miércoles, 25 de abril de 2012

La fusión político-económica, la nueva regla del capital globalizado

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

La fragilidad del sistema económico capitalista a nivel global se hace cada vez más notoria a medida que la crisis de los países de Europa se asemeja mucho a la sufrida durante las últimas décadas del siglo XX por los países periféricos, entre éstos los de nuestra América. Así, la actual inseguridad laboral, con sus efectos colaterales, patentizados en elevados porcentajes de familias con ingresos económicos inestables o inexistentes, además de mayor delincuencia, dan cuenta del caos social producido por las imposiciones del capital globalizado.

De esta forma, muchas personas a nivel mundial han descubierto que, entre la producción social y el consumo social, se encuentra la explotación capitalista como elemento único y característico de la sociedad humana en general. Esto ha generado en mucha de la gente afectada la convicción que el capitalismo es absolutamente criminal y depredador, implantándose en ella la necesidad de remplazarlo decididamente por un modelo alternativo que centre sus objetivos en el bienestar colectivo y no en el de un reducido número de personas.

Para el capitalismo neoliberal o globalizado, la idea de un proyecto nacional es interpretada como un obstáculo a la libre expansión y control del mercado internacional que debe eliminarse a cualquier costo, desatando la guerra, incluso, bajo argumentos infundados, sin base alguna. Por tal motivo, le resulta más práctica la efectividad de gobiernos que actúen como gestores de su voluntad e intereses que la acción de un Estado nacional esgrimiendo su soberanía. Ahora, el capitalismo neoliberal o globalizado ha establecido una nueva modalidad en su estrategia de dominio mundial, tímidamente asomada en la década de los noventa del siglo pasado, pero que ha pasado a ser una regla de primer orden en el presente siglo: la fusión político-económica, es decir, el intercambio de roles políticos y empresariales. Dicha fusión político-económica pone su interés central en las ganancias del capital más que en crear condiciones de vida digna para la población que gobierna.

De esta manera, las grandes corporaciones transnacionales tienen un mayor control de la economía mundial y se aseguran, al mismo tiempo, el fiel cumplimiento del recetario impuesto por el Fondo Monetario Internacional para minimizar el impacto de las crisis provocadas por sus ambiciones y obtener los pagos puntuales de las naciones endeudadas; lo mismo que el respeto de los tratados bilaterales de libre comercio, de promoción y de garantía de las inversiones extranjeras. Algo que, incluso, comienza a manifestarse y a extenderse en los diferentes órganos que conforman la Organización de las Naciones Unidas, llegando a “coincidir” con las sugerencias, expresamente neoliberales, hechas por dichas corporaciones. Esto último explica el por qué la ONU legitima y es tan flexible con las acciones saqueadoras de gobiernos dominados por el gran capital en contra del derecho internacional y de la autodeterminación de los pueblos, violando así su propia acta constitutiva.

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Segunda Vuelta: Francia y la pesadilla conservadora

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Es útil poner la mirada en el mito de la Francia progresista acosada por las conservadoras Alemania y Gran Bretaña y pensar que desde hace mucho es el modelo para armar y nada está muy definido.

El tiempo en que Francia producía algunos pensadores socialistas interesantes de peso y capaces de influenciar se ve hoy como un remoto pasado.

Más bien han surgido voces incisivas y agresivas que tienden a desmitificar la posibilidad de la igualdad y la idea central de que el capitalismo puede ser reemplazado por un sistema de desarrollo solidario y basado en decisiones consultadas con la población. Esto no garantiza que las nuevas generaciones opten necesariamente por el socialismo, sin embargo es importante en cualquier sociedad pasar de la etapa del diagnóstico a la de propuestas con participación ciudadana.

Pareciera ser que Francia es el país del centro político por antonomasia, simplemente porque los principios de la Revolución Francesa son entelequias cuando se trata de contener la subversión al capitalismo. El riñón oligárquico en el mundo es demasiado poderoso como para abrirte espacios a la solidaridad socialista por arte de gracia.

En la votación de la primera vuelta en la elección presidencial del pasado domingo, la distancia que separan a François Holland y Nicolás Sarkozy es inferior a un 2%, a favor del primero.

Si hubiera un grado previsible de coherencia en los electores y el 18 % de la ultraderechista Marine Le Pen así como el 9% del centrista Bayrou se sumaran al 27.08% de Sarkozy este sería reelecto.

Sin embargo los sondeos señalan que estas sumas no son tan mecánicas y el socialista FH sería el vencedor este 6 de mayo.

Los electores que no se encandilan con el socialismo de Holland, que por muy deslavado que sea lleva al menos la sonoridad ideológica, suman con creces más del 50 % del electorado a juzgar por la primera vuelta.

Es así que después de un desastroso gobierno la adhesión al presidente francés no disminuyó demasiado en comparación con la primera vuelta de la elección de 2007. Sarkozy entonces con 31.18%, para vencer a la socialista Segolene Royal (26.8%), pudo echar mano al 29.1% proveniente de los votos del derechista J.M.Le Pen (10.44%) y del centrista Bayrou (18.57%).

En 2012 el escenario es diferente. Marine Le Pen (hija de J.M.) y Bayrou suman 27.2% y el “frente” anti Sarkozy cuenta supuestamente con un 15.38%, levemente a favor del socialista.

Sarkozy para ser reelegido a partir de su 27.08% deberá contar con la mayor parte de la votación (cerca del 90%) conseguida por Le Pen y Bayrou en la primera vuelta que consiste en 27.2 %. Según sondeos de algunas empresas (OpinionWay;Harris), no existe una clara preferencia por Sarkozy entre los simpatizantes tanto de Le Pen como de Bayrou para llegar a ese 90%.

Por su parte FH cuenta con el apoyo del candidato del frente de izquierda Jean –Luc Mélenchon que obtuvo 11.13% y sondeos señalan que la intención de voto mayoritaria de la oposición dura hacia Sarkozy estaría con Hollande. Si bien por los sondeos Hollande exhibe ventaja, todavía su adhesión es frágil considerando la alta abstención y el porcentaje de los indecisos o los que no se pronuncian que se acerca al 30 %.

La diferencia entre los candidatos es mínima y ambos dependen de la votación de los 8 candidatos restantes. La fragmentación es aparente dentro de un ámbito polarizado. Hay una tendencia poderosa para zafarse de Sarkozy por las fallas en sus políticas ultra conservadoras, regresivas a los beneficios sociales y ambigüedades respecto al estado.

La otra postura es reelegirlo precisamente porque en tiempos de aguda crisis económica (12 % de desempleo, alta deuda fiscal) un sector del electorado se aglutina en continuidad y rechazo al cambio cobijándose en el conservadurismo.

Ambos necesitan de un pool de electores mezclado compuesto por detractores y adherentes a sus planteamientos, así como los inefables indecisos.

Hay una zona gris y de desconfianza al sistema que proviene del típico y conocido ámbito político creado por el neoconservadurismo cuyas cabezas prominentes eran George W. Bush tiempo atrás y Angela Merkel en la actualidad.Sarkozy ha urdido muy bien su estrategia en acrecentar el oscurantismo de esa zona gris en donde solo es posible el reinado del gran capital y sus ramificaciones en la sociedad.

Cuando la razón política es subordinada a la determinante económica las ideas conservadores se nutren y fluyen en un contacto más directo con la gente y el cambio hacia una sociedad más solidaria se ve como una abstracción inasible.

El argumento de la fortaleza de Francia como lo ha hecho Sarkozy, reverdece preceptos imperiales del tiempo colonial estimulado con las intervenciones militares en Libia, Siria, y Afganistán.

Cuando François Hollande habla de “reorientar Europa”, esa frase debería también dirigirse a la tierra de Obama, cuna del neoconservadurismo más despiadado de que se tenga memoria y que tiende trampas en países emblemáticos como Francia. De vencer podría tener una tarea más global.

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Entrevista a Miriam Lang: “El desarrollo no ha sido más que una falacia y una estrategia del poder hegemónico para subordinar a los países del sur”

Fernando Arellano Ortiz (especial para ARGENPRESS.info)
El concepto de “desarrollo” no ha sido más que un dispositivo de poder que a partir de la Segunda Guerra Mundial reorganizó el mundo, generando un imaginario determinado, occidental, capitalista y colonial simplemente para favorecer los intereses hegemónicos del Norte global, explica Miriam Lang, socióloga alemana, directora de la Oficina regional del Área Andina de la Fundación Rosa Luxemburg, con sede en Quito, Ecuador.

