martes, 17 de abril de 2012

Colombia: Obstáculos a la paz

Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)

El reconocimiento de la existencia del conflicto armado en Colombia es en realidad el único gesto de las autoridades hacia el movimiento guerrillero, el que a su vez ha respondido con algunas decisiones que bien podrían justificar acciones más claras por parte de Santos si es que existe la voluntad política para alcanzar la paz.

Cuando el poco dinamismo del proceso produce desaliento en los amigos de la paz se sugiere la existencia de contactos (muy discretos) entre gobierno y guerrilla y se explica el duro lenguaje oficial como parte inevitable de la escenificación, normal en estos casos. Tampoco faltan los muchos que apenas creen en el discurso oficial, enfatizan en el mantenimiento de la estrategia de gobiernos anteriores y piensan que - como en otras ocasiones - las autoridades tan solo están realizando una nueva jugada política para ganar tiempo puesto que en el seno de la clase dominante no existe un propósito serio de terminar la guerra y sobre todo de aceptar que se afecten sus intereses en una hipotética negociación con la guerrilla.

La propuesta guerrillera sorprende por el nivel intelectual de su lenguaje y la dimensión reformista de sus reivindicaciones (todas ellas admisibles dentro de un capitalismo democrático); y sorprende porque contrasta con la imagen de criminales irredentos que han creado de los insurgentes éste y anteriores gobiernos; la misma que han difundido generosamente los medios de comunicación nacionales y extranjeros, mientras se produce al mismo tiempo el desgaste de la imagen del país como una democracia sólida y respetuosa de los derechos humanos. Sobre todo debido a la corrupción generalizada y a la guerra sucia durante la administración de Uribe Vélez, una herencia de la cual Santos no logra desprenderse.

Los gestos que el gobierno exige a la guerrilla como condición para iniciar los diálogos de paz han sido parcialmente satisfechos por el movimiento guerrillero sin que hasta el momento se sepa de alguna iniciativa oficial en la misma dirección. Es comprensible que las autoridades eleven en extremo sus exigencias a los rebeldes, tanto como que éstos hagan lo propio. Desde esta perspectiva y dada la actual correlación de fuerzas la guerrilla no puede esperar que Santos haga la revolución que ellos ansían. Pero, por parte del gobierno, exigir sin más la rendición de los insurgentes no solo es irreal sino que afianza el convencimiento de quienes no creen que existan condiciones para alcanzar las reformas mediante la negociación; ni siquiera para que la clase dominante permita competir lealmente con ella en el marco de su propia legalidad. El exterminio de la UP no se olvida.

Todos los gobiernos han aceptado al menos formalmente la posibilidad de hacer la paz con las guerrillas, pero a partir de su rendición en toda regla. Sin embargo, si las fuerzas armadas oficiales no son capaces de ganar la guerra ni ahora ni en un plazo previsible, solo una guerrillera muy debilitada o extremadamente ingenua estaría dispuesta a firmar su rendición. Y éste, evidentemente, no es el caso de la guerrilla colombiana. Si el gobierno persiste en la estrategia de siempre el único escenario posible es la prolongación del conflicto.

En realidad, el actual mandatario enfrenta el mismo dilema de sus antecesores en el cargo: aunque las reivindicaciones guerrilleras no son en principio incompatibles con el sistema capitalista, sus exigencias si constituyen un serio obstáculo en la medida en que afectan los intereses de las capas dominantes que monopolizan riqueza y poder. Más que las declaraciones altisonantes de Uribe Vélez y sus partidarios que llaman “traidor” a Santos y denuncian una especie de agenda secreta mediante la cual el actual gobierno estaría abriendo las puertas a un triunfo de los subversivos, al actual presidente se le oponen muy poderosos grupos de intereses a los cuales está supeditado. Su actitud prepotente frente a la guerrilla se convierte en estéril lamento frente a los verdaderos dueños del país, a los que se debe.

Las airadas reacciones del gremio ganadero por ejemplo, coinciden con el recrudecimiento de la violencia contra los campesinos, en particular contra aquellos que se beneficiarían de la llamada “ley de tierras” de Santos que devolvería tierras a los desplazados. A pesar de sus muchas limitaciones - una norma vista por algunos como simple demagogia del ejecutivo- la reacción de los grandes terratenientes (tradicionales y modernos) no se ha hecho esperar. Si ante una medida de tan cortos alcances se recurre de nuevo a la violencia cruda, ¿qué ocurriría si Santos afecta de veras la propiedad rural?. Seguramente que la violencia alcanzaría entonces los mismos niveles de horror que siempre han generado el levantamiento defensivo de los campesinos mediante la lucha guerrillera.

Tampoco existe un respaldo claro a las propuesta de paz de Santos por parte de la gran empresa - nacional y extranjera- tan beneficiada del exterminio del sindicalismo (el asesinato de miles de dirigentes a manos de fuerzas oficiales y paramilitares, tal como lo registra la OIT). Es dudoso que los grandes empresarios vean con buenos ojos una mesa de negociación en la cual tengan asiento las organizaciones sindicales exigiendo, por ejemplo, una revisión a fondo de la legislación laboral.

Ni antes ni ahora un proceso de paz despierta el alborozo de los militares. Es posible que algunos oficiales y tropas vean con alivio el fin del conflicto pues son ellos quienes van al campo de batalla y exponen sus vidas. Pero nada indica que la alta oficialidad tenga especiales urgencias en poner fin a un conflicto que para las fuerzas armadas supone una tajada monumental del gasto público. Si es cierto además, que al menos una parte de los altos mandos militares se han convertido a su vez (como sucedió en Centro América) en grandes hacendados, se comprende el nerviosismo de muchos cuyas propiedades podrían ser afectadas por un proceso de paz que investigue el origen de las mismas. Además, esclarecer la violación masiva de los derechos humanos en una negociación del conflicto armado mediante limitaciones claras al llamado “fuero militar” (que les asegura casi total impunidad) despierta enormes inquietudes en los cuarteles. Y no les faltan razones para ello.

Los nunca desaparecidos paramilitares tienen el respaldo social de sectores de la clase dominante y cuentan con la complicidad de funcionarios civiles y militares a todos los niveles. Pero si existe voluntad política y, ante todo, si el ejecutivo tiene de su parte a las fuerzas armadas y de policía, su desmantelamiento es posible. Los paramilitares son la expresión más genuina de la práctica tradicional de la burguesía colombiana de asegurarse el dominio mediante el terror; una forma muy primitiva de afianzamiento de la hegemonía que nunca les reporta legitimidad y por ende convierte su democracia en una farsa sangrienta.

Tanto paramilitares como narcotraficantes resultan sobradamente conocidos. Tienen una manifiesta y consolidada presencia social, económica y política y en buena medida no son un secreto para nadie. Pero la inveterada hipocresía de la clase dominante del país le permite aparentar su completa inocencia en el surgimiento, desarrollo y consolidación de estas formas mafiosas que tantos servicios han prestado al sistema en las últimas décadas. Como aprendices de brujo, ahora tienen la necesidad imperiosa de meter en cintura a los monstruos creados al calor de la “libertad” neoliberal, el debilitamiento del estado y la filosofía perversa de la guerra sucia. No es fácil someter a la extrema derecha y renunciar a la violencia como respuesta sistemática, pero sería un gesto decisivo del gobierno: cancelar su manera particular de “utilizar todas las formas de lucha” ateniéndose de forma incuestionable a las reglas del juego democrático. Hacer lo mismo que le piden a la guerrilla.

Y claro, está el obstáculo de la embajada de marras para la cual poner fin a la guerra contraviene grandes intereses estratégicos. Un hueso duro de roer, aunque no imposible de neutralizar. Los tiempos han cambiado favorablemente.

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Perú: ¿Guerrilleros o bandoleros?

Luis Arce Borja (especial para ARGENPRESS.info)
La guerrilla de Sendero Luminoso, antes de la traición de sus dirigentes en 1993, atacaba los grupos de poder. Buscaba el apoyo del pueblo para luchar contra la mafia del Estado. Su combate era contra las hordas militares y los paramilitares. Ahora los retazos de Sendero Luminoso ya no significan ningún peligro ideológico, militar y político contra el Estado. Su actividad se confunde entre el bandolerismo y acciones coordinadas con el gobierno y las fuerzas armadas.

