martes, 10 de abril de 2012

Final de otro sexenio panista: más pobreza, más inseguridad

Adán Salgado Andrade (especial para ARGENPRESS.info)

Desde la empobrecida ciudad de México. Nos acercamos ya al final de un segundo sexenio panista y hay que resaltar los pésimos resultados que tuvieron este par de fallidas administraciones (la de Vicente Fox, primero, y la actual, de Felipe Calderón) en México, sobre todo porque se trata de un partido que, mientras estuvo a la sombra, criticaba con mucho ahínco lo que los gobiernos priístas, sus antecesores directos, hacían.

El resultado, a casi doce años de que se prometió un “cambio” de políticas económicas, de proyectos sociales, de mayor apertura “democrática”… y un sinfín de incumplidas promesas, es que en este país reinan actualmente los mismos problemas que se prometió combatir, pero varias veces aumentados muchos de ellos. No pretendo hacer con este análisis una defensa del sistema político anterior, igualmente nefasto, corrupto, dictatorial y mafioso (entre otras “cualidades”), pero, como dije, es necesario porque el PAN pretendió presentarse como una verdadera alternativa que, es evidente, no sólo no mejoró muchos negativos aspectos que el monopolio político del PRI provocó por tantos años, sino que han empeorado cuestiones tan esenciales como la economía, la inseguridad o, incluso, la corrupción imperante en esos tiempos priístas, que fue más que rebasada. Baste ver, por ejemplo, los niveles de endeudamiento público a los que se llegó en once años de las administraciones panistas, casi $422,000 millones de dólares, que representan alrededor del 36% del PIB del año pasado, que fue cercano a los 1.18 billones de dólares ($1180000000000). Ese aumento tan brutal representa un 170% con respecto al endeudamiento que existía en el 2000, que era de aproximadamente $252,000 millones de dólares (mdd). Y particularmente en la administración de Calderón, el endeudamiento al que se llegó fue de casi el doble del anterior.

¿En qué se ha reflejado tanto peligroso endeudamiento? Vean, ni siquiera se han realizado inversiones fundamentales, como en PEMEX, que ha sido, digamos, la gallina de los huevos de oro, brindando alrededor de un tercio de los ingresos gubernamentales. No se ha construido una sola nueva refinería, a pesar de que las exportaciones de crudo son de varios cientos de millones de dólares (tan sólo el año pasado fueron de 62600 mdd. En el 2009, el año con más altos ingresos petroleros, las exportaciones fueron de $80640 mdd. Y PEMEX está valuada en $415,750 mdd). Pero, claro, se han hecho suntuosas e inútiles obras, como la llamada “estela de luz”, que de un costo original de 400 millones de pesos, se infló a los 1300 millones, con lo que se pudo bien haber construido un hospital, perfectamente montado con todo lo necesario. Otro ejemplo es la nueva sede del senado, una obra que ha costado casi $2300 millones de pesos. Por si no bastara su alto costo, ese edificio ha resultado con muchos defectos, pues por la corrupción implícita en su edificación, se retrasó su entrega, han estado saliendo todas sus fallas, tales como puertas de vidrio que se quiebran repentinamente, falta de agua, goteras, estacionamientos inadecuados… en fin, refleja, justo, el actuar del gobierno panista corrupto que impulsó su inútil construcción.

Además, claro, de los muy generosos salarios que se paga el gobierno, tanto a sus muy altos mandos, así como a tanto funcionario inútil, que no justifica los cientos de miles de pesos que perciben mensualmente. Por ejemplo, los diputados perciben, con prestaciones y todo, $231,000 pesos mensuales, lo que los convierte en los funcionarios mejor pagados del mundo (en Alemania, por contrastar, ganan los diputados alrededor de $144,300 pesos al mes).

Otro rubro en el que también se ha gastado mucho dinero es en el tal “combate al crimen organizado”, tanto por la adquisición de armas, así como por los sustanciosos sueldos y aumentos salariales que reciben ejército, marina y altos mandos policiales para que desarrollen una tarea que, en lugar de haber hecho de este país un lugar más seguro, todo lo contrario, la criminalidad se ha incrementado a niveles nunca antes vistos, aumentando los delitos de todo tipo, tales como asaltos, secuestros, homicidios (van más de 50,000 muertos, según señalan las cifras más recientes, en lo que va del calderonismo).

Lo descrito se acompaña, además, con las problemáticas sociales que una pésima administración conlleva, tales como alto desempleo, pues alrededor de 3 millones de mexicanos en edad de trabajar carecen de empleo (hablando conservadoramente, pues el INEGI toma como empleados hasta a los franeleros, por ejemplo). Eso ha llevado a que unos 14 millones de mexicanos recurran a la llamada “informalidad laboral” para tener un ingreso que les permita sobrevivir. Pero son tan magros los salarios que obtienen la mayoría de los mexicanos, que alrededor del 60% de la población actual es considerada en el nivel de pobreza o pobreza extrema (y no sólo las así llamadas clases bajas están resultando afectadas, sino incluso la media, como más adelante analizo). En contraste, cada vez hay más ricos, pues resulta que de las cuentas que se manejan en el mercado de dinero, o sea, la Bolsa Mexicana de Valores, 199694 (de igual número de individuos, un 0.17% de la población total) concentran una riqueza equivalente a 42.5% del PIB del año pasado, o sea, unos 464,000 millones de dólares. Es decir, se ha llegado a una impresionante hiperconcentración de la riqueza, contrastando con el aumento de los millones de pobres, muchos de los cuales ni siquiera tienen asegurada la comida de cada día que transcurre.

Por otro lado, en rubros tan importantes como la producción agrícola, tampoco este fallido gobierno ha hecho algo por impulsar y aumentar ese estratégico e importante rubro. Han aumentado dramáticamente las importaciones de alimentos, a grado tal que son más de mil millones de dólares mensuales en promedio los que se requieren para comprar alimentos, granos, sobre todo. En los once años que lleva mal administrando el panismo, se han gastado más de $87000 mdd sólo para importar alimentos, pues no se ha diseñado, a la fecha, un plan que realmente levante al campo y logre aumentar la muy necesaria producción alimentaria (con eso de que algún estúpido secretario del ramo declaró que era más barato importar maíz que sembrarlo, véanse las consecuencias). Además, la indiscriminada apertura comercial en el sector agropecuario con EU, empeoró la situación, pues no se puede competir con un país que subsidia fuertemente a sus agricultores (ver en este mismo blog mi artículo “Apertura total del TLC al agro mexicano… o de
cómo se sigue matando al campo en México).

Y a lo descrito, hay que sumar, por si no bastara, la actual debacle económica, que inició en el 2008, teniendo como epicentro a EU, en donde la incontrolada desregulación económica, el estallido de la burbuja inmobiliaria en EU, así como el excesivo endeudamiento, fueron factores que se combinaron para desatar una crisis tan severa, que ya se considera igual o peor que la crisis del año 1929 (ver en este mismo blog mi artículos: “La crisis de los créditos en Estados Unidos: la consecuencia de gobernarse por índices” y “El convenenciero capitalismo salvaje”, en los cuales explico cómo dichos factores fueron los detonantes de los actuales, muy graves problemas económicos, que están afectando a millones de personas por todo el mundo). Y, claro, cuando suceden fenómenos recesivos como el que actualmente estamos viviendo, que ha hecho quebrar incluso a países enteros, como el caso de Grecia (ver en este mismo blog mi artículo: “El capitalismo salvaje lleva a la quiebra a países y provoca catástrofes ecológicas”), sus efectos perduran por muchos años. Por estos días, el Banco Mundial (institución financiera mimetizada como desarrollista, pero que, en realidad, está muy al servicio de los intereses estadounidenses), ha declarado que los efectos de las crisis, como la actual, duran más de diez años, aunque de todos modos no se llega, una vez que se “superan” los problemas, a los niveles que se tenían al inicio. Así que, de acuerdo con ello, si bien nos va, por allí del 2019, estaremos “superando” los devastadores efectos que en todo el mundo, especialmente entre las clases trabajadoras, está teniendo la crisis actual (hay que ver, por ejemplo, que las draconianas medidas de austeridad impuestas a sangre y macanazos policíacos en Grecia, además de no resolver en realidad nada, más que pagarles a los acreedores, supone un fuerte retroceso, pues factores como el nivel de vida de la población, así como su capacidad de consumo se verán afectados por muchos años, resultando peor el “remedio” que la enfermedad).

Y en el caso de México, basta realizar encuestas entre la población, para ver que, en efecto, el nivel de la economía ha sufrido fuertes estragos, sobre todo en la así llamada y casi inexistente “clase media”. Pero, además, una perniciosa consecuencia adicional es que la precariedad económica lleva a una acelerada descomposición social, dado que los sectores sociales aún más vulnerables (las así llamadas “clases bajas”, que todos vamos hacia allá), harán lo que sea, con tal de sobrevivir en medio de este salvaje sistema de “sálvese quien pueda” (ver en este mismo blog mi artículo “Sorteando la crisis”). Y dicha descomposición social conduce al aumento de actividades criminales y delincuenciales, como sucede actualmente en el país, lo que se ha visto reflejado en un importante incremento de la inseguridad, que también recogen las encuestas que a continuación expongo (agradezco a la señorita Vianey Riego del Valle y a los estudiantes de sociología del segundo semestre de la FES Aragón por el estudio realizado, en que baso este análisis).

La encuesta realizada se dividió en una parte social y en una parte económica. Comienzo analizando la parte económica.

Pues bien, en el estudio económico de la muestra estudiada, se obtuvo un ingreso promedio de apenas $9906 pesos, debiendo de trabajar en la mayoría de las familias, 70%, al menos dos personas por hogar encuestado (el promedio obtenido equivale aproximadamente a $330 pesos por día, alrededor de 5.5 salarios mínimos, lo cual concuerda con las cifras oficiales dadas recientemente, en las que se indica que el 85% de los trabajadores gana cuando mucho cinco salarios mínimos. Pero de éstos, alrededor de 63% perciben cuando mucho 3 salarios mínimos. El resto, lo que podría considerarse como “clase media”, un 22%, tiene sueldos de cuando mucho cinco salarios mínimos, como reportó nuestra muestra. Se tuvieron algunos salarios extraordinarios, de hasta $25,000 pesos mensuales, sólo en un 9.3% de los casos. Y arriba del promedio obtenido, únicamente está el 32% de las personas encuestadas, las que obtienen entre $10 y $15 mil pesos por mes. Como se ve, en general, no son realmente altos los ingresos).

Así pues, es difícil vivir sólo con un salario, y en los pocos hogares en que es así, es porque se trata de un sueldo relativamente alto (12.5%). En otros, en donde el ingreso es bajo, es porque recientemente perdió el empleo alguno (o algunos) de los miembros del hogar o no han podido conseguir uno, con lo que el deterioro económico es mayor que hace cinco años, cuando se realizó una investigación similar. Además, estamos hablando de hogares con pocos integrantes, de cuatro en promedio, y aún así se nota la afectación en el nivel de vida. Por otro lado, casi un 85% señalaron poseer casa propia, comprada hace años, lo que en esas familias implicaría cierta, digamos, “estabilidad”, pues al no tener que pagar renta, se tiene una relativa menor presión económica. Pagan renta un 22%, siendo relativamente baja, de $3 mil pesos en promedio (manifestaron que no pueden pagar más de esa cantidad).

Y si revisamos algunas de las comodidades que la “clase media” solía tener en el pasado reciente, también allí se refleja la disminución en su nivel de confort. Así, sólo un 30% manifestaron tener línea telefónica, lo cual indicaría la decreciente tendencia que está teniendo ese servicio, tanto por la crisis, como, además, por el creciente uso de celulares, que casi el 97% declaró poseer al menos uno, de tarjeta prepagada (y es porque resulta más barato, pues aunque no se tenga crédito, mientras el número esté activo, se pueden recibir llamadas o mensajes). Sólo 23% manifestaron poseer televisión de paga, lo cual también es indicativo de que ese relativamente reciente servicio, ya tampoco es tan popular (también porque el Internet ofrece opciones digamos que televisivas, como Youtube u otros sitios especializados).

