jueves, 10 de mayo de 2012

Las elecciones en Francia

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

I. En primer lugar, los números

En números redondos sobre 46.000.000 de inscriptos, se abstuvieron 9.000.000, es decir un poco menos del 20%.

Votaron 37.000.000. En blanco lo hicieron 2.146.000, por Hollande votaron 18.000.000 y por Sarkozy 16.865.000. La diferencia entre ambos fue de 1.140.000 votos.

Si para establecer los porcentajes se toman en cuenta los votos en blanco, es decir a los ciudadanos que concurrieron a votar para expresar su rechazo a ambas candidaturas, los porcentajes son los siguientes: Hollande 48,63%, Sarkozy 45,56% y en blanco 5,8%. Y si se toman en cuenta el total de inscriptos, es decir si se incluyen los abstencionistas, el porcentaje de Hollande es 39 y el de Sarkozy 36,6.

En la primera vuelta hubo 700.000 votos en blanco y en la segunda 2.146.000, es decir 1.446.000 más que en la primera.

Entre las dos vueltas, Marina Le Pen, candidata de la extrema derecha (6.000.000 de votos en la primera vuelta) anunció que votaría en blanco, mensaje implícito a sus seguidores para que hicieran otro tanto, como parte de su estrategia proclamada de hacer perder a Sarkozy, desintegrar al UMP, el partido del Presidente, para erigirse ella en líder de la derecha.

De modo que el aumento de casi un millón y medio de votos en blanco en la segunda vuelta puede atribuirse a la consigna implícita de Marina Le Pen entre los dos turnos. Son los electores de derecha que le faltaron a Sarkozy para imponerse sobre Hollande.

Otro dato. En la primera vuelta los votos positivos se repartieron así: del centro izquierda a la extrema derecha (PS, UMP, MODEM y Frente Nacional) 82,84%; izquierda (Frente de Izquierda, NPA y Lucha Obrera: 12,82%). El 4,44% restante corresponde a los votos ecologistas (2,3%) y de otros pequeños partidos.

II. La política

Durante los cinco años de la presidencia de Sarkozy, en lo interno al servicio del gran capital e internacionalmente subordinado al poder económico transnacional y a la política neocolonialista y guerrerista de los Estados Unidos, el Partido Socialista francés no fue capaz de construir una propuesta alternativa. Se limitó ya sea a criticar las decisiones del Gobierno o a mantener un silencio aprobatorio.

En las elecciones primarias del PS se impuso Hollande contra Martine Aubry, como reflejo de la tendencia mayoritariamente centrista de los militantes socialistas (el PS ha perdido casi totalmente inserción en los medios populares) y quizás con la “ayuda” de alguna gente de derecha que votó en las primarias socialistas abiertas.

El PS elaboró su programa electoral con la participación de todas las tendencias internas, que se hicieron concesiones mutuas. El resultado fue un programa con unos cuantos aspectos positivos y algunas concesiones a sus aliados exteriores, los ecologistas.

La campaña de Hollande estuvo caracterizada por su ambigüedad, por evitar pronunciarse claramente sobre cuestiones importantes y por tomar distancia con algunos puntos del programa electoral del PS.

De la campaña electoral previa a la primera vuelta hubieran quedado prácticamente excluidos los temas que más preocupan a las clases populares: desocupación, caída del nivel de vida, austeridad impuesta por la Unión Europea, degradación del medio ambiente, etc., si esos temas no hubieran sido el eje de las respectivas campañas del Frente de Izquierda y su candidato Melenchon, los ecologistas y los pequeños partidos de extrema izquierda.

Y fue particularmente Melenchon quien puso el acento en el peligro representado por la extrema derecha y su campaña demagógica y populista contra la inmigración, por el reforzamiento de la seguridad, etc.

En la segunda vuelta, con la mirada puesta en conquistar los seis millones de votos de la extrema derecha, tanto Sarkozy como Hollande derechizaron su discurso. Sarkozy hasta adoptar claramente el contenido y las formas de la extrema derecha, lo que alarmó incluso a algunos miembros prominentes de su partido y Hollande declarando que en Francia hay muchos inmigrantes dada la difícil coyuntura económica que se vive. Y matizando con algunas propuestas económicas y financieras destinadas a su audiencia de izquierda, entre ellas la renegociación del pacto presupuestario europeo de austeridad, que no tiene prácticamente ninguna posibilidad de prosperar, salvo quizás algunos retoques mínimos aceptados por Merkel, Rajoy y compañía para consumo de la opinión pública.

Hollande anunció algunas medidas inmediatas como congelar el precio de la nafta durante tres meses (y después ¿qué?) y aumentar la ayuda financiera a las familias más modestas para el comienzo del año escolar. Nada, por el momento, sobre el aumento del salario mínimo. Más adelante, ha dicho Hollande, será indexado sobre el crecimiento económico y no sobre la inflación. Una manera de mantener y aun aumentar la tasa de plusvalía y no redistribuir los ingresos a favor de los trabajadores.

El tema del exceso de inmigrantes, favorito de la extrema derecha y adoptado por Hollande, es un argumento demagógico e irracional, que tergiversa totalmente la realidad de los parámetros de una economía dada.

En efecto, la estructura económico-social de un país está compuesta por trabajadores, empleados, profesionales, comerciantes, industriales, etc. El hecho de que en la composición de esos estratos entren “dosis” de personas que son residentes extranjeros, no influye para nada sobre el estado de la economía, como tampoco influye el color de los cabellos o de los ojos de las personas.

Salvo que se pretenda que si hay 3 millones de desocupados, el problema se resuelve expulsando a tres millones de extranjeros. De ahí a sostener las teorías maltusianas sobre el exceso de población como raíz de los problemas económicos hay un corto paso.

De modo que se puede concluir que la mayoría de los electores no votaron por el Partido Socialista y mucho menos por un programa de transformaciones de fondo. Y que si Sarkozy no fue reelegido no fue “gracias” a Hollande, quien desde el punto de vista de la izquierda hizo una campaña lamentable, sino merced a la vigorosa campaña de Melenchon pero sobre todo “gracias” a Marine Le Pen, que privó a Sarkozy de los votos de derecha que necesitaba para ganar.

III. Las próximas elecciones legislativas. Es posible que en las elecciones legislativas de junio, con el sistema uninominal de dos turnos vigente, el PS obtenga la mayoría absoluta de diputados con una mayoría relativa de electores (suele ocurrir que un partido con el 40% de los votos obtiene el 60% de los diputados). De modo que es muy probable que, para legislar, el PS no necesite negociar con los diputados de izquierda, que serán pocos a causa del sistema electoral actual que no da representación, o muy poca, a las minorías

Nada permite prever que Hollande en el Gobierno, aun con una mayoría PS en el Parlamento, emprenderá verdaderas reformas de fondo para superar la crisis.

Y prácticamente nadie se hace ilusiones en Francia al respecto.

La elección de su primer ministro y del resto del Gabinete cuando asuma el 15 de mayo, dará otro indicio de las tendencias del nuevo Gobierno.