Así hace algunas semanas Sendero secuestró a 40 trabajadores, no para salvarlos de la explotación y la miseria, sino más bien para facilitar la militarización del Perú y preparar la ofensiva represiva que el gobierno de Ollanta Humala alista para someter la creciente protesta popular, en particular en las regiones mineras como en Cajamarca. Ningún grupo revolucionario atenta contra los trabajadores. Los blancos de la acción guerrillera son los enemigos del pueblo, y aquellos que abiertamente o en forma oculta sirven a los intereses de los grupos de poder y el imperialismo. Una organización revolucionaria no puede cumplir su objetivo estratégico de liberación atacando al pueblo, y menos a los trabajadores.
El 9 de abril una “columna de Sendero Luminoso” secuestró a 40 obreros del consorcio Camisea, una transnacional que explota en el Cusco una gigantesca mina de gas (el mismo día del secuestro fueron liberados 4 de los rehenes). El consorcio Camisea es de propiedad del grupo Pluspetrol una de las mas grandes empresas productora de petróleo y gas de los Estados Unidos. Esta transnacional tiene ramificaciones en Argentina, Bolivia, Venezuela, Chile Colombia y en el África El ataque de los “guerrilleros” fue en el distrito de Echarate (La Convención) y como dijo la policía peruana en la acción participaron 60 “guerrilleros” encapuchados divididos en dos columnas.
El sábado 14 de abril (después de 6 días de cautiverios) los 36 trabajadores en manos de los “senderistas” fueron liberados voluntariamente por su captores. Caminando libremente llegaron a las 11 de la mañana al pueblo de Chuanquiri (Cusco). Uno de los trabajadores dijo: “Nosotros hemos caminado desde las tres y media de la mañana (…) Nosotros fuimos liberados voluntariamente, no queremos que las Fuerzas Armadas digan otra historia”. Si el gobierno pagó o no los 10 millones de dólares como rescate que exigían los secuestradores, es por el momento una historia controvertida que nadie conoce a ciencia cierta. El saldo de esta acción fue la muerte de tres miembros de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) y dos secuestradores que fueron muertos en un enfrentamiento posterior a la liberación.
El mismo día de la libertad de los trabajadores, Ollanta Humala desde Cartagena (Colombia) manifestó en tono triunfante: “lo importante es que hoy hemos ganado, ha sido una operación impecable, en la cual se ha logrado rescatar a costo cero, sin ningún tipo de negociación, porque no lo hemos permitido”. Las operaciones de rescate, dijo, “han dejado nuevos héroes. Manifestando que el “PUEBLO PERUANO DEBE AHORA REFORZAR SU CONFIANZA EN LOS MILITARES Y POLICÍAS que, pese a los problemas que atraviesan, son capaces de obtener logros importantes ante situaciones de emergencia como las vividas con este secuestro”.
De esta manera, el actual presidente peruano, que ya tiene varios ciudadanos asesinados a su cuenta aparece como una replica de los héroes de la época de Alberto Fujimori. En lo que va del periodo del gobierno Ollanta Humala las fuerzas policiales están actuando de la misma forma que lo hicieron durante los más violentos regimenes anteriores. En diciembre pasado en cañete (sur del Perú) la policía mato a un poblador cuando este manifestaba contra el gobierno. El 14 de marzo en Madre de Dios las fuerzas represivas por orden del gobierno reprimieron una manifestación en la que murieron 3 manifestantes. El mismo mes de marzo, en Sechura (norte del país), fueron asesinados dos pobladores que manifestaban contra el gobierno.
El 14 de abril Humala llegó a Lima desde Colombia. Se puso su uniforme de comando militar y con un sequito de altos militares se dirigió al lugar de la acción senderista (Cusco). Desde ahí anuncio que el operativo militar-policial “Libertad” prosigue en su segunda etapa, la cual implica la captura y entrega a la justicia de los “narcoterroristas” que secuestraron a los 36 trabajadores del Consorcio Camisea. El presidente peruano aprovechó el momento para acusar a los anteriores gobiernos de haber tenido la mano blanda contra la subversión. Dijo también que su gobierno no permitirá la vigencia de “ideologías insanas. “En el Perú no aceptamos chantajes de nadie; y menos de criminales terroristas y secuestradores”, advirtió.
En el circo triunfalista del gobierno, participaron todos los grupos políticos de la derecha y la “izquierda”. No hubo un solo partido del medio oficial que se quedara sin elogiar al presidente y a las fuerzas armadas. Hasta el reaccionario cardenal Luis Cipriani, utilizo su homilía radial para manifestar su apoyo y reconocimiento a la Policía y las Fuerzas Armadas, pidiendo “orar por los valerosos policías que han arriesgado su vida a fin de lograr la liberación de los secuestrados”. El cardenal, aprovecho el “triunfo militar contra el terrorismo”, para defender a los militares criminales del comando Chavin de Huantar (los asesinos de los militantes capturados del MRTA en abril de 1997). Cipriani, dijo que era “inaceptable” que se haya querido “ensuciar” con juicios y demandas la acción heroica que significó la liberación de los rehenes de la Embajada de Japón”.
¿Quién gana con la “acción guerrillera”?.
Ollanta Humala desde el inicio de su gobierno ha optado por la militarización del país. Sigue el ejemplo de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. No es casual que tanto el actual presidente de la Republica así como su primer ministro provengan de las corruptas fuerzas armadas. El plan de Ollanta Humala, es semejante al gobierno fujimorista, cogobernar con las fuerzas armadas. En este objetivo la imposición de una dictadura civil-militar avanza a la misma velocidad que las explosiones y protestas sociales. El gobierno defiende ciegamente los intereses de las grandes transnacionales, sobre todo aquellas instaladas en regiones estratégicas de extracción de minerales.
Para la militarización del país resulta importantísimo la “acción” fabricada o no, de una guerrilla que no es ningún peligro para el Estado, pero que si sirve para fabricar héroes en las fuerzas armadas y fuerzas policiales. Esa guerrilla de cartón, negociadora, vandálica, sin ningún plan ni estrategia de poder, será el elemento justificador de leyes de excepción (regiones de emergencia bajo autoridad militar), militarización de las movilizaciones populares, diabolización de los dirigentes sindicales y populares opositores del gobierno, y aumento del presupuesto (millonario gasto del Estado) para los gastos de las fuerzas armadas. Un ejemplo de avanzada en la militarización de la protesta popular es el actual conflicto del pueblo de Cajamarca contra la transnacional Yanacocha (norteamericana). Este pueblo está luchando contra el proyecto Conga de explotación de oro cuyo resultado depredador será la exterminación de fuentes de agua vitales para la población, la agricultura y la ganadería. Para preparar una ofensiva represiva contra el pueblo de Cajamarca, Ollanta Humala Humala acaba de trasladar a Cajamarca más de 1,500 soldados y policías. Junto a ello, la prensa peruana ha lanzado una campaña de desinformación y manipulación contra los dirigentes de estas movilizaciones. Ellos son presentados como “infiltrados subversivos”, “terroristas” y “anti democráticos”.
En otro rubro político donde gana el gobierno con la acción de la guerrilla bandolera es en la renovación de la imagen de las fuerzas armadas. Por ello no ha sido casual que el mismo Ollanta Humala, no haya dejado de hablar de los héroes y valerosos militares y policías que han rescatado con el sacrificio de sus vidas a los 36 trabajadores secuestrados por Sendero Luminoso. Como se conoce los trabajadores fueron liberados voluntariamente por su captores. Así, se pretende entregar una nueva y renovada cara exterior de los militares. Hay que recordar que durante 1990-2000 las fuerzas armadas cogobernaron con el mafioso y criminal Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos (ambos en prisión). En este periodo los militares cometieron los más abominables crímenes contra la población, se implicaron en inmensos robos, en contrabando, en coimas y en el narcotráfico internacional. Ello hizo que el pueblo sienta temor, odio y desprecio por todo aquel que portara un uniforme militar.
Si en verdad existiera en Perú un grupo armado revolucionario, fuerte, vigoroso y de clara línea estratégica de poder, las cosas ocurrirían de diferentes maneras. La lucha armada seria para debilitar al gobierno de turno y no para contribuir en sus planes reaccionarios y antipopulares. Una guerrilla revolucionaria, tiene la obligación de ejecutar sus acciones militares en función del poder y ello se desarrolla en combinación con tareas para ganar las masas populares, principalmente los asalariados. Una guerrilla que hace “acciones militares” para la filmación de programas televisivos, radiales o de la prensa escrita o para suplicar un acuerdo de paz con el Estado, es simplemente, una guerrilla de pobres diablos, una caricatura de revolucionarios.

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YPF-Repsol y la guerra de los tahúres

Carlos Abel Suárez - María Julia Bertomeu - G. Buster - Antoni Domènech (SINPERMISO)

El fracaso y las contradicciones de la estrategia empresarial de "argentinización" de YPF, que hacen que Repsol no sea capaz de asumir financieramente la puesta en explotación de las reservas de hidrocarburos de la zona de Vaca Muerta, plantean en toda su crudeza las exigencias del autoabastecimiento energético sostenible de Argentina.