Apenas un 15.4% dijeron tener computadora, lo que podría explicarse, además de la crisis, porque este instrumento tiende a ser sustituido por otras tecnologías, sobre todo porque el uso de las computadoras se está limitando mucho a interaccionar en las redes sociales, tales como el Facebook o a bajar contenido de la red, tal como música, fotos o videos y eso puede hacerse con dispositivos como los smart phones y últimamente los ipads (tabletas), que tienden a popularizarse (bueno, entre los sectores que aún pueden adquirirlos. Aunque como muchos compran a crédito, sí se ha incrementado su uso). Sin embargo, sólo 7.7% poseen Internet en casa, es decir, se está dando la creciente tendencia de que por el costo, muchos prefieren acudir a lugares en donde el uso de la red sea gratuito o en donde se puedan “robar” la señal (otro signo más de las actividades digamos que “ilegales” que se están dando por la crisis, pues muchos de esos dispositivos cuentan con rastreadores de señal y sus claves). Sin embargo, un fuerte signo de decadencia económica es que únicamente 3% declararon tener auto de modelo reciente, de cuatro años para acá. Me parece que este rubro sería uno de los más fuertes indicadores de la precariedad a la que está llegando la “clase media”, la que en los viejos tiempos era la que más consumía autos nuevos en comparación con la “clase alta” (baste recordar que antes, los aguinaldos servían para dar el enganche de un nuevo auto, incluso para pagarlo casi por completo. Ahora, los aguinaldos, excepto los de los funcionarios, senadores y diputados, sirven en su mayoría sólo para pagar deudas). Y esta fuerte baja en el consumo de autos nuevos se constata con la cifra que se tiene en cuanto a las ventas de vehículos de agencia en el 2011, que fue de poco más de 900 mil unidades, siendo la mayoría modelos digamos que económicos o de precio medio.

Bien, pero en el estudio se midieron, además de los satisfactores anteriores, lo que se gasta en muy importantes rubros como la alimentación, el transporte y en la educación. Así, se gastan en promedio $3470 pesos mensuales en alimentación, lo que significa que un 35% aproximadamente del salario se va en ese muy importante satisfactor. Claro, si de por sí los alimentos tienden a subir mundialmente, en este país es más acentuada su carestía, debido a que por las equivocadas políticas a las que aludo arriba, cada vez importamos más y más alimentos. Eso se refleja, pues, en el dinero que se emplea para adquirirlos.

Otro rubro que se lleva una buena parte de los ingresos es el del transporte, que en esta ciudad de México, cada vez más anárquicamente extensa, implica, además, en muchos casos, más de hora y media de traslado desde el hogar al centro de estudio o de trabajo. En el caso de la muestra estudiada se obtuvo un promedio de $1571pesos, que representan 15.8% del salario promedio, o sea, casi una sexta parte se va en pagar transporte. Como dije, eso concuerda con la realidad, pues algunos de los encuestados manifestaron gastar hasta cien pesos por día, dado que el transporte es cada vez más costoso (e ineficiente, por si no bastara). Un tercer rubro en importancia es el de los gastos educativos, o sea, lo que implica estar en la escuela, a pesar de que se estudie en un plantel público, pues eso implica gastos como el material requerido (libros, cuadernos, copias, cuotas), así como los consumos extras, tales como alguna bebida o alimento y aquéllos necesarios. Aquí, el promedio fue de $1040 pesos, o sea, un 10.4% del ingreso. Como dije, eso gracias a que en la encuesta los estudiantes acuden a planteles públicos y por eso continúan estudiando. De hecho, el que muchos jóvenes no puedan ingresar a alguna institución de educación media o superior, es factor para que la mayoría no puedan ya continuar sus estudios y decidan trabajar, por ejemplo, si es que tienen suerte y pueden conseguir un empleo (de lo contrario, se convierten en el creciente sector de jóvenes que ni estudian y ni trabajan, los despectivamente llamados ninis, que en el país se calcula que hay más de siete millones en esa situación). En cuanto a los gastos de salud, en la muestra son bajos, $415 pesos, probablemente porque se cuente con algún servicio público de salud, pero también porque la mayoría de la gente busca alternativas baratas para curarse, como los consultorios populares, y medicamentos de los llamados genéricos, que son menos costosos que los de “marca”. Eso no quiere decir que la población sea saludable, no, al contrario, los servicios de salud públicos, cada vez se saturan más, a pesar de ser muy deficientes, pues la mayoría de la población al carecer de ingresos suficientes para curarse cuando se enferma, debe recurrir a ellos, aún a sabiendas de que es en general malo el servicio que prestan (simplemente, cuando se requiere un estudio especializado, digamos, para determinar si un tumor es canceroso, se le da al paciente consulta a veces hasta dentro de tres meses. Imaginen, si se trata de una emergencia, quizá ya para entonces esa persona haya fallecido. Ver en este mismo blog mi artículo “Los deficientes servicios públicos mexicanos de salud: el caso ISSSTE”).

Otros rubros, tales como los gastos en cultura o en recreación, son bajos, pues además de que no se consideran en estos tiempos de crisis digamos que prioritarios, en especial el de la cultura tampoco es algo que se acostumbre (me refiero a los gastos que se destinan a rubros tales como obras de buen teatro, cine de arte, museos, exposiciones, libros, videos, principalmente. Es bajísimo el consumo cultural en México). En este caso, la cultura reportó un gasto promedio mensual de apenas $361 pesos.

La recreación, que, ésa sí, está más extendida, igualmente reportó un gasto bajo, $450 pesos, indicativo de la creciente precariedad económica.

También se midió el crédito, ya que su generalización es otra señal de que la crisis está pegando. Así, casi un 40% están solventando algún tipo de crédito, sobre todo de tarjetas de crédito, y en promedio se pagan alrededor de $2100 pesos. La contraparte es que algunos ahorran, 37% de la muestra, pero el promedio obtenido fue de apenas $800 pesos al mes, o sea, que en la mayoría de los casos, las familias viven al día y por eso es que han tenido gran auge los prestamistas y casas de empeño, quienes prestan dinero, cobrando leoninos intereses, de 6% o más al mes. Y millones no tienen otra alternativa que aceptar, con el riesgo de perder la mayoría de las veces el bien dejado en prenda (la casa, incluso, si el préstamo fue, por ejemplo, bancario, y se dejó la propiedad como “garantía”).

Ahora bien, tal precariedad imperante en la mayoría de la sociedad mexicana, como señalo antes, es uno de los factores que ha dado lugar a la descomposición social, la que se manifiesta, sobre todo, en un incremento paralelo de actividades ilícitas, dado que también se han cerrado bastante las oportunidades de empleo (según estadísticas recientes, tan solo en la ciudad de México hay 250,000 personas desempleadas, pero un 70% tienen como nivel de estudios de la preparatoria hacia arriba y un buen número cuenta con maestría o doctorado. Es decir, que la circunstancia de que a mayor preparación, mayor oportunidad de conseguir un empleo, está dejando de ser una realidad, constituyendo un fuerte motivo de frustración entre la gente que se ha esforzado por estudiar, pues sus empeños no tienen recompensa alguna. De hecho, están bajando las solicitudes para estudiar maestrías o doctorados, sobre todo si no se dan incentivos económicos para hacerlo, como becas).

Por esa razón es que muchos jóvenes, principalmente, son los que se suman a las filas de la delincuencia y del así llamado “crimen organizado”, siendo también los que mayor población constituyen en las saturadísimas prisiones mexicanas, pues alrededor de un 70% de los internos tienen entre 16 y 25 años de edad.

Y la inseguridad que ocasiona el alarmante aumento de la delincuencia se refleja también en la vida diaria, como reveló la encuesta.

Así, casi un 47% de los encuestados manifestaron como principal problema en su vida diaria la inseguridad, por encima de cuestiones tales como transporte malo o deficientes servicios públicos, lo que indica cómo ha fallado totalmente la estrategia gubernamental para el “combate a la delincuencia” (ver en este mismo blog mi artículo “La fracasada lucha panista en contra del crimen organizado). Esto se entiende, además de por la precariedad económica mencionada, porque también han ido cambiando los tipos de delitos, muchos de los cuales la tecnología actual ha ido facilitando o porque, simplemente, los delincuentes, en vista de que el gobierno se especializa más en “combatir” al narcotráfico, se han enfocado en realizar delitos digamos que más fáciles, tales como la extorsión o el secuestro, como veremos más adelante.

Por ese motivo, la inseguridad, en la muestra, casi un 47% manifestaron que sus actividades cotidianas se han visto afectadas en algún nivel. Así, muchos ya no pueden pasar por una calle determinada porque hay delincuentes o grupos de personas que les “piden” dinero o son asaltados constantemente en el transporte y problemas así. Por tanto, cabe preguntarse, ¿¡es esa la seguridad que prometió Felipe Calderón que dejaría!?

Pero, además, la cifra de los que han sufrido algún tipo de delito es alarmantemente alta, ya que un 87.5% de los encuestados afirmaron estar en esa situación. Y el tipo de delitos que han experimentado es diverso, indicativo de que la delincuencia “organizada” ya no se conforma sólo con los asaltos de antaño pues, como señalo arriba, ha preferido realizar actividades que no impliquen, por ejemplo, venta de droga, asalto a bancos o tráfico de personas, que aunque muy lucrativos delitos aún, podríamos decir que se han complicado en algo, no tanto por la “guerra” del gobierno en contra de ellos, sino que por tal guerra, el “crimen organizado” ha tendido a enfrentarse entre sí, en la lucha por el control de, por ejemplo, las zonas donde se distribuyen estupefacientes.

De esta forma, los encuestados han sufrido delitos como robo en calle (con violencia las más de las veces), 43.4%. Casi un 17% sufre cotidianamente robo en el transporte público (sobre todo, aquellos que se desplazan dentro del Estado de México), lo que implica un estrés constante de a ver a qué horas y quién es el asaltante. En sus casas han sido robados 9.43% (sigue siendo, por desgracia, asaltar casas, una constante desde hace años), lo que ocasiona traumáticas secuelas psicológicas, difíciles de superar (claro, pues se considera al hogar como el sitio más seguro). El secuestro, que tiende a extenderse, se manifestó en el 3.8% de los casos, sobre todo el denominado secuestro exprés, que consiste en que la víctima es amagada por un hampón que se hace pasar generalmente por taxista y le pide todas sus pertenencias y en caso de que tenga una tarjeta de débito o de crédito, la obliga a acudir a cajeros para sacar el mayor efectivo posible. Y ya luego la deja libre, so pena de que si voltea a verlo o lo denuncia la matará. Los aterrorizados “pasajeros” hacen todo lo que les digan, con tal de salir vivos de esa terrible, infame experiencia. La extorsión policiaca, practicada por delincuentes con uniforme o placas de judiciales (me refiero a policías “de verdad”, no a impostores), también es frecuente, manifestada también por 3.8% de los encuestados (este es otro crónico problema, la existencia de una corrupta, delincuencial “policía”). Y un 2%, manifestó haber recibido llamadas telefónicas tratando de extorsionarlos, sobre todo diciéndoles que tenían secuestrado a un familiar y que si no pagaban determinada cantidad de dinero, lo asesinarían. En todos los casos se trató, por fortuna, sólo de una atemorizante mentira.

Finalmente, agresión física, producto de algún asalto violento, han sufrido 5.7% en la muestra, lo que evidencia que ahora la criminalidad se acompaña de una alarmante sociopatía que no lleva a los delincuentes a conformarse sólo con asaltar a alguien, una mujer, digamos, sino que en muchos casos aquélla es violada o asesinada en el más desalmado de los casos.

