lunes, 9 de abril de 2012

Argentina. Afloran los límites del modelo: Un balance de los Economistas de Izquierda (Parte III - Final)

EDI

Parte 3: Interpretaciones en disputa

El cinismo de la retórica neoliberal

La oposición neoliberal no ha logrado remontar el desprestigio que arrastra por aplicación del modelo privatista de los ‘90. Pero apuesta a la desmemoria que pavimentan los medios de comunicación enfrentados al gobierno. Estos grupos enrarecen el clima político, esperando usufructuar el desgaste del oficialismo. El mensaje neoliberal repite las muletillas de siempre. Atribuye todas las desgracias de la economía al intervencionismo, que sofoca los mercados y a la corrupción que impide una gestión eficiente. No les resulta muy difícil publicitar denuncias contra funcionarios impresentables, mientras ocultan cuidadosamente los pecados de sus protegidos (como Macri).

La andanada reaccionaria incluye acusaciones de “chavismo” y gran indignación contra las medidas que “ahuyentan los capitales”, “deterioran la confianza” o “extorsionan a las empresas”. Salvaguardar los intereses de los grandes grupos económicos es el lei motiv de una campaña con fuertes ingredientes de demagogia. La defensa de los jubilados contra la rapiña de un gobierno “obsesionado por la caja” es un ítem infaltable en el discurso de varios legisladores. Que sin sonrojarse apoyaron la privatización del sistema previsional y se opusieron a la nacionalización de las AFJP.

Los economistas neoliberales se muestran indignados con el “populismo” del gobierno. Consideran que el oficialismo genera inflación y desinversión, al promover un crecimiento que no toma en cuenta las restricciones de la economía (36). Siguiendo todas las prescripciones del manual neoclásico este diagnóstico asume las limitaciones del entorno capitalista, como un dato inamovible. Sólo recuerda la flexibilidad de esos condicionamientos cuando un equipo neoliberal se aposenta en el Ministerio de Economía.

También es corriente presentar al “populismo actual” como una variante de sus modalidades tradicionales (Perón) o de versiones proclives al endeudamiento (Menen). Se supone que las tres vertientes refuerzan su manejo del poder con dádivas, clientelismo y manipulación (37). ¿Pero los restantes gobiernos de las últimas décadas no recurrieron a los mismos instrumentos? ¿Los militares fueron ajenos al endeudamiento? ¿Los radicales prescindieron del gasto público? Si se juzga a esas administraciones con el mismo parámetro de evaluación del populismo, se debería concluir que ese “mal” afectó a todas las administraciones contemporáneas. A partir de esta constatación populismo no quiere decir absolutamente nada.

Los neoliberales tampoco presentan ejemplos de experiencias correctivas. Sugieren que la enfermedad podría curarse con más preeminencia del mercado, como si el menemismo o la Alianza no hubieran existido. Algunos continúan postulando la conveniencia de imitar las políticas de aperturismo y privatización que rigen en “el resto del mundo” (38). Pero no aclaran cuáles son los ejemplos a seguir. Frente al desempleo y el empobrecimiento que golpea a las economías desarrolladas, ya no resulta tan sencillo elogiar a Estados Unidos. Luego del socorro europeo a los bancos no es fácil repetir que los argentinos somos irresponsables en el manejo de las finanzas. Ponderar el curso seguido por Brasil, Chile o Uruguay no suscita ya ningún entusiasmo.

Con una retórica más cautelosa los neoliberales promueven los ajustes de siempre. Consideran que la emisión se ha desbocado, que el atraso cambiario obliga a devaluar y que el congelamiento de tarifas es anti-natural. Postulan enfriar la economía y achicar el poder de compra (39). Se hacen eco de todas las prioridades de los banqueros: ampliar reservas, recrear el superávit fiscal y acordar con el Club de Paris. Esta política exigiría también un recorte del consumo popular, que se ha expandido demasiado para los parámetros de la derecha. Por eso despotrican contra la “fiesta de compras” de los últimos años, recordando el peligroso antecedente de otros períodos de “plata dulce” y “desborde salarial”. (40)

Esta mirada festeja el consumo suntuario de acaudalados como un dato normal de la existencia humana y se indigna con las corrientes de compras que superan el mínimo requerido por los trabajadores para subsistir. Derrochar la renta de la soja en departamentos de Puerto Madero es un juicioso acto de libertad, recuperar el nivel de consumo popular es un pecado de lesa economía.

El ajuste que pregonan apunta también a favorecer al agro-negocio. Algunos proclaman abiertamente esta intención propiciando el regreso a formas del libre-comercio, para erradicar protecciones aduaneras y limitaciones a las exportaciones (41). Esta postura expresa los viejos intereses del lobby agrario contra sectores industriales que usufructúan de las restricciones comerciales. Desde el mismo campo se lanzan las críticas contra los “empresarios prebendarios” receptores de subsidios, que los dueños de la tierra siempre consideraron propios. Estos cuestionamientos ilustran cómo los capitalistas se resisten a compartir con los recién llegados, el acceso privilegiado a la tesorería estatal.

Su predica también incluye contundentes pronósticos de colapso de la economía K, que obviamente hasta ahora no se han verificado. Como nadie recuerda los desaciertos de esos presagios, la previsión de un gran desplome continúa suscitando el mismo golpe de efecto (42). Es difícil predeterminar el desemboque de las tensiones que acumula el modelo en el marco de la actual crisis mundial pero las debilidades estructurales, los desequilibrios y las inequidades de la economía argentina la tornan peligrosamente dependiente de los vaivenes internacionales.

Para el EDI la izquierda debe desligarse de cualquier identificación involuntaria con esos mensajes neoliberales. No basta con separaciones categóricas en el programa y la conducta, hay que erradicar cualquier semejanza en las caracterizaciones y los discursos. Una crítica progresista al gobierno debe situarse en las antípodas de los planteos neoliberales para evitar la intencionada mezcla de ambos planteos que hacen los medios de comunicación hegemónicos.

Interpretaciones kirchneristas
Los defensores del modelo rechazan la teoría del “viento de cola” para explicar el crecimiento de los últimos años. Consideran que el motor de este avance fue una política oficial de estímulo a la demanda doméstica. A veces recogen estudios que contrastan lo ocurrido en Argentina con Chile y Perú, para señalar que sólo 4,1% del crecimiento del 7,1% (2003-10) obedeció a variables externas. En realidad, el ciclo ascendente ha obedecido a tres procesos convergentes: un inédito aumento de los precios de las exportaciones, la política económica expansiva y la recuperación de la tasa de ganancia que siguió al brutal ajuste del 2001-02 (desvalorización general de salarios y capitales). En pocos países se presentó esta combinación de circunstancias.

Es indudablemente válido cuestionar la simplificación neoliberal, que atribuye la recuperación sólo a condiciones externas favorables. También es correcto polemizar con los diagnósticos inconsistentes del establishment, que un día describe las oportunidades históricas que rodean a la Argentina y al otro diagnostica la explosión de la economía nacional. Pero la versión oficialista retrata un milagro de políticas activas, totalmente abstraído del contexto global y de la rentabilidad objetiva que recuperó el capital. Supone que el modelo es virtuoso por sí mismo y que auto-genera crecimiento, recaudación fiscal y demanda. (43)
El carácter sesgado de esta evaluación ha salido a flote en el último período. La visión pro-gubernamental ignora estos límites, al suponer que la economía K se regenera con impulsos virtuosos de la demanda. Consideran que este empuje del consumo garantiza la continuidad del buen sendero (44). Pero este supuesto simplemente olvida la naturaleza capitalista de la economía argentina y su consiguiente dependencia de los patrones de lucro que impone la acumulación. Si el sistema pudiera auto-propulsarse mediante simples mejoras del poder adquisitivo, resultarían innecesarios los eslabones que vinculan a esa demanda con la rentabilidad y la inversión. La ingenuidad keynesiana suele omitir esos nexos.

Los capitalistas no son agentes pasivos que reaccionan ante estímulos de la demanda. Exigen un nivel de ganancia determinado por la competencia y los costos. El escenario pos-crisis (2003-07) de una economía empujada por las ventas ha quedado atrás y los incentivos que exigen los dueños del poder, explican la política pro-empresarial del gobierno. Este giro desorienta al progresismo, que identifica el empuje del modelo con una redistribución del ingreso difícil de corroborar. Resaltan incrementos del salario formal, ignorando lo ocurrido con la productividad, los precios y los costos laborales. Suponen que el sueño socialdemócrata de un empresariado benevolente ha comenzado a realizarse, sin notar que el repunte del consumo se ha situado por detrás del engrosamiento de las ganancias. Algunos enfoques más acotados atribuyen el ciclo ascendente de la última década al des-endeudamiento. Pero este desahogo de la economía por alivios financieros no fue gratuito, ni solventado por acreedores. Derivó de un brutal proceso de confiscación de ahorros, que en gran medida consumaron los mismos grupos económicos que lideran la recuperación. Algunos entusiastas del curso actual contrastan la realidad argentina con el desplome europeo y convocan al aprendizaje internacional de nuestros logros. Destacan especialmente el papel de la presidenta en las reuniones del G 20 y sus recomendaciones de políticas anti- ajuste. (45)
Pero olvidan que los políticos de la clase dominante argentina implementaban en los ‘90, los mismos atropellos que se llevan a cabo en el viejo Continente. La identidad que se verifica actualmente entre social-demócratas y conservadores europeos, es muy semejante al parecido que tenían los radicales con los justicialistas, hace una década. Los gestores del capitalismo deben hacer lo que el sistema exige en cada período, frecuentemente los mismos personajes lideran ajustes y encabezan reactivaciones.

En lugar de registrar esta complementariedad, los economistas K resaltan la oposición ficticia que ha puesto en boga la presidenta, al contrastar el modelo argentino de “capitalismo serio” con el esquema neoliberal de “anarco-capitalismo”. Ciertos analistas interpretan que esa diferencia distingue un proyecto de país igualitario de un sistema gobernado por la primacía del mercado. (46)
¿Pero cuál es el modelo de país que esperan desenvolver los progresistas K? Hasta hace poco tiempo ese norte estaba representado por el modelo social alemán. Actualmente resulta difícil sostener esa reivindicación, a la luz del atropello que están consumando los banqueros germanos en Grecia y la sobreexplotación del trabajo en Alemania. Encontrar un sustituto es aún más complicado, puesto que los modelos asiáticos de explotación de la fuerza de trabajo son incompatibles con cualquier ideal de justicia social. La dificultad para presentar un modelo capitalista a emular radica que en que todas las variantes de este sistema se basan en la competencia, el beneficio y la explotación, es decir en tres rasgos antagónicos con la igualdad. El capitalismo “serio” como el “anárquico” son dos modalidades de la inequidad vigente.