Lang estuvo recientemente en Bogotá presentando junto con el exministro de Energía y Minas y expresidente de la Constituyente de Ecuador, Alberto Acosta Espinosa, el libro Más allá del desarrollo, elaborado por el Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo y editado por la citada fundación.
En este libro, como lo explica la directora regional de la Fundación Luxemburg, los diversos autores muestran cómo el discurso del “desarrollo” simplemente ha servido como un mecanismo de expansión del capitalismo para consolidar el coloniaje en los países del Sur, perpetuando su dependencia.
Citando al antropólogo colombiano Arturo Escobar, Lang subraya que “el desarrollo es un proyecto tanto económico (capitalista e imperial) como cultural. Es cultural en dos sentidos: surge de la experiencia particular de la modernidad europea; y subordina a las demás culturas y conocimientos, las cuales pretende transformar bajo principios occidentales. El desarrollo privilegia el crecimiento económico, la explotación de recursos naturales, la lógica del mercado y la búsqueda de satisfacción material e individual por sobre cualquier otra meta”.
En la actualidad, bajo el pretexto del “desarrollo” gobiernos inclusive de corte progresista impulsan nuevos proyectos extractivistas como los minero-energéticos con los altísimos y graves costos socioambientales. Por eso Lang señala que en esta coyuntura “los movimientos sociales del Sur global no solo resisten la arremetida en curso de acumulación por desposesión, sino que expresan la urgencia de buscar alternativas fundamentales al sistema mundo actual”.
Aprovechando su presencia en la capital colombiana presentando el mencionado trabajo bibliográfico dialogamos sobre el contenido del mismo con Miriam Lang.
Socióloga de la Universidad Libre de Berlín, con especialización en estudios de Género y una maestría en Estudios Latinoamericanos, Lang lleva más de veinte años viviendo en América Latina, trabajando en países como México y Ecuador con organizaciones de mujeres e indígenas.
El extractivismo una práctica que atenta contra el Buen Vivir
- El libro que acaba de editar la Fundación Rosa Luxemburg coincide con una frase de un dirigente indígena panameño que sostenía que este tipo de desarrollo empobrece. ¿Esa es la connotación de la temática de este trabajo bibliográfico?
- Este libro antes que de la Fundación Rosa Luxemburg es del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo; es un esfuerzo colectivo justamente de construcción de posibilidades a lo que denominamos desarrollo hegemónicamente. Es decir, yo creo que más que traer sistemáticamente pobreza, el desarrollo es una falacia, es una estrategia del bloque del norte global que después de las guerras de independencia y de la Segunda Guerra Mundial, consistió en reinventarse otro mecanismo para subordinar al sur. Como ya no funciona lo de colonia y centro, ahora funciona lo de desarrollado y subdesarrollado, generándose una multitud de discursos, instituciones, políticas, prácticas, etcétera, para también generar mentalidades subordinadas. O sea, el sur se autoconstruye frente al norte como subdesarrollado, en este sentido la estrategia ha sido muy exitosa. Sobre esto se construye la estructura del mercado mundial habida cuenta que del sur extraemos los insumos para procesarlos en el norte, lo que sería el desarrollo propiamente dicho.
- Dentro de ese contexto se ha dado el modelo extractivista que ahora toma un gran auge en América Latina con la explotación de recursos minero-energéticos. No obstante los múltiples impactos negativos que ocasiona vender naturaleza al norte, la dinámica económica de los países se mueve dentro del sistema capitalista. En consecuencia, ¿qué alternativas se vislumbran para enfrentar al extractivismo?
- Creo que el primer aspecto que hay que promover con mucha fuerza es la integración latinoamericana pero cuidando mucho el papel de Brasil. Es decir, cómo se pueden complementar las economías latinoamericanas sin depender tanto del mercado mundial de materias primas; cómo desarrollar su propio valor agregado. Por poner un ejemplo: para qué se saca el oro. Sabemos que se saca de la tierra produciendo devastaciones ambientales y sociales para fundirlo y luego meterlo de nuevo bajo la tierra en las bóvedas de los bancos. Entonces para qué extraerlo si se puede calcular cuánto un país puede tener de reserva y se deja a la naturaleza y a las comunidades en paz. Creo, en consecuencia, que por un lado hay que independizarse de la fuerte demanda de materias primas que viene del norte con mucha presión; y de otro lado, del discurso hegemónico económico neoliberal que todavía persiste en nuestras mentes, aunque estoy convencida que procesos como los de Bolivia, Ecuador y Venezuela, en cierta medida de Brasil, han marcado una ruptura con el modelo pero sigue vigente el discurso de la necesidad de la inversión extranjera y de la importancia de las exportaciones, que son prácticas que realmente no llevan al Buen Vivir. Porque la inversión extranjera lo que trae es destrucción aunque beneficia a unos indicadores macroeconómicos que nos fueron impuestos para medir el éxito de una economía nacional pero que muy poco contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Entonces, en el cuestionamiento de de esos discursos creo que hay un paso importante que dar.
- Libros como Más allá del desarrollo están dirigidos a dar esos primeros pasos…
- Sí, hay que seguir haciendo estudios, todo esto es un trabajo en construcción y creo que estamos dando los primeros pasos. Hay que analizar, como lo propone en el libro Eduardo Gudynas, dónde en la topografía existente de un país se puede hacer extractivismo sin causar tanto impacto ambiental. El desierto de Chile, por ejemplo, puede ser una opción y hay otras partes del continente en donde también se puede realizar. Cómo se puede hacer que las zonas de alta diversidad aporten a una economía nacional sin que se pierda este tesoro natural, o estudiar el caso de Costa Rica con su modelo de ecoturismo.
- ¿El modelo extractivista que ahora vuelve a tomar nuevo impulso en América Latina es una nueva fase del modelo neoliberal?
- No, hay que señalar que hay extractivismo en todo el sur global y esto responde a una demanda exacerbada de materias primas tanto del antiguo norte global que comprende Europa, Estados Unidos y Canadá como también de los denominados BRICS que tienen un crecimiento económico acelerado y requieren nutrir su maquinaria. Pero extractivismo siempre ha habido, solamente lo que está cambiando en ciertos países de América Latina es cómo se combina con cierta redistribución de la renta y cierta participación mayor del Estado.
- Ciertamente, pero lo que se observa en el panorama es que en buena parte de los países de la región, incluidos los que están gobernados por sectores progresistas, se impulsa cada vez con mayor fuerza el extractivismo minero-energético, o la explotación de agrocombustibles, mediante políticas públicas y gabelas tributarias que favorecen al capital financiero transnacional con las consecuencias socioambientales funestas que están generando amplias resistencias sociales…
- Sí, lo que yo quiero anotar es que este no es solamente un fenómeno latinoamericano. Ángela Merkel y Nicolás Sarkozy viajan al África para ver los mercados y dónde pueden exprimir una gota más de materia prima. El capitalismo está topando los límites del planeta y por su necesidad de acumulación avanza hasta los últimos rincones y eso lo hace en todas partes, solo que los países del norte tienen una legislación ambiental y regulatoria más exigente que los del sur.
- Las cartas constitucionales de Bolivia y Ecuador son pioneras en el concepto de garantizar los derechos que tiene la naturaleza para su conservación. Sin embargo sectores ambientalistas señalan que los códigos mineros aprobados en estos países violan la norma constitucional. ¿Cuál es su visión al respecto?
- Creo que existe una tensión importante pero considero que es normal en un proceso político, porque los procesos constituyentes de ambos países podríamos decir que fueron los de mayor efervescencia respecto de la proyección de lo nuevo, y fueron muy ricos en participación popular en cuanto a construcción e idea de país, haciendo escuchar los ciudadanos sus propuestas, estoy pensando por ejemplo en la mayoría indígena de Bolivia. Pero al momento de implementar las constituciones llega lo que en Alemania llamamos la “realpolitik”. Obviamente ello tiene que chocar con muchas realidades del Estado heredado que aún está en pie, de los intereses económicos, internacionales y de la geopolítica que todavía se mantienen y por eso llegan las contradicciones. Es eso lo que estamos viviendo en Bolivia y Ecuador ahora. Efectivamente, en el caso ecuatoriano en lo que tiene que ver con la Ley de Minería, la Corte Constitucional ha cuestionado algunas de sus partes; está el tema de la consulta previa que en todos estos países genera problemas porque si se cumple como está en las respectivas constituciones ningún proyecto extractivista avanzaría.
- ¿Qué visión tiene de la realidad que vive Colombia en materia extractivista, país que bajo el discurso de la “locomotora minera” ha concesionado alrededor de 45 millones de hectáreas de su territorio para explotación minero-energética?
- Es lo que David Harvey llama la acumulación por despojo. Además este tipo de políticas son cortoplacistas porque los presidentes solo piensan en el periodo de su gestión para asegurar crecimiento, tener buenos resultados económicos con miras a garantizar su reelección, pero finalmente lo que va a pasar es que en 30 o 40 años para las futuras generaciones se va a dejar un territorio destrozado, envenenado, sin posibilidad de soberanía alimentaria y eso en un contexto global de crisis de alimentos, de extranjerización y especulación de tierras agrícolas, es muy preocupante. Por eso creo que hay que involucrar mucho más a la población, un poco en el espíritu de Rosa Luxemburg, quien afirmaba que la vía hacia la revolución es desde abajo y discutiendo con el enemigo, no aniquilando al enemigo. Por eso habría que abrir el campo del debate para que la población más allá del adoctrinamiento de los medios de comunicación privados pueda opinar sobre el modelo de consumo y de vida que quiere.
- ¿Para superar la dependencia del extractivismo, el aprovechamiento de las ventajas comparativas y la exportación de la materias primas, la clave para los países de América Latina estaría en genera valor agregado a sus productos agrícolas?
- Yo creo que sí. Por ejemplo, cómo creció la Unión Europea, mediante un proteccionismo hacia fuera, un proceso de negociación hacia adentro y un mercado interno fortalecido. ¿Por qué ellos tienen ese derecho y América Latina no lo ha tenido? Yo creo que si lo tiene, y con estas poblaciones que en muchos países han manifestado su voluntad de cambio, Colombia en algún momento tendrá su oportunidad, hacia esa dirección apunta el mandato popular de transformación social.
Miriam Lang es directora regional de la Fundación Rosa Luxemburg.

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Entrevista a Camille Chalmers: En Haití, está en juego un nuevo escenario de colonización

Mario Hernández (especial para ARGENPRESS.info)

Mario Hernández (MH): Hace unos días que arribaste a Buenos Aires. Ayer tuviste una reunión vinculada al próximo Río + 20.

Camille Chalmers (CCH): Llegué el 24 de marzo para participar en un Seminario convocado por Jubileo Sur y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), de reflexión, de intercambio de opiniones sobre el tema del medio ambiente, en preparación de la Cumbre de los Pueblos que se hará en Río de Janeiro del 15 al 23 de junio, paralelamente a la reunión de los Jefes de Estado a partir del 20 de junio.

MH: Veinte años después de la primer cumbre.

CCH: En realidad la primera fue en 1972, pero la de 1992 tuvo un impacto muy importante porque la opinión pública mundial tomó conciencia de la importancia del medio ambiente, del cual se está haciendo un gerenciamiento muy negativo que incluso amenaza la sobrevivencia del planeta.
Realmente es un momento muy importante, pero también hay que decir que en 20 años no ha cambiado nada, al contrario, estamos en retroceso y en un mundo cada vez más guiado por el mercado, por las ganancias de las transnacionales, por la sobreexplotación de los recursos naturales y por el desprecio a la vida y la civilización. Un verdadero proceso de retroceso y saqueo de las riquezas de los pueblos y de recolonización de nuestros países. Es un momento muy importante para tomar conciencia de lo que significa este aniversario y qué tipo de movilización podemos hacer.

El capitalismo no puede ser verde, nunca lo ha sido ni lo será

MH: Hace tiempo estoy preocupado y consultando a distintos especialistas y economistas, como lo sos vos, también lo he charlado mucho con Julio Gambina, el tema de la llamada economía verde; esta nueva presentación de una suerte de capitalismo ecológico o preocupado por la ecología que de alguna manera está tiñendo la publicidad del Río + 20 oficial. Me gustaría que te refirieras a este tema porque creo que es muy importante generar conciencia y es poco conocido el contenido real de lo que significa la economía verde.