Así que, como puede verse, en efecto, la inseguridad es ya endémica, agudizada tanto por la ineptitud de los actuales corruptos, ineptos tecnócratas en el poder, así como porque en el capitalismo salvaje, las ciudades se han convertido en selvas de concreto en las que priva la deshumanizada, individualista, egoísta máxima de “sálvese quien pueda” (acompañado ello de una lamentable insensibilidad, manifestada en cosas tan simples como jóvenes que no dan el asiento en el transporte a damas embarazadas o personas de la tercera edad, enfrentamientos físicos o verbales por cualquier cosa entre peatones o entre automovilistas y otros signos de la falta de verdaderos valores humanos, tales como la compasión, la solidaridad, la amistad, la sensibilidad, el cuidado de la naturaleza… entre otros. La gente tiende cada vez más y más a comportarse como simples autómatas consumistas, condición extremadamente ideal para este materialista sistema).

Y doy dos ejemplos concretos de cómo los delincuentes han preferido dedicarse a practicar otros delitos que no tienen que ver con tráfico de drogas, de personas o asaltos bancarios, por ejemplo, que hace algunos años, sobre todo éstos últimos, eran frecuentes. Las víctimas, en todo caso, son ciudadanos comunes, a merced de grupos criminales o simples individuos, para los que el sistema “legal” que supuestamente está para defenderlos, es incapaz o, ¡peor aún!, está ligado con dichos delincuentes, así que es inútil cualquier tipo de denuncia que, en todo caso, muchas veces resulta contraproducente, pues dichos criminales se desquitan con algunos de los denunciantes asesinándolos. Y por eso persiste el que los ciudadanos agraviados prefieran no denunciar, porque pocas veces sirve de algo, además de que, como dije, arriesgan sus vidas. Es realmente vergonzosa e infame esa situación, cosa que los estúpidos tecnócratas que detentan actualmente el poder no viven y por ello no les interesa resolver en lo más mínimo, pues muchos tienen guardaespaldas y circulan en sus autos blindados (además, una población atemorizada es más fácil de dominar).

El primer ejemplo que comento es el de Adela, estudiante de 25 años (no es su verdadero nombre). Hace poco abordó un taxi, dentro del Estado de México. Habiéndole indicado a dónde se dirigía, el supuesto conductor asintió. Todo iba bien hasta llegar a una avenida en la cual, en lugar de dar vuelta el taxista hacia el rumbo correcto, la dio al contrario. Desde allí, Adela se alarmó. Para confirmar que el tipo tenía malas intenciones, éste le soltó lo de “¡Ya valió madres, así que ni te pongas pendeja porque te mueres, cabrona!”. Luego, el delincuente se internó por unas callejuelas desconocidas para Adela y que por la mañanera hora aún estaban obscuras (el impuesto, absurdo, financierista “horario de verano”, inútil en nuestra situación geográfica, que mantiene a obscuras la ciudad hasta pasadas las siete de la mañana casi todo el año, ha contribuido al incremento de los delitos a tempranas horas). Allí, el sujeto le pidió todo cuanto llevaba, incluyendo su mochila, su celular, su monedero… todo. “¡No me dejó nada el desgraciado!”, dice Adela, resignada, pues confiesa que es la tercera vez que sufre un asalto. “Aunque, pues dentro de todo, he tenido suerte, porque no pasa de que me quiten las cosas”, como el “taxista” impostor, quien incluso, consumado el robo, tuvo el cinismo de exclamar “¡Cuidado!... ¿te lastimaste?”, dado que Adela, al salir del auto, tropezó y cayó de rodillas. “Sí, así de cínico ese tipo”, sonríe Adela. Pero, en efecto, corrió con suerte, pues, comentamos, a cuántas mujeres que sufren asaltos similares, las violan y muy lamentablemente algunas son asesinadas con saña, luego de ese asalto sexual (cientos de mujeres son asesinadas cada año en México, ¡otra cifra más que la “guerra contra el crimen organizado” emprendida por Calderón no ha logrado abatir!). Desde entonces, Adela ha tomado como “solución”, la de abordar solamente taxis “seguros”, que son aquellos que salen de una base, además de asegurarse de detalles como el que el auto tenga a la vista el tarjetón del conductor y que éste corresponda al que maneja. “Sí, la verdad es que aprendes a cuidarte”, concluye Adela. En efecto, se aprende a cuidarse y a sobrevivir en medio de esta anarquía social.

El otro ejemplo que doy es aún más grave y es de los casos en que es clara una complicidad con las corruptas autoridades judiciales y policiales. Platico con Sonia (no es su verdadero nombre), quien trabaja como mesera en un bar (antro, como se les llama aquí), en el Estado de México. El negocio es de unos parientes. Me dice que ya llevan varios años y que aunque ha sido lucrativo, con los años han debido de sortear una serie de obstáculos que sólo por su empeño y porque no viven mal de lo que ganan, han ido superando. “Mira, lo que pasa es que no se gana mal. En fines de semanas buenos, entran hasta ochenta y cinco, noventa mil pesos… pero a eso le debes de descontar sueldos, la bebida, la comida, la renta, los impuestos… y te vienen quedando libres como treinta mil pesos”, dice Sonia, reflexionando en las cifras. Tan sólo de renta pagan actualmente $46 mil pesos al mes. De salarios, con seis empleados, de a mil quinientos cada uno por semana, son casi cuarenta mil pesos. Y bebidas y alimentos, también alrededor de diez mil pesos semanales. “Pero, mira, además de esos gastos, debemos de pagar por seguridad”. Intrigado, le cuestiono sobre eso. “Sí, lo que pasa es que todos los antros, hasta donde sé, deben de pagar a gente que dicen que son de la Familia – se refiere Sonia al grupo criminal identificado como La Familia Michoacana, especializado, además de la venta de drogas, en secuestros, venta de seguridad y otros delitos –, que porque como te dicen que ganas mucho vendiendo alcohol, pues que le tienes que entrar, si no quieres que te pase algo o te quemen el local”. Ya había yo oído de ese cada vez más generalizado delito, pero nunca tan de viva voz, como lo narra Sonia. “Sí, y nosotros le tenemos que entrar con ¡tres mil quinientos pesos!”. “¿¡Al mes,!?”, inquiero. “¡No!… ¿¡cómo crees!?... ¡eso es a la semana!”. No dejo de mirarla por un buen rato, estupefacto por la revelación. “¿¡Entonces, pagan catorce mil pesos mensuales por seguridad!?”, exclamo. Sonia asiente, resignada. “Sí, y nos subieron hace poco la cuota, porque antes eran mil ochocientos a la semana. Y es peor si no pagas. A un amigo que se negó a pagar cuando abrió su bar, como al mes, fueron a dispararle. Le quemaron el local y mataron a un cliente”, agrega. Eso me recuerda las escenas de las cintas estadounidenses de los gánsteres de los años treinta del siglo pasado, los que, en efecto, vendían seguridad, y todo aquel que se oponía era asesinado y su negocio incendiado. Como dije antes, ya había yo escuchado de ese tipo de extorsión, en muchas partes, pero no tan cerca, digamos, sobre todo porque son zonas aledañas al Distrito Federal que, se supone, es actualmente de las zonas “más seguras” (con todo lo que implica más seguras, que, en este caso, significa que hay menos delitos). Y tampoco imaginaba que esa extorsión fuera realizada tan flagrantemente, sin que ninguna autoridad hiciera algo al respecto. “¿¡Pero, entonces, qué, qué sucede si no pagan!?”, insisto. “¡No... pues pagas o pagas, porque si no, te hacen algo o a tu negocio! Fíjate, nosotros tuvimos que cerrar dos meses porque tuvimos problemas con unos permisos. Cuando reabrimos, llegaron diciéndonos que les debíamos dos meses, a pesar de que les aclaramos que no había sido por nuestra culpa que tuvimos que cerrar. Nos dijeron que ese no era su problema, que les pagábamos o que ya sabíamos. Y mejor les pagamos”. “¿¡Y entonces, qué, no, para eso, están las supuestas autoridades, los policías!?”, pretendo reclamar, anonadado. Sonia sonríe, irónica. “Mira, las autoridades se hacen patos, están de acuerdo. Sospechamos de un comandante de la judicial… pero como no lo puedes probar, pues ni caso te hacen. Además de que te arriesgas a que ellos mismos les den el pitazo de que andas de llorón y te maten”, agrega fríamente Sonia. “Y las patrullas, sólo se asoman cuando cerramos, para ver a quién agarran borracho o con un vaso en la mano y a ver cuánto le pueden robar”, asiente Sonia, con una mirada de impotencia y de resignación.

Le agradezco a Sonia su información, compartiendo su impotencia y su resignada actitud de pues qué se le va a hacer.

Y me alejo del lugar, sin dejar de pensar en aquel hollywoodesco lejano oeste, en que los rancheros ricos, ladrones de ganado y tramposos, acompañados de sus pistoleros, eran los que mandaban en los condados, y los sheriffs se escondían en sus oficinas o eran sus cómplices.

Y pues, en eso, en una mezcla de salvaje, lejano oeste, y gánsteres impunes, se ha convertido a este sufrido país, víctima de grupos de poder, “guerra al narcotráfico”, deshonestidad y delincuencia policíaca, oportunismo electoral, “crimen organizado”, deshumanización y, sobre todo, corrupción e ineptitud de la mafia política que detenta el mando.

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México -país poderoso- subordinado a Estados Unidos, no cuenta en política mundial

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. El reconocido analista internacional, Immanuel Wallerstein, en un artículo hace un análisis acerca de las próximas elecciones en Francia y en Estados Unidos, diciendo que “en 2012 habrá dos muy importantes y competidas elecciones presidenciales” en abril y en noviembre. Sabía el intelectual de las elecciones de julio en México -país que supera en número de habitantes de Francia, así como en extensión territorial y en riqueza- pero dado que México con hace ya más de 30 años de neoliberalismo y sumisión, no tiene ni con mínima independencia, que “asociado en sociedad” sólo cuenta como parte de la política de los Estados Unidos, pues ni caso tiene hablar de él. Sabe que en México no pasa nada porque el gobierno de Estados Unidos controla el presupuesto, las inversiones, las políticas y que cualquier desvío del plan será corregido de inmediato. Por el contrario, Francia, Alemania, Italia, a pesar de ser países más pequeños y menos habitados, tienen más presencia.

2. Wallerstein tiene razón de no tomar en cuenta a México pues Estados Unidos, como el país militarizado más poderoso del mundo, determina acerca de las políticas económicas y de seguridad que se ponen en práctica. Con gigantescos endeudamientos con el Banco Mundial, el FMI y otros bancos, más de la mitad de los países del globo tienen que entregar parte de sus riquezas al poderoso acreedor yanqui. En el caso de Francia -junto con Alemania e Italia- se sabe que su influencia directa en Europa determina el rumbo de las políticas que se ponen en práctica en ese importante continente. ¿Qué tendría que hacer México en ese contexto mundial si sus relaciones comerciales -de venta y compra- en más de 85 por ciento las realiza con Estados Unidos? Me recuerda que Porfirio Díaz, desde fines del siglo XIX, ya advertía sobre la necesidad de que México se abriera más a Europa para evitar que Estados Unidos se adueñara totalmente del país.

3. El investigador Wallerstein, metido ya concretamente en el análisis de las diferencias e igualdades de las elecciones en Francia y en los Estados Unidos, señala que “en ambos países (Francia y Estados Unidos) existe lo que podría llamarse una extrema derecha y una izquierda radical. La extrema derecha y la izquierda radical suelen denunciar a los dos partidos que se han corrido al “centro”, como “compadres gemelos” y llaman a formar plataformas políticas que sean realmente de izquierda o de derecha. Esto juega en cada país de modo bastante diferente, debido a los muy distintos sistemas electorales”. En México también existe una derecha radical conformada por El Yunque y demás grupos cristeros y fascistoides que ejercen una fuerte presión hacia el PAN para hacerlo más derechista; así como una izquierda radical débil (anticapitalista) que prioriza la lucha social, pero que no presiona ni participa en los partidos socialdemócratas ni en los procesos electorales.

