miércoles, 11 de abril de 2012

Guatemala y la despenalización de las drogas ilegales: ¿cuál es la jugada?

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

Recientemente el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha puesto sobre la mesa un elemento novedoso en su país: llama a la despenalización de las drogas ilegales. Para situar la medida, bien pueden valer estas palabras: “Con el desarrollo a ultranza del capitalismo en su etapa imperialista, que en esta fase de la globalización hunde en la miseria a la mayoría de la población mundial, muchos pueblos de importante economía agraria optan por los cultivos de coca, amapola y marihuana como única alternativa de sobrevivencia.

Las ganancias de estos campesinos son mínimas. Quienes verdaderamente se enriquecen son los intermediarios que transforman estos productos en substancias psicotrópicas y quienes los llevan y realizan en los mercados de los países desarrollados, en primer lugar el de Estados Unidos de Norteamérica. Las autoridades encargadas de combatir este proceso son fácil presa de la corrupción, pues su ética sucumbe ante cualquier soborno mayor de 50 dólares. Gobiernos, empresarios, deportistas, artistas, ganaderos y terratenientes, militares, políticos de todos los pelambres y banqueros se dan licencias morales para aceptar dineros de este negocio que genera grandes sumas de dólares provenientes de los drogadictos de los países desarrollados. El capitalismo ha enfermado la moral del mundo haciendo crecer permanentemente la demanda de estupefacientes, al mismo tiempo que las potencias imperiales ilegalizan ese comercio, dada su incapacidad para producir la materia prima. (…) Por ser tan grande la demanda en sus propios territorios como voluminosa la cantidad de dólares que por este concepto salen del marco de sus fronteras, erigen el eslabón de producción en su enemigo estratégico, en grave amenaza para su seguridad nacional. Olvidan sus propios postulados del libre mercado: la oferta en función de la demanda, descargando su soberbia contra los campesinos que trabajan simplemente por sobrevivir pues están condenados por el neoliberalismo a la miseria del subdesarrollo. El narcotráfico es un fenómeno del capitalismo globalizado (…) [Ante ello la única solución es] legalizar el consumo de narcóticos. Así se suprimen de raíz las altas rentas producidas por la ilegalidad de este comercio, así se controla el consumo, se atienden clínicamente a los fármaco-dependientes y liquidan definitivamente este cáncer. A grandes enfermedades grandes remedios. Mientras tanto [los gobiernos de las potencias consumidoras, Estados Unidos básicamente] deben aportar fondos suficientes a la curación de sus enfermos, a campañas educativas que alejen a la humanidad del consumo de estos fármacos y a financiar en nuestros países la sustitución de los cultivos por productos alimenticios que contribuyan al crecimiento sano de la juventud del mundo y al mejoramiento de sus calidades morales”.

La anterior cita podría ser perfectamente el fundamento de una medida que llame a la legalización de las drogas ilegales como la que está haciendo ahora el gobierno guatemalteco. Es, en términos generales, una propuesta progresista, que entiende el problema en su raíz no criminalizando los eslabones débiles de la cadena (el productor de la materia prima en los pobres países tercermundistas o el consumidor final, que bien puede ser un adicto crónico, por tanto, alguien con problemas de salud). Propuesta, en definitiva, que ataca al corazón de un sistema socioeconómico con Washington a la cabeza que hace del doble discurso su caballito de batalla: teniendo el más alto consumo de drogas ilegales, usa ese negocio para amasar fortunas y como coartada para militarizar a los países pobres donde se producen los cultivos de donde salen los posteriores narcóticos, lo cual le posibilita en su estrategia imperial: 1) seguir vendiendo armas a granel, pero fundamentalmente 2) tener bajo control militar vastas zonas consideradas vitales para el proyecto de dominación de la clase dominante estadounidense.

Es por eso, a partir de ese análisis de situación, que la propuesta de la legalización resulta la más lógica, la más humana, la más racional: despenalizar el consumo de drogas traería beneficios para los consumidores y para las poblaciones en general, en tanto bajarían los índices de violencia criminal que trae aparejado el negocio del narcotráfico ilegal.

Es congruente que una propuesta así la formularan en marzo del año 2000 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el movimiento guerrillero de izquierda más viejo del continente. Pero es altamente significativo que una propuesta con ese talante la formule un presidente como el de Guatemala, el general retirado Otto Pérez Molina, formado en la más rancia escuela contrainsurgente (él es comando kaibil), quien tomara parte activa en la lucha anticomunista que enlutó su país años atrás y quien llegara hace pocos meses a la presidencia con la bandera de “mano dura” para combatir la criminalidad, en tanto que en el corto tiempo en que ejerce la presidencia dio muestras de ser persona de confianza de los factores de poder económico más encumbrados de su país y no, precisamente, alguien que hable un discurso progresista, alternativo, defensor de los derechos humanos o cosa que se le parezca.

¿Por qué el general Pérez Molina hace ahora este llamado para el área centroamericana, que ni siguiera avalan presidentes supuestamente más a la izquierda que él como el nicaragüense Daniel Ortega, o el salvadoreño Mauricio Funes, mandatario con el auspicio del otrora movimiento revolucionario Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional –FMLN–? ¿Qué significa la jugada?

De hecho, el presidente guatemalteco hasta pareciera enfrentarse con la Casa Blanca; declaró públicamente la corresponsabilidad de Estados Unidos en el tema del narcotráfico visto que los países centroamericanos no son ni por cerca los principales consumidores de estas sustancias sino que tienen la desgracia de estar en la ruta de distribución. Ante ello, y con medidas que no están lejos de lo propuesto en su momento por las FARC, reclamó de Washington el resarcimiento económico a la región istmeña por los decomisos realizados en la zona, pidiendo que de esos fondos la mitad se destinara a fortalecer el combate al narcotráfico, y la otra mitad se invirtiera en programas de salud y educación.

El hecho de hablar claramente de “corresponsabilidad” del gobierno de Estados Unidos en un tema tan espinoso como éste marca una distancia con Washington que otros presidentes del área no quieren o no pueden tomar. Pérez Molina argumentó la iniciativa de despenalizar la producción, tránsito y consumo de drogas –y sin dudas el argumento es absolutamente válido– ligándola a la corresponsabilidad de Estados Unidos con mucho de lo que sucede en esos países: los altos índices de violencia de la región, en tanto corredor de paso de las drogas ilegales hacia el norte, transforman a Centroamérica en una “ruta de muertes, extorsiones, secuestros y lavado de dinero, consecuencia del narcotráfico”.

¿Pérez Molina, el general de la lucha contrainsurgente y símbolo de la “mano dura” contra la delincuencia enfrentándose a Estados Unidos y diciendo, palabras más, palabras menos, lo mismo que las FARC? Como mínimo, es extraño.

Ante la propuesta, la respuesta de la Casa Blanca no se hizo esperar: tanto la Secretaria de Seguridad Janet Jackson como el Subsecretario Antidrogas William Brownfield, que viajaron a suelo centroamericano, fueron categóricos al respecto. Ambos negaron que la despenalización de la droga pudiera ser factible. Incluso fueron muy duros: condenaron la propuesta.

Nada, absolutamente nada en la política exterior de la actual administración guatemalteca podría hacer pensar en un alejamiento de la esfera de Washington. ¿Qué es esto entonces?

En algún momento se especuló que podía tratarse de una cortina de humo, más aún en la coyuntura en que fue propuesta la medida: justo cuando se estaba tratando en el Legislativo un paquete fiscal, ampulosamente llamado “reforma”, que no pasó de ser un reacomodo tributario donde el único sector al que realmente se le subieron impuestos fueron las capas medias, dejándose en su sitial de intocables a los grandes capitales, tanto nacionales como extranjeros.

Pero más allá de esa hipótesis, la medida de la despenalización fue mantenida férreamente, llevando en este momento a una suerte de enfrentamiento con otros países centroamericanos, y del mismo gobierno estadounidense.

No faltó quien dijera –con exceso de optimismo, o de ingenuidad (quizá con malicia incluso)– que la propuesta en ciernes marca un cambio en la forma de pensar del general. Ahora, para sorpresa de propios y extraños, tal como pasó con muchos militares latinoamericanos a través de la historia (Perón, Velasco Alvarado, Torrijos, Arbenz, Chávez), estaría tomando distancia del amo imperial. Pero nada autoriza a tomar en serio esta hipótesis.

¿De qué se trata entonces? Quizá faltan elementos para cerrar el análisis. Podría ser que, en su propuesta de bajar los índices de criminalidad –discurso que lo llevó a triunfar en las pasadas elecciones– haya entrevisto que la reducción y/o eliminación de las mafias ligadas al tráfico de drogas ilegales ayuda a bajar la violencia, pero más aún: ayudaría a bajar la percepción mediática que la ciudadanía puede tener de la misma. En definitiva: sería una loable acción de gobierno.

¿Hay otras agendas? La actual administración gubernamental de Guatemala, que es un fiel aliado de las estrategias estadounidenses, que es parte de los tratados de libre comercio para la región (el CAFTA) con los que básicamente se benefician los capitales del norte, que ha abierto sus puertas a los grandes proyectos extractivos ligados a multinacionales, que no toma ninguna medida política fuerte sin consultarlo con “la embajada” (obviamente: la United States Embassy, verdadero factor de poder tras los gobernantes vernáculos), es muy raro (¿imposible?) que se distancie de buenas a primeras Washington.

Hace un tiempo que se viene hablando por parte de la estrategia continental de la Casa Blanca de profundizar el Plan Mérida de lucha contra el narcotráfico desde México hacia toda Centroamérica, lo cual no significa sino más militarización, más “mano dura” en el tema. ¿Quedó en el olvido todo ello?

La propuesta en juego, por último, en términos concretos no deja de ser interesante por progresista, aunque llama la atención quién y cómo la formula. En estos momentos no termina de estar clara la jugada. El tiempo nos irá dando más elementos para entender de qué se trata. Pero como mínimo resulta extraño que un comando kaibil diga lo mismo que las FARC. ¿Gato encerrado? Quizá.

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Ecuador: La ley de comunicación va. ¿y si no va?