La resignación de los economistas K.
Un problema no menor del modelo en su fracaso en el intento de crear una burguesía nacional desde el Estado. El esquema de subsidios, contratos privilegiados y favores mutuos con Cirigiliano, Eskenazi, Cristóbal López o Eurnekian, dio lugar al “capitalismo de amigos” incompatible con el objetivo de un sistema competitivo arbitrado por el Estado.

Esa relación con socios privilegiados es traumática y ha generado situaciones de “capitalismo de ex amigos”. Pero los enojos sólo modifican el lugar de los grupos preferidos y en la mayoría de los casos abren un paréntesis hasta nuevas reconciliaciones.
La relación de los funcionarios con Technit es un ejemplo del rumbo que adoptan estas asociaciones. Al principio prevalecieron estrechas relaciones con la empresa, reforzadas con la intermediación presidencial en la indemnización de SIDOR (Venezuela). Luego aparecieron los conflictos por corrupción y la queja oficial ante la predilección de la firma por invertir en el exterior. Sobrevinieron también tensiones por la presión de los representantes estatales en el directorio, pero ahora se vislumbra un nuevo reencuentro. En esta secuencia de reproches nunca se revisa el oscuro enriquecimiento de la empresa desde los años ‘70 mediante incontables favores oficiales. (47)

El trasfondo del problema radica en las dificultades que enfrenta el equipo K para erigir un capitalismo nacional, sin la vieja burguesía nacional que priorizaba el mercado interno. Este sector perdió relevancia y actualmente predominan los grupos transnacionalizados. Cuando se satura el área en que operan estos sectores, tienden a buscar salidas en el exterior. Esta conducta es coherente con el comportamiento habitual de toda la burguesía local que realiza pocas inversiones, renueva su rentabilidad remarcando precios y fuga capital ante cualquier inconveniente. Como reconoce un conocido promotor del industrialismo: “Piedra libre para quien encuentre a la burguesía nacional”. (48)
Muchos simpatizantes del curso actual han ingresado al gobierno en los últimos meses, con cargos de gran relevancia en el área económica. Han pasado del sostén externo a la gestión directa desde los ministerios y las secretarías. Ya no se agrupan en centros de estudio sino que actúan como funcionarios, asumiendo la defensa integral del modelo. Con este cambio ha desaparecido el sentido limitadamente crítico que mantenían desde el llano. Existe una significativa diferencia entre acompañar con reparos el proyecto oficial y asumir la instrumentación directa de un esquema capitalista, que perpetúa la dominación de los privilegiados.

Desde el poder se percibe como mayor nitidez la inexistencia de la burguesía nacional, que Kirchner imaginaba como sujeto transformador de la economía. Ciertos analistas todavía confían en la aparición de este segmento y en su papel conductor de un “desarrollo con inclusión social” (49). Pero salta a la vista la ausencia de ese agente y la consiguiente preeminencia de los mismos grupos dominantes que manejan el poder económico desde hace décadas. No hay otro capitalismo diferente al que impera en país. Esta configuración no se ha modificado bajo la gestión de Alfonsín, Menen, De la Rúa, Duhalde o los Kirchner.

Frente a esta evidencia muchos economistas K tienden a resignarse o a esperar cambios de menor alcance. Mantienen la expectativa de disciplinar a los grupos económicos, a través de presiones asentadas en la “articulación de las mayorías populares”. Suponen que por este camino la política tendrá preeminencia sobre la economía (50). Pero como esta esperanza choca una y otra vez con el mismo muro, el paso del tiempo afianza la convalidación del status quo. En los hechos ningún sector burgués de importancia se somete al dictado oficial. Mantienen la cortesía y prometen cumplir con las exhortaciones gubernamentales, pero en la práctica hacen negocios contrarios al interés general. No han modificado su vieja costumbre de aumentar precios, fugar capitales y desinvertir.

Frente a esta constatación hay quienes han comenzado a reconsiderar estrategias de crecimiento más basadas en la asociación con el capital extranjero, que en la promoción de los capitalistas locales. Esta opción es evaluada con la esperanza de repetir el camino asiático o la concertación con las empresas transnacionales, que se implementó en Singapur o Irlanda. Un test en esta dirección ha sido el generalizado aval al negocio minero.

Este viraje hacia la convalidación de la asociación multinacional tiende a reforzarse, a medida que avanza la integración con el principal socio de la región. La corriente unidireccional de adquisiciones argentinas por parte de firmas brasileñas ha comenzado a compensarse con ciertos movimientos inversos. Ya no sólo ingresan al país Petrobras, Camargo Correa, Am Bev, Fibroi o Banco do Brasil, sino que Techint, Eurnekian, Pescarmona, Grobo y Arcor colocan capitales en el principal mercado de Sudamérica. El resultado de este empalme es la creciente transnacionalización de las compañías involucradas, en desmedro de objetivos de desarrollo establecidos a escala nacional. La incidencia de cualquier exhortación gubernamental decrece, en proporción a la envergadura internacional que alcanza su interlocutor empresario.

La historia económica argentina está signada por los infructuosos intentos que realizaron los gobiernos peronistas para apuntalar desde el Estado el fortalecimiento de una burguesía industrial competitiva. El fracaso de este propósito siempre condujo a virajes conservadores (Perón en 1953-54 y Perón-Isabel en1974-75). La gran incógnita a develar en la próxima etapa es si estamos frente la repetición de esa secuencia. (51)

Cuadro de situación y proyecto

Hay un nuevo cuadro de situación en el país y con el año 2012 debuta una experiencia política distinta a lo vivido en la última década. Las nuevas demandas que tienden a ganar relevancia son en gran medida instaladas por movimientos sociales, organizaciones gremiales y asambleas ciudadanas, pero también por una realidad que muestra el estallido de contradicciones y problemas estructurales del modelo.

Por primera vez el gobierno es desafiado por la realidad y emergen propuestas de izquierda, que erosionan la estrategia oficial de presentar cualquier conflicto, como una disputa entre el pasado neoliberal y el presente progresista. Sustraerse a esa falsa disyuntiva es el gran desafío que enfrenta el movimiento popular.

Los trabajadores, los estudiantes y los jóvenes que reclaman lo suyo pueden así avanzar en la construcción de una alternativa propia para conquistar esos reclamos. Las prioridades inmediatas ya han salido a la superficie: salarios ajustados por inflación; paritarias sin topes; agricultura diversificada; minería limitada con procesamiento de productos; re-nacionalización de los hidrocarburos; estatización de los ferrocarriles bajo control de trabajadores y los usuarios, reindustrialización con empleo productivo y reforma impositiva integral. Salida del CIADI, nueva ley de inversiones extranjeras y revisión de todos los convenios bilaterales sobre las mismas, suspensión de los pagos de la deuda externa y nacionalización de la banca y el comercio exterior.

Un punto central a tomar por los distintos colectivos es la derogación de la Llamada Ley Antiterrorista. Por medio de la sanción de la Ley 26.734, se incorporó al Código Penal una agravante genérica, y una reformulación al tipo penal de financiamiento del terrorismo dentro del Capítulo de los “Delitos contra el orden económico y financiero”. El origen de esta ley ha sido cumplir con una exigencia del GAFI (Grupo de Acción financiera Internacional) para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en nuestro país pero la indefiniciones en su articulado hacen que esta ley pueda ser aplicada a las protestas sociales.

En las batallas por estas demandas se puede ir más allá de una sociedad gobernada por el lucro, regida por la explotación y signada por la desigualdad. Se puede construir otra economía, distanciada del capitalismo liberal o regulado, y más próxima a los ideales de igualdad anticapitalistas. Reivindicar abiertamente esas metas pos-capitalistas es un aliciente para luchar todos los días por un futuro de genuina justicia.

Los Economistas de Izquierda afirmamos que los problemas de largo alcance, así como algunos que se manifiestan en la coyuntura, tienen un origen estructural, propios de un capitalismo dependiente como el nuestro. Abordar estos problemas con la convicción de superarlos requiere enfocarlos desde una orientación anticapitalista y en ese marco discutir las prioridades de una agenda transformadora que llevará a enfrentar a las corporaciones y el imperialismo.

Ver también:

Economistas de Izquierda: Claudio Katz, Eduardo Lucita, Jorge Marchini, Guillermo Gigliani, Jose Castillo, Alberto Teszkiewicz, Julio Gambina, Mariano Féliz, Jorge Orovitz Sanmartino, Martín Ogando, Sergio García, Hugo Azcurra, Guillermo Almeyra, Martín Kalos, Ariel Slipak, Facundo Lastra.

Notas:
36) Rozenwurcel Guillermo, “El populismo económico siempre es auto-destructivo”, Clarín 8-2-2012.
37) Zaffore Carlos,“Cristina tiene nostalgias de Menen” Clarín 8-2-2012.
38) Llach Lucas, “Cuando se jodió la economía K”, La Nación, 5-2-2011.
39) Llach, Juan: “Todavía se está a tiempo de enmendar los errores”, La Nación, 8-11-2011, Kohan, Guillermo: “Bienvenidos al estatismo”, La Nación, 19-7-2010.
40) Llach, Juan: “Hipotecando el futuro”, La Nación, 22-3-2011.
41) Gerchunoff, Pablo: “La economía kirchnerista ha terminado”, La Nación, 15-1-2012.
42) Por ejemplo Pagni, Carlos: “Señales de que el modelo ha muerto” La Nación, 7-3-2011
43) Scaletta, Claudio: “La eficacia del modelo” Pagina 12, 24-4-2011.
44) Navarro, Roberto: “Es difícil frenar una locomotora” Pagina 12, 25-2-2012.
45) Informes del programa de TV 6, 7, 8. Palomino, Héctor: “Percepción del establishment”. Página 21-2-2011
46) Peralta Ramos, Mónica: “Sintonía fina, el comienzo de una nueva etapa”, Pagina 12, 23-1-2012.
47) Ver “La resurrección de un viejo conflicto” Página 12, 26-4-2011.
48) Muchnik, Daniel: “Nuestra burguesía nacional”, La Nación, 13-9-2011.
49) Bernal, Federico: “Conflicto con grupos económicos y desarrollo nacional”, Página 12, 22-5-2011.
50) Wierzba, Guillermo: “Neo-progresistas del establishment” Página 12, 22-1-2012. Romero, Ricardo: “Respuesta” Página 12, 15-1-2011.
51) Ver antecedentes Ámbito Financiero, 16-2-2012.