CCH: Es una manipulación conceptual y básicamente quiere decir que el capitalismo y los mercados pueden resolver los problemas del medio ambiente, lo que es totalmente falso porque el problema básico que tenemos es que estamos en un mundo atravesado por las ganancias capitalistas que produjo el tipo de producción y saqueo que conocemos. La respuesta del sistema ha sido decir: ‘nosotros, los capitalistas, podemos resolver el problema’ y el mecanismo que están proponiendo es la mercantilización de la naturaleza poniéndola dentro de mecanismos de mercado, es decir, dar un precio al aire, a los ríos, a todos los bienes naturales e introducir mecanismos de intercambio monetario alrededor de esos bienes, lo que es totalmente escandaloso.
Es un proceso normal dentro de la lógica capitalista para responder a la crisis de la caída de la tasa de ganancia, es un proceso donde hay que mercantilizar todo transformándolo en mercancías para obtener beneficios económicos y, por supuesto, cuando hacemos esto, destruimos los bienes naturales y estamos en un proceso de sobreconsumo de esas riquezas lo que va a agravar la crisis ambiental que estamos conociendo.
Es muy importante denunciar este proceso que como te decía es una manipulación porque el capitalismo no puede ser verde, nunca lo ha sido y nunca lo será, porque su lógica es no tener en cuenta la vida, los ciclos biológicos de reproducción de la naturaleza y somete todo a la lógica del saqueo y la explotación. Hay que comenzar a tomar conciencia que la única manera de empezar a resolver la crisis ambiental es saliendo del capitalismo.

Haití fue el primer pueblo que se alzó por los Derechos Humanos para todos

MH: Como Secretario Ejecutivo de la Plataforma de Apoyo para el Desarrollo Alternativo de Haití (PAPDA) te voy a hacer una pregunta que supongo incómoda pero que creo importante porque se ha instalado la idea que el pueblo haitiano no está listo para la democracia. ¿Está Haití preparado para la democracia?

CCH: Es una reflexión enraizada en un desconocimiento total de la historia del pueblo haitiano. Durante nuestros 520 años de existencia hemos luchado por la emancipación, por la democracia, por el respeto a los Derechos Humanos y somos el primer pueblo que se alza para decir que los DD HH deben ser para todos, saliendo de la definición restrictiva de la Revolución Francesa que solo hablaba de ‘ciertos’ humanos, fundamentalmente los europeos, ya que no consideraban como tales a los africanos y asiáticos.
Esa primera revolución antiesclavista en 1804, proclama un derecho de universalización de los DD HH y contrarresta la lógica de acumulación de los imperios de esa época basada en la segmentación del mundo entre más y menos humanos y de un proceso de explotación de continentes enteros y despojo de Asia, Africa y América Latina. Fue una revolución que introdujo un cuestionamiento radical a la base misma de la explotación capitalista a nivel mundial y por eso fue rechazada, silenciada y atacada por los imperios.
Cuando los primeros ataques militares fracasaron, trataron de destruir la revolución haitiana a través de mecanismos económicos, con la deuda externa. En 1825 nos imponen las deudas que llaman de la Independencia, por las cuales Haití tiene que pagar 150 millones de francos oro que representaban el equivalente al presupuesto anual de la primera potencia económica de la época: Francia. Algo descomunal. Tres años después el servicio era impagable y Haití tuvo que recurrir a préstamos del sistema financiero en Londres.
A partir de 1828 entramos en el círculo vicioso y destructivo de la deuda y a lo largo del siglo XIX Haití destinó el 65% de sus ingresos a ese servicio. Una hemorragia financiera enorme que explica la imposibilidad de construir una Nación, infraestructura, servicios, etc.
Paralelamente, a partir de esta deuda, se construye todo un sistema de dominación, por ejemplo, Francia compra el café, el mayor producto de exportación de la época, a un precio de liquidación, con el argumento que si no podíamos pagar los servicios de la deuda, teníamos que venderles el café a un precio 3 veces menor que el del mercado. Todo un sistema de dominación, saqueo y extracción de valores para impedir la estructuración del país que representaba una amenaza para los intereses estratégicos de los imperios. Montan esta política para demostrar que Haití iba a fracasar, no era viable. Por eso desaparece de los manuales de historia y hay procesos de agresión para reinsertar la economía haitiana dentro de la lógica del sistema mundial. Una reinserción muy violenta que destruye y anula la victoria militar de 1804.
Para hacer una comparación, algunos años antes de este acuerdo Francia vende Louisiana por 60 millones de francos oro, un territorio mucho más grande que Haití al que le cobran 150 millones, un monto que no tenía nada que ver con los recursos del país y que va a actuar como un elemento de destrucción de la posibilidad de construir un Estado-nación. Es muy importante ver toda esta historia que desemboca al inicio del siglo XX en la ocupación militar por EE. UU. para controlar la cuenca del Caribe como su patio trasero y expulsar a las potencias europeas, entonces invade Haití en 1915 e impone un nuevo orden reestructurando el Estado, creando unas Fuerzas Armadas totalmente a su servicio y a partir de ese momento introducen a Haití dentro del mecanismo global de dominación imperialista y hasta ahora permanecemos en ese esquema.
Hay que subrayar que durante todo ese proceso el pueblo haitiano ha luchado, también contra la oligarquía local, contra la dominación imperial y siempre ha buscado construir una democracia moderna, incluso adelantada respecto de lo que viene del norte. El último ejemplo fue la lucha que desarrolló el pueblo haitiano contra la dictadura duvalierista, una dictadura del tipo de seguridad nacional como conocieron en la Argentina.

MH: Tengo el dato de 50.000 haitianos asesinados.

CCH: Sí y la destrucción del país, la persecución sistemática, la destrucción de instituciones como la Universidad que explica la emigración de muchos cuadros técnicos e intelectuales hacia Africa, Canadá y otros países. Esa dictadura cayó a raíz de una movilización muy fuerte del pueblo que rechazó esta dominación autocrática y reclamaba un sistema político abierto y participativo.
A partir de 1986, cuando cayó la dictadura duvalierista, EE. UU. y la oligarquía local comenzaron a agredir al movimiento popular, a asesinar dirigentes, a crear grupos paramilitares, a fomentar mecanismos de corrupción, de cooptación, para impedir que ese movimiento se desarrollara como un sujeto histórico de transformación.
Los que hoy hablan de democracia como lo hace EE. UU., fueron las fuerzas más antidemocráticas que impidieron hacer al pueblo haitiano una transformación real después de la dictadura duvalierista manteniendo los intereses estratégicos del imperio y la oligarquía local.
Es una historia que hay que conocer para ver que el pueblo haitiano siempre ha luchado con mucha lucidez y fuerza, construyendo organizaciones combativas como las campesinas que lucharon contra la ocupación norteamericana llegando a contar con 20.000 combatientes armados y con victorias militares contra el ejército norteamericano. Ese movimiento siempre ha sido excluido, marginado del juego político que es muy cerrado, monopolizado, que impide que el pueblo haitiano pueda expresarse e influir en las decisiones estratégicas sobre su porvenir.

MH: Hablabas sobre los Duvalier y hace pocos meses regresa Jean Claude, “Baby Doc”, ¿qué significa en el marco de la elección del nuevo presidente Michel Martelly?

CCH: En primer lugar hay que señalar que este regreso fue posible porque Jean Claude Duvalier fue acogido y protegido en Francia durante 25 años por las fuerzas del Servicio Secreto francés, a pesar que muchos ciudadanos haitianos y organismos de DD. HH. en Francia han tratado de enjuiciarlo por crímenes contra la humanidad y por robar los fondos del Estado, pero nunca pudieron desarrollar un proceso judicial. Hay que subrayar la complicidad del estado francés que se presenta como defensor de la democracia pero acoge a un dictador y lo protege de los reclamos de los ciudadanos haitianos.
Segundo, el regreso no fue casual. Entra dentro de un proceso de recomposición de la derecha política en Haití. Uno de los problemas de EE. UU. es que frente a la existencia de un movimiento popular dinámico, no había una fuerza política de derecha realmente estructurada y para ellos era una ocasión aprovecharse del fracaso desgobierno de Preval para recomponer la derecha y la presencia de JCD fue muy importante para lograrlo. La candidatura de Martelly es parte de ese mismo proceso.
Martelly era un cantante de carnaval, un outsider, no era un profesional de la política aunque había participado en el golpe de estado contra Aristide, apoyó a los militares y sus crímenes durante el período 1991-4 y siempre se ha declarado un nostálgico del duvalierismo. Desde su llegada al poder, el 14/5/2011, nombró en espacios estratégicos del Estado a remanentes de la dictadura duvalierista, hijos de duvalieristas famosos y su manera de dirigir el país está mostrando su deseo de regresar al período duvalierista, rechazando los cambios institucionales que se han dado entre 1986 y 2012.

La única ayuda real es la que brindan Cuba y Venezuela

MH: ¿Cómo se interpreta el acercamiento de Martelly al ALBA, sosteniendo que lo ha hecho para brindarle una mejor oportunidad de vida a los haitianos e incluso afirmando que países como EE. UU. no pueden oponerse a los intereses que Haití pueda integrar plenamente el bloque de la Alianza Bolivariana de los Pueblos (ALBA)?

CCH: Es importante esclarecer que este acercamiento no es político ni ideológico, no tiene nada que ver con los objetivos del ALBA, es un acercamiento oportunista porque el programa Petrocaribe suministra a Haití un financiamiento importante que representa el 25% de las inversiones públicas y dentro de las “ayudas” que vienen del extranjero, este es el único flujo financiero que llega al Estado. La ayuda de EE. UU. y la Unión Europea transita por las ONGs.

MH: Se habla de entre 8000 y 10000 ONGs actuando en Haití.

CCH: Por lo menos, debe haber muchas más. Ya había muchas, pero después del terremoto hubo una invasión, son una multitud para aprovechar los fondos internacionales que llegaron después del terremoto.

MH: Me imagino que esa “ayuda” llega al pueblo haitiano en cuentagotas.

CCH: No llega porque está absorbida por los imperialistas y las burocracias de las ONGs. La única ayuda efectiva y real es la que brinda Cuba, sobre todo a través de la permanencia de la brigada médica y Venezuela a través de Petrocaribe. Para el Estado haitiano esta ayuda es prácticamente de vida o muerte. Desde el punto de vista político no ha cumplido con lo que ha declarado porque al llegar a Caracas dijo que iba a solicitar una integración plena al ALBA y lo no hizo, conservó el carácter de observador porque seguramente recibió presiones de EE. UU.
También hay que subrayar que el gobierno de Martelly se inscribe dentro de la dominación imperialista y es muy sumiso a esa visión aceptando la presencia de un “gobernador” como el ex presidente Clinton que dirige la política económica, que escoge donde van los financiamientos e incluso orienta las decisiones de política global.

MH: O sea que Clinton es el verdadero Presidente de Haití.

CCH: Sí, se ha dado un proceso de vaciamiento del Estado, de su debilitamiento y sustitución por instituciones extranjeras y se aprovechó de la presencia de la MINUSTAH y el terremoto. Noamí Klein habla del capitalismo del desastre y Haití es un ejemplo perfecto donde aprovechando la crisis post terremoto hay todo un proceso de marginalización del Estado, las empresas y las organizaciones sociales haitianas en todos los espacios de decisión y Martelly es cómplice de esta situación. No hace nada para ganar un espacio de soberanía.