Alberto Maldonado (especial para ARGENPRESS.info)

De acuerdo a la Constitución en vigencia, hace dos años debió haber sido aprobada la nueva Ley de Comunicación. De conformidad con la decisión del pueblo ecuatoriano (mayo 7/2011) la Asamblea Nacional (antiguo parlamento) debe dictar esa ley; pero, como buenos ecuatorianos, ya vamos para los 3 años que debió ponerse en vigencia ese cuerpo legal. Y para el miércoles 11 de abril/2012 el Presidente de la Asamblea, ha anunciado que esa Ley será puesta a votación de la Asamblea. Y todo el pueblo ecuatoriano se pregunta: ¿será?.

Esto me recuerda al Pepe Moncada, ex Rector de la Universidad Central del Ecuador; y un economista más que bien informado. Él decía que en las constituciones que han estado en vigencia y en las leyes existe una gran cantidad de preceptos que nunca han sido puestos en práctica. Y eso que él no vio la última Carta Política (creo que es la 21) Y, en ella, se da un plazo de un año para que se dicte esa ley. Ya vamos para tres años y..?

También recuerdo que, no solo la actual Constitución sino muchas otras, del siglo 20, dicen que “todos los habitantes del país somos iguales ante la ley” Pregunto inocentemente: ¿somos iguales? Me parece que no. Por ejemplo, ¿cualquier ciudadano es igual a los asambleístas Montúfar, Tibán, Cobo o Pinoargote? Yo pienso que no. El asambleísta Lara, por decir algo, ha formulado cargos contra sus enemigos políticos; y nada. Si mintió o no dijo la verdad, pues tenía que sufrir las consecuencias. Los asambleístas Lara y Viteri (el uno de Los Ríos y el otro de Manabí) han dicho lo que les ha dado la gana; y nos les ha pasado nada. ¿Somos iguales?

Por decir otra vez algo: ¿somos iguales ante la ley con los señores Pérez, los herederos de El Universo? ¿Somos iguales que cualquiera de los columnistas del diario sipiano El Comercio, que miente todos los días y a toda hora? ¿Les pasará algo a los asambleístas que voten porque se archive el proyecto de ley de comunicación? ¿algún juez (no necesariamente tiene que llamarse Juan Paredes) tendrá los cojones en su puesto para obligarles a que dejen de mentir y sigan hablando de la “ley de medios” cuando lo que queremos es que dicten una ley de comunicación?

Para atar cabos y seguir adelante, dígase lo que se diga, pero un medio de comunicación le da a sus dueños, directores o periodistas, cierto hálito de intocables. Y si se les toca, porque han cometido una falta, saltan la SIP-CIA, el Grupo de Diarios de América, los diarios que antes respaldaron a las dictaduras de Chile y de Argentina, y ahora, la UNP, que está en manos de un caballero que trabaja para El Universo; y hasta la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE) se ha unido al aquelarre. Las y los (que antes eran ignorados por los mismos diarios sipianos) claman a los cuatro vientos que, en este Ecuador, no se respeta la libertad de expresión y que los ecuatorianos tenemos un Presidente (Rafael Correa) que es un “riesgo” para la tal libertad de expresión (de ellos) Y no les pasa nada. ¿Puede un ciudadano de a pie decir y acusar de cualquier cosa al Presidente de la República, y que no le pase nada?

Y este mismo momento me acuerdo de nuestra Ley, la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista, que está en vigencia (según todos los cánones del derecho) desde el 30 de septiembre de 1975. Es decir, vamos por los 37 años de vigencia de esa ley. Habría que preguntar ¿cuántos medios de comunicación la han acatado, o la han aplicado? Al principio, por pura novelería, a regañadientes; y eso porque hubo un par de presidentes de Colegios de Periodistas de Pichincha (CPP) que se jugaron tratando de que los grandes medios apliquen la ley. Pero ellos (los dueños de los medios) que en la práctica “son de primera”, simple y llanamente se limpiaron con la Ley; no la hicieron caso. Al principio (hace 30 años) algo. Pero, entre otros, las autoridades que tenían que cumplir con esa disposición legal dijeron: “ustedes ¿están locos?. Yo prefiero enojarme con ustedes, los periodistas profesionales, pero no con un medio de comunicación, del cual dependo en el presente y en el futuro” Y la ley quedó en eso; en letra muerta, que no la aplica nadie; o solo los despistados de siempre. Por ello, y mucho más, es muy recordado el Pepe Moncada.

Desde hace rato yo (y muchos más) no comulgamos con aquello de la inmunidad parlamentaria que más se parece a la impunidad parlamentaria. Y pregunto otra vez: ¿los simples mortales de un país podemos decir lo que nos dé la gana? La respuesta es no; pero por ahí leo que en otros países, más adelantados que el nuestro (Por ejemplo Estados Unidos de Norteamérica) lo que llaman el “desacato” ya no es delito; y que por lo mismo, en Ecuador, esto de insultar al Presidente, a través de un medio comunicacional (o a cualquier ciudadano (na) ya no debe considerarse un delito.

Esto me recuerda, en primer lugar y antes de que me olvide, que un periodista norteamericano (de aquellos que si los hay; o los había) decía, hace mucho tiempo, que en EE.UU. se puede insultar al Presidente de la República; y no le pasa nada; se puede insultar a la mamá del Presidente de la República, y tampoco le pasa nada. Y remataba, con esta perla: “pero no se puede decir en un medio comunicacional que se ha encontrado un bicho en una botella de coca-cola. Porque entonces sí, el tal por cual del periodista merece todos los castigos, habidos y por haber” Este recuerdo, simple y llanamente, para determinar que en los países desarrollados no mandan los periodistas, ni los medios; manda la publicidad, que, hoy en día, se llama marketing. ¡Y solo puedo exclamar cuidado con el marketing! que ahí si puedo merecer los castigos más severos.

Y, en segundo lugar, me acuerdo de otra realidad, muy ecuatoriana. ¿No adivinan qué? Nadie, por supuesto ha hecho una investigación; o por lo menos yo no la conozco. El problema a es que los medios de comunicación (en especial los impresos) son los que más han demandado el cumplimiento de las leyes (cuando les conviene) pero olvidaron que también tienen que cumplirlas. Y recuerdo que nuestra Ley (la de los periodistas profesionales) ha sido no solo manipulada sino desconocida olímpicamente, por ¿saben por quienes? Pues por los medios de comunicación.

Pensé que el asambleísta Andino, se olvidó de nosotros, los periodistas profesionales. Igual que el Presidente Correa. Los dos han vuelto a comprender qué si alguien tiene la obligación de un alto nivel académico, ese es el periodista. El periodista profesional debe ser un individuo bien preparado; pero, desde que la Corte Constitucional (mucho antes de la era Correa) dijo que no era necesaria la colegiación, para ejercer una profesión de nivel universitario, los medios comunicacionales se valieron de ese pretexto, para desconocer totalmente la Ley y “graduar” de periodistas a los primeros que encontraron: auto candidatos a embajadores, gente que debe defender sus negocios, parlanchines de todo tipo (todólogos, les dicen) y no faltó, el primero que pasó por la esquina; al que fácilmente se le puede poner una grabadora en la mano y decirle que vaya a “entrevistar” a fulano o fulanita; y que recoja no más lo que le diga. Si al médico se le exige el título universitariio, para que pueda diagnosticar a un enfermo; con mayor razón a quienes tenemos que vernos, todos los días y a toda hora, con el público en general, que cada vez es más exigente. Para que no le pase lo que al señor Emilio Palacio (que de aficionado a la sociología se pasó a aficionado al periodismo) sepa distinguir entre lo que se puede decir, aún a título de opinión; y lo que no se puede decir, sin que le enjuicien. Y le “obliguen” a vivir en Miami

En fin, lo que muchos queremos es que dicten los asambleístas la ley de comunicación, que para eso están y están bien pagados. Pero nadie me puede decir que son iguales ante la Ley, ya que ellos (en otros tiempos) eran los padres de la patria; y del padre se espera siempre cosas buenas. Caso contrario, que se les impute (no es mala palabra) algún delito y no solamente pierdan (en la próximas elecciones) su calidad de legisladores, sino que no pueden serlo nunca más.

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Ecuador debate su Ley de Comunicaciones

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Ecuador se apresta a aprobar o rechazar la Ley de Comunicaciones, que será votada este miércoles 11 en la Asamblea Nacional. Más o menos como hizo en 2009 la presidenta Cristina Fernández con los medios radio-eléctricos de Argentina mediante la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el presidente Rafael Correa se propone democratizar los medios mediante una redistribución equitativa de las frecuencias de radio y televisión, asignando 33% para el sector público, 33% al sector privado y 34% para el sector comunitario.

La Constitución de Ecuador, aprobada en 2008 por el 63% del electorado, garantiza como mandato de la carta magna que “sin democratización de la comunicación no hay democracia”, haciendo suya una antigua bandera de las luchas sociales. Y esta Ley de Comunicación por aprobarse en la Asamblea Nacional precisamente aterrizaría en la realidad ese mandato constitucional.

La nueva legislación, por lo tanto, es un orden de la Constitución vigente que en su artículo 1° transitorio fijó también plazos perentorios para su aprobación. Por añadidura, en una consulta popular realizada en mayo 2011 el país insistió en la aprobación de esta ley que ha sido diferida sistemáticamente por la derecha ecuatoriana y sus legisladores.

La iniciativa del presidente Rafael Correa, que modifica una legislación de 1975, ha sido duramente resistida por las grandes empresas periodísticas del Ecuador, América Latina y España, incluido también un segmento de periodistas que se identifica mejor con sus empleadores. También hay numerosos hombres de prensa e intelectuales que apoyan la iniciativa en Ecuador y en la región.

La oposición a esta ley reguladora de los medios levanta la vieja falacia de la “libertad de información” como privilegio exclusivo de los grandes grupos económicos, usando aquel antiguo lenguaje que busca confundir en las mentes de los ciudadanos el concepto de “libertad de empresa” con el principio de “libertad de imprenta” o “libertad de prensa”.