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Entrevista a Ricardo Napurí a 30 años de la Guerra de Malvinas: Perú apoyó a la Argentina con misiles Exorcets, aviones Mirages e instructores

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

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Mario Hernandez (MH): Hoy vamos a entrevistar al ex diputado constituyente y senador peruano Ricardo Napurí sobre el papel jugado por su país en el conflicto de Malvinas en 1982 y su rol personal en el mismo.
También sobre la oportunidad en que le aplicaron el “Plan Cóndor” en 1978, junto a otros ciudadanos peruanos. Generalmente se vincula este Plan a las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil y se deja afuera al Perú que sin embargo también tuvo una participación activa. Al “Plan Cóndor” también se lo vincula con el golpe de estado de 1976 en nuestro país aunque leyendo Los años del lobo de la periodista Stella Calloni en realidad empezó a funcionar antes del 24 de marzo.
Antes de empezar les quiero leer párrafos de una carta que Napurí envió a los medios y al canciller Héctor Timerman:
“1982: La importante solidaridad y ayuda de Perú en el conflicto de las Malvinas
En diversos medios de prensa y eventos políticos se ha destacado la solidaridad y apoyo de la mayoría de los países de la región (Mercosur, ALBA, CELAC, entre otros) ante la actual provocación militar y política del gobierno conservador de Inglaterra. A través de estos gestos solidarios queda denunciada la posición imperialista y colonialista de Gran Bretaña. Pero sobre todo se crea presión internacional en la vía de terminar, si es posible cuanto antes, con una situación colonial y que el archipiélago de Las Malvinas retorne a suelo patrio, es decir a la Argentina.
Se ha afirmado asimismo que a diferencia de este actual apoyo regional, cuando se produjo la guerra en 1982, el apoyo de estos mismos países fue limitado y casi simbólico. Sea cierto o no, quiero destacar que esto no ocurrió con Perú.
[…] los militares peruanos una vez que se produjo el desembarco en abril de 1982, resolvieron apoyar material y concretamente a sus compañeros de armas argentinos. Eso sí, poniendo el acento en la solidaridad activa entre militares y no tanto en la legítima soberanía argentina sobre el territorio usurpado por Gran Bretaña desde 1833.
Era presidente de la República el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que en elecciones democráticas sucedió al General Morales Bermúdez, en 1980. Pero como los altos mandos de las Fuerzas Armadas no habían sido reemplazados todavía, es decir que venían del pasado dictatorial, el Presidente se mostró cauteloso y hasta neutral ante el conflicto. Más aún porque la iniciativa del comando militar aparecía ante la visión de la ciudadanía como un acuerdo sospechoso entre militares de ambos países. Sin embargo, estos mandos conminaron -incluso con amenazas golpistas- al Presidente a que se ofreciera como mediador en el conflicto; lo que hizo con anuencia Argentina, hasta casi antes del hundimiento del crucero Belgrano.
En otro gesto significativo, las Fuerzas Armadas concretaron el apoyo material, enviando a la Argentina una calificada dotación de armamentos, algunos de ellos sofisticados, como misiles Exorcets, aviones Mirage, etc. Además de instructores y la promesa de envío de combatientes civiles y militares.
[…] en Perú se produjeron movilizaciones multitudinarias en las principales ciudades; lo que no se dio en otros países de la región. Y con el singularismo de una suerte de “unidad de acción” entre diversos sectores sociales y políticos.
De mi lado, en tanto miembro de la izquierda socialista, y en mi condición de Senador de la República, consideré que era un enorme déficit político no dar una batalla, acompañado de muchos otros, encaminada a esclarecer por la vía del debate público, la diferencia cualitativa entre los perversos objetivos políticos de la dictadura argentina y la justa y soberana reivindicación de la Nación.
En el Senado la prédica esclarecedora surtió efecto. Se logró la adhesión de los miembros del cuerpo -60 senadores- los que aprobaron un documento-moción del que fui autor. Por este hecho fui nombrado su representante para la entrega, en manos, del documento a la Cancillería argentina, en Buenos Aires. Fui recibido por el vicecanciller y otros altos funcionarios, los que agradecieron vivamente este gesto de solidaridad. El vicecanciller al noticiarse que además de senador era periodista y sobre todo ex aviador militar, me propuso en nombre del gobierno que viajara a las Malvinas para comunicar en directo a los combatientes en armas, de esta solidaridad peruana militante. Hasta hoy desconozco por qué no se llegó a concretar este viaje. Aunque sospecho que quizás se debió a las alternativas negativas que tomó la guerra.
Aunque brevemente he creído necesario recordar este episodio casi olvidado, como un aporte a la lucha por la verdad histórica.”
MH: Conocía de este apoyo material del Perú porque alguna vez lo conversamos pero sería importante que lo aclararas un poco más porque este tema es poco conocido por la opinión pública argentina.
Ricardo Napurí (RN): La aclaración tiene que comprender la coyuntura del momento. Lo primero que destaco es que la iniciativa vino de las Fuerzas Armadas, que tuvieron un vínculo histórico con sus pares argentinos. Además por razones geopolíticas debía tener en cuenta a Chile por los conflictos fronterizos con ese país. Había un vínculo muy fuerte que rompió el ex presidente Carlos Menem al apoyar el tráfico de armas a Ecuador en la guerra con Perú.
Los militares peruanos privilegiaron un apoyo inmediato y total a sus hermanos de armas argentinos pero necesitaban vencer la resistencia del nuevo Presidente peruano. Los mandos militares no habían sido reemplazados porque no aceptaron el gobierno democrático elegido de Belaúnde Terry que al principio sostuvo que era un movimiento entre militares golpistas, por lo tanto, se manifestó vigilante y neutral. Entonces los militares amenazaron con darle un golpe de estado y Belaúnde reaccionó rápidamente y se puso al frente del operativo para tratar de controlarlo y que no quedase solo como una iniciativa de los militares.
No olvidemos que Belaúnde fue mediador como bien lo ha recordado hace poco la Presidenta argentina. Antes nadie se había acordado que el único mediador latinoamericano aceptado por la dictadura argentina fue Belaúnde Terry, luego frustrado por la provocación de Margaret Thatcher al ordenar el hundimiento del crucero Gral. Belgrano.
El otro problema fue que era peligroso que la iniciativa la tuvieran solo los militares que habían entregado misiles Exorcets que sirvieron para dejar fuera de combate a varias fragatas inglesas, también hubieron instructores peruanos y 5 aviones Mirage, aprovisionamiento de armas y desconozco si otros recursos más. Además hicieron una encuesta para enviar combatientes. Ese apoyo no existió de la misma manera en ningún otro país de América Latina y la vía fueron las Fuerzas Armadas.
Como te decía, había que evitar que los militares tomaran toda la iniciativa y ésta quedara en sus manos. Ellos no tenían interés en el problema de la soberanía sino en salvar a sus hermanos de armas argentinos. Entonces, paralelamente hubo un movimiento civil y político muy importante que dio la batalla por poner el eje en el rescate de las islas desde la perspectiva de la soberanía histórica y no tanto desde la perspectiva del triunfo militar donde hicieron eje los militares peruanos.
Tampoco se dijo que en Perú se produjeron las movilizaciones más grandes de América Latina. En todas las ciudades salieron miles y miles de personas. Toda la izquierda, que era muy fuerte en ese momento, y los movimientos sociales le dieron el contenido de la reivindicación soberana. La intención de los militares argentinos fue mantener el poder pero eso no anula el tema de la soberanía que Argentina está reclamando en este momento por la vía pacífica.
También Perú vivió ese debate. Inicialmente el Congreso peruano fue neutral y a mí como senador me tocó encabezar, junto a otros parlamentarios, el vuelco hacia el apoyo a la soberanía argentina. Fue por ese motivo que encabecé una delegación a Argentina ya que fui quien propuso la moción que luego se plasmó en un documento de apoyo de varias páginas.
Fui recibido por el vicecanciller argentino ya que Costa Méndez no estaba en ese momento. Como yo era ex aviador y periodista me propusieron viajar a las Malvinas pero como la guerra tomó un curso negativo no pude concretarlo.
Cuando más adelante, en Perú, se conocieron las intenciones de la dictadura argentina, nuevamente se produjo una confusión respecto si poner el eje en denunciarla o el rescate de las islas. Allí presenté otra moción parlamentaria que mereció la felicitación del gobierno alfonsinista donde decía que el odio a los militares y a la dictadura no podía dejar de lado el problema central que nos compete a todos los países latinoamericanos que en nuestro territorio no pueden hacer colonias de países imperialistas.
La dictadura argentina permitió por primera vez un acto público
MH: En tu libro Pensar América Latina. Crónicas autobiográficas de un militante revolucionario, contás que tu presencia en Argentina durante el conflicto de Malvinas permitió impulsar el primer acto público que bajo la dictadura llevó adelante el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), luego conocido como Movimiento al Socialismo (MAS).
RN: Fue consecuencia del apoyo de mi país. El gobierno militar argentino se vio obligado a hacer algunas concesiones. Nahuel Moreno, el máximo dirigente del PST, que estaba exiliado en Colombia, captó la situación e instruyó al Dr. Enrique Broquen, abogado de Derechos Humanos, y que venía de una familia militar, aunque él era marxista y de izquierda, para organizar la convocatoria a un acto so pretexto de las Malvinas, que se hizo en el barrio de Congreso.
Contarlo hoy es muy fácil pero en ese momento las dudas eran enormes. Quienes organizaron el acto hicieron varias pruebas para evitar que se produjera una celada contra los militantes. Solo participaron simpatizantes y artistas, evitando la presencia de la militancia activa para resguardarla de una eventual represión. Yo no lo sabía. Hablamos Franceschi, un diputado venezolano que adhería a nuestra corriente internacional, el Dr. Broquen, 2 o 3 personas más y yo. La conmoción fue terrible. Los asistentes lloraban. No podían creer que un acto público se estuviera haciendo en plena dictadura.
