jueves, 12 de abril de 2012

La lucha de clases, realidad e influencia actual

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

Las luchas entre opresores y oprimidos o, mejor entendido, entre clases sociales con intereses antagónicos, han marcado -de uno u otro modo- la historia de la humanidad, muchas veces ocultada o tergiversada por quienes aspiran mantener intactas las estructuras de poder, beneficiándose a sí mismos antes que al pueblo que dicen representar.

Esto último ha hecho posible que los sectores populares de épocas distintas terminen decepcionándose al observar y sentir cómo sus esperanzas de igualdad, democracia y libertad se convierten en pasto de la demagogia más desvergonzada. Así, generalmente se le atribuye a la clase dominante la responsabilidad directa del orden de desigualdad, corrupción, explotación, represión y miseria que se cuestiona y se busca remplazar por otro totalmente opuesto. En algún caso, se llega a obviar la existencia de una lucha de clases, la cual no sólo tiene lugar en una sociedad bien diferenciada como la regida por el capitalismo, sino que se manifestaría indistintamente a lo interno de cualquier proceso revolucionario al originarse disputas por mayores espacios de participación y de poder, cuestión que -por lo demás- no resulta fácil de conceptualizar, dado el discurso utilizado, el cual tiende a confundir, más que aclarar, a quienes está dirigido, si estos no tienen una formación teórica revolucionaria adecuada.

Con Karl Marx, el concepto de clases sociales se simplifica, estableciéndose su jerarquización respecto al sistema de producción existente: explotadores y explotados, burguesía y proletariado. Sin embargo, este esquema es más profundo y se ha visto afectado por la misma evolución dinámica del sistema capitalista contemporáneo, a tal punto que a tales grupos se agregan otros, como la burguesía financiera, la pequeña burguesía, la clase media, la burocracia y el lumpen proletariado; clasificación que aun podría soportar nuevas añadiduras o agrupamientos sociales. Según Marx, “los propietarios de simple fuerza de trabajo, los propietarios de capital y los propietarios de tierras, cuyas respectivas fuentes de ingresos son el salario, la ganancia y la renta del suelo, es decir, los obreros asalariados, los capitalistas y los terratenientes, forman las tres grandes clases de la sociedad moderna basada en el régimen capitalista de producción”. Tal categorización se ha modificado enormemente, no por la “ignorancia” del teórico socialista ni por lo desfasado de sus análisis, como algunos quieren hacernos creer, sino por la diversificación y expansión experimentada por las fuerzas productivas desde hace un siglo. Esto, a pesar que el autor de El Capital admitiera ya en su época, refiriéndose a la sociedad inglesa, que “existen fases intermedias y de transición que oscurecen en todas partes las líneas divisorias”, reconociendo de este modo la complejidad de la estructura de las clases sociales.

En el contexto histórico actual, sobre todo, en nuestra América, la lucha de clases exige una comprensión dialéctica de su realidad, en momentos en los cuales se cuestionan simultáneamente los órdenes económico y político tradicionales. Algo que ya no es exclusividad de este continente, sino que se ha extendido a Europa y Estados Unidos, ampliando el escenario de lucha anticapitalista a escala mundial. Lo mismo se aplica en relación a la conciencia de clase, con mayor énfasis entre quienes padecen la explotación y la exclusión del capitalismo: los trabajadores asalariados (englobando entre éstos a la clase media o profesionales, puesto que -por mucho que quieran diferenciarse del resto- son igualmente explotados por el capital). Finalmente, no es admisible el limitarse a una simple estratificación de carácter sociológico de la sociedad, como tampoco desconocer las contradicciones que puedan descubrirse en una misma clase social. De esta forma podrían establecerse nuevos parámetros definitorios de la lucha de clases en la realidad actual y en la influencia que la misma tendría en los diversos cambios que caracterizarían, a su vez, la revolución socialista por construir para bien de la humanidad entera.

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Nacionales y populares, dos décadas rifando el petróleo

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

El neuquino Sapag anticipó, en “relación con el futuro de YPF”, que el gobierno nacional anunciará la formación de una “empresa mixta y con participación de las provincias en el directorio”, además de “un gerenciamiento muy profesional” dirigido “a alentar la inversión privada” (Página/12, 11/4). Una interpretación de este adelanto es que el Estado compraría las acciones de YPF al grupo Ezkenazi. Otra variante sería que se expropie a YPF por medio de una ley especial, la que determinaría la valuación de la empresa para fijar la indemnización.

La ‘empresa mixta’ resultaría de una posterior asociación de capitales privados, o de una colocación en la Bolsa de la mitad de las acciones expropiadas, para que puedan ser adquiridas por fondos de inversiones según el modelo de la actual Petrobras, o del que quiso imponer, a principios de los ’90, el fallecido presidente de YPF José Estenssoro. En las dos últimas alternativas, el operativo contemplaría un aumento sustancial en el precio del petróleo y del gas en boca de pozo. Esto es lo que estaría estudiando el camporista Kiciloff, según informa el diario La Nación (25/3).

El anuncio tendría que contemplar las posiciones de las provincias de ingresar a la torta petrolera -o sea que estén incluidas en la parte estatal de “la empresa mixta”.

Mientras tanto, diversas áreas retiradas a YPF serían licitadas entre ‘amigos’ del gobierno -como los ‘petroleros’ Cristóbal López y Lázaro Báez, entre otros- como parte de otras tantas “empresas mixtas” a nivel provincial.

Para financiar la “expropiación” parcial o total de YPF, el gobierno volverá a echar mano del dinero de la Anses.

Una estatización de YPF, apoyada en la financiación del capital financiero internacional, representa una tentativa tardía de recuperación de la capacidad energética, en el marco la crisis mundial imperante. A diferencia de Brasil hace más de dos décadas, Argentina no tiene fondos propios para impulsar el proyecto. Además, debuta con conflictos con el capital petrolero, como sería en este caso Repsol, cuya mayoría accionaria (como también ocurre con Petrobras) está en manos de fondos anglo/norteamericanos. Los bolsillos de la Anses no tienen la ‘profundidad’ de los del Banco de Desarrollo de Brasil, el que también se financia a costa de los jubilados hermanos. Los K enfrentan, además, una salida de capitales sin precedentes.

Ni siquiera esto alcanzaría como ‘anzuelo’ para el capital privado, que mira con codicia las aguas territoriales de Malvinas y del Atlántico Sur. Cualquier ‘mezcla’ de intereses con el capital internacional en una ‘sociedad mixta’ tendrá alcances sobre la política exterior de Argentina. La diplomacia brasileña está jugando un rol fundamental para ‘reconciliar’ a los K con los ingleses.

Los fondos internacionales no financiarían un ‘proyecto nacional’, sino uno que profundice la matriz extractiva-exportadora sin restricciones a la remisión de utilidades al exterior. Esto significa, desde cualquier punto de vista, la dolarización de la economía argentina -resultado inevitable de una igualación del precio interno del petróleo con el internacional. Sería el repicar de las campanas para la débil industria nacional. El aumento constante que se manifiesta en naftas y gas oil está liquidando la capacidad de subsidios con los que el gobierno ha estado compensando a los usuarios industriales y agrarios. Después de rifar la riqueza petrolera de Argentina y vaciar sus yacimientos, los K quieren salir del embrollo en forma improvisada y a las patadas. El resultado final no sería otro que un ‘rodrigazo’ a la enésima potencia, en alusión al recontra aumento del 400% que anunció, hace casi cuarenta años, Isabel Perón -también en el marco de un plan de ‘argentinización’ de la economía.

Estamos muy lejos de una ‘profundización del modelo’ y mucho más cerca de un colapso económico, seguido de un viraje de 180º.

Reiteramos nuestra posición: por la nacionalización sin pago de la industria petrolera, bajo la dirección de los trabajadores, en el marco de una reconstrucción socialista del país.

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Argentina. Sintonía fina, sopapos o cambio estructural: Los dilemas de la etapa (Parte II - Final)

Claudio Lozano - Tomás Raffo (IPYPP)

IX) La sintonía fina y los sectores populares: de antecedentes, amenazas, sopapos y fantasmas.

Dada la complejidad de este punto nos ha parecido propicio subdividirlo en una serie de acápites específicos.