En el fondo, la ley es resistida por la derecha local y latinoamericana porque, igual como ocurrió en Argentina, perjudica a los monopolios de la información, fomenta la producción nacional de ratio y TV, promueve la comunicación intercultural y plurinacional, a la vez que garantiza la plena libertad de expresión e información, entre otros avances relevantes para el contexto latinoamericano. En la consulta popular de mayo 2011 casi 4 millones de votantes insistieron en la aprobación de esta ley (3.880.000 electores). El proyecto de ley de 109 páginas puede leerse completo en:

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/articulado-final-ley-comunicacion-04-04-2012.pdf

La Red de Intelectuales En Defensa de la Humanidad se sumó a expresar su “más amplio apoyo a este proyecto que ciudadaniza el espectro radioeléctrico ecuatoriano”. Por el momento, han adherido: en Alemania: Ulrich Brand, Ricarda Schlilttgen: Argentina, José Seoane; Brasil, Elder Andrade de Paula; Canadá: Marta Harnecker, Gerardo Otero, Minerva Gutierrez; Cuba: Grupo América Latina: Filosofía Social y Axiología (GALFISA), Fabio Grobart; Guatemala: Simona Yagenova; México: Ana Esther Ceceña, Ángel Guerra Cabrera, Carlos Fazio, Jose Steinsleger, Oscar Ugarteche, Josefina Morales, Miguel Socolovsky, Mirabel Mejía, Nayar López Castellanos, Catalina Eibenschutz, Aldo Rabiela, Rebeca Peralta Mariñelarena; Nicaragua: Aldo Díaz Lacayo; Perú: Javier Diez Canseco; Venezuela: Luis Britto, Humberto Mata, Paulino Núñez. Las adhesiones pueden enviarse a anacecena@gmail.com.

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.

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Cuba frente a los desafíos del siglo XXI (Parte I): Entrevista a Ricardo Alarcón, Presidente del Parlamento cubano

Salim Lamrani (CENTER FOR INTERNATIONAL POLICY, especial para ARGENPRESS.info)

Presidente del Parlamento cubano desde 1992 y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, Ricardo Alarcón de Quesada es la tercera figura del gobierno cubano, después del Presidente Raúl Castro y del Primer Vicepresidente Antonio Machado Ventura. Profesor de Filosofía y diplomático de carrera, estuvo cerca de 12 años en Estados Unidos como embajador de Cuba en las Naciones Unidas. Alarcón se ha convertido, con el paso del tiempo, el portavoz del gobierno de La Habana. En esta larga entrevista de casi dos horas, Alarcón no rehúye ningún tema.

Habla del papel de Fidel Castro desde su retiro de la vida política y explica la presencia de Raúl Castro en el poder. Evoca también la reforma del modelo económico y social cubano así como los desafíos que esperan a la nación. Después, Alarcón aborda la cuestión migratoria y las relaciones con Estados Unidos bajo la administración Obama. Diserta también sobre la espinosa problemática de los derechos humanos y los presos políticos. Tampoco vacila en abordar el caso Alan Gross, contratista estadounidense encarcelado en Cuba, así como el caso de los cinco agentes cubanos encarcelados en Estados Unidos. La entrevista evoca el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros en la zona económica exclusiva de Cuba del Golfo de México y sus posibles consecuencias. Finalmente la conversación termina con las relaciones con la Iglesia Católica y el Vaticano, la próxima visita del Papa Benedicto XVI, las relaciones con la Unión Europea, los vínculos con la nueva América Latina y el futuro de Cuba después de Fidel y Raúl Castro.

Fidel y Raúl Castro

Salim Lamrani: Señor Presidente, Fidel Castro abandonó el poder en 2006 por razones de salud. ¿En qué estado se encuentra actualmente y a qué dedica su tiempo?

Ricardo Alarcón de Quesada: Según mis informaciones, goza de una excelente salud si tomamos en cuenta la edad avanzada y las operaciones a las cuales tuvo que someterse. Tiene una vida muy activa. Pasa mucho tiempo leyendo y escribe regularmente sus reflexiones. También ha publicado varios libros. Actualmente se concentra en temas de investigación precisos, particularmente en la cuestión alimentaria y agrícola. Analiza las diferentes formas de producción agrícola posibles que permitirían resolver la grave crisis alimentaria que afecta al mundo, y particularmente a las regiones más pobres.
Fidel Castro es un hombre que dispone de centros de interés sumamente variados. Estudia todo tipo de temáticas y problemáticas, y debo confesar que está muy ocupado por ello.

SL: ¿Cómo se explica la presencia de Raúl Castro en el poder? ¿Acaso es por su lazo familiar con Fidel Castro? ¿No se trata de alguna forma de sucesión dinástica?

RAQ: De ninguna manera la presencia de Raúl Castro a la cabeza de la nación cubana se vincula con su relación parental con el líder de la Revolución Cubana que es Fidel Castro. Permítame explicarme. Raúl Castro ya ocupaba el puesto de Primer vicepresidente cuando Fidel Castro estaba en el poder. Había sido electo para ese cargo. Resultaba lógico entonces que sustituyera al Presidente en caso de vacío de poder. Del mismo modo que sería constitucionalmente normal que el Presidente del Senado francés sucediera al Presidente de la República francesa en caso de vacío de poder. Por otra parte, Raúl Castro fue electo Segundo secretario del Partido Comunista durante el Primer Congreso en 1975 y por ello ocupa actualmente el cargo de Primer secretario.

SL: ¿Pero acaso no ocupaba esas funciones por su estatus de hermano de Fidel Castro?

RAQ: Creo que la explicación es de orden histórico y no familiar. Permítame precisar mi pensamiento. Raúl, independientemente del hecho de que sea el hermano de Fidel, desempeñó un papel fundamental desde los primeros momentos de la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista en 1956. Fue el organizador y el jefe del Segundo Frente del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra en 1958. Siempre fue considerado como el segundo jefe de la Revolución, desde la época de la lucha armada contra el régimen militar, por sus méritos personales y sus excepcionales cualidades de líder, y no por su relación familiar con Fidel Castro.
Nótese por otra parte que Raúl es el único miembro de la familia Castro en ocupar un puesto político en Cuba. Si se tratase de nepotismo, todos los miembros de su familia ocuparían puestos claves. Pero no es el caso. Fidel Castro tiene varios hermanos y hermanas pero ninguno ha desempeña un papel político en la historia de Cuba salvo Raúl. No obstante Fidel tiene un hermano mayor que se llama Ramón. Sepa usted que éste –ni ningún otro miembro de su familia– ha ocupado un puesto jerárquico nacional. Ramón trabaja en la agricultura, que constituye su principal centro de interés. Los hijos de Fidel Castro no son ministros. Repito, la presencia de Raúl Castro en el poder responde más bien a una lógica histórica que a un vínculo familiar.

SL: En 2008, tras su elección, Raúl Castro propuso al Parlamento que se consultara a Fidel Castro sobre todas las cuestiones estratégicas. Los diputados aceptaron esta propuesta. ¿Acaso no sería una discreta forma de gobernar por parte del líder histórico de la Revolución? ¿Quién toma realmente las decisiones en Cuba?

RAQ: En nuestro país las decisiones se toman de modo colegiado, incluso cuando Fidel Castro se encontraba en el poder. Raúl Castro ha insistido mucho en este aspecto, en la institucionalización del proceso revolucionario. Estamos preparando actualmente la conferencia del Partido que tendrá lugar en enero de 2012, con una participación muy amplia no sólo de todos los militantes sino también de los ciudadanos que no son miembros del Partido.
También el gobierno funciona como un órgano de dirección colectiva. El Consejo de Ministros se reúne todas las semanas. Del mismo modo, el Buró Político del Comité Central del Partido, así como el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, se reúnen todas las semanas para discutir, debatir y tomar las decisiones importantes.
Fidel Castro dispone de una autoridad moral y política muy fuerte que no proviene de un cargo, de una función o de una responsabilidad que habría conseguido mediante las elecciones en un momento dado, sino de su papel histórico. Por ello, como lo explicó Raúl Castro ante el Congreso, siempre se solicita su opinión para las cuestiones estratégicas de primera importancia. No participa en las reuniones que acabo de mencionarle pero cuando se trata de cuestiones de primer orden, se le consulta sistemáticamente.
Recuérdese no obstante que nos encontramos en un país donde se consulta a todo el mundo sobre casi todos los temas. Si existe una realidad en Cuba que es innegable, es el abundante número de reuniones donde la gente expresa sus puntos de vista y le puedo asegurar que los debates son animados pues las divergencias de opinión son reales. Los trabajadores, los militantes, los vecinos, absolutamente todo el mundo participa en ellos. Lógicamente, Fidel Castro tiene voz y voto. Resulta claro que no da su opinión sobre todo sino que se concentra más bien en las cuestiones fundamentales.

SL: Un sabio, si se puede decir

RAQ: Fidel no ocupa ninguna posición formal hoy día, pero sigue siendo Fidel Castro, el líder histórico de la Revolución, el que nos llevó a la victoria contra Batista. Sigue siendo el principal arquitecto de la resistencia frente a Estados Unidos desde hace más de medio siglo. Su opinión reviste lógicamente un carácter particular sobre lo que es de orden estratégico.

La reforma del modelo económico cubano

SL: En abril de 2011, el Congreso del Partido Comunista decidió reformar el modelo económico cubano. ¿A qué se debe este cambio? ¿En qué consiste exactamente?

RAQ: Nosotros, cubanos, nos hemos dado cuenta de que debíamos introducir importantes cambios en el proyecto económico y social de nuestro país, con el fin de salvar el socialismo, mejorarlo, perfeccionarlo. Tomamos en cuenta factores objetivos de la realidad. El socialismo cubano durante un largo periodo estuvo muy vinculado al socialismo basado en la Unión Soviética. Desde luego, ya no puede ser así. También resulta necesario tomar en cuenta factores globales presentes en la escena internacional. Por otra parte, conviene rectificar algunos aspectos de nuestro proyecto económico y social, que tenían sin duda un sentido en aquella época en la que se aplicaron, pero ya no se justifican. Algunas políticas que se tomaron en el pasado tenían una explicación coyuntural, pero ya no es el caso.
¿Qué buscamos exactamente? Tratamos alcanzar una mejor eficiencia económica, un uso más racional y eficaz de nuestros recursos naturales, materiales, económicos y financieros, los cuales son limitados. Debemos tomar en cuenta los principales factores externos relativos a Cuba, que son las sanciones económicas que nos impone Estados Unidos, y que no han dejado de intensificarse en los últimos años. Conviene también tomar en cuenta las realidades positivas, tales como los cambios importantes ocurridos en América Latina y el Caribe. Tras un análisis de los problemas de la sociedad cubana, una reflexión colectiva al respecto, llegamos a la conclusión de que había que introducir cambios para hacer frente a estas realidades objetivas y también porque estamos convencidos de que hay una mejor manera de proceder para construir una sociedad más justa.