4. Es realmente doloroso que México, cuya presencia en el mundo fue muy importante después de su revolución 1910-17, también durante el cardenismo de 1934-40 y la guerra civil española; en 1962 fue el único país de América que no rompió relaciones con Cuba, a pesar del enojo de Kennedy; y en los siguientes años dio asilo a los chilenos, argentinos, salvadoreños perseguidos por sus gobiernos. Hoy ha enterrado su dignidad para pasar a ser simple cachorro de Estados Unidos. México, en los años 50, 60 y 70 .por su relativa independencia- fue mucho más importante en política que Brasil y Argentina que sufrían gobiernos subordinados a los Estados Unidos y dictaduras militares. ¿Quién no recuerda que el presidente López Mateos se autocalificaba de “izquierda atinada o dentro de la Constitución” siendo por ese hecho muy respetado su gobierno en el mundo? Desde 1982 a México -da vergüenza observarlo- sólo se ve como parte de la política d Estados Unidos.

5. A partir de los gobiernos de De la Madrid y Salinas, México se entregó con los pies y manos atadas a los gobernantes gringos Reagan y Bush. Creció de manera gigantesca la deuda, se desplomó el peso frente al dólar, creció en millones el número de migrantes hacia Estados Unidos y el TLCAN barrió en nuestro país con los negocios micros, pequeños y medios. ¿Cómo México podría salir adelante con gigantesca dependencia? Se necesita en México un gobierno que se gane el respeto de los Estados Unidos aplicando políticas limpias, autónomas y antimperialistas; pero para ello se tiene que reducir -creando millones de empleos bien pagados- la emigración, la inseguridad y el endeudamiento. ¿Cómo hacerlo? Pues sólo con gobiernos directos de los trabajadores o, por lo menos, con gobernantes que tengan dignidad y algo de eso que llaman nacionalismo; hoy muy difícil de encontrar dentro de los partidos políticos.

6. En pleno siglo XXI no se ve que México pueda ocupar -como país en pleno proceso de desarrollo- el lugar que le corresponde dentro del contexto mundial. El gobierno de Salinas a principios de los noventa, en un arranque de demagogia -más bien de locura por recuperar clientela política- declaró a los cuatro vientos que México ya era un país del “primer mundo”, que formaba parte ya de los primeros ocho países de mejores niveles en todos los campos. Para vergüenza nuestra, una vez incluido México en la lista de los llamados países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), hoy dirigida por el funcionario proyanqui José Ángel Gurría, en todos los informes internacionales de educación, inversiones, atención de los problemas de salud, etcétera, aparece México ocupando los últimos lugares. No podemos tener duda de que México posee un enorme potencial, pero totalmente mal administrado.

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Colombia: El re-cuento de la paz frustrada por la insurgencia

Alberto Pinzón Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

¿Por qué después de tantos años, intentando diversos procesos de paz entre el Estado colombiano y las principales organizaciones guerrillas, no ha sido posible lograrla? Es una pregunta reiterada, que continuamente se hacen los colombianos deseosos de encontrarle una solución política al histórico conflicto social y armado que padecemos, sin encontrar una respuesta satisfactoria.

Fuera de las consabida respuestas fácil de que ha faltado voluntad política en las partes, el Estado colombiano, después de repetirlo mil veces, durante más de una década por todos los medios de comunicación que tiene a su servicio, ha terminado por convertir en “verdad mediática oficial”, la tendenciosa afirmación de que el proceso de paz del Caguán, fue un engaño de las FARC, al siempre bien intencionado e “ingenuo Estado Colombiano que no se puede volver a repetir. Pero lo que se pretende es borrar o llevar a cero, todo el acumulado histórico de los diferentes procesos de paz sucedidos en Colombia y por sobre todo, desaparecer de nuestra historia, la única Agenda de Negociación existente, fue firmada y legitimada internacionalmente como documento de Estado en la aldea de la Machaca en 1999, con el claro propósito de escatimar y desconocer las trasformaciones estructurales a la sociedad colombiana signados allí, ,para remplazar el documento pactado, por una ideal y académica “hoja de ruta”, elaborada en uno de tantos tanques de pensamiento, que tiene a sueldo.

Fuera de los recuentos anecdóticos y faranduleros, no se ha permitido y no existe (hasta ahora) un análisis objetivo e histórico de los diferentes procesos de paz realizados entre el Estado colombiano y las guerrillas revolucionarias, sobre el cual se puedan asentar conclusiones válidas para avanzar hacia un proceso definitivo de paz en Colombia

Mi planteamiento es que, además de la falencia anotada, la clase dominante y dirigente del Estado colombiano a lo largo de todos los llamados “procesos de paz”, ha implementado “ex profeso” o a propósito, un modelo inflexible e ineficaz de resolución de conflictos sociales, que ha consistido hasta hoy, en anteponer frente a las organizaciones guerrilleras con las cuales va a negociar la paz; una serie de “aparatos burocrático jurídicos de Estado para la negociación”, con el fin de diluir la responsabilidad y crear un ambiente de confusión, indefinición e inoperancia, y convertir procesos de paz en laberintos burocráticos insolubles .

Un analista tan agudo como Jesús (Chucho) Bejarano en algunas de sus descripciones, llegó a identificar y hasta nombrar estos aparatos burocrático- jurídicos de negociación, que llamó “dispositivos formales de negociación”. Pero como él era un miembro privilegiado de ellos, no logró hacerles un análisis crítico que condujera a su superación. Repasemos brevemente la historia algunos de ellos:

Gobierno de Julio César Turbay Ayala:

El 13 de septiembre de 1981 el ex presidente Carlos Lleras Restrepo, director de la revista nueva frontera, publicó un editorial en el que sugería al gobierno Turbay, la conformación de un Comité de Paz, integrado por civiles y militares que se encargara de estudiar la situación de orden público y formulara recomendaciones con el objeto de construir un ambiente favorable para la terminación de la lucha insurgente.

Cuatro días después, Turbay respondió a Lleras: “no me niego, sino que agradezco su gestión sobre el nombramiento de un Comité de Paz que procederé oportunamente a integrar”, señalándole la necesidad de que fuera el propio Lleras su director. Días después Lleras aceptó la postulación y, juntos acordaron los nombres de los 11 integrantes restantes.

Fue así como a los pocos días, se originó la “Comisión Transitoria” nombrada por el presidente Turbay y su ministro de gobierno Jorge Mario Eastman. Este primer aparato burocrático jurídico de negociación, presentado como “auténticamente nacional”, se conformó con miembros de la Iglesia católica, de las Fuerzas Militares y representantes administrativos del poder presidencial, sin opción real para terceras fuerzas o de oposición. El comandante general de las Fuerzas Militares general José Gonzalo Forero Delgadillo, monseñor Mario Revollo Bravo y John Agudelo Ríos, hicieron parte de esta comisión que se instaló el 6 de noviembre de 1981.

El decreto de creación, estableció que el ente conformado solamente formularía recomendaciones de carácter privado al presidente de la república y fue así como sus principales recomendaciones se plasmaron en el decreto 3642 de 1981, que reglamentó a el artículo de la Constitución que autoriza las detenciones preventivas durante 10 días y, en el decreto sobre amnistías de febrero de 1982.

Posteriormente, en abril del 82, la comisión le envió al presidente un anteproyecto de otro decreto, proponiéndole los pasos a seguir para un eventual entendimiento con el grupo del M–19, que al parecer no surtió efecto y en cambio si motivó, un mes después, la renuncia a la comisión de Carlos Lleras y otros seis miembros, por considerar que “el proceso propuesto por nosotros, después de prolongados estudios y gestiones, para alcanzar el sometimiento al orden constitucional de los grupos alzados en armas, NO ha sido considerado practicable por el gobierno”.

Si bien el objetivo de esta comisión era explorar nuevas posibilidades para fortalecer el orden público y crear las condiciones que permitieran la derogatoria de la legislación de emergencia, la pretensión inmediata era buscarle salidas a los precarios resultados de la Ley 37 de 1981, que declaraba una amnistía para los delitos políticos. Como lo dijo el propio Turbay: “yo no pienso que la amnistía haya fallado por falta de diálogo con la subversión, sino porque fue concebida para delitos políticos, sin incluir delitos como el secuestro, la extorsión, el homicidio fuera de combate y otros considerados como delincuencia común”.

En la práctica tal comisión, fue convertida en una instancia asesora ad hoc, sin recursos para cumplir su objetivo, fuera de los que cada uno de sus integrantes tenía a través de sus respectivos cargos administrativos: un aparato de carácter transitorio y corta vigencia, con funciones de recomendación, pero sin ninguna capacidad de decisión. Situación que sus propios integrantes reconocieron al renunciar definitivamente a ella: “ese cuerpo, no tiene poderes para celebrar pactos a nombre del gobierno, aunque es claro que le resultaría muy útil entrar en contacto con los distintos grupos alzados en armas para examinar sus puntos de vista y hacerles conocer, a su vez, Lo que la Comisión estima razonable y posible”.

En el final de su administración y como epílogo de esta primer aparato jurídico político para la negociación, el presidente Turbay en su discurso ante el Congreso el 20 de julio de 1982, manifestó que no había aceptado las recomendaciones de la Comisión de Paz, dado que las encontraba “inconvenientes para sostener en los niveles en los que hasta ahora se ha mantenido la moral de las Fuerzas Armadas y por los precedentes que establecía sobre improbables futuros delitos de la naturaleza de los que quedarían castigados con simples penas condicionales”.

Gobierno de Belisario Betancur Cuartas:

En las elecciones de mayo de 1982, criticando esta política de paz y los excesos represivos de su antecesor, triunfó el candidato conservador Belisario Betancur. Una de sus primeras gestiones consistió en reorganizar y reintegrar la anterior comisión, planteando la necesidad de crear condiciones para superar lo que llamó “las causas objetivas de violencia”, como la injusticia, el hambre, la miseria, el desempleo, el analfabetismo, etc. A las que se le debían agregar reformas políticas y sociales, que llamó “las condiciones subjetivas de la violencia”. Con este marco conceptual, reconoció una intención política en el accionar de los grupos insurgentes, procediendo a establecer con ellos una negociación política en la búsqueda de la paz. Impulsó la aprobación de un proyecto de ley de amnistía general, estableció el plan nacional de rehabilitación (PNR), y trató de consolidar un ambiente político propicio para la concreción de las reformas citadas, dando también un giro en el funcionamiento y composición de los diversos aparatos burocrático jurídico de negociación.

Esta vez, intereses políticos muy diversos entraron a formar parte de tales aparatos: se dio participación directa a las fuerzas de oposición como el partido comunista colombiano, el partido socialista de los Trabajadores, el MOIR, sindicatos, periodistas y miembros de la academia críticos con el establecimiento y, con el decreto 2711 de 1982, se creó la “Comisión de Paz Asesora del Gobierno Nacional”, nombrando en cabeza de ella al ex presidentes Lleras Restrepo, quien 10 días después renunció por razones de salud, siendo remplazado por Otto Morales Benítez, quien a su vez cedería el puesto a John Agudelo Ríos, miembro de la antigua comisión de paz de Turbay.

Entre los designados en el nuevo ente burocrático, también figuraba la política conservadora Noemí Sanín, junto a otros 40 destacados miembros de la clase dirigente colombiana y, como herramienta complementaria a su labor asesora, Betancur a finales del 82, estableció las bases de lo que denominó plan nacional de rehabilitación (PNR).