Sobre los antecedentes: La reconstitución del vinculo con la gestión

Resulta claro que elevado consenso social cosechado por el oficialismo en la última contienda electoral tiene, entre otros factores, un importante componente económico que lo explica. En efecto, es la constatación que la Argentina actual y principalmente la situación de los sectores populares no tiene nada que ver con la situación vigente en el infierno del 2002 (y que como es lógico se presenta como una situación anterior a la actual gestión). Hemos señalado en reiteradas oportunidades que si bien esto es cierto, es decir que Argentina salió del infierno, el proceso vivido no permitió que se alcanzara los grados de organización social que nuestra sociedad tenía previa a la crisis de la Convertibilidad (1998) y que al mismo tiempo, tanto esa crisis, como la salida abrupta y salvaje de la devaluación del 2002 son, en gran medida, las que parieron las condiciones internas (regresión brutal de la distribución del ingreso, capacidad instalada e infraestructura disponible) que permitieron el crecimiento fácil sobre el que se montó la actual gestión. Sin embargo, lo que interesa señalar en esta parte es que efectivamente los sectores populares salieron del infierno del 2002, y que ello aconteció a partir del 2003 con la actual gestión comandando el aparato estatal. Ahora bien, la etapa abierta a partir del 2007 también tuvo un importante efecto de deterioro en el consenso social por parte de los sectores populares. En efecto, frente al crecimiento de los precios a partir del 2007, conjuntamente con el estancamiento en nivel de empleo como parte del proceso de desaceleración económica del 2008 y recesión del 2009, en las elecciones legislativas anteriores (2009) el oficialismo vivió una importante pérdida de legitimidad política (perdiendo nada menos que en la Provincia de Buenos Aires, distrito clave para la permanencia a futuro en el aparato estatal). Fue en este marco, que emergieron importantes “novedades de política económica y social”(aludidas en el punto de las medidas “progresistas” de la etapa) , en tanto se crearon mayores planes sociales (Argentina Trabaja) ; se decidió aplicar recién en ese momento parte de los recursos que se habían recuperado de la eliminación de las AFJPs para poner en marcha la Asignación “Universal” (el entrecomillado es para no perder de vista que la asignación no es universal en tanto quedan afuera 3,5 millones de pibes) , acompañados por una ofensiva contra uno de los exponentes más visibles del poder económico (pero no por ello el más importante) , como lo es la disputa con el Grupo Multimedios Clarín. A la recomposición material y simbólica con los sectores populares encaradas por las políticas de la gestión se agregaron los efectos positivos que se derivaron de la salida de la recesión del 2009 por medio del rápido crecimiento en el 2010 y 2011 que permitieron pasar de una destrucción de puestos de trabajo en el 2009 a un leve repunte del empleo en estos años (aunque manteniendo un virtual estancamiento respecto al 2007) , en el marco de aumentos nominales sobre los ingresos de los sectores populares (salarios de convenio, jubilaciones, asignaciones pero no planes sociales) que son vividos como mejoras en el poder adquisitivo de carácter temporal (pero mejoras al fin) hasta que tienden a licuarse paulatinamente por la persistencia en la tasa de inflación (que diluye la mejora) produciendo una expectativa social respecto al siguiente aumento nominal.

Sobre las amenazas: La crisis fiscal como espada de Damocles del ajuste

Ahora bien, la recomposición del vínculo con los sectores populares supuso para la actual gestión tensar al máximo las cuentas fiscales en un contexto donde el menor crecimiento y la recesión estrechaban los márgenes de acción en esta materia. Así desde el 2007 las cuentas fiscales muestran un déficit que se ha cubierto con recursos extrapresupuestarios (ANSES; Banco Central, fundamentalmente) pero que paulatinamente se muestran insuficientes para hacer frente a la totalidad de compromisos fiscales (remuneraciones, jubilaciones, planes sociales, subsidios a sectores económicos, pagos de deuda pública, etc). Así, en el 2011 a pesar de todos los recursos extrapresupuestarios, estos no alcanzan para cubrir la totalidad de los gastos, presentando las cuentas públicas un déficit financiero (situación similar a la del 2009 con la diferencia que el déficit del 2011 triplica el de aquel año). La situación para el 2012 lejos de mejorarse empeora, toda vez que de mantener las tendencias actuales, el 2012 sería el primer año donde además de déficit financiero tendríamos una situación de déficit primario (esto es la totalidad de los recursos, incluyendo los extra-presupuestarios, no alcanza para cubrir los gastos internos - es decir sin computar el pago de intereses de la deuda pública). Es en este marco de deterioro progresivo de otra pata de las “fortalezas del modelo” (esto es del superávit fiscal) que la “sintonía fina” parece asemejarse a un “ajuste sobre los sectores populares” de manera de equilibrar las cuentas fiscales. En efecto, las voces oficiales que hace tiempo vienen señalando la necesidad de bajar la nominalidad en la discusión salarial (tratando de imponer un aumento escalonado del 18% frente a los aumentos anteriores en porcentajes cercanos al 25%) , así como la eliminación de los subsidios en las tarifas de los servicios públicos (que amenaza con impactar en los ingresos populares) son señales que ponen en alerta y suspenso el consenso social de los sectores populares en esta coyuntura, en tanto implican que el reordenamiento de las cuentas fiscales se descarguen sobre los mismos.

Sobre los sopapos a la CGT y a los Docentes: ¿Todos los caminos conducen a ROMA? Sobre la variada suerte de la CTA Democrática y la CTA Intervenida

Es en este contexto que también hay que ubicar los “ruidos” que en la relación Gobierno – CGT parecen haberse instalado en esta coyuntura. Más allá de las cuestiones vinculadas con el liderazgo político y la hegemonía al interior del elenco gubernamental, lo cierto es que hay una base objetiva para que la chispazos entre los otroras socios tengan lugar. En efecto, el actual Secretario General de la CGT parece más un obstáculo antes que un promotor para transitar el déficit fiscal disciplinando dentro de los sectores populares al segmento de las asalariados privados formales.. Cierto es que la CGT representa una parte minoritaria de los sectores populares pero significativa, tanto por su capacidad de movilización, como por el aporte que puede brindar a la erosión de la legitimidad política de esta etapa. Tan cierto, como que lo hasta acá signó el comportamiento político de esa organización de trabajadores ha sido la reinvidicación gremial de sus afiliados por la vía de la discusión salarial de convenios. Es en este punto, donde las criticas (de menor envergadura que respecto de los empresarios) oficiales respecto a la figura del Secretario General de la CGT se asemejan también a un “dispositivo del sopapo” tendiente a disciplinar el comportamiento de ese colectivo de trabajadores. De igual modo, se puede entender la reciente denostación presidencial a los maestros en el marco de la discusión paritaria del sector (la famosa frase presidencial en el marco de la inauguración de las sesiones ordinarias del Parlamento Nacional, “…trabajan 4 horas y tienen 3 meses de vacaciones...”) y la posterior decisión de la gestión estatal de cerrar por decreto la paritaria sectorial (con un aumento del 20%). Sin embargo, no es el mismo consenso social que tiene la denostación pública sobre los empresarios que sobre los representantes de los trabajadores, máxime para un gobierno que se presenta como “favorable para los trabajadores” y que ha elogiado en reiteradas oportunidades a los dirigentes que hoy cuestiona (tanto el titular de la CGT como a los representantes de los docentes) con el objeto de construir “moderación” en las demandas de estas organizaciones.

Un dato no menor que ha resultado como efecto de la práctica política desplegada por la gestión estatal es el acercamiento entre la CGT (conducida por Hugo Moyano) y la CTA conducida por Pablo Micheli (como resultado del voto democrático de sus afiliados en las pasadas elecciones) , que si bien no lograron trascender de la mera enunciación de acuerdos en ejes básicos (discusión salarial, postura frente al impuesto a las ganancias, planes sociales, etc.) y no se efectuaron acciones en conjunto (donde la CGT no participó de la masiva Jornada de Lucha contra el Ajuste del 14 de marzo convocada por la CTA –conducción Micheli, La Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie a pesar de que inicialmente trascendió que lo haría) ha puesto en pie de alerta a los otros representantes de la CGT que pretenden desplazar a la actual conducción de la misma como modo de evitar una mayor potencia en la organización de los reclamos populares. Por otro lado, otro efecto sobre las organizaciones populares es el desdibujamiento de la CTA –Intervenida (ya que es la de mandato vencido, prorrogada por el Ministerio de Trabajo y conducida por Hugo Yasky) , que a pesar de su simpatía pública con la gestión gubernamental ha tenido que terminar validando el paro docente nacional con que los maestros expresaran su rechazo a los dichos presidenciales y a la decisión de cerrar vía decreto la discusión paritaria del sector.

Sobre los fantasmas: Postergación y contención

Dado el efecto inverso en la valoración social que surge de la aplicación del “sopapo” sobre los trabajadores que sobre los empresarios, es que el disciplinamiento social que requiere la etapa para hacer frente a la crisis fiscal tiende a aparecer más como un fantasma (que se anuncia principalmente a partir de las medidas oficiales) que a una realidad concreta que impacta en la cotidianeidad de los sectores populares (por la postergación que aplican las propias medidas oficiales). Así, la quita de subsidios aún no ha impactado en ninguna tarifa de los sectores medios y populares, la discusión salarial en torno del 18% tiende a relajarse y ya se han homologado convenios con aumentos del 24% (aceiteros, aunque resta observar que sucederá en el caso de los docentes(3)) , el reciente aumento a los jubilados (del 17%) tiende a reproducir lo ocurrido en el 2011 antes que a plantear un aumento más estrecho; y por último el reciente anuncio de subir el mínimo no imponible tiende a dar aire a la discusión paritaria en curso (de manera que las bases representadas por la CGT, esto es los asalariados privados registrados, no pierdan en el pago del impuesto lo que ganan por el aumento). Se trata de una estrategia que tiende a sortear el ajuste que anuncia sobre los sectores populares para evitar la pérdida de legitimidad política que produciría un menor aumento en la nominalidad del proceso de recomposición de ingresos que caracteriza a esta etapa. Si bien esta estrategia logra suspender el ajuste tiene un doble efecto: a) por un lado, no remueve las condiciones del ajuste, solo logra sortearlo momentáneamente y este pende como una espada de Damocles sobre la situación de los sectores populares; y b) en tanto se busca evitar el ajuste tiende a contener las demandas populares en pos de satisfacer las necesidades aún presentes en nuestro pueblo, “naturalizando” (es decir, conformándose con) la situación social vigente.

