jueves, 29 de marzo de 2012

La clase obrera española va a la Huelga General y devuelve el golpe antipopular del gobierno de Rajoy

Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

El grupo de unos 5-6 jóvenes discutieron intensamente y por cada declaración abrí las orejas como antenas para escucharlos. En el techo y en las paredes de este “Mueso de Jamón” colgaban las presas de jamones de siete kilos, tentadores pero muy delicados para el colesterol porque no hay ningún médico en el mundo que te recomienda a comer ese jamón serrano delicioso y el baguete con una cerveza fría.

- El jefe dijo hoy, que si participo en la huelga el 29 no necesito regresar al trabajo al otro día. ¡Mierda! ¿Qué voy a hacer? Cinco millones de españoles parados (desempleados) y un jefe que constantemente nos recuerda que “les puedo reemplazar cuando me dan las ganas y a sueldos mucho más baratos que los suyos”.

Foto: Miles y miles de españoles salieron el 11 de marzo exigiendo la Huelga General. Ya esta!

Dijo una de las mujeres, alrededor de 25 años, y agarró su vaso de cerveza y tragó el líquido con rabia.

- ¡Coño! Si no contrarrestamos ahora, pues después pueden los empresarios hacer lo que les da las ganas. ¡Es ahora o nunca! dijo su amigo varón.

Y el tercer amigo del trabajo agregó:

- ¡Maldita sea! mi padre esta perdiendo su piso (apartamento) después que perdió el trabajo. Nos han metido en un callejón sin salida y si no peleamos ahora, seremos presos en las garras de los bancos y los patronos para siempre.

Foto: Miles de estos avisos se ve en las paredes en España.

Y así pasó la intensa discusión una temprana noche a medio del mes de marzo. Los comentarios en bares, centros de trabajos, en las casas y los barrios son los mismos. España se encuentra en medio de la crisis capitalista europea y golpea fuertísimo al pueblo trabajador.

Casi uno de cada cuatro españoles esta excluido del mercado laboral. Las exigencias de los bancos a los españoles con préstamos de vivienda son de sin piedad. Encima esto viene el resultado de las elecciones del 20 de noviembre de 2011 cuando ganó la derecha neofranquista del Partido Popular y en donde Mariano Rajoy fue designado presidente del gobierno, sindicado de ser un variante moderno de la dictadura de Franco.

Las elecciones fueron para unos una sorpresa. “Los Indignados” del 15M (15 de mayo de 2011) habían denunciado a banqueros y altos políticos de ser los responsables de la crisis. Y los españoles castigaron al partido socialdemócrata PSOE que perdió cinco millones de votos por haber llevado a cabo una política de derecha que no distingue su partido con la derecha tradicional. Y en cualquier país del planeta no hay espacio para dos partidos de derecha.

Si los socialdemócratas perdieron millones, pues el PP no los ganó, solo aumentó 500.000 votos. Pero obtuvo una mayoría muy cómoda y absoluta en el parlamento español. La Izquierda Unida (IU) multiplico por cinco sus curules y obtuvo, pese al sistema electoral totalmente injusto, 11 diputados o casi siete por ciento. Cada diputado costaba a la izquierda alrededor 200.000 votos. En las elecciones anteriores un curul le costó a IU 700.000 votos, comparable con los diputados del PP o del PSOE que les costó solo 30.000-50.000 votos.

Columna tras columna pasa por las calles de Madrid. Es domingo 11 de marzo y el sol brilla tan rico como hace un día de la primavera. Se escuchan las consignas de la gente; ¡“Si a la Huelga General”! Las dos centrales obreras CCOO y UGT calculan que son 1,5 millones de españoles en las calles, rechazando la política gubernamental y sobre todo, la Contrarreforma Laboral. La inmensa manifestación es una repetición general ante la gran Huelga General el 29 de marzo.


La contrarreforma laboral ha sacudido al español por que desarma la organización de defensa; el sindicato y empeora todas las leyes y conquistas laborales, sociales y reformas económicas como la cesantía, los derechos en el mercado laboral. Es un golpe casi mortal a los derechos conquistados por la mujer trabajadora que corre el riesgo de volver a la estufa o obligada de trabajar jornada parcial.

- Nosotros creemos que estamos ante un fin de un ciclo, de una época política en España, de un régimen, el de la transición y de la constitución del 78´ toca a su fin en este país. Es el modelo heredado del franquismo de transición diseñado por el aparato político del estado franquista, personificado sobre todo en la jefatura del estado del rey Juan Carlos. Fue primero designado como sucesor de Franco por las cortes franquistas y en segundo lugar designado como rey por las cortes franquistas tras haber muerto Franco.

Lo dice Enrique Santiago. Es miembro de los Comités Ejecutivos del Partido Comunista de España (PCE) y de Izquierda Unida (IU), responsable de Derechos Humanos del PCE y de Refundación y Relaciones con los movimientos sociales y populares en IU.

Foto: Enrique Santiago

Subraya que la constitución de los 78´ solo ha sido revisado para que tenga la función esencial de garantizar el control del modelo neoliberal sin ninguna influencia de los ciudadanos. Y no vacila decir que ha sido justamente ese modelo neoliberal que es el causante a la actual crisis económica con un ejercito de españoles desempleados.

- España, creo yo, tiene un modelo económico basado muy mayoritariamente en la especulación del territorio y en el urbanismo descontrolado, incluso de los recursos naturales, medios ambientales, agua. Nos vendieron que nuestro modelo económico podía ser sostenible pero efectivamente se manifestó que no es (el modelo) sostenible y eso a la vez provocó una inmensa burbuja económico-inmobiliaria que no fue controlada, por los que deberían haberlo controlado; por las instituciones del estado, por el Banco de España y todo ello en un proceso de la construcción de la Unión Europea que ha quedado claro que no es un proceso que controlen y gestionen las instituciones elegidas por los ciudadanos, si no es un proceso que es controlado y gestionado al margen de las decisión de los ciudadanos, por los poderes financieros, los grandes bancos, grandes compañías transnacionales mundiales y no europeas, y por un Banco Central Europeo que es un banco que esta sustraído del control político y que esta gobernado por ex directivos de grandes bancos privados.

Es duro en su crítica contra el ex gobierno socialdemócrata que gobernaba España cuando se reventó la crisis capitalista cíclica el 2008-2009. En vez de introducir una reforma tributaria progresiva que cobraba a las empresas y personas físicas con gran poder adquisitivo, el gobierno socialdemócrata reforzó la tributación a los trabajadores españoles que a su vez tuvo como consecuencia que las alcaldías y el estado tuvieron que reducir los gastos públicos. Un círculo vicioso.

Pero no suficiente con eso. En mayo de 2010, el gobierno de Rodrigo Zapatero impuso una parecida contrarreforma laboral con el pretexto de crear nuevas fuentes de empleos pero cuyo efecto solo fue acelerar el desempleo y aumentar las ganancias de las grandes empresas. Intensificó las confrontaciones de clase y cuando el gobierno socialista entregó su gobierno en diciembre del 2011, fue registrado también el saldo de tres millones de españoles nuevos al ejército de desempleados durante su mandato.

Relata Enrique Santiago, que en medio de esta crisis y tragedia humana con hoy casi seis millones de desempleados, con 70.000 familias que son obligados cada año a entregar su hogar a los bancos pero conservando en su contra parte de la millonaria deuda, al mismo tiempo nunca se han vendido tanto autos o productos de lujo como ahora. La razón es sencilla y es que los ricos y las empresas no pagan o pagan muy poco impuestos, además de que la crisis esta provocando una inmensa concentración de capital en muy pocas manos mientras se empobrecen las mayorías. Esa es la esencia del modelo neoliberal.


Es con esa política que la derecha del Partido Popular y Mariano Rajoy se presentaron en las elecciones de noviembre del año pasado como los “Salvadores de España”. Pero es pura demagogia, sostiene Santiago.

Ni habían pasado 100 días y el gobierno de Rajoy presentó el 8 de marzo una propuesta de nuevas leyes laborales que, si son aplicadas, serán mortales contra la existencia del movimiento sindical. Las grandes manifestaciones que comenzaron ya el año pasado, se han reforzado y se han aumentado en numeración. ¿Pero serán suficiente para hacer retroceder al gobierno neofalanguista o será que el mismo gobierno de Rajoy quiere provocar una huelga general que pueda terminar en una situación con un movimiento popular desmoralizado ante un enemigo que se siente y es fuerte? ¿Son capaces y dispuestos los lideres de las dos centrales obreras de seguir la pelea con todo, por que eso es lo decisivo para la victoria y cualquier huelga general?


¿Y el futuro de España, cuatro años con el gobierno del Partido Popular, con una Unión Europea en profunda crisis capitalista. . .?

- Yo creo que la izquierda debe aprovechar esta legislatura de clara confrontación y resistencia y generación de alternativas. Tenemos que ganarnos suficiente credibilidad para convertirnos en una fuerza creíble y ser la alternativa del Partido Popular. Además aprovechar estos cuatro años para que ese movimiento social, popular de impulso de un nuevo proceso constituyente en España, avance. Eso nos situará en un escenario mucho más interesante ante las próximas elecciones. Mientras tanto, fortaleciendo el poder local y el poder autonómico de izquierda, trenzando además importantes alianzas políticas con todos los sectores objetivamente interesados en acabar con el actual sistema con este régimen fracasado que ha mostrado ser el capitalismo y construir, a través en nuevo proceso constituyente una alternativa social, un modelo más socializante, capaz de ser justo y distributivo de la riqueza y equitativa con los ciudadanos.