Además de continuar el objetivo “asesor” señalado por su antecesor; Betancur dispuso que el organismo remozado, debería también dar asistencia y presentar alternativas al presidente, en cuatro “opciones primordiales”: De incorporación de áreas y estamentos a la vida política, económica y social del país. De recuperación y desarrollo de ciertas regiones territoriales. De mejoramiento sustancial de la justicia y seguridad de los ciudadanos en las ciudades como en el campo; y Opciones de promoción de la eficiencia de la acción en el gasto público, y del sector privado. Era pues otro aparato más de carácter consultivo, ligada logísticamente a las determinaciones del ministerio de gobierno, con funciones definidas pero sin poder decisorio. Solo presentar “opciones” o recomendaciones.

Durante su instalación en septiembre de 1982, el presidente Betancur señaló que le correspondería al congreso de la república la definición de la amnistía y la creación de un sistema político y jurídico ampliado, dejándole a la comisión la tarea de: “adelantar los diálogos y contactos que juzgue pertinentes con los distintos sectores de la sociedad colombiana, sin discriminación ni limitación alguna, y presentar las alternativas de acción que estime dignas de estudio por el Ejecutivo, o de las demás ramas del poder público, para que los agentes subjetivos de la subversión puedan incorporarse a la clara normalidad de su patria que los espera”.

En este mismo acto y en un discurso improvisado, Lleras Restrepo como directivo del aparato conformado, respondió reafirmando las responsabilidades presidenciales asignadas y anunciaba que su tarea siguiente era la designación de una serie de “Subcomisiones que puedan entrar en contacto con esos grupos y estudiar con ellos qué se puede hacer para que regresen a la vida normal”.

A mediados de noviembre de 1982, la comisión hizo llegar a Betancur su primer paquete de opciones y recomendaciones. La filtración pública de esta información y sobre todo su conformación, fue aprovechada por los adversarios al proyecto de paz de Betancur para crearle problemas al gobierno. Carlos Pizarro a nombre del M-19, afirmó que tal “Comisión de Paz era pequeña e insuficiente”, proponiéndole al presidente su ampliación, para “que dicho diálogo tuviera verdaderamente un carácter nacional”. Finalmente la comisión inició procesos de acercamiento con las distintas guerrillas, incluyendo a las FARC- EP, el ELN y el EPL.

Después de la reunión de finales de enero de 1983, entre algunos miembros de la comisión con miembros del estado mayor de las FARC; Betancur decidió nombrar, ad honorem, tres “Altos Comisionados de Paz,” para que sirvieran de canal de comunicación entre la comisión y el presidente de la república y, desempeñaran otras funciones administrativa articuladas al desarrollo de la política presidencial de paz.

Simultáneamente (febrero de 1983) Betancur nombró a Amparo Bouzas Quintero como “Consejera en Asuntos de Paz”, aumentando el ambiente de confusión política e inoperancia burocrática. Correspondió a Otto Morales como presidente del ente, explicar las nuevas decisiones presidenciales de la siguiente manera: “la labor de los Altos Comisionados y la Comisión, es complementaria e integradora, la Comisión de Paz no maneja dineros, ni los distribuye, no realiza obras públicas, ni reparte tierras, ni dirige las tareas de rehabilitación (…) quienes vigilan las inversiones y siguen el curso de las obras de rehabilitación, son los Altos Comisionados (…) ellos podrían considerarse como los Gerentes de la Paz. Ellos pueden hablar de plata contante y sonante”.

En este ambiente de incertidumbre, la estrategia paramilitar del Estado que venían aplicando las Fuerzas Armadas desde inicios de los 60 por recomendación del general del US Army Yaranborough, tal como lo ha establecido definitivamente el sacerdote jesuita Javier Giraldo, da un paso más y arrecia su accionar, especialmente en el Magdalena Medio, haciéndose clara ante la sociedad la percepción de la llamada guerra sucia. Entonces Betancur y sus ministros de gobierno y de justicia, designan en septiembre de1983 al director nacional de instrucción criminal Antonio J. Duque Álvarez, como otro “Alto Comisionado para la Paz para la región del Magdalena Medio”, zona considerada modelo y piloto, para la implementación y organización de los grupos paramilitares en Colombia.

La clase dominante y dirigente colombiana (tal y como lo está actualmente), se encontraba dividida en torno al asunto de un proceso de paz con la insurgencia guerrillera, y muchos sectores sociales incluso partícipes del gobierno, estimulados abierta y soterradamente por el estamento militar, se opusieron al proyecto de paz de Betancur, motivando la renuncia de Otto Morales Benítez el 25 de mayo del mismo año. En carta al presidente, Morales dejaba constancia de que una de las tareas que aún faltaba por realizar era la de “combatir contra los enemigos de la paz y la rehabilitación, que están agazapados por fuera y por dentro del gobierno. Esas fuerzas reaccionarias en otras épocas lucharon, como hoy, con sutileza contra la paz, y lograron torpedearla. Por ello nunca hemos salido de ese ambiente de zozobra”.

Morales fue rápidamente remplazado por John Agudelo Ríos y como consecuencia, el político conservador Alfredo Vázquez Carrizosa, también miembro de dicho organismo, propuso la renuncia de todos sus miembros para permitir que el presidente la reintegrara y la reacomodara a las nuevas circunstancias, dado que según su opinión que : “habían “cambiado las circunstancias que dieron lugar a la creación de nuestra Comisión, con un número de miembros que desde un principio la hizo inoperante, y que no tenemos ya sino un mandato impreciso y acaso precario para asumir tareas de asesoramiento, que el gobierno ya NO estima importantes”.

Con la figura de los “Altos Comisionados”, la lógica de aparentar una representación “nacional” siguió implementándose. De los cuatro comisionados nombrados, uno hacía parte de la Iglesia católica, otro era de las Fuerzas Militares, el tercero del gobierno y el último del sector empresarial representado por Alfredo Carvajal Sinisterra, quien había sido alcalde de Cali e inauguraba la participación del sector privado en los procesos de paz venideros. En mayo de 1984, el representante del sector privado fue remplazado por Nicanor Restrepo Santamaría, otro sobresaliente empresario del patronato antioqueño, quien venía de ocupar la gobernación de Antioquia.

Con todo, el primer resultado tangible y que constituyó un referente básico para hablar de los procesos de paz en Colombia, se dio en La Uribe, departamento del Meta, el 28 de marzo de 1984, con la firma de los denominados “Acuerdos de La Uribe” entre las FARC EP y el gobierno Betancur. Acuerdos que fueron posibles, a pesar de la franca oposición de las Fuerzas Militares, que para aquel entonces ya se había convertido en un “estamento social” ligado a la posesión de tierras y al ambiente de negocios capitalistas con el Estado, y en enero de 1984 forzaron el extraño episodio de la renuncia del ministro de defensa, general Fernando Landazábal Reyes y su remplazo apresurado por el general Gustavo Matamoros D’Costa.

Un año más tarde, y como resultado de los Acuerdos de la Uribe del 84, se creó la Unión Patriótica (UP), partido político que aglutinó a varios movimientos de izquierda, y la participación directa de dos miembros de las FARC- EP (Braulio Herrera e Iván Márquez), hasta alcanzar los buenos resultados en las elecciones de 1986. Este resultado electoral aceleró la estrategia paramilitar del Estado, que como se dijo, venía siendo desarrollada gradualmente desde inicios de los 60, y el exterminio gota a gota que venía sufriendo la insurgencia, se disparo masivamente contra el partido recién conformado, hasta finalmente, cuatro años después, borrarlo totalmente de la faz política en Colombia.

Sin embargo un mes más tarde de firmados los Acuerdos de la Uribe 84, renunciaron a esta comisión dos de sus principales miembros: Alfredo Vázquez Carrizosa y Jorge Angarita Marín, recordándole al presidente Betancur, que “pese a lo fundamental que resultaban los Acuerdos de La Uribe, era lamentable que sólo seis de sus miembros fueran los llamados a la deliberación que acompañó dicho documento”.

Pero el aparato burocrático jurídico de negociación continuó funcionando y, para darle cumplimiento al cuarto punto de lo firmado en la Uribe, se creó en mayo de 1984, otro ente semejante: la “Comisión Nacional de Verificación”, que luego para darle una representación “nacional” se amplió con Horacio Serpa Uribe, Miguel Pinedo Vidal, Nicanor Restrepo Santamaría, monseñor Darío Castrillón, Enrique Santos Calderón, Álvaro Leyva Durán y Gilberto Vieira, así como un miembro de ADO (Autodefensa Obrera) y uno de la Unión Patriótica. Posteriormente, en septiembre, se integrarían a ella Carlos Ossa Escobar y Fabio Valencia Cossio, entre otros.

Como era prioritario para el gobierno alcanzar igual tipo de acuerdos con los otros movimientos guerrilleros, Betancur organizó, poco tiempo después, otra “Comisión Nacional de Negociación y Diálogo”, para avanzar en las conversaciones con el M–19, el EPL y ADO y, para tal efecto nombró como coordinador nacional a Alfonso Gómez-Gómez, quien logró los acuerdos de cese al fuego y diálogo nacional firmados el 23 de agosto de 1984, con el ADO , el EPL y el M–19, y después de superar las más diversas dificultades, pudo instalar en enero de 1985, las “diez Subcomisiones del Diálogo Nacional”.

A pesar de la conflictiva situación que se vivió en el país durante ese año, a causa del recrudecimiento de la guerra sucia y la oposición del “estamento militar” al proceso de paz del gobierno Betancur; luego de las renuncias de algunos miembros de las Comisiones de Paz, de Verificación y de Negociación y Diálogo, sucedidas entre el 20 y el 24 de septiembre de ese año, Betancur intentó un último esfuerzo nombrando otra “Comisión de Paz, Diálogo y Verificación”, como remplazo de las demás que hasta a ese momento habían funcionando y para dirigirla designó a John Agudelo Ríos.

A pesar de algunas declinaciones a los nombramientos, solamente Carlos Ossa Escobar y Gilberto Vieira, persistieron. Pues apenas conocieron su designación, los dirigentes liberales Germán Zea Hernández y Rafael Rivas Posada, pensando en las elecciones presidenciales ya próximas, renunciaron a formar parte de la misma: Zea afirmó que su decisiones debe a que el “liberalismo ha sido opuesto, no a la paz, sino a algunos de los procedimientos adoptados en el proceso” y, Rivas Posada declaró que, “ el gobierno había preferido la continuación de un sistema de trabajo que en la práctica prolongará el proceso hasta la próxima administración, con todas las implicaciones que ello conlleva”.

La cadena de renuncias continuó. En noviembre declina Alfredo Vázquez Carrizosa y el procurador general de la nación Carlos Jiménez Gómez. Y con la toma del palacio de justicia el 6 de noviembre de 1985, la ofensiva de la estrategia paramilitar del Estado contra desmovilizados y militantes de la UP, y el endurecimiento de la oposición a las iniciativas de paz del presidente Betancur, se configura una sin salida. Betancur insiste. Y logra mejorar un poco el ambiente político en favor de la paz, con los acuerdos de diciembre de 1985 con los destacamentos Simón Bolívar y Antonio Nariño d el ELN y la prorroga de los acuerdos de La Uribe con las FARC en de marzo de 1986. Sin embargo, las renuncias a la comisión continúan y Betancur el 5 de agosto de 1986, debió oficializar la desintegración de la misma.

Gobierno de Virgilio Barco Vargas:

El candidato liberal Virgilio Barco gana las elecciones en mayo de 1986, y declara que; “la paz no es un objetivo; sino el resultado de una serie de tareas que nos hemos impuesto, de acabar con la pobreza absoluta”, y para llevar a la práctica un programa de partido, el tratamiento para enfrentar el conflicto político y armado asumiría este asunto “como una negociación política entre el gobierno y los grupos insurgentes, regida por principios, objetivos, metodologías y procedimientos precisos”.