SL: Cuba decidió reducir el papel del Estado.

RAQ: Efectivamente hemos decidido reducir el papel del Estado en nuestra sociedad. No hemos renunciado a la idea que la sociedad tiene una responsabilidad hacia sus ciudadanos. Seguimos convencidos de que el acceso a la salud, a la educación, a la cultura, a la seguridad social, a la asistencia social, a la jubilación, a las bajas de todo tipo, al bienestar son derechos humanos fundamentales. Estos sectores representan la mayor parte del presupuesto nacional y nos obligan a mantener cada año un déficit presupuestario de cierta importancia que tratamos de controlar y reducir, como la mayoría de los países del mundo. No obstante, en nuestro caso, ello no se hace en detrimento del papel fundamental del Estado.

SL: ¿Es decir?

RAQ: El Estado no renuncia a su papel y no pone en tela de juicio las conquistas sociales. Para mantener un acceso a la salud universal y gratuita, a la educación universal y gratuita y garantizar a todos las prestaciones sociales, el derecho a la jubilación, a la asistencia social, resulta imprescindible alcanzar la mayor eficiencia posible en la elaboración de los derechos sociales. Realizamos un trabajo de fondo con el fin de ofrecer un servicio de excelente calidad a menor costo, lo que no significa reducir el salario del maestro sino al contrario eliminar los gastos inútiles, inherentes a la burocracia. Se trata aquí de la perspectiva general para el resto de la economía.

SL: Uno de los objetivos es entonces acabar con los obstáculos burocráticos, con una salida del Estado de los sectores no estratégicos, tales como las peluquerías, por ejemplo.

RAQ: Raúl Castro ha evocado a menudo el caso de las peluquerías. ¿En qué momento afirmó Carlos Marx que el socialismo consistía en colectivizar las peluquerías? ¿En qué momento dijo que esta actividad, así como muchas otras, tenía que ser administrada y controlada por el Estado? La idea del socialismo siempre fue la socialización de los medios fundamentales de producción. Resulta claro que la acepción del término “fundamental” puede tener un espectro más o menos amplio. En cuanto a nosotros, estamos convencidos de que es imposible renunciar a ciertas cosas. No obstante, para el resto es indispensable reducir la implicación del Estado en tareas y actividades que la gente puede realizar ella misma, por su cuenta, de modo cooperativo. Ello permite al Estado reducir sustancialmente los costos y garantizar lo que consideramos derechos humanos fundamentales. Para ello, hay que liberar nuevas fuerzas productivas, permitir las iniciativas personales tanto en la ciudad como en el campo, con el fin de construir un socialismo a la cubana, que, en fin de cuentas, no consiste en responder a un dogma establecido, en seguir un ejemplo o en copiar un modelo preestablecido.

SL: Un socialismo que por lo tanto sería genuinamente cubano.

RAQ: Lo que actualmente caracteriza América Latina es que un cierto número de países, a su modo, están construyendo su propio socialismo. Durante mucho tiempo, uno de los errores fundamentales que cometió el movimiento socialista y revolucionario fue creer que existía un modelo de socialismo. En realidad no hay que hablar de socialismo sino de socialismos en plural. No hay un socialismo que sea similar a otro. El socialismo es “creación heroica” decía Mariátegui. Si se trata de creación, debe responder a realidades, motivaciones, culturas, situaciones, contextos y objetivos que no son idénticos, sino diferentes.

SL: ¿Cómo se decidió esta reforma del modelo económico?

RAQ: Nos encontramos frente a una situación experimental, desarrollada según un método muy cubano y –diría yo– muy socialista, es decir a través de un proceso constante, amplio y auténtico de consulta popular. El Partido propuso un proyecto de reforma del sistema económico. Este proyecto se debatió en todo el país, no sólo entre los militantes, sino también con todos los ciudadanos que quisieron participar en esas discusiones. El proyecto se modificó profundamente tras estos debates. Unos artículos se modificaron, algunos se propusieron, otros se eliminaron. El documento inicial se modificó en más de un 70% tras los debates ciudadanos y se propuso luego al Congreso del Partido. Se crearon varias comisiones con el fin de trabajar y reflexionar sobre el documento final y analizar las nuevas propuestas que surgieron después del gran debate nacional. Finalmente, se presentó un nuevo documento con 311 propuestas de cambio al Parlamento, el cual lo aprobó. Algunas medidas ya están en aplicación, otras se están elaborando y otras se hallan en fase de debate no en cuanto al contenido sino en cuanto al modo de realizarlas.
No creemos que haya muchos gobiernos en el mundo que se tomen el trabajo de consultar a la población antes de lanzar una política de transformación del sistema económico. No estamos convencidos de que los gobiernos que aplicaron medidas de austeridad drásticas, que redujeron los presupuestos de la salud y de la educación, que aumentaron la edad de la jubilación, por la crisis sistémica neoliberal que toca a numerosas naciones, hayan pedido la opinión de los ciudadanos sobre los cambios profundos que afectan ahora a su vida diaria.
De todo ello emergerá un socialismo nuevo, diferente del que tenemos actualmente pero siempre será socialismo y será sin lugar a duda más auténtico.

SL: ¿Acaso no se trataría de un regreso al capitalismo?

RAQ: No lo creemos, aunque es verdad que habrá más presencia en la sociedad cubana de mecanismos de mercado, de elementos que caracterizan la economía de mercado, del capitalismo, si prefiere.

SL: Desde el mes de noviembre de 2011, los cubanos pueden comprar y vender su vivienda o su coche. ¿Por qué algo que constituye la norma en el resto del mundo estaba prohibido, o por lo menos fuertemente controlado en Cuba?

RAQ: Permítame darle una explicación histórica. En los años 60, cuando se tomaron estas medidas, el objetivo era impedir la restauración capitalista con la acumulación de bienes. Tomemos el ejemplo de la Revolución que había hecho una reforma agraria, pero poco tiempo después volvió a surgir el latifundio. La Revolución Cubana no quería cometer el mismo error. Si el campesino que posee un pedazo de tierra gracias a la reforma agraria decidía vendérselo al latifundista más rico, dañaba los fundamentos de la reforma agraria, pues contribuía a una nueva acumulación de bienes y al resurgimiento del latifundio.
En cuanto a la vivienda, la reforma urbana había permitido que todos los cubanos tuvieran una vivienda limitando la concentración de propiedad. Usted puede pasear por La Habana y no encontrará absolutamente a nadie que viva en la calle o debajo de un puente, como es el caso en numerosas capitales occidentales. Puede existir un problema de saturación, con varias generaciones que viven bajo el mismo techo, pero nadie queda desamparado. No queríamos encontrarnos de nuevo con acaparadores de propiedades y por eso se impusieron restricciones, aunque no una prohibición total.

SL: ¿Y en cuanto a los coches?

RAQ: En cuanto a los coches, la cuestión es más compleja pues se trata de un producto de importación del cual depende la nación. Históricamente Cuba jamás tuvo una industria automovilística. Cuba produjo algunos medios de transporte colectivo, pero el automóvil jamás se produjo en Cuba. Existe también otro elemento fundamental que es el combustible, que siempre constituyó el talón de Aquiles de la economía cubana. Había que establecer entonces controles y algunas restricciones.
Conviene recordar que algunas de esas medidas de control son anteriores a la idea del socialismo cubano. Me refiero a menudo a un documento sumamente interesante que data de febrero de 1959, cuando se estableció en Cuba un control sobre las divisas y las importaciones. Así, hasta febrero de 1959, la burguesía cubana estaba acostumbrada a ir al banco para comprar dólares e importar un coche, perfume o artículos de lujo. Cuando triunfó la Revolución, una parte de la elite vinculada al antiguo régimen tomó el camino del exilio y entre esas personas se encontraba el presidente del Banco Nacional de Cuba.
El gobierno provisional que dirigía Manuel Urrutia nombró entonces al doctor Felipe Pazos a la cabeza de esa institución. Pazos había sido el fundador y primer presidente de esa entidad financiera nacional que nació en 1950 bajo el gobierno de Carlos Prío Socarrás. Pazos era un economista de prestigio, independiente y no era de izquierda. Había dirigido el Banco de 1950 a marzo de 1952, fecha que marcó el golpe de Estado de Fulgencio Batista. Cuando tomó su cargo, redactó un informe que entregó al presidente Urrutia –Fidel Castro sólo era jefe de las Fuerzas Armadas en aquella época– en el cual describía el estado de las finanzas cubanas y revelaba el saqueo de las reservas que hicieron los dirigentes del antiguo régimen antes de huir.
Pazos –no el Che Guevara, Raúl Castro u otro radical del Movimiento 26 de Julio– que era el representante emblemático de las clases pudientes, muy respetado por la burguesía de la época, decidió entonces establecer un control de cambios, suspender la venta de dólares e imponer un control estricto sobre las importaciones. Como presidente del Banco Nacional, había informado a Urrutia de que resultaba imperativo tomar esas medidas por el desastre financiero en el cual se encontraba la nación. La situación económica de Cuba era dramática y conviene reconocer que los elementos de tensión que existían en la economía cubana todavía no han desaparecido.
Así, a partir de los años 60, hubo una fuerte restricción sobre la importación de productos –incluso los coches– y ello ha persistido hasta hoy por razones económicas. Esa decisión –repito– la tomó un economista de prestigio, Felipe Pazo, que no era un radical o un comunista, sino más bien un conservador.
Existían dos tipos de situaciones. Los que ya poseían un coche antes del triunfo de la Revolución podían usarlo como les diera la gana, venderlo, etc. Después, dado que el Estado tenía el monopolio sobre las importaciones, el automóvil se vendía a los funcionarios a un precio subvencionado –a menudo apenas al 10% de su valor real– o a los elementos que se habían destacado por sus méritos. La contrapartida era que no podían venderlo, por evidentes razones “antiespeculación”. Así se limitaba la propiedad personal del automóvil y se destinaba a una función social. Si se legalizaba la venta de coches, la posesión de ellos no sería de los que tenían un uso social o los que lo habían conseguido por sus méritos, sino de los que disponían de los ingresos más importantes. Eso se justificaba así en aquella época. Había que impedir el desarrollo de la especulación sobre los coches puesto que el país, desde luego, no disponía de recursos suficientes para importarlos en masa ni para proporcionar el combustible necesario para su funcionamiento. Ahí también el Estado impuso algunas restricciones.