El dirigente de izquierda también subraya los programas económicos y sociales del gobierno derechista es también los programas de la Unión Europea. Y en el gobierno de Rajoy tiene un fiel peón.

- Un portavoz de la patronal española dijo muy bien que el gobierno de Rajoy “es un gobierno de gente de la casa”. Y eso es lo que es, un gobierno de empresarios, de oligarcas y de personas que no tienen ningún contacto con la realidad social de este país y que van a trabajar obviamente con consolidar sus privilegios, por garantizar sus primacía en el control del sistema y por desmontar todo lo que de social tiene el estado con el fin que ellos pueden seguir en esa dinámica de contribuir menos impuestos y ganar una supuesta libertad individual de elegir cada uno lo que cree más convenientes de su familia. Es la gran mentira del neoliberalismo, garantizarse la libertad no es posible en el sistema capitalista si no tienes recursos económicos.

Tercera parte de la entrevista (video) a Enrique Santiago del PCE y Izquierda Unida que en la extensa entrevista habla sobre cómo el factor subjetivo esta madurando. Eso se refleja en la exigencia popular de una huelga general en contra la política de hambre y desempleo al favor al gran capital y las exigencias de la Unión Europea.

También comenta la política torpe del gobierno neofranquista en el tema de la ETA en donde la derecha pone el país ante el hecho; “Nosotros o los terroristas”. España tiene una oportunidad histórica en el País Vasco de entrar a un proceso de soluciones políticos, en donde, como señala Santiago en la entrevista, existe la posibilidad que un encarcelado dirigente de Batasuna podría ser el próximo presidente del Parlamento Vasco, una verdadera pesadilla para la derecha española.
Ver y escuchar toda la entrevista en Vimeo:

1) La clase obrera española devuelve el golpe antipopular y va a la Huelga General https://vimeo.com/39265815
2) Asi fue el espionaje del DAS y Uribe en España: https://vimeo.com/39034215
3) Enrique Santiago sobre la negativa del régimen colombiano de no dar permiso de visitar a los presos guerrilleros: https://vimeo.com/38712887
Audio: http://www.box.com/s/d4fd5af3c87b948fd722

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Los trabajadores vascos hoy van todos a la Huelga General

Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

Los sindicatos y trabajadores en Euskal Herria (País Vasco) se movilizan todos, hoy 29 de marzo, para hacer sentir la fuerza de la clase trabajadora y en rechazo a la política de hambre del nuevo gobierno de Mariano Rajoy.

Ese es el mensaje de Igor Urrutikoetxea, Secretario General de la Unión Internacional de Sindicatos del Metal y la Minería, miembro del Comité Ejecutivo de la central sindical vasca, LAB, Langile Abertzaleen Batzordeak, que en euskera significa Comisiones de Obreros Patriotas. La compañera de la misma central sindical y del sector de comercio en el País Vasco, es Ziortza Ameztoi.

Foto: Un obrero vasco en Bilbao. ¿Para el trabajo hoy?.

Los entrevisté hace dos semanas en Bilbao y los preparativos para lanzarse a la Huelga General ya estaban a “full”, es decir, trabajaron para que sea un éxito.


– ¡Vamos a luchar hasta el final! ¡Ningún paso atrás!

Lo dice Leyde, una joven madre que con su “cipote” de unos ocho meses en los brazos ha llegado a la Plaza Moyoa, en el centro de Bilbao, para protestar en contra de la decisión del ayuntamiento (alcaldía) del lugar, que daría permiso a los grandes centros comerciales, para tener abiertos los comercios los domingos. El País Vasco es el único lugar en el estado español donde las grandes cadenas comerciales no han logrado abrir ese día feriado. De hacerlo estarían matando al pequeño comercio, negándole la posibilidad de trabajar para el sustento diario, ya que es el único día en la semana que aumentan sus ventas.

– Ahora con el permiso de apertura dominical, nos hacen firmar los contratos de trabajo que nuestra jornada laboral se distribuye desde lunes a domingo. Hay total negativa entre los compañeros en el trabajo a trabajar esos días. ¿!No sé de dónde han sacado que la gente quiere venir a comprar los domingos!?

La compañera se indigna cuando menciono la contra-reforma laboral del gobierno de Rajoy ya que tiene un tinte totalmente antiobrera, en donde la mujer es considerada como un sujeto que sólo aporta al hogar y no como una trabajadora digna en el mercado laboral.

– ¡Es todo, estamos yendo hacia atrás como cangrejos, pero a paso apresurado! La gente que ha luchado por una reconciliación laboral y sus derechos, salarios más dignos para que el trabajador viva mejor, ¡todo lo están echando por tierra!

Foto: De nuevo en las calles para rechazar la política de hambre y del gran capital del gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular.

La manifestación comienza a moverse y entre ellos hay miles de mujeres y hombres que este día han salido para expresarse. Encontramos a Ziortza Ameztoi, líder sindical del sector de comercio, en el País Vasco, organizada en LAB. Va en la primera línea junto con representantes de otros sindicatos vascos pero también es visible la presencia de representantes de las organizaciones de los Consumidores en el Euskal Herria y los mismos comerciantes organizados en sus respectivas organizaciones. Estos últimos se han dado cuenta que sin la alianza con los trabajadores, no podrán impedir que las grandes cadenas como Corte Inglés o Galería Preciados, y ni hablar de las grandes empresas transnacionales como Wal-Mart&Cia, ahogarán a la sociedad y al mercado vasco.

Es una pena, porque pocas ciudades tiene una vida social tan marcada como las ciudades de Bilbao y Donostia (San Sebastian). Entre la gente que vive en el centro histórico hay pequeños negocios y tiendas, los bares y restaurantes se llenan de pobladores que prefieren acudir allí en vez de pasar el día en centros comerciales de entre cinco y ocho pisos, consumiendo comida chatarra entre música de MTV y pantallas donde se publicitan los grandes hits de Hollywood.

Son, todavía, sociedades vivas en donde la relación y contacto humano están por encima de los intereses netamente comerciales. Da realmente gusto caminar en un casco urbano que tiene relaciones humanas en vez de sentirse solo rodeado de palacios banqueros y centros comerciales.

Foto: Ziortza Ameztoi, líder sindical del sector de comercio, de la central LAB.

– Esto no es solamente una lucha sindical. Los comerciantes sienten que también es una lucha suya, por la misma supervivencia, nos comenta Ziortza Ameztoi. Al estar juntos todos, hemos logrado pararlo (apertura dominical).

Pero no solamente las grandes están detrás la apertura dominical. También el Partido Popular y el PSOE dan su apoyo al gran capital comerciante.

Igor Urrutikoetxea, Secretario General de la Unión Internacional de Sindicatos del Metal y la Minería y miembro del Comité Ejecutivo de la central sindical vasca LAB, Langile Abertzaleen Batzordeak, en euskera, dice:

– Comisiones de Obreros Patriotas, están de acuerdo. El está en el colectivo de una central sindical que ha peleado por los derechos de los trabajadores, además de por su alto sentido de clase, también, por haber sufrido el terrorismo de estado de Madrid durante los diferentes gobiernos de turno.

Foto: Igor Urrutikoetxea, miembro del Comité Ejecutivo de LAB.

Rafael Díez Usabiaga, fue el secretario general de LAB hasta 2008. Había sido también componente del parlamento vasco, del partido Herri Batasuna, en Madrid, considerado como el brazo político de la ETA e ilegalizado en el 2002. Tiene mucha influencia sobre la izquierda vasca y es uno de los personajes más importantes en el proceso que comenzó en 2008-2009, en Euskal Herria.

– No solamente Rafael Díez Usabiaga es preso político, también lo es una dirigente de los periodistas, afiliada a nuestro sindicato, comenta Igor Urrutikoetxea. Muchos de los más de 700 presos políticos nunca han participado en acciones armadas pero han sido condenados como terroristas.

En la Wikepedia se puede leer lo siguiente sobre Rafael Díez Usabiaga:

“En octubre de 2009 fue detenido por, según el auto judicial, intentar reconstruir Batasuna mediante Bateragune, un órgano de coordinación de la izquierdaabertzale que estaría vinculado a ETA.[] Por estos hechos, la Audiencia Nacionallo condenó a diez años de prisión en septiembre de 2011, al considerar que ostentaba, junto a Arnaldo Otegi, la “suprema categoría de responsable y promotor del grupo [Bateragune]”, grupo que el tribunal calificó como “receptor de las órdenes” de ETA. Antes de la sentencia, en abril de 2010, Usabiaga había sido puesto en libertad bajo fianza para cuidar de su madre por su estado crítico, pero tres días después de dictada la misma reingresó en prisión”.

Foto: Rafael Díez Usabiaga, ex secretario general de LAB junto a Arnaldo Otegi.

La detención de Díez Usabiaga se efectuó en la sede de LAB y el hecho de reunirse sin cometer ni una sola acción violenta, le costó a él y otros de sus compañeros diez años en la cárcel. Es más. Todos los que tienen conocimiento del conflicto vasco saben que en aquella reunión se discutía sobre cómo comenzar un proceso y transición pacífica del conflicto en Euskal Herria.

En vez de respaldar a los actores y participantes en ese proceso, el estado español, a través de sus altos políticos o juristas y jueces, como el caso de Baltazar Garzón, encarcelaron a las personas presentes en aquella reunión, en octubre de 2009.

¿Como valora el dirigente sindical las declaraciones de la ETA de un cese definitivo de las acciones armadas en el conflicto que lleva más de 50 años y comenzar otras formas de lucha para lograr crear un estado soberano y socialista en el Euskal Herria?

