el poder el 24 de marzo de 1976, constituyó el eslabón final de la estrategia de restauración conservadora promovida por Estados Unidos bajo la inspiración de Henry Kissinger, con el propósito de recomponer su hegemonía en América Latina. El triunfo del mítico Ho Chi Minh sobre el ejército más poderoso del mundo en los primeros años de esa década, significará la pérdida del sudeste asiático para el bloque de poder occidental y su “hipótesis de derrota” contemplaba un repliegue hacia el continente africano y en especial hacia su patio trasero. Por entonces, los gobiernos de Velasco Alvarado en Perú, Omar Torrijos en Panamá, Juan José Torres en Bolivia o Salvador Allende en Chile, se conjugaban con las luchas del pueblo uruguayo y con la evidente debilidad de la dictadura implantada en Argentina desde 1966, ante las movilizaciones populares y el accionar de grupos armados, que potencian la larga resistencia de los trabajadores reclamando el retorno del General Perón. A partir de 1971, los golpes militares se suceden en Bolivia, Uruguay, Perú, Ecuador, Chile y Argentina, articulados en el Plan Cóndor a fin de imponer su primacía mediante el terrorismo de Estado y la utilización de métodos aberrantes e inhumanos de represión.

Estados Unidos ha sufrido nuevas derrotas en Irak y Afganistán, mientras la aspiración de atacar a Irán se encuentra limitada por el acuerdo firmado entre Rusia y China, en el cual ambas potencias declaran que están dispuestas a evitar ese ataque, aún a riesgo de iniciar una guerra. A su vez, el predominio de China sobre las naciones de África al sur del Sahara se ha ido consolidando en los últimos años, gracias a los proyectos acordados durante noviembre de 2006 entre el presidente Hu Jintao y 48 líderes africanos reunidos en Pekín, para la creación de Zonas Económicas Especiales como polos de desarrollo industrial o de extracción de minerales y otros recursos estratégicos. El plan contempla una inversión inicial de 60.000 millones de dólares y la construcción de ferrocarriles, carreteras y vías marítimas, para comunicar a esos países entre sí y con el resto del mundo: de este modo logró neutralizar al FMI en la región y, en más de un caso, los capitales chinos han desplazado o comprado empresas occidentales instaladas allí.

Una mirada sobre el planisferio, indica que la “hipótesis de derrota” ante los fracasos en Irak y Afganistán sólo deja a América Latina como espacio de repliegue, dado el avance de China y el cambio en el equilibrio de poder mundial que se está produciendo. Ante este escenario, cobran especial gravedad las declaraciones formuladas respectivamente por la periodista Stella Calloni y el abogado chaqueño Marcelino Leiva (1) sobre la base de las denuncias de Rolando Núñez del Centro Nelson Mandela, acerca de la instalación en el aeropuerto de Resistencia del Centro Anticatástrofes y Ayuda Humanitaria a cargo del Comando Sur, la IV Flota y la Embajada de Estados Unidos, bajo la responsabilidad del Agregado Militar de ese país, Coronel Edwin Passmore. Este proyecto fue aprobado en 2006 por Aníbal Fernández, en su carácter de Ministro del Interior del Presidente Néstor Kirchner, como parte del Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias, que incluía una oferta de la empresa Forbes Energy, para invertir 100 millones de dólares en la producción de bioetanol a partir de caña de azúcar transgénica, a ser cultivada en 50.000 hectáreas de esa provincia.

Sin considerar el tema de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que habitan en los territorios destinados al cultivo -previa devastación de los correspondientes bosques nativos- las tareas previstas por el Coronel Edwin Passmore también dejarían bastante que desear, si se consideran sus antecedentes y los de sus colegas. Según nos informa Marcelino Leiva, el actual comandante de la IV Flota Kurt Tidd, se desempeñó durante 2004-2005 como Comandante de la Fuerza de Tareas 55 para operaciones de terror en la Guerra de Irak y más tarde ocupa un cargo jerárquico en la Dirección de Lucha contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Por su parte, Passmore cumplió tareas humanitarias en Afganistán e Irak y desde 2005 fue agregado militar de la embajada estadounidense en Venezuela, hasta su expulsión en 2008 acusado de actividades de espionaje. Reasignados a la embajada norteamericana en nuestro país junto a otros militares expulsados de Bolivia y Ecuador, en 2009 se dedicó a visitar y donar equipamientos al Hospital de Niños de San Justo y a un centro de cuidados infantiles administrado por Madres contra el Paco, acompañado en ambas ocasiones por el también generoso embajador norteamericano. En febrero de 2011 tuvo activa participación en el incidente del avión Globalmaster III en Ezeiza, que transportó a un contingente de Marines dispuestos a entrenar a miembros de la Policía Federal y se negara a ser revisado por la aduana, en tanto traía “carga sensitiva” secreta.