SL: ¿Cuál es la nueva situación?

RAQ: Ahora, vemos eso con una perspectiva diferente. Si uno es propietario de su vivienda –que es el caso del 85% de los cubanos– es posible venderla. ¿Por qué? Tomemos el caso de una familia que crece o que desea conseguir un bien más grande y el caso de otra familia que se reduce pues los hijos han crecido y se han casado, y que necesita una vivienda más modesta. Ahora les será posible proceder a un intercambio o a una venta. También es posible donarla, prestarla, arrendarla, etc. Antes sólo era posible el intercambio, así como alquilar una habitación. En realidad, se trata ahora de facilitar este tipo de transacciones y eliminar todos los obstáculos burocráticos.

SL: ¿Cuáles eran los obstáculos?

RAQ: Antes hacía falta una decisión administrativa del Instituto Nacional de la Vivienda. Para ello, era necesario un acuerdo de la Oficina Municipal de la Vivienda, luego había que conseguir una autorización a nivel provincial y por fin a nivel nacional. La burocracia era enorme y dado que se trataba de decisiones administrativas, eran fuentes de corrupción y de soborno.
Ahora, desde el 1 de diciembre de 2011, si dos personas desean intercambiar su vivienda sólo necesitan ir ante el notario con los títulos de propiedad. Se eliminaron todos los trámites burocráticos inútiles. Siempre hubo notarios en Cuba pero antes actuaban al final tras la obtención de las autorizaciones administrativas por parte del vendedor y del comprador.

¿Qué pasa en caso de litigio?

RAQ: En caso de litigio, si una persona reivindica por ejemplo algunos derechos sobre una transacción que se hizo, sea una venta o una permuta, los tribunales decidirán y tendrán la última palabra. Los burócratas no tendrán voz ni voto. Usted se da cuenta de que en un solo sector, logramos reducir de modo drástico la función administrativa y burocrática eliminando los trámites inútiles. Estas reformas permitirán resolver algunos problemas relativos a la vivienda facilitando las transacciones de venta y permuta.
En cuanto a los coches, será más simple porque existe un registro de vehículos desde hace mucho tiempo. Se trata de desburocratizar nuestra sociedad. La gran limitación reside en el hecho de que los particulares no pueden importar vehículos y –perdóneme la repetición– esa decisión la tomó hace cincuenta años Felipe Pazos y no Fidel Castro, antes de que Estados Unidos decretara un embargo comercial contra nuestra nación, antes de la Ley Torricelli de 1992, antes de la Ley Helms-Burton de 1996 y de los dos informes de la Comisión de Asistencia para una Cuba Libre de 2004 y 2006, que agravan las sanciones económicas. Como usted se puede imaginar, estas sanciones han agravado nuestra economía nacional y nos han llevado a imponer un control estricto sobre las importaciones personales.
Del mismo modo, un candidato a la emigración podrá vender ahora su vivienda, antes de abandonar el país o donarla a su familia hasta el cuarto grado de consanguinidad. Antes, el Estado tomaba posesión de la vivienda abandonada y se la entregaba a otra familia. En adelante ya no será el caso.

Salim Lamrani es Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor encargado de cursos en la Universidad Paris-Sorbonne-Paris IV y en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Etat de siège. Les sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba, París, Ediciones Estrella, 2011, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade.

Foto: Cuba - Ricardo Alarcón, Presidente del Parlamento. / Fuente: CUBADEBATE

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Argentina. Sintonía fina, sopapos o cambio estructural: Los dilemas de la etapa (Parte I)

Claudio Lozano - Tomás Raffo (IPYPP)

A modo de advertencia

El presente material pretende aportar un conjunto de reflexiones sobre la coyuntura que en términos económicos estamos transitando. Se trata de un conjunto de aportes que no buscan otra cosa que compartir una determinada mirada sobre la coyuntura a efectos de someterlo al debate con todos aquellos compañeros deseosos de poner en cuestión el “relato dominante” y compartir una estrategia en pos de asumir los profundos desafíos que la coyuntura nos demanda. A tal fin, nos ha parecido propicio presentar nuestras reflexiones en base a una serie de puntos que consideramos relevantes. Sin embargo, estos puntos están puestos para hacer más esquemática la lectura y no son independientes los unos de los otros.

Por último, estas reflexiones fueron realizadas con anterioridad a la masacre ferroviaria del 22 de febrero, así como del discurso presidencial de la apertura de sesiones legislativas del 1ero de marzo. Se trata de dos eventos sobre el que o bien ya realizamos algún material (en el caso de la masacre ferroviaria) o que estamos en proceso de elaboración (discurso presidencial). No obstante, ambos eventos no solo no contradicen las reflexiones que nutren este material sino que en varios aspectos los refuerzan (lamentablemente en el caso ferroviario), y en la medida en que se ha podido, se ha incorporado referencias a los mismos en el texto que ponemos a su disposición.

I) Caracterización general de la etapa: fin del crecimiento fácil, inflación y congelamiento social

La etapa en la que estamos puede caracterizarse en términos económicos como la permanencia del agotamiento de las condiciones internas que permitieron realizar el crecimiento acelerado (o crecimiento fácil) vivido en los años que van de mediados del 2002 hasta finales del 2006. Desde el año 2007, una a una, las condiciones internas que permitieron aquel crecimiento muestran una clara modificación respecto al que exhibían en los años previos. Así, la brutal regresión del ingreso del año 2002, las elevada capacidad ociosa en las firmas, la disponibilidad de infraestructura económica que hicieron posible el rápido crecimiento económico, han mutado en una recomposición relativa de la distribución del ingreso (que permitió salir del infierno del 2002 pero sin llegar a los valores de 1998), en una utilización casi plena de la capacidad instalada, y en la constatación de significativos niveles de obsolencia y déficit en importantes segmentos de la infraestructura económica (transporte en primer lugar como fatalmente ocurriera en estos días, pero también en el sector energético en un lugar central). Hemos ya señalado en otros materiales que esto ha sido así porque el crecimiento “fácil” del período anterior se realizó sobre la base de aprovechar las condiciones expuestas antes que a plantear nuevas bases que supusieran un cambio estructural en el modo de funcionamiento de la economía argentina. Dicho de otro modo, frente a la decisión de no modificar las condiciones estructurales que definen la organización económica de la sociedad, el crecimiento facilitado por las condiciones internas mencionadas, fue paulatinamente agotando dichas condiciones. Es entonces el agotamiento de las condiciones internas las que ponen fin a la etapa de crecimiento fácil, y es esta nueva etapa, donde el crecimiento económico exhibe problemas significativos los que, con diversas intensidades, han recorrido la coyuntura económica desde el 2007 hasta nuestros días.

Entre las múltiples modificaciones económicas que presenta la nueva etapa, una de ellas sobresale por su importancia y significación: nos referimos a la emergencia de un persistente, estable y no menor proceso inflacionario que, negado por el gobierno, ha cumplido la función de congelar la tibia recomposición social vivida en el período anterior, a través de un mecanismo que tiende a diluir –y en algunos pocos casos a mejorar en el margen - los aumentos nominales obtenidos por los diversos componentes de los ingresos populares (salarios, jubilaciones, asignaciones familiares y en menor medida los planes sociales). Vale aclarar que este cuadro general es válido como situación media social, pero que en su interior esconde realidades tan dispares como la creciente mejora por encima de la inflación de los segmentos medio-altos y altos de la sociedad, así como el empobrecimiento material de los sectores más vulnerables cuyos ingresos no se actualizan (en el caso de los planes sociales) y si lo hacen están muy por debajo del aumento del precio de los alimentos (a los que este sector destinan una porción significativa de sus ingresos).

Algunos datos de la etapa

El cuadro expuesto puede sintetizarse constatando que mientras el PBI (es decir la generación de riquezas) creció entre el 2006 y el 2011 en un 40% (estimación oficial) y un 25% (estimación propia), la pobreza se mantuvo prácticamente en el mismo nivel que en el 2006 (en torno al 30%) la indigencia (es decir las personas que pasan hambre) pasó del 11% al 15% (es decir un crecimiento del 40% en la tasa), la tasa de empleo prácticamente se estancó (en rigor creció apenas un 3% al pasar del 42,1% al 43,4%), y los salarios han tenido una evolución real del 10% (como consecuencia de un aumento nominal de salarios del período de 185% y un aumento de los precios del 170% y no del 60% como miente el gobierno a través de la intervención del INDEC). Resulta claro entonces, que en materia de desempeño económico, esta nueva etapa combina un menor crecimiento, con mayor volatilidad (esto es con años de caída del PBI como el 2009 y de menores tasas de expansión del nivel de actividad como el 2008), que ha congelado el cuadro social al tiempo que ha expandido los márgenes de desigualdad vigentes (por vía de la ampliación del excedente empresario y la mayor brecha entre las distintas franjas sociales).