“Los 5” son presos políticos

MH: Me llamó la atención la decisión de la Jueza Joan Leonard de permitirle a René González, uno de los 5 cubanos presos en EE. UU., la posibilidad de visitar a su hermano enfermo de cáncer en Cuba después de finalizar una condena de 13 años y de aplicarle una nueva de 3 adicionales en libertad condicional por la cual no podía abandonar territorio norteamericano, sin embargo, ahora le han permitido permanecer durante 2 semanas en La Habana coincidiendo con la visita del Papa a Cuba.

CCH: Primero hay que subrayar que todo el proceso de los 5 fue manejado de manera política, no fue manejado con criterios de justicia. Hubo múltiples violaciones del sistema judicial norteamericano, de convenios internacionales sobre la libertad de prisioneros, etc. Fue gracias a las presiones internacionales, de organizaciones solidarias en EE. UU. que finalmente se obtuvo esa liberación condicional. Es importante ver el doble lenguaje de EE. UU., que al mismo tiempo que habla de Derechos Humanos y democracia, en los hechos no se aplican. Conocemos el Patriot Act que es un retroceso histórico de varios siglos y en el caso de los 5 cubanos se evidencia que fue un hecho político muy influenciado por los “gusanos” de Miami y, por supuesto, se manejó sin tomar en cuenta los derechos de los acusados, la información sobre el caso, las declaraciones de Amnistía Internacional que lo analizó y afirmó que no había ninguna justificación de las condenas que fueron terribles: doble cadena perpetua más 10 años en algunos casos. Fueron tratados de manera inhumana con aislamiento total y prohibición de ver a sus familiares; además, el proceso se hizo en Miami, un lugar dominado por anticastristas. Fue un manejo inaceptable, totalmente injusto e inhumano. Son presos políticos, injustamente retenidos en EE. UU. y es muy importante que la ciudadanía mundial pueda unirse a esta causa firmando peticiones, por ejemplo, y haciendo reuniones informativas que permitan desnudar la política exterior de EE. UU., su naturaleza real. Es muy importante solidarizarse con los 5 héroes cubanos que hacían un trabajo de protección de su país, de prevención de los ataques terroristas organizados desde Miami que asesinaron mucha gente en Cuba, un trabajo patriótico que hay que saludar y felicitar. Están injustamente encarcelados desde 1998 y me parece una causa importante que debe movilizar a todos los que defendemos la justicia.

MINUSTAH: Es un escándalo que tropas de A. Latina estén siendo utilizadas en este proyecto de dominación
MH: Se ha conocido un informe sobre la violación de los DD HH por la Misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití (Minustah). ¿Cuál es el contenido de ese informe?

CCH: Es un informe hecho por la Plataforma de DD HH en Haití que agrupa 12 instituciones y muestra que la Minustah en 8 años de presencia ha sido un instrumento permanente y sistemático de la violación de los derechos básicos del pueblo haitiano. Se ha evidenciado su participación directa en la violación masiva de niños y niñas y contra pobladores de barrios populares. Hay muchos expedientes, pruebas y testimonios que muestran que no son casos aislados sino sistemáticos y que se explican por la situación de ocupación militar. Es muy importante subrayar que la Minustah es parte de una sucesión de misiones militares en Haití desde 1992 y constituye una fuerza de ocupación con todo lo que esto significa de violencia y agresión contra el pueblo haitiano y su dignidad. Me parece un escándalo que tropas de América Latina estén siendo utilizadas en este proyecto de dominación.

MH: Entre ellas, tropas argentinas.

CCH: La mayoría de las tropas son brasileras, argentinas, chilenas, uruguayas, de Guatemala, Bolivia, así que es muy importante denunciarlo porque me parece muy grave y no solo hay una gran mentira alrededor de la naturaleza de esa fuerza sino que también constituye una especie de laboratorio, de experimento para justificar nuevas formas de presencia militar, instrumentalizando ejércitos latinoamericanos. Esa presencia se inserta dentro de la lógica global de militarización imperial de la cuenca del Caribe con la presencia masiva de nuevas bases militares en Panamá, Honduras, Curazao y la que se está construyendo en Santo Domingo.

MH: Ahora aparece otra en Argentina aunque fue negado por el gobernador Capitanich de la provincia del Chaco diciendo que se trata de un centro de ayuda humanitaria en el aeropuerto de Resistencia.

CCH: Cualquiera sean los objetivos proclamados por el Consejo de Seguridad de promoción de los DD HH, de restablecer un clima de seguridad y estabilidad, de realizar elecciones democráticas, de relanzar la economía, controlar el narcotráfico, etc., todos han fracasado rotundamente. La Minustah no está contribuyendo, al contrario, es una fuerza de desestabilización del país y rechazada masivamente por el pueblo haitiano. Durante los 2 últimos años se dieron manifestaciones en casi todas las regiones del país para denunciar el comportamiento de esas tropas de ocupación y reclamar su retiro inmediato porque son tropas de atropello que han cometido múltiples violaciones a los DD HH. Son casos terribles por las consecuencias que tienen sobre la población, las familias y los niños víctimas. Por ejemplo, el caso del cólera, introduciendo una enfermedad que no existía en Haití, a través de soldados nepalíes, que ya mató a 7000 personas y afectó a 500.000, sobre todo en las comunidades rurales más alejadas que no tienen infraestructura sanitaria para luchar contra el cólera. Por supuesto, no reconocen su culpabilidad y participación en la introducción de la enfermedad. No hicieron nada para luchar contra ella. Cuando uno compara el presupuesto anual de U$S 800 millones al año y lo que hacía falta para luchar contra el cólera -U$S 125 millones- se da cuenta que no han enviado recursos financieros para ese fin. No solo es una negligencia culpable, criminal, sino también muestra el tipo de relación que tienen con el pueblo haitiano. Es evidente que la infraestructura de acceso al agua potable y sanitaria, podrían ayudar a disminuir el número de muertos y afectados. En Haití denunciamos esa presencia pero también hay grupos que se formaron para acusar formalmente y reclamar reparaciones indemnizatorias para todas esas familias. Hasta ahora Naciones Unidas ha rechazado esas quejas. Es una relación totalmente vertical que crea en el país una situación inaceptable desde el punto de vista de los DD HH y ese documento señala con una gran cantidad de pruebas todas las violaciones cometidas por la Minustah durante los últimos 8 años.
Reclamamos el retiro de la Minustah lo más rápidamente posible e indemnizaciones para todas las víctimas de su presencia.

MH: Se nos terminó el tiempo, te dejo el cierre de la entrevista.

CCH: Hago un llamado a las organizaciones argentinas para que apoyen el reclamo del pueblo haitiano exigiendo el retiro de las tropas latinoamericanas en general y de Argentina en particular. Sabemos que las organizaciones argentinas dan mucho valor a la libertad, a la dignidad de los pueblos y estoy seguro que si supieran realmente lo que está pasando en Haití no tendrían ninguna duda en apoyar nuestra lucha, que no es solo de nuestro pueblo sino por toda América Latina y el Caribe.
Lo que está en juego en Haití es un escenario nuevo de recolonización que amenaza a todos nuestros pueblos para controlar sus recursos y nuestros bienes naturales a través de imposiciones económicas de las instituciones financieras internacionales para exigir el pago de una deuda criminal e injusta que no debemos pagar.
Todo esto entra dentro del mismo sistema de recolonización y la Minustah es un elemento muy peligroso para el porvenir de la libertad y la soberanía de todos nuestros pueblos. Hay que tomar esta lucha al lado del pueblo haitiano como un momento fuerte frente a la amenaza de recolonización y contra los intereses estratégicos de nuestros pueblos.
Camille Chalmers es secretario ejecutivo de La Plataforma de Apoyo para el Desarrollo Alternativo de Haití (PAPDA).

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YPF: ¿Utilidad pública, deuda o salvataje?

Héctor Giuliano

La sorpresiva intervención de YPF y el envío al Congreso del proyecto para expropiar las acciones de Repsol abren más interrogantes que aclaraciones en cuanto al sentido de las medidas adoptadas por el gobierno Kirchner.

El objeto de este breve trabajo es formular algunas observaciones y comentarios sobre este tema a la luz del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 530/2012 del Poder Ejecutivo y del Proyecto de Ley (PL) respectivo, así como sus informaciones conexas.

Ambos documentos contienen contradicciones, inconsistencias y/o desprolijidades que le pueden terminar costando muy caro al Estado Argentino.

Expropiación por utilidad pública

No están claras las verdaderas razones de urgencia de las medidas tomadas por el Ejecutivo frente a una grave situación de crisis energética que era conocida desde hace tiempo, que consultores y ex titulares de la Secretaría de Energía venían denunciando públicamente desde hace varios años y que el actual gobierno - hasta hace muy poco - venía negando o soslayando mientras apoyaba y elogiaba la gestión de la Empresa.

El Estado Argentino, a través de su participación accionaria, estaba perfectamente en conocimiento de la situación de la Empresa y el representante del Gobierno suscribía y avalaba todas las decisiones del Directorio de YPF sin expresar disidencias en contrario.

Por ende, el primer problema que se plantea es el de la inexorable co-responsabilidad de la Administración Kirchner en las irregularidades que denuncia contra Repsol como accionista mayoritario ya que las mismas fueron asumidas por todos los socios, incluido lógicamente el Estado Nacional.

Esto es particularmente cierto en lo tocante al problema de la infra-inversión en exploración de petróleo y gas, a la política de altos repartos de dividendos y a la gravedad del cuadro de situación energético provocado por YPF.

Por eso, independientemente de toda discusión sobre la validez de los argumentos oficiales y las medidas adoptadas en consecuencia, la actual Administración es co-responsable de las irregularidades que le imputa al grupo Repsol, ya que el representante oficial ante el Directorio tenía que estar forzosamente al tanto de lo que pasaba y además estaba suscribiendo sin disidencias las decisiones que hoy se le objetan al principal accionista.

La gestión de una política llevada a cabo por el Directorio de la Empresa no puede serle imputada exclusivamente a uno de los socios sino que es de responsabilidad colectiva de todos los que, como miembros, la avalaban.

También es importante y discutible el uso de un DNU para intervenir por parte del Estado una Sociedad Anónima - como es YPF - invocando los artículos 3 y 6 de la Ley 17.319 de Hidrocarburos, aún en los casos que mediaren incumplimientos de contrato en materia de producción y/o exploración; máxime cuando ya se estaba penalizando a la empresa por este motivo con el retiro de algunas áreas de concesión provinciales.