El fracaso de los socialistas en la resolución de los problemas de fondo que inquietan a la población de Francia, puede llevar a una parte todavía mayor de ésta a adherir a las posiciones de la extrema derecha. Contra las cuales, en las recientes elecciones, los dos partidos mayoritarios (la UMP en particular y el PS) no han librado la batalla ideológica sino más bien todo lo contrario.

En Francia, como en todos lados, el derrumbe político-ideológico y el conservadurismo de la socialdemocracia y el crecimiento de la extrema derecha plantea una enorme responsabilidad a la izquierda que, con sus vacilaciones, ambigüedades, sectarismos y divisiones, tarda en asumir.

Como en Grecia, donde, pese al estruendoso fracaso electoral de los partidos de la austeridad (socialista y derecha) acaba de fracasar la tentativa de formar una coalición de izquierda para gobernar el país.

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La crisis capitalista, sus repercusiones políticas y Hollande (Parte III - Final)

Ángel Guerra Cabrera (especial para ARGENPRESS.info)

La elección de Francoise Hollande a la presidencia de la influyente Francia pareciera condensar el rechazo de los europeos a las feroces políticas de austeridad del dúo Mercozy con las que el inminente inquilino del Elíseo ha discrepado. Su promesa de crecer, crear empleos y cobrar altos impuestos a los ricos es contraria al camino seguido hasta ahora por el eje germano-francés como también el compromiso de retirar este año las tropas galas de Afganistán.

La proyección de Hollande, aunque no sea el cambio social, sintoniza con la tajante inconformidad hacia aquellas políticas y con parte de las demandas del 15M(o indignados) de España y otros países europeos expresadas en una larga cadena de protestas populares y huelgas -como en Grecia, Italia, y de nuevo España y Francia- que han tenido ya alentadoras repercusiones al otro lado del Atlántico en Ocupa Wall Street. Debe reconocerse la influencia en ellas de los legítimos movimientos populares árabes de 2011 por más lascas que de su irrupción hayan sacado el imperialismo y las monarquías árabes contrarrevolucionarias.

Hollande, con la presión desde su siniestra del Frente de Izquierda de Melenchon y el apoyo de fuerzas sociales, políticas y de algunos gobiernos del Viejo Continente que han mostrado su aversión a los inhumanos “ajustes” que dicta Berlín vía Bruselas, podría iniciar la ruptura de la socialdemocracia con la ponzoñosa tercera vía de Tony Blair y levantar de nuevo la histórica bandera parisina de la solidaridad, contraria a las actuales normas de la Unión Europea. Pero para lograrlo tiene que enfrentar resueltamente al mundo de las finanzas, su adversario según ha declarado, y, por consiguiente, a Merkel y a gran parte de la derecha europea. No obstante los mencionados avances de la izquierda en la zona mediterránea y los que se vislumbran en otros países de Europa – sea vía electoral o de la protesta en las calles- no debe subestimarse ese otro fruto de la crisis manifestado en el ascenso electoral de la ultraderecha, muy cercana, por cierto, al gobernante y franquista Partido Popular.

El liderazgo francés podría alentar a Europa al rescate de la democracia, el bienestar, la solidaridad y la paz, movimiento que adquiriría una enorme importancia internacional y podría encontrar decididos aliados en América Latina y el Caribe. Es esta la región del mundo a donde en los últimos 20 años se ha desplazado el polo principal de enfrentamiento contra el sistema de dominación del imperio yanqui. Al sur del río Bravo una pionera ola de luchas populares desencadenada entre fines de los ochentas y principios de los noventas puso al neoliberalismo cuando menos en la picota pública. Cuando más, se tradujo en un grupo de gobiernos que en distintos grados adversan al Consenso de Washington, han dado firmes pasos hacia su independencia económica y política, gestado significativos programas de inclusión social e impulsado la creación de una conciencia de unidad e integración que toma cuerpo en nuevas y promisorias instituciones al margen de Estados Unidos, como la Alba, la Unasur, Petrocaribe y la Celac. El desafío consiste en seguir avanzando en esta dirección con un sólido apoyo popular, mantener una estrecha unidad y cooperación entre los gobiernos progresistas de la región pero también entre estos y los de derecha en todo aquello en que sea posible coincidir.

La Gran Recesión va para largo y el gran capital financiero y los gobiernos a su servicio, como en Europa y Estados Unidos, la han aprovechado para aplicar más y peor de lo mismo que la creó a costa del sufrimiento y el desmantelamiento de los derechos de los pueblos e insistiendo en el camino de la guerra. Avanzan además en la militarización y la criminalización de la protesta social con pretextos como las supuestas guerras contra el terrorismo o el narcotráfico. Por eso, a la luz de la posibilidad esbozada por la elección de Hollande es válido pensar en un gran frente de pueblos y gobiernos de Africa, Asia, Europa y América Latina que aboguen por la paz, el respeto a la soberanía, la no intervención, la justicia social, la relación armónica con la naturaleza y la equidad. Los BRICS podrían contribuir mucho a tal iniciativa. Pero este frente únicamente puede tener éxito si continúan incrementándose las luchas populares contra los planes de ajuste del capital financiero y sus aventuras militares.

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Salim Lamrani: “Los franceses tienen ansias de justicia social”

Cecilia Diwan (RNA)

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Cecilia Diwan: ¿Qué impacto va a tener, primero en Francia y luego en Europa el triunfo de Hollande en estas elecciones presidenciales en Francia?

Salim Lamrani: Yo creo que la elección de François Hollande a la presidencia de la República francesa reviste una importancia trascendente por varias razones. Marca indudablemente una ruptura con el gobierno neoliberal anterior, que arremetió contra las conquistas sociales. El balance del gobierno de Nicolás Sarkozy es aterrador al respecto. Es el autor del peor plan social de la Quinta Republica con la supresión de 150.000 puestos de funcionarios en 5 años. Aumentó la edad de retiro, privatizó muchos servicios públicos, cerró escuelas y hospitales, hizo regalos fiscales a las clases más acomodadas de la sociedad. Se disparó la deuda francesa en el espacio de cinco años, se multiplicó por dos. Ahora asciende a 2 billones de euros. Por otra parte, hay cerca de un 10% de la población francesa desempleada y más de 8 millones de ciudadanos que viven por debajo del umbral de la pobreza en un país que es la quinta potencia mundial y que es dos veces más rico que hace 20 años.
El gran problema en Francia no es la falta de riqueza sino su mala repartición. Los que votaron a favor de François Hollande esperan de él que resuelva esta situación. De hecho Hollande habló en su primer discurso de justicia porque los franceses, después de cinco años de gobierno neoliberal, tienen ansias de justicia social y lo han demostrado mediante esta elección. Hay que recordar que el lema oficial de nuestra República es libertad, igualdad, fraternidad. Éste es un primer punto.
También a nivel continental, la elección de Hollande es importante porque por primera vez desde la crisis financiera en 2008 en Europa y la aplicación de medidas de una austeridad extrema un candidato de izquierda gana unas elecciones presidenciales. En toda Europa hay una mayoría de gobiernos conservadores partidarios de la aplicación de planes de ajuste severos. Con la elección de Hollande se abre una brecha en Europa a favor de una alternativa política que no sea esa ola neoliberal que está destruyendo todas las conquistas sociales. Se rompe el eje Sarkozy-Merkel. Ahora la Alemania de Angela Merkel, favorable a la austeridad, se encuentra aislada. Hollande declaró anoche en su primer discurso que “la austeridad ya no puede ser una fatalidad en Europa”. Es una ruptura muy importante.
El nuevo presidente francés parece haber comprendido que las actuales políticas de austeridad que promueven las instituciones financieras internacionales y el Banco Central Europeo, y que se aplican en Europa tienen el efecto inverso al que pretenden causar ya que la reducción de los gastos, la disminución de los salarios y de las pensiones de retiro -además de las consecuencias sociales y humanas que ocasionan- conducen inevitablemente a la recesión, a una contracción del consumo.

