miércoles, 4 de abril de 2012

Argentina. Afloran los límites del modelo: Un balance de los Economistas de Izquierda (Parte II)

EDI

Parte 2: Los problemas de la coyuntura

Desigualdad social y política tributaria

Los estudios oficiales intentan demostrar que “el modelo reduce la desigualdad”. Destacan que la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre se redujo de 37 a 16 veces (2003 -2010), que el índice Gini declinó de 0,54 a 0,39% y que la participación de los trabajadores en el ingreso mejoró de 34,5 a 44,9% (2003-2010). (24)

Estos cambios han seguido una pauta cíclica determinada por el nivel de actividad y los vaivenes del mercado laboral. Si se considera un período prolongado (y no la sesgada comparación tras el colapso del 2001) se verifica que el coeficiente Gini prácticamente no cambió entre 1994 y 2010.

Hubo un fuerte empeoramiento en el período 1994-2002 y una importante recuperación posterior, que sitúa el promedio actual muy cerca del vigente en 1995. No desconocemos la evolución de estos ocho años pero nos parece las comparaciones significativas hay que establecerlas con la marca histórica del “fifty-fifty” de los años 50 o 70, que se encuentran muy lejos de los resultados generados por el modelo en curso. (25)

En cualquier debate sobre este tema aparece la dificultad de los indicadores construidos con datos del INDEC, estos no tienen fiabilidad alguna desde el 2007. Las estadísticas sobre la distribución funcional del ingreso (división del producto entre salarios y ganancias) quedaron, además, discontinuadas desde 1975. Pero si se toma la distribución personal del ingreso que mide el Gini y la participación de los diferentes deciles de la población en el ingreso total se confirma la escasa variación en el largo plazo. La fractura entre clases medias/medias y altas y trabajadores de buenos ingresos que consumen y sectores bajos que subsisten no se ha modificado.

Existen otras formas de evaluar la desigualdad mediante contrastes de la evolución de salarios con el producto, las ganancias o la productividad. En este contrapunto la persistencia de la inequidad salta a la vista.

Parte de esa desigualdad que señalamos son las dificultades que encuentran los sectores populares para acceder a servicios de educación, salud y comunicación de calidad. Un párrafo aparte merece la situación de la vivienda. Durante estos años han aumentado los emprendimientos constructivos, pero los episodios del Parque Indoamericano o los de Jujuy y Formosa han dejado en evidencia la insuficiencia de los mismos.

La comparación con los balances de las empresas que cotizan en Bolsa es más chocante aún. La rentabilidad empresaria superó los niveles previos a la devaluación en un 90%, se duplicó en el período 1996-2008 y se mantuvo elevada incluso en la caída recesiva del 2009. Algunas estimaciones destacan que las ganancias promediaron en el inicio del modelo (2002-06) un 35,8% frente a 23.9% de la convertibilidad. (26)

Quiénes integramos EDI sostenemos que la desigualdad no puede reducirse en forma significativa sin tocar esas ganancias. Suponer que ambas pueden progresar simultáneamente, aumentando así el bienestar de todos los actores económicos es una ilusión tan inconsistente, como la teoría neoliberal del derrame. Se ignora que el sistema del capital se basa, y es a su vez la fuente, de las desigualdades sociales.
Los propios “representantes del pueblo” recrean abiertamente la desigualdad cuando se auto-otorgan aumentos de dietas legislativas, que obviamente nadie toma como parámetro para las negociaciones paritarias. El escándalo que suscitan esos privilegios suele oscurecer que el epicentro de la brecha social se ubica en el sector privado, dónde hay gerentes con sueldos mensuales de 2 a 10 millones de pesos. Es una hipocresía justificar estas remuneraciones con argumentos de libertad en el sector privado. Todas las empresas surgieron y operan mediante el sostén directo o indirecto del sector público. La desigualdad que se proyecta al Estado proviene del mercado.

En muchos de los economistas oficialistas se ha consumado un giro conservador para justificar esta continuidad, han naturalizado que el IVA se mantenga en los altísimos porcentajes actuales, mientras persisten gravámenes muy reducidos al patrimonio. Ni siquiera se modificó el régimen de exención a la renta financiera, los privilegios a la compra-venta de empresas o la exención del impuesto a las ganancias a los magistrados. Afirman que la reforma impositiva se ha ejecutado de hecho, mediante el crecimiento económico, la presión tributaria y la creciente participación del comercio exterior en el pago de distintas tasas. Esta tesis sintoniza con la presentación del mínimo imponible a los salarios como un acto de justicia. (27)

Pero este enfoque iguala para abajo y frustra cualquier reducción de la desigualdad. En vez de penalizar a los ricos se justifica el achatamiento de ingresos de los sectores medios. Los viejos cuestionamientos a la estructura tributaria regresiva son olvidados en pos de un bienestar que surgiría del simple funcionamiento del modelo.

Por el contrario para quiénes integramos EDI las brechas sociales comenzarían a atenuarse con una reforma que instaure una mayor progresividad tributaria y con una asignación transparente y efectiva, sin mediaciones políticas punteriles, de los mayores recursos genuinos que se recauden.

¿Cual es el sentido de la sintonía fina?

El gobierno ha decidido enfrentar las limitaciones del modelo con políticas pro-empresariales de incentivo a la inversión privada. Por esta razón la presidenta emite mensajes de colaboración a los socios capitalistas y convocatorias al reencuentro a los sectores antes enfrentados. Esta postura amigable hacia sojeros, industriales y banqueros coincide con agresiones a los sindicatos y advertencias a los movimientos sociales. Las promesas de modificar la ley de riesgos de trabajo convergen con las críticas a los huelguistas que “extorsionan”.

El objetivo de esta reorientación es sustituir el impulso que hasta ahora brindó la demanda, por la inversión. Esta variable quedó desfasada de los restantes componentes del desenvolvimiento capitalista. Aunque subió de un ínfimo piso (11% en 2002) a un promedio significativo (23-24% en 2010-11), la mejora no alcanza para sostener el nivel de actividad de los últimos años (28). Se ha trabajado al límite de la capacidad instalada de las plantas, exprimiendo los recursos existentes y sin ampliarlos con emprendimientos de largo alcance. Por esta razón los aumentos de productividad obedecen más a la subsistencia de elevados niveles de explotación que a la renovación de los equipos. Muchas estimaciones destacan que la actividad industrial usufructuó en la última década de las inversiones acumuladas en el decenio anterior. (29)
El gobierno ha chocado con la sucesión de conflictos que generan las políticas estatales en las decisiones empresarias. Por un lado se exhorta a incorporar libremente capital en las firmas y por otro se limita la posibilidad de girar dividendos y regalías y se trata de frenar la fuga de capitales. Por un lado se estimulan el consumo y la producción y por el otro se fijan cupos de importaciones y se negocian precios. Estas contradicciones no son resultantes de una perversión intervencionista, ni tampoco ejercicio del doble discurso, como aseguran variados gurúes neoliberales. Estas contradicciones son el resultado objetivo de los desequilibrios que enfrenta la economía nacional. El gobierno simplemente afronta necesidades opuestas. Debe inducir la inversión para incrementar la oferta y frenar el alza de precios y al mismo tiempo debe intervenir para limitar el desbarajuste energético o el desbalance comercial.

Esta mayor intervención estatal es maliciosamente interpretada como un acto de hostilidad hacia los empresarios (“enfrentamientos con las corporaciones”), cuando en realidad no es más que una típica forma de arbitraje, para asegurar la continuidad de la actividad económica fomentando ciertas ventajas y afectando algunos privilegios. Como siempre ha ocurrido, el silencio complaciente de los beneficiados contrasta con la ruidosa queja de los desfavorecidos. El primer grupo alaba la recuperación del poder estatal y el segundo despotrica contra la violación del libre-mercado.

El gobierno presenta su gestión como equidistante de los trabajadores y los capitalistas. Pero es muy difícil sostener esta argumentación cuando se ensaya un giro pro-empresario que, de sostenerse en el tiempo, alejaría al oficialismo de la agenda progresista. Se declara prescindente en la negociación colectiva de los salarios, pero ha intentado imponer un tope. No se conoce algo similar en relación a la rentabilidad de los empresarios. La legitimidad de las ganancias no es puesta en duda por un gobierno que rechaza las demandas de la CGT (ley de distribución de las ganancias, aumento del mínimo no imponible, ampliación de las asignaciones familiares) y se niega a considerar el costo de la canasta familiar como base para fijar el salario mínimo o en una negociación salarial. El insulto a los docentes -repitiendo viejas falsedades de la derecha sobre la jornada laboral y las vacaciones- como antes con la “tendinitis” a los trabajadores del subte o la acusación de extorsivas a las huelgas, forman parte de esta estrategia.

La denominada “sintonía fina” encubre este mayor favoritismo hacia las clases dominantes. Incluye la implementación de medidas que no tienen la envergadura de un ajuste brutal, como en el 2001-02, ni tampoco el alcance de la agresión imperante en Europa en la actualidad, pero que frenan la continuidad de mejoras sociales que alientan los partidarios de la “profundización”. El modelo inaugurado en el 2003 ha ingresado en una nueva etapa, tal vez caracterizada por una línea defensiva frente al posible impacto de la crisis mundial y el agotamiento de ciertas variables internas, cuyas tendencias al menos hasta ahora se contradicen con el fuerte apoyo político del 54% obtenido en las elecciones.

Inflación por ganancias y presión cambiaria

La inflación concentra todos los desequilibrios de la etapa actual, pero la manipulación de los índices impide conocer su magnitud. Las evaluaciones técnicas que se han hecho del manejo del INDEC arribaron a conclusiones demoledoras sobre esa distorsión. Si se toma en cuenta la evolución de los precios calculada por los institutos provinciales, el incremento osciló en el 2010 y 2011 en torno al 25%. Pero el principal problema no radica en el cómputo sino en el propio fenómeno inflacionario, que se ha estabilizado muy por encima del promedio internacional o regional.