Pero el problema central - y probablemente más grave desde el punto de vista conceptual - estaría en la causal aducida para la expropiación de una parte de las acciones de Repsol en YPF por razones de “utilidad pública” (1) ya que tales razones no pueden aplicarse en forma genérica para los casos de expropiación sino que deben tener una justificación puntual y concreta (como puede ser, por ejemplo, el caso de una propiedad inmueble para trazar una carretera o destinar un espacio clave para la construcción de un puente). (2)

No tiene mucho fundamento expropiar una parte de las acciones de la empresa y a un solo socio (en este caso, el accionista mayoritario, quitándole el 51 sobre su total del 57.4 %) para elevar la participación del Estado al 51 % del Capital apelando a razones de “utilidad pública”.

Siguiendo tal razonamiento en relación al autoabastecimiento (que en este caso se aplica a una compañía que no produce la totalidad sino la mitad del petróleo nacional y el 44 % del gas) el criterio de intervención oficial pudiera ser extendido arbitrariamente a cualquier otra empresa del sector y/o de cualquier otro sector de la economía que se declare genéricamente de interés público.

Este planteo gubernamental conlleva así serias vulnerabilidades en el caso que Repsol - como ya lo ha anunciado - lleve adelante reclamos judiciales contra la Argentina ante el CIADI (el Tribunal de Arbitraje Internacional dependiente del Banco Mundial) apelando al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) vigente entre nuestro país y España.

Por otra parte, es contradictorio acusar sólo a Repsol de “vaciamiento” de YPF - como lo hace taxativa, enfática y reiteradamente el PL del Ejecutivo - cuando, como dijimos, las responsabilidades por la gestión de la empresa son colectivas y alcanzan a todos los socios con representación en el Directorio, incluyendo al propio Estado.

Si Repsol incurrió en maniobras de vaciamiento - es decir, en delitos - sus directivos debieran ser denunciados ante la Justicia y no ser expropiadas parte (no todas) sus acciones invocando razones de “utilidad pública”.

Una de dos: delitos o razones concretas de interés público nacional debidamente fundadas.

Con el agravante que la palabra “vaciamiento” no existe como figura jurídica: su traducción legal sería Defraudación, pero el proyecto no hace referencia a este delito sino que utiliza la expresión “vaciamiento”, que sólo delata una forma de comportamiento no definido desde el punto de vista técnico jurídico.

Esto también supone una vulnerabilidad de planteo al ser aplicado este enfoque sólo contra Repsol cuando la distribución indebida de altísimas utilidades beneficiaba a todos los accionistas y cuando, como agravante, se sabía que dicho criterio había sido adoptado para favorecer, en particular, al grupo Eskenazi - ligado al gobierno Kirchner - para que pudiera pagar con dividendos los préstamos externos contraídos para comprar el 25 % de las acciones de YPF sin aportar dinero en efectivo.

Este conjunto de serias inconsistencias en la forma de fundamentar y de llevar a cabo la expropiación parcial de las acciones de Repsol en YPF no sólo deja dudas sobre la corrección del procedimiento seguido por el gobierno Kirchner sino también sobre las verdaderas motivaciones de su conducta.

La deuda de YPF

Actualmente - según el viceministro de Economía Kicillof - la Deuda total de YPF sería del orden de los 9.000 Millones de Dólares (MD).

De los Estados Contables al 31.12.11 surgiría que esta suma es algo menor - el equivalente de unos 8.300 MD (36.700 M$-Millones de Pesos) - pero ello no cambia el fondo de la cuestión, que es el alto endeudamiento de la empresa.

Notablemente, este importe de deuda hoy es casi el mismo que YPF tenía al momento de su privatización (1992) - 8.500 MD - y que el Estado absorbió porque la empresa fue vendida sin pasivos.

Este elevado pasivo de YPF significa que el Estado Argentino, con la expropiación ahora de las acciones de Repsol, pasa a ser el nuevo socio mayoritario, asume la responsabilidad principal por la conducción empresaria y hereda entonces el nuevo gran pasivo de YPF.

Una vez más - como ya ocurrió con la privatización menemista de la década del ´90 (que el entonces gobernador Kirchner y su esposa apoyaron) - el socio privado se desliga de sus obligaciones y el gobierno argentino se hace cargo de las deudas.

El Estado, que hasta ahora no tenía participación directa en la gestión empresaria de YPF y no era responsable de sus pasivos, pasa entonces a tener una triple carga de deuda propia en relación a la compañía: 1. La de la Deuda consolidada de la empresa (los 9.000 MD citados), 2. La del necesario financiamiento del Plan de Inversiones no cumplido bajo la gestión de Repsol (cuyas estimaciones primarias serían del orden de los 30.000 MD), y 3. El monto - a determinar - de la indemnización por la expropiación a Repsol.

Aunque se termine no pagándole nada a Repsol - como se ufanan algunos funcionarios del gobierno - los otros dos grandes rubros de deuda igual le quedan al Estado; y son mucho más elevados.

Este cambio es muy importante porque antes de esta medida de intervención de YPF y expropiación a Repsol, la Administración Nacional no tenía encima estos nuevos rubros de endeudamiento público pero ahora, en cambio, deberá incrementar sus pasivos del Estado. (3)

El Balance de YPF al 31.12.11 muestra además que el Pasivo Corriente (obligaciones hasta un año de plazo) es de 21.800 M$, contra un Activo Corriente de 14.100 M$, lo que denota que la empresa tendría, en principio, un problema de Liquidez que también deberá ser cubierto por el Estado.

Los vencimientos de deuda ya serían importantes este año por concepto de Obligaciones Negociables (ON) emitidas bajo la administración Repsol: 300 M$ en Diciembre (y 70 MD en Marzo de 2013), entre los más relevantes.

Dentro de los 21.800 M$ del Pasivo Corriente, 11.900 son Cuentas por Pagar y 8.100 pago de Préstamos; sin contar - desde ya - Deuda Contingente (por los reclamos de daños en el Medio Ambiente y otros).

Todo esto implica que las medidas anunciadas por la presidente Cristina Kirchner el 16.4 pasado suponen para el Estado Nacional la asunción de una fuerte carga de endeudamiento adicional que hasta hoy no se tenía.

Desde el punto de vista económico-financiero tal comportamiento del Gobierno - independientemente de la forma en que es presentado ante la Opinión Pública - releva a Repsol YPF de afrontar un grave cuadro de situación financiera que tendrá que ser cubierto con más deuda y cuyo peso se transfiere ahora al Estado Nacional.

Un salvataje a REPSOL

Lo dicho en el párrafo anterior abre un interrogante muy serio acerca de los efectos financieros concretos de la decisión gubernamental sobre YPF.

Ello implica reflexionar sobre si esta mayúscula nueva carga financiera que pasa al Estado Central - más allá de todo lo que se diga ante la Opinión Pública - no constituye en realidad una forma de salvataje práctico a la empresa Repsol desligándola del peso de estos grandes compromisos, que le eran imposibles de cumplir por sí misma.

La urgencia en la intervención de YPF y la simultánea estatización de las acciones de Repsol presenta un esquema dudoso y muy discutible.

La presidenta - en su discurso del lunes 16.4 - dijo que regresó antes de la Cumbre de las Américas de Cartagena de Indias, Colombia, “porque tenía que estar aquí en la República Argentina a primerísima hora” para firmar el DNU y el proyecto remitido al Congreso.

Dado que - como hemos explicado al comienzo de esta nota - el grave problema de arrastre de YPF era conocido desde hace tiempo por las autoridades e incluso que había sido agravado financieramente por el propio gobierno (caso de su gestión a favor del grupo Eskenazi para aumentar la participación accionaria del mismo con deuda externa y privilegio de pago de esas deudas con dividendos extraordinarios) el verdadero motivo de la urgencia correspondería evidentemente a otras razones. (4)

El mismo PL da en sus Fundamentos una pista del problema. En su acápite IV - titulado “La carta autoincriminatoria del Señor Brufau” - se relatan las gestiones de Repsol inmediatamente previas a la crisis que llevó a la estatización de sus acciones por parte del gobierno Kirchner.

En carta a la presidenta del 2.4.12 Brufau - según el texto del proyecto de ley - le dice que Repsol no se encuentra en condiciones de poder implementar el Plan de Inversiones de YPF porque carece de capacidad para financiarlo.

Los primeros cinco años de ejecución del plan demandarían inversiones por 30.000 MD (6.000 MD por año) y Repsol sólo podría cubrir aproximadamente la mitad de las mismas.

Ergo, la alternativa ofrecida por Brufau - siempre según el texto del PL - era buscar “Asociaciones para ceder parte de su participación en las concesiones … a empresas e inversores nacionales e internacionales … con el objeto de obtener la financiación necesaria para la ejecución del Plan” decidiendo en cada caso “quién será el operador”.

Incluso sostenía que “las Provincias y el Estado Nacional podrían tomar una participación en la inversión en cada campo”.

Es, poco más o menos, lo mismo que luego hace la presidenta pero desposeyendo a Repsol de su participación y, en consecuencia, de su armado del negocio.

Aquí es donde el gobierno Kirchner le reprocha, con razón, que el “principal causante de la situación” se ofrezca como “salvador” de la situación de crisis de YPF que generó a través de su gestión.

Esto era particularmente grave porque Brufau confesaba que “YPF ya tiene avanzadas negociaciones con significativos ofertantes que representan compañías internacionales” para ello.

Todo esto está corroborado por informaciones periodísticas con base bastante en firme: Repsol YPF - España estaba por cerrar la venta de todo o parte de sus acciones a la petrolera china SINOPEC GROUP (que es una Empresa del Estado) pero simultáneamente se estaban dando pasos aquí, en Argentina, para posicionarse financieramente por parte de otras compañías, como el caso de la compra del 50 % de las acciones de Bridas (familia Bulgheroni) por parte de otra petrolera china, la CNOOC (también Empresa del Estado) por 3.000 MD, (5) con miras a poder participar en YPF en el futuro.

También manifestaron interés para entrar en el replanteo de las asociaciones y/o contrataciones de YPF otras grandes firmas internacionales, como Exxon, Total y Petrobras; como asimismo compañías de contratistas y servicios.

En síntesis, que la decisión de intervención y expropiación de las acciones de Repsol se produce en un momento clave de la toma de decisiones de la Empresa, de modo que la acción de la administración Kirchner habría frustrado que sea la propia Repsol la que manejara el negocio de su redistribución accionaria, reservando tales decisiones al gobierno argentino.

Una maniobra de este tipo - el bloqueo de negociaciones indebidas por parte del accionista mayoritario - sería legítima por parte de las autoridades para impedir que sea la misma empresa que fue la principal causante de la crisis de YPF la que decida sobre el replanteo de los negocios accionarios bajo su gestión.

