viernes, 20 de abril de 2012

Argentina: Recuperación (parcial) de YPF

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

I. Días pasados la Presidenta de la Nación CFK hizo un grandioso anuncio: la recuperación de la soberanía sobre el patrimonio energético nacional.

Su discurso, cuyas partes esenciales no cabe sino suscribir, tuvo sin embargo un tinte surrealista.

Volvía de un viaje a Cartagena de Indias de dos días y sin embargo parecía que volvía de un viaje interplanetario de 20 años.

Como si ella y su esposo el ex Presidente Kirchner no hubieran tenido nada que ver con la desastrosa política energética de los gobiernos de los últimos 20 años HASTA LA ACTUALIDAD, durante cuyo transcurso apoyaron, votaron, legislaron, decretaron, promovieron y facilitaron el despojo de ese recurso esencial para el desarrollo nacional.

YPF, que desde su creación en 1922 y durante años funcionó con eficacia como empresa del Estado, su condición de monopolio estatal comenzó a ser recortada por los sucesivos Gobiernos, constitucionales y dictatoriales, desde el contrato con la California Oil, filial de la Standard Oil durante el segundo gobierno de Perón y, salvo breves y tímidas pausas durante el Gobierno de Illia y los 49 días de Cámpora, hasta llegar al desmantelamiento actual.

Pero los Gobiernes peronistas, en sus variantes menenista y kichnerista, en los últimos 20 años aceleraron el movimiento y culminaron la entrega del patrimonio energético a las empresas transnacionales (salvo la porción que compró el amigo Eskenazi, burgués nacional y popular, que no aportó en la operación ni un peso ni “know how”. Es decir nada. Utilizó el sistema de comprar su parte con créditos que va devolviendo con los beneficios).

Hasta ahora las acciones están distribuidas así:


Si se aprueba el proyecto gubernamental, la participación accionaria quedaría dividida así:

Estado nacional: 26,03 %
Grupo Petersen (familia Eskenazi): 25,46%
Provincias: 24,99%
Repsol: 6,43%
Flotación en las bolsas (accionistas poseedores de acciones de REPSOL): 17,09%.

Lo primero que salta a la vista es que la familia del amigo Eskenazi, que no aportó nada a YPF, tendrá prácticamente la misma participación que el Estado Nacional y continuará incrementando su patrimonio (a medida que devuelve los préstamos) con los beneficios que obtenga de YPF. Es decir con lo que, según la nueva visión del Gobierno Nacional, pertenece a todos los argentinos.

En resumen: El anuncio es grandioso. Pero la montaña parió un ratón.

II. La Presidenta, para responder a la pregunta obvia de por qué se inició este proceso de recuperación ahora y no antes, explica que “la historia se escribe no como se quiere sino como se puede”. Lo que queda sin respuesta es si no era mejor hacerlo antes, cuando YPF no estaba exhausto como ahora, cuando Argentina ostentaba un enorme superávit y que, con una situación internacional entonces relativamente estable económicamente, quizás no hubiera provocado la violenta reacción actual de las grandes potencias sumidas en la crisis y que no están dispuestas a tolerar el menor “desplante” de los países “chicos”.

Además, los líderes de las grandes potencias, fieles representantes del poder económico transnacional, están expresando ahora la inquietud de las grandes empresas que tienen enormes intereses en Argentina, como resultado del proceso de extranjerización de la economía, acentuado en los últimos decenios.

Es realmente preocupante que el Gobierno haya designado a De Vido interventor, cuyas antecedentes permiten suponer que se va a producir un verdadero festival de negociados en las licitaciones y contratos y una repartija de puestos entre amigos y colaboradores cercanos, que ya comenzó con las designaciones del nuevo directorio, donde aparecen funcionarios en ejercicio que ahora cobrarán dos sueldos. Salvo que renuncien patrióticamente a hacerlo.

Cabía esperar, dado que el patrimonio energético es de toda la Nación y no del clan gobernante, que en el nuevo directorio se nombrara gente experta y capacitada, sobre todo entre aquéllos que desde hace años denuncian la entrega y propician la recuperación de YPF.

Como bien dice la CTA en un comunicado firmado por José Rigane, Ricardo Peidro y Pablo Micheli :

... »La expropiación de YPF es un gran paso adelante del gobierno Nacional, en la recuperación de la soberanía energética nacional, pero además es la respuesta adecuada a las organizaciones que, como la CTA, la FeTERA, el MO.RE.N.O. y otras organizaciones sociales y políticas, vienen luchando desde hace más de 20 años -desde antes de la privatización- por la energía como bien social y un derecho humano al que todos deben tener acceso tanto como al agua, la electricidad y el gas.

... Ahora es necesario avanzar en el cambio de todo el modelo energético, porque REPSOL no es la única empresa multinacional que opera en Argentina. También operan, entre otras, CHEVRON, PETROBRAS, TOTAL, PANAMERICAN ENERGY, BRITISH PETROLEUM, etc... Es decir, se necesita de un nuevo compromiso que nos ayude a recuperar integralmente las políticas de Estado en el campo energético. Políticas que nunca debimos abandonar »...

... »...Hay que impulsar hoy más que nunca la integración regional para acordar políticas energéticas en función de los intereses y necesidades de los pueblos, y los argentinos debemos impulsar la creación de una empresa totalmente pública, nacional y social, con integración de las organizaciones que defienden los derechos de los usuarios y el medioambiente, los trabajadores y el Estado nacional... »

Y no están descaminadas las propuestas de la Unión Cívica Radical (dejando de lado la evaluación positiva que hacen del Plan Houston de Alfonsín) publicada con la firma de los bloques de senadores y diputados y de Mario Barletta y Juan Manuel Casella , Presidente y Secretario General , respectivamente, del Comité Nacional y de Hipólito Solari Yrigoyen, Presidente de la Convención Nacional :

«Frente al proyecto del Poder Ejecutivo.

1. La Unión Cívica Radical esta a favor de la NACIONALIZACIÓN DE YPF. Nunca debió haber sido privatizada.

2. Impulsaremos la creación de una COMISIÓN INVESTIGADORA BICAMERAL por el “vaciamiento de YPF” (tal la expresión del vice ministro Kicillof) y para determinar la responsabilidad del estado nacional y de las empresas REPSOL-YPF y PETERSEN-ESKENAZI en la administración de YPF S.A. Asimismo, realizar un análisis financiero de la empresa y una evaluación patrimonial y de resultados, cumplimiento del plan de inversiones y distribución de utilidades desde la privatización hasta diciembre de 2011.

3. Presentaremos un PROYECTO ALTERNATIVO que propone el desarrollo de un proceso de negociación para la compra del paquete accionario, que contemple las acreencias o derechos a favor del estado argentino por incumplimiento de obligaciones contractuales de las empresas. (nuestro el subrayado) Y en forma posterior, se prevé la expropiación por imposibilidad de compra consensuada. Asimismo, se incluye a todas las provincias en la distribución del paquete accionario y la participación de hasta un máximo del 10% por parte de los trabajadores de YPF.

4. Presentaremos al Congreso de la Nación un conjunto de proyectos para RECUPERAR LA SOBERANÍA ENERGÉTICA por ser el proyecto oficial, parcial y no abordar los problemas estructurales del sector energético. Para ello, la principal iniciativa es la formulación de una nueva LEY DE HIDROCARBUROS que reemplace a la ley 17319 y a la ley Corta nº 26197.

5. Impulsaremos la creación de una AGENCIA FEDERAL ENERGÉTICA (AFE) que atienda las políticas de Petróleo, Gas y Biocombustibles Nacionales; fiscalice la actividad de los permisionarios y concesionarios; realice licitaciones de áreas de exploración; controle y transparente el funcionamiento de los mercados de hidrocarburos para evitar conductas monopólicas.

6. Impulsaremos una AUDITORIA INTEGRAL E INDEPENDIENTE para el proceso de importación de combustibles, particularmente gas natural licuado (GNL), Gas Oil, y Fuel Oil. Se evaluarán las operaciones en conveniencia; legalidad; transparencia y precio competitivo. Los resultados de las Auditorías serán públicos.

7. Promoveremos la creación de un MERCADO ÚNICO DE COMBUSTIBLE integrado por el estado y los operadores (productores, refinadores y comercializadores). Los objetivos centrales son: garantizar el volumen para todas las estaciones de servicio (blancas y de marca), eliminando los cupos y establecer un precio único para todo el país.

8. Finalmente, solicitamos la RENUNCIA DEL SECRETARIO DE ENERGÍA Daniel Cameron y todo su equipo por ser los principales responsables de la situación energética actual. El problema energético es muy grave. Y después de ocho años de gobierno, las responsabilidades son intransferibles. Por ley tiene la función de fijar la política nacional de hidrocarburos y no lo hizo; debió hacer planes estratégicos; debió anticipar y transparentar esta situación; pero particularmente, debió haber lanzado una política exploratoria activa –la última y muy exitosa que Argentina tuvo se llamó Plan Houston y fue de Raúl Alfonsín- para incorporar nuevos yacimientos y tampoco lo hizo. No se saldrá de esta situación comprometida si no se realiza un cambio de política, un cambio de organización del sector y un nuevo marco legal. Para eso, alguien debe hacerse responsable de lo actuado ».

Sobre todo esto se ha escrito mucho en estos días. Queremos recomendar algunos artículos publicados en Argenpress.

Y agregamos , sobre la historia del desmantelamiento de YPF :

“A 10 años de la privatización de YPF – Análisis y consecuencias en la Argentina y en la cuenca del Golfo de San Jorge, por César V. Herrera y Marcel García. 23 de enero de 2003. Centro Regional de Estudios de la Patagonia Central (ARGENTINA\YPF\C_R_E_E_Pa_Ce_.htm)

III. Pero queremos referirnos particularmente al contexto jurídico en que se ha lanzado este proceso.

EL CONTEXTO JURÍDICO ES TOTALMENTE DESFAVORABLE Y DESDE QUE ASUMIÓ KIRCHNER EN 2003 HASTA AHORA NO SE HA HECHO ABSOLUTAMENTE NADA PARA MODIFICARLO. MAS BIEN SE HAN EMITIDO NORMATIVAS PARA EMPEORARLO.

1) La ley de inversiones extranjeras sancionada en 1976 por la dictadura militar y ratificada por decreto (texto ordenado) durante el Gobierno de Menem en setiembre de 1993, RIGE ACTUALMENTE.

Esta ley está en las antípodas del proyecto de ley –que no se llegó a aprobar- sobre inversiones extranjeras elaborado durante el Gobierno de Cámpora en 1973.

2) La ley de expropiaciones Nº 21.499 sancionada por la dictadura militar en enero de 1977, TODAVIA VIGENTE

3) El último párrafo del artículo 124 de la Constitución Nacional vigente, aprobada en 1994 dice: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Esta disposición ha permitido que los gobiernos provinciales entreguen al capital extranjero los recursos naturales existentes en el ámbito de su territorio (petróleo, otros minerales, tierras, aguas, etc.) como sigue sucediendo hasta ahora.

Nada se ha intentado hacer para volver al texto del artículo 40 de la Constitución de 1949 que decía : “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”.

4) En el decenio de 1990 (Gobierno de Menem) Argentina firmó casi 60 Tratados bilaterales de Promoción y Protección de las Inversiones (TPPI) y su Parlamento ratificó casi todos (54). Los TPPI cumplen escrupulosamente con las exigencias del poder económico transnacional.

Veamos cuáles son los principales contenidos de los TPPI en vigor.

1. Las inversiones extranjeras gozan siempre del trato más favorable, aunque éste no esté previsto en el mismo tratado, pero sí en otros tratados o normas. El incumplimiento del trato más favorable genera la responsabilidad del Estado receptor, exigible por los procedimientos (en general un tribunal arbitral) que el mismo tratado prevé.

2. Trato nacional: toda ventaja concedida a los inversores nacionales debe ser extendida a los inversores extranjeros. Los inversores nacionales no pueden recibir ayuda alguna del Estado, pues ello implicaría violar la igualdad de trato entre inversores nacionales y extranjeros.

3. Cláusula de “nación más favorecida”: los inversores extranjeros con domicilio en los Estados Parte en el Tratado deben gozar, por lo menos, de las mismas ventajas concedidas a los inversores extranjeros domiciliados en cualquier otro Estado.
4. Los “requisitos de desempeño” no figuran en los TPPI y en algunos casos están expresamente prohibidos, como en el tratado argentino-estadounidense. Los “requisitos de desempeño” consisten en exigir al inversor, para autorizar la inversión, determinadas conductas destinadas a proteger la economía nacional: utilizar, en lo posible, materia prima nacional, exportar parte de la producción para incrementar el ingreso de divisas, etc.

5. Algunos TPPI incluyen cláusulas previendo la indemnización en caso de expropiación u “otras medidas de efecto equivalente”. Esta última frase, ambigua, permite exigir la indemnización en caso de medidas adoptadas por el Estado receptor que “privan al inversor de los beneficios que podría razonablemente esperar”, como dijo el tribunal arbitral en el caso “Metalclad c/México”, en el marco del TLCAN-NAFTA.

6. Los TPPI prevén la compensación por pérdidas que se produzcan por una variedad de causas, entre ellas la pérdida de ganancias futuras o esperadas, como se viene de señalar en 5.

7. Los TPPI prevén las transferencias al exterior del capital, los beneficios, las remuneraciones, las regalías, los honorarios por consultorías, etc., de manera irrestricta, en divisas libremente convertibles.

8. Los Tratados prevén la ultraactividad de sus cláusulas a favor del inversor durante 10 años después de la denuncia.

Sobre los TPPI puede consultarse en Rebelión: Alejandro Teitelbaum , El ALCA está entre nosotros. Los Tratados Bilaterales de Libre Comercio, partes I, II y III, 3, 4 y 5 de setiembre de 2004. El mismo documento fue presentado como ponencia en el III Congreso Internacional - Derechos y Garantías en el Siglo XXI. Asociación de Abogados de Buenos Aires. Buenos Aires, 8, 9 y 10 de setiembre de 2004. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
(http://www.pvp.org.uy/alcateitelbaum.htm)

HASTA AHORA NADA SE HA HECHO PARA DENUNCIAR ESTOS TRATADOS O, POR LOS MENOS, RENEGOCIARLOS.

5) Argentina adhirió al CIADI en 1994.

El Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI, ICSID en inglés), miembro del Grupo del Banco Mundial y cuyo presidente es, ex officio, el Presidente del mismo Banco Mundial, tal como establece el Reglamento del CIADI. El CIADI, con la falta de objetividad y de imparcialidad que es inherente al Banco Mundial, ayuda a constituir tribunales arbitrales internacionales que dirimen las controversias entre las sociedades transnacionales y los Estados (148 de éstos forman parte actualmente del CIADI), que aceptan someterse a ese procedimiento. Los Estados, al aceptar esta jurisdicción para dirimir conflictos con empresas privadas, renuncian, a una prerrogativa fundamental de la soberanía como es la competencia territorial de sus tribunales nacionales.