CD: ¿Qué medidas se pueden esperar entonces después de esta ruptura? Él dice que va a romper con este camino de austeridad. ¿Qué medidas se puede esperar que promueva Hollande sobre todo teniendo en cuenta que Merkel no está dispuesta a renegociar este pacto fiscal que se viene aplicando en Europa?

SL: Efectivamente el principal problema es el de la deuda. Hay dos opciones: el status quo que preconiza Angela Merkel o una reforma del Banco Central Europeo para permitirle que preste directamente a los Estados.
El caso emblemático de la crisis financiera en Europa es el caso de Grecia. Sabemos que la crisis griega se podría haber evitado. Habría bastado con que el Banco Central Europeo hubiera prestado directamente a Grecia las sumas necesarias, con la misma tasa de interés con la que presta a los bancos privados, es decir entre el 0% y el 1%. Eso habría impedido toda especulación sobre la deuda por parte del mundo financiero. Pero el problema es que el Tratado de Lisboa que quiere mantener a toda costa Angela Merkel -que, dicho sea de paso, el pueblo francés rechazó por referéndum en 2005 pero el presidente Sarkozy lo impuso por vía parlamentaria tres años después contra la voluntad de los ciudadanos- prohíbe la posibilidad de que el Banco Central preste directamente a los Estados.
Yo creo que Hollande puede convencer a las demás naciones, porque primero las políticas de austeridad son económicamente ineficientes y además es difícil construir Europa sin Francia que es su segunda potencia, como sería difícil edificar una América Latina unida sin Argentina, que es la tercera potencia.

CD: Estamos hablando de lo que va a suceder en Europa después del triunfo de Hollande. ¿Qué se puede esperar que suceda en Francia teniendo en cuenta que en general cuando un presidente gana las elecciones tiene cien días, se podría decir, de luna de miel? Después empiezan las exigencias, pero Hollande en junio va a tener que enfrentarse a unos comicios legislativos. ¿Qué se espera que suceda en esos comicios teniendo en cuenta que la extrema derecha obtuvo un gran porcentaje de los votos en primera vuelta?

SL: Es verdad que la extrema derecha consiguió un 17,9% pero si comparamos este resultado con las elecciones de 2002 podemos decir que el porcentaje de la extrema derecha bajó. En realidad se mantuvo más o menos el nivel de la extrema derecha.
La nueva fuerza política que emergió de la primera vuelta electoral francesa es el Frente de Izquierda que sacó un 11%, o sea 4 millones de votos, los cuales permitieron la elección de François Hollande en la segunda vuelta. El 82% de los que votaron a favor del Frente de Izquierda optaron por François Hollande.
Claro, el nuevo presidente francés quiere una mayoría en el Parlamento. Pero tiene que enfocar su política a lo social, mejorar las condiciones sociales del pueblo francés. Desde luego eso tiene que pasar por el aumento del salario mínimo, que es imprescindible. En la historia francesa, en la historia política francesa, cada vez que gana la izquierda se aumenta el salario mínimo.
Hay que aumentar el salario mínimo porque es lógicamente lo adecuado desde un punto de vista económico, porque cuando se aumenta el salario mínimo se alienta el consumo. Si se alienta el consumo las empresas producen más para responder a esta nueva demanda. Para poder hacerlo tendrán que contratar a gente y así disminuirá el desempleo. El Estado, desde luego, sale ganador porque gastará menos para ayudar a los que no tienen trabajo y por otra parte recaudará más impuestos con estos nuevos trabajadores. Yo creo que el camino viable es aumentar el salario mínimo.

Salim Lamrani es Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor encargado de cursos en la Universidad Paris-Sorbonne-Paris IV y en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Etat de siège. Les sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba, París, Ediciones Estrella, 2011, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade.

Fuente imagen: LA JIRIBILLA.

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La burocracia sindical va encontrando su enterrador

Daniel Cadabón (especial para ARGENPRESS.info)
Uno de los grandes problemas políticos que hace que el kirchnerismo entre a jugar todas sus cartas en la futura división de la CGT -como antes en la CTA- es la necesidad de aplicar un ajuste en regla -“sintonía fina”- tanto en las condiciones laborales como en las salariales y para eso necesita una burocracia profundamente domesticada y adepta a las posturas oficiales. Sin embargo, esta crisis impulsada por arriba no toma cuerpo entre las bases de trabajadores que siguen frenando activamente el cierre de paritarias a porcentajes irrisorios de un 18% en medio de una inflación del 25 al 30% real y donde la canasta de alimentos se ha vuelto inasible para la mayoría de los hogares obreros.

La lucha de camarillas y fracciones en la CGT puede terminar a los tiros, de manera diplomática o con una división profunda. Lo que si no ha logado, hasta ahora, es interesar a los trabajadores de base que ven esta disputa como lo que realmente es: una cuestión de reñidero entre carcamanes de museo, ajena a sus intereses y como una distracción que no acelera el salario de acuerdo a como se acelera el costo de vida. Vieja metáfora entre la escalera y el ascensor.

En medio de esta coyuntura los trabajadores más jóvenes están experimentado un análisis cotidiano de lo que representa la burocracia sindical, en la perspectiva de recuperar sus organizaciones sindicales.

El levantamiento de la huelga ferroviaria por los pedracistas residuales, que aceptaron una conciliación obligatoria “preventiva”, última novedad del kirchnerista ministro Tomada que decreta conciliaciones a huelgas antes de que estas sean efectivas.

La ofensiva presidencial, que no esperó reforma constitucional alguna para aplicarle la prohibición del derecho de huelga a los petroleros y en contra sus piquetes.

La crisis que despierta el aliado Caló de la Unión obrera metalúrgica al amenazar con un paro al gobierno que lo cobija y lo alienta a sentarse en la secretaria general de la confederación.

Las declaraciones del lucifuercista Oscar Lescano dando seguridad a los empresarios y a accionistas de que el gobierno no nacionalizará EDENOR sino que volverá a usar dineros públicos para sanearla. Igual que con YPF.