La carestía provoca un deterioro de los ingresos populares que socava las mejoras salariales y de ingresos sociales. Este impacto ha sido muy significativo en alimentos y vivienda y comienza a extenderse a los servicios. La carestía neutraliza la asignación por hijo y tiende a situar nuevamente el porcentaje de la pobreza en torno al 30% y la indigencia cerca del 15%. (30)

Muchas causas se conjugan para producir el resultado inflacionario, pero los precios esencialmente aumentan para mantener las altas tasas de rentabilidad de las grandes empresas. Esta es la principal razón del flagelo. Los grupos capitalistas más concentrados aseguran beneficios con remarcaciones que sólo ellos pueden disponer. La inflación actual no obedece como en el pasado al quebranto fiscal (como sostienen los neoliberales), ni expresa una pugna distributiva (como piensan algunos economistas K). Refleja fuertes restricciones de la oferta por insuficiencia de inversiones en un período de alta rentabilidad empresaria.

Los precios son empujados hacia arriba por una baja provisión de productos frente a una demanda recompuesta. Resulta imposible satisfacer con la misma capacidad instalada los nuevos pedidos de compra. La inflación muestra así cómo el modelo, a pesar de todas las prebendas otorgadas, no logra expandir el abastecimiento de mercancías.

Existe una crítica liberal a este resultado que enfatiza el impacto adverso de la intervención estatal sobre el comportamiento de los precios. Esta postura da lugar a una andana de insultos contra el secretario de comercio, que se ha convertido en el principal blanco de la presión mediática. El objetivo de la campaña anti- Moreno es recrear un ambiente favorable a la “libertad de precios”, es decir a la impunidad de las grandes empresas para remarcar sin ninguna restricción. Cualquier planteo progresista debe situarse en las antípodas de esta actitud, sin olvidar que ha sido Moreno el que destruyó el sistema estadístico nacional y los cuadros profesionales y técnicos, formados por el Estado durante décadas y que gozaban de prestigio y respeto internacional.

Desde hace varios años el gobierno intenta infructuosamente atenuar el ascenso de los precios, a través de negociaciones con las cúpulas empresarias. Los capitalistas prometen pero nunca cumplen. Disfrazan los incrementos o los distribuyen en distintos puntos de las cadenas de comercialización. Algunos economistas K suponen que esta distorsión se auto-corregirá mediante la continuidad de un alto consumo que arrastrare a la inversión. Pero aquí aflora una ingenuidad simétrica al imaginario neoclásico, que espera ampliaciones automáticas de la demanda por un efecto expansivo de la oferta. Con la versión invertida de la teoría del derrame se supone que los capitalistas responderán a la continuada corriente de compras con espontáneas inversiones, sin evaluar riesgos o rentabilidades.

La nueva apuesta oficial se orienta a inducir una baja paulatina de la inflación, mediante topes salariales que induzcan a la inversión. Pero hasta ahora los grupos formadores de precios mantienen una actitud conservadora, que no modificarán por el simple efecto de las exhortaciones.

Sostenemos que la batalla contra la inflación no fracasa por exceso de controles, sino por el carácter timorato de esa supervisión. Un programa popular de superación del flagelo inflacionario debería basarse en presupuestos más realistas. Para nosotros el control debe hacerse especialmente sobre los costos de producción y de intermediación. Esta acción también requeriría asegurar la desvinculación de los precios locales de las cotizaciones internacionales.

Como la inflación se ubica por encima del 20% y la valorización anual del dólar no supera el 7, tal vez el 10% este año, se ha consumado un desfasaje que genera tensiones cambiarias. Más que un “retraso del tipo de cambio” se ha producido un “adelanto de la inflación”. Este tipo de brechas arrastra una larga historia en Argentina y frecuentemente acompañó las etapas de recuperación pos-devaluatoria.

Recordando estas experiencias llueven las advertencias contra la repetición de la tablita de Martínez de Hoz o la convertibilidad de Cavallo. El establishment propone equilibrar el precio del dólar con las tradicionales medidas de empobrecimiento de la población. No invierten, pero se lamentan del “deterioro de la competitividad”. No mejoran el abastecimiento local, pero objetan el control de las importaciones que ejerce el gobierno para resguardar los dólares.

En diciembre pasado se verificó la primera pulseada para definir cuál será el ritmo y la magnitud del ajuste cambiario. Los grandes grupos exigieron celeridad, el gobierno rechazó esta imposición y ganó la pulseada, con medidas de corto plazo respaldadas en el alto nivel de las reservas. Fijó restricciones a la compra minorista de dólares, restauró la obligación de las empresas mineras y petroleras de liquidar localmente las divisas de las exportaciones e introdujo ciertos controles impositivos. También evaluó la posibilidad de recrear los viejos desdoblamientos del mercado cambios, entre operaciones comerciales, financieras y de turismo. Esta posibilidad está latente si la Cuenta Corriente (ingreso y salida de divisas) viera declinar su superávit en forma significativa.

El modelo está afectado por una fuga estructural de capitales, que se verifica en la casi duplicación de las salidas del 2010 (21.500 millones de dólares frente a 11.400). Esta sangría ya suma 87.380 millones desde 2003, es decir un monto muy relevante frente a reservas que totalizan algo más de 47.000 millones.
La salida de fondos triplica a las de Brasil o México. Ya hay 134.000 millones de dólares en el exterior frente a un PBI estimado en 430.000 millones. Esta cifra ha crecido en forma constante desde el 2001 cuando era de 81.875 millones. (31)

Como en otros gobiernos, se intenta contrarrestar la fuga con medidas administrativas (declaraciones juradas de operaciones) y convocatorias a la “confianza en el país”. Pero la inefectividad de estas respuestas salta a la vista. Las transferencias tienden actualmente a incrementarse para compensar los efectos de la crisis europea. Se estima que 6000 millones de dólares salieron el año pasado por pedidos de las casas matrices a sus filiales. Por esta razón la reinstauración de restricciones a la remisión de utilidades se ha tornado impostergable. Amparados en 50 tratados bilaterales de Inversión (TBI) que permiten el libre flujo de fondos, las compañías manejan el movimiento de capitales a su arbitrio, sin ninguna restricción efectiva.

Algunos economistas afines al kirchnerismo solicitan restaurar la legislación de los años 70, que establecía plazos mínimos de inmovilización de fondos, otorgando al Estado facultades para bloquear los giros en situaciones críticas. Pero hasta ahora el gobierno no se atrevió a implementar una elemental medida de resguardo nacional.

Fisco, deuda, bancos

El superávit fiscal que acompañó durante varios años al modelo ha quedado atrás y comienza a reaparecer el viejo desbalance que tradicionalmente acosó a las finanzas públicas. Sin los auxilios del BCRA y los intereses del Fondo que administra la ANSES, las cuentas oficiales cerrarían con un rojo creciente

Las agudas complicaciones que enfrentaron varias provincias (Santa Cruz, Rio Negro) para pagar sueldos o cumplir con los contratos son ilustrativas del bache fiscal. El Estado nacional monopoliza el 70% de la recaudación y gotea en forma discrecional los fondos excedentes. El financiamiento público con ahorros del ANSES es una bomba de tiempo. Descapitaliza a un organismo que debería afrontar ante todo la mora en la liquidación de las jubilaciones. Diariamente esa institución recepta más de 500 demandas por incumplimiento de esa obligación. El gobierno afirma que maneja con seriedad esos recursos, pero en los hechos ha bloqueado la difusión de 211 informes de la Auditoría General de la Nación.

La magnitud del problema fiscal salió a flote con el plan de recorte de subsidios a los concesionarios de servicios públicos. El déficit generado por esos pagos y las transferencias a las empresas crecieron en forma exponencial desde el 2003, bajo una maraña inmanejable de disposiciones.

No es consistente la presentación oficial de estas erogaciones, como una exigencia del período pos-convertibilidad para sostener el consumo con bajas tarifas. Estos precios auxiliaron también durante años las residencias de la clase alta y actividades tan suntuarias como los hipódromos y los casinos. En los hechos simplemente se mantuvo el esquema de privatización menemista para prorrogar los compromisos contraídos con los concesionarios.

La decisión posterior de “argentinizar” estas erogaciones con transferencias a empresarios amigos acentuó el despilfarro de recursos. El Estado perdió fuentes de recaudación y garantizó duopolios (como telefónica y Telmex que eludieron la prestación universal). Las ventas de paquetes accionarios a grupos nacionales (como el ingreso de Electro-Ingeniería a Metrogas) no aportaron ningún beneficio al sector público. (32)

Frente al crítico escenario actual el gobierno ha decidido achicar las pérdidas que ocasionan los subsidios, reduciendo los mismos con un previsible impacto en las tarifas. Las boletas de electricidad, gas y agua que llegan a los barrios de altos ingresos con incrementos de 150-400% ilustran las consecuencias que podrían tener aumentos significativos de las tarifas.

Seguramente el ajuste será gestionado con tanteos y evaluaciones de la reacción popular y por esta razón el anuncio inicial de mantener las viejas tarifas para el 10-15% de la población fue posteriormente extendido al 65%. Pero si es así el déficit persistiría y habría que recortar por otro lado.

Los funcionarios diseñan planes para diferenciar las tarifas asistenciales, que se mantendrían invariables de los nuevos precios que afectarán al resto de la población. Pero en el caso del transporte es evidente que no sólo los receptores de ayuda social requieren el subsidio. Es una necesidad de la mayoría de los pasajeros para ir a trabajar. Los ministros hablan todo el tiempo de “ajustes redistributivos” pero sin aclarar nunca cual es el costo de los servicios que obligaría a introducir los aumentos. Este secreto es resguardado de cualquier auditoría, para ocultar los enormes lucros de los concesionarios.

El desbalance fiscal induce a muchos funcionarios a reconsiderar la opción del endeudamiento. La deuda pública bruta del Estado en 2011, computando los intereses adeudados al Club de París y el monto de los bonistas que no aceptaron el canje, ronda los 188.000 millones de dólares, un 44% del PBI. Un 40% de ese monto está pesificado y en gran medida circula dentro del propio sector público. Aunque esta gravitación de la deuda inter-estatal transfiere el riesgo al sistema previsional, existe una significativa reducción de la carga en relación al producto, las exportaciones o las reservas. Si se considera la deuda “exigible”, esto es la expresada en moneda extranjera en manos de privados y organismos, esta en el orden del 13% del PBI. También los pagos de intereses son muy inferiores a la media del pasado o a la hipoteca que actualmente enfrenta cualquier país desarrollado. (33)

Sin embargo los servicios de la deuda de este año alcanzan a 15.000 millones de dólares, los vencimientos de capital se refinanciarán y los intereses de la parte de deuda en moneda extranjera se pagaran con reservas. Cuando la presidenta justifica la inexistencia de inversiones públicas por los pagos que heredó el Estado de esa catástrofe (19.641 millones de dólares en BODEN 2012), está justificando una erogación que deberían haber soportados los bancos responsables del corralito.