En un ambiente determinado por la creciente competencia en el mercado global de gas y petróleo, por los límites empresariales de Repsol y por la política de nacionalización parcial emprendida por el gobierno argentino de Cristina Fernández, el gobierno español de Mariano Rajoy amaga con un rumbo diplomático de choque. Testimonium paupertatis donde los haya de la "marca España", el choque no puede menos que afectar al conjunto de las inversiones españolas en América Latina y retroalimentar el hundimiento de la confianza de los "mercados" en un Reino de España intervenido de facto por la UE, en plena crisis de su deuda soberana.
Un poco de historia: YPF y el sueño de un desarrollismo endógeno argentino
YPF fue para los argentinos algo más que la principal empresa nacional y un símbolo de soberanía en materia de explotación de hidrocarburos. Como bien señaló Gustavo Callejas (ex secretario de Combustibles y animador junto a Fernando "Pino" Solanas y Félix Herrero del Grupo Moreno que dio una batalla consecuente contra las privatizaciones), la renta petrolera permitió en Argentina crear, desde 1934 hasta 1989, toda la infraestructura vial nacional y provincial, construir la red troncal y expandir las redes domiciliarias de gas. Esos fondos fueron también determinantes para la construcción de todas las represas hidroeléctricas, aportaron a las cajas de previsión y financiaron a otras empresas del Estado. YPF creó pueblos, escuelas técnicas, redes de comunicación. Hasta su privatización, se contabilizaban reservas de gas para 36 años y de petróleo, para 23 años. Pero desde 1989 no se construyó un solo gasoducto o poliducto destinado al mercado interno. Ahora nadie sabe con certeza cuáles son las reservas argentinas de petróleo y de gas. Durante el gobierno de Menem, se construyeron gasoductos para exportar gas a Chile, un gran negocio para las transnacionales, mientras el 40 por ciento de los hogares argentinos carecían de él.
En esa historia tan intensa de YPF, y todo lo que ha significado para la política energética del país, no estuvieron ausentes los intentos de vaciamiento o liquidación, que finalmente tuvieron éxito en los años ´90.
El mismísimo general Perón, en su segundo mandato y frente a las dificultades que se advertían en la economía mundial tras el fin de la guerra de Corea, apuntó a un acuerdo con una de las Siete Hermanas, a la que ofreció un contrato de explotación de los yacimientos de la Patagonia, considerada ya entonces la región más prometedora en cuanto a reservas estimadas. Pese disponer de una mayoría absoluta en el Congreso, una parte de los diputados peronistas enfrentó a su jefe, una confrontación que fue finalmente interrumpida por el golpe de 1955 que derrocó a Perón.
Luego vino Arturo Frondizi, que había transitado toda su vida política agitando la defensa del petróleo como una herramienta estratégica para el desarrollo nacional, pero que al llegar al gobierno en 1958 dio un giro de 180 grados, haciendo todo lo contrario de lo prometido en campaña. Para imponer su plan de concesiones, tuvo que derrotar una huelga general de los trabajadores petroleros, movilizándolos con el Ejército, y aplicando el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado). La Federación de los petroleros, dirigida entonces por combativos dirigentes como Marcelo Alvarado y Ricardo Frigerio (nada que ver con Rogelio Frigerio, ideólogo y uno de los hombres más cercanos a Frondizi), pudo sostener la huelga en algunas zonas, aun desde la clandestinidad o movilizados militarmente. Entre los trabajadores petroleros se recordaba por décadas la hazaña de la destilería de Luján de Cuyo, que estuvo paralizada más de un mes después de que el movimiento a escala nacional hubiera sido derrotado. Ni los técnicos italianos, que la habían construido y puesto en marcha -y a los que trajeron para quebrar la huelga-, pudieron vencer la resistencia y sabotaje de los trabajadores y poner en funcionamiento la planta.
Finalmente, los contratos de Frondizi fueron anulados por Arturo Illia, en un nuevo intento de restablecer el carácter estratégico de YPF en el sector energético, lo que duró hasta el golpe militar de Juan Carlos Onganía (1966). En el breve período de Cámpora-Perón de 1973-1974, con José Gelbard al frente de la Economía, otra vez se intentó corregir el rumbo. Durante la Dictadura Militar de 1976-1983, YPF fue un botín de guerra codiciado por los mandos castrenses y sus socios empresarios y tecnócratas, como plataforma de grandes operaciones financieras y negociados. La patria contratista, que había nacido con Onganía en 1966, vivía con la dictadura de Videla su momento de gloria. Entre las operaciones financieras se computaron el apalancamiento de préstamos para la compra de armamentos y otros mercadeos conexos, que dejaban grandes comisiones, de las que participaban eufóricos los nuevos ricos de la "patria contratista".
Vaciamiento y privatización irregular de YPF
Como una muestra de las grandes paradojas de la historia política argentina, fue un abogado peronista riojano, un personaje distinguido en ese tiempo por su facha Siglo XIX -cara chiquita entre el paréntesis de la melena y unas enormes patillas- quien denunció en 1982, ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 3, de la Capital Federal (Expediente 41.545), el endeudamiento fraudulento y vaciamiento de YPF cometido por el régimen militar ya agonizante.
Pero esa no sería la última de las paradojas, casi una comedia de enredos, si no fuese por la tragedia que siempre acompañó a esas prácticas políticas. Precisamente es el mismo Menem quien, al asumir el gobierno en 1989, renuncia al discurso de campaña, en una versión aumentada y corregida de la voltereta de Frondizi, para asumir plenamente la política económica neoliberal. Esta vez, la hiperinflación, el contexto internacional y el pasado todavía latente del terrorismo de Estado, contribuyeron a que se lograra destruir todo plan energético nacional. Sin embargo, esos vientos, con toda su fuerza, no eran suficientemente destructivos por sí solos. Había que quebrar a los trabajadores de las empresas públicas de energía y de servicios públicos.
Se concibió para ello una estrategia muy eficaz, tejida de complicidades y maniobras. Uno de los instrumentos fue el programa de propiedad participada (PPP), por el que los trabajadores supuestamente se quedaban con el 10 por ciento de las acciones: unas acciones que, en realidad, iban a manejar los dirigentes sindicales corruptos en cumplida connivencia con los empresarios, los bancos y el ministerio de Economía dirigido por Domingo Cavallo. Otro de los medios fue el reparto de las satrapías entre los gobernadores de las provincias petroleras, virtuales señores feudales con una participación decisiva en el negocio petrolero. El "chamullo" técnico, por usar lenguaje tanguero, fue que el petróleo y el gas ya no eran más recursos naturales estratégicos, sino que, a causa de la "globalización", del "fin de los Estados-nación (sic)", etc., etc., eran bienes transables, commodities, con un comportamiento en el mercado igual que el maíz, el café, la soja, el azúcar, etc. Un concepto que no resistió la menor prueba, ya que apenas se dio vuelta la página, continuaron por doquiera las guerras geopolíticas por el dominio de las regiones ricas en hidrocarburos.
Consumada la privatización, la nómina de personal de YPF pasó de 37.000 a 5.500 trabajadores. Numerosas actividades fueron o tercerizadas o desguazadas. Entre ellas, la poderosa flota petrolera de la empresa estatal. Varias de esas naves fueron vendidas, entre los amigos, sin registros contables; y a muchas, se las puede hoy ver abandonadas en cementerios flotantes sobre el río Paraná. Con todo descaro, algunas de las empresas contratistas que manejan resortes fundamentales de la operatoria de YPF figuran con domicilio legal en la sede de la Federación del SUPE, el mismo edificio que en 1958 ocupaban aquellos luchadores infatigables –tan penetrados de consciencia de clase— elegidos por el voto libre de sus afiliados y que murieron casi en la pobreza.
Todo este proceso de privatización de YPF estuvo viciado de ilegalidad desde su origen. Entre las numerosas denuncias formuladas en los tribunales, con el patrocinio del ex juez Salvador María Lozada, Pino Solanas presentó en su momento un recurso de inconstitucionalidad muy bien fundamentado. La respuesta fue un atentado: nueve balazos en una plaza de estacionamiento; varios tiros que, afortunadamente, sólo encontraron sus piernas, ya fuese por milagro o porque en realidad quienes dispararon eran sicarios profesionales que sólo tenían ordenes de intimidar.
Dada la muchedumbre de antecedentes irregulares de la privatización de YPF y del gas (hasta el punto de que se llamó a la bancada parlamentaria a un diputado "trucho", a fin alcanzar el número necesario de votos), resulta ahora cuando menos jocoso escuchar las apelaciones a la "seguridad jurídica". Entre otras aberraciones legales o procedimentales, YPF fue vendida sin tasación previa, según prescribía la Ley de Reforma del Estado diseñada a propósito por el "genio" jurídico de las privatizaciones, Roberto Dromi, ahora rehabilitado como asesor del ministro de Planificación, Julio de Vido, y –¡oh ironía de las ironías!— posible director técnico de la ahora pretendida renacionalización.
La gestión de REPSOL
Al asumir la presidencia Néstor Kirchner, en 2003, la relación con Repsol pasaba por buenos momentos. Como gobernador de una provincia petrolera, Kirchner había tenido un protagonismo relevante en el proceso de privatización del petróleo y del gas y luego en la negociación y la venta del paquete a Repsol. Así pues, las relaciones con los directivos de la empresa española iban por buen camino.
Sin embargo, tras el colapso del régimen de convertibilidad, la pesificación y el default (suspensión de pagos), el campo de las negociaciones con las empresas privatizadas o de servicios públicos concesionados estaba minado. En noviembre de 2003, nuestro amigo Rubén Lo Vuolo, advertía:
"Es indispensable realizar una estricta auditoría sobre las reservas comprobadas, tanto en el campo del petróleo como del gas, y establecer restricciones a la relación entre las exportaciones y las reservas. La prioridad es el normal abastecimiento del mercado interno a precios que sustenten las necesidades de la matriz insumo-producto local. Esto obliga a revisar criterios de libre exportación de petróleo, gas natural y derivados, como así también las exigencias en materia de explotación. Antes de exportar, las empresas deberían mostrar evidencias ciertas con respecto a un horizonte de duración de las reservas comprobadas que no sea inferior a los 10-15 años, como así también sería necesario establecer que las empresas productoras de gas y petróleo destinen un porcentaje de sus inversiones a actividades de exploración, con independencia de la duración de las reservas comprobadas de sus yacimientos". (1)
Nada de eso se hizo. Las petroleras siguieron funcionando como en los años 90. Y cuando se impusieron restricciones a la liquidación en el país de las divisas por exportaciones, las petroleras y las mineras fueron exceptuadas. Los gobernadores, a su vez, otorgaron escandalosas prórrogas para la explotación de importantes yacimientos, anticipándose 20 años algunas a la fecha de su vencimiento, cuando la ley establece que, para renovar una concesión, se tiene que evaluar la conducta y desempeño de la empresa en las últimas décadas. Un verdadero grotesco. Quien sabe algo de los negocios financieros, puede imaginar fácilmente las consecuencias que trae en los mercados de valores el hecho de que a una petrolera se le renueve la concesión de un área productiva por 20 años.
Desinversión o vaciamiento de YPF
Las compañías mineras y petroleras han gozado de privilegios especiales, no sólo por el diseño y estructura de las privatizaciones, acordes con el modelo "neocon" de los años 90, sino porque el marco regulatorio es absolutamente permisivo. Por ejemplo, aun en los casos comprobados de daño al medio ambiente, las concesionarias no han tenido siquiera que pagar el valor de la reparación del año ocasionado. Tampoco se ha planteado la obligación legal de reformular la operatoria para evitar futuros accidentes. Simplemente, cuando han sido sancionadas, las compañías extractoras se han limitado al pago de una multa, que es siempre infinitamente más barato que un procedimiento ambientalmente sustentable.
Tanto Alfonso Cortina como Antonio Brufau, principales directivos de Repsol desde la compra de YPF, han estado al corriente de estas historias. No podían ignorar que más temprano que tarde, por la forma de conducir el negocio, iban a un choque de trenes con el gobierno argentino, más allá de las voluntades individuales.
El crecimiento sostenido de la economía argentina de los últimos años, con el correspondiente incremento del parque automotor, disparó la demanda de combustibles y gas (fuel, gas y gasoil para la industria y el agro), factor al que han de agregarse los coletazos de la crisis mundial, que han tenido gran impacto en la cuenta de los hidrocarburos. En un curioso negocio publicitado como el "proceso de argentinización" de YPF, Repsol había aceptado la venta del 25,4% de las acciones, por un valor de 1.304 millones de dólares, al Grupo Petersen del banquero argentino Eskenazi, un antiguo conocido de Néstor Kirchner totalmente extraño al negocio petrolero. Repsol sacó a sus principales hombres de Buenos Aires, y cedió de inmediato la dirección de la empresa a los nuevos socios. Unos socios que, conforme a la ingeniería financiera aprobada por Repsol y el gobierno argentino, ponían un dólar al contado y cancelarían su deuda con los mismos beneficios o utilidades generados por la compañía en el futuro.
O sea –y es crucial entender bien este punto—, que para recuperar el crédito lo antes posible, era fundamental aumentar los beneficios y disminuir la inversión, pero en un contexto totalmente diferente y adverso. Lo cierto es que, dada la moratoria hasta 2013 acordada a los créditos a Eskenazi, Repsol no ha recibido aún ni intereses ni principal, estando, en cambio, obligada a recomprar ese paquete de acciones de YPF (25,46%) a 34 dólares la acción, si pierde el control mayoritario de la compañía argentina –en el mercado bursátil cotizaban el 13 de abril a 21,95 dólares— o disminuyen los beneficios o utilidades repartidos.