II) Las razones estructurales de la inflación: mecanismo disciplinador del poder económico

Lo expuesto corresponde con una primera mirada, que si bien es crítica sobre la etapa que transitamos, no deja de navegar en la superficialidad de los fenómenos económicos. Agregar mayor profundidad supone considerar que el fenómeno inflacionario, que congela el cuadro social, no es un acontecimiento ni natural (que no se puede modificar) ni extra-terrenal (que no se puede explicar). La emergencia del proceso inflacionario está íntimamente vinculada con el modo en que la estructura económica vigente responde frente al agotamiento de las condiciones que facilitaron el crecimiento acelerado de la etapa anterior. Dicho en criollo, es la particular conformación del poder económico vigente en nuestra sociedad la que utiliza el proceso inflacionario para resolver los dilemas que la nueva etapa le plantea al proceso de acumulación de capitales de la Argentina. La inflación es así el mecanismo que le permite al poder económico frenar la mejora en la recomposición social, al tiempo que impacta positivamente en las cuentas públicas para intentar resolver, vía subsidios y obras públicas, los déficits que en materia de inversiones e infraestructura se evidencian. Ahora bien, la inflación es el mecanismo que permite corregir en parte los problemas que presenta la acumulación del capital por parte de los segmentos más concentrados del mismo, por la sencilla razón de que todo el período vivido del 2003-2006 lejos de revertir los grados de concentración y centralización del capital los mantuvo y los profundizó. Este dato es el resultado obvio al que se llega luego de que transitada la etapa de crecimiento acelerado no se tomaron las definiciones que permitieran a la Argentina afrontar un cambio estructural que modificara la distribución del poder económico. En este marco el resultado obvio luego de un quinquenio de crecimiento a tasas chinas es que el poder de mercado de las principales firmas, en lugar de menguarse se acrecentara, permitiendo con ello sentar las bases para definir el movimiento de los precios por parte de estos actores.

III) Las contradicciones del proceso inflacionario

La inflación es un mecanismo de corrección para la acumulación del capital a todas luces insuficiente y portadora de conflictos a la vez. Esta doble cualidad indisolublemente ligadas del proceso inflacionario, o si se prefiere esta contradicción inherente al proceso en sí, opera porque en una economía que se orienta al abastecimiento de materias primas al mercado mundial y de productos importados para el consumo medio-alto y alto, la punción sobre los ingresos de los sectores populares que requiere el capital para mantener su proceso de acumulación no puede generarse sin al mismo tiempo producir un fuerte malestar social, latente o expresado en conflictos crecientes, que tienden a debilitar el consenso sobre el rumbo económico. Por ende la inflación no resuelve los problemas que presenta la etapa, sino que simplemente agrega recursos fiscales y también conflictos sociales a la nueva etapa. Es por esta doble cualidad, de mecanismo corrector pero insuficiente y conflictivo a la vez, que el fenómeno inflacionario se ha sostenido por largo tiempo a tasas que si bien son elevadas (en torno al 25% anual) no se han desbordado en un proceso inorgánico, sino que cumple principalmente la función de mantener a raya la recuperación de los ingresos populares.

IV) Sobre las medidas “progresistas” de la etapa

Frente a esta insuficiencia de la inflación para realizar la punción sobre los ingresos de los sectores populares en la magnitud que requiere la reproducción del conjunto social (y en primer lugar del proceso de acumulación de los principales agentes económicos que definen al poder económico de la Argentina) es que la etapa que transitamos es pródiga de una serie de “innovaciones de política económica de fuerte tinte progresista”. Nos referimos con ello a las medidas que impulsadas y definidas por la administración estatal remiten a las históricas banderas del movimiento popular pero que tienen por objeto servir como fuente de financiamiento para darle aire y perspectiva a una organización social donde prima la desigualdad. Así, medidas como la fallida “resolución 125”, la estatización de las AFJPs, el uso de las reservas del Banco Central (y el reciente proyecto de modificación de su carta orgánica), la reciente decisión de revisar los subsidios a las tarifas de los servicios públicos e incluso los planteos recientes que se enarbolan en torno de la discusión con las petroleras, todas ellas grosso modo necesarias pero no exentas de problemas por demás significativos (y no nos referimos solamente a la famosa “resolución 125”) han tenido más que ver con tratar de agregar recursos a la ecuación fiscal del Estado (frente a la insuficiencia del financiamiento inflacionario) antes que conformarse como parte de una estrategia dirigida a replantear de manera estructural la matriz distributiva (es decir el conjunto de relaciones sociales básicas) en la que se asienta la sociedad argentina. Esta claro que estas medidas han supuesto en la práctica una redefinición del pacto de gobernabilidad entre los sectores dominantes y el elenco gubernamental no exento de conflictos y tensiones entre los mismos. Sucede que en la nueva etapa ya no se puede articular crecientes grados de apropiación del excedente por parte del conjunto de los sectores dominantes con las cuotas de legitimidad y consenso en el que se sostiene la gestión gubernamental. Por ende, todos los conflictos que se han derivado de la puesta en práctica de las “medidas progresistas” de la etapa han combinado un cierto enfrentamiento con algún fracción de los sectores dominantes por parte de la gestión de gobierno y al mismo tiempo una cierta alianza o acuerdo con otra fracción del bloque de poder (así la “resolución 125” ponía en pie de guerra a los productores agropecuarios sin distinción pero se articulaba con el acuerdo de las aceiteras; la estatización de las AFJPs eliminaba un pingüe negocio de corto plazo para algunos segmentos del sistema financiero pero a la vez suponía evitar el costo de mediano plazo de afrontar la deuda previsional de este sistema al tiempo que se vinculaba con los intereses de los acreedores de deuda pública ya que la medida buscaba y consiguió resguardar la capacidad de pago estatal ; del mismo modo, el uso de reservas del banco central encontró en el sistema financiero y en los acreedores sus principales defensores puesto que fue una medida destinada a garantizar los pagos de deuda). Cierto es que, aun con las imperfecciones e impurezas del caso, es mejor que las medidas tomadas se hayan realizado puesto que mejora la perspectiva para una estrategia que pretenda ampliar los márgenes emancipativos de la sociedad. Tan cierto lo dicho, como que la razón y la concreción de las medidas no tuvieron nada que ver con la puesta en marcha de un cambio estructural sino más bien con reproducir, en una coyuntura más estrecha, los factores de poder que, una y otra vez, rigen los destinos de nuestro país. Así de compleja, ambigua y rica es la coyuntura que atravesamos.

V) El punto nodal de la etapa: déficit de inversión

Llegado a este punto corresponde situar lo que desde nuestra perspectiva constituye el punto nodal que organiza la coyuntura económica que transitamos: nos referimos a la evidente ausencia, en calidad y magnitud, de la inversión necesaria para sostener el ritmo del crecimiento económico. No otra cosa, sino la decisión por parte de las principales firmas de retacear, e inhibir un proceso de inversión es el que expresa el mantenimiento sostenido de una significativa tasa de inflación. Son razones estructurales las que definen este comportamiento, amén de la voluntad consciente de sus actores. Despejando la animosidad empresaria, siempre vigente y a todas luces complacidas con el crecimiento vivido (que le ha permitido ampliar en niveles inéditos sus excedentes), es el particular modo en que se reproducen los capitales en la economía argentina y la particular composición de los mismos, los que explican el comportamiento adverso al proceso inversor que demuestran estos actores. Dicho en criollo, porque el proceso de acumulación de capitales de nuestro país se desarrolla por medio de la captura de ganancias extraordinarias a través de la explotación-depredación de nuestro recursos naturales (agroindustria, minería, petróleo e hidrocarburos, pesca, etc) ; de un abaratamiento general de la mano de obra y de la conformación de mercados oligopolizados, es que la inversión, esto es, la decisión de los empresarios de destinar una porción significativa de sus excedentes a ampliar su proceso de acumulación, brilla por su ausencia, ya que los capitales en la Argentina, o mejor, los capitales dominantes, se acumulan sin demandar inversión (rasgo evidentemente sistémico del carácter capitalista que presenta esta formación económica)

VI) Un punto sensible: La crisis del superávit externo

De este modo, a pesar del discurso “desarrollista” de la gestión, lo cierto es que este comportamiento ha tenido un resultado casi de espejo en materia de balanza comercial. En efecto, las pocas inversiones presentes (dominantemente destinadas a mantener las posiciones relativas y a evitar la obsolencia tecnológica de las principales firmas) han estado atadas a la evolución de las importaciones industriales, dando por tierra las lecturas oficiales que hablan del “proceso de sustitución de importaciones”(1). Sin embargo, este rasgo que estuvo presente a lo largo de toda la etapa de crecimiento acelerado, cobra vital importancia a partir del recrudecimiento de la fuga de capitales, que como una marca adicional de la nueva etapa, emerge con virulencia en el 2008, se atenúa pero a niveles aun significativos durante el 2009 – 2010, y recrudece en niveles prácticamente similares en el 2011 al pico del 2008. Así la fuga de capitales acaecidas en esta etapa, y principalmente en el último año, pone en jaque la capacidad de las exportaciones y su obtención de divisas, para hacer frente al conjunto de operaciones que se realizan en base a la moneda extranjera (compra de importaciones, pago de deuda en dólares, remisión de utilidades de las firmas extranjeras y la fuga de capitales de los residentes locales, entre otros). Es este cuadro de situación el que pone fin a una de las variables que en el discurso oficial se presenta como muestra de la “fortaleza” del modelo económico: el superávit externo, el cual ya no puede proveer los dólares necesarios que demanda el funcionamiento económico vigente, y amenaza por tanto en impactar modificando el valor de un precio clave en la economía argentina, como lo es el dólar.

VII) La sintonía fina, o estrategia del sopapo, como respuesta al cambio de etapa

Frente al descalabro que supone en materia de organización económica la modificación de una variable clave como el dólar, que tiene impacto inmediato en el sistema de precios, en el nivel de actividad, en la situación social, entre otros múltiples aspectos que reflejan la composición extranjerizada de la estructura económica vigente, el gobierno ha impuesto una serie de medidas (obligación por parte de las petroleras y mineras de liquidar las divisas en el país, control sobre la compra de billetes y a la transferencias al exterior) que constituyen una estrategia dirigida a administrar y contener el conflicto cambiario. Esta estrategia de administración y contención no ha estado exenta de significativos discursos oficiales, principalmente de la Presidenta, denostado el comportamiento especulativo en relación con el dólar por parte de los demandantes de los mismos y principalmente de la firmas. Se ha bautizado a esta estrategia, en palabras de la propia Presidenta como “la etapa de la sintonía fina”, reconociendo con ello, tardíamente, el cambio en la etapa económica. Sin embargo, esta sintonía fina, también nombrada por parte de la máxima autoridad política del país, como “el fin de la Avivada” (a lo que corresponde interrogarse sobre las razones de que recién ahora, luego de 8 años de gestión se reconozcan las supuestas “avivadas”) tiene mucho más que ver con una estrategia donde a la par que se desacredita públicamente el comportamiento empresario, pretende cosechar comportamientos “virtuosos” por parte de los mismos sin alterar las condiciones estructurales que definen, más allá de la voluntad, la racionalidad de la toma de decisiones de estos actores. Dicho en criollo, esta estrategia, que también puede denominarse como “administración del conflicto a los sopapos” tiene la doble virtud de señalar, siquiera tangencialmente, las dificultades que en materia económica atravesamos en esta etapa, al tiempo que permite visibilizar a parte de los agentes concretos que están por detrás de los mismos; pero tiene el defecto de no modificar los contenidos que presenta la regulación pública, manteniendo por esta vía, la reproducción de las condiciones estructurales que definen el comportamiento de estos actores.