Además los Estados, ante los tribunales arbitrales, están, por regla general, en inferioridad de condiciones frente a las empresas, pues no pueden demandarlas y siempre les toca el papel de demandados.

El Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, del 18 de marzo de 1965 (Convenio de Washington), que creó el CIADI, fue elaborado por el Banco Mundial. Durante la discusión del mismo, los Estados latinoamericanos, fieles en esa época a la Doctrina Calvo, se opusieron unánimemente a la creación de un tribunal arbitral internacional para dirimir conflictos entre los Estados e inversores extranjeros.

Después soplaron otros vientos « neoliberales » y hoy forman parte del CIADI una veintena de Estados latinoamericanos, la mayoría de los cuales adhirieron en el decenio de 1990.

Nos referimos en detalle al CIADI en el documento-ponencia de 2004 citado más arriba

En América Latina no son parte del CIADI Brasil, Cuba, Haití, México y la República Dominicana. En mayo de 2007 Bolivia se retiró del CIADI, en 2011 Ecuador y en enero de este año Venezuela.

Es necesario señalar que la ratificación del convenio CIADI no obliga a los Estados Parte a someter a tribunales arbitrales internacionales las controversias con inversores extranjeros. En efecto, el último párrafo del Preámbulo del Convenio dice: Declarando que la mera ratificación, aceptación o aprobación de este Convenio por parte del Estado Contratante, no se reputará que constituye una obligación de someter ninguna diferencia determinada a conciliación o arbitraje, a no ser que medie el consentimiento de dicho Estado.

El sometimiento al arbitraje de controversias entre los Estados y los inversores extranjeros forma parte de las obligaciones asumidas en los Tratados de Protección y Promoción de las Inversiones Extranjeras (TPPI), en Tratados de Libre comercio y en otros similares. Pero la aceptación de la jurisdicción del CIADI para un caso particular ES IRREVERSIBLE.

HASTA AHORA, ARGENTINA NO SE HA RETIRADO DEL CIADI.

DEBERÍA HACERLO YA MISMO, SIN DEMORA ALGUNA, COMO MEDIDA ELEMENTAL DE PRECAUCIÓN PARA AFRONTAR EN MEJORES CONDICIONES EL LITIGIO CON REPSOL.

Este Gobierno no se ha retirado hasta ahora del CIADI pese a que bate de lejos el record mundial en materia de cantidad de litigios ante los tribunales arbitrales de ese organismo, ha perdido varios juicios importantes y las empresas que han obtenido fallos arbitrales favorables le reclaman bastante más de diez mil millones de dólares a título de indemnizaciones.

IV. EL TRATADO BILATERAL CON ESPAÑA

El TPPI Argentina-España, suscripto en Buenos Aires el 3 de octubre de 1991 y aprobado por Ley 24118, promulgada el 3 de septiembre de 1992, en cuyo marco se dirimirá el eventual conflicto con REPSOL, felizmente no es el peor tratado bilateral ratificado por Argentina.

En efecto, el artículo X establece:

ARTICULO X
Solución de controversias entre una parte e inversores de la otra parte

1. — Las controversias que surgieren entre una de las Partes y un inversor de la otra Parte en relación con las inversiones en el sentido del presente Acuerdo, deberán, en lo posible, ser amigablemente dirimidas entre las partes en la controversia.

2. — Si una controversia en el sentido del párrafo 1 no pudiera ser dirimida dentro del plazo de seis meses, contando desde la fecha en que una de las partes en la controversia la haya promovido, será sometida a petición de una de ellas a los tribunales competentes de la Parte en cuyo territorio se realizó la inversión.

3. — La controversia podrá ser sometida a un tribunal arbitral internacional en cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) a petición de una de las partes en la controversia, cuando no exista una decisión sobre el fondo después de transcurridos dieciocho meses contados a partir de la iniciación del proceso previsto por el apartado 2 de este artículo.

o cuando exista tal decisión pero la controversia subsiste entre las partes;

b) Cuando ambas partes en la controversia así lo hayan convenido.

4. — En los casos previstos por el párrafo 3 anterior las controversias entre las partes, en el sentido de este artículo, se someterán de común acuerdo, cuando las partes en la controversia no hubieren acordado otra cosa, sea a un procedimiento arbitral en el marco del "Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a las inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados", del 18 de marzo de 1965 o a un tribunal arbitral ad hoc establecido de conformidad con las reglas de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (C.N.U.D.M.I.). Si después de un período de tres meses a partir de que una de las partes hubiere solicitado el comienzo del procedimiento no se hubiese llegado a un acuerdo, la controversia será sometida a un procedimiento arbitral en el marco del "Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a las inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados", del 18 de marzo de 1965, siempre y cuando ambas Partes sean partes de dicho Convenio. En caso contrario la controversia será sometida al tribunal ad hoc antes citado.

5. — El tribunal arbitral decidirá sobre la base del presente tratado y, en su caso, sobre la base de otros tratados vigentes entre las Partes, del derecho interno de la Parte en cuyo territorio se realizó la inversión, incluyendo sus normas de derecho internacional privado, y de los principios generales del derecho internacional.

6. — La sentencia arbitral será obligatoria y cada Parte la ejecutará de acuerdo con su legislación.

Es decir que, según el Tratado, REPSOL no puede ir directamente al CIADI, sino que primero debe tratar de dirimir amigablemente la controversia con el Estado argentino, para lo cual se establece un plazo de seis meses y después, si no ha habido solución amistosa, REPSOL deberá presentarse ante los tribunales argentinos. Pasados otros 18 meses, si no ha habido sentencia o si esta ha sido desfavorable a REPSOL, ésta podrá recurrir al tribunal arbitral del CIADI, como tribunal de apelación. De modo que, a partir de ahora, según el Tratado , REPSOL debe esperar 24 meses antes de recurrir al tribunal arbitral del CIADI.

Pero el artículo IV del Tratado establece :

Tratamiento...2. — En todas las materias regidas por el presente Acuerdo, este tratamiento no será menos favorable que el otorgado por cada Parte a las inversiones realizadas en su territorio por inversores de un tercer país.

De modo que REPSOL puede invocar cualquier otro TPPI firmado por Argentina que autorice al inversor a recurrir directamente al tribunal arbitral del CIADI, sin pasar por la búsqueda de una solución amigable ni por los tribunales argentinos.

Por ejemplo el Tratado Argentina/Estados Unidos cuyo artículo VII autoriza al inversor, si no hay solución amigable (para lo cual el Tratado no establece plazo) a ELEGIR recurrir a un tribunal nacional o al tribunal arbitral del CIADI.

Dicho de otra manera REPSOL puede , sobre esta base, decidir en una semana que no hubo solución amigable y presentar el litigio directamente al CIADI.

DE AHÍ LA EXTREMA URGENCIA EN QUE EL GOBIERNO COMUNIQUE YA AL CIADI QUE SE RETIRA DEL CONVENIO.

V. En 2010, a raíz de dos fallos del 30/07/2010 en el CIADI adversos a Argentina, escribimos un artículo "Argentina: Es urgente retirarse del CIADI y denunciar los tratados bilaterales de inversiones" (http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article774)

Eran los casos No. ARB/03/19 Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. y Vivendi Universal S.A. contra Argentina y No. ARB/03/17 Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. e InterAgua Servicios Integrales del Agua S.A.

Entre otras cosas, citábamos una frase que figuraba en ambos fallos: “En un esfuerzo por desarrollar un método operativo para determinar la existencia o inexistencia de trato justo y equitativo, LOS TRIBUNALES ARBITRALES HAN TOMADO CADA VEZ MÁS EN CUENTA LAS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS (nuestro el subrayado) de que un país anfitrión ha creado en el inversor y el grado en que la conducta por parte del gobierno anfitrión con posterioridad a la inversión ha frustrado las expectativas”. (Párrafo 222 del Caso ARB/03/19 y una frase similar en el párrafo 183 del caso ARB/03/17).

Y agregábamos : « Ya hemos escrito en otras oportunidades que los TPPI (o TBI) incluyen cláusulas previendo la indemnización en caso de expropiación u “otras medidas de efecto equivalente”. Esta última frase, ambigua, permite exigir la indemnización en caso de medidas adoptadas por el Estado receptor que “privan al inversor de los beneficios que podría razonablemente esperar”, como dijo el tribunal arbitral en el caso “Metalclad c/México”, en el marco del TLCAN-NAFTA”. Seguíamos diciendo:
“La política entreguista de sucesivos gobiernos, tanto nacionales como provinciales, hasta el presente, ha dado por resultado que existan ahora numerosas inversiones extranjeras en el agro, en la minería, en el petróleo, etc. Todas protegidas por los Tratados Bilaterales de Inversión y en caso de litigio, amparadas por los Tribunales Arbitrales del CIADI. Supongamos por hipótesis que las autoridades nacionales o provinciales (actuales o futuras) recuerden de pronto que deben tener un mínimo de vocación nacional y decidan revocar algunas concesiones o simplemente aumentar las regalías que deben pagar las concesionarias. En ese caso las empresas extranjeras podrían recurrir a los Tribunales del CIADI reclamando al Estado Argentino indemnizaciones por pérdida de las “ganancias esperadas”. Por ejemplo si se quisiera revocar la concesión petrolera de Cerro Dragón, que se otorgó en 2007 hasta el año 2047 sin base jurídica alguna, la empresa transnacional concesionaria (PAE fusionada con BP, la misma que provocó el desastre ambiental en el Golfo de México y continuará provocando otros) podría exigir que se le rembolsen las “ganancias esperadas” hasta 2047, es decir una suma gigantesca”.

VI. Pero inclusive si Argentina se retira del CIADI ahora mismo, quedará un escollo por no haberlo hecho antes.

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Es la interpretación de cuándo produce efectos la comunicación del retiro del CIADI, si inmediato o a los seis meses (artículos 71 y 72 de los Estatutos del CIADI).

En diciembre de 2008 escribíamos al respecto:

“A raíz de que el Gobierno de Bolivia nacionalizó parcialmente los servicios telefónicos (ENTEL), Euro Telecom International (ETI) una empresa de capitales italianos y españoles,
que tenía la concesión total de dichos servicios, presentó en octubre de 2007 una petición de arbitraje contra Bolivia al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) organismo dependiente del Banco Mundial. Pero Bolivia había comunicado al Banco Mundial su decisión de retirarse del CIADI ...el 2 de mayo de 2007 es decir casi seis meses antes de que ETI presentara su petición. La empresa transnacional sostiene que son válidas las demandas de arbitraje presentadas antes de que venza el plazo de seis meses para que el retiro del CIADI produzca sus efectos. Pero Bolivia rechaza esta pretensión sosteniendo que los efectos del retiro de que hablan los Estatutos del CIADI en su artículo 71 se refieren a la pertenencia a dicho organismo en general, pero no al consentimiento para someter litigios al arbitraje del CIADI, consentimiento que para Bolivia cesó el mismo día que comunicó su retiro del CIADI, es decir el 2 de mayo de 2007, de conformidad con lo que establece la última parte del artículo 72 de dichos Estatutos.

Con esos fundamentos, Bolivia planteó ante el CIADI como cuestión preliminar la falta de competencia de dicho organismo del Banco Mundial. En la audiencia preliminar celebrada el 16 de diciembre, Bolivia obtuvo una primera victoria contra la empresa transnacional pues el Tribunal arbitral del CIADI decidió suspender hasta 2010 el proceso de arbitraje mientras resuelve las observaciones del Gobierno boliviano sobre su competencia para conocer en dicha demanda. Esta es una victoria táctica muy importante de Bolivia contra la empresa transnacional, resultado de su coherencia y firmeza en la defensa de su soberanía nacional, pues le da tiempo para afinar sus argumentos contra la competencia del CIADI y para recibir el apoyo y la solidaridad internacionales”.
(http://www.cadtm.org/Victoria-tactica-de-Bolivia-contra)

Esto le permitió a Bolivia negociar con la empresa un acuerdo en condiciones favorables : en enero de 2011 la empresa aceptó un pago de 100 millones de dólares por parte de Bolivia, en lugar de los mil millones que reclamaba.

Conclusión:

Si la motivación invocada por CFK de recuperar la soberanía sobre el patrimonio energético fuera auténtica, el Gobierno hubiera ANTICIPADO MODIFICANDO PREVIAMENTE EL MARCO JURÍDICO y hubiera presentado un proyecto integral de recuperación de dicho patrimonio, incluida su gestión honesta, competente y transparente con control social.

Estas omisiones nos llevan a constatar que el Gobierno de CFK (que ha dado un aparente giro de 180 grados en la política energética seguida hasta ahora) está actuando improvisadamente y con desprolijidad, quizás motivado por otras razones que las invocadas de recuperar el patrimonio energético nacional.

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Ahora todos somos petroleros: Las gestas de abril

Daniel Cadabón (especial para ARGENPRESS.info)

Todo estaba preparado para el montaje de un marco distintivo, nacional y popular. Pero las cosas empezaron calentarse y las malas noticias no paraban de llegar.

Las bravuconadas sobre Malvinas que el relato oficial tenía intenciones de utilizar como llamado a una nueva movilización popular, con la actuación de sus artistas y toda esa parafernalia populista, armada por los muchachos camporistas, con esa estética tan particular que los reviste y cada vez los hace más parecidos a los viejos Chicago boys, chocó inevitablemente en la estación Once, el 22 de febrero con un saldo de 51 trabajadores muertos y centenares de heridos.

La cosa entonces no pudo ser. Y eso que el primer ministro, David Cameron, hizo más que lo esperado con sus declaraciones provocadoras de amo imperial en decadencia. Las afirmaciones y negativas de premier sobre la soberanía nacional daban para calentar el ambiente; en realidad, las cosas no podían ponerse mejor para que el simulacro de reclamo de la soberanía encontrara amplia aceptación popular y fuera reacomodando en las encuestas, a los principales figurones del gobierno, que marcaban una caída en picada.

Además resultaba bochornoso para el populismo nacionalista del kirchnerismo, que hasta sus propios intelectuales, convertidos ahora, al calor de la crisis por la que atraviesa la burocracia sindical, casi en la única columna vertebral del movimiento, salieran a pegarle fuerte a su gobierno que impulsó la sanción de ley antiterrorista y la indagación sobre luchadores realizadas por las fuerzas de seguridad mediante el “proyecto X” y hasta se animaban a cuestionar los negocios de Boudou y de las megamineras.

Sin duda se necesitaba un movimiento de mano que proyectara al oficialismo como en los buenos viejos tiempos tanto bajo el mandato de Néstor como de Fernández de Kirchner.

No fue posible con los ingleses, eso ya estaba terminado aun antes de que pasara marzo, una declaración de demanda presentada ante la OEA y la desclasificación de un informe ya desclasificado, y leído en internet desde hace años, realizado por un viejo militar ya muerto, no moviliza ni entusiasma a nadie.

El affaire Malvinas fue un fracaso político y demagógico para el oficialismo, que encima encontró en la unidad anticolonialista de “nuestros hermanos latinoamericanos” una indiferencia absoluta y, al final, un golpe mortal en Cartagena de Indias. Aunque a esta altura poco importaba un pronunciamiento inocuo sobre Malvinas de una cumbre más inocua aun. Finish para el relato malvinero, por lo menos por ahora.