Pero el avance de esas negociaciones unilaterales de Repsol podía ser desautorizado oportunamente por el gobierno argentino sin necesidad de expropiar las acciones de la firma en YPF ya que el Estado disponía no sólo de la “acción de oro” sino de todos los mecanismos de contralor interno y externo que necesitare aplicar para impedir maniobras de esta naturaleza.

Máxime cuando está imputándole a Repsol delitos de “vaciamiento” de YPF, por los que se supone puede llevar a sus directivos ante la Justicia.

Con el agravante que al optar por la expropiación el gobierno altera la categoría del problema - llevándolo del Gerenciamiento a la Estructura Societaria - se carga con la gravísima situación económico-financiera de la empresa y apela a un procedimiento vulnerable debido a su co-responsabilidad en la crisis que dice motivar su intervención.

La clave residía en la Intervención sin Expropiación: YPF pudiera y debiera ser intervenida pero sin expropiar, al menos de inmediato, las acciones de Repsol; porque esta expropiación libera a Repsol de la carga financiera que le deja al Estado Argentino, aunque éste no le indemnice un centavo.

Ahora, en cambio, la administración Kirchner se reserva el manejo exclusivo de los próximos pasos de YPF pero lo hace cargando con el peso de los pasivos heredados y de las deudas a contraer en el futuro.

Y lo hace en una forma poco transparente y controlable, amparándose en la discrecionalidad y ausencia de control sobre sus actos dado que la empresa sigue bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima (6), sujeta a la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales y sin estar supeditada al contralor de los organismos del Estado (como la SIGEN y la AGN).

Esto independiza a la administración Kirchner - una vez más - de los mecanismos formales de supervisión y control sobre sus acciones de gobierno dejándole las manos libres para reformular el plan de grandes negocios después de la frustrada gestión de Repsol YPF, de la que fue co-responsable directo.

En definitiva: la intervención y expropiación parcial de las acciones de Repsol - que permanece como accionista minoritario de la empresa con un 6 % del Capital (7) - implica un cambio en el gerenciamiento de la empresa, que oficialmente estaba a cargo del CEO Sebastián Eskenazi Storey y que ahora pasa bajo dirección directa de los funcionarios interventores del gobierno; pero también - y esencialmente - un cambio de mano en la composición accionaria de la compañía, que ahora pasa a ser de mayoría estatal, asumiendo el Estado el peso de la crisis de YPF. (8)

Esto significa que, de ahora en más, será el Estado Argentino el que tendrá que hacerse cargo de la muy delicada situación financiera de la Empresa, atendiendo fundamentalmente al macro-endeudamiento necesario para poder replantear sus actividades.

El gobierno podrá mantener su composición societaria de mayoría estatal - 51 % del Capital, subdividido a su vez en 51 % Nación y 49 Provincias Petroleras - asociándose a nuevos operadores (caso de joint ventures) o bien volver a vender parte de su nuevo paquete accionario, pero la responsabilidad central seguirá estando en manos del Estado.

Desde el punto de vista de las Finanzas Públicas este manejo de la crisis de YPF implica traspasarle así al Fisco el peso de los pasivos de la empresa y la carga por desinversión en actividades de exploración petrolera que supondrá grandes endeudamientos futuros.

Y todo esto relativizando el alcance de las culpas de Repsol por administración fraudulenta, que debiera haber sido no sólo el motivo de la intervención del Estado sino de las acciones judiciales pertinentes: sin necesidad de expropiación de las acciones.

En conclusión:

Por qué la idea de “salvataje” y a quién se estaría salvando o, al menos, liberando de sus compromisos incumplidos?

Un balance primario de los hechos concretos permite intuir o sospechar un salvataje, pero un salvamento encubierto con escenificación de las partes:

1. El gobierno Kirchner presenta la expropiación como una “nacionalización” de la empresa y una muestra de Soberanía Nacional en materia de hidrocarburos mientras absorbe el triple pasivo nuevo por la deuda acumulada de YPF, por el futuro financiamiento del plan de inversiones incumplido por Repsol y por los eventuales montos de indemnización a pagarle.

2. Repsol se victimiza como compañía perjudicada cuando, en realidad, después de haberse llevado dividendos que sobrepasan su inversión por la compra original le traspasa la carga financiera por la deuda y el plan de inversiones al Estado Argentino; y todavía le reclama una indemnización que - desde el frio punto de vista de la Ley - pudiera llegar a corresponderle dada las serias vulnerabilidades del DNU y el PL del Ejecutivo. Y

3. El grupo Eskenazi - tradicionalmente favorecido por la administración Kirchner y fundadamente sospechado de manejarse con los negocios de la familia gobernante - no sólo no es alcanzado por las graves denuncias oficiales directas sino que además pudiera salir indemne de su propia irresponsabilidad por la compra de acciones con deuda.

En síntesis: que la intervención de YPF y la consiguiente expropiación de las acciones de Repsol tendría en los hechos un sentido muy diferente de la versión oficial si se la mira desde el punto de vista financiero fiscal.

Y que la Intervención de la empresa puede y debe hacerse pero sin Expropiación.

La gran mayoría de la partidocracia con representación parlamentaria, sin embargo, se apresta a convalidar esta línea de acción irregular, discrecional y financieramente gravosa elegida por el gobierno Kirchner: una línea de acción que implicaría, en la práctica, un salvataje o liberación de Repsol YPF.

Notas:
1) El PL habla de “interés público nacional” para referirse al objetivo prioritario de autoabastecimiento de hidrocarburos y de “utilidad pública” cuando se refiere a la expropiación de las acciones de Repsol YPF SA.
2) El artículo 17 de la Constitución Nacional (CN 17) - que prohíbe la Confiscación - establece que la Expropiación por causa de utilidad pública tiene que ser establecida por Ley y previamente indemnizada.
La ley 21.499 de Expropiaciones - que es del año 1977 (dictada por el Gobierno Militar) - especifica que si no hay acuerdo de las partes sobre la indemnización el Estado deberá seguir la vía judicial y es el juez quien fijará el monto de la misma.
3) El Presupuesto 2012 autoriza en materia de Deuda Pública - además de 11.700 MD más de Deuda en cabeza de la Administración Central - la contracción de otros 28.000 MD de Deuda Indirecta, es decir, nueva deuda que corresponde a Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios.
Estas nuevas deudas son avaladas por el Tesoro, que se transforma así en el garante de última instancia para el pago de las deudas tomadas por las distintos Entidades Nacionales.
4) La familia Eskenazi - a través del Grupo Petersen - compró su parte de las acciones de YPF por presión directa del gobierno Kirchner ante Repsol y lo hizo en dos tandas: el 14.9 % en 2008 y el 10 % en 2011; logrando así un total de prácticamente el 25 %.
Ambas compras fueron hechas sin aporte de capital propio - sólo se desembolsaron 100 MD - ya que las mismas fueron financiadas con préstamos garantizados por las acciones que se compraban:
- En 2008, con un crédito de 1.018 MD dado por un grupo de bancos liderado por el Credit Suisse y del que formaban parte Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa; y el resto financiado por Repsol, que era el vendedor de esa cuota-parte de sus acciones. En total, 2.235 MD.
- En 2011, con otro préstamo consorciado, de 670 MD otorgado por los Bancos Itaú, Santander, Standard Bank, Credit Suisse y Citi; y otros 670 financiados por Repsol.
El saldo de la deuda de Eskenazi por estos dos préstamos sería hoy del orden de los 3.000 MD.
Las dos operaciones se pactaron a través de Petersen Energía, una empresa del grupo con sede en Nueva Zelandia, de modo que las obligaciones figuran así como deuda externa de la empresa.
En ambos casos, se pactó que los servicios de estas deudas serían pagados por el grupo Eskenazi con dividendos futuros a percibir por sus acciones en YPF merced a la disposición aceptada por el gobierno Kirchner de distribuir altísimas utilidades de la empresa que posibilitarían este cumplimiento, pese a que ello se hacía restando fondos al plan de inversiones vía reinversión de ganancias.
De allí que imputar hoy solamente a Repsol por una política de “vaciamiento” debido al retiro masivo de utilidades mientras se incumplían los programas de inversiones en exploración es, cuando menos, una acusación incompleta porque todos los accionistas se beneficiaron proporcionalmente de dicho “vaciamiento”, y el grupo Eskenazi - tradicionalmente favorecido por el gobierno - en primer lugar.
Dicho con otras palabras: que la política de distribución excesiva de dividendos, con el consiguiente incumplimiento de los planes de inversión de YPF fue conocida, aceptada e incluso inducida por el propio gobierno Kirchner para favorecer la operación de compra del grupo Eskenazi.
5) Artículo de Diego Cabot en La Nación - Suplemento Económico del 22.4.12 - y noticias periodísticas conexas.
6) Tanto la presidenta en su anuncio como el texto del PL ponen especialmente de relieve esta independencia jurídica de YPF como Sociedad Anónima, no sujeta a los controles de los organismos de supervisión directa de las Empresas del Estado.
7) La nueva estructura accionaria de YPF es la siguiente:
51.0 % Estado Argentino (51 % Nación y 49 % Provincias Petroleras).
24.4 % Grupo Petersen-Eskenazi.
5.8 % Lazard Asset Management (relacionada con la Banca Rothschild).
4.8 % Eaton Park Capital (un Fondo de Inversiones creado como desmembramiento de Goldman Sachs).
5.9 % Inversores no identificados.
2.0 % Cotización en Bolsa de Buenos Aires.
6.1 % Repsol (que reiteradamente ha sido asociada a la compañía británica British Petroleum).
El cambio producido en esta composición del capital de YPF afecta sólo las tenencias accionarias de Repsol, que pasa del 57.4 % al 6.1 %; es decir, que baja la participación de Repsol y aumenta en igual medida la del Estado. El resto de los accionistas permanece con la misma proporción de acciones.
Esto involucra especialmente al grupo Eskenazi, que a través de Petersen mantiene su 25 % del capital de YPF.
8) La última integración del Directorio de YPF era la siguiente:

Presidente: Antonio Brufau Niubó

Vicepresidente del Directorio: Enrique Eskenazi

Gerente General (CEO) Vicepresidente Ejecutivo: Sebastián Eskenazi Storey

Subgerente General Director Adjunto al CEO Director General Repsol Argentina: Antonio Gomis Sáez

Directores Titulares:
Roberto Baratta (representante oficial del gobierno Kirchner en el Directorio)
Aníbal Guillermo Belloni
Mario Blejer
Carlos Bruno
Carlos de la Vega
Matías Eskenazi Storey
Salvador Font Estrany
Federico Mañero
Javier Monzón
Miguel Ángel Devesa
Luis Suárez de Lezo
Mario Vázquez
Raúl Cardoso Maycotte

Directores Suplentes:
Alejandro Diego Quiroga López
Alfredo Pochintesta
Tomás García Blanco
Fernando Dasso
Carlos Jiménez
Carlos Alfonsi
Ángel Ramos Sánchez
Ezequiel Eskenazi Storey
Mauro Renato José Dacomo
Ignacio Cruz Moran
Eduardo Ángel Garrote

Después de la reciente intervención oficial obviamente esta composición del Directorio de YPF está siendo modificada y se formalizará en la primera asamblea que se realice al efecto.