X) Nuestra propuesta: Reforma impositiva, piso de ingresos y democracia sindical

Más allá de lo saludable que supone la postergación de medidas que tienden a ajustar el ingreso de los sectores populares, lo cierto es que en el marco del deterioro de las cuentas fiscales estas medidas intentan posponer lo máximo posible el ajuste que la ecuación fiscal demanda. Desde nuestra perspectiva, también es posible encarar una estrategia que suponga sortear las tendencias al ajuste sin que suponga una postergación que pende como una espada de Damocles sobre los sectores populares sino que de respuesta eficaz, asumiendo los desafíos planteados. No otro es este desafío que la siempre postergada Reforma Impositiva de Carácter Progresiva. Esta Reforma Fiscal de carácter estructural es la única que permite agregar recursos al aparato estatal que permita que en lugar de disciplinar (conteniendo) a los sectores populares, estos puedan mejorar significativamente sus condiciones de vida. Unas pocas líneas generales, dado el desarrollo realizado en otros materiales y el objeto de este material, permiten precisar a los que nos referimos:

Sobre la Reforma Impositiva:
- Restituir las contribuciones patronales para las grades firma al nivel de 1993.
- Aumentar la tasa de imposición de las ganancias de los estratos más altos, al tiempo que adecuar el mínimo no imponible a la canasta de consumo necesaria para los hogares.
- Aumentar la tasa de imposición sobre la remisión y distribución de utilidades, premiando la reinversión productiva.
- Eliminar las exenciones a la renta financiera, a la renta minera y a las ganancias patrimoniales de las firmas
- Eliminar los diversos regímenes de promoción a la inversión de los capitales más concentrados con férrea regulación pública para evitar el traslado a precios.

Sobre la Revisión de los Gastos
- Fijar el precio del barril del petróleo en base al costo de producción de manera de bajar drásticamente los subsidios a la energía y al transporte sin aumentar el valor de las tarifas de los usuarios.
- Revisar las condiciones de legalidad y legitimidad de la deuda pública de modo de bajar drásticamente los compromisos de pagos de intereses y capital del presupuesto nacional.

Sobre las Políticas de Ingresos:
- Universalización de la Asignación por Hijo y de la Jubilación Mínima a los excluidos de ambos sistemas.
- Seguro de Empleo y Formación para todos los Jefes de Hogar Desocupado que permita garantizar un ingreso familiar por encima de la canasta de pobreza.
- Adecuación del salario mínimo y del básico de convenio a la canasta necesaria de consumo.

Sobre la Democracia Sindial
- Libertad y Democracia Sindical para que los propios trabajadores decidan el tipo de organización que los representa.

Avanzar en esta dirección supone para la gestión de gobierno, por un lado un gran consenso social (que a nuestro juicio está en capacidad de convocar) , pero al mismo tiempo implica alterar desfavorablemente contra las condiciones de reproducción de la base dominante de su sustentación política: los sectores más acomodados de la sociedad. También atenta contra el vínculo directo que la gestión gubernamental tiene con cada gobernador e intendente (con independencia del signo político) en tanto la ausencia de reforma fiscal nacional es consustancial con la permanencia de estructuras fiscales regresivas al interior de cada una de las provincias y municipios del país. Es por esta razón, que a pesar de la estrechez que muestran las cuentas fiscales, hasta ahora no se ha escuchado por asomo plantear una Reforma Impositiva Integral, ni en la Nación, ni en la mayoría de las provincias, ni en los municipios. Son los límites políticos precisos que tiene la actual gestión para resolver adecuadamente lo que en el plano fiscal y de ingresos de los sectores populares le plantea esta etapa.

Nuestra propuesta se completa con otros dos aspectos relevantes del tipo de sociedad que tenemos y sobre los cuales pretendemos modificar, a saber:

Sobre la cuestión Productiva: como ya lo señaláramos (ver punto VIII) el desafío en esta materia pasa por retomar el control público sobre el proceso de inversión, garantizando la puesta en marcha de un proceso de Reindustrialización que priorice el impacto ocupacional, el balance de divisas y el desarrollo tecnológico promoviendo a las unidades de menor tamaño (pymes) , a las firmas estatales, la autogestión de trabajadores, a las cooperativas, etc. En la actual coyuntura, un modo práctico de empezar a transitar este camino es por la vía de la constitución con reservas de un Fondo para el Desarrollo, destinado a impulsar la reindustrialización, así como a reconstruir la red ferroviaria y de transporte marítimo, así como a la constitución de una petrolera estatal. Todas ellas medidas estratégicas para reorientar la composición y dinámica que presenta el actual esquema / modelo económica; y

Sobre la Representación Sindical: Se trata de garantizar la Libertad y Democracia Sindical para que los propios trabajadores decidan el tipo de organización que los representa, modificando la actual legislación interna que sobre la base del unicato sindical (fuente de verdaderos feudos de caciques que nada tienen que ver con la vida de los trabajadores que pretenden representar) tiende a obturar la participación plena de los trabajadores en la discusión de sus condiciones laborales.

Resulta claro que estos dos aspectos (reformulación productiva y democratización sindical) son también resistidos principalmente por la cúpula empresarial vigente, la que se erige (al igual que los gobernadores e intendentes en el plano fiscal) en un verdadero límite –que es necesario modificar- si se pretende transitar este camino. Cuestión a todas luces lejanas de las medidas hasta aquí expuestas por la actual gestión en esta etapa de “sintonía fina”.

XI) Una cuestión clave: El rol de la crisis mundial en la coyuntura argentina

Ahora bien, hemos querido dejar para el final una cuestión significativa: nos referimos al particular papel que cumple la crisis financiera internacional en la coyuntura económica de nuestro país. Es cierto que desde mediados del 2008 la coyuntura mundial es otro de los factores que se modificó respecto a la coyuntura que atravesó nuestro país en la etapa del crecimiento fácil. Sin embargo, los efectos sobre la coyuntura económica no han sido necesariamente una reversión en los signos que se venían evidenciando. En efecto, previo al estallido de la crisis mundial, el escenario internacional constituía un marco propicio para el crecimiento económico de la Argentina por cuanto definía un escenario de bajas tasas de interés internacional (que inhibía la posibilidad de reeditar la valorización financiera como eje fundamental del patrón de acumulación local) y elevados precios internacionales para las materias primas que argentina exporta (soja y sus derivados, petróleo y derivados y commoditties industriales). El estallido de la crisis financiera mundial ha supuesto, en primer término para la economía argentina, la emergencia de un escenario internacional sumamente volátil (por ende modificable). A lo largo de los más de 3 años que transita la crisis mundial se han visto importantes movimientos en los precios internacionales de los commoditties, pero en direcciones disímiles. En primer lugar, el efecto inicial fue el de aumentar el precio de la soja y el petróleo por cuanto la sobreliquidez mundial derivado de la primera etapa de la crisis se dirigió a especular con el valor de estos bienes, que son percibidos como activos que pueden valorizarse por parte de los poseedores de la liquidez mundial. Por ende, hasta bien avanzado el 2008 (agosto) los precios del petróleo y la soja alcanzaron su máximo histórico. Con posterioridad, el mantenimiento de la crisis derivó en una fuerte caída de los precios de los mismos en el 2009, y posteriormente en el 2010 y 2011 los precios de la soja y en menor medida del petróleo han nuevamente tenido un significativo aumento (si bien por debajo de los picos del 2008, en ambos casos por encima del 2007, recuperando la pérdida del 2009). El efecto distinto respecto a otras realidades (especialmente Europa) de la crisis internacional es que nuestro país ya procesó un Ajuste brutal en el 2002, y en el marco del crecimiento acelerado, este inhibió, en lugar de potenciar, la acumulación financiera de capitales (característico de la Europa reciente como lo fuera de la Argentina durante la Convertibilidad).

Sin embargo, tampoco todo es color de rosa, por dos cuestiones fundamentales: por un lado, la elevada incertidumbre y volatilidad le agregan una elevada dosis de vulnerabilidad a nuestra inserción internacional (en tanto estamos dominantemente atados a la evolución del movimiento de los precios de la soja y petróleo que suelen tener bruscas modificaciones) ; y por otro lado, porque esta inserción internacional genera un tipo de crecimiento desequilibrado no exento de conflicto. El caso más reciente es el de la megaminería, que en el marco de un auge de los precios de los metales (fruto de la especulación sobre el valor de los mismos) está alentando la expansión desmedida de la explotación minera en nuestro país con elevada dosis de contaminación, depredación y por ende conflicto social.

Ahora bien, todo esto viene a cuento de señalar que la crisis mundial no es la madre de los conflictos económicos que atraviesa la coyuntura argentina. Muy por el contrario, los conflictos económicos locales no solo son previos a la crisis mundial, sino que esta produce efectos de postergación de las tendencias recesivas que la coyuntura económica presenta. En efecto, es el sostenimiento e incluso el aumento de los precios de los productos que exportamos, los que permiten mantener el nivel de actividad (tal como ocurrió en el 2010 y 2011) , incrementar la balanza comercial y aportar crecientemente a la recaudación fiscal. Está claro que no son odas las que aquí plantemos de nuestra inserción internacional sino la simple constatación que la crisis mundial no ha descargado efectos negativos sobre la coyuntura económica que atravesamos, sino que por el contrario ha permitido darle aire al modelo económico vigente (a pesar de la debilidad de sus “fortalezas”) al precio de agregar tensión social a los efectos desequilibrantes que produce nuestra subordinada inserción internacional. No solo eso, sino que la crisis mundial ha tenido un importante rol en la reconstitución simbólica del vínculo entre los sectores populares y la gestión gubernamental. En efecto, al calor de la crisis que se observa en el mundo “desarrollado” donde la emergencia de los “indignados” ha puesto en cuestión el orden neoliberal presente (principalmente en el caso Europeo) se ha montado una eficaz estrategia comunicacional por parte del aparato mediático del gobierno para mostrar el paralelismo entre la crisis mundial y su impacto en Europa con la Argentina del 2001 de manera de sobre-ponderar la situación actual de los sectores populares. Esta operación de carácter simbólico también ha aportado lo suyo a la hora de valorar la situación argentina con lo que sucede en el mundo “desarrollado”. Por ende, lejos de agudizar las contradicciones internas, la crisis mundial ha cumplido el rol de postergar estas contradicciones (tanto en el campo económico como simbólico) dando oxigeno al actual ordenamiento económico como al elenco gubernamental que la gestiona.