Y la presidenta salió corriendo de la cumbre para poner en marcha la otra gesta, comprar la vaciada Repsol que la tuvo como socia por una década por lo menos, tal como lo comentó en su discurso. Esta, de carácter inevitable dado que produce una sangría de fondos que “el modelo” no puede seguir soportando sin entrar en una crisis terminal que no sólo termine con los fondos de los jubilados sino con las reservas y los de las propias obras sociales.

Por la soberanía de Malvinas habrá que seguir esperando un poco más, hasta que la explotación de los recursos naturales en las islas por parte de empresas imperialistas-“colonialistas” obligue a una nueva negociación, que esta vez encontrara a la Argentina en una nueva posición, que por supuesto, permitirá volver a sacar los banderines de la campora y del evita. Y esto, porque nadie desconoce que el petróleo, que los grupos capitalistas ingleses, franceses, canadienses y yanquis encuentren en Malvinas, deberá necesariamente pasar por el continente. Nuestros hermanos uruguayos y chilenos ya se anotaron en esta carrera de cipayismo procolonial, poniendo a disposición de los “piratas” sus puertos y plataformas continentales; pero corren con la desgracia de que nuestro país está a un paso de Malvinas, para volver más rentables las tareas de extracción del crudo y que los Kirchner no se pierden un negocio. Negocios son negocios, relatos son relatos.

Este enclave imperialista petrolero en nuestro país es un “bocatto di cardinale” por el que todos los petroleros pujan en épocas de escasez y altos precios del crudo.

Dos noticias conmovieron el escenario nacional en esta última semana:

La primera, por supuesto, de la que todo el mundo habla, es la compra compulsiva del 51 % (aun sin precio final) del paquete accionario de Repsol por parte del Estado Nacional.

Todavía muy lejos de ser una expropiación y mucho menos una estatización sin pago, cosa que ha sido enfáticamente negada por la propia presidenta en su discurso, esta operación de compra recibió los más desopilantes apoyos, desde el ex destituyente Hugo Biolcatti, pasando por el estatista Solanas, la UCR, el FAP de Binner, los economistas de izquierda y hasta los trotskistas del MAS, dieron un apoyo crítico en este asunto. Macri, dijo que está todo “mal en las formas” pero que, si llega a presidente en 2015 respetará el negocio, con lo cual también dio su ok. dentro de la lógica que pueda esperarse del intendente de la ciudad de Buenos Aires.

La segunda: es mucho menos rimbombante, se trata de que el grupo Rocca-Techint, titular de Siderar (ex Somisa) decidió no repartir el total de utilidades entre sus accionistas -el propio Rocca (pobre) apenas se lleva 1.1 millones de pesos del ejercicio anual- sino reinvertirlos en producción y desarrollo, de acuerdo, dicen fuentes interesadas, con un pedido de la Anses (claro que con plata ajena cualquiera hace negocios) aunque con esto se siga descapitalizando los salarios de los jubilados. No hubo pelea esta vez y tanto Rocca como el gobierno firmaron el acuerdo en menos de 50 minutos de asamblea.

Dos noticias que los kirchneristas evalúan como a favor y como resultado de la presión que el gobierno impone con sus medidas “nacionalizadoras”. Sin embargo, lo que en realidad muestran, es que nadie se queda dormido frente al avance que el negocio ypefiano abrió para actuar con urgencia y soportar la embestida de grupos internacionales que se lanzan voraces a la toma del gas y el petróleo.

Rocca y sus empresas son parte de este negocio a nivel latinoamericano. Para aquellos que comparan la estatización de YPF con las compras chavistas, deberíamos recordarles las “expropiaciones” con jugosas indemnizaciones realizadas por el comandante venezolano sobre el grupo Sidor, propiedad de los Rocca por boicotear con sobreprecios a la estatal PedeVeSA. El kirchnerismo al contrario, “nacionaliza” como socio de este grupo multinacional, mientras De Vido le entrega el 20% del gas a los franceses de la petrolera Total.

Mientras tanto las acciones de algunas de las firmas inglesas en Malvinas registraron subas del 55,4%; las de la Falklands Oil & Gas treparon en un 35,3% y hasta las de Desire Petroleum, que venían cayendo en picada tras un año de malos resultados financieros, mostraron una mejoría del 7 por ciento

El negocio por YPF le aparece atractivo a todos los grupos capitalistas del ramo.

Puede que el enfrentamiento con el capital imperialista llegue a algún nivel de agresión diplomática, pero quien puede desconfiar de la buena voluntad de Roberto Dromi, el encargado por el kirchnerismo para esta compra compulsiva de acciones de Repsol, para hacer negocios lucrativos con nuestro país. Sobre todo si va acompañado por ex interventores privatistas en la época menemista como Roberto Monti, sucesor de Estenssoro en los 90 o entreguistas declarados como Vicente y la empresa Bridas, de la familia Bulgheroni. Esta vez sí que volvieron todos.

La reconformación de esta burguesía petrolera es una nueva entrega de los recursos nacionales. Puede ser que la palabra Estatal acompañando a las siglas YPF resulte atractiva para un conjunto de estatistas e izquierdistas que aun confían en una salida a la crisis fiscal y de la deuda puede desarrollarse de la mano de un gobierno en crisis y cargado de camarillas que se viene sacado los ojos unos a otros.

Sin duda la crisis galopante que recorre al populismo nacionalista ha sido apaciguada en parte con esta compulsiva compra de acciones lo que le dará un poco de oxígeno para el próximo 27 de abril. ¿Irá la izquierda al acto de la cámpora, con las consignas “positivo pero insuficiente”?

Puede que también, a los nuevos aliados de izquierda y centro izquierda del oficialismo no les importe esperar a que el aumento del precio del petróleo en los surtidores, a niveles internacionales, y el desmadre de los precios de las góndolas, despierte una reacción popular contra la miseria -que el gobierno tratara de amenguar con llamamientos patrióticos y si no alcanza con la ley antiterrorista en mano- para salir a ensayar una posición opositora destacando lo crítico de su apoyo actual. Son especialistas en encubrimientos y autocríticas

El relato kirchnerista ha entrado en una nueva dimensión, acompañado de aliados inesperados. Pero la crisis que acompaña a este relato no sólo no se ha resuelto sino que se ha agravado.

El negocio de YPF volverá a beneficiar a unos cuantos que ya se han visto beneficiados desde siempre. Pero el pago de la fiesta está pensado para jubilados, trabajadores y sectores populares como siempre.

Pensándolo bien, el kirchnerismo terminó teniendo su gesta nacional en abril, como Galtieri en su momento tuvo las suyas. El resultado final de uno es conocido, el de los otros está por verse.

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Argentina: La reprivatización de YPF

Marcelo Ramal (especial para ARGENPRESS.info)

Para enfrentar el derrumbe de las privatizaciones petroleras, al kirchnerismo no se le ha ocurrido otra cosa que avanzar en una reprivatización. Al anunciar la estatización parcial de YPF, Cristina Kirchner emitió un dictamen lapidario respecto de su propia política. Quedó claro que el rescate kirchnerista de las privatizadas concluyó en el vaciamiento de las reservas de petróleo y de gas, y en importaciones de combustibles que equivalen a la totalidad de la balanza comercial del país. Pero para responder al desastre, el gobierno anunció una asociación estatal-privada en YPF, que conducirá a un nuevo vaciamiento.

No es un secreto que los choques con Repsol comenzaron cuando, a fines del año pasado, el gobierno le exigió que se hiciera cargo de la importación de gas y combustibles. La negativa de Repsol a bancar esa factura desató el proyecto de “expropiación”, pero anticipa también su objetivo inmediato: pagar esas importaciones con los ingresos de YPF. Lo admitió De Vido ante los senadores, al declarar que “la urgencia de dólares fue el detonante de la expropiación”. Esa será la primera implicancia de la “utilidad pública” declarada en la ley presentada al Congreso. La semiestatización, por lo tanto, es otro “manotazo” para zafar de la crisis fiscal y de balanza comercial, a igual título de lo que ocurre con los fondos de la Anses, del Banco Central o del Nación.

Los “modelos” del mundo

El interventor Kicillof denunció a Repsol por “pretender vender petróleo a precios internacionales, y no a su costo”. Pero Petrobras, Sabic y las otras petroleras “mixtas” que el funcionario presentó como el “modelo de gestión” para YPF, se entrelazaron con las petroleras privadas en base a reconocerles ‘precios internacionales’ a los hidrocarburos que extraían. Por esa vía, esas empresas seudoestatales se convirtieron en un canal de remisión de recursos al exterior, desde sus países. Esto, que no es diferente a lo que hacía Repsol, es lo que los ‘nac & pop’ le deparan a YPF. La orientación privatista se advierte también en otro ‘detonante’ de la expropiación: el megayacimiento neuquino de Vaca Muerta, cuyo aprovechamiento requiere, sólo “para empezar”, una inversión de 30.000 millones de dólares. Para ello, la ley enviada al Congreso abre la ‘nueva’ YPF a “fuentes de financiamiento externas e internas y a la concertación de asociaciones estratégicas, uniones transitorias de empresas y todo tipo de acuerdos de asociación y colaboración empresaria con otras empresas nacionales o extranjeras” (art. 17). Según algunos oficialistas, “pican en punta las compañías chinas, (que) no priorizan el giro de dividendos sino el acceso a recursos estratégicos” (BAE, 17/4). O sea que los campeones del ‘autoabastecimiento’ reconocen que las inversiones futuras se dirigirán a las exportaciones, pero por ‘estratégico’ que les resulte el ‘recurso’, los contratistas chinos no dejarán de reclamar para sí utilidades de acuerdo con el precio internacional. La reprivatización y sus “alianzas estratégicas! ” también calzan como un guante en las negociaciones en torno de la cuestión Malvinas y la explotación petrolera en el Atlántico Sur, a cambio de la cual Argentina pretende obtener ingresos fiscales. Una participación de la YPF seudoestatizada legalizaría esa entrega de recursos, a cambio de la cual el kirchnerismo tramita una ficción de soberanía sobre las islas.

Expropiación onerosa

Repsol se apresuró a reclamar más de 10.000 millones de dólares por el 51% de las acciones que les serían ‘expropiadas’. Ello se contrapone con el balance de YPF, con un patrimonio de apenas 4.000 millones para el total de la compañía y, por lo tanto, no más de 2.000 millones para Repsol. Pero la cuenta no incluye los pasivos ambientales, entre otros daños e incumplimientos causados por Repsol. En este caso, el Estado argentino se haría cargo de una compañía cuyo capital ha sido pulverizado, pero asumiendo la deuda ‘fabricada’ por Repsol y Eskenazi, que asciende a 9.000 millones de dólares. Es una variante de rescate de los vaciadores, que hace recordar al caso de Aerolíneas. Pero una expropiación a precio bajo o nulo derrumbaría, al mismo tiempo, las acciones del Estado, de las provincias y del ‘capital flotante’ de YPF, que están en poder de los fondos de inversión. Un ‘pagadiós’ a Repsol, por lo tanto, choca con las necesidades de la compañía mixta, sometida a las exigencias de las Bolsas de valores. La nu
eva YPF también hereda la deuda que contrajo Eskenazi para quedarse con el 25% de la compañía, y que deberán seguir pagando con utilidades si no quieren provocar un derrumbe bursátil (ver artículo en página 4).

La reprivatización arranca con estas hipotecas, que terminarán siendo pagadas por contribuyentes y trabajadores. Si Repsol se presenta a litigar en los tribunales del Banco Mundial, la expropiación podría demorarse varios años, algo que entusiasma al gobierno. Pero una larga controversia judicial se contrapone con la pretensión de endeudarse y consumar “alianzas estratégicas”. En caso de prolongarse los litigios con accionistas, las garantías a los futuros socios o acreedores provendrán del giro corriente, o sea, de los naftazos.

Injerencia imperialista

La estatización parcial ha desatado una escalada de críticas por parte de los Rajoy, Calderón, la Unión Europea y, más tibiamente, del Departamento de Estado. La injerencia imperialista, que debe ser denunciada sin atenuantes, quiere influir en las condiciones de la expropiación onerosa. Como dijo el ex ucedeísta -y ex kirchnerista- Martín Redrado, “la reacción internacional dependerá del precio de compra de las acciones (a Repsol)”. El kirchnerismo buscará apaciguarlas con nuevas garantías en favor de los pulpos extranjeros y, principalmente, norteamericanos. Mientras fustigaba a Repsol, Kicillof reivindicó el interés de la Exxon en el mercado argentino.

Al lobby internacional en favor de Repsol, se han sumado los seudosocialistas del PSOE español, y hasta la “izquierda unida”, que le ha pedido a Rajoy que defienda al vaciador Repsol, pero “sin prepotencia” (¡!). En oposición a esta injerencia colonial, reivindicamos el derecho a la autodeterminación nacional, sin que ello implique el menor apoyo al gobierno argentino y sus medidas con YPF. Del mismo modo, llamamos a la izquierda española y europea a repudiar los aprietes de los Rajoy o la Unión Europea contra Argentina, y a enlazar ese reclamo con el de la expropiación sin pago de “su” banca y el repudio de las deudas. Los banqueros, que quieren ser rescatados a costa del ajuste más brutal contra las masas europeas, son los mismos que expoliaron a la Argentina a través de Repsol.

Chavismo tardío

La semiestatización ypefiana no altera a las concesiones petroleras en favor de otros grupos privados, que representan el 66 y 75% de la extracción de petróleo y de gas, respectivamente. Tampoco modifica el régimen de ‘federalización’ de los hidrocarburos del menemismo, que entrelazó a los Estados provinciales y sus gobiernos con los privatizadores.

La estatización parcial no es una respuesta organizada al ‘fracaso de las privatizaciones petroleras’, como presumen los kirchneristas. Se arriba a esta ‘salida’, precaria e improvisada, después de una década de rescate de esos privatizadores a costa del presupuesto, de la Anses y de las reservas internacionales. Es una reacción tardía al derrumbe de esa política, y cuando, como resultado de ella, las cajas del Estado están exhaustas. Como alternativa a esa fundición, los K ofrecen una asociación con el capital financiero internacional. Pero esa alianza, en el marco de la crisis mundial capitalista, está más condicionada que nunca a concesiones leoninas. Por caso, el alineamiento de precios internacionales y la libertad para remitir utilidades al exterior. La reprivatización de YPF se integra, por lo tanto, a la sintonía fina del ajuste, y vuelve a coloc! ar sobre el tapete el escenario de un “rodrigazo”.

En oposición a este nuevo vaciamiento, planteamos la nacionalización integral y sin compensación de toda la industria petrolera, bajo control obrero. Para el caso de YPF, el Estado argentino debe reclamar ser resarcido por el desfalco incurrido en la propia privatización, consumada a un precio ínfimo y pagada con deuda externa y el remate de la flota, y de otros activos de la petrolera estatal. Debe considerarse también la destrucción de los activos de la compañía, que remitió fondos al exterior por encima de las utilidades obtenidas, y los daños ambientales cometidos. El mismo procedimiento debe valer para el resto de la industria, a través de una auditoría a cargo de comisiones de obreros y técnicos independientes.