Alertamos que el re- endeudamiento implicaría retomar el ciclo que tantas veces asfixió a la Argentina, sería por demás contradictorio con el planteo oficial de “desendeudamiento”, que utiliza divisas del Banco Central para cancelar compromisos externos.

Los injustificados egresos que afronta el Estado se reducirían anulando las concesiones de servicios públicos y los ingresos adicionales que requiere el fisco podrían surgir de una reforma impositiva progresista. Esta solución ha sido hasta ahora ignorada por el gobierno que se debate entre la alternativa de cortar gastos con ajuste o mantenerlos con nueva deuda y mayores adelantos del BCRA. Así hay un fuerte debate en su interior sobre el rumbo a seguir. El retorno al mercado financiero es tanteado desde hace meses con aproximaciones al FMI y negociaciones de la deuda pendiente con el Club Paris. Este pasivo trepó, sin ninguna justificación, de 2260 millones de dólares a unos 8.000, si se computan los intereses devengados. Pero repitiendo la cancelación anticipada al FMI se discute pagar toda la cuenta, sin realizar ninguna revisión de un pasivo que mayoritariamente fue contraído por la dictadura y está muy sospechado. (34)

El chisporroteo que opuso al gobierno con los economistas del establishment sobre la forma de encarar esos pagos, usar reservas o ajustar el presupuesto, se ha reactivado con la reciente reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La derecha ha puesto el grito en el cielo por este cambio afirmando que pretende financiar el bache fiscal con emisión. Exigen retomar una estricta correspondencia de los pesos en circulación con las reservas en divisas, pero jamás tuvieron esta disciplina cuando gobernaron y el rigor que demandan ahora obedece al interés de los acreedores, que buscan asegurar sus cobros con mayor respaldo del Estado en moneda extranjera.

La estricta proporción que exigen para la emisión no es un antídoto de la inflación, en la coyuntura actual la carestía tiene raíces más estructurales que monetarias. Ese peligro efectivamente reaparecería si la persistente carencia de inversión conduce a un desborde de monetarización del gasto público.

La propuesta oficial parte de erradicar una rémora de la dictadura ligada a la idea de la convertibilidad, aunque ha negado la erradicación de otra rémora, la Ley de Entidades Financieras aún vigente. En concreto la reforma amplía la disponibilidad de fondos que el BCRA puede transferir a la Tesorería, tanto para el pago de deuda como para tapar baches financieros. Pero en los últimos años esta flexibilización se ha instrumentado en la práctica sin ningún cambio de legislación. Un objetivo central para el gobierno es ampliar el bajísimo nivel de préstamos de largo plazo - y poder orientarlos- en un marco de alta liquidez con el fin de ampliar el financiamiento del Estado.

Al cabo del proceso de reorganización del sector financiero que siguió al 2001, la concentración de la actividad bancaria se ha incrementado. De las 400 entidades que había en los años ‘70 sólo quedan 90 y las primeras 12 manejan más del 50% de los créditos y depósitos. La depuración del sistema se ha consumado, pero la expansión crediticia no se vislumbra por ningún lado. Los bancos realizan excelentes negocios con tarjetas para sostener el consumo, pero no aportan préstamos hipotecarios. Han amasado enormes utilidades en los últimos años mediante operaciones de intermediación y manejo de la deuda pública. Pero el porcentaje del crédito en relación al PBI se reduce al 12% (frente al 45% de Brasil). (35)

La reforma del BCRA también intenta reactivar el crédito con algunas regulaciones, resaltando la vigencia de un giro internacional hacia mayores supervisiones. Pero lo que ha imperado en Europa y Estados Unidos desde el 2008 es un generalizado socorro a los banqueros con fondos públicos, que no debería ser tomado como referencia para ningún cambio del sistema.

En cualquier caso, los problemas que enfrenta el modelo en la esfera productiva no serán resueltos con artilugios monetarios. La iniciativa se ubica, además, muy por detrás de otra propuesta oficialista de anular ley de entidades financieras vigente, para asignarle a la actividad financiera un status de servicio público.

Para los Economistas de Izquierda es indispensable ampliar la autonomía monetaria, pesificar la economía y recrear el crédito. Pero estos requerimientos están obstruidos por los desequilibrios estructurales del modelo actual. La mayor flexibilidad en el uso de reservas que habilita la reforma debiera utilizarse para respaldar proyectos productivos y no el pago de la deuda. La suspensión unilateral de los pagos y la auditoría e investigación de la deuda es una propuesta que mantiene su vigencia, que debiera ser acompañada por las medidas de nacionalización requeridas para comenzar así a forjar el sistema bancario que necesita el país.

Ver también:
- Argentina. Afloran los límites del modelo: Un balance de los Economistas de Izquierda (Parte I)
http://www.argenpress.info/2012/04/argentina-afloran-los-limites-del.html

Notas:
24) Navarro Roberto, “Una mejora de distribución”, Página 12, 31-1-11.
25) Lindemboin Javier, “El reparto mejora y está como en 1995”, La Nación, 15-5-2011. También La Nación, 20-9-2011
26) Ver Tavosnaska Andrés, “Ganan como nunca y no reparten”, Página 12, 14-9-10.
27) Página 12, 6-2-2011 y 24-4-2011.
28) Página 12, 5-3-2012.
29) Página 12, 30-5-2011.
30) Clarín, 3-10-10.
31) Clarín, 4-7-2010, Página 12, 30-8-10.
32) Ver Clarín, 29-12-10.
33) Página 12, 18-9-2011.
34) Clarín, 18-9-10
35) Página 12, 15-8-10.

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Las máscaras del poder permanente

Andres Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

A más de 36 años del comienzo de la última dictadura cívico militar el poder permanente se encubre con diversas máscaras.

“Los famosos documentos “SANTA FE I y II”, elaborados por los consultores y escribas de Ronald Reagan, plantean con total claridad la división entre lo que consideran el “poder formal”, asignado a las diversas gestiones gubernamentales, y el “poder permanente” representado por el poder económico, el poder militar y el poder judicial. El poder “formal” puede sufrir deterioros, desgastes y alternancias. Lo que debe permanecer como incólume y sagrado es el poder “permanente”, sentencia Norberto Olivares (1).

En la Argentina los antifaces de la formalidad ocultan oscuros intereses.

Basta revisar diarios, agencias e interpretar los dichos oficiales para que las evidencias surjan claramente.

¿Es pura casualidad que Cristina Fernández reprenda a los docentes santafesinos minutos antes de firmar acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2)? ¿Qué quiere expresar la presidenta cuando afirma que “no hay mejor defensa de la escuela pública que dando clases”? Como repetía Paulo Freire: no se trata de enseñar sino de aprender con reciprocidad. Dar clases- a mi modesto entender- es la lógica dominante en muchas generaciones de funcionarios y docentes que conciben a la educación como el acto de depositar contenidos en cabezas vacías.

Argentina recibirá del BID créditos por 718 millones de dólares destinados a “programas de servicios agrícolas provinciales, programas de mejoramientos de barrios y para infraestructura productiva y turística de Río Negro”. Otros 200 millones de dólares prestados por China irán a repavimentar rutas, construcción de cloacas y tratar aguas servidas en el Gran Buenos Aires (3).

Para comprender las “buenas intenciones” del “poder formal” y las decisiones de Cristina Fernández tal vez un extenso párrafo de James Petras resulte categórico: “Hace años yo estuve en Washington entrevistando a funcionarios del BID y uno entiende varias cosas a partir de eso. Una es que por ejemplo si uno analiza el directorio del BID, los Estados Unidos tiene una representación desproporcionada y no hay ninguna propuesta del BID que no tenga que ser aprobada por los Estados Unidos En otras palabras, todos los préstamos que el BID hace están condicionados por las políticas económicas de los Estados Unidos. Por eso muchos países tienen reservas en llegar a acuerdos con el BID. Porque por ejemplo durante la época de la primavera del neoliberalismo, cuando Menem, Cardoso y todos los demás gobernantes entreguistas estaban en el poder, el BID consiguió financiar muchos proyectos que facilitaron la entrega de las empresas. En otras palabras, el BID forma parte del triángulo Fondo Monetario- Banco Mundial y BID. Mientras el Fondo Monetario hace políticas totalmente condicionadas por las ventajas que consiguen los capitalistas externos, el BID a veces financia proyectos para aminorar, limitar el daño social. Hay que ver la política del BID como complementaria con la depredación del sector privado. Porque muchas veces las políticas del Fondo Monetario hacen un impacto muy desastroso sobre los sectores populares, por ejemplo las privatizaciones que resultan en despidos, desocupación, limitaciones sobre el mercado de trabajo. Entonces el BID entra con un proyecto de préstamo para generar algún empleo de los desubicados (…) Yo no critico el proyecto en sí, pero hay que verlo en un contexto más amplio: el BID simplemente complementa los negativos efectos de sus socios. Es como el buen policía y el mal policía. El policía malo te golpea y el policía bueno viene a decirte que el otro es cruel pero “yo te voy a ayudar (4)”.

Asimismo, después de reunirse con la presidenta de Argentina en la Casa Rosada el nuevo Vicepresidente del Banco Mundial (BM) Hasan Tuluy aseveró: “El Banco Mundial tiene en la Argentina actualmente programas en ejecución por 7.000 millones de dólares y existen sujetas a aprobación otros 3.000 millones de dólares”. Para Tuluy “nuestra presencia en la Argentina abarca varios sectores, pero siempre con un mismo foco, promover mayor inclusión social y generar proyectos innovadores (5)”.