Desde esta perspectiva, queda claro entonces, que ubicar los problemas en el afuera (la crisis mundial) como eje exclusivo de la interpretación de la coyuntura doméstica es un mecanismo poco eficaz para comprender los fenómenos que recorren la etapa que transitamos, es solidaria con la visión de no visibilizar los problemas internos y tiene poca capacidad de convocatoria para un proceso de movilización y activación política que estos tiempos nos demandan.

Ver también:
- Argentina. Sintonía fina, sopapos o cambio estructural: Los dilemas de la etapa (Parte I)
http://www.argenpress.info/2012/04/argentina-sintonia-fina-sopapos-o.html

Notas:
3) En el caso de los docentes nacionales los resultados de la paritaria tienden a producir la moderación buscada por el gobierno, ya que al aumento decretado a nivel nacional (del 20%) se corresponden aumentos inferiores en las provincias (caso Formosa donde se dio un 15%, que para colmo incorpora el blanqueo de sumas no remunerativas, las que descontadas reducen el aumento al 7,56%).

Equipo de Reflexión:
- Claudio Lozano
- Tomás Raffo
- Horacio Fernández
- Ana Rameri
- Agustina Haimovich
- Mora Straschnoy

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El grupo Boldt: Una astilla del mismo palo

Juan Ferro (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

La caída en picada de Boudou, salpicado por los negocios sucios de Ciccone, ha sacado de la alfombra el conflicto político entre los poderosos negocios del juego armados por el kirchnerismo. Su buque insignia es el grupo del conocido Cristóbal López, pero también el grupo Boldt.

Boldt -durante 75 años- fue una compañía gráfica especializada en documentos de seguridad como billetes y cheques. Pero de la mano de Antonio Tabanelli, el kirchnerismo le abrió un “mundo feliz”, readaptando su vieja gráfica a un negocio mucho más lucrativo como lo es el del juego.

La empresa de la familia Tabanelli ganó 73,86 millones de pesos en 2011. Boldt posee el Casino de Tigre desde 1999 y tiene el gigantesco negocio de la captación de apuestas de “lotería en tiempo real basada en terminales” desde hace diez años.

Ese contrato, otorgado por el Instituto de Loterías y Casino provincial, implica que la compañía se queda con una comisión del 5% de todas las apuestas de quiniela que se realizan en las más de 3.000 agencias desparramadas en el territorio bonaerense. En la provincia, se juegan más de 5.000 millones de pesos anuales. Boldt obtiene 250 millones de pesos por ese concepto.

Boldt también explota 3.500 máquinas tragamonedas instaladas en Mar del Plata en el Casino del Mar (Hermitage), en Tandil y en Miramar. Además, participa del negocio de las foto multas -con el procesamiento y la administración de infracciones de tránsito, tanto para Capital como para la provincia de Buenos Aires.

Todas sus concesiones fueron prorrogadas por el gobernador Daniel Scioli en 2009 (la de las quinielas on-line) y 2011 (Tigre) con la aprobación de absolutamente todos los legisladores del Frente para la Victoria -cuestión que claramente demuestra el aval del gobierno a los negocios de la empresa.

Boldt, hasta hace dos años, era “enteramente” oficialista. La empresa fue la encargada nada menos que de procesar el censo de población de 2010, el cual fue manejado enteramente por Randazzo -algo que le costó, según el Boletín Oficial, 500 millones de pesos al gobierno nacional.

Si se escarba detrás del conflicto Ciccone-Boldt, quedan abiertamente expuestos los negocios y las camarillas del gobierno -incluso los financiamientos de las campañas electorales de muchos de los involucrados como Cristina, Scioli y Duhalde.

Es una necesidad imperiosa terminar con todo este inmenso negociado del juego de azar, el cual destruye -entre otras cosas- a decenas de miles de familias. Hay que estatizar sin pago las empresas de impresión de billetes y todo el juego de azar en Argentina.

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Grupos vulnerables e igualdad ante la ley

Martín Lozada (RIO NEGRO ON LINE)

La existencia social de grupos históricamente vulnerables y postergados es un hecho que puede ser constatado sin demasiado esfuerzo. Las minorías étnicas y sexuales, los discapacitados, los inmigrantes y en muchos casos también las mujeres, los ancianos y los menores de edad suelen ser sectores desaventajados de nuestra población.

Dichos grupos no solamente se ven frecuentemente exceptuados del debido trato que merecen sino que, más grave aún, suelen ser objeto de riesgos y amenazas particulares capaces de menoscabar su ya debilitada integridad como sujetos de pleno derecho.

De modo que no resulta ingenuo preguntarse en relación con cuáles son los cambios jurídicos necesarios para asegurarles un trato justo. Y, de modo más general, cómo hacer para que el sistema institucional sea sensible a las múltiples voces presentes en la sociedad heterogénea, plural y compleja de nuestros días.

En primer término, es necesario destacar que la existencia de problemas desiguales que sistemáticamente tienden a afectar a los miembros de algún grupo y sólo excepcionalmente a los de otros grupos sirve para poner en crisis el precepto de igualdad ante la ley.

Al respecto, el sociólogo y jurista Roberto Gargarella afirma que tal vez se justifique dejar de pensar en "derechos iguales para todos" para pasar a defender el otorgamiento de "derechos especiales" para ciertos grupos que, intencionalmente o no, resultan tratados de un modo arbitrario, lo cual es tanto como concebir la preocupación constitucional de la igualdad como una cuestión no tanto dirigida "a todos los individuos" en general sino hacia ciertos grupos en particular. Y ello, en lo fundamental, debido a que el derecho moderno ni siquiera es plenamente respetuoso del ideal de igualdad para todos que proclama, ya que tiende injustificadamente a favorecer a ciertos sectores frente a otros.

Gargarella se pregunta qué es lo que se justifica realizar para favorecer la suerte de esos grupos más desaventajados. Y sugiere que el primer paso podría consistir en darles la palabra, de modo tal que sus integrantes puedan dar a conocer y defender sus puntos de vista. O, al menos, asegurarles una integración más efectiva en su comunidad, para que puedan participar como iguales junto con los demás miembros de la sociedad.

Se trata de medidas que aparecen como significativas en un momento en que el sistema representativo sufre una crisis tal que impide considerar el parlamento como la asamblea deliberativa de la nación, momento en el cual, simultáneamente, tiende a crecer el número de individuos política y socialmente marginados del resto de sus conciudadanos.

En segundo lugar, estima que habría que impulsar medidas destinadas a asegurarles a los grupos desaventajados remedios especiales destinados a reforzar sus derechos más importantes o a reparar situaciones injustas de antigua tradición.

A pesar de muchas de las críticas que pueden esgrimirse sobre las políticas preferenciales a favor de ciertos grupos desaventajados, lo cierto es que ellas parecen acordes con la mayoría de las constituciones modernas, en tanto el objetivo que defienden resulta valioso y urgente desde el punto de vista constitucional: contribuir a que ningún grupo resulte arbitrariamente desaventajado.

A la hora de evaluar el impacto de esas medidas deberá tenerse en cuenta si ellas permiten mitigar de modo significativo algunas de las comprobadas injusticias que se proponen confrontar. En este punto, cabe preguntarse por el rol a desempeñar por parte de los poderes judiciales y, más concretamente, si no les corresponde a ellos, en última instancia, corregir las circunstancias que suelen permitir la perpetuación de esas asimetrías de poder.

En todo caso, reflexionar en relación con la suerte de los grupos históricamente vulnerables, así como respecto de sus dificultades para participar de modo pleno en los procesos de toma de decisiones, debiera consistir en algo más que una cuestión de mera retórica.

Acaso podría ser el inicio de una práctica constitucional marcada tanto por el reconocimiento efectivo de esos grupos como por la necesidad de que los poderes judiciales tomen en serio la cuestión relativa a los "puntos de partida" de cada individuo en la sociedad. Es decir, cuáles son los derechos que cada ciudadano hereda –o no– al nacer en un grupo tal o cual.

Martín Lozada es Juez penal.

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El temporal y los olvidados de la historia

Claudia Rafael (APE)

Los cartones débiles de las casuchas hacinadas no resistieron. El temporal desnuda pobrezas viejas. Arrasa techos y paredes. Deglute vidas. Hunde en oscuridades que persisten. Devora cuerpos sin nombre ni identidad en los villeríos de los arrabales de la gran capital y del conurbano poderoso. Símbolos de un país que muestra el pus de sus viejos venenos ante cada tragedia. Síntoma de un sistema que entregó y regaló sus riquezas a unos pocos y dejó desamparos y violencias.

10, 17, 20. Quién sabe. Son anónimos. Las suyas son historias exiliadas de las crónicas periodísticas. No hay edades. No hay nombres. No hay biografías. No hay trazos de humanidad. Hay números. Cifras vaivén. 10, 12, 16. Quiénes eran. Cómo vivían.

Facundo Correa tenía 14. Era jujeño pero vivía en el número 58 bis en la Manzana 24 de la Villa 21. Un álamo le destrozó la vida porque el refugio de su casita no resistió. Se supo apenas que sus papás reclamaban desde hacía 8 años para que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires retirara ese árbol que le asesinó a su niño. Que nunca hubo respuestas en un Estado con ausencias y presencias pergeñadas con perversidad según la conveniencia.