La parálisis de Moyano, que duda entre esconder el rabo o hacer un frente con los gordos que lo desplace de su sillón del secretariado general de la CGT y dejarse de joder con los impuestos al salario y con la inflación del supermercado. O, tercero, una verdadera agudeza dialéctica escuchada a Néstor Pitrola, “Moyano pasó de candidatearse a presidente obrero, como Lula, a hacer un frente con presidiarios (Venegas, Zanola y la residual pedracista)

La juventud obrera va realizando una gran experiencia que la acerca a las mejores tradiciones históricas del clasismo argentino.

La burocracia sindical, es un aparato de opresión enquistado las organizaciones obreras que han fomentado históricamente las patronales y sus gobiernos para intervenir en forma directa en los lugares de trabajo y con el objetivo de impedir que la clase obrera, y los trabajadores en general, asuman posiciones independientes tanto en la defensa de sus reivindicaciones como en la conquistas de nuevos derechos.

En este sentido, la burocracia que usurpa los sindicatos, es uno de los resortes más importantes en la defensa de la rentabilidad capitalista y un dique de contención para el despertar clasista entre los trabajadores.

Colaboracionistas permanentes con el régimen de explotación, estos burócratas han aceitado con los años una táctica de hostigamiento permanente en contra de sus propias bases que se define fundamentalmente como una visión policial del conflicto de clases. En esta táctica, se amalgaman la represión contra el activismo antiburocrático, sea en forma directa por medio de sus patotas y utilizando sus pistoleros a sueldo -como en el reciente caso del asesinato de Mariano Ferreyra- o mediante la buchoneada desembozada a la patronal para que los obreros combativos sean despedidos.

Los lugares de trabajo, son una parte de este campo de batalla entre los burócratas sindicales y las aspiraciones democráticas de la clase obrera. La burocracia, infiltra fábricas, talleres, ministerios o escuelas con el objeto de disciplinar y contener, transformándose en uno de los medios más eficaces en la defensa de las políticas del estado y de las patronales entre los trabajadores. El concepto de infiltración de la burocracia en los lugares de trabajo y en las organizaciones obreras, usado más arriba, no debe ser entendido como una simple chicana política, sino objetivamente, dado que la burocracia sindical infiltra e infecta a las organizaciones sindicales y los lugares de trabajo expropiando la soberanía de los trabajadores a favor de las patronales.

La defensa del régimen de explotación ha llevado a que la burocracia en los sindicatos sea un factor de poder que ha ido desarrollado y profundizado intereses particulares, que terminan por separarla definitivamente de las bases. Sea como empresarios, secretarios de estado, agentes de bolsa, ministros sin cartera, funcionarios en las gerencias de las empresas a las que teóricamente enfrentan en amparo de los trabajadores, desfalcadores de las Obras sociales, especuladores con fondos ajenos, el andamiaje sobre el cual operan los burócratas se desintegra aceleradamente al calor de la crisis y de los avatares por la que atraviesan sus patrones y socios políticos.

Un grupo de viejos carcamanes en proceso de reacomodamiento permanente frente a los diversos gobiernos ajustadores, aparecen frente a las nuevas generaciones obreras, que no alcanzan a entender ni su lenguaje ni sus ornamentos de Rolex en oro sólido, como sujetos incomprensibles y alejados de la realidad que rodea las relaciones productivas. Entre el movimiento obrero comienzan a engendrar mecanismos democráticos de organización y un pasaje a la acción inmediata, para lo cual se impone la necesidad de buscar nuevos representantes que respondan a sus intereses.

La creación de nuevos cuerpos de delegados combativos en algunos gremios históricamente regimentados por el aparato burocrático y el triunfo y la consolidación de listas de trabajadores clasistas en otros, es todo un dato de esta realidad de crisis que indica, además, un rompimiento con la ideología basal del viejo sindicalismo peronista: la denuncia macartista a la “zurda loca” que hoy por hoy, llevada adelante por el núcleo duro de burócratas de tercera o cuarta línea que pululan por los lugares de trabajo, ya no es efectiva en medio de las luchas y recibe un desprecio que se hace cada vez más evidente. Tanto el 40% de los votos en gráficos de la lista Naranja-Bordó. como la preocupación manifiesta de Daer y compañía frente las elecciones en la alimentación el próximo 10 de mayo son una expresión de este proceso de conquistas de posiciones en la recuperación de los sindicatos.

El gobierno intenta un ajuste feroz en contra de los trabajadores, en esto entran los impuestazos, la carestía de los alimentos, el próximo tarifazo en los combustibles y pretende que la reacción obrera quede contenida por los gerontes tradicionales que controlan el aparato sindical.

Por supuesto que el propósito del gobierno cuenta a su favor con esa postura de colaboracionista que es tradicional en la burocracia sindical y con la que mejor se lleva; sin embargo, los burócratas se acercan con algunos resquemores por los informes que reciben desde las fábricas y talleres y que hablan del desarrollo del conflicto por fuera de la regimentación tradicional. Los burócratas dudan entre la amenaza del quite personería y los expedientes judiciales que blande el cristinismo, por un lado, y la reacción de las bases obreras por el otro. Cualquiera de las dos alternativas les puede hacer peligrar el negocio, lo cual los coloca en crisis y en debate con las posturas de ponerle un cepo a las paritarias, exigidas por el kirchnerismo.

Nuevamente, el gobierno, en función de su propia supervivencia, anula estos resquemores de los sindicalistas agitando expedientes judiciales que colocan a los dirigentes en una posición incómoda. Hasta la propia presidenta sugirió que alguien le dijo que hay algunos vivillos de los sindicatos que especulan con la compra-fuga de dólares; esta es una de las virtudes que debemos reconocerle al kirchnerismo: los códigos mafiosos salen por la tv pública y sin demasiados eufemismos.

Claro que esto se hace a la sombra del patriotismo pequeño burgués que debate sobre un spot publicitario y que inunda las pantallas de tv. Poco, muy poco, para la catástrofe que recorre al capitalismo y al fantasma que se le yergue en frente.

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El plan Houston, la privatización de YPF que arrancó con Alfonsín

Alejandro Guerrero (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

El desguace de YPF durante la dictadura militar se puede observar en un dato: la deuda de la compañía saltó de 324 millones de dólares en 1975 a 5.700 millones en 1983. En buena parte, el desastre se había operado por una vía similar a la que se pretende transitar ahora: la utilización de fondos de YPF para atender gastos corrientes o importaciones, entre otros rubros. El latrocinio mayor ocurrió cuando Martínez de Hoz recurrió a un empréstito internacional para reforzar las reservas del Banco Central y financiar así la fuga de capitales, que anotó en la cuenta de YPF.

Además, YPF firmaba de continuo contratos con pulpos petroleros privados a los que se cedían las áreas más pobladas. La empresa estatal, mientras tanto, quedaba relegada a zonas marginales, con mayores costos. Así, en 1983 YPF tenía un déficit de 4 mil millones de dólares anuales (el 70 por ciento de sus ventas), a pesar de ser la primera empresa argentina y la cuarta en América Latina.Cuando Raúl Alfonsín asumió el gobierno en 1983, YPF era una compañía en situación de quiebra técnica. Los lobbies empresariales -los pulpos petroleros internacionales y sus operadores locales- sobredimensionaban los planes de exploración para asaltar los fondos públicos por medio de ese fraude. Otro robo en regla. La quiebra de la empresa y la crisis terminal del Estado argentino en materia de deuda externa hacían (como ahora) que no hubiera capitales ni para pensar en inversiones.