– Tanto los sindicatos como los partidos vascos y gentes sociales saludamos positivamente esa declaración. ETA lleva más de 50 años de existencia y ha sido un agente fundamental en todo el devenir de la historia del País Vasco. Y en ese sentido creemos que la declaración de la ETA es un paso positivo porque camina en una dirección de superación del conflicto político que históricamente ha habido, pero que va mucho más allá que la existencia de ETA. Porque esta basado en el derecho del pueblo vasco, de decidir por sí. El nuevo gobierno del Partido Popular y al anterior del PSOE, no actúan hoy con altura. Es necesario que entable conversaciones para, por una parte, solucionar las consecuencias del conflicto armado que ha dado lugar en este país a tantas víctimas, tanto que ha originado la violencia de la ETA pero también que ha originado la violencia del estado español y que normalmente no es reconocida por éste. Está también el tema de los presos políticos y los refugiados vascos. Es importante que se aborden medidas para poner en libertad inmediatamente de los presos políticos tal como se ha hecho en otros procesos, como por ejemplo, en Irlanda del Norte, Sudáfrica u otros.

1) Los sindicatos del País Vasco van en la primera fila a la Huelga General:
Entrevista a Igor Urrutikoetxea, Secretario General de la Unión Internacional de Sindicatos del Metal y la minería, miembro del Comité Ejecutivo de la central sindical vasca LAB, Langile Abertzaleen Batzordeak, en euskera: Comisiones de Obreros Patriotas.
Video:

2) País Vasco: ¡No toquen nuestro día de descanso!
Los trabajadores vascos pelean por preservar su descanso dominical. Entrevista a la líder sindical del sector de comercio en el País Vaso ZIORTZA AMEZTOI, LAB-comercio.

3) La clase obrera española devuelve el golpe antipopular y va a la Huelga General
Audio: http://www.box.com/s/827f8bfd4c34202cb969

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Argentina: A las puertas de grandes desplazamientos políticos

Marcelo Ramal (especial para ARGENPRESS.info)

En sólo cuatro meses, las especulaciones de los analistas políticos pasaron de la reforma constitucional releccionista a un eventual adelanto de las elecciones de 2013. Un giro semejante, que ya ocurrió en 2009, daría al traste, por razones de tiempo, con la muy publicitada ‘reforma política’ que dio lugar a las primarias. Las razones, igual que hace tres años, serían la necesidad de anticiparse a un fuerte deterioro en la situación de la economía.

Los asesores del oficialismo aseguran que la ‘imagen’ de CFK no fue afectada por la tragedia de la estación Once ni por el derrumbe energético o el ataque presidencial a los maestros y los luchadores ambientales, pero que todo esto podría potenciarse si se combina con recesión y despidos. Confían neutralizar esta posibilidad con la nueva caja del Banco Central y la de la Anses; con préstamos internacionales negociados por las provincias y la Ciudad, y por un éxito en el control de las paritarias.

Los límites del jolgorio

Sin embargo, la caja tampoco puede operar milagros. Reabierto el grifo del Banco Central, los fondos buitres y los que ganaron juicios contra Argentina en el Banco Mundial, han redoblado la presión para cobrar. Para apoyarlos, Obama resolvió aplicarle sanciones comerciales a Argentina. Lo mismo ocurrirá en breve con los acreedores del Club de París. La reforma del Central ha colocado a los especuladores en la cola de cobro.

Otro tanto ocurre con los subsidios y tarifas. El desastre del Sarmiento puso en un impasse a los tarifazos. Pero los monopolios eléctricos y petroleros amenazan con agravar la penuria actual -o congelar los sueldos de sus trabajadores- si no reciben mayores precios o tarifas. El gobierno está estudiando un aumento sustancial del precio del petróleo. Por otro lado, crece el gasto en subsidios, por ejemplo en el transporte, para pagar el aumento de salarios acordado con la burocracia de la UTA. La política oficial navega entre el tarifazo y el aumento indefinido de los subsidios, que serán financiados con la emisión de moneda que autoriza la reforma del Banco Central.

Una cabeza sin cuerpo

Los rumores sobre un adelantamiento electoral tienen ese telón de fondo. Pero esta vez, las listas de diputados de 2013 no pueden cobijarse detrás de un árbitro presidencial único, como ocurrió en 2011. Los armados de cada provincia, por lo tanto, van a sacar a la luz la inmensa fragilidad del frente oficial. Esto ya se vio allí donde hubieron elecciones desdobladas el año pasado. La mayoría de las provincias están en cesación de pagos, sin socorro del gobierno nacional, el cual, por el contrario, depende de las provincias para conseguir dólares a cambio de nuevas deudas internacionales. El ‘centralismo porteño’ ya no tiene bases económicas para controlar provincias.

Scioli encabeza el pelotón con 1.000 millones de dólares, seguido por Macri, De la Sota, Urtubey y el gobierno de Mendoza, entre otros. Los Estados petroleros -como Salta o Río Negro- garantizarán estas operaciones con las regalías. O sea que mientras rescinden concesiones sobre pozos inactivos, los gobernadores atan su destino al de los pulpos petroleros. Un reciente informe de Página/12 -con el contundente título de “Los gobernadores las prefieren privadas”- revela que su “intención no es reestatizar, sino (avanzar) hacia un cambio de operadores y de condiciones contractuales” (25/3), o sea que van por la entrega para salir de la cesación de pagos. En este cuadro, comienzan a sonar candidaturas “con portación de apellido” para 2013 -Alicia o Máximo Kirchner en los principales distritos. ¿CFK pretende convertir a la elección intermedia de 2013 en un pseudo plebiscito, por la vía del apellido? La maniobra podría pulverizar al PJ y hasta forzar una ruptura, que algunos juzgan suicida, con Scioli.

Oposición

Lo único que supera al declive oficial es el de la ‘oposición’. La UCR se encuentra dividida entre los que aspiran a un acuerdo con el PRO y los que lo impulsan con el FAP. En el debate por la transferencia del subte, el Peronismo Federal desairó al PRO, agravando el aislamiento de Macri con vistas al 2015. El FAP ha votado y actuado dividido en el Congreso, en todas las cuestiones recientes. El gobernador santafecino del FAP, Antonio Bonfatti, se arrima al kirchnerismo. Gerardo Morales (UCR) no cuestionó el “manotazo” a las reservas, sólo exigió “criterios” o “topes” para los adelantos del Tesoro. Lozano se abstuvo con argumentos similares, o sea que prestó un semi aval al “manotazo” para pagar la deuda. Mario Blejer, un representante de los acreedores, apoyó la reforma del Banco Central. El debate sobre el uso de las reservas del Banco Central para pagar la deuda externa, y sobre los adelantos al Tesoro para seguir con los subsidios, puso de manifiesto que la oposición no tiene una alternativa a las medidas desesperadas del gobierno.

Frente de Izquierda

El “enfrentamiento” entre los ‘nacionales y populares’, de un lado, y los ‘destituyentes’ del otro, ha quedado caduco. Pasó mucha agua desde la ‘crisis del campo’. Nunca tan vigente como ahora aquello de que no los une el amor sino el espanto -es decir, una bancarrota provocada por la crisis mundial que no da respiro. Transitamos un periodo de alumbramiento de un nuevo cuadro político, en el cual la izquierda revolucionaria puede convertirse en uno de sus polos. Esta tendencia se expresó, en el plano subjetivo, en la colosal demostración de fuerzas el sábado pasado, el 24 de marzo. La agenda política inmediata del Frente de Izquierda está determinada por estas circunstancias, que tienen un relieve cada vez más excepcional.

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Argentina: La educación libertaria y la costumbre de no preguntarse (Parte I)

Andres Sarlengo (CONTRAPUNTOS (especial para ARGENPRESS.info)
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La educación libertaria en la Argentina y México (1861-1945) es un libro de reciente publicación que contiene mucha información sobre un tema poco investigado. Qué es la educación libertaria, quiénes fueron sus precursores, qué obstáculos impidieron su mayor expansión, los equívocos de Adriana Puiggros y cómo construir una alternativa a la pedagogía imperante son algunas de las cuestiones que conversamos con Martín Acri, uno de los autores del libro junto a María del Carmen Cácerez. En dos partes, va un diálogo que pretende estimular el inicio de "desacostumbrarnos" a la pasividad y la obediencia.



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Algo huele mal en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires

Jorge Pachamé (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

Los gremios municipales -Sutecba, Médicos Municipales (AMM) y Federación de Profesionales- han negociado con el gobierno porteño un miserable incremento no remunerativo de 300 pesos, a cuenta del futuro acuerdo salarial paritario.

UPCN y ATE son cómplices de este acuerdo.

Mientras el gobierno cierra filas con las conducciones sindicales, los trabajadores somos los convidados de piedra.

La paritaria -si así se la puede llamar- es un acuerdo clandestino de camarillas.

Ahora bien, ¿a quién beneficia una paritaria clandestina?

A los responsables de ejecutar una política de desguace sistemático de los hospitales y, por ende, de la salud pública y gratuita.

Mientras el ministro de Salud, Jorge Lemus, se ufana de informar que las consultas de atención en los hospitales y centros de salud porteños han crecido a la enorme cifra de 10.000.000 en el último año (el doble de las que se hacían hace diez años), el proceso de liquidación del hospital y el achique presupuestario se acentúan.

No sólo se cierran grados en las escuelas, se han perdido miles de camas de internación. Según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, correspondientes al período 2005 a 2009, la reducción de camas hospitalarias a esa fecha fue de 1.081, con el siguiente desglose: 301 en los hospitales generales de agudos, 61 en los pediátricos y 708 en el resto.