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Argentina: ¿hacia una nueva denuncia del CIADI?

Nicolas Boéglin

Con el fin de resolver eventuales litigios que puedan darse entre Estados e inversionistas extranjeros, se creó en una convención de 1965 el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (conocido por sus siglas en español CIADI, o ICSID en inglés).

Costa Rica y el CIADI. Costa Rica ratificó, como 148 Estados más, dicha convención (la firmó el 29 de septiembre de 1981 pero la ratificó tan solo el 27 de abril de 1993). El amplio plazo entre la firma y la ratificación de Costa Rica se debe a la posición de no ratificar este instrumento mientras se resolvía el caso de la expropiación irresuelta de la Hacienda Santa Elena, consecuencia de la creación del Parque Nacional de Santa Rosa (Decreto Ejecutivo 8550-G del 5 de mayo de 1978). Se lee en un memorandum de la GCAB (Global Committee of Argentina Bondholders) que esta decisión de Costa Rica resultó de presiones directas en relación con este caso: “In the 1990s, following the alleged expropriation of property owned by an American investor, Costa Rica refused to submit to ICSID arbitration. The American investor invoked the Helms Amendment and delayed a US$ 175 million loan from the Inter-American Development Bank to Costa Rica. Costa Rica consented to the ICSID proceeding, and the American investor ultimately recovered US$ 16 millions”.

Contrariamente a la opinión plasmada en publicaciones que consideran que la adhesión al CIADI es una condición necesaria para la atracción de inversiones extranjeras, varios países del hemisferio americano no son parte del CIADI. En el área cercana a Centroamérica, ni Canadá, ni Cuba, ni México, ni República Dominicana lo son, como tampoco Antigua y Barbuda, Belice, Dominica (Commonwealth de) y Suriname. Brasil tampoco ha ratificado (ni tan siquiera firmado) dicha convención.

Recientes denuncias del CIADI. Como cualquier tratado internacional, la Convención CIADI queda sujeta a la eventual denuncia por parte de un Estado Parte, cuando este último considere que ya no corresponde a sus intereses ser parte de ella. Bolivia inició esta práctica con su denuncia en mayo del 2007 al CIADI, seguida por Ecuador (denuncia notificada en julio del 2009). Venezuela anunció oficialmente su denuncia el pasado 24 de enero del 2012, la cual será efectiva en julio próximo. Posiblemente otros Estados como Argentina (Estado que acumula 24 demandas en su contra ante el CIADI de los 146 casos pendientes a la fecha) también se incline en algún momento por esta opción en el futuro. Ya circula un proyecto de ley con fecha del 21 de marzo del 2012 en el Congreso de Argentina.

La virulencia de la ofensiva diplomática de España a raíz del anuncio de la posible nacionalización de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) anunciada por parte de Argentina probablemente incida aún más en esta delicada decisión que deberán valorar las autoridades de Argentina. El uso erróneo (e innecesario) por parte del Ministro de Relaciones Exteriores de España del vocablo “agresión”, para referirse a la posible expropiación de YPF el pasado 13 de abril, posiblemente explique el anuncio argentino hecho días después.

La catedrática española Araceli Mangas Martín es contundente en su valoración: “Argentina no ha cometido, ni aun materializándose la expropiación, «una agresión», ni sería equivalente a una agresión militar. Son gruesas palabras en boca del ministro español de Asuntos Exteriores, impropias en términos jurídicos y nada diplomáticas. Ya están los ánimos algo exacerbados por parte del Gobierno argentino por su propia deriva nacional-populista como para echar leña al fuego desde el Gobierno de España” (ver articulo del 16/04/2012: Kirchner frente a la legalidad, EL Mundo - España).


Más allá del caso argentino, ha sido cuestionada la poca sensibilidad demostrada por los integrantes de los tribunales CIADI en sus decisiones sobre temas relativos a la defensa de intereses difusos (derechos humanos, medioambiente, poblaciones indígenas, agua para comunidades etc...). Recientemente, incluso se invita al CIADI a “pensar en verde” sus arbitrajes, lo cual constituye un verdadero reto para este mecanismo ideado en plena época de nacionalizaciones y expropiaciones de empresas dedicadas a la explotación de recursos minerales e hidrocarburos; una época en la que las consecuencias ambientales y sociales de estos proyectos extractivos eran simple y llanamente ignoradas.

Perspectivas. Conforme los Estados salgan mal librados de sus contiendas ante los árbitros del CIADI - lo cual es la regla, salvo contadas excepciones - es posible que esta lista de “denunciantes” se extienda en el futuro mediano a otros países del hemisferio americano. Incluso, en el caso de países en los cuales el Poder Ejecutivo, de manera poco transparente, firmó en el pasado contratos leoninos de concesión con empresas trasnacionales (que incluyen cláusulas a todas luces abusivas a favor del concesionario) denunciar el CIADI permitiría minimizar el efecto de posibles demandas futuras.

Nicolas Boéglin es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.

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Dictadores siguen sin decir dónde están los nietos apropiados

Irina Santesteban (LA ARENA)

El ex dictador Jorge Rafael Videla hizo declaraciones al periodista Ceferino Reato, donde reivindicó el accionar del terrorismo de Estado, minimizó el número de víctimas y dijo que "Dios nunca le soltó la mano".

Declaraciones mesiánicas como las que hizo recientemente el genocida Jorge Rafael Videla y que fueron ampliamente difundidas por los medios de comunicación, explican en parte cómo eran (y son) quienes dieron el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Con el terrorismo de Estado como metodología de "aniquilamiento" de sus enemigos, calificaron de "subversivos" a todos aquellos que se oponían al plan de entrega del patrimonio nacional, programa económico neoliberal, la sistemática desaparición de miles de personas, robo de bebés, etc., acompañados por muchos civiles (empresarios, periodistas, sindicalistas, obispos, etc.).

Los organismos de Derechos Humanos dicen que fueron 30.000 las víctimas de la dictadura, entre desaparecidos y asesinados. Para Videla "sólo" fueron 8.000. Para la Justicia lo sucedido en los años del denominado Proceso de Reorganización Nacional, fue un "genocidio", aplicando esa figura del derecho internacional humanitario por primera vez en los procesos que se están desarrollando en nuestro país, por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar.

Sin conocer la verdad

Ese genocidio no ha finalizado, pues uno de sus efectos más perversos, continúa produciéndose. Los bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres y arrancados a sus familias, hoy jóvenes de poco más de 30 años, siguen todavía sin conocer la verdad sobre su identidad. El derecho a la identidad es el primero que enumera la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Es el primer derecho que tenemos las personas, saber quiénes somos, de dónde venimos, quiénes son nuestros padres, cuál es nuestra historia genética y familiar.

Luego que la labor incansable de las Abuelas de Plaza de Mayo recuperara 105 de esos niños apropiados, se calcula que son 400 los jóvenes que permanecen en esa situación, sin que hasta ahora ninguno de los responsables de ese horrendo crimen, haya roto el "pacto de sangre" que hicieron para no develar lo que ocurrió con esos bebés, arrancados de sus madres, a quienes luego asesinaron de las peores formas imaginables.

A la espera

La asociación Abuelas de Plaza de Mayo nació en 1977, como una agrupación de mujeres que se fueron juntando y reconociendo en los múltiples trámites que hacían en despachos oficiales, cuarteles, juzgados, comisarías, iglesias, para conocer el destino de sus hijos secuestrados y desaparecidos.

Entre esos hijos había centenares de jóvenes embarazadas, a quienes se mantuvo con vida, en condiciones brutales, para hacerlas parir en maternidades clandestinas (Campo de Mayo, Escuela de Mecánica de la Armada, Pozo de Banfield, Hospital Militar de Córdoba, etc.), y luego entregar a esos bebés a familias de militares y policías que estaban a la "espera" de esos niños. Según ha quedado demostrado en los juicios por los delitos de lesa humanidad, fue un plan sistemático no sólo para secuestrar a militantes y opositores a la dictadura, sino también para la apropiación de niños, hijos de las desaparecidas.

Botín de guerra

Para las Abuelas de Plaza de Mayo, los niños secuestrados fueron el "botín de guerra" de la dictadura, y fueron inscriptos como hijos propios por los militares, o por sus familias o amigos. En algunos casos, fueron dejados en cualquier lugar, vendidos o abandonados en institutos como NN. De esa manera los hicieron desaparecer al anular su identidad, privándolos de vivir con su legítima familia, de todos sus derechos y de su libertad.

Además de buscar y restituir a sus legítimas familias, a todos los niños (hoy jóvenes) secuestrados y desaparecidos por la represión de la dictadura militar, las Abuelas de Plaza de Mayo tienen como objetivo el crear conciencia para que nunca más se repita tan terrible violación de los derechos de los niños, además de exigir castigo a todos los responsables.

Historia de Mima

Son innumerables las historias que pueden contarnos las Abuelas de Plaza de Mayo. Hace unos días, el 21 de abril, falleció en Córdoba Irma Ramacciotti de Molina, una de las pocas Abuelas que quedaba en esta ciudad.

Irma, o "Mima", como todos la conocían, fue maestra, directora de escuela y se jubiló como inspectora escolar. Afiliada desde siempre al sindicato docente cordobés (la UEPC), su esposo era trabajador de EPEC, la empresa de Energía, y pertenecía al Sindicato de Luz y Fuerza, que por muchos años dirigió el sindicalista combativo Agustín Tosco. De esta familia, nació Lucía, la mayor de seis hermanos, que desde muy joven asumió una militancia revolucionaria. Lucía fue secuestrada en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, el 21 de abril de 1977, cuando estaba embarazada de cuatro meses. Treinta y cinco años después, el mismo día, Irma dejaba este mundo sin conocer el destino de su hija ni el de su nieto, presumiblemente nacido en cautiverio.

El otro nieto

Un año antes de la desaparición de Lucía, Irma había tenido que luchar para recuperar al primer hijo de Lucía, Santiago, que con sólo un mes y medio de vida, fue rescatado de entre los escombros de la casa donde vivía con sus padres en el barrio de San Vicente, en Córdoba, luego que fuerzas del Ejército los atacaran. Allí fue asesinado su padre y primer esposo de Lucía, José Luis Nicola. Santiago fue dejado en la Casa Cuna, adonde fue Irma a rescatarlo.