Frente a tal panorama, Alfonsín decidió acudir a capitales externos; es decir, a los monopolios petroleros (como ahora). Eso fue el plan Houston, llamado así porque el Presidente lo anunció en esa ciudad norteamericana, en el estado petrolero de Texas, en marzo de 1985. Por decreto, sin intervención del Congreso Nacional, se ofrecieron en licitación 1,3 millones de kilómetros cuadrados en áreas continentales y marítimas, que serían entregadas en concesión por treinta años.

En 1983, cuando el partido radical llegó al gobierno, YPF tenía reservas petrolíferas por 390 millones de metros cúbicos. En 1988, tres años después de lanzado el plan Houston, esas reservas habían caído a 362 millones de metros cúbicos. Ese solo dato señala el fracaso ruidoso de aquella entregada.¿Por qué entregada?

Entre muchas otras, pueden enumerarse cuatro razones:

- muchas regiones cedidas a los pulpos ya habían sido exploradas por YPF, con evaluaciones sísmicas y perforaciones. No había allí, por lo tanto, el anunciado ‘riesgo minero’ que según el gobierno asumirían las compañías extranjeras;

- por imposición de los monopolios petroleros, los capitalistas locales sólo podían intervenir en las licitaciones si se asociaban con capitalistas del exterior;

- todo el proyecto se orientaba hacia las exportaciones, no a atender las necesidades del mercado interno;

- YPF se vio obligada a ceder áreas que ya tenía en explotación.

Aquello, de todos modos, empezó mal: se licitaron 165 áreas, pero de 105 ofertas sólo pudieron aceptarse 77. Los pulpos petroleros tomaron por asalto las explotaciones que YPF ya había explorado o ya tenía en explotación, y no hicieron (como ahora, durante los diez años de gobierno K) una sola inversión de riesgo.

Fracasado el Houston, su impulsor, Rodolfo Terragno, ministro de Obras y Servicios Públicos, diseñó el Petroplán, que promovía la asociación de YPF con capitales privados para explotar áreas centrales (como ahora). Con el Petroplan comenzó la privatización de la petrolera estatal, proceso que Carlos Menem culminaría en 1992, respaldado entusiastamente por los K.

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No es basura, ¡estúpido!

Pablo Bergel (INFOSUR)

La Ciudad de Buenos Aires, desde la colonia hasta los años setenta, gestionó sus residuos dentro de su propio territorio, ya sea usando los terrenos baldíos, y/o por medio de la incineración, hasta 1977. A partir de ese año, con la creación del CEAMSE, la disposición final de los residuos se realiza con la técnica del “relleno sanitario”, exportándolos fuera del territorio de la ciudad.

En el 2005, la legislatura sancionó la ley 1854 -conocida como “Basura Cero”-, que establece el conjunto de pautas, principios, obligaciones y responsabilidades para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito de la Ciudad.

Por “basura cero” se entiende el principio de reducción progresiva de la disposición final con plazos y metas concretas, por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a cuatro objetivos: a. la reducción en la generación de residuos; b. la separación, clasificación y valorización selectiva de los mismos; c. la recuperación, reutilización y el reciclado. Las metas son 30% al 2010, 50% al 2015 y 75% al 2017. El cumplimiento de esta ley significaba romper la dependencia de los rellenos sanitarios. Y lo más importante: reconvertir la despreciable y costosa “basura”, en valorizado “recurso”.

Pero la ley no se cumple. La meta del 2010 no sólo no fue cumplida sino que se incrementó el volumen de residuos en un 20%, hasta alcanzar la cantidad de 5.700 toneladas enviadas diariamente al relleno, un triste record histórico, que además le cuesta a la ciudad un 25% de aumento en el cánon pagado al CEAMSE.

En la coyuntura actual donde el Gobierno Nacional, en su puja política con el Gobierno de la Ciudad lo apremia para que asuma el control y costos de su transporte subterráneo y automotor, los RSU (residuos sólidos urbanos) no podían hacerse esperar. Desde altas esferas se escuchan voces que varían desde la exigencia de un nuevo incremento (de los actuales 50, a 65 dólares por tonelada), hasta la prohibición lisa y llana de que la Ciudad pueda seguir exportando y diponiendo en rellenos en la Provincia de Buenos Aires.

Es completamente real y cierto el flagrante incumplimiento de la ley por parte de la Ciudad, como así también la incapacidad de implementar un pliego acorde a los principios de la misma; lo cual no se resuelve ni aumentando progresivamente el cánon, menos aún con un perverso e insolidario intercambio de toneladas de basura dispuesta en la provincia, pagadas con la atención hospitalaria en sede porteña, de compatriotas bonaerenses enfermos que la necesitan. Si, es cierto que esta situación no puede continuar sabiendo del inminente colapso del relleno sanitario de Norte III y de los impactos ambientales en el conurbano bonaerense.

Esto no significa cortar de un día para el otro el actual acceso de los rellenos sanitarios; medidas irracionales como esa servirían de coartada perfecta para la aparición de “modernas” tecnologías de incineración, un pingüe negocio a costa de la salud y el ambiente de los ciudadanos, que se presentan como soluciones “mágicas” y hasta “verdes”, pero resultan contrarias a un manejo realmente sustentable de los residuos. El Gobierno, acompañado por el conjunto del arco político, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, comunas y vecinos, debe tomar enérgicamente el conjunto complejo de decisiones y acciones conducentes a una radical solución de nuestros residuos, cuya soberanía también debe ser asumida en forma indelegable e integral.

La descentralización, desconcentración y movilización en y desde las nuevas comunas porteñas, constituyen los escenarios e instrumentos estratégicos para comenzar. Avanzar con la separación en origen en los domicilios, pero sobre todo de los grandes generadores; apuntar a una recolección y procesamiento diferenciado de todas las fracciones de residuos, tanto los orgánicos como las diversas clases de inorgánicos; crear ámbitos de compostaje comunal, que alimenten nuevas huertas comunitarias; mejorar y multiplicar los centros de clasificación y recuperación de inorgánicos existentes. Agreguemos una nueva ley que obligue a los comercios de pilas, electrodomésticos, electrónica, a recibir el producto usado por sus clientes, como parte de su habilitación, iniciando por allí la “cadena de retorno”.

En suma cumplir Basura Cero, de verdad, lo que en definitiva significa: más y mejor estado y mucha más participación ciudadana.

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De leyes caóticas y políticas clientelares

Carlos del Frade

"En las últimas cuatro intervenciones que tuvimos con chicos que mataron o terminaron muertos, encontramos que todos ellos habían pasado por el Instituto de Rehabilitación Adolescente de Rosario. Es decir que esa experiencia no sirvió para nada. No quedó ninguna marca positiva".