Heinz Dieterich - en efecto- viene bien: “El orden mundial, creado a la imagen de los vencedores de 1492, constituye hoy día un régimen internacional, cuya cúspide de poder político, económico, cultural, social y militar se encuentra en manos de una pequeña oligarquía internacional (6)”.

Y cuando de “inclusión e innovación” se refieran… Dieterich sostiene: “La educación básica de 9 años no es necesaria para los 200 millones de jóvenes latinoamericanos (7), sino sólo para una minoría del 30 al 40 por ciento de la población económicamente activa. El problema del Banco Mundial consiste precisamente en idear instrumentos que permitan institucionalizar ese tipo de sistema educativo dicotómico que, por una parte, proporcione el “capital humano” indispensable para las necesidades laborales del capital global y, por otra, afecte lo menos posible sus ganancias, es decir, tenga un alto coeficiente de costo-beneficio (6)”.

En síntesis, el BM y el BID (ambos promotores del Consenso de Washington y adalides del poder permanente) continúan diseñando muchas de las políticas de la “gobernabilidad” K. Ya no intervienen con sus expertos de modo crudo y directo; sino que prescriben como abordar las cuestiones sociales en la plutocracia.

Borzese, Gianatelli y Ruiz señalan: “Se reconoce post-consenso de Washington la necesidad de encarar reformas institucionales. Para ser más precisos con lo que éstas significan, podríamos decir que son reformas de “instituciones para los mercados”. El rol del Estado en estas reformas tiene que ver con propiciar la generación de nuevas normas de comportamiento dentro de una sociedad para disponer de un marco institucional adecuado al nuevo mundo globalizado (8)”.

Si la “Operación Claridad” de la última dictadura cívico-militar sugería “infiltrar CTERA”; hoy ya no hace falta. Después de la cínica descalificación de la Presidenta Fernández de docentes y profesoras la Junta Ejecutiva de CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) vuelve a ratificar las palabras de José Saramago: ““El sindicalismo está domesticado y esa ha sido la gran operación del sistema capitalista: la domesticación (9)”. El 23 de marzo en el Hall de acceso del Ministerio de Educación, Alberto Sileoni, Stella Maldonado y Aldana Díaz descubrieron una placa recordando a educadores y estudiantes desaparecidos entre 1976-1983 (10).

Lindo gesto. Pero esa “formalidad” no consigue disimular los colmillos de los lobos asesinos del poder permanente y sus gerentes…

Stella Maldonado (CTERA) agradeció - en ese acto oficial- “en nombre de Ctera al ex presidente Néstor Kirchner, porque milicos y civiles cómplices empiezan a estar presos (10)”.

Sra. Maldonado: relea el listado de empresas firmantes del acuerdo previo a la Ley de Educación Técnico-Profesional Nº 26.058 y verá que ni un tantito así de “civiles” fueron “presos” en esta Argentina capitalista.

Por más que CTERA predique los ideales de Francisco Arancibia parece que algunos escritos de Eduardo Rosenzvaig quedaron en el olvido: “En el centro estaba el dibujo raíz de su vida: defender la escuela estatal contra el Estado. Parecía incomprensible, pero así como la escuela era según el maestro, también el Estado es según los intereses de quienes gobiernan (11)”.

En definitiva, las máscaras de la “gobernanza progresista” se caen ni bien alguien quiera ver que hay detrás de ellas: el poder permanente de una plutocracia que concentra riqueza mientras millones (por ejemplo, 198 millones de latinoamericanos perviven empobrecidos (12)) padecen miserias deshumanizantes.

Se trata de asestarles con verdades y organizar la rebeldía emancipadora.

Notas:
1) La democracia entre preguntas. Andrés Sarlengo. 2009.
2) CFK: “Defendamos la escuela pública dando clases”. Página 12. 14-03-2012
3) Créditos por 900 millones. Página 12. 15-04-2012
4) James petras: “El BID es el maestro de las privatizaciones” CX36 Radio Centenario- Argenpress. 16-03-2012
5) Cristina recibió en la Casa Rosada al nuevo vicepresidente del Banco Mundial. La Nación. 19-03-2012
6) La sociedad global. Educación, mercado y democracia. Noam Chomsky- Heinz Dieterich. Contrapuntos. Noviembre 1995.
7) Con Las metas educativas 2021 se pretende aumentar aún más los años de educación básica y obligatoria.
8) Citado en Banco Mundial. Estado, mercado y sujetos en las nuevas estrategias frente a la cuestión social. Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación. Junio 2006.
9) Entrevista a José Saramago. Peio H. Riaño. Rebelión. 21/11/2008.
10) Una placa en educación. Página 12. 24-03-2012
11) La oruga sobre el pizarrón. Ediciones del Pensamiento Nacional. Julio 1993.
12) Pobreza, la asignatura pendiente en Latinoamérica. Argenpress. 29/03/2011.

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El dinero del BID y la profundización del modelo

Alejandro Olmos Gaona (INFOSUR)

La verdad sobre el acuerdo de la Argentina con el BID, que llegará a un monto de 7.500 millones de dólares.

Las autoridades del gobierno de la Nación, y los apologistas de la política del kirchnerismo, han enfatizado reiteradamente sobre la necesidad de profundizar el “modelo nacional y popular”, sin definir con claridad en qué consiste ese supuesto “modelo” que naturalmente no guarda la menor relación con lo que puede ser un proyecto realmente nacional. Y decimos esto, debido a que las acciones que el gobierno nacional realiza con los organismos financieros internacionales, entre otras que podrían señalarse, muestran una continuidad estructural con las políticas del menemismo que sometieron nuestra soberanía a las decisiones generadas en los centros de poder financiero, en acuerdo con los organismos multilaterales que respaldaron siempre todos los procesos de desnacionalización de la actividad económica y colaboraron en las operaciones de endeudamiento con los acreedores extranjeros.

Dejando de lado la hojarasca dialéctica con la que semana a semana nos abruman los discursos presidenciales, y los distintos funcionarios que conforman el Poder Ejecutivo, las evidencias que surgen de decisiones que son deliberadamente ocultadas a la población, muestran una realidad que está sideralmente alejada de lo que es una auténtica política nacional y latinoamericana.

La última capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo es una de esas evidencias incontrastables de continuidad con un “sistema” que privilegia a los organismos multilaterales controlados por las potencias más representativas del orden financiero mundial.

El BID que de interamericano solo tiene el nombre está integrado por los países de Latinoamérica, pero además son miembros prominentes: Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Canadá, Israel, Francia, Italia, Japón, China. Suecia y Suiza, entre otros, siendo Estados Unidos el que tiene el mayor porcentaje de votos.

Es importante recordar que esta institución al igual que el Banco Mundial y el FMI fueron creadas supuestamente para ayudar a los países que tenían dificultades económicas, pero tales objetivos se fueron desvirtuando permanentemente y fue así que participaron en conjunto en todos los planes de ajuste estructural impuestos durante décadas, además de responder claramente en sus distintas operaciones a favorecer a bancos, empresas extranjeras, y condicionar cualquier política económica que no respondiera a los centros financieros del poder. Una clara evidencia de ello es la participación que tuvieron en la instrumentación del Plan Brady, donde violando su Convenio Constitutivo cofinanciaron compra de garantías para favorecer a los acreedores privados además de ser participes principalísimos de ese paradigma del delito que fue ese procedimiento de reestructuración de la deuda pública.

En investigaciones que realizara hace unos años, encontré en el Ministerio de Economía un documento confidencial firmado por el entonces Presidente del BID, Enrique Iglesias dirigido a la comunidad financiera internacional, pidiendo apoyo a la política económica argentina de Menem, debido a que este se había comprometido a privatizar el sistema jubilatorio, modificar la legislación laboral y vender todas las empresas públicas. Tiempo después y en mi carácter de miembro de la Auditoría del Crédito Público de Ecuador, pude comprobar a través de documentos reservados todas las políticas instrumentadas por el BID, donde se pudieron visualizar ciertas características recurrentes como son el renunciamiento a la soberanía, el debilitamiento y la injerencia en asuntos internos del Estado, la renuncia a la jurisdicción nacional, los condicionamientos que atentaron contra los intereses de la Nación, limitando el goce de derechos fundamentales del pueblo, promoviendo sistemas de endeudamiento desleales con sus países miembros, asociándose en muchos casos para respaldar el pago de deudas ilegítimas.

Debido a los constantes manejos de los organismos multilaterales, y para obtener financiamientos que respondieran a las reales necesidades de los pueblos, sin los condicionamientos conocidos, se promovió la creación del Banco del Sur cuyo acta fundacional y Convenio Constitutivo fueron suscriptos por la Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, estableciéndose una integración de capital de 7000 millones de dólares, 4000 de los cuales serán aportados por Argentina, Brasil y Venezuela en cinco cuotas, y el resto de los países integraran sus aportes en 9 cuotas, pero esta estructura sigue anclada en las constantes demoras que tienen como principales responsables a Brasil y la Argentina, que fortalecen a los organismos multilaterales con el aporte de importantes sumas.

Debido a los quebrantos presentados por el BID debido a inversiones especulativas en hipotecas subprime, su capital operativo disminuyó considerablemente, pudiendo mostrar como ejemplo que en el año 2008 las pérdidas fueron del orden de los 1.900 millones de dólares, lo que llevó al Senador Richard Lugar, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos a pedir explicaciones al presidente del BID, Luis A. Moreno, quien reconoció el la existencia de operaciones de riesgo..

Esas dificultades determinaron que la Junta de Gobernadores del BID, aprobara el 21 de julio de 2010 un aumento del capital del banco de 70.000 millones de dólares, habiendo contado con el voto favorable del entonces Ministro de Economía, Amado Boudou como integrante de la misma. Debido a ello la Argentina se comprometió a contribuir a esa capitalización mediante el aporte de cinco cuotas que en su totalidad representan la suma de 7.525.760.227 millones de dólares, con más una cuota extraordinaria para el Fondo de Operaciones Especiales de 26.779.415. Para instrumentar el aporte la Presidenta de la Nación envió al Congreso un Proyecto de Ley, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, habiendo votado negativamente la capitalización los diputados Solanas, Argumedo y Cardelli.