Una nacionalización integral exige, por otra parte, una restructuración económica de fondo. El llamado “ahorro de las empresas” (ganancias acumuladas) alimentó en estos años una fuga de capitales de 80.000 millones de dólares, las que revelan las posibilidades nacionales de superación del marasmo energético, industrial o ferroviario. Los límites para esa superación no son materiales, sino que dependen de la clase social que gestione los recursos disponibles.

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YPF: Los ‘hermanos latinoamericanos’ toman partido

Marcelo Ramal (especial para ARGENPRESS.info)

Los funcionarios del gobierno han colocado a la brasileña Petrobras como ‘modelo’ de lo que pretenden para YPF como empresa mixta. Pero en cuestión de horas, los responsables de la empresa ‘modelo’ se encargaron de explicar en qué lugar se colocaban frente a los anuncios argentinos. Según informa la revista Valor, “el gobierno de Dilma Rousseff ayudará a Argentina en lo que sea posible, pero sin hacer nada en detrimento de la rentabilidad de sus operaciones” (Cronista, 18/4).

Así, dejaron en claro que sólo aumentarán su producción -que es lo que reclaman los K- a condición de obtener precios ‘redituables’. Pero esa lógica, ¿no es la misma que le exigirán sus socios privados a la YPF mixta? La pseudoestatización oficial conduce a una dolarización del mercado petrolero, con sus consecuencias convulsivas. Más allá de estos intereses particulares, los jefes de Petrobras dejaron en claro que no se indispondrán con los pulpos petroleros, que son sus socios en diversas ‘alianzas estratégicas’.

Por idénticos motivos, Evo Morales felicitó a Cristina, pero se ocupó de aclarar que entre Repsol-YPF y el gobierno boliviano “hay una relación de mucha confianza”, porque el grupo español “respeta toda la normativa boliviana”, que asegura jugosos beneficios a las petroleras privadas. En Perú, donde Repsol ha localizado fuertes inversiones, el ministro de Economía de Ollanta Humala transmitió su ‘respeto’, aunque “definitivamente no compartimos esas políticas. Hemos aprendido hacia dónde llevan esas políticas insanas”.

Los ‘hermanos’ latinoamericanos han mantenido la distancia necesaria para preservar sus relaciones con Repsol. Pero lo mismo hicieron Néstor Kirchner y Lula en 2006, en vísperas de la ‘nacionalización’ boliviana. Las asociaciones con los pulpos están por encima de la ‘unidad latinoamericana’ alardeada por las burguesías y sus gobiernos. La ‘nueva’ YPF de los K no escapa a esos límites brutales.

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Argentina: Dar vuelta la página negra de la entrega

Lic. Juán José González

Argentina no debería compensar a Repsol por la expropiación de YPF, sino que ella debería resarcir al pueblo argentino.

La expropiación de YPF Repsol SA es un paso trascendente para la recuperación definitiva y total de la renta petrolera para el Estado, por medio de una empresa con participación del Estado nacional, las provincias productoras, los trabajadores y los consumidores, que permita generar un movimiento de apoyo de todo el pueblo argentino para lograr el autoabastecimiento petrolero.

Argentina es un país con petróleo, no un país petrolero. El recurso debe servir, en primer lugar, para satisfacer las demandas energéticas de nuestro crecimiento económico y no para engordar los capitales foráneos de las empresas multinacionales. Por eso se debe avanzar en expropiar al resto de las empresas que explotan pozos petroleros en nuestro país.

La expropiación de YPF es un paso positivo, pero la empresa estatal argentina debe ser 100% estatal y pública. El paso que se dio cesa la sangría y el vaciamiento de nuestra riqueza.

La medida tomada por la Presidenta da vuelta una página negra de entrega de nuestra soberanía energética. Aunque hay que recordar que muchos de los que hoy defienden la recuperación de YPF, fueron los que promovieron su liquidación y privatización, como Oscar Parrilli y el propio Néstor Kirchner. Valga el reconocimiento del error para recuperar el 100% de la renta hidrocarburífera.

En el período Repsol perdimos 8 años de reservas en petróleo y 10 años de reservas en gas, eso equivale aproximadamente a niveles de producción del último año, u$s 70.000 millones. La privatización del menemista estipulaba que la operadora, por cada barril extraído debía aportar un barril de reservas, lo mismo para las cuencas gasíferas, Eso no se cumplió, por lo cual tenemos derecho a rescindir las concesiones, y hacernos cargo de las empresas sin pagar un dólar.

El Tribunal de Tasación deberá considerar esta situación, y analizar cuánto invirtió Repsol en Argentina por la compra de la empresa, cuánto extrajo y saqueó, qué monto de ganancias giró al exterior, y a partir de ello deberá compensarse por el valor actual de la empresa a valor de libros.

Según opinan algunos economistas especializados, el valor de los activos de YPF Repsol es de 8.000 millones de dólares y el pasivo de 8.000 millones, o sea que no existe patrimonio neto. Pero Repsol cuenta las reservas en petróleo y gas, riqueza que es de los argentinos y que jamás le fue entregada. Con lo cual, de considerarse este balance, Repsol debería resarcir al pueblo argentino por el saqueo a que sometió nuestra riqueza hidrocarburífera.

Sobre la “inseguridad jurídica” hay que decir que los defensores del establishment sólo se preocupan por sus inversiones y sus ganancias extraordinarias. ¿Y la seguridad jurídica del pueblo argentino? Para nosotros primero está el pueblo, y por detrás las inversiones extranjeras y el “libre mercado”.

Juán José González es Profesor Adjunto Administración de la UNCo. Referente Proyecto Sur Neuquén.

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Argentina: Nafta de ayer…sacándole a Repsol…

Alfredo Grande (APE)

Gas del Estado se privatizó con el voto de un diputrucho, el recordado ciudadano K-enan. Ya fallecido, supongo que ahora será un ángel trucho. Pero lo más trucho no fue ese voto, sino que el dictamen legislativo nunca fue revocado, siendo un acto nulo de nulidad absoluta. Cada vez que se me vence la factura de Metrogas, recuerdo ese lamentable episodio. Por mucho menos, Lisandro de la Torre se suicidó. Por lo tanto, al igual que Claudio Lozano, yo celebro. Pero brindo con agua sin gas. La sola presencia de De Vidano, yo celebro. Pero brindo con agua sin gas. La sola presencia de De Vido, responsable impune de la masacre de Once, me pone en alerta naranja.

“Voy a cazar elefantes, porque la monarquía es un elefante blanco”
(aforismo monárquico apócrifo)

“si el menemismo no hubiera privatizado, el kirchnerismo no podría expropiar. Siniestra pareja”
(aforismo implicado)

“–¿Piensa que el ingreso de capitales argentinos a YPF fue importante para una mayor inversión en exploración?
–Creo que es muy importante; hay un conocimiento mucho más acabado de la economía del país y se articuló la sinergia entre capital argentino y capital español; así se logró la excelencia de la empresa, como dijo la Presidenta. También es importante resaltar que Antonio Brufau, de Repsol, a partir de 2005 toma una visión de apertura, de entender los procesos de la Argentina y por supuesto él fue el que tomó la decisión de incorporar el capital nacional.
Julio De Vido, “Tendremos gas para 90 años”. ( Página12, diciembre de 2010).
Claudio Lozano celebró la reapropiación del 51% de las acciones de YPF .Sin embargo precisó que el anuncio presidencial no plantea la revisión de todas las concesiones de áreas de explotación y los niveles de cumplimiento de los términos de cada una de esas concesiones. Tampoco establece la necesaria derogación de los decretos desreguladores de la actividad dictados durante el menemismo, ni resuelve la falta de auditoría de las reservas petrolíferas del país. (elparlamentario.com 17-4-2012)

“En una exposición ganadera, un señor se acerca a un corral, interesado en comprar dos vacas lecheras. Le pregunta al paisano que cuidaba. –Disculpe, estas son vacas lecheras? –Cuál de las dos: la de la derecha o la de la izquierda?-responde el paisano. La de la derecha. –Sí, la de la derecha sí. –Y la de la izquierda? –vuelve a preguntar el futuro comprador. –También es lechera. Un poco sorprendido, el comprador pregunta: - Y dan buena cantidad de leche? –Cual, la de la izquierda o la de la derecha? -La de la izquierda. –Sí, esa da buena cantidad de leche. –Y la de la derecha? – vuelve a preguntar el comprador.- -También da buena cantidad de leche- responde impasible el paisano. Este tipo de respuesta se repite varias veces hasta que cansado el comprador pregunta al paisano. –Se puede saber por qué con cada pregunta usted me pregunta si la de la derecha o la de la izquierda y al final siempre es la misma respuesta?- Atento, el paisano responde. –Le explico, don. Lo que pasa es que la vaca de la derecha es mía. –Ah, y la de la izquierda? pregunta la paisano– También es mía”. Me contaron este chiste hace más de 30 años y en ese momento me causó mucha gracia. Reconozco que ahora menos, pero su recuerdo tiene que ver con que muestra claramente lo que podríamos llamar “la lógica paradojal”. O sea: en forma simultánea, dos situaciones opuestas, que terminan siendo más de lo mismo. O sea: la vaca de la derecha (privatización) y la vaca de la izquierda (expropiación) son del mismo dueño. Entonces la pregunta “cual de las dos vacas es”, no importa. En el nivel fundante, la vaca es una sola. Única. Desde mi horizonte cultural y político, esa única vaca es la cultura represora. Y la matriz económica de la cultura represora son los negocios. O sea, el lucro. La ganancia. La apropiación de las diferentes plusvalías que el trabajo social genera. Como dice un aforismo implicado “en una cultura no represora una golondrina hace verano”. Gas del Estado se privatizó con el voto de un diputrucho, el recordado ciudadano K-enan. Ya fallecido, supongo que ahora será un ángel trucho. Pero lo más trucho no fue ese voto, sino que el dictamen legislativo nunca fue revocado, siendo un acto nulo de nulidad absoluta. Cada vez que se me vence la factura de Metrogas, recuerdo ese lamentable episodio. Por mucho menos, Lisandro de la Torre se suicidó. Por lo tanto, al igual que Claudio Lozano, yo celebro. Pero brindo con agua sin gas. La sola presencia de De Vido, responsable impune de la masacre de Once, me pone en alerta naranja. Y la invisible presencia de Dromi, el señor de los anillos privatizadores, me pone en alerta roja. Y esa alerta no deja de activarse por la recuperación de soberanía. Simplemente porque no es lo mismo recuperar soberanía que restituir un paquete accionario al estado. La soberanía es una concepción de la totalidad. No hay soberanía por pedazos, cachitos, fetas, trozos. La soberanía no es una picadita con ingredientes varios, incluyendo salamines menemistas convertidos. Y no hay en la actualidad de nuestra cultura un discurso de la totalidad. Por eso lo habitual es escuchar: lo bueno se aplaude y lo malo se critica. O sea: la política partida, además del soberano corazón partido…Como no se quiere abarcar el todo, porque eso implica molestas tareas de memoria cercana y democrática, se prefiere sostener la teoría del autoengendramiento. Nada tiene pasado, hacemos mucho borrón con algunas cuentas nuevas. Lo pasado, pisado. Con la repugnancia de los genocidas de la dictadura (leer declaraciones pestilentes de J R Videla) y de los fascistas de consorcio (leer declaraciones pestilentes del Jefe del Operativo “Deshaciendo Buenos Aires” ingeniero sin ingenio M Macri) es suficiente para construir el consenso de la evidencia electoral sobre la voluntad popular. El esfuerzo de disociar la restitución accionaria de Repsol, de la catástrofe del transporte, o de la lacerante humillación de los originarios, precarizados, hambrientos, es un arte que necesita de los panegíricos de varias generaciones. El arte se llama: construcción del fetiche. Un fetiche es justamente la “parte por el todo”. La parte, por importante, trascendente, determinante que sea, no es el todo. ¿Pero hay un todo? Alguna vez a ese todo se lo llamo “metarrelato” y mucho antes… ideología. Si el presidente del concejo deliberante de Candelaria agarra a trompadas a un periodista, yo no puedo decir que no hay libertad de prensa en la provincia. De hecho, fue filmado. O sea: la parte, nunca es el todo. El genocidio se constituye no por la parte (asesinatos, secuestros, torturas) sino por haber sido un plan sistemático y planificado. Una totalidad que tuvo nombre y apellido: doctrina de seguridad nacional. Entonces no me importa cuantos mataron (me importa pero en otro nivel de análisis) sino que los mataron como parte de una totalidad mayor: la restauración conservadora, reaccionaria, fascista en la Argentina. La triple A fue necesaria, pero no suficiente. Era necesario el genocidio. Por eso el Nunca Más es nunca más a esa totalidad. El menemismo es una totalidad que tuvo su nave insignia: la convertibilidad. La devaluación duhaldista, llamada pesificación asimétrica, fue la continuación del liberalismo por otros medios. Ya sabemos: el neoliberalismo llora, el capitalismo ríe. Cuando llega lo que luego se conocerá como kirchnerismo, se instituye la paradoja fundante: capitalismo serio + derechos humanos. Por supuesto: no es serio que Repsol mande ganancias afuera y no genere inversiones adentro. Pero fue tolerada hasta ayer no más. Elogios no faltaron para el dios caído. Ni el archivo, ni Google, ni youtube, perdonan. En la sesión del Senado, un consultor hablaba de “nuevos actores” a los que se les había dado la exploración de áreas. Ante la pregunta de una senadora, los nombres que aparecieron, entre otros, fue Vila Manzano. Y quedó claro que se había generado una intermediación parásita que recibía áreas solamente para luego venderlas/pasarlas a…YPF. Ataque brutal a la soberanía pensada como totalidad. Pero la lógica de la parte que se desentiende del todo podrá hacer creer que muerta Repsol se acabó la rabia y la rapiña. Cuando estaba por creerlo, después de todo soy humano, lamentablemente humano, apareció la sombra de Eskenazi. El apellido me inquieta sobre todo si lo separo en sílabas. Pero sé por experiencia propia que nadie es responsable por portación de apellido. Pero de otras portaciones, si. Contactos, prebendas, favores, nepotismos varios. Por eso esperaré, aunque nunca sentado, que alguna vez la polémica sea por el todo, y no por cada parte que aparece, incluso sorpresivamente. La presidenta lo tiene, obviamente, más claro que yo. La lectura labial permite escuchar claramente: “vamos por todo”. Paso a paso, según el evangelio de “mostaza” Merlo. Pero todo no es la totalidad. En el todo del capitalismo queda afuera una mayoría que, ahora así, nunca más tendrá soberanía sobre su propia vida. La nafta de ayer que se la saquen a Repsol. La de mañana, será del pueblo o no será.