Lo sostuvo el abogado Gustavo Lorenzo, subdirector del Centro de Asistencia a Víctimas de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe en la "cuna de la bandera".

Lo dijo en medio de una jornada de debate y reflexión realizada en el Hospital de Niños, "Víctor Vilela", en la ex ciudad obrera y portuaria.

El público eran enfermeras, psicólogas, médicos, trabajadores sociales que todos los días ponen el cuerpo en las decenas de centros de salud, allí donde la ferocidad del sistema se ensaña en múltiples formas de violencia siempre acunadas por las distintas maneras de complicidad entre las fuerzas de seguridad y las bandas que van creciendo mientras las clases políticas miran para otro lado hasta que estalla la bronca y la impotencia barriales.

Para Lorenzo, cuando la Convención Internacional de los Derechos del Niño se convirtió en ley en la Argentina se la votó "entre gallos y medianoche, bien de madrugada, luego de un debate que tuvo como eje la suspensión de juicios hipotecarios y entonces así salió: mal. Porque aunque se derogó la vieja ley de patronato de la infancia, un viejo reclamo de las organizaciones sociales, hoy es muy difícil de aplicar porque es confusa y genera angustia en los operadores que trabajan en los territorios", sostuvo con claridad y contundencia.

Agregó que la principal idea de la ley fue apartar a los chicos y las chicas de la justicia penal para llevarlos a un área administrativa de los estados provinciales.

El problema, entonces, se convierte en una cuestión presupuestaria. Y cuando no hay, los derechos de la niñez no existen -apuntó Lorenzo.

De acuerdo a su visión, basada en la experiencia concreta de muchos años de trabajo en los barrios junto a los profesionales que se juegan de manera cotidiana en las vísceras de la sociedad rosarina, "hoy existe una situación caótica. Es difícil que el niño, que la niña sean realmente sujetos de derecho y cuándo y de qué manera se los escucha. Es curioso ver casos de que una niña o un niño son consultados cuando tienen entre cinco y ocho años y a partir de los diez no se los escucha más y eso tiene que ver con lo difuso de la ley", remarcó.

En relación a la Asignación Universal por Hijo, Lorenzo señaló que "si bien hay aspectos muy positivos, en la práctica se verifican casos donde una mujer deja de percibirla porque, de pronto, restituye un chiquito que le estaba cuidando a otra familia y, entonces, desde las computadoras de la ANSES le sacan el beneficio. Lo más increíble es que la respuesta sea que es por un problema de sofwtare. En realidad, la dependencia de la aplicación de la ley de los derechos del niño de los ministerios de desarrollo social provinciales terminan siendo prácticas clientelares. Algo que también incluye a lo nacional", describió el profesional de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Lo mismo ocurre a la hora de poder gozar el derecho de una pensión transferida de parte de un familiar. No es algo simple, si no todo lo contrario.

Necesitamos generar una política que cuestione el presente y genere algún tipo de futuro -opinó una psicoanalista que recordó que Freud ya hablaba de la necesidad del compromiso político además del personal. En la realidad cotidiana de los barrios rosarinos, los trabajadores de la salud y la educación parecen ser los primeros y últimos abanderados de una sociedad que pelea por resguardar algo de humanidad ante tanta ferocidad desatada por el capitalismo y su nuevo circuito de dinero fresco que es el narcotráfico.

Ellos necesitan que esas leyes que hablan de los pibes y los más necesitados estén más a la altura de sus esfuerzos que a la mera declaración enunciativa de palabras que jamás llegan a modificar la realidad.

Mientras tanto, ellos, los trabajadores de salud, están allí, haciendo el aguante de lo humano, al igual que las mayorías.

Carlos del Frade es periodista. Agencia de Noticias Pelota de Trapo (APE).

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Argentina. Se aprobó la ley de muerte digna: Pare de sufrir

TELAM - REDACCION ROSARIO

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto sobre muerte digna que establece el derecho a aceptar o rechazar terapias o procedimientos médicos o biológicos, ante una enfermedad irreversible, incurable o que se encuentre en estado terminal.

La iniciativa fue debatida durante casi cuatro horas y aprobada por unanimidad.

El proyecto que la cámara alta convirtió en ley establece la autonomía de voluntad del paciente, quien a partir de la sanción de esta iniciativa tiene derecho a aceptar o a rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, así como revocar su manifestación de la voluntad.

En ese sentido, los menores de edad tiene derecho a intervenir a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o su salud.

En el marco de esta potestad, el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a la perspectiva de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado.

También podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable.

En todos los casos la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados no significará la interrupción de aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente.

Por consentimiento informado se entiende la declaración de voluntad suficientemente efectuada por el paciente o por sus representantes legales luego de recibir la información precisa y adecuada sobre su estado de salud, el procedimiento propuesto, los beneficios del procedimiento, los riesgos y molestias, los procedimientos alternativos, las consecuencias de su no realización y el derecho que le asiste en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos.

En ese sentido, toda actuación profesional en el ámbito sanitario público o privado requiere el previo consentimiento informado del paciente.

En el supuesto de incapacidad del paciente o imposibilidad de brindar el consentimiento informado a causa de su estado físico o psíquico, el mismo podrá ser dado por las personas mencionadas en el artículo 21 de la Ley 24.193 de Donación de Órganos.

Este es el orden en el que se les requerirá su voluntad: el cónyuge no divorciado que convivía con el fallecido o su conviviente con no menos de tres años de convivencia; cualquiera de los hijos mayores de 18 años; cualquiera de los padres; cualquiera de los hermanos mayores de 18 años; cualquiera de los nietos mayores de 18 años; cualquiera de los abuelos; cualquier pariente consanguíneo hasta el cuarto grado; cualquier pariente por afinidad hasta el segundo grado; y el representante legal, tutor o curador.

También deberá dejarse constancia de la información brindada al paciente por escrito a través de un acta.

Además, la decisión del paciente puede ser revocada y el profesional debe acatar tal decisión. Lo mismo ocurre con las personas que deben decidir sobre la situación del paciente.

Finalmente, se deja aclarado que ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo a las disposiciones de la ley, está sujeto a responsabilidad civil, penal, ni administrativa, derivadas de su cumplimiento.

Casos que impulsaron la ley

Carlos Sánchez, el papá de la nena de tres años que desde su nacimiento está en estado vegetativo y cuya historia motivó que la muerte digna sea ley en Argentina, dijo hoy que se “cierra una nueva etapa; son tres años de lucha, dolor y sufrimiento que no terminan acá, porque aún falta lo más difícil: que Camila se vaya”.

Camila sufrió un paro cardiorrespiratorio al nacer, del cual lograron recuperarla los médicos luego de 20 minutos, pero quedó en estado vegetativo e irreversible, según determinaron los comités de Bioética del Incucai, de la Fundación Favaloro y del Centro Gallego, donde la nena está internada.

En el Senado estaba su esposa, Selva Herbón, quien se convirtió en vocera del derecho de las personas a morir en dignidad.