La Presidenta Fernández de Kirchner en el proyecto presentado habla de las metas del BID que son lograr una mayor equidad social y la reducción de la pobreza, lo que no se condice para nada con las políticas que se conocen del BID, y contradicen sus propias palabras cuando se refiere a los organismos multilaterales.

Que si bien es cierto que la Argentina integra el BID, y debe aceptar sus resoluciones, en ningún caso debiera haber votado una capitalización, para fortalecer a una institución que ha producido ingentes perjuicios a la Nación, y los bloques parlamentarios no tendrían que haber votado sin discusión este proyecto, que representa una enorme erogación de recursos, resultando además una incongruencia aportar al Banco del Sur 1330 millones de dólares en cinco años y casi seis veces más al BID.

Finalmente es importante señalar que el BID le prestó a la Argentina de 1993 hasta el 2011: 19.969 millones de dólares, habiéndosele pagado 13.124 millones y se le deben actualmente 9681.6 millones y tributado intereses por 7.272 millones, a lo que debe agregarse como señalaramos anteriormente, el papel fundamental que tuvo esta institución en el desguace del Estado Nacional y la transnacionalización de la economía.

Esta inaceptable capitalización no ha tomado estado público y el gobierno se ha mostrado muy cuidadoso en que los aportes económicos mencionados no trascendieran, mostrando una vez más la sideral diferencia que existe entre los discursos presidenciales y la realidad objetiva.

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Argentina: El imperio de la codicia

Juan Carlos Giuliani (ACTA)

La megaminería contaminante a cielo abierto; el monocultivo de soja transgénica; la producción de bioetanol para destinar el maíz a la fabricación de combustible antes que utilizarlo como alimento para saciar a los hambrientos, y la captura del ahorro nacional por parte de la banca internacional, son algunas de las manifestaciones que caracterizan a una democracia colonial.

La renta petrolera, financiera, ictícola, minera y agraria en manos de los grandes grupos concentrados. La soberanía ausente. El Estado bobo. Los peces grandes devorando a los más chicos. La irracionalidad del capitalismo rigiendo la lógica de la política dominante.

De las 500 empresas más grandes del país, 324 son extranjeras y sólo 176 son argentinas. Desde diciembre de 1983 los distintos gobiernos democráticos han emparchado la estructura política, económica y social cuidándose muy bien de mantener inalterable la matriz de acumulación económica que genera los actuales estándares de desigualdad social.

Las disputas al interior del bloque dominante se dirimen ora a favor de un sector, ora a favor de otro, pero conservando siempre las palancas del poder real o, lo que es lo mismo, la sartén por el mango.

El último día de enero de 1813 se reunió La Asamblea Constituyente. Si bien no va a poder declarar la Independencia de España, por vez primera va a asumir la soberanía nacional en nombre del pueblo, y no del rey Fernando VII. La Asamblea del año XIII, tuvo carácter nacional porque sus diputados representaban a todas las provincias. Y la denominación de Constituyente se justificó porque, a pesar de no haber dictado una Constitución, su labor social, política, económica y jurídica, equivalen a la promulgación de un texto constitucional.

Entre las medidas adoptadas en lo político-social figuran la “libertad de vientres”, por la cual los hijos de esclavos nacidos después del 31 de enero de 1813 eran considerados libres; abolió la esclavitud declarándose libres a todos los esclavos por el solo hecho de pisar nuestro territorio; abolió la mita, la encomienda, el yanaconazgo y todo servicio personal de explotación de los indios; abolió los títulos de nobleza y los mayorazgos, etcétera. Respecto a nuestros símbolos nacionales, creó el Escudo Nacional, aprobó el Himno, declaró fiesta cívica al 25 de Mayo y creó un sello para la Asamblea y para el Poder Ejecutivo entre otras resoluciones.

La Asamblea del año XIII será el antecedente inmediato del Congreso que deliberará tres años más tarde en Tucumán para declarar nuestra Independencia de España y de cualquier otra potencia extranjera. Vale la pena traer del arcón de la memoria histórica estos episodios que aluden a las primeras nociones de soberanía ejercidas por nuestros pioneros ahora que asistimos a diversas expresiones de la larga resistencia que nuestra sociedad viene sosteniendo contra el modelo de minería transnacional a gran escala.

El nombre de cipayo proviene del persa sipahi. Posteriormente, en el Imperio Británico, se conocía como cipayo a un nativo de la India reclutado como soldado al servicio del poder europeo, normalmente del Reino Unido, pero también extendido su uso a los ejércitos coloniales de Francia y Portugal. En la Argentina, el inolvidable Arturo Jauretche lo impuso en la terminología política para referirse a elites dominantes o ciudadanos funcionales a potencias colonialistas.

Uno de los más grandes cipayos de la era contemporánea es el ex presidente y actual senador nacional Carlos Menem, autor material del desguace del Estado de Bienestar y de travestir al movimiento nacional para ponerlo al servicio de la oligarquía y el imperialismo.

La democracia colonial también se caracteriza por la crisis de representación política que se expresa con el pueblo en la calle y las rutas para hacer oír su voz, mientras los gobernantes, la Justicia y las fuerzas de seguridad actúan como gerentes de las corporaciones transnacionales que devastan nuestras riquezas naturales, violan los derechos de ciudadanía y criminalizan la protesta social.

Las políticas neocoloniales generan el rechazo generalizado del pueblo y encienden la mecha del conflicto. Por ello, el poder activa las señales de alarma frente a la reacción popular y busca por todos los medios perforar cualquier intento de articulación del campo popular. Cuando no lo consigue a través de la cooptación o la fractura, reprime sin eufemismos. Más aún, ha dado licencia para matar. El asesinato de 18 luchadores populares en poco más de un año y medio así lo testimonia.

El poder es consciente que, a diferencia de una década atrás, el movimiento popular tiene mucha más organización, referencia, pertenencia y representación a nivel territorial a lo largo y ancho de nuestro país.

La clase trabajadora no está dispuesta a ceder ninguna conquista obtenida en los últimos años en nombre de la “prudencia” y la “racionalidad” que claman a coro las patronales y el Gobierno, mientras no se altera ni un ápice un modelo injusto y violento que no ha sido capaz de resolver los problemas básicos de la mayoría de la población.

Es tiempo de pensar y construir colectivamente otro paradigma, que en lugar de asentarse en la codicia y la explotación del hombre por el hombre, represente el emergente de un nuevo Proyecto de Emancipación.

Juan Carlos Giuliani es Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA.

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A 5 años del asesinato del maestro Carlos Fuentealba: “Nuestro referente ya no es Sarmiento sino el trabajador de la educación Carlos Fuentealba”