Quién sabe cómo se llamaba la mujer de 52 a la que en Villa Tranquila se le derrumbó parte del galpón sobre el que había arropado sus días.

En la villa 21-24, a metros del Riachuelo, dicen que hubo otros tres muertos. Que tenían 12, 13 ó 14. Que eran adictos al paco. Que eran como pájaros descartados para el vuelo y la utopía. Que su techo era el cielo, una carcaza de auto abandonado y sus paredes un par de troncos olvidados. Que nadie sabe cómo eran sus nombres. Si alguien los había amado tan sólo una vez. Si en su piel se resguardaba la memoria perdida de un abrazo. Dicen que a uno lo derribó una viga. Que otro topó su paso frágil y torpe con cables electrificados. Son NN en una morgue.

Cuentan también entre las líneas de una crónica de la gran prensa que en “en el partido de La Matanza, voceros de la comuna indicaron que dos personas residentes de barrios humildes murieron tras recibir descargas eléctricas” y que “al sur del conurbano, en Florencio Varela, una persona murió tras la tormenta en Villa Mónica”.

Los grandes ojos mediáticos juegan la gran partida mientras tanto. Más allá de la frontera del distrito –batallaban los medios K- el gran responsable disfrutó las pascuas en la Patagonia y sus ministros en Punta del Este o en Miami. Más acá del límite –fustigaban los medios “de la opo”- la gran responsable adquiría velas aromáticas en El Calafate mientras los desarrapados del conurbano pagaban 10, 15 y hasta 20 pesos un manojo de velas de mala muerte. Unos y otros lejos del barro. Ajenos a Facundo. Ajenos a los muertos sin nombre. A la doña olvidada de Villa Tranquila. A los pibes vencidos por el veneno en la sangre y el cerebro. Lejos. Demasiado lejos todos.

“Edesur no tiene la culpa de la tormenta”, decía la voz anónima de la empresa en el trigésimo cuarto reclamo. “Edenor no puede entrar a reparar si Defensa Civil no quita los árboles”, protestaba otra voz anónima al teléfono. “Esto nos superó a todos”, decía el empleado del ente regulador creado en 1993 entre otras cosas para “proteger adecuadamente los derechos de los usuarios” y para “alentar inversiones que garanticen el suministro a largo plazo”. Eufemismos vanos en una realidad de empresas que no invirtieron más que en sus propios bolsillos durante años y que connivieron en la más plácida armonía con políticos de cada una de las gestiones.

Las pústulas de un cuerpo enfermo por décadas asoman ante cada tragedia. Desnudan la patología de un sistema cruelmente diseñado y que permanece intacto a través de los tiempos.

***

“Haré, señor mío, cuanto de mí dependa en el sentido que usted me indica y me será permitido anticiparle que podré servirlo cumplidamente no sólo en esas negociaciones, sino en otras que pudieran presentarse. Respecto de lo que usted me dice de manifestarle lo que entiende que debe asignarme por retribución a mis servicios, creo que podemos fijar como base una cuarta parte de las comisiones o beneficios que usted perciba de las operaciones”, escribió Victorino de la Plaza a la casa bancaria del barón Emile de Erlangher, de París y recordado por Milcíades Peña en un libro sobre los límites del nacionalismo en el siglo XIX. El mismísimo Victorino de la Plaza que nombra un puente que andan y desandan cada día miles y miles que cruzan de capital a provincia. A pocos metros de las villas hiperpobladas que respiran y sudan las aguas más contaminadas y contaminantes del país.

Exactamente diez años atrás, el politólogo Eric Toussaint describía el plan maestro de Martínez de Hoz diciendo que “para obtener préstamos de los bancos privados, el gobierno exigía de las empresas públicas argentinas que se endeudaran con los banqueros privados internacionales. Las empresas públicas se convirtieron entonces en una palanca fundamental para la desnacionalización del Estado, a través de un endeudamiento que entrañó el abandono de una gran parte de la soberanía nacional”.

Luego, la estocada final de manos del menemato: privatización de las porciones más ricas del Estado, desregulación atroz de los mercados, precarización laboral más perversa, abandono a la nada de los trabajadores y una consigna de fuego que simboliza esos años. Ramal que para, ramal que cierra. Estocada mortal para el desclasamiento de millones.

***

El 18 de agosto próximo se cumplirán 23 años desde la sanción de la Ley 23.696 de desguace público que terminaría de transformar al Estado de Bienestar en Bienestar de unos pocos. 23 años en los que cada nueva tragedia sigue mostrando el cuerpo malherido de un país que, como pocos transfirió tanto patrimonio y tanto poder económico en un lapso de tiempo tan reducido.

23 años más tarde se sigue viajando y muriendo en los mismos trenes regalados a la comunidad de los negocios. 23 años después, un temporal quita el velo de los ojos y muestra las vidas inermes de millones y las expone cruelmente sobre la mesa de los desamparos. La mitad de los muertos del temporal vivían en villas o asentamientos, aseguró La Nación.

De Moreno, Merlo o Haedo provenía el grueso de las víctimas de la masacre de TBA. Los mismos sitios en donde por los embates más cruentos de la tormenta viven miles aún sin techo y en oscuridad.

“No hay luz desde el miércoles a la noche. Y tampoco agua. Excepto unas pocas casas el grueso tiene bombeador. Es un barrio de laburantes. Las paredes precarias cedieron. Los árboles cayeron sobre los techos y los destruyeron. La gente no tiene dónde dormir. El viernes, a eso de las cuatro de la tarde, casi 300 vecinos se juntaron para reclamar que se restablezca el servicio eléctrico y para que la Municipalidad traiga bidones con agua. Cuando se cortó el paso a nivel del ferrocarril Sarmiento y cuando quisieron avanzar sobre las vías del tren, el cuerpo de infantería de la policía bonaerense comienza a lanzar gases lacrimógenos y a disparar balas de goma”, relató a APe Juan, un joven militante social de Merlo. Allí en donde después de 21 años sigue siendo amo y señor Raúl Alfredo Othacehé, "El vasco". Hombre del menemismo, del duhaldismo, histórico entre los barones del conurbano, fue el referente del kirchnerismo en su reinado.

“Hubo tres muertes en la villa. Hay varias personas internadas. Un chico murió el mismo miércoles; un nene murió electrocutado por un cable de alta tensión. Y el viernes murió otra nena que había sido también afectada por el derrumbe. La gente sigue con incertidumbre y sin tener respuestas. Y a los medios, no les interesa nada de esto. Pero cuando pasa algo así te llaman y nada es fácil. Uno se acostumbra a vivir de una manera, viviendo sobre el riesgo, con las casas a punto de derrumbarse. Pero es tu vida de todos los días”, dijo Julio Zarza, de Mundo Villa a APe. Nacido y criado en Villa 21 de Barracas, ese asentamiento nacido en los 40, desalojado violentamente en los años del Estado terrorista y nuevamente poblado y multiplicado desde los 90.

Facundo, la mujer de Villa Tranquila, los otros chicos de la Villa 21, las tres personas de La Matanza y Florencio Varela, tantos otros hundidos entre el fango, el agua, los árboles arrasados de cuajo por el viento, los cables o las vigas. Ya sin alas. Ya sin tiempo. Hermanados unos y otros sobre el baldío de todos los desamparos como la síntesis más abrumadora de las viejas deudas de la historia.

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Argentina: Nuevo intento de proscripción electoral

Fernando Herrera (INFOSUR)

La reforma del Código Nacional Electoral es sumamente peligro pues modifica las condiciones de los comicios.

La pasada semana se aprobó en plenario de comisiones el proyecto de ley que será tratado este miércoles en la sesión, y que dispone una importante reforma del Código Nacional Electoral. Una reforma sumamente peligrosa, y obviamente nada inocente, que modifica las condiciones de los comicios, el control sobre los mismos, las penalizaciones y el sistema de fiscalización. El Gobierno, se sabe, ya empezó a pensar en las dificultades que va a tener en las legislativas de 2013.

Con la excusa de llevar a cabo una “profunda Reforma Política tendiente a brindar a la ciudadanía un sistema más moderno, ágil, transparente y dotado de seguridad jurídica”, el Gobierno Nacional vuele a las andadas a fin de arrinconar a las fuerzas no mayoritarias. Con la reforma se establecen varias novedades: en primer lugar, se elimina la constancia del voto por medio del sello; ahora se entregará al elector una constancia aún no determinada. Esto permitirá a los ciudadanos votar con la nueva tarjeta. ¿De qué tipo de constancia, y con qué tecnología estamos hablando? Toda una incógnita.

Luego, se actualizan los montos de las multas por no votar, que pasarán a estar entre $ 50 y 500 al valor actual, poniéndose el eje de las penalizaciones en los empleados públicos que admitan gestiones o trámites a quienes no hayan efectuado el comicio.

Lo más grave es que la nueva reforma dificultará y casi imposibilitará la labor plena de fiscalización de los partidos políticos que carecen de un aparato consolidado o rentado. Ahora, los fiscales no tendrán movilidad alguna, pues estarán obligados a votar en la mesa en que figuran inscritos por el padrón. Se derogan, así pues, todos los artículos que permitían la movilidad de las autoridades de mesa. Nadie podrá ser agregado al padrón impreso de cada mesa, ni las autoridades de mesa ni los fiscales, en el caso de que les corresponda votar en otro lugar. Cambio más que significativo.

Hasta ahora, los fiscales estaban posibilitados de votar en la mesa que les asigne su partido para fiscalizar, sin tener que desplazarse a su lugar de origen. Ahora, con la reforma, ya no tendrán dicha movilidad, lo cual repercutirá sobremanera en su capacidad de fiscalización.