Junto a Selva estaba Susana Bustamante, mamá de Melina González que murió el 1 de marzo de 2011, a los 19 años. La joven había pedido que la dejaran morir debido a las secuelas irreversibles de una neurofibromatosis y cifoescoliosis.

Las dos mujeres impulsaron en el Congreso el proyecto que hoy es ley, una norma “esencial que protege el derecho a la calidad de muerte”, dijo la psicóloga Virginia Gawel.

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Suben a Pascua Lama y ven que el proyecto es mortal

NO A LA MINA

Pese a que Barrick hace firman un compromiso a todo el que ingresa a su proyecto obligándolo a mantener el secreto de toda la información y datos que se tome conocimiento, las organizaciones que participaron en la visita informan a la comunidad lo que han podido ver en Pascua Lama, aún a riesgo de ser demandados por la transnacional canadiense.

Tras subida a Pascua Lama:

Organizaciones del Valle del Huasco declaran:

Representantes del Consejo de Defensa del Valle del Huasco y de la Pastoral Salvaguarda de la Creación subieron a Pascua Lama como forma de fiscalizar al proyecto binacional que ha afectado los glaciares andinos que están en la frontera chileno-argentina y que abastecen de agua a 70 mil personas que viven a lo largo del Valle del Huasco, en la región de Atacama.

Tras diversas gestiones que se extendieron por más de un año con la transnacional Barrick Gold, ésta accedió a subir con representantes de ambas organizaciones que participan en el Comité de Seguimiento Ambiental, un espacio que Barrick abrió para menguar las protestas y, donde se comprometió con la comunidad a ser visitada periódicamente al yacimiento. Las palabras suenan bien, pero lamentablemente la autodenominada minera "socialmente responsable" se demoró más de un año en concretar su compromiso. Una vez que accedió, se comprometió a subir con la comunidad el 26 de marzo, fecha que se suspendió por las "malas condiciones climáticas". Tras ese día, se postergó para el 15 de abril, luego para el 17, hasta que finalmente la visita al proyecto binacional se concretó este 26 de abril de 2012. La palabra "mentira" queda resonando.

Tampoco es llegar y subirse a un vehículo hacia la Cordillera de los Andes, antes Barrick hace firmar un documento que titula "Declaración y Exención de responsabilidades" en el cual se establece que quienes firman, asumen "la responsabilidad que derive de las consecuencias y efectos de mi eventual infracción a las señaladas normas, reglamentos, directrices e instrucciones", así como que "vengo en renunciar al ejercicio de toda acción, demanda, reclamo o causa de acción de cualquier naturaleza (exceptuándose aquellas que provengan de conducta dolosa o culpa grave de funcionarios, empleados, ejecutivos y demás personal de CMN (Compañía Minera Nevada), BEASA y/o sus filiales), que derive de cualquier daño o pérdida que sufra en mi persona o propiedad, resultantes directa o consecuencialmente de mi visita a la Faena Mina Pascua Lama". La minera agrega en dicho documento que "me obligo a reparar y/o dejar indemnes a CMN, sus filiales y/o subsidiarias, empresas matrices, ejecutivos, empleados, contratistas, cesionarios y personal en general, por cualquier daño, lesión (incluida la muerte), directo o consecuencial, o pérdida que derive de mi conducta y actividad en la Faena Mina Pascua Lama".

Pese a que en dicho documento hacen firmar que "declaro y me obligo a mantener en secreto y confidencialidad toda la información y datos (exceptuada la información que sea de público conocimiento) a los que pueda tener acceso, ya sea oralmente por escrito, durante mi visita y permanencia en la Faena Mina Pascua Lama", nuestras organizaciones y los abajo firmantes, deseamos informar a la comunidad lo que hemos podido ver en Pascua Lama, aún a riesgo de ser demandados por la transnacional canadiense.

1-. Nuestra comunidad se ve obligada a subir a Pascua Lama con Barrick Gold porque el Estado dejó a merced de la transnacional este territorio que nos pertenece y que, en los hechos, se ha convertido en un tercer país, un país virtual entre Chile y Argentina que lleva la bandera canadiense, desde el cual peligra la vida de 70 mil habitantes del Valle del Huasco, en la región de Atacama.

Subimos con esta multinacional que ha dañado nuestro valle solo movidos por la misión de querer fiscalizar comunitariamente en terreno y con nuestros propios ojos lo que sucede en las nacientes de nuestros ríos. Como el Estado de Chile permitió el portón que nos prohíbe el ingreso a este tercer país que ancestralmente nos seguirá perteneciendo, hemos debido aceptar esta situación. Mas no quiere decir que validemos la presencia de Barrick en la zona. Seguimos rechazando su presencia, sus políticas y su existencia misma.

2-. Barrick miente cuando dice que no interviene los glaciares. Sabemos por organismos estatales que han disminuido entre un 50 y un 75% por intervención directa de Barrick. Lejos de protegerlos, el Estado permite que esta transnacional aloje 30 camiones de alto tonelaje a metros de estos "Bancos Perpetuos", afectándolos irremediablemente. Aunque esté por monitorearlos, sabemos que, una vez iniciada la explotación del proyecto, no detendrán la extracción de minerales para proteger los glaciares, marquen lo que marquen los monitores.

3-. Uno de los funcionarios de la transnacional fue reiterativo en expresar "¿ven que no hay ninguna máquina trabajando encima de los glaciares?". Tomamos con humor sus palabras, ya que él mismo sabrá de los documentos estatales que dan cuenta de la intervención de Barrick en los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza. Sospechamos con fundadas razones que la transnacional organizó la visita de tal manera que en el terreno que nos mostró todo parecía estar bien. Los camiones de alto tonelaje no estaban funcionando, los buldózer a penas se pudieron ver y los trabajadores no estaban más que jugando pool y ping pong en el Campamento Barriales. No nos suena lógica la millonaria inversión para tener a los obreros entreteniéndose.

4-. Las condiciones meteorológicas fueron desafortunadas para poder ver los glaciares que tanto defendemos. Estaban llenos de nieve y no logramos identificar su condición tal como lo indican los documentos de la Dirección General de Aguas (DGA). Por lo tanto, llamamos a la DGA y a los organismos estatales correspondientes a realizar una fiscalización en terreno sin previo aviso a Barrick y en conjunto con la comunidad del Valle del Huasco.

5-. Pascua Lama es un gigante frágil. Vimos el amplio terreno que ha privado a la comunidad del Valle del Huasco, terreno que ancestralmente era utilizado para hacer las veranadas de los crianceros y que hoy deben recorrer cientos de kilómetros en busca de la llave del portón para poder ingresar, no sin antes estar debidamente acreditados justamente por Barrick que autoriza o rechaza la entrada a su predio sin mayores explicaciones. También vimos lo frágil del campamento y de las instalaciones mineras que tienen dispuestas en la cima de la Cordillera. Solo son containers los que alojan a los trabajadores que explotarán el oro de las entrañas de nuestra tierra. ¿Y si cae mucha nieve? ¿y si tiembla? ¿Qué pasará con los trabajadores? ¿Existe un plan de emergencia desde los 3.200 metros de altura? Barrick, pese a ser una transnacional gigante, construye un frágil campamento donde alojar a sus propios trabajadores. ¿qué protección existe para quienes no trabajamos en Pascua Lama?