No hay cifras actualizadas en el Boletín Oficial, pero el desguace continúa: así, en el Borda y el Moyano se han perdido, en los últimos tres años, más de 800 camas de internación.

A las paupérrimas condiciones sanitarias se suman los despidos (Ameghino), el descuento de los días de paro (Gutiérrez), el incendio en hospitales (Alvarez), la postergación sistemática de cirugías.

Está en carpeta el cierre y la compactación de los hospitales Udaondo, Ferrer y Muñiz (Proyecto Hospitalario Sur) y se ha iniciado la demolición del Borda (2/3), la cual ha sido frenada por la movilización de los trabajadores de ese hospital.

El anacronismo de la mayoría de las estructuras edilicias hospitalarias es insostenible, así como la falta de equipamiento y de reconversión tecnológica, de insumos, de quirófanos, de personal, de nombramientos.

Nada de esto es casual. Como en Grecia o España, la crisis económica se descarga sobre los trabajadores y, en primer lugar, sobre la salud.

Con estos sindicatos no vamos a ningún lado

Frente a esta coyuntura, los trabajadores y listas antiburocráticas estamos impulsando un reagrupamiento que dé forma al segundo plenario interhospitalario de los trabajadores de salud.

Están convocadas asambleas en los hospitales Fernández y de Niños, se vienen realizando en el Borda y el Alvarez, están en evolución en la Sardá y el Muñiz.

Esta convocatoria apunta al conjunto de los activistas y cuenta con el aval del Frente de Recuperación Gremial (FRG), de la Asociación de Profesionales del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, de la lista Delfina Marull de la Maternidad Sardá, de trabajadores y profesionales de los hospitales Alvarez, Borda, Muñiz, Penna, Zubizarreta, Tornú y Ramos Mejía.

Nuestra base programática:

• Paritarias libres.
• Asambleas en todos los hospitales con elección de delegados con mandato.
• Comités de emergencia en todos los hospitales en crisis (Alvarez, Borda, Muñiz).
• Salario inicial para los profesionales (categoría Ms 24) de 8.000 y de 6.000 pesos para el escalafón general, así como un aumento porcentual del 50% a partir de ese piso para el resto de las categorías.
• Jubilaciones con el 82% móvil del último salario percibido.
• Suspensión del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.
• Plan de lucha para frenar la entrega e imponer nuestros reclamos.

Jorge Pachamé es miembro por la oposición (FRG) del Comité Ejecutivo de la AMM.

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Argentina. Pueblos Originarios: Un país, dos realidades y un Estado mudo

Darío Aranda (ODHPI - ACTA)

Convocado para abordar la situación de los pueblos originarios, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado argentino reivindicó la política oficial para los pueblos indígenas y no respondió a las preguntas del organismo continental. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la criminalización y represión del Estado y del modelo extractivo.

“El Estado ha tomado nota y con mucho gusto responderemos por escrito previa consulta a las autoridades competentes”. Fue el inesperado cierre (cuando en realidad debía responder preguntas), del representante del Estado argentino en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se expuso la situación de los pueblos indígenas de Argentina. La audiencia había sido solicitada por organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas, que denunciaron el incumplimiento de la legislación indígena, la criminilización y represión, y el avance de empresas mineras, petroleras, forestales y del monocultivo de soja.

“Pese a la obligación del Estado de proteger los territorios indígenas, siguen los desalojos. Hay numerosos casos en Tucumán afectados por vitivinícolas y mineras, veinte casos en Neuquén por petroleras, hay graves impactos por los desmontes, por ejemplo en Salta. Esta falta de definición de los derechos territoriales indígenas, y la lucha por el territorio, deriva en graves sucesos de violencia como en Neuquén, Tucumán y Formosa. Existen graves represiones, con indígenas seriamente heridos y asesinados”, denunció Silvina Zimerman, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y señaló la “paradójica situación” que se vive en Argentina, donde las comunidades indígenas son perseguidas “acusadas por usurpación de sus propias tierras”.

La CIDH convocó a la audiencia especial, el 23 de marzo pasado en Estados Unidos, a pedido de (además del CELS) las ONG Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). En el marco del 144 período ordinario de sesiones, el tema era: “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina”

Zimerman fue la primera oradora por parte de los solicitantes de la audiencia. Remarcó que, en los dos últimos años, tres comités de Naciones Unidas y la Oficina sobre Derechos a una Vivienda Adecuada llamaron la atención al Estado argentino y solicitaron que “revierta un patrón por el cual muchas comunidades indígenas no cuentan con títulos de propiedad, no saben qué territorios les pertenece, no pueden gozar de sus recursos naturales y no son consultadas cuando se toman medidas que los afecta”.

“Están siendo desalojadas de sus territorios y cuando desarrollan estrategias de defensa sufren criminalización y, en algunos casos, graves episodios de violencia”, resumió.

El CELS remarcó el incumplimiento de la legislación referida a pueblos indígenas. Ejemplificó con la Ley 26160, que debiera suspender los desalojos y realizar un relevamiento territorial. “Su implementación ha sido completamente deficiente”, afirmó Zimerman, y detalló que, a mayo de 2011, se habían vencido siete convenios con Provincias para realizar relevamientos, tres provincias se niegan a realizar el relevamiento y, en Catamarca (donde Nación se hizo cargo del censo catastral), no se delimitó el territorio de ninguna comunidad.

Recordó que en Neuquén y Río Negro hay 300 mapuches “imputados y perseguidos” por defender el territorio y remarcó que “la actitud del Estado argentino queda evidenciada por el hecho de que no está participando de esta audiencia la principal autoridad nacional, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”.

Felix Díaz, de la comunidad qom Potae Napocna Navagoh (La Primavera) de Formosa, recordó que tenían “buena vida” cuando contaban con el territorio, pero sus males comenzaron cuando se “privatizaron los campos, que ahora están en manos de quienes sólo les interesa la actividad económica”.

Díaz responsabilizó a “los gobiernos y las empresas” por la situación de los pueblos originarios. “La política del Estado ha justificado el despojo de tierras con muchas leyes. Nos confunde, la mayoría somos analfabetos, nos hace desesperar (…) Cuando se crean las cuestiones burocráticas, se ha legalizado la muerte de los indígenas”, explicó el líder qom.

Aún no habían pasado los veinte minutos asignados para hablar a las organizaciones, y las denuncias se acumulaban. El pequeño salón, lugar de la audiencia, ubicaba a los comisionados de la CIDH en el centro. A la izquierda, los organismos de derechos humanos y Díaz. A la derecha, los funcionarios del gobierno argentino.

Verónica Huilipan, secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA, con doble representación (Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y vocera de la Confederación Mapuche de Neuquén), comenzó su exposición en idioma mapuche. “Nos encontramos ante una situación de tremenda violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina”, aseguró y acusó al Estado de enfocar la realidad de las comunidades como una situación de pobreza y no de derechos.

Precisó que desde 2006, cuando se sancionó la Ley 26160, se agravó la criminalización de quienes defienden el territorio. “Ya tenemos que contar muertes de hermanos”, lamentó y denunció al INAI por “dejar desprotegidas a las comunidades”.

Explicó que el movimiento indígena tiene propuestas concretas de políticas públicas que superen la situación actual, pero lamentó que no exista diálogo político entre el Gobierno y los pueblos originarios. Solicitó a la CIDH que contribuya a la conformación de un mesa de diálogo político que permita superar la situación de criminalización y represión.

“En los últimos 15 años se ha agravado el despojo territorial. El norte del país, sobre todo NEA y NOA, padecen una crisis humanitaria”, finalizó.

Otra Argentina

Los representantes del Estado también contaron con veinte minutos para exponer.

Javier Salgado, de la Cancillería argentina, comenzó con una aclaración: “El Estado no va a formular observaciones específicas, sino generales, que abarcará en perspectiva la situación de los pueblos indígenas en la Argentina”.

Mencionó la reforma constitucional de 1994 (que reconoce los derechos indígenas) y aplicó un argumento conocido: “Luego de una década de política noeliberal, donde no estuvieron en agenda las comunidades indígenas, a partir de 2003 se gesta un proceso de efectivas ejecuciones de las obligaciones internacionales del Estado en materia indígena”. Fue muy breve y dio paso a Andrea Gualde, funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos, que –ante la sorpresa de los presentes–, comenzó a leer un informe.

Afirmó que hubo avances en tres aspectos: identidad, tierras y acceso a la Justicia. Y destacó que el actual Gobierno sancionó “tres leyes fundamentales” para los pueblos indígenas: Ley 26206 (de Educación Nacional) que “establece la educación intercultural bilingüe”, la 26522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual) que, remarcó Gualde, “reserva frecuencias de radio AM y FM, y de televisión” para las comunidades.

Y la Ley 26160. En contraposición con los expositores que le antecedieron, la representante del gobierno argentino destacó que fueron “relevadas 305 comunidades, siete provincias finalizadas, 3.270.403 hectáreas”.

“Se han realizado acciones positivas encontrándose en la actualidad la instrumentación de títulos comunitarios en 4.500.000 hectáreas en todo el país”, señaló y, respecto al acceso a la Justicia, precisó que el INAI realizó un “esfuerzo presupuestario de 8,5 millones de pesos” en un programa permanente de abogados, agrimensores y antropólogos que han elaborado “26 proyectos que benefician a 429 comunidades” (no precisó qué proyectos).