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Argentina: Un buen puntapié para iniciar el debate

OPSUR

La tan esperada medida de avance efectivo del Estado sobre el petróleo y el gas es hoy en día una realidad. No se ven mayores inconvenientes a una aprobación directa en el Congreso Nacional.

La recuperación en el control y gestión del petróleo y el gas por parte del Estado nacional ha sido bandera y objetivo político de numerosas organizaciones, de las cuales somos parte. Sin embargo, no creemos que la medida apunte a la raíz de la situación y pueda ser tomada como punto de inflexión en la superación del marco regulatorio neoliberal, por lo menos hasta este momento. A su vez, el debate público -donde primó un punto de vista económico en desmedro de abordajes ambientales y sociales- se ha centrado únicamente en el por qué y el cómo. El para qué de la medida, según el proyecto de ley, apunta a alcanzar el autoabastecimiento energético y el equilibrio de la balanza comercial. Sin embargo no se llega a dilucidar el día después con mayor profundidad, los únicos indicios son el explícito interés sobre los cuestionados yacimientos no convencionales. La formación Vaca Muerta -que se ubica principalmente en territorio de la provincia de Neuquén- es la que más intereses despierta -aunque también existen otras cuencas en el país-; el escenario futuro, podría ser de profundo riesgo ambiental y social para gran parte del país, como lo demuestra la experiencia internacional.

Que el árbol no nos tape el bosque

Si bien celebramos la medida creemos que debe ser el puntapié inicial y no el cierre del debate energético, que se ha circunscripto a un abordaje económico. Consideramos que aún hay mucha tela para cortar.

Todavía no ha habido un pronunciamiento sobre los pasos a seguir respecto al marco regulatorio neoliberal que actualmente rige el sector, principalmente los decretos de la era menemista 1.055/89, 1.212/89 y 1.589/89. La vigencia de la desregulación y la libre disponibilidad del recurso lo definen como un commodity y no como un bien estratégico, más allá del supuesto cambio de paradigma que significaría la expropiación de las acciones de YPF, expuesto en la fundamentación del proyecto.

Asimismo, no se ha planteado el aumento de las regalías para todo el sector, en la Argentina los gravámenes son de los más bajos a nivel mundial y en clara disonancia con el camino emprendido en los últimos años por otros países de región. El aumento de las regalías sería una forma genuina de capturar parte de la renta petrolera de todo el sector, no únicamente de una empresa -que hoy detenta menos de un tercio de la extracción total de petróleo y gas.

La implementación de un plan de transición energética hacia una matriz ambiental y socialmente sustentable, sostenido con aportes de la potencial recuperación de la renta hidrocarburífera, tiene que ser parte del debate. No debería encerrarse únicamente en si el Estado debe intervenir o no en el control de los hidrocarburos o la recuperación de la renta petrolera, como condición excluyente de cualquier otra medida. La amplitud e integralidad de aristas, por sus profundas implicancias sociales y ambientales, debería aunarnos en un debate. Esto no solamente mejoraría considerablemente el modelo energético que tenemos y queremos, sino que también apuntalaría qué país nos gustaría construir para nuestra generación y las venideras; este sería efectivamente un ejercicio de soberanía energética.

Contradicciones: extracción para exportar y autoabastecerse

Dos de los puntos más destacables de la medida son la declaración de interés público del sector y sus diversas etapas, como lo expresa el artículo 1 del proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, y la creación del Concejo Federal de Hidrocarburos. Ambas darían mayores herramientas al Ejecutivo nacional, sumando la parcial expropiación, para un control más férreo del sector. Consideramos que tanto en el proyecto como en los debates posteriores, la primera plana del gobierno nacional se ha auto exculpado de cualquier responsabilidad que le quepa en los casi 9 años que lleva al frente de la Casa Rosada. Asimismo, ha corrido del eje la responsabilidad que tendrían que asumir los gobernantes provinciales, quienes muchas veces han actuado como representantes de las trasnacionales para lograr el mantenimiento y el incremento de los beneficios empresariales. En este sentido, la incorporación del grupo Eskenazi dentro de YPF no es mencionada por parte de los funcionarios nacionales, ni en el proyecto ni en los debates públicos. El rol y función que juegan los empresarios locales, en alianza con las trasnacionales, es olvidado en la definición de soberanía hidrocarburífera que propone el kirchnerismo. Este craso error, y en virtud del potencial escenario de alianza con el sector privado para acceder a los futuros niveles de inversión requeridos, no puede ser dejado de lado. Desde este espacio no esperamos que se ‘rasguen las vestiduras’, sino que subrayamos que el diagnostico oficial no repara en la necesidad de un cambio estructural del sector en ningún momento.

En esta línea, las palabras de la presidenta Cristina Fernández son claras en el sentido de que esta medida no es una ‘estatización’. La invariabilidad del status jurídico de la empresa, que continuará siendo una sociedad anónima, refuerza la idea de que su comportamiento no distará de la lógica de sus pares. El nuevo rumbo que se imprimirá en YPF y en todo el sector, de acuerdo al proyecto, apuntaría por un lado al autoabastecimiento (que revierta la tendencia deficitaria en la balanza energética y comercial) pero también, y paradojalmente, a la generación de saldos exportables. En otro de los puntos del proyecto se sostiene que la extracción hidrocarburífera “racional” apuntará a contribuir al modelo de acumulación imperante como prioridad, estimulando la competitividad de la economía en su conjunto.

La insustentabilidad como eje

¿De qué forma será posible que Argentina pueda autoabastecerse, garantizar el recurso a las generaciones venideras y, al mismo tiempo, exportar? La tendencia declinante de las reservas hidrocarburíferas no solamente son motivo del saqueo rampante del subsuelo emprendido por las trasnacionales, sino también un signo de que las cuencas tradicionales del país han llegado al llamado ‘peak oil’ o punto máximo de extracción (de hidrocarburos baratos y de fácil acceso). ¿Cómo paliar esta situación? Desde despachos empresariales y públicos la resolución a este dilema es la extracción de hidrocarburos de yacimientos no convencionales.

Argentina es la tercera reserva mundial de gas según un informe de la consultora Advanced Resources International Inc. -contratada por el Departamento de Energía de EEUU-, repiten sin cesar los funcionarios gubernamentales. Omiten, sin embargo, que un estudio oficial del gobierno de Polonia redujo a un tercio las cifras que la misma consultora atribuía a ese país -presentado ante la opinión pública como el ‘paraíso de los yacimientos no convencionales’ de Europa. O incluso EEUU, donde las reservas declaradas por las empresas empiezan a ser cuestionadas por estar ‘infladas’.

Tampoco los impactos ambientales y sociales que ha significado el desarrollo de este tipo de explotación en EE.UU. son tenidos en cuenta a la hora de proponer su implementación. La prohibición que pesa sobre estas técnicas de producción en Francia y Bulgaria o las moratorias que impusieron algunos estados de EE.UU., Sudáfrica, Australia y el Reino Unido de Gran Bretaña, entre otros, tampoco se mencionan.

La industrialización masiva de áreas rurales, la afección de economías regionales, el uso indiscriminado de agua, la pérdida de soberanía alimentaria por parte de agricultores, la contaminación comprobada (por la Agencia de Protección Ambiental -EPA- de EEUU) sobre tierra y agua y el indudable impacto sobre la salud de los habitantes serían datos menores para el discurso económico desplegado en los últimos días.

Sin embargo, el ministro de Planificación Federal y ahora interventor de YPF, Julio De Vido, ha dicho que Repsol deberá pagar por los pasivos ambientales. El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, ha sido el precursor en este sentido y anunció que demandará a Repsol por el pasivo ambiental que dejó la operación de la compañía en territorio provincial. Pero, una vez más, la preocupación ambiental es una variable de negociación en donde lo que no se pone en tela de juicio es al sector en su conjunto, sino que se cuantifica la naturaleza como si fuera una mera mercancía. En el marco de la crisis ecológica global, que tiene entre sus principales razones la quema de hidrocarburos, el país pospone necesarios debates sobre una de transición energética y una verdadera sustentabilidad.

Nos preguntamos si el aumento de participación en el sector por parte del Estado nacional redundará en una adecuación de la industria a los derechos de los pobladores locales. Vasta información documenta las recurrentes violaciones de derechos humanos por empresas privadas, especialmente sobre campesinos y pueblos indígenas. En este sentido, nos alerta y preocupa la benevolente mención -en los fundamentos del proyecto de ley- de la prioridad que tiene en México la extracción de hidrocarburos por sobre cualquier otra forma de ocupación y uso de la tierra. ¿Hasta dónde estarán dispuestos el Estado nacional y los provinciales a avanzar con la frontera hidrocarburífera? ¿En qué medida se garantizará un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras de continuar profundizando la matriz hidrocarburífera?.

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Reforma electoral: El discurso de Alcira Argumedo

INFOSUR

La diputada por Proyecto Sur, Alcira Argumedo se refirió al proyecto de ley que habla sobre la reforma a la ley electoral.

Señor presidente: quiero hacer un breve comentario. Celebro esta introducción con un touch de telenovela venezolana, mediante la utilización de todos los nombres, esta cosa de “te amo, María Rosa Francisca del Carmen”, “yo también, Hugo Pedro José”.

De todas maneras -me puede llamar Susanita, no tengo problemas- esta introducción vale. En cierta forma, tengo que perdonarlo, señor presidente, por su caballerosidad, con las cazuelitas, las felicitaciones para Pascuas, verdaderamente debo reconocerlo y hago una pequeña advertencia: dado que tiene esta caballerosidad quisiera pedirle que cuando los señores diputados están hablando y se exceden un poco en su tiempo no se los corte en el uso de la palabra en forma tan abrupta, es decir que se les deje terminar la frase porque si no puede ocurrir lo que recordamos algunos de avanzada edad como quien habla, cuando en el programa de Roberto Galán “Si lo sabe cante”, quienes no eran aceptados por el público eran sacados con una grúa. (Aplausos.)

Si los taquígrafos son estrictos, verdaderamente quien lea las versiones de la Cámara dentro de unos años va a encontrar que de golpe la exposición de un diputado termina “por que me…”, lo que no me parece que sea bueno para la historia. (Aplausos.)

Con referencia a la ley electoral quiero decir que aquí hay un contraste muy importante entre los fundamentos de dicha ley, en cuanto a la modificación del Código Electoral sobre la emisión de voto. Se busca una reforma para brindar a la ciudadanía un sistema más moderno, más ágil y transparente, dotado de seguridad jurídica, con el nuevo formato del DNI que pasa ahora a tener una categoría más moderna dejando de lado la anacrónica libreta de enrolamiento y la libreta cívica, más tarde reemplazados por el DNI de la libretita en papel. Se está hablando de la digitalización de datos de cerca de 50 millones de personas, del nuevo banco de datos, de que Argentina vuelve a tomar la vanguardia en la identificación personal, como cuando descubriera la huella digital como forma de identidad, de la modernización con tecnología de avanzada del registro electoral, planteando las alternativas más avanzadas alrededor del troquel.

Estos fundamentos que se presentan en el proyecto contrastan sin embargo con el hecho del fuerte énfasis que se impone en el castigo a la abstención. Es cierto que en la Argentina se ha venido dando un proceso por el cual la abstención ha ido creciendo en los últimos años. Pero nos parece excesivo que la falta de presentación de la constancia conlleve el riego de, en muchos casos no poder ser designado funcionario o empleado público por tres años o no poder realizar trámites durante un año si no se paga la multa, es decir caer en la muerte civil. A esto se agregan las duras sanciones a los empleados públicos que permitan hacer trámites a quienes no presenten este papelito. De alguna manera debemos llamar la atención acerca de que el padrón electoral del 2011 giraba alrededor de los 28 millones de electores.

Si se tiene en cuenta que votó el 72 por ciento de los electores estamos planteando que hay un 28 por ciento del padrón que no votó. De ese padrón hay que sacar a las personas mayores de setenta años pero resulta que hay cerca de 5 millones de personas que van a tener problemas porque bajo una u otra forma no han emitido su voto, por lo cual no pueden tener el troquel.

Aquí entramos en un proceso de burocratización altamente riesgoso, con esos 28 millones de papelitos dando vueltas. El agregado del argumento de “me lo olvidé, se me perdió, voy a buscarlo, etcétera, etcétera” es altamente riesgoso y no precisamente moderno.

El otro elemento señalado aquí es el tema de los fiscales. Es cierto que es una dificultad para los partidos más chicos. Me refiero al tema de tener fiscales que no puedan votar en la misma mesa que controlan, y eso tiende nuevamente a facilitar y promover los grandes aparatos políticos, pero sobre todo esta ley mantiene con todas sus pretensiones de modernidad -Tecnópolis mediante- el mismo método que desde los comienzos de la Ley Sáenz Peña utilizaban algunos punteros políticos, como Alberto Barceló. Digo esto porque sabemos que todavía existen los Alberto Barceló y los “Ruggerito” en algunas partes del país.

Por esa razón nosotros proponemos reemplazar la boleta tradicional, que se presta a tantas situaciones de fraude o de presión sobre la dignidad de los electores. En este sentido, no podemos ignorar que se han conocido casos emblemáticos en esta romántica distribución de las boletas en los barrios, como la que mencionó la señora diputada Conti. Quienes militamos en los barrios en épocas en las que no existían las boletas democráticas, porque no había democracia, sabemos que se usaban volantes y otros métodos creativos que no necesitaban de esas boletas. Sin embargo, aprovechándose de las necesidades de los sectores más golpeados de la sociedad, se inventaron ciertos métodos que distorsionaban el proceso. Desde este bloque esperamos que esa forma de proceder no exista nunca más. Me refiero a determinadas actitudes, como la de entregarles a los electores una sola zapatilla del par junto con la boleta marcada, mientras que la segunda zapatilla se la daban si la boleta aparecía en la urna. ¿Dónde está la modernidad?

Teniendo en cuenta que está finalizado el tiempo del que dispongo para hacer uso de la palabra, y para que no me corte, como lo hacía Roberto Galán, quiero llamar la atención a los integrantes del bloque del Frente para la Victoria, porque justamente en la zona de Avellaneda, en las tierras de Barceló, a pocos días del 17 de octubre de 1945, el por entonces coronel Perón les decía a los habitantes de Avellaneda: “Soñamos con un futuro en el cual el pueblo nombre a sus representantes, eligiéndolos no entre los más hábiles políticos ni entre los más camanduleros para hacer un fraude, sino entre los que han probado que son honrados y leales a la clase trabajadora.” (Aplausos).

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El precio de la yerba y la revolución

Carlos del Frade (ACTA)

Durante la última semana, una de las discusiones entre el oficialismo, parte del empresariado y los grandes medios de comunicación fue el precio del paquete de un kilogramo de yerba que se llegó a pagar hasta 30 pesos en las góndolas de las principales ciudades de la Argentina.

Por un lado se habló de aplicar la ley de abastecimiento y del otro, apuntaban que la yerba estaba más barata en Miami.