Ese fue el sentido del uso inteligente de la situación lo que probaba también la debilidad de la dictadura, ya habían brechas en la represión que podían aprovechar las organizaciones de izquierda para salir a la superficie abandonando la clandestinidad cerrada a la que se veían obligadas por la represión, lo que sucedió después de la derrota militar en Malvinas.
Plan Cóndor: no fueron 3 o 4 dictadores locos los que se pusieron de acuerdo
MH: Tu relación con la dictadura argentina no siempre fue tan “feliz”. Cuatro años antes no la pasaste tan bien. En un momento de movilización y enfrentamientos a la dictadura del Gral. Morales Bermúdez en Perú, éste toma una serie de medidas represivas, entre ellas tu expulsión y la de otras personalidades a la Argentina donde van a ser recibidos en el aeropuerto de El Cadillal (Jujuy) y llevados al Regimiento 20 de Montaña. En tu libro Pensar América Latina señalás que el coronel jefe de ese regimiento les comunica que eran prisioneros de guerra porque ambos países estaban en guerra civil interna y agrega que los Estados Mayores de ambos ejércitos y los respectivos gobiernos acordaron cambios de prisioneros y en caso de insubordinación se les aplicaría la ley de fuga. Este es un típico caso del denominado Plan Cóndor donde no solo te viste afectado vos sino el dirigente campesino Hugo Blanco, entre otros.
RN: Nosotros fuimos hechos prisioneros en el momento que se iniciaba el campeonato mundial de fútbol de 1978. Lo que dice el coronel Arana, que no era su verdadero nombre según pude constatar personalmente, fue algo terrible. Si recuerdas el Plan Cóndor significaba la represión puntual y en masa ya que no solo te perseguían a vos sino a toda tu familia.
MH: En ese contexto asesinaron al ex canciller chileno Letellier en Estados Unidos y al Gral. Prats en Argentina.
RN: Que un oficial de las Fuerzas Armadas diga que los gobiernos habían pactado un acuerdo porque en ambos países había una guerra civil es de un alto significado. Es la prueba más alta que yo recuerde de un acuerdo formal de las Fuerzas Armadas y los gobiernos, además de lo inverosímil que los capturados en Perú viniéramos a las cárceles argentinas como prisioneros de guerra y que los argentinos fueran a la selva peruana. Este hecho debería ser resaltado en toda su dimensión y es la prueba más alta de los acuerdos del Plan Cóndor. En Perú y otros países nunca lo han admitido, lo que es lógico, pero el mecanismo es que los servicios de inteligencia actúan como un subpoder y toman protagonismo en la medida que la situación política se tensiona y se producen crisis de los gobiernos e inestabilidad social. Aún los gobiernos civiles y democráticos dejaron actuar a estos mecanismos subterráneos en América Latina por el peligro que para Estados Unidos y las oligarquías latinoamericanas significaba el peligro de propagación del ejemplo de la revolución cubana. Un senador oficialista peruano alguna vez me dijo que el poder real era el de las fuerzas policiales y militares y los parlamentarios éramos superestructura que disputábamos solo una cuota de poder, mucho más en caso de conmoción social donde vieran peligrar su dominación política de clase.
Es muy importante para seguir avanzando en el tejido y no quedarse con la idea que fueron 3 o 4 dictadores locos los que se pusieron de acuerdo. Es el sistema el que se dota de este mecanismo en todos los gobiernos, aun en los llamados democráticos. Siendo yo un alto representante político en Perú, sé que las Fuerzas Armadas y policiales “fichan” las manifestaciones y hacen seguimientos para confeccionar el prontuario de todos aquéllos que consideran un peligro. Es mentira que las FF. AA. Están solo para defender a la Nación en guerras, son verdaderos ejércitos de ocupación y todo el dispositivo es interno para controlar a los que con su oposición política, sindical, etc., pongan en peligro el sistema de dominación. Todo lo demás es falso. El sistema se da estos instrumentos de vigilancia policial y represiva para salvar la propiedad privada.
En el caso de Morales Bermúdez el gobierno se caía, se produjo una huelga general frente a un paquete de medidas neoliberales de shock, entonces el gobierno golpeó por todos lados. Hubo 2000 presos. A los más representativos de diversos partidos nos embarcaron en un avión en complicidad con la dictadura argentina.
MH: Hay algunos otros casos. Estaba revisando el libro de Stella Calloni donde menciona el caso de Esther de Molfino, Madre de Plaza de Mayo residente en Perú donde es capturada y posteriormente asesinada en Madrid. El caso de Carlos Alberto Maguid, casado con la hermana de Norma Arrostito y una serie de casos que si mal no recuerdo totalizan 17. Estos hechos han tomado actualidad nuevamente en Perú. ¿Qué ha motivado la reactualización de la implementación del Plan Cóndor entre Argentina y Perú?
RN: Yo presenté hace 3 o 4 años un recurso ante el Juez Oyarbide y el 1º de febrero falló a mi favor. Le pedí que comprobara si las pruebas demostraban que nuestro secuestro fue parte de la operación Cóndor. El fallo es un documento de 62 páginas y da la orden de captura internacional de Morales Bermúdez. Es parecido al caso del Juez Garzón contra Pinochet. Se discute si la justicia internacional tiene superioridad sobre la nacional en caso de genocidio o violación a los DD. HH. En el caso de Garzón, la maniobra chilena fue decir ‘nosotros vamos a juzgar a Pinochet’ y se produjo la controversia que les permitió trasladarlo a Chile donde lo recibieron como héroe nacional.
Morales Bermúdez ha apelado el fallo mediante la misma figura y se armó un lío bárbaro porque las Fuerzas Armadas han salido a defenderlo. El ex presidente Alan García ha dicho que fue el padre de la transición democrática. ¡Cómo lo van a llevar a la Argentina! ¡Pobrecito, tiene 90 años! ¡Hay que dejarlo morir en paz! Y han salido por todos lados a defender al “pobre hombre” que sin embargo no puede salir del Perú.
MH: Quiero aclarar que si hoy estamos conversando fue debido a la gran campaña internacional que se llevó adelante pidiendo por sus libertades.
RN: El campeonato mundial fue una circunstancia, un hecho que se combina con la denuncia internacional e incluso la amenaza de gobiernos europeos de retirar sus equipos de fútbol. Una gran presión internacional.
MH: ¿Cómo se filtra la información de las desapariciones?
RN: Por una doble vía. Cuando desembarcamos a las 6 a. m. estaba un periodista en el aeropuerto y nos ve engrillados descendiendo de un avión peruano y publicó la noticia al día siguiente. Pero el mismo día yo vi que cuando el coronel Arana nos da las reglas, un suboficial que lo custodiaba lo puteaba y dio la casualidad que cuando pasamos a la guardia estaba en ella y me arriesgué y le dije: ‘Quiero hablar con París’ y él sorpresivamente me miró fijo y me respondió que a la 1 a. m. daría la orden para que me pasaran a enfermería, mientras tanto iba a averiguar si había control sobre las llamadas a París. Luego vino, me llevó y hablé y allí se desató la campaña mundial paralelamente con la denuncia local del periodista. ¡Qué mecanismo de la vida que te lleva a tener confianza en el ser humano! La condición humana que operó a nuestro favor. Por esas 2 circunstancias se les escapó la situación de control a los militares que querían escondernos en campos de concentración hasta que pasara el Campeonato Mundial de Fútbol y ver qué hacían después. Ese suboficial se arriesgó mucho para que yo pudiera hacer esa llamada.
MH: Entonces Morales Bermúdez no puede salir del Perú. ¿Qué repercusión pública ha tenido este hecho?
RN: El procesamiento es también para Videla y Harguindeguy. Ambos cumpliendo cadena perpetua ahora van a tener una nueva condena por este caso. Seguramente otra perpetua. Mientras tanto la “vestal” que fue Morales Bermúdez en Perú es defendida por toda la derecha y los partidos políticos democráticos. ¿Por qué? En Perú el golpe de 1968 tuvo 2 personajes: el Gral. Velasco Alvarado, que fue un nacionalista revolucionario que hizo una reforma agraria, nacionalizó el 70 % de la economía y se enfrentó a la patronal y el imperialismo. Fue derribado por Morales Bermúdez, representante del imperialismo y la reacción democrática y se comprometió a desarmar lo hecho por V. Alvarado. Esa fue la 2ª parte del proceso militar. Una primera etapa progresiva y otra totalmente reaccionaria.
También fue un gran represor y un gran defensor de la patronal, por eso actualmente lo apoyan diciendo que fue un hombre de la democracia. ¡Qué curioso! Son los mecanismos de la vida política, de las relaciones de clase y cómo las fuerzas sociales y políticas sin moral eligen a un dictador como el patrón de la democracia de Perú cuando fue un vil dictador.
Vamos a ver muchos intentos de reinstalar el Plan Cóndor en América Latina
MH: ¿Querés agregar algo más?
RN: Nada más decir que no es solo el caso peruano.
MH: Como bien lo señalaste habría que hablar de la calidad del caso peruano. En realidad, la mayoría de los afectados por el Plan Cóndor fueron ciudadanos argentinos, chilenos, paraguayos y uruguayos.
RN: Yo he querido resaltar el peligro que existe porque la desinformación es muy grande de cómo hay un tejido de represión latente y dormido que se reaviva en momentos de conmoción. Por eso vamos a ver muchos intentos de reinstalar el Plan Cóndor, puede tomar variantes diferentes, pero el sistema represivo está ahí, la vigilancia del orden capitalista, de la propiedad privada y estas fuerzas que parecen dormidas, dejarán de estarlo en los momentos de conmoción que van a ser cada vez mayores por las rebeldías ante el rechazo de la barbarie capitalista que se expresa en esta etapa de globalización.
Este es el sentido de retomar en la memoria histórica estos antecedentes que pueden reproducirse aún en condiciones peores si los pueblos latinoamericanos les exigen a los capitalistas. Una política de represión generalizada es segura porque no abandonarán la escena sin dar combate por su sobrevivencia.

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Argentina: Fuentealba, colonialidad y educación empresarial

Andres Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

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Recordar a Carlos Fuentealba es exigir justicia por su asesinato pero también debe comprometernos con seguir pensando para qué educamos. Con Darío Balvidares conversamos sobre ello, el colonialismo "obsoleto " de Filmus y cómo las corporaciones empresariales y políticas van fagocitando lo público.