En estas manos queda la base del aeropuerto de Resistencia: un lugar estratégico para el control de la Triple Frontera y del Acuífero Guaraní, que se articula con la base Mariscal Estigarribia de Paraguay -situada cerca de la frontera con Bolivia y sus reservas de petróleo y gas- además de cubrir el sur de la Amazonia de Brasil, custodiada en el norte por las bases del Plan Colombia y en el oeste por la base de Manta trasladada de Ecuador a Perú. La rápida sanción de la Ley Antiterrorista 26.734 en diciembre de 2011 y el Proyecto X de Inteligencia de Gendarmería Nacional -cuya misión de patrullaje fronterizo ha sido reemplazada por tareas policiales en centros urbanos- estarían indicando un desplazamiento desde la idea de Defensa Nacional hacia una nueva Doctrina de Seguridad Interior, que evoca la existencia de un “enemigo interno” con la consiguiente criminalización de la protesta social: el sensible incremento de los gastos destinados al Ministerio de Seguridad Interior respecto a los de Defensa Nacional en la Ley de Presupuesto 2012, se orienta en el mismo sentido. Aparte del sentimiento humanitario, otro objetivo explicitado por la base norteamericana sería la lucha contra el narcotráfico: una mera “casualidad permanente” es la comprobación que los cultivos de amapola y la producción de heroína destinada al mercado de Europa Occidental, se multiplicaron durante la ocupación norteamericana en Afganistán. La historia enseña que los imperios en decadencia tienden a utilizar las fuerzas militares para retener sus periferias territoriales: los casos de España en Nuestra América o Francia en Indochina y Argelia, son algunos ejemplos. Hoy Estados Unidos afronta una acelerada declinación y este 24 de marzo debe alertarnos acerca de las amenazas que se ciernen sobre Argentina y América Latina. Como señala Leiva:

De acuerdo con estos antecedentes no habrá cooperación sino espionaje contra el pueblo argentino en la medida que movimientos sociales, ambientalistas y/o políticos, se opongan al saqueo de nuestros recursos naturales, como la megaminería, la contaminación sojera, la devastación de nuestros montes, ríos y reservas acuíferas, atentando contra nuestra Seguridad Nacional, contra nuestros recursos naturales y la población del país

Nota:
1.- Pájaro Rojo. pajarosalinas.blogspot.com

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Argentina: Durmiendo con el enemigo

Lic. Carlos A. Pereyra Mele (BARÓMETRO INTERNACIONAL, especial para ARGENPRESS.info)

Esta es la alternativa a la que nos esta exponiendo el ex senador nacional y actual gobernador de la provincia del Chaco (Argentina) Jorge Capitanich, al ser el fogonero desde hace varios años de una “nueva alianza estratégica con Estados Unidos”, (según sus propios dichos), y que hoy empieza a dar concretamente sus resultados, al instalarse la primera base militar del Comando Sur en Argentina bajo el argumento supuestamente inocuo de base de ayuda humanitaria para casos de catástrofes naturales. El sitio oficial del Gobierno Chaqueño informaba: Solo resta equipar con tecnología informática y amoblar el lugar para luego culminar con una capacitación al personal”, dijo el comandante estadounidense Edwin Passmore, del Comando Sur, quien se reunió semanas atrás con el gobernador Jorge Capitanich.(1)

Hasta aquí una iniciativa “humanitaria”, que se presenta como la ayuda para control de catástrofes de una superpotencia a una republica del sur y que sugestivamente no ha tenido la trascendencia esta instalación en la gran prensa nacional (la que siempre denuncia los actos del gobiernos para ello desastrosos, pero se cuida muy bien de investigar y denunciar las acciones de Estados Unidos en la región y Argentina).

La primera aproximación al tema de la base extranjera pasa por el argumento utilizado por el Chaco (y Argentina también, puesto que este tema fue acordado por el ex ministro y actual senador Aníbal Fernández y el gobierno chaqueño en su momento), de “porque se necesita de una ayuda especial extranjera para estar preparados para sobrellevar una situación de posibles catástrofes naturales”, si el estado nacional cuenta con los medios, personal y organismos preparado por años para acontecimientos como los que se pretende cubrir, pero en el supuesto caso de que tuviéramos carencias en esa área, porque no se recurre a organismos internacionales especializados sobre los mismos (Cascos Blancos, la Organización Panamericana de la Salud, Unicef o la Cruz Roja) y en vez de ellos se convoca a un organismo militar de una potencia extranjera a través del Comando Sur.

¿Que es el Comando Sur?: es el organismo que desde hace años asume ser: la organización líder entre las agencias existentes norteamericana (Departamento de Estado-CIA –DEA, etc.), para garantizar: “la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en toda América”, y este rol del comando sur esta inserta en el creciente poder del Departamento de Defensa en la política exterior norteamericana, en un vasto plan independiente del resultado de los otros conflictos globales en que se encuentra enfrascado USA, también es independiente por los objetivos a largo plazo de los “cambios” en las administraciones norteamericanas. A esto lo debemos encuadrar en que el siglo XXI no es, no va a ser, un lugar apacible. El dinamismo político que lo arrastra se expresa cada vez más en términos militares.