Este proceso esta muy bien descrito en un reciente trabajo del colectivo argentino Economistas de Izquierda (EDI):
"Repsol se apoderó de YPF cuando el barril que actualmente ronda los 100 dólares sólo costaba 20 y dedicó su gestión a vaciar los pozos ya descubiertos. Giró sistemáticamente utilidades al exterior e invirtió en otras regiones (EEUU, Brasil, México, Caribe, África). Argentina figuró siempre como la principal fuente de ingresos de la compañía y la renta del subsuelo nacional fue destinada a abrir negocios en otras latitudes.
En sus propios balances se informa que esos lucros surgieron del vaciamiento de los pozos ya existentes. Esa extracción aseguró un altísimo nivel de rentabilidad. Sólo en el período 2008-2010 la empresa obtuvo beneficios netos por 13.380 millones de pesos y distribuyó el 90 % de esas ganancias.
"Un fraude complementario fue perpetrado por los capitalistas argentinos aliados del gobierno (familia Eskenazi). Ingresaron a la compañía adquiriendo el 25 % de las acciones, con fondos surgidos de la distribución de las utilidades. No pusieron un solo peso y financiaron su compra con créditos solventados en el vaciamiento de la empresa.
"El gobierno participó directamente de esta operación. Destrabó obstáculos legales y sancionó ajustes de precios en los surtidores. Supuso que esta "argentinización" permitiría recuperar el control sobre un sector devastado por las privatizaciones. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, puesto que los empresarios nacionales acentuaron el parasitismo de los ibéricos.
En los últimos meses este desastre comenzó a repercutir sobre la economía y obligó al gobierno a presionar por un incremento del abastecimiento. El oficialismo se enojó con sus viejos socios, quitó subsidios a las empresas (programas petróleo, refino y gas plus), denunció sobreprecios en el gasoil, cuestionó prácticas monopólicas (vender más caro a los transportistas que en los surtidores) y obligó a liquidar las divisas de exportación. Además, votó en el directorio de YPF contra el reparto de dividendos, amenazó con introducir fuertes regulaciones y desplegó una retórica muy beligerante ("no podemos volver a la época del Virreinato")". (2)
El desencadenante de la crisis y el juego del gallina
En diciembre de 2010, la compañía Ryder Scott certificó la existencia de reservas de gas y petróleo no convencionales equivalentes a 22.807 millones de barriles en la zona de Vaca Muerta, entre las provincias de Neuquén y Mendoza. Su explotación convertiría a la Argentina en autosuficiente y triplicaría las reservas conocidas del país. YPF, que produce el 39% del petróleo y el 28% del gas argentinos, ve con esta certificación de su concesión de Vaca Muerta aumentar su valor bursátil y su importancia estratégica.
Al mismo tiempo, huelga decirlo, pone directamente en cuestión las fórmulas y expectativas que estaban detrás de la "argentinizacion de YPF" en un mercado global de fuerte competencia por las reservas de hidrocarburos, exacerbada por la irrupción de las compañías petroleras chinas. La puesta en explotación de Vacas Muertas exige una inversión en los próximos años de 25.000 millones de dólares, mientras que el plan inversor comprometido por Brufau en carta a la Presidenta Cristina Fernandez es de 3.416 millones de dólares en 2012, después de 3.029 millones en 2011. La reinversión de beneficios de YPF esta limitada por el acuerdo con el Grupo Petersen, que establece que se repartirá en un 90% para asegurar el pago de los créditos otorgados por Repsol para la compra de su paquete de acciones de YPF. Las cifras, simplemente, no cuadran, si la prioridad del gobierno argentino es el aumento de la producción y la autosuficiencia energética, independientemente de las comisiones implícitas en el proceso de nacionalización para controlar el 51% de las acciones de YPF (3).
Es evidente que a partir de enero de 2012 las autoridades argentinas han puesto en marcha su estrategia. La propiedad de las reservas es legalmente de los gobiernos provinciales, seis de los cuales han comenzado a retirar las licencias de explotación en zonas bajo su jurisdicción, acompañando este acto administrativo con las oportunas movilizaciones populares. El efecto inmediato ha sido una caída del valor bursátil de las acciones de YPF en más de un 30%, y sigue cayendo… Según el borrador del proyecto de nacionalización filtrado por el periódico Clarín, el gobierno argentino se haría con el 50,01% de las acciones de YPF con la compra del 25,46% de la familia Eskenazi y el 24,55% de Repsol, de un paquete mayoritario actual del 57,43% de la empresa española. A pesar de que cualquier adquisición por encima del 15% obliga a una OPA global sobre el conjunto de YPF, la estrategia del gobierno argentino es dejar de lado el 17% en manos de inversores institucionales, en una buena parte de EE UU, que sin duda encontrarían compradores interesados en el mercado, tal vez chinos.
Las idas y venidas de los negociadores españoles durante estas semanas, incluyendo los infructuosos viajes a Buenos Aires del ministro de industria Soria y del presidente de Repsol, Brufau –recibidos por los ministros argentinos de economía, Hérnan Lorenzino, y de planificación, Julio de Vido, pero no por la Presidenta Cristina Fernandez—, operan en un cronograma que se asemeja a lo que en teoría matemática de juegos se llama el "juego del gallina": un juego en el que ambos jugadores pueden destruirse, y gana, si alguno finalmente lo hace, el más temerario y con menor aversión al riesgo. En efecto: en 90 días, los gobiernos provinciales argentinos deberán asumir los sueldos de las plantillas y las perdidas de las regalías de YPF en sus magros presupuestos; mientras, el precio de las acciones de Repsol -no ya las de YPF- han cedido un 26% de su valor (de 23,73% a 17,47% euros) ante la perspectiva de la nacionalización de YPF, frente a una caída media de la bolsa de Madrid del 15%.
La convocatoria, la semana pasada, de una reunión de la Presidenta Cristina Fernández con los presidentes de los gobiernos provinciales petroleros despertó todas las alarmas en el Reino de España, mientras circulaban por los bufetes de abogados especializados hasta cuatro borradores distintos del proyecto de nacionalización de YPF. Desde Varsovia, adonde acompañaba a Mariano Rajoy, el ministro de industria Soria, hizo una advertencia, más sombría aún que puerilmente solemne, "ante los gestos de hostilidad", amenazando al gobierno argentino con "serias consecuencias". El secretario de Estado para Europa, Méndez de Vigo, auguró que Argentina se convertiría en un "apestado internacional". Al día siguiente, tras recibir al embajador argentino en Madrid, el ministro de exteriores García Margallo elevó ante las cámaras el tono de la amenaza, dedo en ristre, tronando todo tipo de represalias (4).
El juego del gallina continúa: la diplomacia de la "marca España", en acción
La crisis de YPF-Repsol pilla a la diplomacia española con el pie cambiado y sumida en sus contradicciones, tras la formación del conservador gobierno Rajoy en diciembre de 2011.
Las empresas españolas son el primer inversor extranjero en la República Argentina (23.000 millones de dólares) y suponen cerca de un 15% del PIB argentino. Al mismo tiempo, empero –y con mayor motivo, en la situación de crisis en España—, una parte importante de sus beneficios, del valor de sus acciones en bolsa y su misma naturaleza de empresas transnacionales depende de sus inversiones en América Latina, que a comienzos de este siglo superaban ya los 90.000 millones de dólares. Actualmente, las suyas suponen dos tercios de toda la inversión directa española en el exterior (5).
La reacción del gobierno Rajoy –en mitad de una semana entre negra y esperpéntica, en la que el diferencial de la deuda española superaba los 410 puntos y la bolsa se hundía por debajo de los 7.300 puntos, con los "mercados" rechazando los presupuestos y recortes del plan de ajuste, una delegación de la Comisión europea inspeccionando sus cuentas en Madrid y el Rey de España borboneando furtivamente en Bostuana— ha seguido en el tono de "enviar una señal de confianza a los mercados". Probablemente, con el mismo éxito para la "marca España" que el cosechado en lo tocante a la economía nacional.
La "señal" lanzada con la imperita cadena de destempladas amenazas de bajísima credibilidad, buscando más o menos erráticamente la alianza con México (que participa a través de Pemex como socio minoritario en Repsol) como presidente de turno del G-20, con la Comisión europea, con Colombia (como anfitriona estos días de la Cumbre de las Américas de Cartagena), o con los EE UU, muestra hasta qué punto la diplomacia española, tras el giro expresamente neoconservador de su política exterior, ha quedado aislada en América Latina. Una América Latina que se recupera de las "décadas perdidas" neoliberales, en las que las empresas transnacionales españolas hicieron su agosto en procesos de privatización más que dudosos, por decir lo menos. En ese proceso privatizador terminaron precisamente por constituirse como empresas transnacionales, y hoy tienen que competir no sólo con otras transnacionales de EE UU y Europa, sino de Brasil y China. Y tienen, además, que lidiar con los legítimos procesos de renacionalización y recuperación de soberanía iniciados por los gobiernos de los países del ALBA y, ahora, por el kichnerismo argentino. Y lo cierto es que, en esta situación de creciente competencia en un mercado globalizado, las empresas españolas, ni por su capacidad económica ni por el apoyo político con que cuentan, se hallan en las mejores condiciones competitivas.
Pero todo es susceptible de empeorar, y los elementales errores de estrategia diplomática son desde luego un factor de empeoramiento. El conflicto por el 24,55% de las acciones en juego de Repsol en YPF puede acabar afectando no solo al conjunto de la inversión española en Argentina, sino también en toda America Latina. El síndrome de la "seguridad jurídica" de la derecha española surge directamente de su experiencia traumática de la crisis argentina de 2001, cuando frente a la intervención de la banca española en Argentina, Aznar solo pudo recurrir a la presión de EE UU, ante la incapacidad de reacción de la UE: eso, y no otra cosa, es lo que propició el giro "atlantista" que desembocó en la foto de las Azores, la participación en la Guerra de Irak y la manifiesta displicencia hacia el núcleo de la "vieja Europa". Pues bien; esa interpretación aznariana de la defensa de los intereses de la "marca España" y de las empresas trasnacionales españolas en America Latina constituye ahora el núcleo de la nueva política exterior conservadora española, siempre bajo presión del propio Aznar y de su ideológicamente venenosa fundación FAES. De lo que se trataría, en substancia, es de una confrontación ideológica "sin complejos" con el "populismo", y a favor de la "libertad de mercado" y de la "democracia liberal" (6).
Más consciente de la tensión estructural subyacente en las inversiones españolas en América Latina, la diplomacia del anterior gobierno del PSOE buscó una estrategia de "acompañamiento" y adaptación a la nueva situación política surgida en la última década, multiplicando alianzas asimétricas con los países de la zona, apalancando políticamente las inversiones en una estrategia multilateral iberoamericana y gestionando los conflictos inevitables con una mayor presión hacia las empresas españolas para que cumpliesen con su "responsabilidad social corporativa", reinvirtiendo en la zona. Una estrategia que, al menos, y justo es decirlo, evitó en su día choques abiertos de Repsol con Ecuador, Bolivia y Venezuela.
Lo que, por el momento, parece primar ahora es la botaratada, y una escalada de amenazas que no puede sino alimentar la consabida espiral de endurecimiento de posiciones, en la República Argentina no menos que en el Reino de España. Ni que decir tiene que, en un marco de creciente debilidad del peso político español en la UE, la contaminación por "inseguridad jurídica" de las inversiones españolas en América Latina a causa de una mala gestión diplomática de la crisis de YPF-Repsol agravaría la crisis de confianza de la UE en el gobierno Rajoy, para no hablar de los dichosos "mercados".
NOTAS: (1) Lo Vuolo, R. (2003): Estrategia económica para la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI-Ciepp. (2) Claudio Katz, Eduardo Lucita, Jorge Marchini et al.(marzo 2012): Afloran los límites del modelo, Buenos Aires. Economistas de Izquierda (EDI) (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=147522). (3) Por supuesto, no faltan teorías conspirativas de todo tipo en la prensa española para explicar la posición argentina. Valga señalar una, que recoge el nuevo espíritu de "lucha de clases" de la derecha española, aparecida en el periódico digital El Confidencial: (http://www.elconfidencial.com/opinion/mientras-tanto/2012/04/15/la-pasionaria-argentina-y-su-cachorro-marxista-9047/). (4) http://www.cincodias.com/economia/videos/margallo-confia-dialogo-solucionar-conflicto-argentina/20120413cdscdseco_1/ (5) Ver Alfredo Arahuetes, "Las inversiones directas españolas en America Latina en el periodo 2001-2010", Anuario Iberoamericano 2011, (http://www.anuarioiberoamericano.es/pdf/2011/analisis/6_alfredo_arahuetes.pdf). 6) FAES, America Latina: una agenda de Libertad 2012, (http://www.fundacionfaes.org/record_file/filename/3304/AMERICA_LATINA_WEB.pdf) presentada recientemente, con un publico de opositores cubanos y venezolanos, en el mismo escenario en el que se quiere celebrar en octubre de este año la Cumbre Iberoamericana, dedicada a las Cortes de Cadiz de 1812.
María Julia Bertomeu (Buenos Aires), Carlos Abel Suárez (Buenos Aires) y Gustavo Búster (Madrid) son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso. Antoni Domènech (Barcelona) es el editor general.