Discusiones de mesas chicas donde se cocinan los negocios políticos y económicos. Y grandes pantallas que giran sobre esas polémicas entre minorías.

Sin embargo hay otra realidad, la más directa, la de los trabajadores que cosechan la yerba, identidad económica y ecológica de provincias como Misiones y Corrientes.

La vida de los tareferos de Montecarlo está oculta detrás de estas discusiones. No se la muestra. No se la quiere mostrar porque en esas existencias cotidianas están sintetizadas las mezquindades de gobernantes, empresarios y productores.

Apenas terminé quinto grado porque acompañaba a mi padre a la cosecha. No podía completar la escuela. Y eso mismo le pasa hoy a cientos y cientos de tareferos a los que les duele saber que sus hijos los tienen que acompañar para juntar la mayor cantidad de kilos posibles para que le paguen algo más o menos digno - dice Cristóbal Maidana, secretario general del sindicato de tareferos de esa localidad misionera.

Hay 15 mil hombres como Cristóbal.

Deben hacer un poncho, un raído de la yerba que incluye 100 kilos del oro verde, resorte de la economía regional desde los tiempos de los jesuitas y guaraníes. Pero para juntar tanto hacen falta las manos de los niños y, entonces, las escuelas quedan repletas de sombras.

Por cien kilos que juntamos nos pagan 24 pesos - dice Cristóbal que habla pausado, triste y firme.

24 pesos por cien kilos de yerba que esta semana se vendió a 30 pesos el paquete de un kilo.

Quiere decir que cada tarefero cobra 24 centavos por kilo.

Un símbolo de la historia argentina.

Porque la moneda de 25 centavos, esa que incluso queda grande para pagarle a esa careta que tiene la esclavitud en estos parajes bellísimos del país, tiene como dibujo el cabildo de Buenos Aires. La síntesis de la revolución. Aquella que deseaba conquistar en el trono de la vida cotidiana la noble igualdad.

Así de miserable es el salario de los tareferos. El mismo precio que la revolución devaluada según las cifras del tercer milenio. La moneda de 25 centavos, la que recuerda el sueño colectivo inconcluso de mayo de 1810, alcanza y sobra para pagar al tarefero.

La fuerza y capacidad del cosechero de yerba vale lo mismo que el símbolo de la revolución, 25 centavos.

Mientras tanto, las discusiones se hacen por el paquete que se vende en las góndolas.

No tenemos para comprarles libros ni zapatillas a nuestros hijos para llevarlos a la escuela. Pero vamos a seguir peleando. Porque no merecemos vivir así -dice Cristóbal, la voz de 15 mil trabajadores que ganan 24 centavos por kilo de yerba. Casi el mismo precio con el que cotiza el recuerdo de la revolución inconclusa.

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Argentina: Los dilemas de la etapa

Claudio Lozano

El presente material pretende aportar un conjunto de reflexiones sobre la coyuntura que en términos económicos estamos transitando. Se trata de un conjunto de aportes que no buscan otra cosa que compartir una determinada mirada sobre la coyuntura a efectos de someterlo al debate con todos aquellos compañeros deseosos de poner en cuestión el “relato dominante” y compartir una estrategia en pos de asumir los profundos desafíos que la coyuntura nos demanda.

A tal fin, nos ha parecido propicio presentar nuestras reflexiones en base a una serie de puntos que consideramos relevantes. Sin embargo, estos puntos están puestos para hacer más esquemática la lectura y no son independientes los unos de los otros.

Por último, estas reflexiones fueron realizadas con anterioridad a la masacre ferroviaria del 22 de febrero, así como del discurso presidencial de la apertura de sesiones legislativas del 1ero de marzo. Se trata de dos eventos sobre el que o bien ya realizamos algún material (en el caso de la masacre ferroviaria) o que estamos en proceso de elaboración (discurso presidencial). No obstante, ambos eventos no solo no contradicen las reflexiones que nutren este material sino que en varios aspectos los refuerzan (lamentablemente en el caso ferroviario), y en la medida en que se ha podido, se ha incorporado referencias a los mismos en el texto que ponemos a su disposición.

I) Caracterización general de la etapa: fin del crecimiento fácil, inflación y congelamiento social

La etapa en la que estamos puede caracterizarse en términos económicos como la permanencia del agotamiento de las condiciones internas que permitieron realizar el crecimiento acelerado (o crecimiento fácil) vivido en los años que van de mediados del 2002 hasta finales del 2006. Desde el año 2007, una a una, las condiciones internas que permitieron aquel crecimiento muestran una clara modificación respecto al que exhibían en los años previos. Así, la brutal regresión del ingreso del año 2002, la elevada capacidad ociosa en las firmas, la disponibilidad de infraestructura económica que hicieron posible el rápido crecimiento económico, han mutado en una recomposición relativa de la distribución del ingreso (que permitió salir del infierno del 2002 pero sin llegar a los valores de 1998), en una utilización casi plena de la capacidad instalada, y en la constatación de significativos niveles de obsolencia y déficit en importantes segmentos de la infraestructura económica (transporte en primer lugar como fatalmente ocurriera en estos días, pero también en el sector energético en un lugar central). Hemos ya señalado en otros materiales que esto ha sido así porque el crecimiento “fácil” del período anterior se realizó sobre la base de aprovechar las condiciones expuestas antes que a plantear nuevas bases que supusieran un cambio estructural en el modo de funcionamiento de la economía argentina. Dicho de otro modo, frente a la decisión de no modificar las condiciones estructurales que definen la organización económica de la sociedad, el crecimiento facilitado por las condiciones internas mencionadas, fue paulatinamente agotando dichas condiciones. Es entonces el agotamiento de las condiciones internas las que ponen fin a la etapa de crecimiento fácil, y es esta nueva etapa, donde el crecimiento económico exhibe problemas significativos los que, con diversas intensidades, han recorrido la coyuntura económica desde el 2007 hasta nuestros días.

Entre las múltiples modificaciones económicas que presenta la nueva etapa, una de ellas sobresale por su importancia y significación: nos referimos a la emergencia de un persistente, estable y no menor proceso inflacionario que, negado por el gobierno, ha cumplido la función de congelar la tibia recomposición social vivida en el período anterior, a través de un mecanismo que tiende a diluir -y en algunos pocos casos a mejorar en el margen - los aumentos nominales obtenidos por los diversos componentes de los ingresos populares (salarios, jubilaciones, asignaciones familiares y en menor medida los planes sociales). Vale aclarar que este cuadro general es válido como situación media social, pero que en su interior esconde realidades tan dispares como la creciente mejora por encima de la inflación de los segmentos medio-altos y altos de la sociedad, así como el empobrecimiento material de los sectores más vulnerables cuyos ingresos no se actualizan (en el caso de los planes sociales) y si lo hacen están muy por debajo del aumento del precio de los alimentos (a los que este sector destina una porción significativa de sus ingresos).

- Algunos datos de la etapa

El cuadro expuesto puede sintetizarse constatando que mientras el PBI (es decir la generación de riquezas) creció entre el 2006 y el 2011 en un 40% (estimación oficial) y un 25% (estimación propia), la pobreza se mantuvo prácticamente en el mismo nivel que en el 2006 (en torno al 30%) la indigencia (es decir las personas que pasan hambre) pasó del 11% al 15% (es decir un crecimiento del 40% en la tasa), la tasa de empleo prácticamente se estancó (en rigor creció apenas un 3% al pasar del 42,1% al 43,4%), y los salarios han tenido una evolución real del 10% (como consecuencia de un aumento nominal de salarios del período de 185% y un aumento de los precios del 170% y no del 60% como miente el gobierno a través de la intervención del INDEC). Resulta claro entonces, que en materia de desempeño económico, esta nueva etapa combina un menor crecimiento, con mayor volatilidad (esto es con años de caída del PBI como el 2009 y de menores tasas de expansión del nivel de actividad como el 2008), que ha congelado el cuadro social al tiempo que ha expandido los márgenes de desigualdad vigentes (por vía de la ampliación del excedente empresario y la mayor brecha entre las distintas franjas sociales).

II) Las razones estructurales de la inflación: mecanismo disciplinador del poder económico

Lo expuesto corresponde con una primera mirada, que si bien es crítica sobre la etapa que transitamos, no deja de navegar en la superficialidad de los fenómenos económicos. Agregar mayor profundidad supone considerar que el fenómeno inflacionario, que congela el cuadro social, no es un acontecimiento ni natural (que no se puede modificar) ni extra-terrenal (que no se puede explicar). La emergencia del proceso inflacionario está íntimamente vinculada con el modo en que la estructura económica vigente responde frente al agotamiento de las condiciones que facilitaron el crecimiento acelerado de la etapa anterior. Dicho en criollo, es la particular conformación del poder económico vigente en nuestra sociedad la que utiliza el proceso inflacionario para resolver los dilemas que la nueva etapa le plantea al proceso de acumulación de capitales de la Argentina. La inflación es así el mecanismo que le permite al poder económico frenar la mejora en la recomposición social, al tiempo que impacta positivamente en las cuentas públicas para intentar resolver, vía subsidios y obras públicas, los déficits que en materia de inversiones e infraestructura se evidencian. Ahora bien, la inflación es el mecanismo que permite corregir en parte los problemas que presenta la acumulación del capital por parte de los segmentos más concentrados del mismo, por la sencilla razón de que todo el período vivido del 2003-2006 lejos de revertir los grados de concentración y centralización del capital los mantuvo y los profundizó. Este dato es el resultado obvio al que se llega luego de que transitada la etapa de crecimiento acelerado no se tomaron las definiciones que permitieran a la Argentina afrontar un cambio estructural que modificara la distribución del poder económico. En este marco el resultado obvio luego de un quinquenio de crecimiento a tasas chinas es que el poder de mercado de las principales firmas, en lugar de menguarse se acrecentara, permitiendo con ello sentar las bases para definir el movimiento de los precios por parte de estos actores.

III) Las contradicciones del proceso inflacionario

La inflación es un mecanismo de corrección para la acumulación del capital a todas luces insuficiente y portadora de conflictos a la vez. Esta doble cualidad indisolublemente ligadas del proceso inflacionario, o si se prefiere esta contradicción inherente al proceso en sí, opera porque en una economía que se orienta al abastecimiento de materias primas al mercado mundial y de productos importados para el consumo medio-alto y alto, la punción sobre los ingresos de los sectores populares que requiere el capital para mantener su proceso de acumulación no puede generarse sin al mismo tiempo producir un fuerte malestar social, latente o expresado en conflictos crecientes, que tienden a debilitar el consenso sobre el rumbo económico. Por ende la inflación no resuelve los problemas que presenta la etapa, sino que simplemente agrega recursos fiscales y también conflictos sociales a la nueva etapa. Es por esta doble cualidad, de mecanismo corrector pero insuficiente y conflictivo a la vez, que el fenómeno inflacionario se ha sostenido por largo tiempo a tasas que si bien son elevadas (en torno al 25% anual) no se han desbordado en un proceso inorgánico, sino que cumple principalmente la función de mantener a raya la recuperación de los ingresos populares.

IV) Sobre las medidas “progresistas” de la etapa

Frente a esta insuficiencia de la inflación para realizar la punción sobre los ingresos de los sectores populares en la magnitud que requiere la reproducción del conjunto social (y en primer lugar del proceso de acumulación de los principales agentes económicos que definen al poder económico de la Argentina) es que la etapa que transitamos es pródiga de una serie de “innovaciones de política económica de fuerte tinte progresista”. Nos referimos con ello a las medidas que impulsadas y definidas por la administración estatal remiten a las históricas banderas del movimiento popular pero que tienen por objeto servir como fuente de financiamiento para darle aire y perspectiva a una organización social donde prima la desigualdad. Así, medidas como la fallida “resolución 125”, la estatización de las AFJPs, el uso de las reservas del Banco Central (y el reciente proyecto de modificación de su carta orgánica), la reciente decisión de revisar los subsidios a las tarifas de los servicios públicos e incluso los planteos recientes que se enarbolan en torno de la discusión con las petroleras, todas ellas grosso modo necesarias pero no exentas de problemas por demás significativos (y no nos referimos solamente a la famosa “resolución 125”) han tenido más que ver con tratar de agregar recursos a la ecuación fiscal del Estado (frente a la insuficiencia del financiamiento inflacionario) antes que conformarse como parte de una estrategia dirigida a replantear de manera estructural la matriz distributiva (es decir el conjunto de relaciones sociales básicas) en la que se asienta la sociedad argentina. Esta claro que estas medidas han supuesto en la práctica una redefinición del pacto de gobernabilidad entre los sectores dominantes y el elenco gubernamental no exento de conflictos y tensiones entre los mismos. Sucede que en la nueva etapa ya no se puede articular crecientes grados de apropiación del excedente por parte del conjunto de los sectores dominantes con las cuotas de legitimidad y consenso en el que se sostiene la gestión gubernamental.

Por ende, todos los conflictos que se han derivado de la puesta en práctica de las “medidas progresistas” de la etapa han combinado un cierto enfrentamiento con algún fracción de los sectores dominantes por parte de la gestión de gobierno y al mismo tiempo una cierta alianza o acuerdo con otra fracción del bloque de poder (así la “resolución 125” ponía en pie de guerra a los productores agropecuarios sin distinción pero se articulaba con el acuerdo de las aceiteras; la estatización de las AFJPs eliminaba un pingüe negocio de corto plazo para algunos segmentos del sistema financiero pero a la vez suponía evitar el costo de mediano plazo de afrontar la deuda previsional de este sistema al tiempo que se vinculaba con los intereses de los acreedores de deuda pública ya que la medida buscaba y consiguió resguardar la capacidad de pago estatal ; del mismo modo, el uso de reservas del banco central encontró en el sistema financiero y en los acreedores sus principales defensores puesto que fue una medida destinada a garantizar los pagos de deuda). Cierto es que, aun con las imperfecciones e impurezas del caso, es mejor que las medidas tomadas se hayan realizado puesto que mejora la perspectiva para una estrategia que pretenda ampliar los márgenes emancipativos de la sociedad. Tan cierto lo dicho, como que la razón y la concreción de las medidas no tuvieron nada que ver con la puesta en marcha de un cambio estructural sino más bien con reproducir, en una coyuntura más estrecha, los factores de poder que, una y otra vez, rigen los destinos de nuestro país. Así de compleja, ambigua y rica es la coyuntura que atravesamos.