Por otra parte, las nuevas disposiciones obligan a los empleados públicos a mostrar a sus jefes la constancia del voto “al día siguiente de la elección”. Si no lo hacen, se les sancionará con multas, suspensiones o cesantía. “Si no lo hicieren serán sancionados con suspensión de hasta SEIS (6) meses y en caso de reincidencia podrán llegar a la cesantía. Los jefes a su vez darán cuenta a sus superiores, por escrito y de inmediato, de las omisiones en que sus subalternos hubieren incurrido.”

Esto suena a extorsión. ¿A quién beneficiará dicha norma, cuando desde el Estado se presiona de manera constante a los funcionarios para que voten a los oficialismos de turno? De seguro la cuestión no terminará aquí. En el proyecto podrían aparecer novedades. El asedio de los partidos emergentes continuará.

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Malvinas; aniversario y después…

José Rigane (especial para ARGENPRESS.info)

Por estos días se cumplen 30 años del comienzo de la guerra de Malvinas. El debate nacional sobre la soberanía de las islas, ocupadas desde 1833 por Gran Bretaña, esta vez aparece cruzado por múltiples temas que permiten un análisis para entender en qué marco ocurre este aniversario.

Desde la política exterior, el gobierno nacional fue bastante inteligente al rodearse de aliados regionales; desde la Venezuela de Chávez hasta la Colombia de Santos. A su vez, esta política se complementó con la denuncia internacional a los enclaves coloniales que siguen vigentes en el mundo y que la mayoría (10 de 16) pertenecen al mismo país: Gran Bretaña.

Pero la reacción de los países del continente también se vio justificada por las burdas declaraciones y medidas públicas que fue tomando gobierno inglés al mando de su Primer Ministro, David Cameron, como cuando el país europeo envío un buque de guerra al Atlántico Sur o cuando declaró que Argentina era un país “colonialista” por su política hacia las islas.

Más allá de las urgentes necesidades nacionalistas que tenga el Primer Ministro, donde la crisis internacional afecta el clima económico y social británico, Inglaterra parece seguir con su política de no sentarse en la mesa de negociación, apartando así cualquier acercamiento diplomático entre ambos gobiernos. La actitud británica no escapa a la soberbia de siempre.

Por nuestro lado, en Argentina fue creciendo la sensibilidad sobre el tema “Malvinas” y, de la mano de esto, fue reinstalándose el debate de la soberanía nacional. Desde el gobierno se hace un fuerte hincapié en poner el foco en el reclamo pacífico de la Argentina sobre las islas, apelando a la apertura del dialogo bilateral como comienzo de las negociaciones diplomáticas. La respuesta británica pasa por evitar cualquier intento bilateral de sentarse en un mesa de negociaciones.

Pero, además de la política internacional, el otro tema importante son los recursos naturales que rodean las Malvinas. Entre ellos, el petróleo –como recurso no renovable- aparece como fundamental, con niveles de extracción significativos sobretodo a partir del desarrollo técnico exitoso de extracciones offshore (plataformas sobre el océano) del crudo en otras latitudes (Brasil como caso emblemático en la región). También toman importancia los recursos renovables, como es la actividad pesquera y la ubicación de las islas Malvinas y su valor geopolítico: tanto por su cercanía con la Antártida, como por la importancia que tiene su zona al estar cerca de la comunicación entre los océanos Atlántico y Pacífico.

En relación al petróleo, no hay aún datos confiables sobre las potenciales reservas en el Atlántico Sur, sin embargo las Malvinas se convirtieron en objetivo de muchas empresas petroleras. En 2008 los malvinenses licitaron 19 áreas y otorgaron licencias de exploración a Shell, Amerada Hess, Rockhopper Exploration, Lasmo, Falklands Oils & Gas, International Petroleum Corporation y Desire Petroleum, entre otras empresas del sector. Los cálculos más cautos dicen que en Malvinas habría 3,5 billones de barriles de petróleo. Pero el dato cobra mayor interés ya que, según el British Geological Survey, podrían llegar a convertirse en 60 billones de barriles de crudo. Si se confirman los pronósticos más favorables, las islas podrían ubicarse entre los grandes exportadores de petróleo, con reservas que superan en un 300% a las que posee Argentina.

Desde que el gobierno de las islas obtuvo la facultad para otorgar las licencias a los barcos que operen en su zona económica (150 millas náuticas alrededor del archipiélago) la pesca ocupa el 50% de la actividad económica de Malvinas. Representa el 45% (aproximadamente) de los 150 millones de dólares que constituyen el PIB de las islas, mientras que la venta de licencias pesqueras aporta cerca del 50% de los ingresos gubernamentales. Con los años, la actividad pesquera en el sur del Atlántico fue siendo cada vez más importante y las islas se encuentran ubicadas en una zona realmente estratégica para dicha actividad.

Si pensamos desde la ubicación geográfica, las Malvinas son un acceso destacado a la Antártida, fuente también de enormes riquezas minerales e hidrocarburíferas, así como también de agua y biodiversidad. Es importante marcar cómo las naciones del norte vienen armando estructuras de negocios, explotación y defensa cada vez más importantes alrededor de estas imponentes reservas naturales.

Otro de los elementos a tener en cuenta es el acceso al paso entre los océanos Atlántico y Pacífico a través del Estrecho de Magallanes. Lugar de extraordinaria importancia en la hipótesis de que por diversos motivos fuese inoperable el Canal de Panamá.

Así mismo, las Malvinas cobraron relevancia como proyección de la OTAN fuera de sus límites. Hay una base militar en Malvinas con 2000 soldados. El dato es aún más contundente si pensamos que la población de las islas es cerca de 3.150 personas (datos de 2008). Poco ejemplos de militarización tan claros hay en el mundo como éste.

Siendo importantes los debates dinamizados sobre el todavía vigente colonialismo inglés y el lamentable (e incompetente) papel de la dictadura genocida, así como la decisiva actuación del gobierno norteamericano y el nefasto rol algunos de los medios locales; los trabajadores debemos analizar -a 30 años del conflicto bélico- las islas Malvinas en tanto se ha desarrollado su perspectiva como un lugar geopolítico estratégico destacado desde lo económico y militar. Es a partir de poner el foco desde este lugar, que los trabajadores podremos pensar en Malvinas desde una visión integral.

Como última reflexión, quiero volver sobre los recursos no renovables y, en particular, sobre las empresas que explotan el petróleo en territorio continental argentino.

Unas de esas compañías petroleas es la inglesa British Petroleum. Sería interesante incorporar este dato al tema de la soberanía nacional y así poder avanzar en el reclamo integral sobre las islas. Resulta contradictorio que la discusión de la soberanía es sólo sobre Malvinas y todo lo que ocurre en el territorio continental no cuenta. A propósito de esto, también podríamos tener en cuenta la extranjerización de grandes territorios de nuestra patagonia en manos de capitales ingleses.

Por eso creemos que una política internacional integral resulta clave para defender todo el territorio nacional. De lo contrario, el debate sobre la soberanía nacional y la recuperación de las Malvinas lamentablemente pasará sin pena ni gloria; sólo como un aniversario redondo más.

José Rigane es subsecretario adjunto de la CTA Nacional, secretario adjunto LYFMDP.

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Argentina, Mendoza. La criminalización de la pobreza: Una respuesta al médico Abel Albino

Ulises Naranjo (MDZOL)
El laureado médico mendocino ha dicho que “El 80 por ciento de los grandes criminales de Mendoza han sido desnutridos”. ¿Es así? ¿Tiene razón? ¿Y si nos preguntamos quiénes son los grandes, los mejores criminales? ¿Son los que terminan presos o son los que jamás terminarán presos? La pobreza genera penuria y necesidad, pero nunca criminales.

Abel Albino es un reconocido médico que, desde su lugar y con su visión, trabaja para combatir la desnutrición. En particular, trabaja como titular, desde su fundación Conin (Cooperadora para la Nutrición Infantil), institución que, entre otras cosas, recibe de parte del Estado derivaciones de casos de niños con desnutrición y los atiende. Este trabajo de Albino lo ha convertido en un ejemplo para muchos y ha recibido muchos premios y distinciones por la iniciativa.

Ahora bien, recientemente, hace unos días, en un acto en el que estuvo incluso el gobernador de Mendoza Francisco Pérez, el médico Albino se animó a decir y dar como cierta una frase sobre la que nos conviene reflexionar:

“El 80 por ciento de los grandes criminales de Mendoza han sido desnutridos de segundo y tercer grado”, dijo el profesional.

Aclaremos en principio que, según publicaciones especializadas, esos grados de desnutrición son de los más severos: incluyen lesiones en células (segundo grado) y funciones celulares y orgánicas muy deterioradas y alto riesgo de muerte (tercer grado).

Volviendo a la frase de Albino, claramente su mensaje apunta a destacar que la gran mayoría de los delincuentes han sido pobres (pues se entiende que casi todos los desnutridos son personas con escasos recursos).

Esto se llama técnicamente criminalizar la pobreza.

Digámosle ya mismo al médico que, de los criminales (reconocidos como tales al ser juzgados y encarcelados) sólo van a parar a la cárcel los fracasados.

Los delincuentes exitosos, los que provocan los más grandes golpes, los que no son pobres, rara, muy rara vez terminan presos. Muy por el contrario, viven, se alimentan y mueren bien y, por lo común, ostentan títulos universitarios.