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Argentina: El vicepresidente se defiende en soledad y comete yerros políticos

Emilio Marín (LA ARENA)

Amado Boudou tiene todo el derecho de sentirse perseguido por mafias y monopolios. Debería defenderse mejor, con más argumentos, en vez de cuestionar a un juez digno y al Procurador General.

La paciencia del vicepresidente pareció colmarse, tras un promocionado allanamiento a un departamento suyo alquilado al empresario Fabián Carosso Donatiello, en el exclusivo Puerto Madero.

¿Boudou tenía razón para enojarse? Sí. Porque el procedimiento instado por el fiscal Carlos Rívolo y dispuesto por el juez federal Daniel Rafecas se hizo con acompañamiento de Clarín.

El enojo también era por la forma de presentar esa noticia en medios monopólicos: decían que en ese departamento vivía el vicepresidente. La verdad es que el mismo estaba alquilado desde 2010 a otra persona. Su explicación fue que sí tiene amistad con José M. Núñez Carmona, quien habría ofrecido a Alejandro Vandenbroele el alquiler mencionado para un amigo de éste, Carosso Donatiello.

La bronca de Boudou aumentó con las conclusiones ventiladas por Clarinete y TN. Supuestamente Rafecas habría hallado pruebas de que Vandenbroele pagaba las expensas del departamento. Para esos medios, tal sería la señal de que el pagador, Vandenbroele, conocía a Boudou, circunstancia negada por ambos. Para un observador imparcial, en cambio, Vandenbroele había pagado las expensas del inquilino y amigo suyo, Carosso Donatiello. Seguía en pie la coartada de que Boudou y Vandenbroele no se habían conocido al tiempo de la intervención de aquél ante la AFIP para que se levantara la quiebra de Ciccone. Esta quedó en poder de un fondo de inversión presidido por Vandenbroele y su ex mujer declaró que es un testaferro del vicepresidente.

Hasta allí las razones de Boudou, para que dijera un crispado discurso en un salón del Senado y se defendiera de aquellos ataques. Pero en esta defensa incurrió en varias pifias políticas, amén de mostrar un cuadro de cierta soledad. No lo acompañó ningún funcionario nacional ni dirigente cristinista. Fue evidente que varios que antes lo sostenían, ahora no ponen las manos al fuego por él. Florencio Randazzo, Aníbal Fernández y Carlos Kunkel declararon en esos días previos al allanamiento que no juraban por la inocencia de nadie. Cuando la posible quemazón de Boudou llegó a ser una hipótesis más firme, Fernández, Juan Manuel Abal Medina, Gabriel Mariotto y otros dirigentes dijeron que creían en esa inocencia. Eso sí, a pesar de tanta profesión de fe en estas Pascuas, las manos de ellos estuvieron siempre enguantados, lejos de las llamas.

Esa división en el seno del gobierno se ahondó luego del speach del sospechado. Es que allí hubo una andanada de acusaciones que también dieron contra el juez Daniel Rafecas y el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, dos figuras muy prestigiadas en Tribunales y la Casa Rosada. Nilda Garré y Mariotto salieron en defensa de ambos y en esto representaron el pensamiento de muchos, de adentro y afuera del gobierno.

Manos al fuego

Poner o no poner las manos al fuego fue la expresión más empleada en esta discusión política, mediática y judicial.

"Por Rafecas tengo mucho respeto", manifestó la ministra de Seguridad, como extendiendo sus palmas hacia la hornalla. Alegó su performance durante la crisis por la ocupación del Club Albariño por "gente pesada" del macrismo. Luego, seguramente por presión o consejo de la jefa de Estado, Garré dijo que sus manos también se exponían por Boudou.

La opinión favorable sobre el magistrado es compartida por los organismos de derechos humanos, luego de tramitar causas contra represores. Querellantes y testigos lo han visto trabajar duro instruyendo esos procesos y elevándolos a juicios orales y públicos. Las causas del I Cuerpo de Ejército, salvo las del circuito Camps -derivadas a la justicia de La Plata- son del juzgado vapuleado por el vicepresidente como "agencia de noticias" de la mafia.

Las asociaciones de magistrados salieron a defender a Rafecas, jurando por su honorabilidad. Los ataques en su contra podrían llegar ante el Consejo de la Magistratura, lo que marcaría un récord de intolerancia. Se trata de un juez decente y progresista. Nada que ver con varios de sus colegas que figuraron en la servilleta de Carlos Corach y se reciclaron con los gobiernos posteriores. La currícula de Rafecas es opuesta a las de Norberto Oyarbide y María R. Servini de Cubría, por ejemplo. Sería una notable injusticia que ambos sigan pontificando en Comodoro Py y aquél viera cortada su carrera.

Este cronista no pone las manos al fuego por el magistrado, pero cree que es un juez capaz y democrático, y no una marioneta de Héctor Magnetto. Es lo que pensaba Boudou cuando intimó con aquél en los palcos de aniversarios del atentado contra la AMIA, donde ambos fueron oradores. El que cambió fue el vicepresidente, no el juez federal. Este lo investiga respetando su inocencia y el otro lo acusó de servicial con las mafias...

La artillería de Boudou contra el estudio jurídico fundado por Righi también provocó daños colaterales en el gobierno. La acusación fue que se le había ofrecido "aceitar las relaciones con la justicia federal", léase hacer lobby sobre este fuero y obtener fallos favorables. Esto pintó a Righi como un corrupto que cobra por tramitar influencias. "Esa frase sorprende y estremece: quedamos todos muy sorprendidos", fue el comentario del vicegobernador Mariotto.

Es que como jefe de los fiscales, el Procurador tiene una bien ganada fama de funcionario probo, luchador y honesto, del mismo palo que el fallecido Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación.

En la órbita de la PGN funciona la Unidad de Seguimiento Fiscal a Causas de Derechos Humanos, que procura acelerar esos juicios. Su periódica rendición de cuentas al interior de la Procuración y el ministerio de Justicia arroja números que -con límites- ubican a Argentina al tope del continente en esta materia.

Vecino de Jaime

Las acusaciones contra Boudou parecen parte de un guión político, escrito por Morales Solá, Alconada Moon, Pagni, Van der Kooy, Blank y otras plumas de la entente Clarín-La Nación.

Se dijo: del promocionado allanamiento surgiría que Vandenbroele le pagó una o más expensas al empresario que alquila el departamento a Boudou, sin probar relación entre el pagador y el propietario del inmueble.

El vicepresidente se mantiene en su postura inicial: sobre Ciccone se limitó a contestar un requerimiento de la AFIP, cuando era ministro de Economía, expresando que mejor era reactivar la empresa para salvar puestos de trabajo.

No obstante, aquellos enemigos de Boudou -quizás ganados por su buen rol en el punto final a las AFJP- se empeñan en demostrar que el nuevo controlante de aquella empresa gráfica era o es su testaferro, tal como acusó la despechada ex esposa del empresario.

En democracia esos críticos del funcionario tienen los estrados de la justicia para probar tales acusaciones, que hasta ahora lucen inconsistentes y politizadas. Creyéndolo casi en la lona, otros actores se sumaron a la cacería, como el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten (de triste actuación con su denuncia de que el desaparecido Julio López estaba enterrado en cierta estación de tren que no resultó cierta). Otro denunciante es el periodista Cristian Sanz, cercano a los servicios de derecha Seprin y el Informador Público, quien aseguraba que la presidenta de la Nación no se había recibido de abogada en La Plata...

Si los acusadores de Boudou van a ser de ese bajo nivel de credibilidad, como Magnetto y los dos citados, al final se ve venir su sobreseimiento judicial.

En medio de varios yerros políticos en su discurso del salón senatorial, entre los que se incluye la negativa a contestar preguntas de la prensa, Boudou dijo varias verdades. Una, la caracterización de mafioso del grupo Magnetto. Otra, que ofrecían mucho dinero por una foto suya con Vandenbroele, que no existe, pero que esos medios nada habían dicho de la foto de Mauricio Macri con un denunciado explotador de prostíbulos VIP en Argentina y México.

En Tribunales hay tres denuncias contra el vicepresidente. La más conocida, por las supuestas negociaciones en el caso Ciccone, incompatibles con su función. La otra, por coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por sus últimas declaraciones a la prensa donde apuntó contra Rafecas, Righi, el titular de la Bolsa, el dueño de Boldt, etc.

Y la tercera, por presunto enriquecimiento ilícito, un expediente que momentáneamente tiene el juez Ariel Lijo.

De las tres causas, al cronista la que le suscita más interrogantes de la conducta del denunciado es la de posible enriquecimiento ilícito. Está bien que de la Anses escaló a Economía y de allí a la vicepresidencia de la Nación, con el sufragio popular, pero sus mejores haberes no parecen estar en regla con el salto de su patrimonio. La duda, sin mayores elementos para sostenerse, es: ¿y si fuera un caso de nuevo rico como Ricardo Jaime, el cuestionado ex secretario de Transporte kirchnerista? Que éste sea vecino de Boudou en Puerto Madero no quiere decir nada, es apenas una coincidencia. La significativa evolución patrimonial de ambos sí puede dar algún margen para los signos de pregunta. ¿Todos son ricos? ¿No hay ningún Illia?.

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Las trampas de la reforma del Banco Central

Fernando Pino Solanas (INFOSUR)

Lamentablemente, estamos ante un debate muy exiguo. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central requeriría una consulta, un debate amplio en la sociedad. El Banco Central nació en 1935, era el Banco de Inglaterra: con Otto Niemeyer, colonia o semicolonia inglesa, el banco neocolonial por excelencia. Otro banco “neoinglés” fue el de la dictadura, el de Martínez de Hoz. Un Banco Central que nacionalizó la deuda privada de todas las grandes corporaciones y todos los bancos que funcionaban en la Argentina, con Domingo Cavallo a la cabeza. Fue la plata dulce, fue la timba y la “bicicleta financiera”. Tuvimos la ley del Fondo Monetario Internacional, el organismo cerrojo del colonialismo terminal, imperial, hoy en el mundo.

¿En qué momento estamos viviendo y discutimos esta ley? ¿En qué momento del mundo y de la Argentina Estamos viviendo la crisis del capitalismo financiero mundial que echó por tierra el capitalismo productivo. Veamos lo que pasa en Europa. Y estamos viviendo en una Argentina que todavía prioriza el pago de una deuda externa que el Congreso omitió, burlando la obligación constitucional de tratar los asuntos de la deuda externa; los delegó en una oscura repartición del Ministerio de Economía. Una historia vergonzosa.