V) El punto nodal de la etapa: Déficit de inversión

Llegado a este punto corresponde situar lo que desde nuestra perspectiva constituye el punto nodal que organiza la coyuntura económica que transitamos: nos referimos a la evidente ausencia, en calidad y magnitud, de la inversión necesaria para sostener el ritmo del crecimiento económico. No otra cosa, sino la decisión por parte de las principales firmas de retacear, e inhibir un proceso de inversión es el que expresa el mantenimiento sostenido de una significativa tasa de inflación. Son razones estructurales las que definen este comportamiento, amén de la voluntad consciente de sus actores. Despejando la animosidad empresaria, siempre vigente y a todas luces complacidas con el crecimiento vivido (que le ha permitido ampliar en niveles inéditos sus excedentes), es el particular modo en que se reproducen los capitales en la economía argentina y la particular composición de los mismos, los que explican el comportamiento adverso al proceso inversor que demuestran estos actores. Dicho en criollo, porque el proceso de acumulación de capitales de nuestro país se desarrolla por medio de la captura de ganancias extraordinarias a través de la explotación-depredación de nuestro recursos naturales (agroindustria, minería, petróleo e hidrocarburos, pesca, etc); de un abaratamiento general de la mano de obra y de la conformación de mercados oligopolizados, es que la inversión, esto es, la decisión de los empresarios de destinar una porción significativa de sus excedentes a ampliar su proceso de acumulación, brilla por su ausencia, ya que los capitales en la Argentina, o mejor, los capitales dominantes, se acumulan sin demandar inversión (rasgo evidentemente sistémico del carácter capitalista que presenta esta formación económica)

VI) Un punto sensible: La crisis del superávit externo

De este modo, a pesar del discurso “desarrollista” de la gestión, lo cierto es que este comportamiento ha tenido un resultado casi de espejo en materia de balanza comercial. En efecto, las pocas inversiones presentes (dominantemente destinadas a mantener las posiciones relativas y a evitar la obsolencia tecnológica de las principales firmas) han estado atadas a la evolución de las importaciones industriales, dando por tierra las lecturas oficiales que hablan del “proceso de sustitución de importaciones” . Sin embargo, este rasgo que estuvo presente a lo largo de toda la etapa de crecimiento acelerado, cobra vital importancia a partir del recrudecimiento de la fuga de capitales, que como una marca adicional de la nueva etapa, emerge con virulencia en el 2008, se atenúa pero a niveles aun significativos durante el 2009 - 2010, y recrudece en niveles prácticamente similares en el 2011 al pico del 2008. Así la fuga de capitales acaecidas en esta etapa, y principalmente en el último año, pone en jaque la capacidad de las exportaciones y su obtención de divisas, para hacer frente al conjunto de operaciones que se realizan en base a la moneda extranjera (compra de importaciones, pago de deuda en dólares, remisión de utilidades de las firmas extranjeras y la fuga de capitales de los residentes locales, entre otros). Es este cuadro de situación el que pone fin a una de las variables que en el discurso oficial se presenta como muestra de la “fortaleza” del modelo económico: el superávit externo, el cual ya no puede proveer los dólares necesarios que demanda el funcionamiento económico vigente, y amenaza por tanto en impactar modificando el valor de un precio clave en la economía argentina, como lo es el dólar.

VII) La sintonía fina, o estrategia del sopapo, como respuesta al cambio de etapa

Frente al descalabro que supone en materia de organización económica la modificación de una variable clave como el dólar, que tiene impacto inmediato en el sistema de precios, en el nivel de actividad, en la situación social, entre otros múltiples aspectos que reflejan la composición extranjerizada de la estructura económica vigente, el gobierno ha impuesto una serie de medidas (obligación por parte de las petroleras y mineras de liquidar las divisas en el país, control sobre la compra de billetes y a la transferencias al exterior) que constituyen una estrategia dirigida a administrar y contener el conflicto cambiario. Esta estrategia de administración y contención no ha estado exenta de significativos discursos oficiales, principalmente de la Presidenta, denostado el comportamiento especulativo en relación con el dólar por parte de los demandantes de los mismos y principalmente de la firmas. Se ha bautizado a esta estrategia, en palabras de la propia Presidenta como “la etapa de la sintonía fina”, reconociendo con ello, tardíamente, el cambio en la etapa económica. Sin embargo, esta sintonía fina, también nombrada por parte de la máxima autoridad política del país, como “el fin de la Avivada” (a lo que corresponde interrogarse sobre las razones de que recién ahora, luego de 8 años de gestión se reconozcan las supuestas “avivadas”) tiene mucho más que ver con una estrategia donde a la par que se desacredita públicamente el comportamiento empresario, pretende cosechar comportamientos “virtuosos” por parte de los mismos sin alterar las condiciones estructurales que definen, más allá de la voluntad, la racionalidad de la toma de decisiones de estos actores. Dicho en criollo, esta estrategia, que también puede denominarse como “administración del conflicto a los sopapos” tiene la doble virtud de señalar, siquiera tangencialmente, las dificultades que en materia económica atravesamos en esta etapa, al tiempo que permite visibilizar a parte de los agentes concretos que están por detrás de los mismos; pero tiene el defecto de no modificar los contenidos que presenta la regulación pública, manteniendo por esta vía, la reproducción de las condiciones estructurales que definen el comportamiento de estos actores.

- A modo de ejemplos: El caso del dólar y las petroleras

En el caso del dólar, la estrategia de la “sintonía fina” realiza una denostación pública de la remisión de utilidades de las principales firmas extranjeras, así como al elevado coeficiente importador de las mismas, a la que se acompañan con medidas que si bien son importantes (como el control cambiario, la licencia por importación) no son de la envergadura para hacer frente al desafío que plantea esta problemática (por ejemplo, la discusión sobre la extranjerización productiva, la falta de un proyecto de reindustrialización, etc).

En el caso de la reciente discusión con las petroleras , la “administración del sopapo” se expresó en la denostación pública de los comportamientos anti-competitivos (caso de la denuncia a las petroleras por vender con un sobreprecio a las transportistas el combustible, la falta de inversión en las áreas de concesión, etc) que parece estar más atado al modo en que el sector encarará el abastecimiento interno sin presionar excesivamente sobre el balance de divisas antes que a modificar la regulación estatal sobre el sector (revisando los decretos menemistas que fijaron a los hidrocarburos como simples mercancías y no como bienes públicos de carácter estratégico para el desarrollo y la libre disponibilidad del crudo por parte de las firmas) que permitirían al Estado capturar una parte mayor de la renta petrolera (en tanto el precio del barril supera los U$S 70 y su costo está en torno de los U$S 12) garantizando el abastecimiento energético a precios acordes con el costo de producción local y concretando las impostergables inversiones en materia de exploración, distribución y transporte que demanda el cuadro energético vigente.
VIII) La explicitacion de nuestra estrategia: El cambio estructural

Está claro que asumir los desafíos que plantean la nueva etapa supondría modificar la “sintonía fina” o “la administración a los sopapos”, tanto da, por una estrategia dirigida a replantear los aspectos estructurales que están por detrás de los problemas que atravesamos. En apretada síntesis, se trata de pasar de una economía motorizada por el mercado mundial y el consumo de altos ingresos por otra que haga depender el ciclo económico de la evolución del consumo popular como eje fundamental de la demanda, que permita a su vez construir una plataforma endógena para hacer posible un proceso de REINDUSTRIALIZACION en base al control público (Estado más Comunidad) del proceso de inversión. Resulta claro que la opción que le oponemos a la estrategia asumida por el gobierno requiere de un fuerte grado de cohesión política para hacer frente a la disputa con el Poder vigente. Estamos convencidos, que el respaldo popular con que cuenta la gestión, tanto en el reciente resultado electoral (54% de los votos) como en el consenso social que adquiere el discurso de denostación a la cúpula empresaria (es decir, el aval social al “sopapo” a las firmas), son muestras elocuentes de que se puede transitar este camino. También estamos convencidos que no hacerlo tampoco es gratis para la actual gestión, en tanto, la sola denostación pública es ineficaz para producir el cambio en los comportamiento empresarios que los desafíos económicos demandan (y en tanto no lo hagan transforman en vacías o carentes de efectos, las palabras presidenciales). Pero también somos conscientes que, avanzar en el cambio estructural, supondría una modificación abrupta de la base de sustentación política de la actual gestión, que incluye en un lugar privilegiado pero silenciado, por más que no se la quiera escuchar o se los pretenda negar, a los poderes económicos instituidos. Claro está, que aunque su base de sustentación política se ancle en el poder económico vigente, la actual gestión no es neutra, muy por el contrario, respecto al grado de consenso social que se muestra en cada coyuntura. Su condición de permanencia en la administración del aparato estatal es, como para cualquier elenco gubernamental, los grados de legitimidad política que en cada momento detenten. Es por esta razón, que frente a los atisbos de deterioro en la legitimidad política fruto del cambio de etapa económica, es que la actual administración demostró tener una capacidad de innovación de políticas económicas de elevado consenso para dar aire y perspectiva a la reproducción social (como ya lo señaláramos en el punto “sobre las medidas progresistas…”) y en la actual coyuntura pretende cosechar una mejor performance empresaria en materia de inversión sobre la base de la “administración del sopapo” pero sin modificar los aspectos estructurales que están por detrás de los problemas que expresa la coyuntura.

IX) La sintonía fina y los sectores populares: De antecedentes, amenazas, sopapos y fantasmas

Dada la complejidad de este punto nos ha parecido propicio subdividirlo en una serie de acápites específicos.

- Sobre los antecedentes: La reconstitución del vínculo con la gestión

Resulta claro que el elevado consenso social cosechado por el oficialismo en la última contienda electoral tiene, entre otros factores, un importante componente económico que lo explica. En efecto, es la constatación de que la Argentina actual y principalmente la situación de los sectores populares no tiene nada que ver con la situación vigente en el infierno del 2002 (y que como es lógico se presenta como una situación anterior a la actual gestión). Hemos señalado en reiteradas oportunidades que si bien esto es cierto, es decir que Argentina salió del infierno, el proceso vivido no permitió que se alcanzara los grados de organización social que nuestra sociedad tenía previa a la crisis de la Convertibilidad (1998) y que al mismo tiempo, tanto esa crisis, como la salida abrupta y salvaje de la devaluación del 2002 son, en gran medida, las que parieron las condiciones internas (regresión brutal de la distribución del ingreso, capacidad instalada e infraestructura disponible) que permitieron el crecimiento fácil sobre el que se montó la actual gestión. Sin embargo, lo que interesa señalar en esta parte es que efectivamente los sectores populares salieron del infierno del 2002, y que ello aconteció a partir del 2003 con la actual gestión comandando el aparato estatal. Ahora bien, la etapa abierta a partir del 2007 también tuvo un importante efecto de deterioro en el consenso social por parte de los sectores populares. En efecto, frente al crecimiento de los precios a partir del 2007, conjuntamente con el estancamiento en nivel de empleo como parte del proceso de desaceleración económica del 2008 y recesión del 2009, en las elecciones legislativas anteriores (2009) el oficialismo vivió una importante pérdida de legitimidad política (perdiendo nada menos que en la Provincia de Buenos Aires, distrito clave para la permanencia a futuro en el aparato estatal). Fue en este marco, que emergieron importantes “novedades de política económica y social”(aludidas en el punto de las medidas “progresistas” de la etapa), en tanto se crearon mayores planes sociales (Argentina Trabaja); se decidió aplicar recién en ese momento parte de los recursos que se habían recuperado de la eliminación de las AFJPs para poner en marcha la Asignación “Universal” (el entrecomillado es para no perder de vista que la asignación no es universal en tanto quedan afuera 3,5 millones de pibes), acompañados por una ofensiva contra uno de los exponentes más visibles del poder económico (pero no por ello el más importante), como lo es la disputa con el Grupo Multimedios Clarín. A la recomposición material y simbólica con los sectores populares encaradas por las políticas de la gestión se agregaron los efectos positivos que se derivaron de la salida de la recesión del 2009 por medio del rápido crecimiento en el 2010 y 2011 que permitieron pasar de una destrucción de puestos de trabajo en el 2009 a un leve repunte del empleo en estos años (aunque manteniendo un virtual estancamiento respecto al 2007), en el marco de aumentos nominales sobre los ingresos de los sectores populares (salarios de convenio, jubilaciones, asignaciones pero no planes sociales) que son vividos como mejoras en el poder adquisitivo de carácter temporal (pero mejoras al fin) hasta que tienden a licuarse paulatinamente por la persistencia en la tasa de inflación (que diluye la mejora) produciendo una expectativa social respecto al siguiente aumento nominal.

- Sobre las amenazas: La crisis fiscal como espada de Damocles del ajuste

Ahora bien, la recomposición del vínculo con los sectores populares supuso para la actual gestión tensar al máximo las cuentas fiscales en un contexto donde el menor crecimiento y la recesión estrechaban los márgenes de acción en esta materia. Así desde el 2007 las cuentas fiscales muestran un déficit que se ha cubierto con recursos extrapresupuestarios (ANSES; Banco Central, fundamentalmente) pero que paulatinamente se muestran insuficientes para hacer frente a la totalidad de compromisos fiscales (remuneraciones, jubilaciones, planes sociales, subsidios a sectores económicos, pagos de deuda pública, etc). Así, en el 2011 a pesar de todos los recursos extrapresupuestarios, estos no alcanzan para cubrir la totalidad de los gastos, presentando las cuentas públicas un déficit financiero (situación similar a la del 2009 con la diferencia que el déficit del 2011 triplica el de aquel año). La situación para el 2012 lejos de mejorarse empeora, toda vez que de mantener las tendencias actuales, el 2012 sería el primer año donde además de déficit financiero tendríamos una situación de déficit primario (esto es la totalidad de los recursos, incluyendo los extra-presupuestarios, no alcanza para cubrir los gastos internos - es decir sin computar el pago de intereses de la deuda pública). Es en este marco de deterioro progresivo de otra pata de las “fortalezas del modelo” (esto es del superávit fiscal) que la “sintonía fina” parece asemejarse a un “ajuste sobre los sectores populares” de manera de equilibrar las cuentas fiscales. En efecto, las voces oficiales que hace tiempo vienen señalando la necesidad de bajar la nominalidad en la discusión salarial (tratando de imponer un aumento escalonado del 18% frente a los aumentos anteriores en porcentajes cercanos al 25%), así como la eliminación de los subsidios en las tarifas de los servicios públicos (que amenaza con impactar en los ingresos populares) son señales que ponen en alerta y suspenso el consenso social de los sectores populares en esta coyuntura, en tanto implican que el reordenamiento de las cuentas fiscales se descarguen sobre los mismos.