“Para dar una idea de la importancia en la agenda pública, la Presidenta en la primera sesión del Congreso de este año anunció la incorporación de la propiedad indígena en la propuesta de modificación del Código Civil argentino”, recordó Andrea Gualde y, siempre leyendo el discurso, aseguró que “a partir de 2003, el gobierno nacional asumió como política de Estado no sólo la consulta a los pueblos indígenas en todos los intereses que los afecten sino también en la construcción conjunta de políticas públicas en relación a la instrumentación del reconocimiento de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

La funcionaria habló durante poco más de diez minutos. Siempre leyó el informe. Sólo levantaba la vista de las hojas cuando hacía pausas en la lectura, miraba a los representantes de la CIDH, y volvía a sumergirse en las hojas A4.

Preguntas

Los comisionados de la CIDH hicieron consultas:

¿Efectivamente se está cumpliendo el Convenio 169 de la OIT en lo que respecta a la consulta previa para todo proyecto que afecte a las comunidades indígenas?

¿Existe reglamentación en Argentina para llevar a cabo la consulta previa a las comunidades?

¿Cómo se explican los desalojos forzosos a pesar de las leyes vigentes (que los prohíben)?

¿Cómo hay una disparidad tan marcada entre la Argentina que ustedes señalan y la Argentina que ellos viven? (Preguntaron mirando al sector del Estado).

¿Qué ocurre que “estas medidas” (las leídas por el Estado) no llegan a beneficiar a las comunidad y aún existe criminalización y persecuciones?

¿Por qué no llegaron todas las provincias a cumplir con la Ley de Emergencia 26.160? (el Estado había afirmado que, a seis años de sancionada, sólo en siete provincias se había finalizado el relevamiento catastral)

¿Qué mecanismo falta para que los pueblos indígenas puedan disfrutar de los efectos de la Ley 26.160?

La CIDH otorgó cinco minutos a cada representación.

Respuestas

Verónica Huilipan graficó lo que se estaba viviendo en la audiencia: “Ponemos en evidencia dos países distintos. Esta situación muestra el vacío de la política pública, si no no tendríamos el nivel de criminalización, violencia y asesinatos por defender el territorio”.

Explicó que el derecho a la consulta del Convenio 169 no está reglamentado. “Por eso las extractivas están generando un proceso de violación de territorios tremendamente fuertes. Mineras, petroleras, forestaciones, monocultivo de soja, están generando expulsiones tremendamente violentas de norte a sur del país, de este a oeste”.

Silvina Zimerman, del CELS, confirmó que el derecho a la consulta no está reglamentado, pero subrayó que en la práctica igual se podría poner en marcha. También afirmó que “en ningún caso (de Argentina) se pone en práctica el derecho a la consulta” a las comunidades indígenas. Incluso remarcó que el anuncio de la Presidenta en el Congreso (respecto al proyecto de ley para modificar el Código Civil e incorporar la propiedad comunitaria indígena) tampoco “fue consultado con ninguna comunidad”.

Reconoció que el Estado argentino es pionero en la sanción de leyes y reconocimiento de derechos, pero al mismo tiempo no los cumple. Cerró su discurso con otra característica de las políticas públicas para los pueblos originarios: modificar algo, para no cambiar nada. “Es curioso, la 26160 releva los territorios pero no garantiza títulos de propiedad”, lamentó.

Silencio

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio la palabra a los representantes del Estado argentino. Cinco minutos para responder las consultas.

Javier Salgado, de Cancillería, explicó que habían tomado nota de todas las consultas, prometió que consultarían a las “autoridades competentes” y que responderían por escrito.

Aunque le sobraban más de cuatro minutos, no respondió a ninguna consulta. Tampoco lo hizo la funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Andrea Gualde.

Los comisionados de la CIDH, que moderaban la audiencia, miraron sorprendidos. Y, ante el silencio del Estado, dieron por finalizada la jornada.

ODHPI: Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.

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Los monstruos de Chubut

Silvana Melo (APE)

“Esta impunidad, claramente, da vía libre a la policía del Chubut para potenciar sus prácticas de asesinatos, violaciones, desapariciones y golpes a nuestros jóvenes y toda nuestra sociedad. Esta impunidad es parte del acuerdo entre la policía, la justicia y el poder político del Chubut, que funcionan cada vez más como corporaciones que se encubren mutuamente”. César Antillanca habló así minutos después del fallo judicial que consagró al de su hijo Julián como un crimen sin culpables.

Un asesinato donde la testigo que dijo ver cómo lo tiraban desde un patrullero fue “poco creíble”. Y las manchas de sangre de Julián en el tapizado del patrullero, también. Todos sospechan que fue la policía, con nombres y apellidos. Menos la Justicia. Que asegura que Julián murió a golpes. Pero nadie se los asestó. Pero sí, para la Justicia, los mismos nueve policías vejaron a los hermanos Aballay, en la misma comisaría cuarta de Trelew, en la misma noche del 5 de setiembre de 2010.

No sabía César Antillanca que apenas una semana después su amargo vaticinio se corporizaría en la silueta de Bruno Rodríguez, entrando exánime a su casa, llamando con mínima voz a su madre, cayendo desvanecido con el cuero desecho y la vida escapándose ligera por las tres heridas.

Bruno tenía 24 años y había caído acusado de robo en una celda de la comisaría segunda de Trelew. Esa noche vio lo que después dijo y que le dejaría la vida colgando de un hilo. Cortado a filo de hojas en la madrugada del 26 de marzo.

Esa noche también había otra celda ocupada. Un chico de 16 años que se atrevió a denunciar, muerto de miedo, que nueve policías lo habían violado como metodología apremiante, entre golpes y burlas. Bruno vio. Dijo que vio. Fue testigo y lo asumió. Amenazas, llamadas de pésame a su familia, una moto que lo persiguió y lo tiró a la calle con mensajes de advertencia: el terror le siguió los pasos con la misma pertinacia que a su compañero de naufragio en aquella noche fatal en la segunda de Trelew.

Como “testigo protegido” la Justicia y el poder político lo sacaron de Chubut. Mientras tanto, los datos que aportó serían comprobados uno a uno por las pericias.

Desde enero estaba lejos. Había comenzado otra vida. La puerta laboral se le abría pero necesitaba el DNI. Lo había perdido, como perdió tantas veces su propia identidad entre los escombros de una vida que pudo haber sido gloriosa. Cuidado, dicen, protegido, aseguran, volvió a Chubut por un día para hacer el trámite. Al final de ese día lo asesinaron. Estaba cuidado, dicen. Protegido por las instituciones.

Su muerte fue clavada en la conciencia social como el cuerpo del terror. Una advertencia colectiva. Un alien que se alimenta de impunidad.

La Justicia y el poder político comienzan, entonces, el camino de refugiar al pibe de 16, al que vejaron, al que tuvo el coraje y el alma bien puestos para denunciarlo, a su familia. Todos fuera de Chubut hasta el momento del juicio. Y los testigos, también. Así los monstruos tienen más territorio libre.

Para eso está el cuerpo del terror. Para eso está la muerte de Bruno.

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César Antillanca era “feliz”. “Todo lo que puede serlo un obrero con dos hijos hermosos”, le dijo ayer a APe. Hasta que el 5 de setiembre de 2010 le devolvieron a Julián muerto. Los nueve policías que según la Justicia no mataron a Julián sí golpearon brutalmente a los hermanos Aballay la misma noche. La Justicia fue salomónica: partió en dos el niño, como amenazó aquel rey. Y dejó un tendal de amargura sembrado por las calles. Esa acidez con que la impunidad quema la garganta.

Bruno ensangrentado, llamando a su madre y desvaneciéndose a sus pies es el más brutal fruto de la impunidad.

César Antillanca lo sabe y amasa cada día una gigantesca desconfianza en las instituciones. La terrible certidumbre del hijo muerto lo hizo otro. Lo transformó y lo engrandeció en el dolor. “Profundicé tanto que quedó desnuda la policía y la impunidad de los tres poderes”, dijo minutos antes de un encuentro donde se resolvería cómo reaccionar ante un golpe tan artero. Las pruebas y los testimonios que apuntaban directamente a la policía por el crimen de su hijo “fueron desestimadas”. Una testigo que vio, la sangre en el patrullero –las pericias en los laboratorios de la Corte determinaron que era de Julián-, “todo lo iban destrozando sin analizarlo y eran datos fundamentales para la acusación”.

Los policías Martín Solís, Jorge Abraham, Laura Córdoba y Paula Morales estaban acusados de homicidio agravado. Fueron absueltos. Carlos Sandoval, Analía Di Gregorio, Mario Bascuñán y Valeria Zabala y Gabriela Bidera (civil) estaban acusados de encubrimiento agravado. Fueron absueltos. El oficial Diego Rey estaba acusado de privación ilegal de la libertad, entre otros cargos. Fue absuelto.

“Fue un fallo netamente político”, dice Antillanca. Y extiende la responsabilidad a todo el territorio institucional, desde Mario Das Neves en adelante. “Hay un acuerdo entre la policía, la justicia y el poder político de Chubut que funcionan corporativamente y se protegen todo el tiempo”, repite.

Sabe que no será fácil lo que viene. El cuerpo de Bruno funcionará como la llave del terror. El testigo protegido murió de la manera más cruel. El muchacho vulnerable que con su palabra podía resquebrajar las instituciones se acabó con tres puntazos en el pecho. La testigo que vio a un patrullero tirando en la calle a Julián, ya sin un hilito de vida, fue señalada de “poco creíble”.

El miedo es un monstruo alimentado con sangre.