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Argentina: “Después de una década de vaciamiento petrolero, los vaciadores anuncian un nuevo vaciamiento”

Declaración de Jorge Altamira ante diferentes medios de prensa en relación a la expropiación parcial de YPF por razones de “utilidad pública”.

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“Cristina de Kirchner anunció por cadena de medios que el objetivo primero de su llamada “recuperación de soberanía petrolera”, es cargar a la YPF parcialmente estatizada con la factura que representan las importaciones de energía, por 10 mil millones de dólares”. Se repite, prosiguió el ex candidato a Presidente por el Frente de Izquierda, el esquema con el cual el gobierno se ha acostumbrado a cubrir el déficit comercial y de pagos con el exterior: meter la mano en la Anses, el Pami, la Lotería, el Banco Nación y ahora la petrolera que se estatiza, con ese fin, en forma parcial”. De este modo, para Altamira, “el gobierno que promovió los giros de utilidades de Repsol por mucho más que sus utilidades declaradas, apela a un recurso de emergencia, que significa en la práctica otra operación de vaciamiento”. “La YPF de mayoría estatal es obligada ahora, insistió Altamira, a seguir la ruta del tarifazo, el camino que reclamaba precisamente Repsol para superar el déficit que genera la importación de gas y de petr
óleo pero que para ser impuesto parece necesario encubrirlo con la demagogia de la ‘soberanía’ “. La Presidenta dijo claramente, añadió Altamira, que lo que importa es tener el combustible - ¡no el precio!”.

Altamira se extendió largamente sobre esta pseudo estatización en los siguientes términos: “La pretensión del gobierno nacional de seguir el modelo de Petrobrás, cuyo capital se encuentra en manos de fondos anglo-norteamericanos por el 52% del valor accionario, nos devuelve al casillero Nª 1 de la privatización a cargo, en 1992, del fallecido ex presidente de YPF, Estenssoro. No estamos ante un proceso de ‘recuperación de soberanía’ sino de reafirmación de la privatización. Pero para llegar a esta re-privatización tardía, con gran parte del capital en la Bolsa, el gobierno K deberá compensar a precio de oro a los ‘expropiados’, pues de otro modo no logrará mantener la cotización de YPF en la Bolsa de Buenos Aires y Nueva York. YPF tiene un valor de libros de 3.8 mil millones de dólares (cambio paralelo), como consecuencia de un activo de 52 mil millones de pesos y un pasivo de 33 mil – lo que deja, para la mitad que posee Repsol, un valor de 1.9 mil millones dólares. El pulpo, sin embargo, reclama un valor d
e mercado de 12 mil millones de dólares, mientras que una investigación de daños ambientales y operaciones fraudulentas reduciría el valor efectivo de la empresa a cero, sin hablar del resarcimiento que el Estado argentino debería reclamar por las condiciones fraudulentas que rodearon la entrega de YPF a Repsol”.

“Desde el Partido Obrero, dijo Altamira, reclamamos la expropiación sin compensación de la totalidad de la empresa, con la reserva de resarcimiento para los pequeños tenedores de títulos, según emerja de una investigación apropiada”.

Altamira destacó que la expropiación establecida por el gobierno plantea un conflicto con los financistas de Repsol – los fondos internacionales que controlan el 75% de su capital accionario y los bancos accionistas como la Caixa de Cataluña y el BBVA, por lo cual advirtió, que “las negociaciones que se abren por la compensación a Repsol, según lo establece el proyecto de ley, podría terminar en una sangría enorme para las finanzas públicas”. Altamira denuncia, entonces, que la caja del gobierno para financiar esta compensación volvería a ser la Anses, el Banco Central y otros fondos del Estado. “La expropiación parcial de YPF se convierte así en una confiscación de contribuyentes y jubilados”.

Altamira subrayó la conexión entre Repsol y la banca y fondos de inversiones para establecer la conclusión de que ninguna renacionalización real de YPF es consecuente si no va acompañada de la nacionalización de la banca y, así, de la canalización del ahorro nacional hacia un gigantesco plan de inversión en energía.

La acción sobre YPF deja en pie el conjunto de la estructura privada del sector petrolero, en manos de grandes pulpos internacionales. La Presidenta dejó muy en claro que la expropiación parcial en términos privatistas apunta a relanzar la licitación internacional en las aguas del Atlántico Sur y para el yacimiento de gas no convencional Vaca Muerta, en Neuquén, los objetivos más codiciados del capital internacional. No es casual que haya rentado a su servicio al arquitecto de las privatizaciones menemistas, Roberto Dromi.

Para Altamira no es un detalle menor, sino muy significativo que la Presidenta concluyera su discurso con un ataque a los trabajadores de la línea 60, pues revela que la demagogia nacionalista engañosa está al servicio del ahogo de las luchas independientes de la clase obrera”.

Altamira remató estas extensas declaraciones con la reivindicación planteada por el Frente de Izquierda en las recientes elecciones, cuando fue el único que advirtió de forma sistemática el saqueo que estaba sufriendo el país: por la expropiación sin compensación de los pulpos de la energía y servicios, bajo control de los trabajadores.

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Claudio Lozano sobre los anuncios acerca de Repsol

Lozano definió como un paso positivo la reapropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF anunciada por la Presidenta, que permitirá al Estado nacional recuperar el control sobre una parte de la renta petrolera. Pero precisó que el anuncio presidencial no plantea la revisión de todas las concesiones de áreas de explotación y los niveles de cumplimiento de los términos de cada una de esas concesiones. Tampoco establece la necesaria derogación de los decretos desreguladores de la actividad dictados durante el menemismo, ni resuelve la falta de auditoría de las reservas petrolíferas del país.

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Tampoco está claro en el proyecto del Ejecutivo -destacó Lozano- cuáles son los criterios en función de los cuales se fijará un precio del paquete accionario de YPF. Por un lado, recordó al respecto que “una petrolera vale por sus reservas, que no están auditadas y que son propiedad del Estado nacional y provincial”. Por el otro, también puntualizó que “el 51 por ciento que hoy se adquiere no tiene el mismo valor que el 51 por ciento de la empresa que malvendió el menemismo, porque hoy YPF sólo da cuenta del 34 por ciento de la producción de petróleo del país, y del 22 por ciento de la producción de gas. Es decir que la mayor parte de la producción de los dos rubros quedaría desarrollándose en las mismas condiciones que hasta hoy”.

Para Lozano, y apenas como conclusiones de una primera y rápida lectura de los anuncios presidenciales que debe ser profundizada, uno de los aspectos positivos del proyecto presidencial consiste en la “explícita prohibición de venta de las acciones expropiadas si no se cuenta con la aprobación de las dos terceras partes de las dos cámaras del Congreso”.

Y como aspectos negativos registrados en esta revisión inmediata, resaltó que el artículo 15 del anunciado proyecto “sustrae a la sociedad mixta con participación mayoritaria estatal de los controles de organismos públicos como la Auditoría General de la Nación, AGN, o la Sindicatura Genenral de la Nación, SIGEN”. También, que el artículo 17 “permite asociaciones de definición muy laxa con empresas privadas nacionales y extranjeras”, lo que adquiere mayor gravedad por la falta de derogación de los decretos desregulatorios del menemismo”.

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YPF no es nuestra, pero tanta bandera envenena el aire

Jon Juanma (especial para ARGENPRESS.info)

“Hoy, el poder público viene a ser, pura y simplemente, el consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa.” Marx, Karl y Engels, Friedrich (Manifiesto Comunista, 1848).

Me importa una mierda YPF, España y Argentina. En mi DNI dice que soy ciudadano español y en mi pasaporte: europeo. Tanto me da, como si afirmaran que soy marciano o habitante de la Tierra Media. Sí me importan, en cambio, los españoles y los argentinos. Y me jode que se les quiera enfrentar por intereses extraños. Me importan los que trabajan. Me preocupan mucho aquellos que con el sudor de su frente y/o sus manos luchan para ganarse la vida. Aquellos que crean toda riqueza no heredada de la Naturaleza.