La señora Presidenta, el 1º de marzo, nos recordó que todavía estamos pagando los Boden (19.200 millones de dólares). Porque el Congreso avaló, en 2002, hacernos cargo del quebranto de toda la banca internacional que le robó a los ahorristas argentinos sus depósitos. En lugar de exigir la aplicación de la jurisprudencia nacional del juez Salvador María Lozada -que dice que las deudas de las sucursales son siempre son deudas de las casas matrices-, se hizo reformar la ley de quiebras para que los gerentes de los bancos no fueran presos. Hubo una diputada le regaló a la presidencia una bandera norteamericana.

El recinto nunca exigió, y desoyó el dictamen del juez Jorge Ballesteros (julio del 2000), que dijo: la mitad de la deuda es una estafa. Detectó 477 ilícitos. El Congreso debió hacerse cargo. Todos miraron y siguen mirando para otro lado. Más recientemente, el primero de marzo de 2010, la Presidenta de la Nación abrió la sesión diciendo: señores, no la van a tratar, ya la hemos resuelto. Porque la recientemente elegida Presidenta del Banco Central ya está disponiendo de las reservas… para pagar bonos truchos que habían quedado fuera del canje de 2005. Fueron reflotados. Y este país pagó 8500 millones de dólares. Señora Presidenta, sabe todo lo que se hubiera podido reconstruir (la petrolera estatal, los ferrocarriles, la flora naviera) con 8500 millones. Hoy le faltan a la Argentina.

Un diputado dijo que teníamos 47.000 millones de dólares de reservas. Me permito recordar: las reservas nominales están en 46.900 millones de dólares, pero la base monetaria es de 47.400. El BCRA, además, tiene reservas constituidas por créditos de otros Bancos Centrales, donde están el de Londres y el de Tokio (5100 millones de dólares); pero además tiene “encajes” por 6700 millones, lo que hace bajar las reservas reales a 36.200 millones de dólares. Al mantenerse el “fondo de desendeudamiento” (por medio del proyecto se pretende pagar deuda por 5674 millones, está en el presupuesto 2012). Son 5674 millones de dólares, más lo que puede significar el acuerdo con el Club de París. Estoy hablando de la deuda originaria de Jorge Rafael Videla. Todo el país celebró el gesto de bajar el retrato de Jorge Rafael Videla. Pero es inadmisible que se le quieran seguir pagando las deudas a Videla. La deuda se llevó de la Argentina, en estos últimos treinta años, 268.000 millones de dólares, más de 1 billón de pesos ha pagado la Argentina de una deuda que nunca el Congreso de la Nación nunca quiso investigar.

Por eso estamos, ante este proyecto, ante una presunta torta que tiene veneno. Porque las únicas dos cifras concretas que marca son pagar 5600 millones de dólares de deuda, y no sabemos a quién. Porque ningún funcionario del Ministerio de Economía ni del Banco Central, hasta la fecha, ha dicho a quién el ex ministro Boudou, le pagó 8500 millones de dólares en 2010. ¿De quiénes eran esos bonos? ¿Quiénes eran los tenedores? ¿De dónde venían? Hay que acabar con esta suerte de timba irresponsable que toca a todo el Congreso de la Nación. Voy a decir, que la ley, de lo que se preocupa, es de no tocar al sistema financiero y bancario Ahí está el artículo 28 de los encajes, que ahora son remunerados, y nos recuerdan a José Martínez de Hoz.

Cuando el Banco Central, emite letras Nobac y Lebac, al interés leonino de 14 y 14.5 % en dólares, tomados generosamente por bancos locales. Qué favor le hacen a la Nación tomando letras del Banco Central al 14 %. El 6 de marzo, las tomaron al 14.65 %. Este es el negocio del sistema financiero bancario argentino. Esta es la razón por la cual entre las dos o tres primeras empresas en ganancias en la Argentina, están las mineras, las petroleras y los bancos. Voy a terminar diciendo que de ninguna manera Proyecto Sur puede avalar, a pesar de las buenas intenciones, un proyecto que no se anima a bajar la ley financiera y bancaria de Financieras de José Martínez de Hoz. Tampoco estamos de acuerdo con las tradiciones liberales y ortodoxas que querrían que no cambie nada y que fueron sumisas ante el dictamen del FMI, Cavallo o Martínez de Hoz.

Termino recordando a Juan Domingo Perón. Sus tres primeras medidas. Hizo un gran Banco Central, al servicio de la Nación y de su Pueblo. Pero atención (no era Trotsky ni Lenin): nacionalizó el Banco Central, nacionalizó todos los depósitos bancarios, y nacionalizó el comercio exterior de granos. Y Perón decía: “promover, orientar y realizar, en la medida de sus facultades legales, la política económica adecuada a mantener el alto grado de actividad que procure el máximo de empleo de los recursos humanos y materiales disponibles en la Nación”.

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El derrumbe

Silvana Melo (APE)

Cuántos países es el país. Cuántos los visibles, legitimados a través de las todopoderosas cámaras federales y los titulares determinantes de agendas, también federales. Cuántos los invisibles, los ignorados, los pobres y descartados países del norte. Alambrados con su propia pobreza. Demasiado lejanos para los móviles y las luces arbitrarias de los grandes medios. Cuánto vale la muerte según dónde se muera. Cuánto vale la vida según donde se viva.

Ocho obreros muertos en Corrientes no llegan a cotizar lo que uno y medio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es que Corrientes está tan lejos, es la segunda provincia más pobre del territorio y los obreros se suben a los andamios sin protección ni controles y se caen víctimas de la corrupción político-empresarial. Y se matan de a ocho. Sin embargo, son invisibles. Invisibles los que se cayeron –hace catorce días- de los siete pisos de un edificio tan endeble como los pies de un país que es varios países pero atiende en uno solo. Con oficina central en su vientre descollante de TC 2000 y autopistas colapsadas a las cinco de la tarde. Tan invisibles y correntinos como aquellos otros, jóvenes y desterrados como éstos, elegidos hace treinta años para infantería de la guerra.

Cuántos países son el país. Si es tan lejos Corrientes que a la panza altiva del País llegó apenas el rebote del horror. Es decir, la cifra que titula y que golpea por un rato y después, a otra cosa. Pocos, de Corrientes para abajo, saben de la historia de los Acevedo. O de los Valenzuela. Hugo Acevedo y la mirada profunda de su sobrino antes de morirse en sus brazos. Y su primo Jorge con la vida escapándosele entre los escombros. William Valenzuela muerto entre los restos de la casa vecina. Su hermano Nelson en estado crítico, todavía. Y su tío Carlos, capataz de la obra, desaparecido desde esos días.
A la una de la tarde se les vino abajo el piso que los sostenía. Tan quebradizo como el que caminan día tras día los pibes, los trabajadores, las mujeres, los desterrados y los desechados del País. Y sus países. Después, lo que viene con la muerte. Los discursos, las vestiduras desgarradas, los descubrimientos repentinos de corrupción, las diecisiete denuncias que todos habían ignorado, la liviandad de controles, la complicidad empresario-estatal, la voracidad capitalista, la invisibilidad absoluta de los más vulnerables. Pero ya estaban muertos. Ya habían caído del cielo inmenso y propio que se devoran por un ratito, en los techos infinitos de las obras. De papel, como las columnas que sostenían las lozas. Como la noticia perdida en los diarios de la capital.

Casi la mitad (el 46%) de los correntinos amanece en la pobreza cada día. El 19 por ciento no supera el umbral de la indigencia. El 30 por ciento de los embarazos son adolescentes y el Ministro de Salud de la provincia interpreta que las chiquitas de diez o doce años deciden embarazarse para cobrar la asignación por hijo. El derrumbe y la muerte absurda son nítidas fotografías de la desidia estatal. Pero Corrientes es tan arriba. Tan como un rizo perdido en la cabeza del País. Tan guaraní y fronteriza. Tan invisible. Aunque por un ratito se traslade la fiesta y suene la fanfarria del Soñando por Cantar.

Cuando se apaguen las luces, volverá el derrumbe. Las plegarias a Itatí. Y el olvido.

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Argentina, Capital Federal: Pronunciamiento histórico en defensa de la Educación Pública

ATE - ACTA

Se llevó a cabo en la sede de ATE Capital la conferencia de prensa de los Equipos de Supervisores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante la Disposición Nº 15 DGEGE/12, que intenta cerrar grados y cursos “atentando gravemente a la educación pública y representando un avance de lo privado sobre lo público”, resaltaron los directivos.

Con un salón repleto de trabajadores de la educación informaron que el cierre “no es una salida a la problemática educativa y amerita la consideración de la medida no como una salida administrativa a una situación aislada de un grado o escuela, sino como una respuesta política del Estado frente a un problema de la educación pública que afecta el derecho social a la educación”. El Pronunciamiento en defensa de la Escuela Pública se consideró “histórico” por parte de los equipos de supervisores de educación primaria, del área curricular de materias especiales y de bibliotecas.

Estuvieron presentes en el panel principal por ATE Capital, Humberto Rodríguez, secretario Adjunto; Silvia Bergalio, secretaria de Formación; Héctor Llano, secretario de Finanzas; Analía Lucero, secretaria de Comunicación y Virginia González, secretaria de Actas junto al supervisor escolar del distrito 5, Gustavo Senn, Gladys Publice del distrito 9 y 10 y Norberto Ares del distrito 11 y la Junta Interna de ATE Ministerio de Educación y la Defensoría del Pueblo.

Contó además con la presencia del sindicato docente SEDEBA; Carlos Oroz, secretario General de ADEMyS; Laura Marrone, secretaria de Educación de ADEMyS; Ana Ríos, secretaria Gremial; Rubén Berquier, prosecretario Gremial de UTE; Dora Martínez, secretaria de Organización de la CTA Capital; Alejandra Bonato, secretaria de Género y vocal de junta primaria; Angélica Graciano, de SEDEBA; la legisladora Laura García Tuñon; Graciela Muñiz, adjunta Defensoría del Pueblo y el diputado Alejandro Bodart.

Avance de lo privado sobre lo público

Al principio de la conferencia Rodríguez, advirtió que “el avance sobre lo público es avasallarnos como trabajadores, avasallarnos como ciudadanos. Desde ATE queremos hacer un aporte porque venimos haciendo una lucha fuerte contra el avance de lo privado sobre lo público en los hospitales, en los centros de salud, en el área de niñez, desarrollo social y espacios públicos”.