Antes de su posesión Barco se reunió con Betancur. Así lo recuerda el futuro ministro de gobierno Fernando Cepeda Ulloa: “Nosotros tuvimos una entrevista, el presidente Barco y yo con Belisario, en su oficina personal, no en el Palacio, ya era Presidente electo Barco y Belisario echó su cuento, un cuento entre romántico y pragmático, y entonces la decisión del presidente electo fue que se mantenían los acuerdos, se mantuvieron; se mantiene el cese de fuego que se había pactado, se mantiene el teléfono rojo, y vamos a ver cuando comenzamos”.

Con la llegada de Barco se continua la inercia burocrática traída y se crea la “Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación” (CRNR) para que junto con el “Plan Nacional de Rehabilitación” (PNR), dirija el asunto de la paz. El fundamento de este aparente cambio, estuvo según Cepeda Ulloa en que: “El presidente Barco decía, no creamos la ilusión de que va a haber paz. Nosotros podemos aspirar a normalizar la situación pública, no podemos aspirar a que haya paz. No va haber paz, no creemos en esa ilusión. El presidente Barco venía del rechazo a una retórica fantasiosa de Belisario. Aquí lo más que vamos a lograr es normalizar la situación”

Y para dirigir esta otra nueva entidad, Barco nombró en agosto 1986, a Carlos Ossa Escobar, ex presidente de la SAC (sociedad de agricultores de Colombia) y miembro de las últimas dos comisiones creadas por Betancur. La articulación de la CRNR con el PNR, se daba en términos de la prioridad que tenía la primera sobre el segundo, que era gestionado por el jefe liberal Rafael Pardo Rueda, desde la Secretaría de Integración Popular (SIP)

El trabalenguas personal y burocrático del gobierno Barco, debió ser aclarado así por el jefe liberal Pardo Rueda: “el primer cambio consistió en poner en cabeza del Presidente de la República la responsabilidad y la supervisión directa de la política de paz. El segundo cambio fue también de fondo, pero pareció un simple maquillaje y en realidad nunca pudo ser bien explicado y mucho menos bien comprendido: se trataba de omitir la palabra paz y remplazarla por tres largos conceptos, reconciliación, normalización y rehabilitación (…) el largo sustituto tenía sentido conceptual, pues se daba una visión realmente comprensiva de lo que es la paz y de lo que ésta involucra, desprendiéndola del simplismo convencional de identificarla sólo con diálogos con la guerrilla”.

Con todo este aparataje gubernamental, otros actores políticos y factores reales de poder pasan cuenta de cobro a la anterior administración de Belisario y piden un espacio directo y relevante en los procesos de paz del nuevo gobierno. En septiembre 1986, en la sesión de instalación de la llamada “Comisión Especial sobre la Violencia Política”, algunos congresista reclamaron su “derecho” a participar activamente en el proceso de paz , protestando por la “condición de invitados de piedra” en que se les había puesto durante la administración que acababa de pasar, como “simples receptores de proyectos, pero de ningún modo partícipes directos en los diálogos con la guerrilla”.

Mientras avanzaban los procesos de acercamiento con las diversas guerrillas aún en armas, el giro del gobierno Barco avanza en la conformación de una nueva “Comisión de Violencia”, con un grupo de especialistas en el tema, quienes tratan de justificar “académicamente” la nueva conceptualización de la paz arriba citada, dada por el burócrata liberal Pardo Rueda: “La paz son tres largos conceptos; reconciliación, normalización y rehabilitación, y no solo diálogos con las guerrillas”.
A finales de septiembre 1987 y en medio de una espantosa oleada de guerra sucia, se realizó en La Uribe (Meta) una reunión entre dirigentes de las FARC EP, el M–19, el EPL, el ELN, el PRT y el Quintín Lame, que da como resultado la organización de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, lo cual plantea al gobierno una nueva e inédita problemática de negociación individual y/o colectiva. Ossa Escobar presenta su renuncia a la CRNR el 11 de diciembre del 87, siendo remplazado por el ascendente Rafael Pardo Rueda.

Al iniciar 1988, Pardo Rueda como nuevo “Consejero Presidencial” se reafirma en sus críticas a la dispersión creada por el sinnúmero de instancias administrativas creadas por el gobierno Betancur, y ratifica que “se requieren procedimientos y métodos institucionalizados y límites claros”. Y agrega: “para el gobierno, el diálogo no es simplemente el acto de conversar sobre un tema, sino un procedimiento que adquiere sentido político cuando a través de él se busca encontrar soluciones. Si no es así, el diálogo se convierte en una distracción, en un intercambio de opiniones sin trascendencia”.

Con todo, en septiembre de 1988, Pardo Rueda presenta la iniciativa de paz del presidente Barco, como un “objetivo para definir de una manera ordenada y con todos los pasos que se debían seguir, los criterios que debían orientar políticamente el proceso de conversaciones con un grupo armado, cuáles serían las condiciones y exigencias, y cuáles los compromisos que el Gobierno estaría dispuesto a asumir”.

Sin embargo la inercia burocrática por seguir conformando aparatos nacionales similares, se prolonga en la administración Barco y así se crean las “Mesas de Trabajo por la Paz y la Reconciliación Nacional”, junto con la “Promotoría Nacional para la Paz” de la cual harían parte los expresidentes Misael Pastrana Borrero y Alfonso López Michelsen, el cardenal primado Mario Rebollo Bravo, el presidente de la asociación de industriales Fabio Echeverri Correa, y el dueño del diario El tiempo Hernando Santos Castillo, quien posteriormente renunciaría.

En marzo de 1990 se firmó el acuerdo político de dejación de armas del M–19, no sin antes haber creado por parte del gobierno; la “Comisión de desmovilización para el Proceso con el M-19”, y, el “Consejo Nacional de Normalización”. Mientras que por fuera, la guerra sucia, el Paramilitarismo y la violencia política del Estado, continuaron su avance lento pero seguro de la mano con los narcotraficantes, quienes en esta fecha hicieron su irrupción pública, también violenta.


Gobierno de César Gaviria Trujillo

Con la elección presidencial en 1990 de César Gaviria, antiguo ministro de gobierno del gobierno Barco, hubo continuidad en los puntos básicos de la estrategia de paz de la anterior administración. El modelo de negociación con el M–19 concluido con la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, se convirtió en el ejemplo inflexible a seguir durante toda la administración Gaviria. Sin embargo, el mismo día en que se llevaban a cabo las elecciones para definir los constituyentes (9 de diciembre de 1990) las Fuerzas Armadas bombardearon “casa verde”, lugar donde se encontraba el Secretariado de las FARC, eliminando por la vía militar cualquier posibilidad de acuerdos políticos con este grupo y con los demás que aún formaban parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Dos nuevos aparatos se conformarían para enfrentar la reacción guerrillera: la “Consejería Presidencial para la Defensa y la Seguridad Nacional a cargo del ascendente Rafael Pardo Rueda, y la “Consejería Presidencial para Medellín” a cargo de María Emma Mejía.

En 1991, después de un accidentado proceso político a favor de un dialogo por la paz, desarrollado por la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar; el gobierno Gaviria se ve forzado a iniciar formalmente las conversaciones de paz en Caracas, las cuales poco después se trasladaron a Tlaxcala (Méjico) y, como respuesta administrativa el gobierno nombra como responsable de las mismas a Jesús (Chucho) Bejarano, asignándole nuevas funciones presidenciales. En enero de 1992, Bejarano es remplazado por Horacio Serpa Uribe, quien 4 meses después y de común acuerdo con los delegados de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, da por terminadas las negociaciones.
Durante el desarrollo de estas conversaciones de Caracas y Tlaxcala, el gobierno Gaviria creó también mediante decreto 2015 de 1991, la “Comisión Consultiva para el Orden Público”, integrada por Horacio Serpa Uribe, Saulo Arboleda, Juan Gabriel Uribe, Otty Patiño, Carlos Rodado Noriega y Gilberto Vieira. Para aquel momento el carrusel burocrático liderado por Bejarano, también seguía contando con una pléyade de “Asesores Oficiales” como Ricardo Santamaría, Carlos Eduardo Jaramillo, Tomás Concha, Reynaldo Gary, Gonzalo de Francisco, y José Noé Ríos, entre otros.

Para fines de 1991 el gobierno Gaviria logra acuerdos definitivos de paz con el EPL, el PRT y el MQL, y para vincular al empresariado o sector privado en tal gestión, se crea mediante los decretos 2198 y 2199 de septiembre 1991, otra “Comisión Asesora de Reinserción”, conformada por José Manuel Arias Carrizosa, Adolfo Carvajal Kuelkuellye, Ernesto Delima, Andrés Echavarría Olano, Augusto López Valencia, Isaac Jimmy Mayer Hekin, Nicanor Restrepo Santamaría, Juan Manuel Ruiseco Vieira, Carlos Upegui Zapata y Luis Carlos Sarmiento Angulo, y para articular toda esta iniciativa, el gobierno nacional creó a fines de 1991, la “Dirección Presidencial para la Reinserción” encargando a Ricardo Santamaría de su dirección.

Para noviembre de 1993, se restructura la “Consejería para la Paz” a cargo de Carlos Eduardo Jaramillo, quien acompañará a Gaviria hasta el final de su mandato, concretando acuerdos de reinserción con la Corriente de Renovación Socialista CRS, las milicias de Medellín , y el Frente Francisco Garnica del EPL .

Gobierno de Ernesto Samper Pizano:

Con el ascenso de Ernesto Samper Pizano a la presidencia en 1994, se empieza a dar otro desarrollo burocrático en el tema de las negociaciones de paz. Buscando aliados que le ayudasen a enfrentar el conocido escándalo judicial llamado proceso ocho mil, nombra a Carlos Holmes Trujillo, conocido jefe político liberal del Valle del como “Alto Comisionado para la Paz”, debiendo aclarar posteriormente, en otro decreto presidencial, que este cargo estaba dentro de la “Consejería Presidencial para la Paz” bajo la dirección o de José Noé Ríos y en donde participan académicos y personas con cierto conocimiento del tema como Alfredo Molano, Alejo Vargas, Daniel García-Peña, Edgar Reveiz, Hael Quiroga.

Por si fuera poco, Samper crea otra instancia de carácter consultivo: la “Comisión de Acción para la Paz”, encargada de desarrollar el asunto financiero, tan caro a su gestión, en los procesos de paz; el cual ampliaría y dejaría establecido a través de la Ley 368 de 1997, y con la creación del “Fondo de Programas Especiales para la Paz o cuenta del Departamento Administrativo de la presidencia DAPRE”, destinado a apoyar administrativa y financieramente las funciones del Alto Comisionado para la Paz.

Pero no es todo. En julio de 1995, se conforma una nueva “Comisión Facilitadora de Paz” para las conversaciones con el movimiento Jaime Bateman Cayón. La responsabilidad recayó esta vez en el Arzobispo de Popayán, Alberto Giraldo Jaramillo, en el administrador Arquidiocesano de Cali Héctor Gutiérrez Pabón, la secretaria de gobierno del Cauca Nuby Fernández, el rector de la Universidad Libre de Cali Libardo Orejuela, junto al ex-combatiente del M-19 Germán Rojas Niño y el presentador de televisión Alfonso Lizarazo, y para a agosto del 95, con participación de la iglesia católica, los gremios económicos, políticos, intelectuales y representantes de los medios de comunicación, se organiza otra nueva “Comisión de Conciliación Nacional (CCN) con el objetivo de servir de puente entre las partes del conflicto armado, integrada por sectores de la Iglesia católica, los gremios económicos, políticos, intelectuales y representantes de los medios de comunicación. Finalmente, tras un año de actividad, el Alto Comisionado para la Paz, renuncia en favor de Daniel García Peña, quien logra permanecer en el cargo hasta el final del mandato de Samper.