Seguramente, lejos ha de estar en el espíritu de este hombre relacionar a los delincuentes con los pobres, sin embargo, su concepto es peligrosamente erróneo. Para peor, no ofrece pruebas de su dicho: el dato, deslizó, surge “de un estudio realizado hace nueve años por una ex defensora de Pobres y Ausentes de la provincia”.

Hace nueve años atrás, recordarán, vivíamos una de las peores crisis de la historia argentina y la mayoría de los habitantes del país vivían en la pobreza. Sostener el mismo concepto tantos años después y con el crecimiento general que se ha vivido en Argentina es, por lo menos, desacertado.

Además, agreguemos que, teniendo en cuenta que vivimos en un sistema social que sólo encarcela a los ladrones de gallinas (todos pobres), pues claro que lo erróneo se multiplica.

Siguiendo el mismo argumento y la misma lógica que Albino, podríamos decir, por la contraria, que las personas más ricas, las opulentas, las que comen muy bien jamás cometen delitos y son toda ejemplaridad social.

¿Por qué? ¡Pues porque nunca caen presas y, por eso, nunca llegan a ser catalogadas como delincuentes!

Y no es así: una cosa es ser pobre, otra cosa es ser desnutrido y otra, muy distinta, es convertirse en criminal.

“La consecuencia de un chico desnutrido es que nunca multiplicará ni dividirá, y jamás irá a la universidad”, completa el laureado médico.

No obstante, también digamos que hay que promover la buena nutrición y la buena educación, pero que no hay universidad en el mundo que pueda garantizar que de ella no saldrán delincuentes.

Pongamos un caso: los más grandes actos delictivos de nuestra historia (los de la dictadura militar y el menemismo, por ejemplo) fuero cometidos por personas educadas y bien nutridas. Es así: algunos se roban un par de zapatillas o matan a alguien; otros, se roban un país o aniquilan una generación.

El concepto de nutrición, como cualquier concepto, no puede ser comprendido si no contextualizado debidamente en los procesos sociales.

“Si queremos tener una gran nación, tenemos que preservar el cerebro durante el primer año y después educarlo. Si tenemos el cerebro intacto y ponemos cloacas, agua corriente y energía eléctrica en cada hogar argentino, tenemos un gran potencial a un plazo de treinta años”, dice Albino y tiene razón, claro que sí.

Ahora bien, que un niño no tenga acceso a sus necesidades básicas, no significa que estemos criando un futuro delincuente que afane mochilas o celulares, sino apenas un pobre. Del mismo modo, que estemos criando un médico, un periodista, un abogado, un general, un obispo, un contador o un millonario no significa que estemos garantizando que luego ese niño no se afane veinte millones de dólares, con los cuales se pueden comprar decenas de miles de mochilas o celulares.

Como todo en la vida, nuestra idea del delito responde también a una construcción social: definen lo que es delito los exitosos del sistema, aquellos que difícilmente terminarán presos. Por eso, tampoco ha de sorprendernos que, en una encuesta de nuestro propio diario (un diario digital consumido por personas que tienen acceso a Internet y necesidades básicas presuntamente satisfechas), el 83% de nuestros lectores sostengan que la pobreza genera inseguridad.

Pues humildemente (o sin humildad, como quieran) déjenme sostener que no: la pobreza genera carencia y penuria y activa la solidaridad. Jamás debiéramos pensar que la pobreza deviene criminalidad.

Si nuestros pobres se hartaran de la injusticia social con la que conviven y salieran a delinquir, ni ustedes ni yo, estimado Albino, estimados lectores, duraríamos más que un pelado en la nieve.

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Línea 60: un conflicto desnuda la corrupción de los subsidios

Carlos Saglul (ACTA)

Los chóferes de la línea 60 iniciaron una huelga por tiempo indeterminado por el despido de dos compañeros. Según explicó a ACTA, el dirigente Héctor Cáceres, en realidad el conflicto tiene origen en el negocio de los subsidios y las represalias a quienes lo denuncian.

Los conductores bloquearon el tránsito en el ramal Campana de la Autopista Panamericana y a paso de hombre fueron hasta Constitución desde donde marcharon con sus colectivos al Ministerio de Trabajo. Allí dialogaron con ACTA.

-La empresa dice que se despidió a dos trabajadores y se los intentó indemnizar como marca la ley, pero se negaron.

Estamos reunidos con los empresarios discutiendo las reincorporaciones de dos compañeros. Mas allá de lo que diga la empresa, nosotros pensamos que las acusaciones en contra de ellos esconden, que son víctimas de la flexibilización laboral, de condiciones de trabajo indignas.

Los dueños de las empresas nos enfrentan conductores contra usuarios y el oficio se vuelve un infierno. Lo que pasa es que se viaja mal porque cada vez hay menos unidades y los colectivos pasan repletos.

-¿La causa?

Lo venimos diciendo desde hace tiempo por eso nos amenazan, reprimen o despiden. El negocio de los subsidios hace que a la empresa le convenga sacar la menor cantidad de colectivos posibles. De esa manera reduce costos, elimina fuentes de trabajo.

De los 54 coches por hora que deberían salir solo lo hacen de 26 a 30. La gente espera entre media y una hora y cuando sube, te quiere matar.

- ¿La tarjeta Sube permitiría que el subsidio sea recibido directamente por el usuario?

Eso pensamos. Pero siguen pagándoles el subsidio por colectivo. A ellos, obvio, les conviene tener al micro parado. Explíqueme por qué si los sueldos nos los paga prácticamente el Estado, el servicio tiene que ser tan malo, negocio para unos pocos, y matarnos entre pobres.

Este negociado es la razón de que el negocio del colectivo sea cada vez más monopólico.

-¿De quién es la línea 60?

De Dota que controla más de treinta líneas de colectivos.

Según explicaron a ACTA delegados del sector, Dota participa en la compañía Bus de Rosario y la Microómnonbis de Tigre. Sólo para tener una idea, la Línea 60 sola transporta por día 250 mil pasajeros. Se calcula que Dota tiene más de 30 líneas. La concentración nació de la mano del negocio de los subsidios. Cuando más colectivos se tiene más se cobra.

El otro gran monopolio, es la empresa Plaza de los hermanos Cirigliano, que son concesionarios del Sarmiento el ahora denominado "Tren de la tragedia". Precisamente, desde el gremio ferroviario se denunció que esa empresa de colectivos se compró con los subsidios que ellos cobraron por el Ferrocaril y nunca invirtieron.

En los últimos nueve años, solo el subsidio de las empresas de transporte insumió alrededor de 35 billones de pesos.

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El trabajo infantil, un mal que aún padece Bolivia

PL

Los niños bolivianos celebran hoy su día con actividades festivas en varias ciudades y comunidades, pero una cifra cercana al millón tendrá la obligación de trabajar para ayudar a sus familias.

Según un informe del Ministerio de Trabajo, unos 850 mil menores y adolescentes laboran en actividades consideradas peligrosas y de poca remuneración, las cuales ponen en riesgo su integridad física.

Un estudio realizado por la referida cartera revela que entre esas labores destacan las zafras de la caña y de la castaña, minería, pesca, alfarería, venta de bebidas alcohólicas, recolección de basura, limpieza de hospitales, servicios de protección y seguridad, sirvientas en hogares y voceadores del transporte.

La investigación estima que 76 mil infantes trabajan en el área urbana, 58 mil de ellos con edades comprendidas de cinco a 13 años, mientras que en las zonas rurales, la cifra asciende a 303 mil, y poco menos de la mitad son niñas.

En el grupo de los que alcanzan edades de 14 a 17 años, 172 mil están empleados en las poblaciones -73 mil del sexo femenino- y 146 mil en los campos, de ellos, 58 mil son jovencitas.

La pobreza, las migraciones, irresponsabilidades paternas, descomposición familiar y crisis en las familias son las causas fundamentales por las cuales los infantes y adolescentes desempeñan tareas habituales para los adultos, según la fuente oficial.

El trabajo infantil es normal en Bolivia, cuyo gobierno intentó establecer políticas en más de una ocasión para erradicarlo, como la entrega del bono Juancito Pinto, que logró sacar a muchos menores de las calles o de trabajos demasiado rudos.

Además, el Ministerio de Trabajo participó en un proyecto de ley para impedir que realicen labores propias de los hombres y mujeres, pero se encontró con el rechazo de los menores, quienes marcharon en contra del mismo en varias ciudades.

Estudios anteriores revelaron que corren mayores riesgos los empleados en la zafra de la caña y la castaña (unos 10 mil) o los cuatro mil que se desempeñan como mineros.

Observadores y analistas consideran que el trabajo infantil no solo incumbe al Gobierno, sino a los padres de familia, quienes, generalmente, obligan a trabajar a los pequeños.

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90% de los casos de violencia contra la mujer quedan impunes en América Latina

CERIGUA

El 90 por ciento de las denuncias por violencia contra las mujeres en América Latina quedan en la impunidad, de acuerdo con estadísticas elaboradas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); la principal razón es porque las mujeres se autocensuran por temor a represalias por parte de sus victimarios.

La CEPAL también identificó la dependencia económica, la desconfianza en las autoridades de justicia y de seguridad y el escaso nivel de atención institucional en idiomas indígenas, como otros factores que influyen directamente en la impunidad en ese tipo de delitos.

Muchas sociedades aún perciben como natural que un hombre golpee o agreda a las mujeres por no cumplir con los roles sociales preestablecidos, situación que se complica cuando la atención de los funcionarios está cargada de tabúes que desmotivan a las afectadas a la hora de hacer una denuncia, señala la información.

Según la publicación, El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2011-2012, elaborada por ONU-Mujeres, el 97 por ciento de los países latinoamericanos han promulgado leyes contra la violencia basada en el género y menos de la mitad han adoptado protocolos para combatir la violencia sexual en el matrimonio.