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

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Mario Hernandez (MH): Estamos con Alberto Rodríguez, próximos a cumplir 5 años del asesinato de Carlos Fuentealba, referente de la Comisión Carlos Presente (COCAPRE) en Buenos Aires.
Alberto Rodríguez (AR): Quiero aclararte que la COCAPRE la fundó Sandra Rodríguez, la esposa de Carlos, en los terribles días posteriores a su asesinato, en Neuquén, después del fatídico 4 de abril de 2007. En Buenos Aires pensamos en la necesidad de hacer un apoyo no solo logístico sino ético y dado que vivo aquí y además soy hermano de Sandra, era imperiosa la necesidad de colaborar fundando la COCAPRE Buenos Aires con un grupo de docentes a fines del 2007. Dada mi participación posterior en el Profesorado del Mariano Acosta unos compañeros me hicieron ver la necesidad de hacer un relanzamiento y durante todo el año pasado hicimos muchas actividades como, por ejemplo, la conmemoración del pasado aniversario en el Mariano Acosta y un acto para el Día del Maestro en Parque Patricios que se transformó en una verdadera fiesta popular donde reivindicamos qué tipo de docente queremos ser. Nuestro referente ya no es Sarmiento sino el trabajador de la educación Carlos Fuentealba.
Actualmente estamos organizando un acto unitario para este 4 de abril conjuntamente con el que se hará en Neuquén. Se cumplen 5 años del asesinato de Carlos y convocamos a un amplio espectro de organizaciones a las 18:00 en el Obelisco para marchar a la Casa de la provincia de Neuquén con el objetivo de denunciar la impunidad que existe en la justicia de la provincia y su connivencia con el partido único Movimiento Popular Neuquino (MPN) que gobierna desde hace casi 60 años.
MH: Ustedes denuncian a los autores intelectuales y políticos, la llamada causa Fuentealba II. ¿A qué llaman la causa Fuentealba I?
AR: En primera instancia el Juez de instrucción, Piana, adoptó una clara decisión que más que judicial fue política. Vale recordar que el asesinato de Carlos Fuentealba, de la forma que fue premeditado y ejecutado, provocó una conmoción no solo provincial sino nacional. En ese momento hubo un sitio virtual a la Casa de Neuquén donde se refugió el asesino ex gobernador Jorge Sobisch quien tuvo que salir disfrazado de policía. Ante esa presión y para sostener la impunidad que sigue hasta el día de hoy, se desdobló la causa, lo cual no fue pedido por la querella sino una imposición de la justicia y el poder político neuquinos.
En Fuentealba I no permitieron que ATEN, el gremio que agrupa a los docentes y aun cuando el asesinato se produjo durante una medida gremial, sea querellante, dejando aislada a su esposa Sandra. Allí se investigó la responsabilidad material afectando solo al autor del asesinato, quien fuera detenido en días posteriores y entregado producto de la presión social, el que apretó el gatillo, el cabo José Darío Poblete.
Año y medio después, en tiempo récord tratándose de la justicia neuquina, se hizo el juicio y en un mes, entre junio/julio 2008, declararon muchísimos docentes y policías. Ante el testimonio vital de la maestra Marcela Roa, quien identificó a Poblete porque le vio la cara cuando se levantó el acrílico del casco para apuntar a Carlos, quedando su rostro en evidencia. La maestra con un coraje cívico que fue muy emocionante, identificó y dio el testimonio decisivo para que le dictaran la prisión perpetua a Poblete.
La causa Fuentealba II venía en forma paralela.
MH: Causa que involucra al ex gobernador Jorge Sobisch y a los responsables políticos y policiales del asesinato.
AR: Habría que hacer una salvedad. Tendría que ser así pero lamentablemente hasta el día de hoy solo hay 15 policías imputados, ninguno detenido y algunos funcionarios políticos como el ex subsecretario de Seguridad, Pascuarelli; Salazar que era el Jefe de policía, subordinados y jefes de los grupos especiales. Jorge Omar Sobisch no está imputado aunque fue pedido infinidad de veces por Sandra porque se trató de un megaoperativo que involucraba a funcionarios policiales y todos sabemos que la fuerza policial es una organización verticalista que responde en última instancia al máximo jefe político.
MH: Además se hizo cargo públicamente de haber ordenado la represión.
AR: El día después apareció en los medios. Hubo una entrevista muy recordada con Mariano Grondona donde alardeó de su política de mano dura.
MH: Recordemos que Jorge Sobisch era pre-candidato a Presidente de la Nación.
AR: En alianza con el actual Jefe de Gobierno de la CABA, Mauricio Macri y el falso ingeniero Bloomberg. La alianza con Macri se extendió al asesoramiento de Burzaco a la policía provincial. Siempre nos preguntamos si implicó ‘cazar’ a los docentes y perseguirlos por el campo como si fueran conejos y el asesinato de Carlos.
MH: Estamos hablando de quien luego fuera responsable de la Policía Metropolitana cuando renuncia “Fino” Palacios ante el procesamiento por las escuchas en la causa AMIA.
AR: Vuelvo a insistir que solo hay 15 procesados entre funcionarios menores y policías que participaron del operativo. El grado de impunidad que hay en Neuquén hizo que no se imputara a Sobisch. Incluso sus abogados y de varios policías, como es el caso de Ricardo Cancela, fue designado como miembro del Tribunal Supremo de Justicia, una especie de Corte Suprema provincial. Nosotros salimos a denunciarlo ya que como funcionario judicial tendría que ser imparcial y está ligado como abogado al principal responsable de una causa emblemática.
MH: Qué interesante la idea de cambiar la figura de Sarmiento por la de Carlos Fuentealba. Sería pertinente impulsar una campaña nacional reivindicando la figura del trabajador docente.
AR: Desde el ámbito de los institutos terciarios queremos impulsar ciertas temáticas de la coyuntura política educativa de la Ciudad de Buenos Aires, incluso esta idea que puede parecer provocativa anteponiendo la figura de Carlos Fuentealba a Sarmiento, lo cual no sería un tema menor ya que el macrismo puso al maestro sanjuanino como modelo, por ejemplo, “El Sarmiento de tu escuela” que se elige entre los docentes o que todos los actos escolares se abran con el himno a Sarmiento. Nosotros lo anteponemos a la figura de Carlos Fuentealba como ya lo hicimos en el Mariano Acosta hace un par de años a partir de una nota de “Chiquito” Moya llamada “El maestro anónimo”. También Carlos fue una figura importante. Era un docente muy comprometido con la realidad social y educativa.
Nosotros relacionamos la nota de Moya con el concepto de héroe colectivo de Oesterheld en El Eternauta. Carlos era eso. Un maestro con mucha conciencia política pero dentro de un colectivo docente. También era un educador popular, por eso muchos bachilleratos de ese tipo de educación toman su figura como referencia. Eso es lo que queremos contraponer, más allá de ciertas cuestiones que le reconocemos a Sarmiento por la escuela pública, pero nosotros lo contextualizamos en el trabajador de la educación que fue Carlos Fuentealba. No solo lo reivindicamos como docente transformador sino también su ética, por eso el imperativo categórico de todos los docentes es luchar no solo por la educación pública, causa por la que murió Carlos Fuentealba, sino reclamar, exigir y lograr la justicia completa por el compañero asesinado. Lamentablemente a veces los intereses políticos se contraponen a la causa, la memoria y el hecho puntual de justicia queda relegado a un segundo plano.
Nosotros creemos que la docencia, que concebimos fundamentalmente ética y ligada a la justicia social, tiene que reivindicar a Carlos Fuentealba en sus 2 dimensiones de docente transformador y defender la educación pública logrando justicia para él, Sandra, su compañera de vida y sus hijas.
En ese contexto convocamos desde la COCAPRE Buenos Aires el 4 de abril a las 18:00 en el Obelisco para marchar a la Casa de Neuquén para denunciar la impunidad de la justicia neuquina en connivencia con el poder del Movimiento Popular Neuquino representado por el gobernador Jorge Sapag quien ha permitido que Sobisch sea nuevamente presidente del MPN con el objetivo de ampararlo y no soltarle la mano.
MH: Me había llegado la información de que había sido inhabilitado para ocupar cargos políticos y partidarios por el lapso de 2 años.
AR: Efectivamente, por una causa de malversación de fondos públicos. En Neuquén se lo compara con Al Capone ya que lo terminan acusando por cuestiones económicas y no por los crímenes que cometió. Igualmente se pavonea por Neuquén alardeando de su impunidad, por eso creemos necesario el reclamo de que le va a pasar como a los nazis y lo iremos a buscar a todos lados.
* Referente de la Comisión Carlos Presente (COCAPRE) Buenos Aires y cuñado de Carlos Fuentealba.

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1966. Banderas argentinas en Malvinas

Daniel Campione (especial para ARGENPRESS.info)

El Operativo Cóndor es un hecho no muy recordado. Ha quedado un tanto traspapelado en la vorágine de acontecimientos de la segunda mitad de los años 60’. Por entonces, las acciones armadas se convertían gradualmente en moneda corriente, y el Operativo lo fue, aunque no llegó a utilizar las armas.

El 28 de septiembre de 1966 aterrizaron en Malvinas 18 jóvenes argentinos, en su mayoría identificados con el proscripto peronismo. Su objetivo era producir una fuerte afirmación de la soberanía argentina sobre las islas. La expedición fue hecha coincidir con la visita al país de Felipe de Edimburgo, príncipe consorte de Gran Bretaña, que participaba en la organización de un certamen hípico. Ese día se cumplían tres meses del golpe de estado que dio lugar a la autodenominada “Revolución Argentina.” Unos meses antes, con Arturo Illia todavía en la presidencia, la Asamblea General de las Naciones Unidas había sancionado la resolución 2065, que invitaba a las partes a tratar la disputa sobre soberanía de las islas. Con anterioridad, en 1964, un piloto llamado Miguel Fitzgerald fue el primero en abordar Malvinas, por unos pocos minutos, llevando una bandera nacional y una proclama.

Los participantes del operativo arribaron a Puerto Stanley en un avión de Aerolíneas Argentinas cuya ruta iba de Buenos Aires a Río Gallegos, tras secuestrarlo y obligar al comandante de la nave a poner rumbo a las Islas. El jefe de la expedición era Dardo Cabo, el subjefe, Alejandro Giovenco, y la tercera al mando María Cristina Verrier, única mujer que tomó parte de la expedición. Cabo tenía 25 años, era hijo de un dirigente metalúrgico, y había militado en agrupaciones peronistas y nacionalistas de la época.

Colocaron siete banderas argentinas en suelo malvinero, y fueron cercados rápidamente por un centenar de hombres armados, entre infantes británicos, miembros de una fuerza de defensa de las islas y civiles. Los intimaron a rendirse, bajo amenaza de abrir fuego, encontrándose con una cerrada negativa. El propósito inicial de los “cóndores”, como se autodenominaban, era ocupar la casa del gobernador de las islas y el arsenal que allí se encontraba, pero quedaron prácticamente encerrados en el avión. Allí celebraron una misa oficiada por el sacerdote católico de Malvinas y cantaron el Himno Nacional.

El grupo mantenía cierta esperanza en que el gobierno argentino respaldara el operativo e interviniera de inmediato para reconquistar las islas. Por el contrario, la dictadura no dudó en emitir una posición condenatoria sobre lo que calificó como un procedimiento “faccioso”, ajeno a las tradiciones nacionales en materia de relaciones exteriores. A partir de allí trataría toda la operación como un hecho delictivo.

La acción fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación argentinos, mientras se producían manifestaciones de solidaridad en varios puntos del país. Hubo quien habló de “una opinión pública hechizada por la aventura”.

La situación se prolongó durante treinta y seis horas, al cabo de las cuáles los “cóndores” encontraron el modo de deponer su actitud sin rendirse a los británicos. Le dieron las armas al comandante del avión, y se acogieron a la protección de la capilla católica de Puerto Stanley, para luego entregarse detenidos a las autoridades argentinas, que los recogieron el 1º de octubre, en un barco de la marina al que los trasladó una lancha carbonera.

No estaba previsto aún el secuestro de aviones como delito, a cambio recibieron variadas acusaciones, entre las que destacaban la de privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas de guerra. La mayoría de ellos pasaron nueve meses en la cárcel; a Cabo y Giovenco, que tenían antecedentes relacionados con actos de la resistencia peronista, los condenaron a tres años de prisión.

Los dos jefes del operativo encontraron la muerte en los años 70, enrolados en sectores antagónicos, en un reflejo de los desgarramientos de la época.

Giovenco muere en 1974, a causa de la explosión de una bomba que llevaba en su maletín. Formaba parte de la ultraderecha a través de Concentración Nacional Universitaria (CNU), y tenía vínculos con la Unión Obrera Metalúrgica.

Cabo, que había dirigido El Descamisado, órgano de la tendencia revolucionaria del peronismo, y estaba preso desde 1975, fue asesinado durante un supuesto traslado del penal de La Plata a Sierra Chica, en enero de 1977.

Ciertas miradas podrían visualizar aquella incursión en Malvinas como un precedente de la ocupación militar de 1982. Nada más erróneo que emparentar un emprendimiento de fondo desinteresado e idealista con la prepotencia de una dictadura tratando de escapar de la bancarrota política y económica. El Operativo Cóndor fue llevado adelante por un grupo de jóvenes militantes, imbuidos de una cultura de resistencia a la autoridad, enfrentada a los organismos represivos. Estaban armados y hasta dispuestos a morir en su intento, pero no dispararon un solo tiro a lo largo de su permanencia en las islas, limitándose a la reivindicación simbólica de la soberanía argentina. Inspirada en una ideología antiimperialista en trance de radicalización, la acción se enraizaba en la resistencia peronista y se entronca con las luchas populares de los últimos 60 y primeros 70.