Me importan mucho todos ellos, sin preocuparme si en los papeles de turno afirman que "son" españoles, argentinos, brasileños, alemanes, nepaleses, chinos o mongoles. Mi corazón late con aquellos que deben esforzarse cada minuto de sus días para sobrevivir posibilitando que sus seres queridos amanezcan otro alba más, donde quizás y solo quizás, puedan respirar con el maravilloso cosquilleo de la esperanza. Aquellos que todavía sueñan que puede/debe existir un futuro mejor, aquellos que no pierden la fe en nuestra raza humana, para que algún día dejemos de ser monos con zapatos. Aquellos sí me importan, y mucho.

Me considero comunista, socialista y demócrata (radical). El orden es indiferente. Digo "radical" por la perversión que tiene la palabra "demócrata" cuando la emplean/prostituyen los dictadores de las finanzas y las deudas externas. Aquellos que no dejan de ser basura disfrazados con trajes y corbata, los que calcinan a los pueblos desde la tranquilidad de sus jacuzzies y sus hoteles de cinco estrellas. Ojalá bastase decir que soy demócrata y automáticamente el público entendiera que por ende también soy socialista y comunista. Pero vivimos en el mundo al revés, en la mistificación permanente y a veces, lo lógico debe hacer malabares para no aparecer frente a los ojos de las mayorías como un sinsentido, cuando no directamente una auténtica locura. Y esto no es solo culpa de los de arriba, los del hilo rojo tenemos nuestra responsabilidad, nuestras inmundicias históricas que los explotadores supieron aprovechar, y como les es inmanente: explotar1.

¿Y por qué digo todo esto? Ayer el gobierno del PP aparecía enunciando altivo, en sus medios cómplices, que el gobierno argentino está afectando los intereses de una empresa española (Repsol) por nacionalizar una parte de su filial argentina (YPF), asegurando que el hacerlo es como meterse con España y con todos los españoles. Yo les digo que mienten, calumnian y lo saben. Repsol es una compañía privatizada por el anterior gobierno del PP de Aznar e YPF por el gobierno argentino de Menem (ambos ex presidentes, amigos actuales). Paradójicamente, o no tanto, Menem era del mismo partido que es en la actualidad Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la República y debutante “naciolanizadora”2, que también votó a favor de la privatización por aquel entonces3). Y unos y otros siguen mintiendo denostando la profesión de los pocos políticos honestos que todavía quedan en el mundo. Su inmundicia les atora sus gargantas de humanos que juegan a ser muñecos de trapo al servicio de los grandes prestidigitadores. Políticos de la infrapolítica que destruyen cualquier vestigio de su humanidad malherida, encharcados en la hedionda miseria de los que limpian el culo, día tras día, a los magnates enriquecidos, o sea: a los ladrones y asesinos de guante blanco, dueños de armas (deudas externas) con silenciadores (medios de desinformación). A vosotros, gobierno del PP, gobierno de “patriotas” de pacotilla, os pregunto: ¿Cuando cientos de miles de familias españolas son expulsadas de sus casas porque a los bancos extranjeros les resultan más rentables fuera que dentro de sus hogares...es o no, también, meterse con los españoles? ¿Lo es cuando las multinacionales estadounidenses o alemanas radicadas en la Península echan a cientos de miles de trabajadores de sus puestos laborales? ¿Es o no meterse con los españoles cuando actualmente un 25% de los mismos que viven bajo esta Monarquía, donde reina un mata-elefantes, subsisten bajo el umbral de la pobreza mientras nuestro Estado sigue siendo una de las mayores economías de Europa?
¿Es o no meterse con los españoles pagar cada día más intereses a los compradores extranjeros de deuda mientras para pagarles se recortan salarios y se destruye todo lo público? ¿Es o no destruir nuestra sociedad permitir que las multinacionales farmacéuticas exijan la privatización de los hospitales públicos para que crezcan sus negocios mientras se deja morir a los pacientes menos rentables en sus casas?

Pero por otro lado, a mis hermanos argentinos les digo algo que muchos ya sabrán: el gobierno del estado argentino no es ni socialista ni revolucionario, ni nada que se le parezca, por mucho que honre y coloque cuadros del Che Guevara en algunas recepciones oficiales. Un Che que desde luego no estaría ni en su partido ni entre sus filas de corruptos, oportunistas y en el mejor de los casos posibles: reformistas. El gobierno argentino no hace la recuperación de accionariado de YPF por fortaleza propia sino por debilidad de las otras burguesías decadentes. ¿Por qué no expropian a los capitalistas argentinos, estadounidenses o brasileños? Kirchner y compañía son proburgueses, pero basan su modelo capitalista en un desarrollo regional-popular de cierto tipo obligado por las dinámicas históricas de acumulación de capital mundial y la propia presión interna de “sus” trabajadores argentinos que ya no soportan más el papel de habitantes de una semicolonia, como lo fue durante dos décadas la Argentina que ayudaba a aplastar a sus habitantes más empobrecidos con la ayuda de las ex metrópolis coloniales. Es por ello que exigen mejoras y ahora el gobierno Kirchner puede disfrutar redirigiendo una parte del plusvalor mundial que se extrae siempre, con toda la violencia capitalista, del robo de los trabajadores de aquellos países que viven justo por debajo del nivel medio mundial de explotación.

El sistema capitalista internacional debe reordenarse por sus recurrentes crisis de sobreproducción (no menos de una veintena lleva ya) y las nuevas acumulaciones de capital (sobre todo en Asia) están obligando a re(des)equilibrar todo el sistema. De este modo, los papeles entre países enriquecidos, semiperiféricos y empobrecidos están mudando. Se reparten los mismos disfraces pero cambian sus portadores. Capitalismo 100%, destrucción creativa: cambiemos todo para que nada cambie. Algunas colonias o neocolonias pasarán a ser países semiperiféricos "acomodados" y otros antiguos semiperiféricos acomodados o enriquecidos humildes como España, se transformarán en semiperiféricos. Estados Unidos de América tarde o temprano descenderá y China o India ascenderán como potencias hegemónicas por su propia lucha de clases interna y su creciente acumulación de capital fruto del desmantelamiento industrial promovido por los capitalistas de los antiguos países enriquecidos. Pero esto no significa que el capitalismo esté perdiendo, al contrario, sigue ganando, pues lamentablemente todavía la mayoría de trabajadores del mundo no hemos aprendido que nuestra única patria posible es la unión de todas las hormigas de los hormigueros vilipendiados en lucha legítima por un hormiguero mundial, digno y en paz. No esperemos ingenuamente que los mismos gigantes que nos aplastan se apiaden de nuestra suerte y nos pongan caritativamente a salvo. O ellos o nosotros.

Mientras tanto reina la desidia, la inmundicia y el crimen en este Reino de Bananas llamado España. Los criminales andan sueltos entre tanto hijo de la gran puta. Hijos de puta que están destrozando las vidas del pueblo y que me perdonen todas las asalariadas del sexo que son mil veces más dignas que todos aquellos que insultan las maternidades honradas del mundo. Cada jornada que pasa, cada cual más dura, tediosa y pesada, nos exigen más y más sacrificio. Y lo hacen sin que se les caiga la cara de vergüenza. Al pueblo tranquilo, que gusta de la paz y los momentos buenos de la vida, se le pide a base de golpes lo que nadie en su sano juicio desea: hacer una revolución. Eso que nadie busca a menos que no vea otra salida. Nos lo exigen a base de machacarnos las vidas, de apagar todo futuro, de pisarnos los títulos que tanto esfuerzo y estudio nos costaron, de echarnos de las empresas que ayudamos a construir, de derruir nuestros hospitales y las escuelas de nuestros hijos, de cagarse en su futuro pisoteando su dignidad desde la fragilidad de las aulas... Nos están pidiendo una revolución, nos la están pidiendo para tener la excusa con la cual hacer una guerra y matarnos a todos los unos contra los otros: las hormigas españolas contra las de más allá y las de más allá contra las de más acá. Nos están pidiendo revueltas, desean alborotos, meter a los tres o cuatro gatos “revolucionados” de siempre entre rejas. Pero esta vez vamos a ser más listos que ellos y la revolución la vamos a hacer mundial. Debemos acumular fuerzas y hacer bullir el agua cuando no lo esperen, pero en lugar de aguas nacionales serán océanos internacionales. Cuanto más seamos menos serán las bajas, más pacífica la revolución mundial necesaria. Es nuestra única oportunidad. Vamos a trabajar a cada segundo por esa causa, con la fuerza de las palabras ahora que podemos todavía emplearlas, amando a los pueblos y no dejando que esos malditos magnates de la burguesía nos enfrenten los unos con los otros por sus pérfidos intereses de clase.

Nuestros intereses, en cambio, coinciden con el futuro del género humano; los suyos: con el fin de la especie. Los nuestros encajan con la necesidad de conseguir la verdadera democracia y un mundo donde la libertad y la justicia dejen de ser falsas promesas o dolorosas mentiras, para transformarse por fin en principio de realidades. De presente, en presente, nos presentamos para conquistar nuestro futuro. Aquí los que creemos en la raza humana.

No faltemos a nuestra cita histórica.

* Jon Juanma es el seudónimo artístico de Jon E. Illescas Martínez, licenciado en Bellas Artes e investigador de la FCM de Sociología y Comunicación en la Universidad de Alicante y la Universidad Complutense de Madrid.

Artículo finalizado el 17 de abril de 2012. El presente artículo tiene derechos Creative Commons, es publicable y reproducible siempre que se cite la autoría, se conserve su contenido y formato en su integridad a la par que no exista ánimo de lucro.

Notas:
1) Me refiero a las revoluciones que acabaron pariendo nuevas explotaciones, y de las que tenemos que aprender mucho y evitar bastante.
2) En el siglo XX y en la teoría política nacionalizar no significa que el Estado tenga la mayoría más uno del accionariado, sino el 100%. Son cosas de los tiempos de hegemonía neoliberal, que hace que los pastores alemanes reformistas y amaestrados parezcan lobos feroces bolcheviques.
3) Ver en el Periódico Tribuna: http://www.periodicotribuna.com.ar/10958-el-dia-que-cristina-kirchner-hizo-lobby-a-favor-de-la-privatizacion-de-ypf.html (2012/04/17).