En de mayo de 1998 se firmó el protocolo de acuerdo entre un poco conocido grupo armado denominado Movimiento Independiente Revolucionario-Comandos Armados MIR-COAR y el gobierno nacional, para lo cual se contó con el apoyo de otra “Comisión Gubernamental Negociadora”

En Julio de 1998, luego de la declaración de Viana en España y la declaración de Mainz en Alemania, se creó el “Comité Operativo Preparatorio” de una posible convención nacional con el ELN. Éste comité estuvo integrado por Ana Teresa Bernal, María Isabel Rueda, Jaime Bernal Cuellar, Alejo Vargas, Nelson Berrío, Alfredo Molano, Jaime Caicedo, Francisco Santos, Carlos Gaviria D., Samuel Moreno Rojas, Sabas Pretelt de la Vega, Augusto Ramírez O., Antonio Picón Amaya, Hernando Hernández, Mario Gómez, el Padre Jorge Martínez y Francisco Galán y Felipe Torres del ELN y junto a este comité operativo actuó el Comité Nacional de Paz. Por último, es durante el periodo presidencial de Samper cuando en abril de 1995 se creó la “Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia” por decisión de la gobernación del departamento en ese entonces a cargo de Álvaro Uribe Vélez. Destacamos este hecho porque esa fue la primera iniciativa formal de tipo regional a la que el gobierno central daba autorización a una gobernación, para llevar a cabo acercamientos exploratorios con los grupos armados ilegales y sería pieza clave en la etapa exploratoria que terminaría con la desmovilización de los grupos paramilitares durante el gobierno de Uribe Vélez.

Gobierno de Andrés Pastrana Arango:

Pastrana sin grandes variaciones, continua la lógica de los dispositivos burocráticos jurídicos de negociación. Fue así como dos días después de su posesión, presidencial nombra a Víctor G. Ricardo como Alto Comisionado para la Paz en la Consejería Presidencial para la Paz y a Camilo Gómez Alzate como su secretario privado, poniendo en funcionamiento el Consejo Nacional de Paz y, el Comité Nacional de paz.

El proceso de “negociar con las FARC la paz en medio de la guerra”, se inicia en noviembre de 1998, con la vigencia de la denominada zona de distensión del Caguán, y los esfuerzos presidenciales e institucionales se enfocaron en la constitución de la “Mesa Nacional de Diálogo y Negociación” y un “Comité Temático Nacional” El 7 de enero de 1999, día de la instalación formal de los diálogos, son designados como negociadores gubernamentales, Víctor G. Ricardo, María Emma Mejía Vélez, Fabio Valencia Cossio, Nicanor Restrepo Santamaría y Rodolfo Espinosa Meola. Y bajo la coordinación de Néstor Humberto Martínez, el gobierno nombró para el Comité Temático Nacional a Miguel Pinedo Vidal, Armando Pomárico, Andrés González, Juan Gómez Martínez, Mauricio Cárdenas, Hernando José Gómez, Jorge Gómez Duarte, Ana Teresa Bernal y Fernando Hinostroza.

El 4 de julio de 1999 se cambia el equipo negociador inicial y se conforma un segundo con Fabio Valencia Cossio, Pedro Gómez Barrero, Camilo Gómez Alzate, Juan Gabriel Uribe y el general retirado Gonzalo Forero. A comienzos mayo del 2000 Pastrana acepta la renuncia de Víctor G. Ricardo y nombra a su secretario privado Camilo Gómez Alzate, como nuevo Alto Comisionado para la Paz. Y después 4 meses de difíciles diálogos, el 6 de mayo de 1999, los negociadores del gobierno y los representantes de las FARC EP, firmaron y protocolizaron la Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia de 12 puntos. Por fin después de más de 50 años de conflicto social y armado, se firmaba y legalizaba por ambas partes, el primer documento de Estado: la Agenda trascendental y básica para una negociación con las FARC.

El proceso de negociaciones continuó a pesar de interferencias políticas y militares de todo tipo, y en septiembre de 2000, Pastrana tras aceptar la renuncia del empresario privado Pedro Gómez Barrero, conforma un tercer “Equipo para las Negociaciones” con participación del partido liberal y la Iglesia católica. En reemplazo de Gómez Barrero nombra al empresario del sector petrolero y ex director de la Esso-Colombia Ramón De La Torre Lago, a monseñor Luis Alberto Giraldo Jaramillo, a Luis Guillermo Giraldo Hurtado y a Alfonso López Caballero quienes junto a Fabio Valencia Cossio, Juan Gabriel Uribe y el general Forero Delgadillo, continuarían en la mesa de negociación del Caguán. En noviembre de 2000, se crea como órgano asesor y consultor del gobierno, el “Frente Común por la Paz y contra la Violencia”, integrado por el propio presidente Pastrana, Horacio Serpa Uribe, Ciro Ramírez, Luis Fernando Alarcón, Antonio Navarro, Samuel Moreno y Luis Guillermo Giraldo Hurtado.

Y después de varios congelamientos, a inicios de 2001 Pastrana y Marulanda lograron reactivar la negociación con la firma del Acuerdo de los Pozos, reafirmando la necesidad de continuar los diálogos, agilizar las propuestas de intercambio humanitario, discutir el cese de fuegos, analizar el asunto de la erradicación manual y concertada de los cultivos ilícitos, e invitar a la comunidad internacional. Entre otras decisiones conforman la “Comisión de Personalidades” (también conocida como de los notables) con el propósito de encontrar caminos para acabar con el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto. Dicha comisión fue oficialmente creada el 11 de mayo de 2001 y la integraron Ana Mercedes Gómez Martínez, Carlos Lozano Guillén, Vladimiro Naranjo Mesa y Alberto Pinzón Sánchez.

En abril del mismo año se crea la “Comisión de Países Facilitadores para el Proceso de Paz”, integrada por representantes de los gobiernos de Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, México, Noruega y Venezuela, y en abril, se inician en el Caguán las denominadas “Audiencias Públicas”.

Finalmente, el 3 de junio de 2001 el Gobierno anunció un nuevo y cuarto equipo negociador con las FARC, nombrando a Reinaldo Botero Bedoya, Ricardo Correa Robledo y Manuel Salazar Ferro, quienes junto al Alto Comisionado Camilo Gómez y el “Comisionado Adjunto” Luis Fernando Críales, serían los encargados de afrontar la última fase de negociación, que terminó como todos sabemos con el rompimiento de la negociación el 20 de febrero de 2002.

Después del rompimiento con las FARC, los esfuerzos en materia de paz se enfocarían por completo hacía el ELN, sin alcanzar ningún tipo de acuerdo definitivo. Finalmente, se debe siempre tener presente a la hora de hacer el análisis de este periodo, que desde el inicio de la administración Pastrana se implementó con la ayuda del gobierno Norteamericano, el conocido Plan Colombia, y además que la estrategia paramilitar del Estado, había logrado finalmente expandirse nacionalmente hasta copar todo el país.

Gobierno de Álvaro Uribe Vélez

Desde antes de su elección como presidente, y una vez posesionado en 2002, Uribe Vélez condicionó cualquier intento de negociación a la declaratoria previa de un cese unilateral de hostilidades por parte de los “grupos armados ilegales”. Bajo este marco, los grupos insurgentes dieron a conocer su negativa a lo que significaba una rendición incondicional, que solo fue aceptada por los paramilitares de las AUC, con quienes se venía negociando desde cuando Uribe Vélez era gobernador del departamento de Antioquia.

El extraño proceso de “acercamiento, desmovilización y de reinserción” de los grupos paramilitares, es llevado hasta su final por el aparato burocrático jurídico creado para tal fin mediante decreto 1809 de 2002, y dirigido por el “Alto Comisionado para la Paz” Luis Carlos Restrepo. Culminará luego de la sanción presidencial, el 25 de julio con la Ley 975 de 2005, ampliamente conocida en Colombia y el exterior como “Ley de Justicia y Paz” y, posteriormente quedaría vacío con la extradición paulatina a los EEUU, de la mayoría de jefes paramilitares acusados no de crímenes de Estado, sino de narcotráfico.

El dispositivo burocrático jurídico del comisionado Restrepo estuvo orientado directamente por el presidente Uribe Vélez, y tal y como ha quedado demostrado hasta el día de hoy, se limitó únicamente a los grupos paramilitares, sin estructurar una política gubernamental de paz para todo el país.

Gobierno de Juan Manuel Santos

Apoyado por el apabullante aparataje político- militar y mediático, creado por el gobierno estadounidense con el Plan Colombia, durante los 8 años del gobierno de Uribe Vélez, su ministro de defensa J M Santos resulta elegido en 2010. En su discurso de posesión Santos plantea una política ambigua de paz, insinuando que él tiene en su bolsillo la llave para abrir la puerta de un “eventual” proceso de paz con las guerrillas persistentes, dando a entender que ha centralizado totalmente bajo su responsabilidad inmediata, el asunto de la paz en Colombia, sin delegaciones en “comisiones nacionales” y otros entes jurídicos estatales como los que se venían creando en las administraciones precedentes, y contradiciendo el centro de su estrategia de gobierno llamada Unidad Nacional; establece directamente sin terceros, las condiciones de rendición y desmovilización de las guerrillas, y como si la vida no fuera rica en tener innumerables posibilidades, ofrece ”Cárcel o Tumba”, como únicas dos alternativas a quienes persistan en enfrentar armados el Terror del Estado militarista colombiano.

Sin embargo para conservar el legalismo santanderista característico de su clase social, hasta aquí expuesto, empeña todos sus recursos políticos en llevar al congreso de la república los principales lineamientos de su “locomotora neo-liberal de la paz”, para que mediante una “ley nacional” se expida un Marco Jurídico Integral para la Paz: reforma a la justicia, justicia transicional, fuero para el estamento militar, código penal, código minero y ley de restitución de tierras, etc. Aspecto este último, que le ha granjeado la oposición radical del sector del rentismo latifundista y ganadero pre-moderno, ligado al narco paramilitarismo opuesto visceralmente a cualquier proceso de dialogo con la insurgencia, y que está condicionando (hasta la resolución de esta contradicción) la decisión presidencial de JM Santos, en el asunto de la paz para Colombia.

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Excedentes…

Prof. Juan Carlos Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

El renovado brío por el cierre de grados y cursos, por parte del Ministro Bullrich y la desidia en la atención de las consecuencias del temporal acaecido el pasado miércoles, marcan la impronta de exclusión que pretende imponer el macrismo en la Reina del Plata.