Los Equipos de Supervisores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informaron que “tomaron conocimiento de la disposición el 1 de marzo por canales informales, sin que mediare consulta previa alguna. El desconocimiento del contenido con la debida antelación, impidió brindar opinión contextualizada de cada distrito, en procura de realizar las acciones superadoras que podrían haber evitado la actual situación de conflicto y tensión a que se ven sometidos supervisores, directivos y maestros de los distritos escolares. El procedimiento adoptado produjo un enfrentamiento innecesario en el seno de las comunidades educativas”.

En el pronunciamiento también aclaran que “desde nuestra visión y análisis de la situación educativa, las escuelas con reducción de matrícula están afectadas por el crecimiento de escuelas privadas subvencionadas por el Estado en su radio de influencia inmediata. Al mismo tiempo existe imprevisión y ausencia de planes de construcción de aulas y escuelas para resolver la faltante de vacantes en la zona sur cuyo problema lleva ya varios años a partir de la conocida urbanización de nuevas zonas y crecimiento de otras ya existentes”.

“El cierre no es solución de nada”

Indicaron los especialistas de la educación en la conferencia de prensa, “la disposición está basada en un decreto de 1990 que establece un ordenamiento numérico pero no fija criterios pedagógicos. Y así como ahora cierran cursos, existe el temor de que en el futuro puedan cerrar escuelas”. El pronunciamiento cuenta con un total de 44 firmas de supervisores de educación primaria y de materias especiales y bibliotecas y cuenta con el apoyo de toda la comunidad educativa y numerosas organizaciones sociales.

Asimismo en el documento que hicieron público, propusieron la conformación de una comisión integrada por miembros de la comunidad educativa, legisladores y funcionarios, “a fin de realizar un diagnóstico de la situación de la matrícula en la ciudad, indagar las causas de los defasajes entre las zonas y elaborar un pliego de propuestas a fin de recuperar la matrícula de las escuelas donde la misma se hubiere reducido y satisfacer la demanda de los distritos del sur”.

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Argentina, La Pampa. Aborto: Se invierte la carga de la prueba

LA ARENA

Llama la atención las idas y vueltas que el gobierno provincial sigue dando para pronunciarse sobre el reciente fallo de la Corte Suprema que establece que no resulta punible la interrupción del embarazo cuando es producto de una violación; y que establece además que, a pedido de la mujer, el aborto debe practicarse sin ningún trámite judicial previo. El único documento exigible, según aquella resolución es una declaración jurada que alcanza para llevar a cabo la práctica por parte de un profesional de la medicina.

Un pronunciamiento de la Corte -el máximo tribunal del país- sienta jurisprudencia para evitar futuros debates innecesarios. Esto significa que si un particular, una persona jurídica o un Estado (nacional, provincial o municipal) actúa en contra de ese criterio y la cuestión se judicializa, el final del pleito se conocerá de antemano. Por eso, en términos legales, se habla de economía procesal, es decir, no tiene mucho sentido insistir con un razonamiento en contrario a esa jurisprudencia porque la sentencia terminará siendo adversa. En términos prácticos, por más que La Pampa, u otra provincia, se oponga al criterio de la Corte, si una mujer violada judicializa su reclamo, al final del camino se le dará la razón. Claro, es muy probable que, cuando ello ocurra y conociendo los tiempos que se toma la burocracia judicial, no sólo habrá tenido su hijo, sino que éste ya tendrá varios años.

Pero más allá de esas cuestiones legales, lo que no termina de comprenderse es el sinuoso camino que eligió recorrer el Poder Ejecutivo Provincial. Así, lo que da a entender el gobierno es que no comulga con el pensamiento de los ministros de la Corte, si no ya se hubiera alineado detrás de él. De hecho, existe un antecedente cercano, cuando a pocos días de asumir su primer mandato, en diciembre de 2007, el gobernador Oscar Jorge vetó la ley que, por amplia mayoría, la Legislatura había aprobado para regular los abortos no punibles en el ámbito provincial.

Hoy el debate sobre lo que fue escrito en el Código Penal de 1921 debería quedar clausurado con esta resolución de la máxima instancia judicial que es muy clara en su enunciación. Por eso extraña que por un lado el gobernador diga que hay que cumplir con la ley, y por otro reitere que la Asesoría Letrada de Gobierno continúa analizando el fallo de la Corte.

A esa dialéctica confusa se la despeja diciendo simplemente que no hay leyes ni fallos que analizar, sino simplemente cumplir con el artículo de un código que rige desde hace más de 80 años. Y que si los gobernantes no lo avalan y los jueces no lo cumplen es porque no quieren hacerlo o porque se muestran débiles a las presiones eclesiásticas y de otros sectores conservadores y minoritarios de la sociedad. Es una burla a la inteligencia sostener que la redacción del texto puede prestarse a confusiones.

Olvidándose por un minuto del aborto no punible y pensando en otras figuras delictivas como robo, violación, estafa, lesiones, daño, etc., ¿por qué no hay dudas sobre a qué refieren esos delitos y sí las hay con el artículo 86? ¿Por qué se requiere un protocolo para cumplir con ese artículo y no para condenar por un hurto o un homicidio?

En el Código Penal existe un solo delito en el que se invierte la carga de la prueba y es el del enriquecimiento ilícito, por el cual el funcionario público sospechado debe demostrar cómo hizo crecer su patrimonio. En el resto de las figuras delictivas rige la máxima de que un imputado es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. Increíblemente, al menos en La Pampa, a la mujer violada que solicita un aborto se le quiere hacer demostrar que efectivamente fue ultrajada, como si no alcanzara con el sufrimiento personal que está atravesando.

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Argentina, Salta: “Los fondos para comedores escolares son una vergüenza pública”

COPENOA

En la primera sesión ordinaria de la Cámara Baja de la provincia de Salta, la diputada Virginia Cornejo (PPS) se manifestó con respecto a lo expresado por el gobernador Urtubey en su mensaje de apertura del período legislativo, referente a las metas para disminuir la mortalidad y la desnutrición infantil.

“Desnutrición significa hambre, significa no tener qué comer”, dijo, agregando que esta problemática requiere del concurso de todos los sectores para encontrar una solución eficaz. Agregó que este problema se puede corregir en distintos ámbitos, citando que uno de los principales es el que constituyen los comedores escolares.

La legisladora dio a conocer detalles de una nota que le remitió el Ministerio de Educación, fechada el 2 de enero del corriente año. “Aquí se me informa sobre los fondos que se destinan a los comedores escolares; en algunos casos, los chicos viven en escuelas albergue. Es una vergüenza pública lo que se destina a la alimentación de estos niños y espero que a partir de ahora se modifiquen estos números”, expresó la diputada Cornejo.

Detalle de los recursos que se destinan a los comedores:

Por niño, en escuela de jornada simple, para refrigerio, desayuno y merienda 98 centavos.

Por niño, en escuela de jornada simple, para almuerzo $ 2,48.

Por niño, en escuela de jornada completa $ 3,25.

Por niño, en albergues de lunes a viernes $ 6,85.

Por niño, en albergue permanente $ 6,85.

“Esto es claro, con $ 6,85 un niño en un albergue permanente tiene que desayunar, almorzar, merendar y cenar; y si va a una escuela de jornada completa, tiene que hacerlo con $ 3,25”, dijo la legisladora de Propuesta Salteña. Añadió que, según la nota el Ministerio de Educación, para remitir los fondos se considera el calendario académico, la matrícula y los días feriados que hubiere en el mes. “Se manda lo justo, no sea que sobre algo de alimento”, expresó.

La legisladora del PPS manifestó su deseo de que esta situación sea llevada a conocimiento del Gobernador de la Provincia, para que tome las medidas necesarias tendientes a dar solución al grave problema de la desnutrición de los niños que concurren a la escuela. “Ojalá que esto llegue al Gobernador, para que empecemos a trabajar de verdad en combatir el hambre de nuestros niños”, dijo Virginia Cornejo, agregando que “si los chicos crecen con hambre no van a ser el futuro de la Provincia”.

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Argentina, Santa Fe. A dos años de su asesinato, por verdad y justicia para Silvia Suppo

INDYMEDIA

El 29 de marzo se cumplieron dos años del brutal asesinato de Silvia Suppo, testigo clave en la causa en la que se condenó al juez federal Víctor Hermes Brusa, al ex policía Eduardo “Curro” Ramos y la ex guardiacárcel María Eva Aebi, por delitos de lesa humanidad. Mientras los tres genocidas gozan desde diciembre de un régimen privilegiado de salidas transitorias, la causa por Silvia Suppo está encallada en el laberinto judicial dado que los jueces consideran que se trató de un delito común y se niegan a investigar la motivación política del crimen. En Rafaela, el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo realiza un trabajo militante "de la gota que va cayendo sobre la piedra y abriendo algunas grietas al silencio y la desmemoria", en palabras de Marina Destéfani, hija de Suppo. Imágenes: Juan Manuel Romero, cortesía del Centro Cultural Estación Esperanza.

A media mañana del 29 de marzo de 2010 Silvia estaba en su negocio en la ciudad de Rafaela, cuando fue asesinada en un marco sumamente sospechoso que, desde aquel día, potencia la hipótesis que el móvil del homicidio fue político. Marina y Andrés, hijos de Silvia y querellantes en la causa y en ese carácter presentaron un testigo de identidad reservada que apuntó a dos personas, señalándolos como nexo con los autores políticos e intelectuales del asesinato. Sin embargo el juez federal Reinaldo Rodríguez sobreseyó a ambos sin siquiera tomarles declaración y la causa está ahora esperando una resolución de la Cámara de Apelaciones de Rosario.

Silvia Suppo, además de haber testimoniado en la causa Brusa, impulsaba un nuevo juicio que implica a policías que continúan libres como responsables de la desaparición en 1977 de Reynaldo Hattemer, su novio en aquel momento. Silvia señaló sentirse hostigada e intimidada en diversas ocasiones, particularmente desde que comenzó el proceso de la causa Brusa.

Marina Destéfani dialogó con Indymedia Rosario sobre las jornadas de lucha y memoria a dos años del asesinato de su madre, el estado de la causa judicial y el trabajo militante que el Espacio Verdad y Justicia realiza en la ciudad de Rafaela.

- Marina, ¿cómo estás?

Bien. Me agarraste un poco emocionada, descargando un poco todo el sentimiento que uno vive en estas épocas.