En el secuestro de Lucía en 1977, Santiago tenía poco más de un año y también fue dejado por segunda vez, por las fuerzas militares, en otra Casa Cuna, esta vez en la ciudad de La Plata, adonde fue nuevamente Irma a buscarlo, luego de deambular por más de un mes en distintos juzgados y hospitales. Santiago fue criado por su abuela "Mima" junto a los cinco hermanos de su madre, con su triste historia de haber sobrevivido a dos secuestros violentos, con sus dos padres víctimas de la dictadura militar, pero recuperado por el amor de su abuela. Hoy tiene 36 años, vive en Córdoba junto a su esposa, su hija Julieta, y esperando la llegada, dentro de dos semanas, de su próxima hija, Violeta. Su bisabuela no tuvo tiempo de conocerla.

Sin tiempo

Apesadumbrada por la muerte de Irma, la otra Abuela de Córdoba, Sonia Torres, reclamó a la Justicia Federal el aceleramiento de las causas por la restitución de los niños nacidos en cautiverio. "Se nos acaban los tiempos, vamos quedando pocas Abuelas. De veinte que éramos en Córdoba, quedamos dos", dijo Sonia, madre de Silvina Parodi, la jovencita de la Escuela Belgrano que fue secuestrada por los militares cuando cursaba el sexto mes de embarazo.

En Córdoba, está en lista de espera una "megacausa", la del centro clandestino de detención conocido como "La Perla", pero las continuas chicanas que interponen las defensas de los genocidas, han llevado a una demora que corre contra el tiempo de las ancianas Abuelas.

Pilares de identidad

Nominadas para el Premio Nobel de la Paz, estas fuertes mujeres, a quienes la vida las colocó en una militancia que ni se imaginaban tener en esa etapa de sus vidas, consiguieron restituir su identidad a 105 jóvenes.

Como lo afirman ellas mismas: "Trabajamos por nuestros nietos -hoy hombres y mujeres-, por nuestros bisnietos -que también ven violado su derecho a la identidad-, y por todos los niños de las futuras generaciones, para preservar sus raíces y su historia, pilares fundamentales de toda identidad".

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Natalia Melmann y la vereda de la injusticia

Claudia Rafael (APE)

La plaza funciona como fotografía de la historia. “De la vereda de enfrente de la Justicia, está la injusticia. Estamos nosotros”, dice Gustavo Melmann a APe. El cabello revuelto, apenas veterano de una siesta en el frío otoño dentro de la carpa que instaló pocos días antes. Las canas se entremezclan con viejos vestigios tenuemente pelirrojos. La soledad era diosa imperturbable en la tarde.

El edificio majestuoso de Talcahuano 550 contrasta abruptamente con la plaza fría y desvestida del otro lado de la calle. Allí están como radiografía eterna el manojo de sintecho que encienden el fueguito que entibie por un rato, los monumentos a los desaparecidos, a los pibes de Cromañón, a los muertos de la AMIA y también, ahora, desde el 18 de abril, la carpa por Natalia Melmann. Su papá, Gustavo, en huelga de hambre, espera. Y convoca para mañana a las 11 de la mañana a un reclamo colectivo junto a la carpa.

Con quince años eternos, Natalia sigue sonriendo desde las imágenes colgadas en el entorno de la carpa que cobija a su padre. Allí se ven también los nombres de sus victimarios: Oscar Echenique, Ricardo Suárez y Ricardo Anselmini, todos policías de ese mal endémico que es la Bonaerense. Pieza clave de una institución que –definió la socióloga Alejandra Vallespir en su libro “La policía que supimos conseguir”- “utiliza la estructura legal para la ilegalidad y que a lo largo de la historia incorpora la metodología de los grupos que combate”. Por eso insiste: “no hay dos policías, sino una única institución que suscribe una doble matriz. Esto no ocurre por desidia del poder político, sino por su complicidad”.

La condena a reclusión perpetua se diluye. Artilugios legales permitieron la conmutación de la pena y un beneficio que los dejaría en libertad condicional en pocos meses. Gustavo Melmann no entiende. Los ojos se humedecen mientras habla.

***

-Natalia hubiera cumplido 27 años el mes pasado…

-Sí, y seguramente sería médica. Era extremadamente afanosa. Fue abanderada del colegio. En ese momento atravesábamos igual que otros montones de familias situaciones difíciles porque estábamos en el menemato. Trabajando, vendiendo diarios, Natalia ya tenía pagada la matrícula del año que venía. Iba a un colegio semiprivado porque era el que estaba orientado hacia medicina que era lo que le gustaba. Pero por otro lado tenía una cuestión muy definida desde lo social. Era delegada estudiantil, se planteaba que no quería tener chicos porque en la calle había demasiados chicos sin padres y quería adoptar. Tenía un grado de solidaridad extremo. No hubo situación de la familia o de compañeros en la que ella no fuera la primera en salir. A veces pienso y no sólo por mi hija sino por haber estado en contacto con muchos familiares de víctimas que estas cosas son las que los exponen a nuestros hijos a ser más vulnerables. Porque no creen que puedan haber gentes tan perversas que puedan generarles algo así. Por eso se da la característica de que cuando hablamos de nuestros hijos salgan estas cosas, cuando uno piensa quiénes eran nuestros hijos...son tan buena gente que no pueden imaginarse esto desde la razón y no tienen cuidado de gente que puede ser tan mala, tan perversa para hacer estas cosas.

-¿Qué nuevo Gustavo asomó a partir de lo que ocurrió con Natalia?

-Se me reafirmaron muchas cosas. Nosotros fuimos una familia militante durante nuestra adolescencia. Y habíamos ido a Miramar a tratar de buscar una alternativa, era la época de Menem, de crisis de conformaciones de luchadores, no había militancia política, mi señora sufría de agorafobia. Necesitábamos vivir en un lugar más tranquilo, tratar de hacer una vida familiar reposada. Después me di cuenta de que la salida individual no existe, de que no hay un lugar en Argentina en donde se puedan llegar a dar esas condiciones y que somos sujetos a todo esto. Que hay que luchar para cambiar esas situaciones de país y principalmente de justicia. Por mi experiencia de vida de estos once años es ahí donde tenemos que hacer centro los argentinos para tratar de modificar la justicia argentina. No hay seguridad de ningún tipo si no tenemos seguridad jurídica. Podremos elegir cada tantos años distintos gobiernos, nos representarán o no, pero no podemos dejar una injusticia enquistada durante tantos años que no representa a los intereses de la gente, que se aisla de la realidad totalmente y se aleja de lo que la gente pretende que fallen, sea en lo económico, en lo civil, en lo social, en lo penal.

-¿Qué imágenes le vienen a la mente de aquellos días?

-Una desesperación grandísima. Nunca esperamos ese desenlace. Nosotros buscábamos a Natalia con vida, pensábamos que le había pasado algo grave porque ella no era de ausentarse, de faltar. Pensábamos que podía haber sido abusada, que podía haber tenido un problema serio, que algo le había pasado pero nunca esto… encontrarla muerta. Era luchar contra el tiempo. Eran días de mucho calor y era encontrarla rápido para que no estuviera deshidratada porque se podía sentir mal. Y después…todo lo demás. Tratar de seguir manteniendo la lucha que ella llevó, lo que dice su propia autopsia, los propios testigos…que ella genera una defensa atroz por su vida. Se me replican montones de veces los pedidos de clemencia, de `por favor dejame`, no tuvieron ninguna piedad …me duele mucho no haber podido estar para defenderla. Y esta defensa que uno puede hacer ahora es tardía. Viene detrás. Lo que podamos hacer es para los demás, para la sociedad. No es ni para la familia ni para Natalia.

-¿De dónde salen fuerzas para seguir?

-Yo pienso que primero de ella misma, de encontrar otros familiares y no sé…siempre quisimos cambiar las cosas y no somos de resignarnos a que las cosas no se pueden cambiar. No me resigno. No es lógico. No está dentro de lo ético. No marca pautas a la sociedad. Acá no se va a recuperar a nadie. Lo que quieren hacer es soltar a una manada de sádicos perversos que se van a reclutar nuevamente como escuadrón de la muerte. Con toda sinceridad no pretendemos ninguna medida más allá de lo que designaron los jueces de primera instancia, de la Cámara de Casación o de la Suprema Corte de la Provincia que son 25 años que es lo que pauta la reclusión perpetua más accesorias. Pero 8 años es una burla.

-La plaza se asemeja a un símbolo. Allá está ese grupo de familias que no tienen un techo, acá usted…

-Sí, al lado hay además un monumento por los desaparecidos de la junta militar, otro por los chicos de Cromañón y también por los muertos de la AMIA. De la vereda de enfrente de la Justicia, está la injusticia. Estamos nosotros.

***

“¿Quién mejor para conseguir un coche que la división Robo Automotor? ¿Quién mejor para encubrir traficantes a cambio de unos dinerillos que la división Narcotráfico? ¿Quién mejor para inventar una causa por drogas que los policías de Narcotráfico afectados a investigaciones del juez que inventa las causas de drogas? ¿Quién mejor para extorsionar empresarios que los de la división Defraudaciones y Estafas? ¿Quién mejor para coimear quinieleros barriales que la comisaría del barrio?”, se interroga Vallespir. Y agrega: “hay una especie de división institucional que ha hecho una organización racional de sus recursos pero en espejo”. Un perfecto espejo que no se construye sin el aval político y judicial.

Natalia Melmann, secuestrada, violada, asesinada, es un nombre en el medio de un océano de víctimas de ese espejo institucional. Como lo son también María Soledad Morales, Walter Bulacio, Miguel Bru, Ezequiel Demonty, Luciano Arruga, Julio López, entre tantos otros. El mismo Gustavo Melmann dijo varios años atrás que “la impunidad no se resuelve encontrando a los culpables directos del homicidio. Para que se acabe la impunidad hay que descubrir la cadena de encubrimientos. Es como en una obra de teatro. Los actores principales no son los únicos que participan. Están los actores secundarios, los que escribieron el libreto, los que pusieron la escena, los que alquilaron el teatro y los que vendieron la escena. Romper con la impunidad es demostrar toda esa cadena que hizo posible el homicidio”.

A Natalia la secuestró, violó, torturó y asesinó un grupo de representantes de la fuerza de seguridad más potente y numerosa de todo el país. Que tiene vía libre para actuar según marquen los tiempos y contextos de país a partir de pactos de impunidad celebrados con otros poderes de turno. Y termina constituyéndose en el último gran eslabón para asegurar la operatividad imprescindible de los otros poderes. Si en el medio, esa necesaria operatividad cuesta las vidas de una, diez o cientos de Natalia, es simplemente a los ojos de un sistema de perversidades el precio a pagar.

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