A modo de ejemplos: El caso del dólar y las petroleras

En el caso del dólar, la estrategia de la “sintonía fina” realiza una denostación pública de la remisión de utilidades de las principales firmas extranjeras, así como al elevado coeficiente importador de las mismas, a la que se acompañan con medidas que si bien son importantes (como el control cambiario, la licencia por importación) no son de la envergadura para hacer frente al desafío que plantea esta problemática (por ejemplo, la discusión sobre la extranjerización productiva, la falta de un proyecto de reindustrialización, etc).

En el caso de la reciente discusión con las petroleras(2), la “administración del sopapo” se expresó en la denostación pública de los comportamientos anti-competitivos (caso de la denuncia a las petroleras por vender con un sobreprecio a las transportistas el combustible, la falta de inversión en las áreas de concesión, etc) que parece estar más atado al modo en que el sector encarará el abastecimiento interno sin presionar excesivamente sobre el balance de divisas antes que a modificar la regulación estatal sobre el sector (revisando los decretos menemistas que fijaron a los hidrocarburos como simples mercancías y no como bienes públicos de carácter estratégico para el desarrollo y la libre disponibilidad del crudo por parte de las firmas) que permitirían al Estado capturar una parte mayor de la renta petrolera (en tanto el precio del barril supera los U$S 70 y su costo está en torno de los U$S 12) garantizando el abastecimiento energético a precios acordes con el costo de producción local y concretando las impostergables inversiones en materia de exploración, distribución y transporte que demanda el cuadro energético vigente.

VIII) La explicitación de nuestra estrategia: el cambio estructural

Está claro que asumir los desafíos que plantean la nueva etapa supondría modificar la “sintonía fina” o “la administración a los sopapos”, tanto da, por una estrategia dirigida a replantear las aspectos estructurales que están por detrás de los problemas que atravesamos. En apretada síntesis, se trata de pasar de un economía motorizada por el mercado mundial y el consumo de altos ingresos por otra que haga depender el ciclo económico de la evolución del consumo popular como eje fundamental de la demanda, que permita a su vez construir una plataforma endógena para hacer posible un proceso de REINDUSTRIALIZACION en base al control público (Estado más Comunidad) del proceso de inversión. Resulta claro que la opción que le oponemos a la estrategia asumida por el gobierno requiere de un fuerte grado de cohesión política para hacer frente a la disputa con el Poder vigente. Estamos convencidos, que el respaldo popular con que cuenta la gestión, tanto en el reciente resultado electoral (54% de los votos) como en el consenso social que adquiere el discurso de denostación a la cúpula empresaria (es decir, el aval social al “sopapo” a las firmas), son muestras elocuentes de que se puede transitar este camino. También estamos convencidos que no hacerlo tampoco es gratis para la actual gestión, en tanto, la sola denostación pública es ineficaz para producir el cambio en los comportamiento empresarios que los desafíos económicos demandan (y en tanto no lo hagan transforman en vacías o carentes de efectos, las palabras presidenciales). Pero también somos conscientes que, avanzar en el cambio estructural, supondría una modificación abrupta de la base de sustentación política de la actual gestión, que incluye en un lugar privilegiado pero silenciado, por más que no se la quiera escuchar o se los pretenda negar, a los poderes económicos instituidos. Claro está, que aunque su base de sustentación política se ancle en el poder económico vigente, la actual gestión no es neutra, muy por el contrario, respecto al grado de consenso social que se muestra en cada coyuntura. Su condición de permanencia en la administración del aparato estatal es, como para cualquier elenco gubernamental, los grados de legitimidad política que en cada momento detenten. Es por esta razón, que frente a los atisbos de deterioro en la legitimidad política fruto del cambio de etapa económica, es que la actual administración demostró tener una capacidad de innovación de políticas económicas de elevado consenso para dar aire y perspectiva a la reproducción social (como ya lo señaláramos en el punto “sobre las medidas progresistas…”) y en la actual coyuntura pretende cosechar una mejor performance empresaria en materia de inversión sobre la base de la “administración del sopapo” pero sin modificar los aspectos estructurales que están por detrás de los problemas que expresa la coyuntura.

Notas:
1) Con posterioridad a este material una medida ya mencionada en el texto ha cobrado centralidad, se trata del control de las importaciones (prácticamente no se puede importar sin los permisos gubernamentales) y los crecientes problemas que en materia productiva se han derivado de la misma. Este hecho refleja dos cuestiones: a) la ausencia del proceso previo de “sustitución de importaciones” y b) la envergadura que adquiere la crisis del superávit externo, en tanto esta medida intenta dar respuesta a esta problemática y se desentiende de la cuestión productiva.
2) En el momento que se escribía este material recién estaba en sus inicios la discusión entre Repsol y el Gobierno Nacional. No obstante los acontecimientos posteriores no alteran lo hasta aquí enunciado, puesto que por ahora solo se avanzó en la quita de áreas de concesión de Repsol marginales o ya sin producción y aún no se han discutido la normativa sectorial que define los comportamientos estructurales de Repsol y del conjunto de firmas oligopolizadas y extranjerizadas del sector.

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Los jueces no lo pagan, pero los trabajadores sí

Irina Santesteban (LA ARENA)
El debate sobre la aplicación del impuesto a las Ganancias sobre los salarios, tocó las puertas el Poder Judicial, adonde los jueces y funcionarios están exentos de ese tributo.

Desde hace varios años, el impuesto a las Ganancias viene afectando de manera sensible los ingresos de los trabajadores. En parte debido a la recuperación salarial experimentada en los últimos tiempos, y en gran parte también, porque el gobierno nacional no actualiza el monto del mínimo no imponible al mismo ritmo que han aumentado los salarios.

Por ejemplo, mientras la mayoría de las consultoras estiman que una canasta familiar para una familia tipo de cuatro personas, ronda los 6.000 ó 7.000 pesos, los montos mínimos para no pagar el impuesto a las ganancias, están en 5.782 pesos para un trabajador soltero y 7.998 pesos para uno casado con dos hijos. No parece sensato aducir que un trabajador que cobra 900 pesos más que el monto estimado de una canasta familiar, obtenga "ganancias", como para que se le aplique este impuesto.

El líder de la Confederación General del Trabajo, el camionero Hugo Moyano, viene batallando desde hace años en contra de la aplicación de este impuesto a los salarios. Esto porque su gremio, gracias a una fuerte disputa en las negociaciones paritarias, ha obtenido buenos aumentos salariales en los últimos años. De esta forma, los choferes gozan hoy de sueldos que los hacen pasibles de tributar el impuesto a las Ganancias. Lo mismo pasa con otros gremios que tienen buenos sueldos, como los bancarios, los mecánicos, los lucifuercistas, los judiciales, etc.

Los que no pagan

En el Poder Judicial, por una Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la era menemista, cuando estaba Julio Nazareno como presidente, los jueces no tributan ganancias. En la mayoría de los Poderes Judiciales del país, salvo Córdoba y otras pocas provincias, esa Acordada se aplica de manera tal que no sólo los jueces están exentos de tributar Ganancias, sino también los funcionarios y empleados. ¿Cómo funciona esta exención? Las Cortes y Tribunales Superiores han dispuesto que ese impuesto se calcule sólo sobre una parte del sueldo (el salario básico, dejando afuera las demás bonificaciones), y no sobre el salario bruto, menos las deducciones legales, como marca la legislación tributaria.

La Corte Suprema actual, integrada por prestigiosos juristas y que ha demostrado con fallos y actitudes que propugna un modelo de justicia más favorable a los intereses generales de la sociedad, no ha cambiado, sin embargo, esta situación. A pesar de que algunos de sus integrantes han opinado a favor de que los jueces deberían pagar el impuesto a las ganancias, hasta ahora tanto los supremos, como los magistrados inferiores, funcionarios y empleados de la Justicia Nacional, no lo tributan.

Recaudación

Es conocida la posición de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, a favor de que el impuesto a las Ganancias alcance también a los magistrados. Así lo planteó cuando era senadora, y ahora vuelve a tomar fuerza la versión que indica que se estaría preparando un proyecto de ley para que no haya exenciones para los miembros del Poder Judicial.

Es que la recaudación de este impuesto es la segunda en orden de importancia, para el fisco nacional, después del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además, como la liquidación la efectúan directamente las patronales sobre los salarios, es de fácil recaudación y casi nula evasión.

Se explica así que, en lugar de analizar y decidir sobre la necesidad de actualizar con urgencia el monto de los mínimos no imponibles, para adecuarlos a la realidad salarial actual, en un contexto de inflación, el gobierno de Cristina Fernández está mucho más preocupado por ampliar el horizonte de los futuros contribuyentes, alcanzando a un sector que hasta ahora venía esquivando esa obligación tributaria, de la que el resto de los trabajadores, incluyendo legisladores, gerentes, etc., no pueden eximirse.

Llama la atención ese enfoque recaudador, teniendo el Estado tantas otras fuentes de recursos tributarios, ahora y con una reforma progresiva en la materia que grave, por ejemplo, a los monopolios, los bancos y las grandes fortunas.

Al mismo tiempo que se agrandan los ingresos del Estado con la mencionada reforma, haría bien el gobierno en analizar mejor en qué gasta. No parece que darle un crédito subsidiado a la Fiat, por 565 millones de pesos, a un interés fijo anual del 9 por ciento, sea la mejor manera de invertir los recursos. ¿Por qué la Fiat no le pide un préstamo al gobierno de Mario Monti?