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Argentina: El precio de la yerba y la revolución

Carlos del Frade (APE)

Durante la última semana, una de las discusiones entre el oficialismo, parte del empresariado y los grandes medios de comunicación fue el precio del paquete de un kilogramo de yerba que se llegó a pagar hasta 30 pesos en las góndolas de las principales ciudades de la Argentina. Por un lado se habló de aplicar la ley de abastecimiento y del otro, apuntaban que la yerba estaba más barata en Miami.

Discusiones de mesas chicas donde se cocinan los negocios políticos y económicos. Y grandes pantallas que giran sobre esas polémicas entre minorías.

Sin embargo hay otra realidad, la más directa, la de los trabajadores que cosechan la yerba, identidad económica y ecológica de provincias como Misiones y Corrientes.

La vida de los tareferos de Montecarlo está oculta detrás de estas discusiones. No se la muestra. No se la quiere mostrar porque en esas existencias cotidianas están sintetizadas las mezquindades de gobernantes, empresarios y productores.

-Apenas terminé quinto grado porque acompañaba a mi padre a la cosecha. No podía completar la escuela. Y eso mismo le pasa hoy a cientos y cientos de tareferos a los que les duele saber que sus hijos los tienen que acompañar para juntar la mayor cantidad de kilos posibles para que le paguen algo más o menos digno - dice Cristóbal Maidana, secretario general del sindicato de tareferos de esa localidad misionera.

Hay 15 mil hombres como Cristóbal.

Deben hacer un poncho, un raído de la yerba que incluye 100 kilos del oro verde, resorte de la economía regional desde los tiempos de los jesuitas y guaraníes. Pero para juntar tanto hacen falta las manos de los niños y, entonces, las escuelas quedan repletas de sombras.

-Por cien kilos que juntamos nos pagan 24 pesos - dice Cristóbal que habla pausado, triste y firme.

24 pesos por cien kilos de yerba que esta semana se vendió a 30 pesos el paquete de un kilo.

Quiere decir que cada tarefero cobra 24 centavos por kilo.

Un símbolo de la historia argentina.

Porque la moneda de 25 centavos, esa que incluso queda grande para pagarle a esa careta que tiene la esclavitud en estos parajes bellísimos del país, tiene como dibujo el cabildo de Buenos Aires. La síntesis de la revolución. Aquella que deseaba conquistar en el trono de la vida cotidiana la noble igualdad.

Así de miserable es el salario de los tareferos. El mismo precio que la revolución devaluada según las cifras del tercer milenio. La moneda de 25 centavos, la que recuerda el sueño colectivo inconcluso de mayo de 1810, alcanza y sobra para pagar al tarefero.

La fuerza y capacidad del cosechero de yerba vale lo mismo que el símbolo de la revolución, 25 centavos.

Mientras tanto, las discusiones se hacen por el paquete que se vende en las góndolas.

-No tenemos para comprarles libros ni zapatillas a nuestros hijos para llevarlos a la escuela. Pero vamos a seguir peleando. Porque no merecemos vivir así - dice Cristóbal, la voz de 15 mil trabajadores que ganan 24 centavos por kilo de yerba. Casi el mismo precio con el que cotiza el recuerdo de la revolución inconclusa.

Fuente de datos:
Entrevista a Cristóbal Maidana, realizada en el programa “Sobre la hora”, por Radio Splendid, el sábado 14 de abril de 2012.

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Argentina: Educación técnica y educación tecnológica

Tomás Buch (RIO NEGRO ON LINE)

En Bariloche se llevó a cabo en estos días una importante reunión. Todos los ministros de Educación de la Patagonia, más autoridades nacionales del sector de educación técnica se congregaron para discutir formas organizativas y plantear nuevas posibilidades para un área que fue relegada durante la década del 90 y que debe resucitar con fuerza, porque es una fuente imprescindible de mano de obra especializada, en un proyecto nacional de industrialización que en años recién pasados se vio frenado por falta de personal idóneo.

Frente a una actitud despreciativa ante la educación media -y la educación técnica, en general, lo es- que es muy frecuente en las clases medias argentinas ("M'hijo el dotor") y que hace que en el país haya más médicos que enfermeros y más ingenieros que torneros, esta reunión sirve para valorizar a la educación técnica, que forma en todas las disciplinas un nivel imprescindible para que pueda funcionar una industria digna de tal nombre. Es como si estuviéramos formando cerebros sin manos para ejecutar lo que idean.

La ley de Educación Federal del menemismo suprimió directamente las escuelas técnicas. En una economía de tinte neoliberal, basada en la importación de todos los productos de cierta complejidad tecnológica a cambio de la exportación de recursos naturales, los técnicos no eran necesarios y su formación fue relegada a unos nunca bien definidos "Trayectos técnico-profesionales" de un año y medio de duración, que eran totalmente insuficientes para formar técnicos que tuviesen más que una vaga idea de su profesión. Muchas escuelas técnicas se negaron a dejarse arrollar y mantuvieron, con el apoyo de profesores, padres y alumnos, el su verdadero carácter aunque su instrumental fuese envejeciendo. Ahora se requiere una inversión muy importante para reequiparlas de instrumental y herramientas modernas, ya que las técnicas individuales avanzan a la misma velocidad que la tecnología misma.

En cambio, la Ley Federal tuvo lo que representó, tal vez, su único aspecto positivo, que fue la introducción de una disciplina que se puede confundir aun ahora con la educación técnica: la educación tecnológica. Era reconocer que las diversas tecnologías en todas las ramas del quehacer humano son los formadores de la estructura y el funcionamiento de nuestra sociedad.

No se debe confundir dos términos tan parecidos, en especial porque hay una discusión pendiente acerca del significado de la palabra "tecnología" y de su vinculación con la ciencia, la "alta tecnología" o "tecnociencia". Educación técnica es el aprendizaje de una profesión de nivel intermedio, generalmente secundario. Educación tecnología es la comprensión de una de las características fundamentales del mundo en que vivimos, donde ni el acto más íntimo se hace sin alguna componente artificial.

Cuando la prensa habla de tecnología, generalmente se refiere a algunas de las informáticas o de comunicaciones, abreviadas como "TIC". Se suele olvidar de que un palo, usado como herramienta, es un objeto tecnológico, como lo es una rueda o el uso de un animal como fuente de fuerza motriz o arma de guerra. La tecnología, tomada en este sentido amplio, va más allá de la técnica, que constituye una actividad profesional puntual. La educación tecnológica pretende ubicar al alumno ante ciertos aspectos de la artificialidad misma, analizar sus implicaciones en nuestra vida y en la del planeta que habitamos.

Hay varias maneras de encarar la educación tecnológica. Una de éstas es considerarla una materia interdisciplinaria o, mejor dicho, transdisciplinaria. Se compone de elementos materiales, los objetos tecnológicos, desde una tenaza hasta un satélite espacial. Pero en la comprensión de la omnipresencia actual de los productos de la técnica entran también elementos económicos y políticos, ambientales y sociales. En muchos casos entran también, y en forma esencial, elementos científicos y, a su vez, los objetos tecnológicos -un destornillador, un microscopio o un equipo de tomografía computada o una red social por internet- son imprescindibles para el avance de todas las ciencias, de modo que se establece una especie de simbiosis que algunos llaman "tecnociencia", palabra que repudio porque la tecnología es muy anterior a la ciencia.

La educación tecnológica -que se va desarrollando poco a poco en nuestro país y tiene sus propios congresos nacionales o regionales, sus publicaciones y sus reflejos en la educación general- no es más importante ni menos importante que la educación técnica. Es una cosa diferente, y ambas son indispensables para que se pueda desarrollar un país con democracia, autonomía alimenticia y energética e inclusión social, poblado por ciudadanos que saben en qué mundo viven, cuáles son sus oportunidades -individuales como colectivas- y cuáles los peligros que nos acechan.

Esto nos lleva a una conclusión ineludible: es elemental que un técnico conozca un panorama más amplio que el de su propia profesión. Por eso, sugerimos fuertemente la inclusión de una materia de educación tecnológica en las currículas de la escuela técnica. Debería quedar claro, a esta altura, de que se trata de conocimientos de niveles distintos: un técnico debe conocer el mundo en el que vive.

Tomás Buch es Físico y químico.

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Situación de los Pueblos Fumigados en Argentina, 2012

RED DE MÉDICOS DE PUEBLOS FUMIGADOS - INDYMEDIA

Desde hace más de 10 años distintos grupos de vecinos vienen denunciando que el indiscriminado uso de agrotóxicos en sus territorios ocasiona enfermedades en sus familias, muchas de ellas muy graves. Ante esta situación, algunos miembros de equipos de salud de los pueblos fumigados se reunieron en la Facultad de Cs. Médicas de Córdoba (2010) y de Rosario (2011) y formaron esta Red para estudiar y recopilar datos sobre el impacto que la actual forma de producción agroindustrial ocasiona en nuestras comunidades; para difundir la información científica -que las empresas como Monsanto y los gobiernos nacionales y provinciales ocultan- sobre la toxicidad de glifosato, 2.4D, atrazina, endosulfán, clorpirifós, etc. Y también para acompañar al movimiento de las comunidades damnificadas en sus reclamos por derechos a la salud y a un ambiente sano.

El Modelo Productivo: uso creciente de agrotóxicos

La tonelada de soja que cotizaba a 160 u$s en 2001, en marzo de 2012 valía 500 u$s, el rendimiento promedio es de 3 a 4 tn/ha, los costos de producción son de 100-150 u$s/ha: la rentabilidad es descomunal. De un total de 300.000 productores rurales en todo el país, 80.000 se dedican a esta agricultura transgénica y química, de ellos 20.000 concentran el 70% de la producción, son básicamente S.A. y pooles de siembra que lo hacen arrendando campos o intrusando territorios de pueblos originarios o de campesinos ancestrales. En los últimos diez años, la frontera agrícola se ha expandido casi en un 60%, avanzando sobre regiones destinadas a otras producciones, sobre territorios con agricultura familiares y masivamente sobre bosques.