Desde que Estados Unidos empezó a perder influencia en Latinoamérica ya sea económicamente: China, India y Rusia y la Unión Europea se transformaron en socios importantes de la región desplazando la primacía que tenia en el siglo XX USA; y política: porque Latinoamérica, pero muy especialmente America del Sur inicio procesos de integración que se consolidaron a partir del Mercosur, el UNASUR, ALBA, CELAC, que no los incluyen, el rol de la presencia de Estados Unidos se concentro alrededor del Comando Sur quien asumió ser la presencia del imperio en nuestras tierras, como eran los Procónsules del Imperio Romano, desconocer esto o ignorarlo es gravísimo a la hora de establecer alianzas estratégica por las consecuencia que ello acarrean. Y una de las nuevas herramientas para actuar del Comando Sur para hacer menos sospechosa su presencia y mas agradable a los ojos de los pobladores son sus acciones de carácter humanitario que no son ni innocuas ni neutras. Es presentarse con bases militares, que no serían ni militares ni bases, sino Centros de Seguridad Cooperativa...son los nuevos conceptos ‘flexibles’ del Pentágono sobre 'bases militares' con un borde difuso en las actividades civiles, que maximiza la 'confusión' sobre la opinión publica (2).

Pero esto no es casual ya que el Gobernador del Chaco Jorge Capitanich ha iniciado una cruzada para instalar la “Unión Americana”, cuando en septiembre de 2010 recibió una delegación de legisladores norteamericanos, invitados por una Fundación local -siempre hay una Fundación que “facilita” los encuentros-, el gobernador los convoco a construir una relación estratégica entre América del Norte y América del Sur para que el continente, unido, pueda reposicionarse como una potencia mundial; “voy a defender esa idea”. Capitanich afirmo: “Juntos seremos la mayor reserva de minería, agua dulce, alimentos, energía, industria cultural, atractivos turísticos, talentos de recursos humanos y tecnología vinculada a procesos productivos”, explicó el gobernador que casi hablaba como un mandatario presidencial. Y cerró con: “Desde América del Sur vemos con tristeza que Estados Unidos no nos considere un aliado” (3), manifestó en la oportunidad asegurando que está crisis es una oportunidad para potenciar las relaciones. “Defiendo una alianza estratégica y estoy dispuesto a luchar por esa idea”, termino afirmando.

Estas afirmaciones que se concretan con la base de ayuda humanitaria instalada en su Provincia, nos lleva a preguntarnos, ¿esta política esta de acuerdo con la idea de integración continental suramericana sin la injerencia de Estados Unidos, que sostiene la mayoría de los países de la región y el gobierno nacional apoya y sostiene? Evidentemente no, ¿Qué sucedería con la UNASUR y la CELAC de prosperar la idea de Unión Americana que postula Capitanich y con el Consejo de defensa Suramericano? Seguramente se desintegraría todo el esfuerzo realizado en estos años de salir del estadio de dependencia a la que nos llevaron malas políticas nacionales favorecidas por la potencia humanitaria que hoy viene a ayudarnos con las no bases. ¿Esta el gobernador fogoneando de nuevo la balcanización –división- de los países suramericanos en el siglo XXI? Evidentemente que si con estas acciones por las desconfianzas que creara. ¿Y que rol real jugara la base humanitaria monitoreando una región que se presenta como inestable instalada en el Chaco?, cuando por ejemplo: este mes el jefe del Comando Sur, Douglas Fraser, alertó sobre posibles “turbulencias geopolíticas” en Bolivia, o con los anuales y persistentes informes sobre la presencia de terroristas internacionales en la triple frontera-nunca demostrados fehacientemente-que realiza, o su injerencia en la zona con el argumento de “ayudar” a combatir el narcotráfico, lo que llevo al Presidente Evo Morales a que coincidiéramos en que: la lucha contra la droga es la herramienta geopolítica de USA de dominación en nuestra región (4). Y también esta base humanitaria, esta, en una zona rica en recursos naturales a controlar por las potencias occidentales, muy especialmente después que el “agua” pasó a ser considerado un recurso estratégico para el pentágono junto al petróleo y el gas.

Mientras el gobierno nacional inicia una campaña internacional para convencer al mundo que el socio de Estados Unidos, el Reino Unido militariza el atlántico sur con el incremento de la base militar Malvinas un gobernado Jorge Capitanich del Chaco, permite el ingreso legalmente de una base militar en el territorio continental, funcionando como el “caballo de Troya” del Comando Sur en Argentina.

Por ello nunca mejor describir la actual situación chaqueña como: durmiendo con el enemigo.-

Notas:
1) Información publicada en el sitio oficial del Gobierno del Chaco
2) Punta de lanza' del Comando Sur de Estados Unidos en el Chaco argentino - ARGENPRESS.info
3) Capitanich promueve una alianza estratégica con Estados Unidos – Chacodiapordia.com
4) “La Droga, herramienta geopolítica del Imperio” por Carlos Pereyra Mele.

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