El fortalecimiento de las legislaciones nacionales es una muestra de la transformación positiva que sufren los Estados en esa materia, sin embargo persisten retos para condenar la violencia feminicida y los maltratos contra las mujeres, señala el informe.

Una de cada tres mujeres en el continente sufre de algún tipo de violencia: física, psicológica o económica, mientras que el 16 por ciento ha sido víctima de la violencia sexual al menos una vez en su vida, enfatiza el documento de ONU-Mujeres.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calculó que el costo de la atención de la violencia machista le cuesta a los Estados latinoamericanos unos 15 mil millones de dólares, lo que representa el 2 por ciento anual del Producto Interno Bruto.

La cifra fue elaborada al tomar en cuenta el costo de los servicios psico-sociales integrales para las víctimas y sus familias, el dolor y el sufrimiento humano; la asistencia legal y los juicios, así como la pérdida del empleo y la productividad.

Tanto la CEPAL como ONU-Mujeres coinciden en que la violencia de género afecta a todos los territorios, poblaciones y segmentos etarios, pero México y Guatemala son casos emblemáticos al registrar el mayor número de femicidios y casos de violencia contra las mujeres.

Entre el 2010 y el 2011, México registró un aproximado de mil 700 asesinatos de mujeres a nivel nacional, en tanto que Guatemala reporta unos 6 mil casos en los últimos 10 años.

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México, segundo país con más violaciones a los Derechos Humanos en América Latina

CIMAC

Ante la ineficacia del Estado mexicano para proteger la vida e integridad de las y los activistas durante 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó seis medidas cautelares a favor de dos organizaciones civiles y 35 personas.

El informe anual 2011 que la CIDH presentó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) el pasado lunes, revela que Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas y Chiapas -entidades donde se otorgaron las medidas de protección- se mantienen como focos rojos para las y los defensores de Derechos Humanos (DDHH).

Los datos proporcionados por la CIDH indican que por tercer año consecutivo México es el segundo país de América Latina con más denuncias por violaciones a los DDHH sólo detrás de Colombia, toda vez que en 2009 se presentaron 232 casos, 267 en 2010, y en 2011 la cifra llegó a 273 demandas contra el Estado mexicano.

El 19 de mayo de 2011 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de las y los activistas Patricia Galarza Gándara, Francisca Galván, Oscar Enríquez y Javier Ávila, todos de Chihuahua y quienes son representantes legales de la familia de Rocío Irene Alvarado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera, desaparecidos desde diciembre de 2009.

Varios familiares y uno de sus representantes ya eran beneficiarios de medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), sin embargo ante los constantes actos intimidatorios las y los luchadores sociales decidieron solicitar medidas cautelares a la CIDH.

A su vez, el organismo internacional pidió al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de los cuatro activistas y acordar las medidas que se adoptarán con los beneficiarios y sus representantes.

El 19 de mayo de 2011 la CIDH también otorgó medidas cautelares a Rosa Díaz Gómez y otros 18 integrantes del ejido Jotolá, en Chiapas, quienes han sido agredidos y amenazados por defender su derecho a la propiedad de la tierra.

En el caso de Guerrero, la CIDH brindó medidas cautelares para Javier Torres Cruz, asesinado el 18 de abril de 2011 cerca de la comunidad La Morena, en el municipio de Petatlán, presuntamente por defender el medio ambiente.

Con estas medidas se tiene como objetivo proteger a la familia de Torres Cruz que, de acuerdo con información recibida por el organismo, continúa en una situación de riesgo pues se han percatado que vehículos desconocidos vigilan su casa.

También se ordenaron acciones cautelares para el activista Víctor Ayala Tapia, quien desapareció el 14 de septiembre de 2010 en Tecpan de Galeana, Guerrero.

En el estado de Tamaulipas, la CIDH pidió a las autoridades mexicanas garantizar la vida y la integridad de los miembros de la Casa del Migrante Nazareth y del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Además otorgó medidas cautelares a 10 personas desparecidas en la entidad, con el fin de que las autoridades hagan todo lo posible por localizarlas.

En el reporte también se precisa que durante 2011 la CIDH admitió a nivel regional 67 informes, 11 los declaró inadmisibles, aprobó ocho de solución amistosa, archivó 54, publicó 25 informes de fondo y cinco sobre el fondo, además envió 23 casos a la CoIDH.

Cabe mencionar que el año pasado la CIDH admitió tres casos contra México que tienen que ver con la falta de protección judicial, de éstos destaca el de tortura sexual de 11 mujeres detenidas en los operativos policiacos de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México.

Ese caso actualmente es revisado por la Comisión, y eventualmente decidirá si pasa a la CoIDH para que determine las responsabilidades del Estado mexicano.

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Condenan aplicación de gas pimienta a estudiantes californianos

PL

Autoridades estadounidenses condenaron hoy la aplicación de gas pimienta en el rostro a estudiantes en una manifestación pacífica, cinco meses después de ocurrido el hecho en la Universidad California-Davis (UCD).

El incidente del 18 de noviembre se debió y pudo haber evitado, representó un uso excesivo e inadecuado de fuerza policial, concluyó un panel de expertos legales de la UCD liderado por la exintegrante de la Corte Suprema de Justicia Cruz Reynoso.

Este reporte incluyó una indagación de la firma de consultoría judicial Kroll, cuestionó la base de legal de las operaciones, y señaló errores concomitantes y una pobreza de esfuerzos para desalojar a los jóvenes en aquella jornada.

El guardia de seguridad John Pike aplicó el spray opresivo a una docena de manifestantes y miembros del grupo Occupy California que simplemente se sentaron en el suelo en un perímetro intransitado de la escuela.

La acción de Pike fue recogida en un vídeo aficionado que, colgado en Internet, se convirtió en tema preponderante de las redes sociales y generó una sucesión de protestas en todo el país.

Con anterioridad, la Policía de Nueva York admitió que uno de sus oficiales utilizó indebidamente gas pimienta contra manifestantes del grupo Ocupar Wall Street (OWS), movimiento estadounidense que había difundido numerosas denuncias sobre este atropello.

"Uno de nuestros agentes que usó spray de pimienta contra dos mujeres civiles ha sido disciplinado por violar reglas del departamento", indicó un comunicado de la institución policial neoyorquina.

Voceros de OWS criticaron que el uniformado haya sido castigado de manera mínima y simplemente "perderá 10 días de vacaciones pagadas".

Mientras, las activistas rociadas con el químico quedaron afectadas en ojos y rostro y tuvieron que ser hospitalizadas.

Investigadores de Asuntos Internos reconocieron que Anthony Bologna recurrió a un arma que por reglamento solo debe ser esgrimida en casos de resistencia al arresto o para la propia protección del oficial.

El incidente también fue grabado en vídeo y circuló ampliamente por televisión e Internet. Analistas estiman que este caso atrajo aún más atención y voluntarios hacia la organización de protesta contra las megacorporaciones financieras.

OWS salió a las calles desde septiembre último para denunciar el uso de dinero público en el rescate de bancos privados, además del monopolio de las grandes corporaciones financieras en detrimento del 99 por ciento de la población norteamericana.

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La izquierda española culpa al neoliberalismo de crisis en Europa

PL

El diputado de la coalición española Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares responsabilizó hoy al neoliberalismo de la grave crisis que vive la mayoría de los países de la Unión Europea (UE).

Las medidas económicas neoliberales están poniendo en riesgo la unión política de la UE, advirtió Llamazares en declaraciones a la Televisión Española.

A su juicio, los programas de austeridad, impulsados por los gobiernos en gran parte de las naciones del bloque comunitario para reducir el déficit público, no sólo no han resuelto el problema, sino que lo han acentuado.

Existe la impresión de que a mayor vuelta de tuerca, los mercados financieros se comportan cada vez más insaciables frente a un Banco Central Europeo y una UE impotentes, denunció el dirigente de la tercera fuerza política en votos de España.

Interrogado sobre la situación de este país, Llamazares descartó la posibilidad de una intervención similar a la ocurrida en Grecia, Irlanda o Portugal, aunque opinó que el gobierno conservador de Mariano Rajoy está siendo observado y controlado por Bruselas.

Respecto a los impopulares recortes sociales y laborales puestos en marcha por el derechista Partido Popular (PP, en el poder) en apenas tres meses de gestión, los calificó de ajuste salvaje que están llevando directamente a España hacia la depresión y la pérdida de empleo.

Se refirió en particular al ahorro de siete mil millones de euros anunciado recientemente por Rajoy en el ámbito de la salud pública.

Según su criterio, esa poda en el gasto sanitario provocará más enfermedades y más muertes, y abogó por ponerle rostro a los recortes que se están llevando a cabo.

Basó su afirmación en informes de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y de la Asociación de Neuropsiquiatría, así como en un estudio sobre la situación económica en Reino Unido y Grecia, publicado por la revista médica Lancet.

Las crisis económicas generan enfermedad y mortalidad, remarcó el diputado de IU, quien insistió en la necesidad de comenzar a abordar en profundidad los efectos que produce la debacle financiera en los ciudadanos y no en los mercados.

Puso de ejemplo a Grecia, donde los planes de rigor han provocado un aumento de las enfermedades psíquicas y cardiovasculares, además de los casos de hipertensión y diabetes y, de manera pavorosa, los suicidios.

Como alternativa a esos intentos de acabar con los servicios públicos, sugirió una lucha decidida contra el fraude fiscal.

Tan sólo con los 60 mil millones de euros anuales de evasión fiscal pagamos el sistema sanitario, sentenció.

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