Si bien ello no es novedad, porque la política neoliberal está basada precisamente en la eficacia y eficiencia, como también en la escasa presencia estatal en materia socioeconómica, la gravedad de ambas acciones está dada por la consideración acerca de los sujetos excluídos desde el mismo gobierno porteño. Además de encerrar a los pobres en su pobreza, se pretende algo más por cuanto supone que ellos "sobran" en su modelo. Nada mejor que continuar la obra de perpetuación de la desigualdad para justificar su abandónica política a nivel social.
El sistema capitalista tiene, como punto de partida, la existencia de pobres. Pero cuando su cantidad supera a la que puede sostenerlos, de alguna manera, los considera "excedentes". De allí, al exterminio por otros medios hay un solo paso. De impedir la formación de niños y jóvenes pobres, con la finalidad de evitar su ascenso social a la falta de asistencia en los barrios carenciados, las herramientas se multiplican en forma incesante. Eso es lo grave y casi nadie ha reparado en ello.
Por otra parte, el Poder Judicial responde a medias. Una tibia resolución permite avanzar en el cierre de aulas al Ministerio de Educación de la Ciudad y otra, muy diferente por cierto, obliga a la asistencia inmediata de los damnificados por el "fuerte viento" del pasado 4 del corriente. Pareciera que lo tibio es una constante en un poder que debiese limitar los excesos del macrismo. Hasta el mismo Tribunal Superior de Justicia evade exigir el cumplimiento de los derechos económicos y sociales, como el de la vivienda, obligando a recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como ocurrió con el caso Quisbert, donde una mamá venía solicitando una vivienda para ella y su hijo con discapacidad.
En consecuencia, si el Ejecutivo resuelve excluir sistemáticamente a quienes se encuentran en la pobreza e indigencia y el Judicial no protege debidamente sus derechos a los excluídos que llegan a interponer sus demandas ante la Justicia, nos encontramos con que ambos consideran a estos sujetos como sobrantes del sistema. Y ello resulta de una gravedad inusitada, porque además de su crítica situación socioeconómica, se le suma la indefensión frente a la desidia estatal.
Pero no debemos engañarnos. No es más que una política sistemática de exterminio. El capitalismo recurre a la consideración de la excedencia, cuando lo necesita para su propia supervivencia y la de su clase dominante, operando fuertemente sobre los actores sociales que puedan contrarrestar sus métodos.
La mentira mediática y mediatizada, junto con acciones distractivas, suele ser una de sus armas preferidas pero ella podría ser desmentida con una movilización social contundente destinada a rechazarla y a exigir el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, no se advierte que ello ocurra salvo acciones aisladas de algunas organizaciones políticas y sociales.
Hoy, los estudiantes de la zona sur de la Ciudad, los docentes afectados por los cierres de sus cursos y quienes todo perdieron por el temporal son considerados sobrantes del sistema capitalista porteño. Peor aún, son "excedentes" que deben ser exterminados por el hacinamiento, el hambre y la desidia del Estado para que el capitalismo porteño no detenga su marcha ascendente para los buenos negocios del macrismo.
La Reina del Plata se está dividiendo peligrosamente en dos. Por un lado, la de la abundancia y la de la indigencia, por otro. Y el Estado es responsable. No puede concebirse una sociedad con una alta polarización económica como la actual. Con una desigualdad irritante. Con una exclusión en permanente aumento.
Pero, en realidad, excedentes somos todas y todos aquellos que soñamos con la verdadera igualdad de oportunidades, con una educación pública sin exclusiones y con un Estado presente en materia socioeconómica. Solamente la lucha permanente podrá llevarnos a otro Estado, el que se ocupe y preocupe por lo público en lugar de lo privado.
Y esto último depende de todas y todos nosotros. De lo contrario, el Gran Destructor de Buenos Aires continuará la obra iniciada por la dictadura, en clara imitación a su admirado Piñera, en detrimento de nuestros derechos porque, a no olvidarlo, nosotros también somos parte del Estado...

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Carlos Fuentealba: obrero de la construcción, el verbo y la dignidad

Andres Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

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Con Natalia Cantero, docente y periodista neuquina, recordamos aquellos trágicos días en que cae asesinado Carlos Fuentealba. Una represión desmezurada que todavía sigue impune. Como nos narra la propia entrevistada hay que "transformar ese dolor en exigencia de juicio y castigo a todos los culpables". Que así ocurra.

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Argentina: Córdoba: De la Cultura como derecho a la “Cooltura” como negocio

RNMA - INDYMEDIA

La cultura de la ciudad de Córdoba se encuentra en una encrucijada apremiante. Desde la gestión municipal de Ramón Mestre, a través de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad a cargo de Pancho Marchiaro, se está impulsando la creación de una fundación llamada Instituto Municipal de Cultura que vendría a reemplazar a la Secretaría estatal y a abrir la puerta para que entes privados definan las políticas culturales y el manejo de los recursos públicos del área. El proyecto de creación de la fundación se encuentra en el Concejo Deliberante –donde tiene mayoría el oficialismo radical- y cuenta con orden de preferencia para su tratamiento, por lo que será votado el 19 de abril. La urgencia de exigir un debate abierto y participativo en torno a la gestión cultural local está alcanzando su pico más alto. Y no hay demasiado tiempo.

Un proyecto veloz y silencioso

A fines de marzo, los empleados de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba se enteraron -de modo informal y por un trascendido que se filtró a través de un concejal- que se había presentado en el Concejo Deliberante un proyecto de creación de una fundación denominada Instituto de Cultura Municipal que supliría las funciones de la actual Secretaría. El Proyecto de Ordenanza 352946/12 Concejo Deliberante 3621-E-12 (Fundación “Instituto Municipal de Cultura”) ingresó al Concejo Deliberante el 6 de marzo y no hubo ningún comunicado que informara -a los empleados del área de Cultura de la Municipalidad y a la sociedad cordobesa en general - acerca de su existencia. Luego de que los empleados comenzaran a informarse, asesorarse y movilizarse para exigir la modificación de este proyecto, la Secretaría de Cultura decide abrir espacios de diálogo y pospone el tratamiento en el Concejo Deliberante que tenía como fecha prevista el 23 de marzo. En la actualidad se están llevando a cabo estos espacios de debate -en el Cabildo histórico de la ciudad- con distintos sectores pero sólo están autorizados a participar los empleados municipales y/o personas vinculadas al área de cultura de la municipalidad, hecho que, en un claro gesto de cierre de la discusión, resta protagonismo a todas aquellos sectores vinculados a la cultura cordobesa no estatal.

El proyecto cuenta con orden de preferencia para su tratamiento por el Concejo Deliberante, lo que significa que existe una urgencia por parte del gobierno en torno a su inmediata aprobación con fecha definitoria para su votación el 19 de abril. Teniendo en cuenta que en dicho Concejo la mayoría es oficialista, la aprobación del proyecto sería casi una certeza a futuro. Desde la oposición y desde los sectores movilizados se está exigiendo que se retire ese orden de preferencia y que el proyecto vuelva a comisión para ser discutido, debatido, modificado y analizado en profundidad por todos aquellos involucrados en la cultura de la ciudad; por lo que dicho proceso sólo puede realizarse sin la velocidad impuesta desde la gestión municipal. El jueves 12 de abril, sería la sesión previa al tratamiento y la última oportunidad de que los sectores que se oponen a la creación del Instituto Municipal de Cultura puedan frenar la intervención de manos privadas en la cultura estatal.

¿Fundación o fundición?

El proyecto en cuestión plantea que el estado, en este caso la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, más precisamente, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad crearía una fundación para que desarrolle toda una serie de actividades relacionadas a la vida cultural de la ciudad. Es en este punto que se observa una clara superposición de capacidades y atribuciones con la Secretaría de Cultura municipal.

Superposición que, a la vez, mantiene algunas diferencias con el organismo actual de Cultura. Diferencias para nada sutiles que despiertan suspicacias y dudas.

El proyecto de ordenanza tiene puntos poco claros y otros puntos, claramente tendenciosos. En primera instancia, esta fundación estaría dirigida por un Consejo de Administración que estaría presidido por el secretario de Cultura, un secretario, un tesorero y entre tres y nueve vocales, todos ellos designados por el Departamento Ejecutivo Municipal. Todos, a la vez, cumplirían sus funciones ad honorem.

Este Instituto además de definir políticas públicas, tal como lo establece el estatuto “podrá recaudar y administrar las sumas en concepto de entradas provenientes de la realización de cursos, cursillos, conferencias, espectáculos y otras actividades culturales, venta y publicidad de la guía cultural de Córdoba y otras publicaciones”. Actividades todas que podrán ser desarrolladas en dependencias de la Municipalidad, usando la infraestructura estatal, sin tener que someterse a auditorías públicas, ya que el mismo proyecto plantea que el control de dicha fundación no pasará por el tribunal de cuentas municipal, sino por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba. Este punto es realmente grave ya que el estado será la principal fuente de fondos para la creación de dicha fundación, pero paradójicamente no podrá acceder al control ni fiscalización de sus ingresos. Al mismo tiempo, el proyecto no especifica de cuánto dinero será el aporte municipal para la creación de la fundación Instituto Municipal de Cultura. Por si no quedo claro: el estado pone dinero para crear esta fundación, no sabemos cuánto dinero, y a la hora de las ganancias, no podrá controlar cuánto dinero ingresa a dicha fundación.

A lo largo de todo el proyecto tampoco se menciona qué nivel de independencia tendrá la fundación respecto de la Secretaría de Cultura y, en definitiva, cuáles serán sus funciones y tareas.

Como si esto fuera poco, tal como lo plantea el proyecto “Para el cumplimiento de sus objetivos, la Fundación tendrá plena capacidad legal. Podrá comprar, vender, transferir, gravar, locar, o administrar toda clase de operaciones con bienes muebles, inmuebles, títulos valores, acciones y todo otro bien de cualquier naturaleza que fuere”, así también “podrá ceder, comprar y vender, permutar, dar y aceptar donaciones y cualquier otra forma de contratar”. Este punto del proyecto también es foco de repudio ya que no queda nada claro si esta Fundación podría disponer de la venta o alquiler, por ejemplo, de estructuras públicas. La no claridad del proyecto va en aumento a lo largo de todos sus artículos.

Otro apartado menciona que, el Instituto, se reserva la facultad de “celebrar contratos con particulares (…) de cualquier parte del país o del extranjero”. Esto significa que esta fundación podría establecer contratos laborales con empleados. El dato es alarmante ya que si tenemos en cuenta los antecedentes de Marchiaro en el Centro Cultural España Córdoba o las experiencias del Cineclub Municipal Hugo del Carril, dichos contratos podrían estar signados por la precarización laboral disfrazada tras el velo de becas o pasantías.

Otro artículo del proyecto hace referencia a que el Instituto queda autorizado a “percibir sumas en concepto de apoyos provenientes del sector privado, el tercer sector, el ámbito académico y la cooperación internacional, como así también contribuciones voluntarias de la ciudadanía”. Este punto ha sido fuertemente criticado como el artículo clave a la hora de reflejar la retirada del Estado a la hora de garantizar el acceso de la cultura como un derecho de todos los ciudadanos cordobeses. Que el Estado no decida invertir fondos para políticas públicas culturales repercute necesariamente en un detrimento del acceso democrático a la cultura por parte de todos los sectores de la sociedad. Y, por otra parte, tampoco queda claro qué papel desempeñarían aquellos representantes de aportes privados.

Por último, el proyecto cierra con un artículo preocupante que sostiene que “La Fundación podrá disolverse por la decisión de dos tercios de los miembros del Consejo de Administración. En caso de resolverse la liquidación, se nombrará una comisión liquidadora, integrada por el Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría de Cultura, la que en un plazo máximo de seis meses deberá pagar todas las deudas de la Fundación y destinará el remanente de los bienes a entidad de bien público” En resumidas cuentas se plantea que esta fundación se puede disolver por decisión de sus propios miembros, pero la Municipalidad -en un plazo de 6 meses- deberá hacerse cargo del pago de todas las deudas que haya contraídas por dicha fundación Instituto Municipal.

Marchiaro, en su recientes apariciones mediáticas, aparte de defender la creación del Instituto, afirma que esta Fundación también estaría abocada a realizar estadísticas, a sistematizar información, a construir teoría y que tendría un perfil un tanto académico para poder llevar a cabo investigaciones necesarias a la hora de desarrollar políticas públicas. Lorena Machuca, actual empleada de la Secretaría de Cultura, en diálogo con Zumba la Turba, sostuvo que los empleados no se oponen a que este tipo de actividades se lleven a cabo, sino que les gustaría saber desde qué estudios previos el Secretario de Cultura diagnostica que esto no puede ser realizado desde la actual Secretaría Municipal – en convenio con Universidades públicas o privadas, Institutos terciarios, etc.- sino que se considera necesario la creación de la fundación para el avance en este tipo de actividades. Por otra parte, en el proyecto se sostiene que los empleados municipales sufren una profunda des-capacitación fruto de muchos años de desinversión en el área de cultura. Ante esto los empleados municipales no desconocen la falta de recursos a la hora de las instancias de capacitación estatales, sino que al contrario, reconocen que sería necesario un aumento en los fondos destinados al área de cultura para suplir estos baches que arrastran desde hace varias gestiones municipales.

Claramente, todas estas medidas nucleadas en este proyecto de ordenanza significarían, en la práctica, una avanzada privatizadora de las políticas culturales municipales.

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