Foto: Mapa del cultivo de soja, 2005-2009 SAGyP

Impera una agricultura de monocultivos, una agricultura química, un modelo agroindustrial que utiliza un paquete tecnológico que incluye siembra directa, semillas transgénicas y aplicación agrotóxicos. En ese marco, y principalmente como consecuencia de la inviabilidad natural del monocultivo, con el fin de sostener la productividad se aplican cantidades cada vez mayores de agroquímicos en un territorio donde conviven con los cultivos transgénicos más de 12 millones de personas. Hay que reconocer que los “productos” que utilizan son todos venenos: los herbicidas, como glifosato, 2.4D o atrazina, están destinados a matar plantas, y los orientados a matar insectos como endosulfán, clorpirifós, dimetoato, etc. tienen efectos deletéreos sobre la salud humana

La utilización de estos agrotóxicos viene aumentando exponencialmente desde el año 1990: en ese momento se usaban 30 millones de litros de venenos, hoy (2012) se aplican más de 340 millones de litros. En la misma hectárea donde se usaban 2 ó 3 litros de glifosato, hoy se usan 8 ó 12 litros y se le agrega 1,5 litros de 2.4D por año, en zonas de Santiago del Estero y Chaco se usa hasta 20 litros/ha. de Round Up.

Foto: Aumento de consumo de agroquímicos por año, en millones de litros / kilos (clic para ver en mayor tamaño)

El gobierno estimula este tipo de producción, haciendo oídos sordos al reclamo de los pueblos fumigados de restringir inmediatamente las fumigaciones en zonas pobladas, prohibir las criminales fumigaciones aéreas y poner en discusión el sistema de producción agraria en la Argentina.

Situación de los pueblos fumigados

Después de 15 años de fumigaciones sistemáticas, los equipos de salud de los pueblos fumigados detectan un cambio en el patrón de enfermedades en sus poblaciones: los problemas respiratorios son mucho más frecuentes y vinculados a las aplicaciones, igual que las dermatitis crónicas; de la misma manera, los pacientes epilépticos convulsionan mucho más frecuentemente en época de fumigación, son más frecuentes la depresión y los trastornos inmunitarios.

Se registran altas tasas de abortos espontáneos (hasta del 19%) y aumentó notablemente las consultas por infertilidad en varones y mujeres. Los rebaños de cabras de los campesinos y originarios registran, en algunas zonas, hasta un 100% de abortos vinculados a la exposición con pesticidas. Se detecta también un aumento de trastornos tiroideos y de diabetes.

Cada vez nacen más niños con malformaciones en estas zonas, especialmente si los primeros meses del embarazo coinciden con la época de fumigaciones. Síndromes de Down, mielomeningoceles, cardiopatías congénitas, etc. se diagnostican con frecuencia en estas áreas.

Foto: Mielomeningocele operado en un recién nacido

Foto: Occipitomielocele en un recién nacido

Los pueblos fumigados también presentan un cambio en sus causas de muerte. Según los datos de los registros civiles a los que hemos podido acceder, encontramos que más del 30% de las personas que mueren en estos pueblos fallecen por cáncer, mientras que en todo el país ese porcentaje es menor a 20%. La mortalidad por cáncer aumento claramente en estas áreas, siendo éste un fenómeno nuevo, detectado por nuestros colegas desde el año 2000 y no verificado antes. Curiosamente, la fecha coincide con la expansión del consumo de glifosato y otros agroquímicos que son masivamente aplicados en la zona.

La agresión química afecta a todas las personas, pero sin duda que los pobres del campo, los peones, sus mujeres y niños, son los que tienen menos posibilidades de proteger y recuperar su salud. Además, desde el norte de Córdoba y Santa Fé, la mayor parte de los nuevos emprendimientos de agricultura química son concretados por S.A. y pooles de siembra; estos utilizan la vía aérea de fumigación de manera casi generalizada y las dosis de venenos son mucho más alta por las condiciones climáticas y biológicas de la región, las consecuencias las sufren principalmente los pueblos originarios y los campesinos ancestrales.

Las evidencias científicas

Las manifestaciones clínicas que los médicos de pueblos fumigados observamos en nuestros pacientes encuentran su causalidad biológica en los resultados de investigaciones científicas en modelos experimentales con diversos plaguicidas, incluyendo glifosato. Así, por caso, investigaciones de nuestros científicos demuestran de qué manera el glifosato actúa en el desarrollo embrionario produciendo malformaciones (Carrasco 2010), y como este veneno genera daño a las moléculas de ADN del nucleo celular, promoviendo líneas celulares mutantes que ocasionarán cáncer si no logran ser eliminadas por el individuo (Alassia 2011, Simoniello 2010).

Foto: Ensayo cometa que revela el daño que genera el glifosato en moléculas de ADN

También, numerosas publicaciones científicas en todo el mundo demuestran cómo la exposición a agrotóxicos aumenta notablemente las tasas de malformaciones, abortos, cáncer y trastornos hormonales en las personas sometidas a fumigaciones reiteradas.

Incluso las Revisiones Sistemáticas de la Medicina Basada en la Evidencia sostienen la necesidad de disminuir esta exposición por contarse con evidencias suficientemente fuertes y consistentes para reconocer que la exposición a plaguicidas aumenta el riesgo de afectar la salud humana (Sanborn 2005 y 2007). (Ver en Informe 1º Encuentro: www.reduas.fcm.unc.edu.ar)

Negando la Realidad

A pesar de todas las denuncias hechas por los vecinos, la información recopilada en los Encuentros de Médicos de las facultades de medicina de Córdoba (2010) y de Rosario (2011), y todos los datos científicos que demuestran la toxicidad de los pesticidas, el Gobierno sigue apostando a aumentar la producción agraria con el mismo modelo. Del sector empresario, académico y gubernamental, que defienden a la agricultura química, se sigue insistiendo que no hay pruebas suficientes…, nos recuerdan a Phillips Morris cuando afirmaba que no había pruebas de que el cigarrillo produjera cáncer de pulmón; ensayos controlados de toxicidad no son éticamente realizables en humanos, pero los datos epidemiológicos terminaron sepultando la coartada de las multinacionales del cigarrillo; como también demuestran hoy las toxicidad de los productos de Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer o Novartis.

No se aplica el Principio Precautorio de la Ley de Ambiente, no se trata el proyecto de ley nacional que penaliza aplicar estos venenos sobre las personas, se sigue promoviendo el aumento indiscriminado de su utilización y se sigue manifestando que el glifosato es tan inocuo como “agua con sal” o que se puede tomar un vaso lleno de round up sin peligro, como lo hizo el Ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao. (ver: http://www.reduas.fcm.unc.edu.ar/el-glifosato-no-es-agua-con-sal/)

Predomina el negocio sobre el derecho a la salud, el oro sobre la conciencia y se aferran a las mentiras que impuso Monsanto cuando impulsó la producción transgénica. Incluso en los pueblos fumigados vemos cómo familias de productores muy afectadas por los químicos niegan esta relación, alucinados por la millonaria diferencia que alcanzan al final de la temporada.

Casi 2500 millones de u$s se gastan en agrotóxicos en Argentina; las empresas transnacionales proveen las semillas y los venenos, compran la producción, controlan nuestro comercio exterior y además especulan financieramente con el precio de los alimentos (estos son los que se quedan con la mayor parte de la renta). Y como si fuera poco, enferman a nuestra población rural y destruyen su ambiente con la complicidad de los gobiernos provinciales y el nacional.

Para restringir mínimamente esta catástrofe sanitaria nos piden más pruebas. ¿Cuánto sufrimiento, dolor y muertes tendremos que mostrar para que reconozcan la necesidad de limitar las fumigaciones?

¿Qué reclamamos?
• Prohibición de las fumigaciones aéreas, tal como se ha hecho en la Unión Europea.
• Restricción del área de fumigaciones terrestres, alejándolas de las zonas pobladas.
• Reclasificación de los agrotóxicos utilizados en nuestro país, considerando sus efectos agudos, de mediano y largo plazo en los seres humanos.
• Aplicación del Principio Precautorio establecido en la Ley General del Ambiente Nº 25.675, Art4º.
• Creación de una dependencia de Salud y Ambiente encargada de autorizar o rechazar el uso de cada pesticida en particular, en reemplazo del actual ente regulador (SENASA) en el que sólo participan el área de agricultura del estado, los productores representada en la Mesa de Enlace y las Cámaras productoras de plaguicidas, prevaleciendo así las necesidades productivas y comerciales por sobre la salud de nuestras comunidades.

Los vecinos, los ciudadanos, ¿qué podemos hacer?

Ante esta situación, el papel de los miembros de los equipos de salud, los vecinos, las comunidades y la sociedad en general es fundamental. Resulta imprescindible que cada uno de nosotros en nuestro barrio, nuestro pueblo o ciudad nos organicemos para reclamar por el derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano.

Ayúdanos a recoger información sobre el impacto en la salud de los agrotóxicos:
• Recoger testimonios, en los que se reconstruyan situaciones de vulneración de derechos en historias de vida reales constantes y sonantes para denunciar el actual atropello por parte del agronegocio y sus socios políticos y sociales.
• Hacer mapas o croquis de las poblaciones con los campos de transgénicos, los acopios y depósitos de venenos, ubicando los domicilios de los vecinos enfermos de cáncer, malformaciones, hipotiroidismo, púrpuras, lupus y diabetes. Esto grafica crudamente en una imagen lo que decimos en muchas palabras.

Foto: Georeferenciación de casos en Barrio Ituzaingo de Córdoba, año 2005, a la derecha del barrio estaban los campos de soja (clic para ver en mayor tamaño)

• Hablar con los médicos de tu pueblo o barrio e invítalos a informarse y contactarse con esta Red.
• Organizar actividades de divulgación y debate del problema en tu localidad. Es preciso poner en la esfera pública este conflicto; miembros de esta Red pueden participar aportando sus conocimientos técnicos sanitarios del tema.
• Generar grupos colectivos de “Paren de Fumigar” en cada pueblo que promuevan la generación de ordenanzas y normas locales que restrinjan las fumigaciones generando reparos ambientales de 800 o 1000 metros a partir del ejido o limite urbano de los pueblos; que impida la circulación de los mosquitos cargados de venenos por las calles, que retire los acopios de granos de los centros urbanos y también de los depósitos de agrotóxicos. Y que coordinen con grupos similares de tu provincia y el país.
• Ayúdanos a difundir la información que recogemos en los medios de comunicación de tu zona.

Es la hora de participar, involucrarnos y ejercer una ciudadanía plena en la defensa de nuestros derechos.

Esta lucha la hacemos entre todos

Dr. Medardo Avila Vazquez es Médico Pediatra y Neonatólogo. Coordinador Red Universitaria de Ambiente y Salud Médicos de Pueblos Fumigados.

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