“Uno de los mejores neutralizadores del miedo –dijo Antillanca a APe- es la visualización del caso. Mostrarlo, viajar por la provincia, contar lo que pasó”. El carpintero y pintor de obra, el hombre anónimo como tantos que viven y mueren en este sur del mundo, se resignificó y se hizo otro. A golpes y a dolor. En una tierra donde se muere muy joven.

Donde Julián desnudó la cara siniestra de las instituciones en complicidad. Y Bruno quitó la sábana a los más atroces fantasmas. Ninguno de los dos tenía sueños de cambiar el mundo.

Pero sus muertes pueden transformar la parcela en la que vivieron.

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Argentina, Río Negro: Pueblos originarios. Violento desalojo a una familia Mapuche en El Bolsón

Elisa Ose (INFOSUR)

Treinta uniformados de la policía de Río Negro, desalojaron en forma violenta a una familia de la comunidad mapuche Tekel.

El pasado viernes 23 las 8 de la mañana alrededor de 30 uniformados de la policía de Río Negro , unos 15 operarios de la municipalidad de El Bolsón , se apersonaron en la lof Gurmecindo Valle de la comunidad mapuche TEKEL MAPU para desalojarla en forma muy violenta .

Aparentemente este desalojo fue ordenado por el Juez Calcagno, sin una notificación previa , ni a la familia afectada ni al abogado patrocinante.

Para ingresar los efectivos policiales cortaron el alambre de la tranquera.

Al momento del desalojo se encontraba en la casa la Ñaña Audelina Valle de 68 años quien se vio rodeada de policías y un gran revuelo de ambulancia y trabajadores municipales. En ese mismo instante dos de los nietos de doña Audelina de 13 y 9 años se dirigían a la escuela cuando asistentes sociales del Caf lo esperaban en el camino y se los llevaron a la escuela.

La abuela fue hospitalizada casi en forma inmediata por una descompensación propiciada por esta violenta situación.

Manuel Valle , relata que él cuando llegó a su casa se encontró con este gran operativo policial, su casa estaba desvalijada, toda desarmada. Además le desmantelaron un galpón, dos casas más, gallinero, el tendido de luz. Y todos sus animales (ovejas, chivas, chanchos, gallinas, pavos y gansos) fueron quitados del territorio.

Producto de la impotencia, Manuel se resistió y fue golpeado , esposado y detenido por la policía. Cuando le restituyen la libertad, él se entera que fue detenido por resistencia a la autoridad y terrorismo.

La Coordinación de la Ley 26160 de relevamiento territorial de Río Negro reunida con representantes y miembros de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche, Codeci y las comunidades mapuche: Tekel Mapu, Monguell Mamull, Leufuche, Futa Anekon, Cañumil, Quillahua, Las Huaytekas repudian este accionar por varias razones:

•el desalojo se dio en forma totalmente irregular desconociendo la ley que prohíbe los desalojos y que además estaba siendo relevada por Equipo Técnico Operativo de dicha ley,

•el desalojo se efectivizó sin notificar previamente a los principales afectados,

•el Municipio de El Bolsón tuvo una participación clave en este despojo de territorio Mapuche ya que puso personal a disposición para el procedimiento.

•no es la primera vez que se relaciona a integrantes del pueblo mapuche con el término “ terrorismo”.

Dada la gravedad de la situación se llama a la reflexión de estos hechos de injusticia que comete el Estado a través de instituciones como el poder judicial, municipios , policía siempre en contra de los derechos de las comunidades mapuche.

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Argentina. Vejámenes a excombatientes en Malvinas: El Chaco se suma al pedido para que sean declarados imprescriptibles

CHACO DIA POR DIA

Desde la Secretaría de Derechos Humanos aseguran que las tácticas utilizadas contra soldados argentinos fueron las mismas técnicas de terrorismo de Estado usadas durante la dictadura.

El gobierno provincial tramita un recurso para que los vejámenes y simulacros de fusilamiento a excombatientes chaqueños en Las Islas Malvinas, sean considerados delitos de lesa humanidad. El encargado de concretar dicha gestión ante la Corte Suprema de Justicia es el secretario de Derechos Humanos, José Luis Valenzuela, quien junto a letrados del organismo al que pertenece, se encuentra en Buenos Aires.

“Entendemos que las tácticas utilizadas contra algunos de los soldados argentinos, como metodología disciplinaria en las islas de parte de algunos oficiales superiores, fueron las mismas metodologías que utilizó la dictadura durante el terrorismo de estado”, aseguró el funcionario.

En este contexto, dio a conocer que una causa similar se inició en el 2007 en Tierra del Fuego, la cual tuvo un fallo favorable, pero la Cámara de Casación negó esta opción. A raíz de lo cual, la Corte Suprema es la encargada de resolver este tema, y es a partir de esta situación que la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco se presenta como querellante al considerar que lo ocurrido son crímenes de lesa humanidad.

Los pedidos ante la Corte Suprema

La Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires, acompañada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, realizó una presentación similar el martes pasado ante la Corte Suprema de Justicia para que considere “crímenes de lesa humanidad” y, por lo tanto, “imprescriptibles”, a las torturas que ex combatientes en Malvinas denunciaron que sufrieron por parte de sus jefes militares.

“La cuestión de la guerra de Malvinas no puede disociarse del régimen que la produjo: la dictadura militar. Ni sus métodos ilegales en el territorio continental de los utilizados en las Islas”, aseguró la Comisión.

Los representantes del organismo bonaerense, entre ellos el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, concurrieron al Palacio de Tribunales, y allí presentaron un recurso para ser aceptados como Amicus Curiae (amigo de la Corte) en la causa de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado con Gran Bretaña de 1982.

Esta iniciativa respalda el pedido efectuado días atrás por el fiscal general ante la Cámara Nacional de Casación Penal, Javier De Luca, quien solicitó al máximo tribunal que resuelva si las torturas y vejámenes denunciados por los soldados argentinos durante la guerra de parte de sus superiores deben ser considerados delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra.

La causa judicial contiene cerca de cien denuncias contra oficiales de las Fuerzas Armadas, pero la investigación quedó paralizada porque la Cámara de Casación sostuvo que los delitos habían prescripto.

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Argentina. Díaz Bessone: Sentencia histórica pero no ejemplar

INDYMEDIA

El Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 hizo pública este lunes 26 de Marzo la sentencia en la primera parte de la mega causa que investiga los crímenes cometidos durante la última dictadura militar en el Servicio de Informaciones (SI). Ramón Genaro Díaz Bessone, principal responsable vivo del plan represivo en Rosario y zona de influencia, fue condenado a prisión perpetua, al igual que el ex Oficial José Rubén “El Ciego” Lofiego. En tanto, los ex policías Mario Alfredo “El Cura” Marcote, fue condenado a 25 años, Ramón “El Sargento” Vergara a 12 años y José Scortechini a 10 años de prisión. Por su parte, Ricardo “El Cady” Chomicky fue absuelto, lo que generó un repudio generalizado e indignación en la querella que lo consideraba parte del aparato represivo.

La presidenta del TOF2, Beatriz Caballero de Barabani, fue la voz de la histórica sentencia, secundada por los jueces Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe. La misma fue el resultado de años de investigación, cientos de testimonios y el compromiso de las abogadas de las diversas organizaciones de derechos humanos que representaron a víctimas y testigos de las atrocidades cometidas en el SI en los años de la dictadura genocida. Con diferencias en torno a la valoración de la sentencia, un dato relevante es que los condenados deberán cumplir su pena en cárceles comunes y todos los delitos por los que fueron indicados como autores fueron considerados de lesa humanidad.

La primera condena leída fue para Díaz Bessone. El mendocino de 86 años, ex Comandante del II Cuerpo del Ejército, deberá cumplir prisión perpetua por los delitos de homicidio agravado por alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y para procurar su impunidad, en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad calificada contra 12 personas; en concurso real con el delito de homicidio agravado y de privación ilegal de la libertad en perjuicio de 40 personas, y asociación ilícita.

Para El Ciego Lofiego, también se dictó la perpetua. El hombre, de 62 años y ex oficial de la Provincia de Santa Fe, fue considerado responsable de los delitos de homicidio calificado por alevosía con el concurso premeditado de dos o más personas y para procurar su impunidad, privación ilegal de la libertad calificada y tormentos calificados por aplicarse contra perseguidos políticos. También por privación ilegal de la libertad y tormentos seguidos de muerte; y por privación ilegal de la libertad y tormentos calificados en perjuicio de 58 personas, además de cuatro privaciones ilegales de la libertad más y asociación ilícita.

“El Cura” o “Sátiro de la bufanda blanca” Marcote, de 62 años, señalado como violador de las presas políticas, recibió la pena de 25 años de prisión por 21 casos de privación ilegal de la libertad y tormentos, y cinco casos más de privación ilegal de la libertad, y asociación ilícita.

Fuerte repudio generó la sentencia contra “El Sargento” Vergara, suboficial de la policía provincial, quien sólo fue condenado a 12 años por 18 privaciones ilegales de la libertad y tormentos, y asociación ilícita. Del mismo modo, los 10 años para el ex policía Scortechini, indignaron a la multitud que acompañó la lectura de la sentencia.

El caso de “El Cady” Chomicki, mostró la necesidad de la unidad de las querellas para lograr las condenas, como así también que la justicia no avanza si no ve fuerzas aunadas en casos ejemplares, como el de este civil apuntado como colaborador directo de la cúpula represiva. Absuelto de los cargos por los que lo denunciaron las querellas de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones políticas y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, El Cady por la tarde ya estaba plácidamente sentado en el kiosco de Francia y San Luis, del que es habitué y donde cada noche, a metros de su domicilio, toma el aire fresco de la libertad.