- La verdad que es una fecha con mucho significado, se cumplen dos años con un recorrido, con la causa que zigzaguea.

Sí. Venimos sumando emociones ya desde el 24 de marzo con todas las movilizaciones y los espacios que hemos estado ocupando, llevando la causa de Silvia. Culmina este mes de marzo con el aniversario del asesinato de Silvia. Siempre el saldo para nosotros es positivo en la medida que uno reconoce la lucha de los compañeros y que eso lo ve en los frutos y en la presencia que tuvimos. Estuvimos acompañados por organismos, compañeros de distintas organizaciones y colectivos, también compañeros de Rafaela que aunque no estén militando en un espacio se solidarizan con la causa. Hemos tenido noticias de que la causa de Silvia ha aparecido en distintos puntos del país, como son Neuquén, Buenos Aires, La Plata, Salta, Córdoba, y para nosotros eso es un orgullo porque esto no es gratuito ni es casual, sino que es el fruto de estar en la calle y viajando y hablando y contado durante dos años.

Bueno, un poco esto es el balance respecto a la lucha. Y con respecto a la causa, vos lo resumís un poco en ese ‘zigzaguear’. Nosotros sentimos que no hay intención de investigación y seguimos insistiendo en la necesidad de que esto llegue a un esclarecimiento. Que haya castigo a los culpables, materiales y políticos. Que la investigación que amerita una situación como la Silvia -como la de cualquier crimen, pero sobre todo con las connotaciones eminentemente políticas que tiene esto- no se ha dado. Y hay una clara intención de que no se dé, no solo por parte de la Justicia, sino también en connivencia con sectores policiales, sectores mediáticos y sectores políticos.

- Ustedes presentaron un testigo de identidad reservada que apuntó a la motivación política, ¿qué pasó con esa línea de investigación?

No sólo el testigo de identidad reservada es un elemento más que se suma para entender que el crimen de Silvia Suppo tiene connotaciones políticas. Su calidad de testigo, el ensañamiento y la cantidad de irregularidades (en la investigación judicial) que venimos enumerando, además se le suma el testigo de identidad reservada que en agosto del año pasado señala a dos imputados, uno de los cuales es reconocido por algunos vecinos en el lugar del hecho y hora del hecho. Y la última decisión que toma el juez (juez federal No.1 de Santa Fe, Reinaldo) Rodríguez es sobreseer a estas dos personas señaladas por este testigo. Lo grave de esta decisión es que lo hace sin ninguna investigación. No toma una medida, ni siquiera los llama a declarar a estas personas. Lo cual, para nosotros, deja a las claras que no hay voluntad de investigación, sino lo que este juez intenta es que lo recusemos, o se lo aparte de la causa sin haber investigado, con lo que eso implica, que se siga perdiendo tiempo, se sigan perdiendo pruebas, se siga avalando la impunidad.

- Marina, más allá de la causa, hablemos de las actividades de estos días. Ustedes hicieron una doble jornada, con una charla y la marcha.

El miércoles 28 en la sala del Instituto Superior del Profesorado de Rafaela tuvimos un panel titulado "Derechos Humanos, Ayer y Hoy" con Celeste Lepratti, hermana del Pocho Lepratti (militante asesinado en diciembre de 2001 en Rosario), Nilda Eloy, integrante de Justicia Ya de La Plata y militante por la aparición con vida de Jorge Julio López (testigo desaparecido por segunda vez el 18 de septiembre de 2006), también estuvo presente María Eugenia Rodríguez del Frente Popular Darío Santillán de Rosario y lamentablemente no pudieron estar presentes los compañeros que están luchando por la aparición con vida de Luciano Arruga, porque tuvieron una situación particular con el destacamento que ellos estaban tomando como lugar de resistencia, se hicieron presentes mediante un comunicado. Estuvimos hablando Andrés y yo en ese panel, haciendo un balance de lo que fueron estos dos años en la lucha y en la causa. La verdad que el panel tuvo muy buena convocatoria, por la tarde también estuvimos visitando algunas escuelas de la ciudad con algunos de los integrantes del panel y lo que llamaba mucho la atención es la cantidad de coincidencias que hay en estas causas, que tiene que ver con la ineficiencia, entre comillas, de la policía, la connivencia de los medios masivos de comunicación, la falta de investigación, las complicidades políticas. Hacíamos un balance de eso y hablábamos también que es necesario desmantelar los aparatos represivos del Estado, terminar con la impunidad, que es también parte de una lucha que debe ser colectiva. Para nosotros fue muy fructífero porque para nosotros el antecedente del asesinato de Silvia es la desaparición de Julio López y creo que en ese panel quedó muy en evidencia.

Para la ciudad de Rafaela, encontrarse con las denuncias de estas luchas es muy importante porque da cuenta de una dimensión que por ahí creo que se nos escapa, y nos hace entender en un contexto más amplio cómo se ubica el asesinato de Silvia y qué lectura podemos hacer. Digamos también, cómo se ubica en relación al testimonio de Silvia, porque no es un dato menor que gracias a su testimonio, y el de otros compañeros, se haya condenado por primera vez (por delitos de lesa humanidad) a un juez federal en la provincia de Santa Fe, el ex juez federal Víctor Brusa. En ese contexto se pudo tener una dimensión que nosotros venimos planteando desde un primer momento y creo que en la ciudad todavía no se había podido dar.
Y por otro lado, la marcha del 29, que caminamos con algunos de estos compañeros del panel que a nosotros nos dio mucho orgullo y mucha fuerza, tuvo una amplia convocatoria, más de doscientas personas. Quizás para marchas de ciudades más grandes es poco, pero para nosotros en Rafaela es muy importante. A nosotros nos fortalece y da cuenta de un trabajo de hormiga que se viene haciendo, de la gota que va cayendo sobre la piedra y abriendo algunas grietas al silencio y la desmemoria. Para nosotros fue un momento muy importante, porque ahí es donde nos reconocemos con el otro y donde sentimos que Silvia está presente, que no la pudieron callar.

- ¿Cuáles son los pasos a seguir?

Con la causa, ahora estamos esperando que la Cámara de Apelaciones de Rosario determine si el sobreseimiento tiene lugar o nos dan la razón, negando que esta medida sea tenida en cuenta, e insistiendo en el pedido de investigación, que ya tiene el apoyo del Tribunal Oral de Santa Fe y la Corte Suprema de la Nación. Esperemos que la Cámara de Apelaciones de Rosario actúe en ese sentido, teniendo en cuenta también que estos plazos legales están extendiendo un poco la causa. El juez Reinaldo Rodríguez determinó que se extendiera la prisión preventiva para los dos autoimplicados por un año más. Es una noticia que puede ser leída como positiva, pero para nosotros... no es que uno quiera que estén sueltos, pero no hay que hacer una lectura ingenua de esto, la prisión preventiva luego se computa como doble y los autores intelectuales siguen sin aparecer. No sólo sin aparecer, sino que ni siquiera se investiga, se los busca ni se toman medidas. Con lo que se supone que los tiempos se dilaten, las pruebas se pierdan, se apueste cada vez más la impunidad.

Entre esas dos medidas, en el contexto de que tampoco hay que olvidar que en diciembre pasado se les otorgan salidas transitorias quincenales a los tres acusados de la causa Brusa, como son "Curro" Ramos, María Eva Aebi y el mismo Brusa, no hay que ser ingenuos en ese contexto. Nosotros confiamos que la Cámara de Apelaciones de Rosario haga esa lectura y falle a nuestro favor, y de una vez por todas este juez tome cabal conciencia de lo que es su responsabilidad.

En cuanto a la lucha, nosotros vamos a seguir teniendo en las calles de Rafaela, en los espacios públicos, tenemos programada la presentación de un libro de Susana Chiarotti que va a hablar de la violencia sexual, la violencia específica contra las mujeres para el mes de abril. Y vamos a seguir insistiendo en la visibilización de este pasado que todavía reclama y se hace presente.

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Activan en Bolivia plan de contingencia médica por huelga

PL

El Ministerio boliviano de Salud activa un plan de contingencia contra la reanudación de la huelga médica en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, donde movilizará brigadas para atender a la población.

Según el ministro del ramo, Juan Carlos Calvimontes, en el resto del país la atención médica en los hospitales públicos es casi normal.

Calvimontes detalló que en esas cuatro ciudades se instalarán puestos móviles y fijos de atención médica. Cada brigada será conformada por dos médicos especialistas y tres enfermeras, equipados con medicamentos esenciales como antibióticos, calmantes, desinflamantes y otros, detalló.

Realizarán consulta externa y si hay necesidad de atención especializada a pacientes, se va a hacer en centros de salud y clínicas, con los cuales se acuerden convenios interinstitucionales, acotó el titular.

Agregó que la logística total del plan de contingencia se dará a conocer esta tarde, con el número de profesionales que se desplegarán, así como la cantidad de brigadas médicas que atenderán en los puntos.

El titular afirmó que el paro indefinido que convocó la Comisión Nacional de Salud no se acata en todo el país, pues varios departamentos tienen atención normal.

"El problema es en los hospitales de tercer nivel, fundamentalmente del eje La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y la ciudad de Oruro", afirmó.

En el resto de las ciudades se realizará una evaluación para tomar previsiones del caso, una vez que se reanude la huelga general e indefinida, precisó.

Reiteró que el Ministerio de Salud realiza convenios con otros centros, para lo cual equipos interinstitucionales se movilizan en el plan de contingencia.

Médicos del sector realizan hace un mes protestas contra la reposición de la jornada de ocho horas en centros hospitalarios, dispuesta por un decreto supremo del Gobierno.

La pasada semana el gremio y el Ejecutivo acordaron un cuarto intermedio en el conflicto, que dio paso a la suspensión de la huelga. Sin embargo la tregua fue rota por el Colegio Médico de La Paz, y posteriormente refrendada en todo el país por la Comisión Nacional de Salud, que se reunió el sábado en Cochabamba.

Los médicos del Beni determinaron no acatar esas medidas, tal como informó el presidente del Colegio Médico de ese departamento, Luis Suárez.

El ministro aseguró que el Gobierno está dispuesto a reanudar el diálogo, pero precisó que la aplicación del Decreto Supremo 1126, de reposición de las ocho horas laborales en el sector, no está en discusión.

La demanda de la Comisión Nacional de Salud es que se abrogue esa norma. Hasta ahora hubo siete instancias de diálogo entre médicos y el Gobierno, sin resultados.

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