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Anonymus y Malvinas

Carlos del Frade (APE)

Los indignados que hoy se multiplican en el primer mundo tienen una máscara que los identifica, es la usada por el protagonista de la película “V, de Vendetta”. Esa careta, a su vez, es el símbolo de “Anonymus”, una red de hackers que fustiga a los principales organismos de control del imperio y de Europa.

Esa máscara fue la usada por Guy Fawkes cuando en 1605 conspiró contra el rey Jaime y las cámaras del parlamento inglés. El 5 de noviembre, “El complot de la pólvora”, como se conoció, fue descubierto. Guy Fawkes y sus compañeros fueron ejecutados por traición. Desde ese momento, el 5 de noviembre se celebra en Inglaterra la quema de un muñeco de trapo con aquella máscara.

Después de la película, la imagen del rebelde Guy es un símbolo de cuestionamiento a la cultura dominante. De allí que sea la utilizada por los indignados y los integrantes de Anonymus.

Pero la película “V, de Venganza”, estuvo basada en una historieta escrita por Alan Moore y dibujada por David Lloyd.

-Comencé V de Vendetta en el verano de 1981 durante unas vacaciones en la isla de Wight. Mi hija menor, Amber, tenía solo unos meses…la acabé al final del invierno de 1988, después de pasar cinco años sin publicar tas la desaparición de la revista Warrior, su hogar inicial…se puede detectar cierta ingenuidad en la suposición de que haría falta algo tan melodramático como un conflicto nuclear para conducir a Inglaterra hacia el fascismo…el hecho de que gran parte del fondo histórico de la historia proceda de una posible derrota de los conservadores en las elecciones de 1982 os da una idea de lo fiable que éramos como oráculos – dice Alan Moore, el autor de la historieta.

“Ahora estamos en 1988. Margaret Thatcher comienza su tercer mandato y se siente tan segura al respecto que habla de llegar al próximo siglo con un liderazgo continuo. Mi hija pequeña tiene ahora siete años y en la prensa circula idea de crear campos de concentración para enfermos del SIDA. La nueva policía antidisturbios lleva visores negros, al igual que sus caballos, y sus furgones transportan videocámaras giratorias en el techo. El gobierno ha expresado el deseo de erradicar la homosexualidad, incluso como concepto abstracto. Y uno solo puede preguntarse contra qué nueva minoría se legislará a continuación. Estoy pensando en llevarme a mi familia fuera de este país muy pronto, dentro de uno o dos años. Es frío, es mezquino y ya no me gusta. Buenas noches, Inglaterra. Buenas noches a los servicios nacionales y la V de la Victoria. Hola a la Voz del Destino y a la V de Vendetta”, terminaba diciendo el brillante escritor.

En la reaparición de la máscara de Guy, en la multiplicación del símbolo de la historieta de Moore, también está la rebeldía y la necesidad de pelear contra aquellos que se beneficiaron con la guerra de Malvinas.

Los indignados y Anonymus son, sin saberlo, continuadores de aquellos pibes que combatieron contra propios y ajenos en las islas del Atlántico Sur.

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Conmemoraciones y latidos

Hugo Godoy (ACTA)

Esta semana que estamos atravesando condensa, como pocas a lo largo del año, hechos tan significativos e importantes de conmemoración de nuestra historia última, y que marcan tan fuertemente el sentimiento de nuestro pueblo y también la perspectiva hacia el futuro como Nación.

Una semana que comenzó el sábado con la conmemoración de los 36 años del Golpe que inició la dictadura cívico-militar genocida, que se enseñoreó sobre nuestro suelo a partir de esa fecha de 1976 para aplicar un proyecto de destrucción, de entrega, y de aniquilamiento de lo mejor que como sociedad fuimos capaces de generar. Y que culmina el 2 de abril, día en que esa misma dictadura inició hace 30 años la aventura irresponsable de invadir Malvinas, utilizando y manipulando un objetivo tan caro al sentimiento y las necesidades que venimos desde siempre sosteniendo como pueblo, que es la recuperación plena de la soberanía sobre las Islas.

Y en el medio de ambas, también la conmemoración de uno de los hitos más importantes en la lucha de nuestro pueblo frente a esa dictadura, que fue la movilización y la jornada de lucha del 30 de marzo de ese mismo año de 1982, que ya mostraba a una dictadura acorralada por las luchas populares, por su propia incapacidad, corrupción, y por la visibilización de ese genocidio que querían ocultar cuando ya les era imposible hacerlo.

Una semana, entonces, donde nuestro pueblo sigue vibrando, sigue movilizándose a lo largo y ancho de todo el territorio como lo hicimos el 24 de marzo pasado y como seguramente multiplicidad de actos seguirán expresando en los próximos días.

Quizás la masividad que adquieren estas conmemoraciones tiene que ver con la magnitud de la tragedia que tuvimos que afrontar los argentinos. Pero quizás también tenga que ver con la magnitud de los valores que en esas jornadas estaban, y hoy siguen, en juego.

Porque la dictadura se instauró no solamente para destruir lo mejor que habíamos construido como sociedad, sino también para instaurar a sangre y fuego los intereses y privilegios de grandes grupos económicos y de países imperiales, para seguir extrayendo nuestras riquezas y para sumirnos como piezas subordinadas en su geopolítica de poder imperial. Y esos intereses que estaban en juego fueron los que motivaron que enfrentáramos a la dictadura, no sólo para ponerle freno al genocidio sino fundamentalmente para recuperar la democracia y poder desarrollarnos plenamente, experiencia que estamos intentando llevar adelante desde hace 28 años y que todavía tiene enormes deudas para con nuestro pueblo.

Quizás la perdurabilidad de estos sentimientos tenga que ver también con el valor que como sociedad queremos darle a la Juventud, algo que esa dictadura despreció e intentó aniquilar no solamente desde la represión sino en la propia guerra de Malvinas, llevando a jóvenes que no estaban plenamente preparados, y sin embargo heroicamente dieron lo mejor de sí para enfrentar a las fuerzas profesionales del imperio inglés. Hasta tal punto despreciaba a esos jóvenes la dictadura que llegó a torturarlos con los mismos métodos que utilizaban en el territorio para con sus adversarios, estaqueándolos y torturándolos en el propio terreno de operaciones.

Quizás porque seguimos entendiendo como sociedad que la Juventud es el valor fundamental en el cual tenemos que armarnos y consolidarnos, para seguir apoyándonos en un proyecto de sociedad más justo y plenamente democrático.

Quizás porque los trabajadores aprendimos a pelear no sólo contra la dictadura, como lo demostramos en esa Jornada de lucha extraordinaria del 30 de marzo de 1982 (tal vez una de las razones por las que los jerarcas civiles y militares aceleraron la orden de invadir Malvinas frente a un desgaste cada vez más elocuente de su prestigio ante el conjunto de la sociedad), no solamente por la violación sistemática de nuestros derechos sino fundamentalmente para recuperar la democracia y recuperar plenamente la soberanía popular.

Quizás porque nuestro pueblo sigue reivindicando hoy, como desde siempre, la soberanía plena sobre las Islas Malvinas, pero somos conscientes también de que soberanía nacional está directamente vinculada a la soberanía popular, y ambas son la otra cara de una moneda que tiene en el anverso la soberanía sobre los recursos estratégicos. Porque es imposible desarrollarnos como Nación si los mismos grupos económicos y las mismas multinacionales dependientes de los imperios que ayer fueron sostén y beneficiarios de la dictadura militar, siguen controlando los recursos estratégicos que necesitamos recuperar plenamente para desarrollarnos como Nación.

Una semana entonces donde los sentimientos y los valores que habitan en lo más recóndito de nuestra nación y nuestro pueblo siguen latiendo con la misma intensidad con que lo hicieron hace 36 y hace 30 años atrás.

Quizás por eso esta es una semana de tan alto protagonismo popular en las calles. Quizás por estas razones es que estamos tan convencidos que es esta pasión, son estos latidos, los que van a seguir alimentando la perspectiva de desarrollarnos como una nación soberana y como una sociedad plenamente justa y equitativa, habitada por un pueblo feliz.

Hugo Godoy es Secretario General de la Agrupación Germán Abdala de la CTA de la provincia de Buenos Aires. Secretario Adjunto de ATE Nacional.

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Argentina, Provincia de Buenos Aires: Alarmante vaciamiento de políticas para la niñez y adolescencia

Joaquín (INDYMEDIA)

Una veintena de organizaciones dieron advertencia de la grave situación que hoy se encuentran los programas dirigidos a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. En un documento unificado dan nota de que “en los últimos cuatro meses, 20 hogares de toda la provincia se vieron obligados a cerrar sus puertas”. Mientras tanto, atraso en pagos, amenazas y despidos son sufridos por los trabajadores y trabajadores de la provincia. Denunciaron que en La Plata, Bruera busca acabar con estas ayudas.

Cinco años atrás se aprobaba la ley 13.298 “De la Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia”. Producto de una larga lucha el triunfo hoy no logra concretarse.Organizaciones sociales, gremiales, políticas, de Derechos Humanos, Hogares, de la Provincia de Buenos Aires dieron cuenta de esto en los últimos días en un contundente documento consensuado. Trabajadoras y trabajadores de distintos programas dependientes de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y del Ministerio de Desarrollo Social también firmaron el informe donde dan cuenta de la flexibilización social que padecen.

El documento afirma que de las 106 instituciones oficiales en la provincia, sólo 12 recibieron el pago de la última caja chica del año, mientras que “los trabajadores y trabajadoras de los programas oficiales cobramos el dinero de la última caja chica en octubre del 2011”. Estas medidas caracterizadas por las organizaciones como “criminal”, son llevadas a cabo por la Secretaría de Niñez y Adolescencia conducida por Pablo Navarro, quien ha obligado a quienes trabajan en los hogares a aportar de sus bolsillos para la compra de comida y elementos

La situación no es mejor para los hogares y centros de atención conducidos por ONGs. El informe señala que “según la Red de Hogares y Centros de Días de la Provincia de Buenos Aires (REDBA) la gestión de Pablo Navarro no pagó a más de 680 instituciones en toda la provincia las becas que correspondían al 1º bimestre de 2012”. Mientras tanto, 200 institutos no cobraron el 6º bimestre del 2011, e incluso otros 35 no recibieron becas en todo el año. Esta peligrosa situación ha llevado a que más de 400 niños y niñas dejen de recibir atención a causa del cierre de 20 hogares en tan sólo los últimos 4 meses.