Cabe recordar que este civil absuelto formaba parte de la militancia universitaria, declaró haber sido detenido y torturado, pero fue identificado por numerosas víctimas como partícipe del terrorismo de estado, secuestrando militantes y participando en las torturas. Chomicki intentó ubicarse como víctima a lo largo del juicio. No obstante, es un dato conocido que en su boda con la prófuga Nilda Folch, Agustín Feced fue el padrino. Además, tras la recuperación democrática y la apertura de los juicios a los genocidas, Chomicki no prestó testimonio ni ofreció información para el esclarecimiento de los crímenes. Asimismo, debe señalarse que en su alegato, embistió contra las abogadas de la querella, señalando a la letrada Gabriela Durruty como "la vocera de un grupito de militantes que afirman mentiras desde 1984".

El TOF2 calificó a todos los hechos probados como crímenes de lesa humanidad y también ordenó que los condenados cumplan sus penas en cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal. No obstante, Díaz Bessone, mantendrá la prisión domiciliaria, y será remitido a cárcel común "una vez que quede firme" la sentencia y "previo análisis de su estado de salud". Los fundamentos del fallo serán leídos el 29 de mayo próximo.

Más allá de la pertinente indignación que tiñó de un dejo de angustia el histórico fallo, es importante destacar que los protagonistas de esta causa volverán a sentarse en el banquillo de los acusados al elevarse a juicio la segunda parte de la ex causa Feced, hoy Díaz Bessone, donde se los juzgará junto a otros 10 represores por crímenes cometidos en el mayor centro clandestino de detención de la región, por el que pasaron unos 2000 presos políticos.

La sala y la calle

El acompañamiento popular que recibió este juicio desde su inicio se intensificó a la hora de la condena. En la calle, miles de militantes de un amplio abanico de organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, culturales y sindicales, vibraron con la lectura de la sentencia.

La emoción se sintió en los ojos de cada uno de los presentes, en sus labios tensos y en los puños apretados que se elevaron al escuchar “prisión perpetua”. Luego, llegaron los abrazos entre compañeros y compañeras que estallaban en llantos de satisfacción.

También se hicieron presentes autoridades y funcionarios del estado de todos los niveles. En el interior de la sala de audiencias, junto a testigos y querellantes y las Madres de Plaza 25 de Mayo, escucharon la sentencia el gobernador Antonio Bonfatti y su antecesor Hermes Binner, junto a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia provincial María Angélica Gastaldi, el Ministro de Justicia, Juan Lewis, y el de Gobierno, Rubén Galassi. Desde Buenos Aires arribó el Secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Piumato.

En la calle, la intendenta rosarina Mónica Fein acompañó la lectura de la sentencia frente a un televisor, junto con su Secretario de Gobierno, Fernando Asegurado. Y mezclado con los militantes de su partido, el Diputado Nacional del Frente para la Victoria Agustín Rossi, también festejó la condena.

Opiniones sobre el fallo

Sin dudas, lo más repudiado el lunes frente a los Tribunales Federales fue la absolución del civil Ricardo Chomicky. Antes de conocerse la sentencia, la testigo Ana Moro afirmó que “hay que condenarlo”. Según explicó, “él no era solamente un traidor, era un colaborador. Yo estuve detenida cuando él estaba ahí y directamente él era un colaborador, torturador y no puede salir sin condena. Él tuvo mucho tiempo para arrepentirse, para hablar, para contar. Pero en el alegato siguió demostrando lo que es”.

Stella Hernández, también testigo y querellante en este juicio, remarcó que el acusado no declaró como víctima. “Lo único que espero, y le digo a Ricardo Chomicky, es que cuente todo lo que sabe, que alivie el dolor de tantas familias que no saben dónde están los cuerpos y él lo sabe. Le pedimos ese gesto, ya que obtuvo una libertad inmerecida, que por lo menos limpie su conciencia y declare y cuente, aunque no sea ante un tribunal, qué pasó con los que están desaparecidos”, exigió.

“La libertad de Chomicky es lamentable”, sintetizó Alfredo Vivono, otra de las víctimas en este caso, para luego detallar que “más allá de que nadie lo vio entrar como víctima, él es responsable de muchos de los delitos que se cometieron en este lugar y no fue solamente una delación lo que él llevó adelante sino que además fue un colaborador, participó en la tortura”.

Carlos Pérez Risso, ex preso político, sostuvo su opinión en una anécdota personal: “Yo estuve con él y lo denuncio, porque se hace pasar por víctima al lado de un compañero al que le saca lo que él había podido callarse en el medio de la tortura. Se relaja y le cuenta al supuesto compañero (Chomicky), que aparece esposado y vendado a propósito, y le cuenta lo que había logrado ocultar. Ese compañero no está más”. Por ello, aseguró que “más allá de algunos conceptos respecto a víctima y victimario, creo que es tan culpable como los demás”.

En cuanto a la totalidad de las penas, las más duras fueron las Madres de Plaza 25 de Mayo. “Una burla más, esto es tomarnos el pelo”, fue lo primero que dijo Herminia Severini. “Estos jueces son vendidos. Esta justicia es una mierda, no sirve para nada”, afirmó. También se quejó de los términos que no utilizaron los jueces: “Ni hablan de genocidio, no saben usar la palabra, no la usan”. Verdaderamente enojada, Herminia aseguró que “esta no es la justicia para los genocidas, los genocidas tienen que estar presos el resto de su vida. Esto no es justo, esto no es justicia”.

Elsa “Chiche” Massa expresó que “para 36 años de lucha, para 30 mil desaparecidos, miles de asesinados, torturados, exiliados, me parece que merecían otra cosa”. Y recordó el juicio anterior, el primero de Rosario, en que se lograron todas condenas perpetuas: “No fue como el otro juicio, del otro salíamos exultantes. Esta vez, un poco decepcionada”.

Por supuesto, hubo quienes prefirieron ver el vaso medio lleno. “Yo quiero rescatar, porque sino parece que todo lo que hicimos no ha tenido valor, las dos condenas perpetuas de los máximos”, dijo Stella Hernández. “Yo creo que tenemos que festejar, hoy es un día de festejo”, aseguró, aunque también consideró que hay que “ir por más, porque todavía quedan las causas residuales donde están estos mismos tipos que hoy tuvieron condenas más leves”.

En relación a la parte residual de la ex causa Feced, Alfredo Vivono explicó que “la justicia trabó mucho la elevación de los juicios, hay una gran parte de este juicio que se va a llevar adelante en la segunda parte, donde hay muchos más imputados y de estos que estaban hoy algunos van a ser imputados en la segunda parte por homicidio, por eso hoy las sentencias fueron leves”. Sin embargo, estimó que el fallo del lunes fue “lamentable”. Aseguró que “si bien había tres casos, Vergara, Marcote y Scortechini, que no tenían en esta parte de la causa imputación de homicidio, les correspondía a Vergara y Scortechini la misma pena que a Marcote, de 25 años, porque la cantidad de testimonios era enorme. No entiendo por qué el tribunal falla de esta manera vergonzosa”.

Finalmente, Carlos Pérez Risso sostuvo que “más que la sentencia en años y cárcel efectiva, lo que me parece mucho más importante es que la sociedad en su conjunto los condene”. Además, agregó que es “importante que toda la sociedad considere que la dictadura oligárquico-militar sea asumida por todos y no por aquellos afectados directos, porque en realidad la sociedad en su conjunto fue afectada”.

Las debilidades de la sentencia, sin embargo, no pudieron opacar la alegría de muchos que ven en estas condenas, aunque leves en muchos casos, un avance. Los juicios, impensables hace años atrás, siguen generando esperanzas en víctimas, testigos y querellantes que sueñan con ver a todos los genocidas en la cárcel.

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Argentina, Chaco. Aprobado por unanimidad en la Legislatura: El gobierno deberá informar sobre el convenio con los Estados Unidos

CHACO DIA POR DIA

En la sesión de este miércoles, la iniciativa de Carlos Martínez tuvo pleno respaldo para que el Ejecutivo provincial responda al pedido de informes sobre el convenio que permitió la construcción del Centro de Emergencias en el Aeropuerto de Resistencia.

El paso legislativo pretende obtener claridad y obtener información acabada sobre el acuerdo celebrado por el gobierno provincial en abril de 2008, el monto donado por los Estados Unidos y el costo que tuvo la obra, y si este aporte fue efectuado por la Embajada del país del norte o el Comando del Cono Sur. Como así también las posibilidades y condiciones de personal estadounidense en el lugar.

En principio, el presidente del bloque oficialista, Ricardo Sánchez, intentó oponerse a la iniciativa impulsada por el legislador de Libres del Sur, Carlos Martínez. Pero éste le indicó que el tema había sido acordado en Labor Parlamentaria y que si insistía en la negativa de no aprobar el Pedido de Informes, demostraría la intención de que "había algo que ocultar".

Luego, cambió la posición del bloque oficial y la iniciativa se aprobó sobre tablas con el voto unánime de los diputados presentes en el Recinto.

El día, anterior, el ministro de Gobierno, Juan Manuel Pedrini, recorrió al mediodía la obra del Centro de Emergencias acompañado de medios locales. Uno de ellos le preguntó si el gobierno estaba dispuesto a responder un Pedido de Informes, y la respuesta del funcionario fue afirmativa. "No hay ningún problema en hacerlo", respondió. Ahora, el Ejecutivo tendrá la oportunidad - más allá de los cruces mediáticos - poner claro sobre oscuro en el citado convenio.