Fondo de la cuestión

Pero yendo al fondo de la cuestión, ¿es correcto que los trabajadores paguen el impuesto a las Ganancias? En primer lugar, la base del impuesto a las Ganancias en nuestro país no incluye las rentas financieras, a las ganancias de capital (valorización de activos) ni a los dividendos.

Quiere decir, citando a Miguel Braun, director ejecutivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), mientras un empleado en relación de dependencia lo paga, un millonario que vive de intereses y el dueño de un comercio que opera en negro, no lo hacen.

Por ello, es razonable sostener que no puede estar alcanzado por un tributo que grava las "Ganancias", un trabajador que cobra un salario apenas por encima del costo de una canasta familiar.

Para ser contribuyente de un impuesto así, no sólo que habría que ejercer una actividad lucrativa, como el comercio, o la compra y venta de acciones (éstas están eximidas), o vivir de rentas (tampoco tributan), sino que la "ganancia" debería ser considerable.

El salario tiene otra naturaleza jurídica, porque es la remuneración, por la fuerza de trabajo de una persona, sea manual o intelectual. No es una actividad lucrativa, sino que tiene carácter alimentario. Esta naturaleza del salario ha sido reconocida en innumerables fallos judiciales. Por ello, se ponen límites a los descuentos por embargos y otras razones que puede sufrir un trabajador, con el objetivo de que no se afecte demasiado el sustento de su familia.

Mal aplicado

Dejando sentada esta posición contraria al pago de Ganancias sobre los salarios, incluso para quienes sostienen que este impuesto es justo y progresivo aún en la forma que se está aplicando en la Argentina, es evidente que está muy mal aplicado.

Primero, porque los montos no imponibles no son actualizados al mismo ritmo que aumentan la inflación y los salarios, que a su vez no alcanzan nunca a aquélla. Aunque el gobierno niegue que la inflación sea un problema, es evidente que ésta existe, alimentada por los 200 monopolios formadores de precios, y que corroe lenta pero inexorablemente los bolsillos de los sectores populares.

Segundo, porque es injusto que un sector con altos ingresos, como los jueces y funcionarios judiciales, no lo tributen, argumentando una "intangibilidad salarial" que si bien está reconocida en la Constitución Nacional, no tiene nada que ver con el pago de impuestos. El artículo 16 de la Carta Magna, establece claramente que "la igualdad es la base de las cargas públicas", y no dispone ninguna excepción.

Tercero, porque es inaudito que paguen los trabajadores, no paguen los jueces, y tampoco paguen quienes obtienen enormes ganancias con la actividad financiera, la compra y venta de acciones y otras inversiones bursátiles, que no tributan Ganancias.

Debate

De todos modos, bienvenido sea el debate sobre este impuesto, si sirve para disminuir la inequidad existente hasta hoy en materia de contribuyentes. Pero mejor sería que sirviera para eliminar definitivamente la categoría cuarta del mismo (salarios), o por lo menos para elevar considerablemente los montos no imponibles, para reducir el impacto negativo que este impuesto está produciendo en los ingresos de los trabajadores y sus familias.

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Argentina. Santa Fe: Villa Moreno, tres meses después

Carlos del Frade (APE)

A tres meses del triple crimen de Gabriel Jeremías Trazante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez, cometido el primero de enero de 2012, por integrantes de una banda armada vinculada al negocio impune y liberado del narcotráfico en los barrios rosarinos, un fantasma recorre la ciudad: la naturalización de la corrupción policial y la impunidad de los delincuentes de guante blanco.

En las últimas horas, el poder judicial de la provincia ha tomado declaración a dos oficiales de la policía directamente vinculados al principal imputado del fusilamiento, Sergio “El Quemado” Rodríguez. Esos integrantes de la fuerza de seguridad fueron denunciados por la Comisión Investigadora Independiente en la síntesis del primer informe presentado a principios de abril.

Desde distintos nichos de los tribunales rosarinos se sabe que los jueces no harán una investigación integral.

Que la cadena de responsabilidades se cortará en el autor material de los disparos y sus principales cómplices.

Los policías señalados más los que aportaron en estos tres meses certezas sobre el funcionamiento y desarrollo del mercado ilegal de armas y rodados, quedarán, en el mejor de los casos, implicados en las famosas diligencias de “asuntos internos”, la policía de la policía. Una repartición que parece destinada más que a castigar, a dejar pasar el tiempo para construir impunidad. Una repartición que debería llamarse “asuntos cerrados”.

En los días finales de marzo, los familiares de los tres asesinados debieron soportar las amenazas con armas de fuego mediante, de los vinculados a otro de los clanes que parece trabajar para la policía en todo lo relacionado con el mercado ilegal de autos y motos robados. Hasta se llegó al colmo de encerrar a los amenazados y no a los amenazadores ante la vista cómplice de integrantes de la comisaría 15, la que tiene a su cargo la supuesta seguridad del barrio de Villa Moreno, donde se desarrollan estos hechos de sangre, impunidad y también de resistencia.

En forma paralela a la lucha de los militantes del Frente Darío Santillán, del cual participaban los tres asesinados, el gobierno de la provincia dispuso cambios en la cúpula policial rosarina y también se ha difundido la información que quince altos oficiales están siendo investigados por sus relaciones con el narcotráfico.

La historia reciente de la democracia santafesina ofrece el paisaje de una clase política que parece comentarista de los hechos y no sujetos dispuestos a jugarse por la transformación de la realidad.

Y en esos comentarios florece una postal de falsificación histórica: se habla de la ausencia del estado.

No es verdad. Se trata de una presencia corrupta del estado a través de sus expresiones armadas.

Allí está el huevo de la serpiente.

De allí que no habrá seguridad si no hay valentía para enfrentar los nichos corruptos de las fuerzas policiales, federales y provinciales.

Es en la historia de cada uno de los imputados, en la evolución de los negocios que giraron alrededor de los autos de alta gama que aparecen en la causa y en el peregrinaje de las armas, donde surgen los por qué de esas bandas que hoy parecen dominar los barrios de la ex ciudad obrera.

Por eso es necesario rebelarse contra ese sentido común construido durante años y directamente funcional a la permanente metamorfosis de producir consumidores - consumidos, excluidos - condenados.

El 80 por ciento de las chicas y chicos de los barrios empobrecidos de Santa Fe y el Gran Rosario no terminan la secundaria.

El 80 por ciento de las víctimas de los 163 asesinatos cometidos en 2011 en Rosario tenían menos de veinticinco años.

Hay que parar con esa lógica, con esa naturalización.

Para ello hay que ir mucho más allá de lo que vayan los sistemas formales de justicia y política institucionales.

En eso andan las luminosas compañeras y los luminosos compañeros del Frente Popular Darío Santillán de Rosario. Ojalá que no se queden solos.

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Argentina, Catamarca: Gravísimos atentados a Docentes Unidos

ACTA

Anteaoche hubo dos gravísimos atentados en la casa de los principales dirigentes de la Asociación Docente Unidos de Catamarca (ADUCa-CTA). Alrededor de las 2 de la madrugada quemaron la entrada de la casa de Pablo Pinella, Secretario Adjunto, con bombas molotov y gomas de auto incendiadas con guardapolvos blancos en su interior, rociadas con combustible, en un claro signo mafioso contra la lucha docente.

Mientras pintaron todo el frente de la casa de Olga Ponce de León, Secretaria General, con una inmensa pintada de letras negras diciendo: "Con la democracia no se jode. Son boleta".

Olga Ponce afirmó: "Estos atentados se dan en el marco de una escalada de agresiones hacia los Docentes Unidos que venimos denunciando, sin que el gobierno hiciera nada para frenarla. Comenzaron cuando la Ministra de Educación, María Julia Acosta, llamó a los padres a que obligaran a los docentes a ir a la escuela, desconociendo el derecho constitucional que tenemos a reclamar en libertad. En su momento pedimos que se rectificara, pero eso no ocurrió.

"Luego señalamos otras agresiones y ataques sufridos por Pablo Pinela de un grupo de personas que lo agredieron en la escuela, junto a los enormes afiches pagados y pegados en la ciudad, diciendo: "Con los chicos NO. Padres Indignados". Denunciamos incidentes con militantes de la Cámpora en la Escuela N° 199 San Jorge, quienes decían en forma violenta que se debía terminar con los paros porque le hacíamos mal al gobierno. También reclamamos intervención del gobierno y no fuimos escuchados. Desde los gremios que salieron a apoyar al gobierno provincial nos trataron de ‘destituyentes’ y de afectar la democracia con su llamativo comunicado. Luego vinieron los descuentos violentos, hechos indiscriminados sobre nuestros salarios y que van de $900 a $1.800. Para terminar en estos atentados gravísimos, en una escalada que se debe frenar ya.

"Quieren intimidarnos, pero no lo van a lograr. No nos amenazan a nosotros sino que quieren dar un mensaje que apunta a atemorizar a los docentes por el paro al que llamamos para mañana miércoles 11 con movilización a partir de las 9. Vamos a redoblar la lucha. Marcharemos diciendo: "Basta de violencia, queremos diálogo y solución". El pueblo de Catamarca derrotó a varios gobiernos autoritarios. Convocamos a todos los sectores a acompañarnos en el paro de este miércoles 11 y movilización a las 9.00 desde La Alameda.

"Hemos hecho las denuncias correspondientes y llamamos a los legisladores de todos los bloques a intervenir, exigimos ser recibidos por el Ministro de Gobierno, responsabilizándolos de nuestra integridad y la de todos los docentes, a la vez que deben garantizar que se pueda ejercer libremente el derecho constitucional a peticionar. Debe terminar la escalda de violencia, convocar al diálogo y dar soluciones al reclamo de mejor salario y educación para nuestros chicos.

"Convocamos a toda la comunidad, gremios, centros de estudiantes, organizaciones sociales, políticas, legisladores, la iglesia, comerciantes, productores a solidarizarse y exigir que se investigue a fondo la ‘ruta’ de los afiches, quién los imprimió, dónde, quiénes los pegaron e identificar al automóvil Polo de color gris metalizado, con vidrios negros polarizados que fue visto huyendo luego de incendiar la casa de Pinella. Debe haber una comisión con personalidades reconocidas para llegar al fondo de la cuestión".

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