- Sobre los sopapos a la CGT y a los docentes: ¿Todos los caminos conducen a Roma? Sobre la variada suerte de la CTA Democrática y la CTA intervenida

Es en este contexto que también hay que ubicar los “ruidos” que en la relación Gobierno-CGT parecen haberse instalado en esta coyuntura. Más allá de las cuestiones vinculadas con el liderazgo político y la hegemonía al interior del elenco gubernamental, lo cierto es que hay una base objetiva para que los chispazos entre los otroras socios tengan lugar. En efecto, el actual Secretario General de la CGT parece más un obstáculo antes que un promotor para transitar el déficit fiscal disciplinando dentro de los sectores populares al segmento de las asalariados privados formales. Cierto es que la CGT representa una parte minoritaria de los sectores populares pero significativa, tanto por su capacidad de movilización, como por el aporte que puede brindar a la erosión de la legitimidad política de esta etapa. Tan cierto, como que lo que hasta acá signó el comportamiento político de esa organización de trabajadores ha sido la reinvidicación gremial de sus afiliados por vía de la discusión salarial de convenios. Es en este punto, donde las criticas (de menor envergadura que respecto de los empresarios) oficiales respecto a la figura del Secretario General de la CGT se asemejan también a un “dispositivo del sopapo” tendiente a disciplinar el comportamiento de ese colectivo de trabajadores. De igual modo, se puede entender la reciente denostación presidencial a los maestros en el marco de la discusión paritaria del sector (la famosa frase presidencial en el marco de la inauguración de las sesiones ordinarias del Parlamento Nacional, “…trabajan 4 horas y tienen 3 meses de vacaciones...”) y la posterior decisión de la gestión estatal de cerrar por decreto la paritaria sectorial (con un aumento del 20%). Sin embargo, no es el mismo consenso social que tiene la denostación pública sobre los empresarios que sobre los representantes de los trabajadores, máxime para un gobierno que se presenta como “favorable para los trabajadores” y que ha elogiado en reiteradas oportunidades a los dirigentes que hoy cuestiona (tanto el titular de la CGT como a los representantes de los docentes) con el objeto de construir “moderación” en las demandas de estas organizaciones.
Un dato no menor que ha resultado como efecto de la práctica política desplegada por la gestión estatal es el acercamiento entre la CGT (conducida por Hugo Moyano) y la CTA conducida por Pablo Micheli (como resultado del voto democrático de sus afiliados en las pasadas elecciones), que si bien no lograron trascender de la mera enunciación de acuerdos en ejes básicos (discusión salarial, postura frente al impuesto a las ganancias, planes sociales, etc.) y no se efectuaron acciones en conjunto (donde la CGT no participó de la masiva Jornada de Lucha contra el Ajuste del 14 de marzo convocada por la CTA -conducción Micheli, La Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie a pesar de que inicialmente trascendió que lo haría) ha puesto en pie de alerta a los otros representantes de la CGT que pretenden desplazar a la actual conducción de la misma como modo de evitar una mayor potencia en la organización de los reclamos populares. Por otro lado, otro efecto sobre las organizaciones populares es el desdibujamiento de la CTA -Intervenida (ya que es la de mandato vencido, prorrogada por el Ministerio de Trabajo y conducida por Hugo Yasky), que a pesar de su simpatía pública con la gestión gubernamental ha tenido que terminar validando el paro docente nacional con que los maestros expresaran su rechazo a los dichos presidenciales y a la decisión de cerrar vía decreto la discusión paritaria del sector.

- Sobre los fantasmas: Postergación y contención

Dado el efecto inverso en la valoración social que surge de la aplicación del “sopapo” sobre los trabajadores más que sobre los empresarios, es que el disciplinamiento social que requiere la etapa para hacer frente a la crisis fiscal tiende a aparecer más como un fantasma (que se anuncia principalmente a partir de las medidas oficiales) que a una realidad concreta que impacta en la cotidianeidad de los sectores populares (por la postergación que aplican las propias medidas oficiales). Así, la quita de subsidios aún no ha impactado en ninguna tarifa de los sectores medios y populares, la discusión salarial en torno del 18% tiende a relajarse y ya se han homologado convenios con aumentos del 24% (aceiteros, aunque resta observar qué sucederá en el caso de los docentes ), el reciente aumento a los jubilados (del 17%) tiende a reproducir lo ocurrido en el 2011 antes que a plantear un aumento más estrecho; y por último el reciente anuncio de subir el mínimo no imponible tiende a dar aire a la discusión paritaria en curso (de manera que las bases representadas por la CGT, esto es los asalariados privados registrados, no pierdan en el pago del impuesto lo que ganan por el aumento). Se trata de una estrategia que tiende a sortear el ajuste que anuncia sobre los sectores populares para evitar la pérdida de legitimidad política que produciría un menor aumento en la nominalidad del proceso de recomposición de ingresos que caracteriza a esta etapa. Si bien esta estrategia logra suspender el ajuste tiene un doble efecto: a) por un lado, no remueve las condiciones del ajuste, solo logra sortearlo momentáneamente y este pende como una espada de Damocles sobre la situación de los sectores populares; y b) en tanto se busca evitar el ajuste tiende a contener las demandas populares en pos de satisfacer las necesidades aún presentes en nuestro pueblo, “naturalizando” (es decir, conformándose con) la situación social vigente.

X) Nuestra propuesta: Reforma impositiva, piso de ingresos y democracia sindical

Más allá de lo saludable que supone la postergación de medidas que tienden a ajustar el ingreso de los sectores populares, lo cierto es que en el marco del deterioro de las cuentas fiscales estas medidas intentan posponer lo máximo posible el ajuste que la ecuación fiscal demanda. Desde nuestra perspectiva, también es posible encarar una estrategia que suponga sortear las tendencias al ajuste sin que suponga una postergación que pende como una espada de Damocles sobre los sectores populares sino que dé respuesta eficaz, asumiendo los desafíos planteados. No otro es este desafío de la siempre postergada Reforma Impositiva de Carácter Progresiva. Esta Reforma Fiscal de carácter estructural es la única que permite agregar recursos al aparato estatal que permita que en lugar de disciplinar (conteniendo) a los sectores populares, estos puedan mejorar significativamente sus condiciones de vida. Unas pocas líneas generales, dado el desarrollo realizado en otros materiales y el objeto de este material, permiten precisar a los que nos referimos:

Sobre la Reforma Impositiva: - Restituir las contribuciones patronales para las grades firma al nivel de 1993. - Aumentar la tasa de imposición de las ganancias de los estratos más altos, al tiempo que adecuar el mínimo no imponible a la canasta de consumo necesaria para los hogares. - Aumentar la tasa de imposición sobre la remisión y distribución de utilidades, premiando la reinversión productiva. - Eliminar las exenciones a la renta financiera, a la renta minera y a las ganancias patrimoniales de las firmas - Eliminar los diversos regímenes de promoción a la inversión de los capitales más concentrados con férrea regulación pública para evitar el traslado a precios.

Sobre la Revisión de los Gastos

- Fijar el precio del barril del petróleo en base al costo de producción de manera de bajar drásticamente los subsidios a la energía y al transporte sin aumentar el valor de las tarifas de los usuarios. - Revisar las condiciones de legalidad y legitimidad de la deuda pública de modo de bajar drásticamente los compromisos de pagos de intereses y capital del presupuesto nacional.

Sobre las Políticas de Ingresos: - Universalización de la Asignación por Hijo y de la Jubilación Mínima a los excluidos de ambos sistemas. - Seguro de Empleo y Formación para todos los Jefes de Hogar Desocupados que permita garantizar un ingreso familiar por encima de la canasta de pobreza. - Adecuación del salario mínimo y del básico de convenio a la canasta necesaria de consumo.

Sobre la Democracia Sindical

- Libertad y Democracia Sindical para que los propios trabajadores decidan el tipo de organización que los representa.

Avanzar en esta dirección supone para la gestión de gobierno, por un lado un gran consenso social (que a nuestro juicio está en capacidad de convocar), pero al mismo tiempo implica alterar desfavorablemente contra las condiciones de reproducción de la base dominante de su sustentación política: los sectores más acomodados de la sociedad. También atenta contra el vínculo directo que la gestión gubernamental tiene con cada gobernador e intendente (con independencia del signo político) en tanto la ausencia de reforma fiscal nacional es consustancial con la permanencia de estructuras fiscales regresivas al interior de cada una de las provincias y municipios del país. Es por esta razón, que a pesar de la estrechez que muestran las cuentas fiscales, hasta ahora no se ha escuchado por asomo plantear una Reforma Impositiva Integral, ni en la Nación, ni en la mayoría de las provincias, ni en los municipios. Son los límites políticos precisos que tiene la actual gestión para resolver adecuadamente lo que en el plano fiscal y de ingresos de los sectores populares le plantea esta etapa.

Nuestra propuesta se completa con otros dos aspectos relevantes del tipo de sociedad que tenemos y sobre los cuales pretendemos modificar, a saber:

Sobre la cuestión Productiva: como ya lo señaláramos (ver punto VIII) el desafío en esta materia pasa por retomar el control público sobre el proceso de inversión, garantizando la puesta en marcha de un proceso de Reindustrialización que priorice el impacto ocupacional, el balance de divisas y el desarrollo tecnológico promoviendo a las unidades de menor tamaño (pymes), a las firmas estatales, la autogestión de trabajadores, a las cooperativas, etc. En la actual coyuntura, un modo práctico de empezar a transitar este camino es por la vía de la constitución con reservas de un Fondo para el Desarrollo, destinado a impulsar la reindustrialización, así como a reconstruir la red ferroviaria y de transporte marítimo, así como a la constitución de una petrolera estatal. Todas ellas medidas estratégicas para reorientar la composición y dinámica que presenta el actual esquema / modelo económica; y

Sobre la Representación Sindical: Se trata de garantizar la Libertad y Democracia Sindical para que los propios trabajadores decidan el tipo de organización que los representa, modificando la actual legislación interna que sobre la base del unicato sindical (fuente de verdaderos feudos de caciques que nada tienen que ver con la vida de los trabajadores que pretenden representar) tiende a obturar la participación plena de los trabajadores en la discusión de sus condiciones laborales.

Resulta claro que estos dos aspectos (reformulación productiva y democratización sindical) son también resistidos principalmente por la cúpula empresarial vigente, la que se erige (al igual que los gobernadores e intendentes en el plano fiscal) en un verdadero límite -que es necesario modificar- si se pretende transitar este camino. Cuestión a todas luces lejanas de las medidas hasta aquí expuestas por la actual gestión en esta etapa de “sintonía fina”.

XI) Una cuestión clave: El rol de la crisis mundial en la coyuntura argentina

Ahora bien, hemos querido dejar para el final una cuestión significativa: nos referimos al particular papel que cumple la crisis financiera internacional en la coyuntura económica de nuestro país. Es cierto que desde mediados del 2008 la coyuntura mundial es otro de los factores que se modificó respecto a la coyuntura que atravesó nuestro país en la etapa del crecimiento fácil. Sin embargo, los efectos sobre la coyuntura económica no han sido necesariamente una reversión en los signos que se venían evidenciando. En efecto, previo al estallido de la crisis mundial, el escenario internacional constituía un marco propicio para el crecimiento económico de la Argentina por cuanto definía un escenario de bajas tasas de interés internacional (que inhibía la posibilidad de reeditar la valorización financiera como eje fundamental del patrón de acumulación local) y elevados precios internacionales para las materias primas que argentina exporta (soja y sus derivados, petróleo y derivados y commoditties industriales). El estallido de la crisis financiera mundial ha supuesto, en primer término para la economía argentina, la emergencia de un escenario internacional sumamente volátil (por ende modificable). A lo largo de los más de 3 años que transita la crisis mundial se han visto importantes movimientos en los precios internacionales de los commoditties, pero en direcciones disímiles. En primer lugar, el efecto inicial fue el de aumentar el precio de la soja y el petróleo por cuanto la sobreliquidez mundial derivado de la primera etapa de la crisis se dirigió a especular con el valor de estos bienes, que son percibidos como activos que pueden valorizarse por parte de los poseedores de la liquidez mundial. Por ende, hasta bien avanzado el 2008 (agosto) los precios del petróleo y la soja alcanzaron su máximo histórico. Con posterioridad, el mantenimiento de la crisis derivó en una fuerte caída de los precios de los mismos en el 2009, y posteriormente en el 2010 y 2011 los precios de la soja y en menor medida del petróleo han nuevamente tenido un significativo aumento (si bien por debajo de los picos del 2008, en ambos casos por encima del 2007, recuperando la pérdida del 2009). El efecto distinto respecto a otras realidades (especialmente Europa) de la crisis internacional es que nuestro país ya procesó un Ajuste brutal en el 2002, y en el marco del crecimiento acelerado, este inhibió, en lugar de potenciar, la acumulación financiera de capitales (característico de la Europa reciente como lo fuera de la Argentina durante la Convertibilidad).

Sin embargo, tampoco todo es color de rosa, por dos cuestiones fundamentales: por un lado, la elevada incertidumbre y volatilidad le agregan una elevada dosis de vulnerabilidad a nuestra inserción internacional (en tanto estamos dominantemente atados a la evolución del movimiento de los precios de la soja y petróleo que suelen tener bruscas modificaciones); y por otro lado, porque esta inserción internacional genera un tipo de crecimiento desequilibrado no exento de conflicto. El caso más reciente es el de la megaminería, que en el marco de un auge de los precios de los metales (fruto de la especulación sobre el valor de los mismos) está alentando la expansión desmedida de la explotación minera en nuestro país con elevada dosis de contaminación, depredación y por ende conflicto social.

Ahora bien, todo esto viene a cuento de señalar que la crisis mundial no es la madre de los conflictos económicos que atraviesa la coyuntura argentina. Muy por el contrario, los conflictos económicos locales no solo son previos a la crisis mundial, sino que ésta produce efectos de postergación de las tendencias recesivas que la coyuntura económica presenta. En efecto, es el sostenimiento e incluso el aumento de los precios de los productos que exportamos, los que permiten mantener el nivel de actividad (tal como ocurrió en el 2010 y 2011), incrementar la balanza comercial y aportar crecientemente a la recaudación fiscal. Está claro que no son todas las que aquí planteamos de nuestra inserción internacional sino la simple constatación de que la crisis mundial no ha descargado efectos negativos sobre la coyuntura económica que atravesamos, sino que por el contrario ha permitido darle aire al modelo económico vigente (a pesar de la debilidad de sus “fortalezas”) al precio de agregar tensión social a los efectos desequilibrantes que produce nuestra subordinada inserción internacional. No solo eso, sino que la crisis mundial ha tenido un importante rol en la reconstitución simbólica del vínculo entre los sectores populares y la gestión gubernamental. En efecto, al calor de la crisis que se observa en el mundo “desarrollado” donde la emergencia de los “indignados” ha puesto en cuestión el orden neoliberal presente (principalmente en el caso Europeo) se ha montado una eficaz estrategia comunicacional por parte del aparato mediático del gobierno para mostrar el paralelismo entre la crisis mundial y su impacto en Europa con la Argentina del 2001 de manera de sobre-ponderar la situación actual de los sectores populares. Esta operación de carácter simbólico también ha aportado lo suyo a la hora de valorar la situación argentina con lo que sucede en el mundo “desarrollado”. Por ende, lejos de agudizar las contradicciones internas, la crisis mundial ha cumplido el rol de postergar estas contradicciones (tanto en el campo económico como simbólico) dando oxigeno al actual ordenamiento económico como al elenco gubernamental que la gestiona.

Desde esta perspectiva, queda claro entonces, que ubicar los problemas en el afuera (la crisis mundial) como eje exclusivo de la interpretación de la coyuntura doméstica es un mecanismo poco eficaz para comprender los fenómenos que recorren la etapa que transitamos, es solidaria con la visión de no visibilizar los problemas internos y tiene poca capacidad de convocatoria para un proceso de movilización y activación política que estos tiempos nos demandan.

Claudio Lozano es Director del Instituto de Estudios y Formación (IEF-CTA). Diputado Nacional.

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