La opinión de Sergio Soto en el 2008

Poco días después de conocerse públicamente la reunión que había celebrado el Ejecutivo en Casa de Gobierno con la Unidad del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, el entonces dirigente de Ctera nacional se refirió a la misma señalando que “existe una intencionalidad clara de injerencia en la región”.

"El Secretario de Educación y Estadísticas de la CTERA Sergio Soto y referente de UTrE. CTERA – CTA, se refirió a la presencia de representantes del Comando Sur del Ejército de los EEUU, los cuales mantuvieran presuntamente días atrás una reunión, en la Casa de Gobierno del Chaco, con fuerzas locales de seguridad, referentes de Defensa Civil y aparentemente también con integrantes de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, diciendo que: “no puede pasar por alto esta presencia visto que está claro que –aunque de manera más adornada- existe una intencionalidad clara de injerencia en la región, más aún si se tiene en cuenta que existe un proyecto estratégico de control territorial, sobre los recursos naturales y monitoreo sobre la población, acciones todas desplegadas por estos grupos. Los ciudadanos tenemos el derecho de estar informados, no creemos que la presencia este apéndice del Ejército Imperial se encuentre solo con fines de brindar asesoramiento técnico y profesional para ayuda humanitaria en situaciones de emergencia y ante la eventualidad de catástrofes", sostuvo por entonces el hoy integrante del gobierno de Jorge Capitanich. Expresiones que fueron publicadas por CHACO DIA POR DIA.

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Argentina, Santa FE: Reforzarán seguridad tras amenazas a familiares de los militantes asesinados

TELAM - REDACCION ROSARIO

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe se comprometió este miércoles a reforzar la custodia de los familiares de las víctimas del triple crimen ocurrido en Rosario la madrugada del 1º de enero pasado, luego de que el Movimiento 26 de Junio, donde militaban los tres jóvenes asesinados, denunciara una serie de amenazas sufridas por los parientes de las víctimas.

Así lo anunció el referente del Movimiento 26 de Junio, Pedro Salinas, tras reunirse en la sede Rosario de la Gobernación santafesina con el secretario de Seguridad Comunitaria, Ángel Ruani, y el subsecretario de Coordinación de Proyectos, Osvaldo Laffatigue, áreas dependientes de la cartera de Seguridad provincial.

Según explicó a la agencia Télam el militante, durante la reunión se acordó la intervención de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) para el resguardo de familiares y testigos de la causa por el triple crimen.

También se avanzó en la intervención de las TOE en dispositivos de seguridad barrial y se acordó una nueva reunión, esta vez con el ministro de Seguridad de Santa Fe, Leandro Corti, para el próximo viernes.

El encuentro se produjo luego de que la Agrupación 26 de Junio, perteneciente al Frente Darío Santillán, denunciará que familiares de las víctimas del triple crimen recibieron amenazas directas de parientes de uno de los imputados, Ezequiel Negro Villalba, quien la semana pasada se entregó a la Justicia luego de permanecer casi tres meses prófugo.

“Los que amenazan a los familiares son los hermanos del Negro Villalba, con la complicidad de la comisaría 15ª”, acusó Salinas.

En esa línea, explicó que en la reunión de este miércoles pidió a las autoridades de Seguridad “la intervención de la comisaría 15ª” y reclamó remover de la misma “desde el comisario hasta el último sumariante”.

Los familiares y amigos de Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez, también les solicitaron a los funcionarios que “para el viernes la familia de Villalba esté fuera del barrio, que la relocalicen en oto lado y refuercen la protección de los familiares”, dijo Salinas.

Trasante, Suárez y Rodríguez fueron acribillados a balazos en la madrugada de Año Nuevo mientras esperaban a unos amigos en un canchita de fútbol de la Agrupación Deportiva Dorrego, en el barrio Moreno de esta ciudad, situado en la zona sur.

Según la investigación judicial que lleva adelante el juez Juan Andrés Donnola, los tres jóvenes fueron víctimas equivocadas de una venganza pergeñada por Sergio Quemado Rodríguez, cuyo hijo Maximiliano fue atacado a balazos unas horas antes del triple crimen, presuntamente por personas vinculadas a Ezequiel Villalba.

Donnola instruye la causa por el triple crimen así como la que se inició por la agresión a tiros a Maximiliano Rodríguez, en la que Villalba es uno de los principales imputados.

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Argentina. Ferrocarriles: TBA se opone a una pericia contable de los subsidios

INFOSUR

TBA se opuso a la realización de una pericia contable en el marco de la causa en la que se investigan las responsabilidades penales por el accidente en la estación de Once.

La empresa trenes de Buenos Aires (TBA) se opuso a la realización de una pericia contable en el marco de la causa en la que se investigan las responsabilidades penales por el accidente en la estación de Once de febrero pasado, donde murieron 51 personas.

El argumento de la empresa fue que todavía no se saben las causas del accidente y por ende, según ese criterio, todavía es prematuro endilgar a TBA responsabilidad alguna en el accidente, según dijeron fuentes judiciales.

La oposición de la empresa no modifica mucho las cosas, dijeron las fuentes. El juez, Claudio Bonadio, ya ordenó esa pericia y el estudio ya está en marcha. Refiere básicamente a los subsidios recibidos por TBA. La idea es determinar si fueron aplicados correctamente.

La iniciativa de la pericia contable había surgido inicialmente del fiscal Federico Delgado, quien también solicitó luego escuchar al titular de una ONG que acusó a los dueños de TBA de desviar dinero de los subsidios hacia empresas del grupo Cirigliano en Estados Unidos.

Además, el magistrado recibió del presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, tres informes críticos realizados por este organismo de control sobre el funcionamiento del servicio ferroviario, el último de ellos focalizado en TBA y las líneas Sarmiento y Mitre.

Tal como informó Clarín hace diez días, el empresario Claudio Cirigliano presentó abogado en la causa, al igual que otros directivos de TBA y de Cometrans, su controlante. Los abogados, según dijeron fuentes de la empresa, quisieron determinar si los directivos de las firmas tenían prohibida la salida del país, como había informado Clarín tras la disposición de Bonadío. El argumento era que no habían sido notificados y que se habían enterado de ello por la prensa. La misma medida rige respecto del ministro de Planificación, Julio De Vido.

Fuentes judiciales explicaron que no se notifica en estos casos al involucrado sino a las fuerzas de seguridad migratorias.

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Indignación en Bolivia por armas en vehículo de embajada de Estados Unidos

PL

La captura hace dos días de un vehículo de la Embajada de Estados Unidos con armamento y municiones en su interior multiplica hoy la indignación en Bolivia.

Una camioneta, detenida en Trinidad con tres escopetas, un revolver, dos mil 350 cartuchos, tres equipos de computación y una computadora en su interior, destapó el repudio de varios parlamentarios, quienes lo consideran un atentado a la soberanía nacional.

Algunos, incluso, claman por la salida del país de la Embajada estadounidense, entre ellos el senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Isaac Avalos, quien considera que "Estados Unidos sigue avasallando la soberanía de nuestro pueblo porque no se somete a las normas bolivianas ni las respeta".

"Si continúa así lo mejor es que se vaya definitivamente de Bolivia", protestó Ávalos, tras culpar al referido país de no cumplir los convenios entre ambas naciones, como el reciente Acuerdo Marco, que establece el respeto mutuo.

Se firmaron convenios a nivel de Cancillerías para mejorar las relaciones y combatir las drogas, pero no para manejar armamento de dudosa procedencia, insistió el legislador.

Avalos considera demasiado sospechoso que el traslado de armas y municiones se realizara en horario nocturno, en tanto el también senador por el MAS David Sánchez cree que arsenal encontrado tenía otro destino y no el alegado por la embajada estadounidense.

La misión diplomática de Estados Unidos asegura tener "un acuerdo con el Gobierno de Bolivia, bajo el cual la Policía Boliviana Nacional nos proporciona servicios de seguridad", alegaron funcionarios del norteño país.

En tanto insiste que "la transferencia de armas programada... fue debidamente informada a la Policía Boliviana...y esta transferencia era necesaria debido al próximo cierre de nuestras oficinas en Trinidad".

"Estos artículos estaban destinados a Santa Cruz, para su uso exclusivo por parte de la Policía Boliviana en nuestras instalaciones en esa ciudad. El transporte de estos artículos fue realizado por la Policía Boliviana", aduce una nota de la referida embajada.

En tanto el diputado Galo Bonifaz, también del MAS, relacionó las armas y las municiones con la novena marcha, prevista para abril próximo y confesó a la red PAT que "tal vez estaría destinado para ese sector".

La víspera estaba prevista en Trinidad una audiencia para ventilar el decomiso de la camioneta con las armas, pero se suspendió porque no se presentó nadie de la embajada estadounidense.

Un despacho de la Agencia Boliviana de Información (ABI) aseguró que una comisión del Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas, del ministerio Publico y abogados de la parte involucrada en el caso que se investiga se hizo presente en la Unidad Móvil para el Patrullaje en el Área Rural (Umopar), pero la audiencia no se concretó.

Según ABI, el fiscal Jaime Bladimir Malala Quiroga, asignado a este caso, manifestó que la audiencia fue suspendida por la falta de presencia de un representante legal de la referida embajada.

El hallazgo de las armas enfría aún más las relaciones entre La Paz y Washington, cuyas autoridades el gobierno boliviano culpa de injerencia en los asuntos internos del país.

En reiteradas ocasiones el presidente Evo Morales aseguró que "en el único país de América donde no existen golpes de Estado es en Estados Unidos porque no hay embajada de ese país", en franca alusión al papel que desempeñan las misiones diplomáticas estadounidenses.

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