Niños y niñas no son los únicos damnificados por el vaciamiento provincial. Trabajadores y trabajadoras se encuentran con la otra cara de una misma moneda, sufriendo estas “irregularidades en el pago de salarios del equipo técnico y becas de los/as tutores y la de los pibes/as, despidos injustificados, amenazas de recorte salarial y una constante persecución política”. En este sentido advierten que el Ministerio de Desarrollo Social ha descentralizado y tercerizado el programa a los distintos municipios con graves consecuencias.

En la ciudad de La Plata, a fines de año los equipos técnicos pudieron cobrar cinco meses atrasados mientras el municipio sigue sin garantizar ni los materiales ni los salarios para los talleristas. Cerca de 500 chicos y chicas que se benefician con el programa no pueden gozarlo a pleno a causa del vaciamiento. Hoy en día, las tres sedes funcionan sin talleristas.

El documento concluye con un triste porvenir afirmando que “el proceso de desmantelamiento de los servicios efectores del Sistema de Promoción y Protección ha venido de la mano de medidas que refuerzan la función represiva del Estado”. En este sentido, afirman que el Gobierno Provincial de Daniel Scioli persigue estas intenciones y que “la gestión del secretario Pablo Navarro, ha destrozado sistemáticamente las políticas de promoción y protección en favor de propuestas de encierro”

Piden la renuncia del Secretario de Niñez y Adolescencia en La Plata

La situación en La Plata no es una excepción. El documento advierte que la política de descentralización hoy afecta a las políticas de niñez posibilitando “el manejo discrecional de fondos que engrosan las cajas del clientelismo político y abandonan con hambre a miles de niños y niñas y adolescentes”.

Los “servicios locales” que tienen por objetivo facilitar a niños y niñas el acceso a los programas y planes disponibles indican que “transitan un camino de vacío y desconcierto”. Cerca de 15 trabajadores fueron echados a principio de año incluyendo la renuncia de la jefa de los servicios locales. Sumado a la falta de herramientas y elementos para el trabajo, en los ocho servicios locales que funcionan en la ciudad algunos llegan a sostenerse con una sola persona.

El documento acusa que “la decisión de Pablo Bruera es volver a la situación del 2008, cuando no existía ningún servicio local, ya que el intendente dio la orden de echar a los trabajadores y trabajadoras pero no de reemplazarlos”. En este sentido, ante la crisis del sistema en la ciudad, las organizaciones exigen la renuncia de Carlos Dabalioni, Secretario de Niñez y Adolescencia.

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Los originarios Qom reclaman ante la Corte Suprema

Irina Santesteban (LA ARENA)
El reclamo que efectuara la comunidad qom, de Formosa, sobre la propiedad ancestral de sus tierras, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es justo y debe ser respetado.

La audiencia se realizó el pasado 7 de marzo en la Sala de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la presencia de seis miembros del Alto Tribunal: el presidente, Ricardo Lorenzetti; la vicepresidenta Elena Highton de Nolasco y los ministros Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi, Eugenio Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.

Actuó como "amicus curiae" (amigo de la Corte) el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuya representante, la abogada Zimerman, se refirió a las obligaciones que el Estado argentino tiene para con las comunidades aborígenes, por mandato constitucional (artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional) y también por imperio de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por Argentina, y que tienen rango constitucional.

El defensor oficial designado para representar a la comunidad qom, Julián Langevin, actuó en el doble carácter de defensor de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad, involucrados también en este conflicto.

La disputa territorial

En noviembre de 2010, luego de un corte de ruta de más de cinco meses, protagonizado por la comunidad, el gobierno provincial ordenó el desalojo de manera violenta, y como resultado de la represión, murieron dos miembros de la comunidad qom: Roberto López y Sixto Gómez.

La comunidad La Primavera venía protestando por la intención del gobierno de utilizar un predio de 600 hectáreas para la construcción del Instituto Universitario Agropecuario, que se encuentra dentro del territorio ancestral de los qom.

Como no eran escuchados en su protesta, cortaron la ruta 86, y denunciaron al gobernador Gildo Insfrán por sus maniobras para despojar a indígenas y campesinos pobres de sus tierras, en beneficio de grandes emprendimientos agropecuarios. Insfrán violaba así la ley 26160, que reconoce la propiedad ancestral de las comunidades indígenas y prohíbe hasta 2013 cualquier desalojo en desmedro de las mismas.

Ante la falta de respuesta a sus demandas por parte de la administración provincial, la comunidad marchó a Buenos Aires para que los reciba la presidenta de la Nación. Cinco meses acamparon en la avenida 9 de Julio pero no consiguieron que Cristina Fernández les abriera su despacho. Lo hizo el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien prometió ocuparse del conflicto.

La defensa

El defensor oficial, Langevin, quien viajó especialmente a Formosa para interiorizarse de la problemática cuya defensa asumió, en su intervención en la audiencia pública se refirió a la obligación del Estado argentino de proteger "la diversidad cultural" y el derecho de las naciones aborígenes, a su territorio, su lengua, sus tradiciones y su cultura.

Denunció que la Justicia de Formosa abrió numerosas causas en contra de miembros de la comunidad, entre ellos al propio cacique, Félix Díaz y su esposa, Amanda Asijak, quienes fueron notificados de su procesamiento por el corte de ruta de noviembre de 2010, en la víspera del 24 de marzo, cuando en todo el país se conmemoraba un aniversario del golpe de estado de 1976, y se marchaba por la Justicia y la Memoria. Sin embargo, la causa en la que se investiga la represión de ese corte de ruta, no avanza y todavía no hay siquiera responsables citados, a pesar de la muerte de dos personas.

Langevin denunció que en las últimas semanas los qom fueron objeto de quince hechos de violencia y agresiones, por parte de criollos que están asentados en sus tierras. De esas quince denuncias, catorce fueron archivadas y la única que siguió su curso, fue por la investigación de amenazas de muerte contra el cacique Félix Díaz y su familia, pero todavía no se citó al presunto responsable.

En esos hechos, hay constantes detenciones de indígenas por parte de personal policial y del gobierno provincial, por varias horas y hasta días, y sin informar a los familiares sobre el paradero de los detenidos. Incluso niños y adolescentes han sido objeto de estas agresiones, como un grupo de niños de entre 9 y 14 años que recolectaban miel, una actividad ancestral de la comunidad qom, que fueron perseguidos y agredidos a balazos por criollos.

Propiedad ancestral

Tanto Langevin, como Zimerman, del CELS, hicieron referencia a la propiedad ancestral de la comunidad sobre las tierras que ocupan en el actual territorio argentino, provincia de Formosa. Para Langevin, esta propiedad no comienza con la organización del Estado argentino, ni siquiera con la llegada de los españoles a estas tierras, sino que tiene una antigüedad de miles de años.

Asimismo, por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso "reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones".

En el caso de los qom, son una de las pocas comunidades que tienen un decreto presidencial, en este caso de 1940, firmado por el entonces presidente Juan Domingo Perón, reconociendo la propiedad de los territorios que ocupan. Luego un decreto provincial también efectuó dicho reconocimiento.

Entonces, no sólo por disposición constitucional, la comunidad La Primavera tiene derechos que el gobierno provincial debe reconocer, sino que tienen también instrumentos jurídicos que no han podido ser refutados en la audiencia en la Corte Suprema.

Escrituras truchas

Los representantes del gobierno formoseño adujeron la existencia de una escritura de 1985, donde un líder de la comunidad qom, habría cedido los derechos sobre el territorio en disputa.

Sin embargo, Langevín desmintió esa presunta cesión y afirmó que la escritura, a la que él tuvo acceso y pudo leer, no hace referencia alguna a cesión, transferencia, venta ni nada parecido. Además, cuestionó que un líder pudiera tener atribuciones para ceder tierras de la comunidad, y puso de resalto que esa escritura, que data de 1985, recién había sido conocida hace pocos años.

El defensor también cuestionó que se pretenda despojar a los qom de 600 hectáreas, para la construcción de un Instituto Universitario que dictará tres tecnicaturas. Afirmó que en semejante territorio, cabrían todas las universidades nacionales argentinas, todos los institutos terciarios y la mitad de las universidades europeas. "Sería, en términos de territorio, la Universidad más grande del mundo", afirmó irónicamente.

El defensor hizo referencia a que en 1961 se creó el Parque Nacional Río Pilcomayo, sobre territorios de la comunidad, ya cedidos por el decreto presidencia de 1940. A pesar que el cementerio de la comunidad quedó dentro de los límites del Parque, los qom no podían ingresar allí para honrar a sus muertos, porque eran apaleados. Recién en los últimos años, ha cambiado esta política represiva, dejándolos ingresar a sus propios territorios.

Langevin criticó la intención del gobierno provincial, de entregarle a la comunidad qom, a cambio de las 600 hectáreas, un terreno que está dentro de los límites del Parque Nacional Río Pilcomayo. O sea que la provincia quiere entregar un territorio que no posee.

Concepto espiritual

En el centro de la defensa, estuvo la importancia que tiene la tierra para las poblaciones aborígenes, que no tienen el concepto de propiedad privada, tal como la conocemos en el sistema capitalista. Para los qom, la tierra es un concepto más espiritual, que hace a su identidad, si los privamos de ella, los destruimos como nación.

Por último, Langevin asumió su papel como defensor del interés superior de los niños y niñas indígenas, quienes no pueden ser privados de sus derechos por ser de una comunidad aborigen. "Tienen derecho a ser oídos, a su seguridad personal, a la salud, a la alimentación y a la educación", afirmó. Ninguno de estos derechos está siendo respetado por el gobierno provincial, en abierta violación a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales sobre derechos humanos y protección de los niños y niñas.

Por su parte, cuando le tocó el turno al cacique Félix Díaz, este expresó que "nosotros los indígenas somos las víctimas de esta política de estado, de generar más leyes para poder justificar los despojos que nos hacen años y años. Nosotros hemos vivido miles de años sobre este mismo territorio".

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