6-. Pascua Lama está a 5.280 m.s.n.m. según indicó el GPS que llevábamos de forma independiente. Eso nos preocupó tremendamente, no solo porque están destruyendo las nacientes de nuestras aguas, sino también porque los trabajadores de Barrick y los subcontratados sufrirán las inclemencias del clima. Temperatura que, cuando estábamos ahí, estaba entre -20 y -30 grados Celsius bajo cero, tal como nos explicaron orgullosos los "Barrick Boys".

Lamentablemente, imaginamos las condiciones a las que ya están expuestos los trabajadores de Pascua Lama. Por esta razón, hacemos un llamado a las autoridades de salud del país a que fiscalicen las condiciones laborales que ofrece Barrick en el proyecto Pascua Lama. Creemos que son altamente peligrosas tanto para la salud de los trabajadores como para el valle completo, porque basta que uno se quede dormido por falta de oxígeno a esa altura –como le sucedió a más de alguno de nosotros mientras estábamos ahí-, para que se genere un accidente de grandes dimensiones y contamine las nacientes de las aguas, escurriendo el material tóxico por todo el valle del Huasco hasta el puerto de Huasco. Esto no solo contaminaría los cultivos de uvas y olivos, sino que dejará sin agua potable a muchos pueblos que aún beben del río.

7-. Barrick miente una vez más. Solo el 15% de los trabajadores de Pascua Lama son de la Provincia, y solo un 30% pertenecen a la región de Atacama. Pero cuando Barrick llegó el 2001 y luego el 2006, junto a algunos políticos locales, llamaron a aceptar y a confiar en las bondades de esta iniciativa destructiva. Prometieron trabajo y trabajo digno a nuestra gente. Además explicaron que esta iniciativa minera iba a generar comercio en torno a la minería y que todos se beneficiarían de esta empresa. Parecía el mundo feliz. Pero nada de eso ocurre y vemos con malestar cómo los empresarios más ricos se vuelven más ricos y el resto, vemos cómo se contamina el agua en el Valle del Huasco.

8-. Llamamos a los trabajadores de Barrick a tomar conciencia de lo que significará para su salud el trabajar a esa altura, con esos fríos y con ese clima inestable. Realmente nos parece que no vale la pena estar ganando mucho dinero por pocos años si se les acorta la vida producto de las labores que realizarán allí arriba.

9-. Cuando terminó la visita por la Mina Pascua Lama, regresamos al Campamento Barriales y los "Barrick Boys" nos hablaron del mal uso que la agricultura hace del recurso agua. ¡Pero qué paradoja! Estar en el proyecto estrella de la transnacional minera más importante del oro y hablar de agricultura. Resulta que ahora Barrick es sabionda también en la agricultura –no solo en destrucción- y le quiere enseñar a un pueblo que ha vivido en torno al ciclo del agua siglos y siglos. Ni siquiera Barrick sabe hace cuánto tiempo nuestro pueblo está en este territorio que seguimos defendiendo, aunque ahora se llame "país Barrick".

10-. Una vez en casa, reflexionamos en torno al sentido profundo de todo esto. Containers, camiones, movimiento de cerros, glaciares destruidos, desvíos de cursos de aguas, inminente infiltración de agua contaminada, campamento minero a más de tres mil metros, laborar a más de cinco mil, país virtual entre Chile y Argentina... ¿Cuál es el sentido de todo esto? Destruir la vida para sacar oro, plata y cobre y hacer más rico al canadiense Peter Munk. Realmente no tiene sentido para nosotros. Y no lo tiene porque es la imagen nítida del capitalismo descarnado y depredador que busca destruir cualquier cosa (persona, animal o bienes naturales) para generar oro y riquezas superfluas. Bienes comunes en peligro de destrucción por la codicia humana, humanos trabajando para servir al patrón Barrick que seca, destruye y contamina la Creación.

11-. Rechazamos una vez más este proyecto porque, pese a sus campañas publicitarias, hemos visto cómo se ha contaminado nuestro valle y nuestra gente. Llamamos a seguir de pie luchando para proteger nuestro Valle del Huasco, dejárselo a las próximas generaciones y a distribuir comunitariamente los bienes comunes. Llamamos a realizar todo tipo de acciones para detener este proyecto mortal para el valle del Huasco. Aún estamos a tiempo.

Patricia Álvarez, Pastoral Salvaguarda de la Creación

Jorge Guerrero, Consejo de Defensa del Valle del Huasco

Javier Karmy, Pastoral Salvaguarda de la Creación.

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Argentina, Tucumán: Denuncian un negocio millonario entre la Universidad y la Mina La Alumbrera

Carlos Saglul (ACTA)

La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (ADIUNT-CTA) se sumó a las organizaciones estudiantiles y otros sectores del pueblo tucumano y piden que termine la oscura asociación entre la Minera La Alumbrera y la Universidad Nacional de Tucumán a través de un modelo extractivo que denunciaron es contaminante y solo siembra hambre y miseria.

Walter Díaz, secretario general del gremio de profesionales universitarios tucumanos, explicó a ACTA que también se quiere saber el destino de aproximadamente 400 millones de dólares entregados a esa casa de altos estudios.

¿Cómo nace la asociación en la Mina La Alumbrera y la Universidad?

El geólogo que descubre el yacimiento lo dona a la Universidad que hace un acuerdo con una multinacional para la extracción. Según ese acuerdo, el cuarenta por ciento va a manos privadas, el 40 por ciento a la Universidad de Tucumán y el resto a las casas de estudio del país. El problema es que ese cuarenta por ciento de la Universidad de Tucumán se destina a un edificio nuevo que nunca se hizo. En tiempos de Menem todo podía pasar, es factible que se haya utilizado para otros gastos. Es necesario esclarecerlo.

¿Cuanto percibió la Universidad descontando que debe ser una pequeña parte de las ganancias de la multinacional?

Unos 400 millones de dólares sobre los que pedimos se informe. Pedimos que la Universidad deje de ser socia de La Alumbrera en la contaminación, empobrecimiento y se investigue el destino de millones de dólares. Además que la mina no puede estar desconectada de un plan de desarrollo nacional ni la Universidad al servicio de una multinacional. Lo que recibe de manos privadas esta casa de estudios es el doble de lo que le manda el Estado.

En su declaración, los universitarios cuestionan las inexplicables ventajas económicas y tributarias que disponen las empresas transnacionales mineras. Señalan que "a pesar de las importantes sumas de dinero que la UNT recibió de ese emprendimiento minero, uno de los más grandes de Latinoamérica, ninguno de sus problemas estructurales ha sido solucionado, como lo demuestra la nueva crisis económico-financiera que atraviesa la casa de estudios y su inexplicable déficit operativo (superior a los 78 millones de pesos)”. La presentación ha recibido la adhesión de numerosos profesionales universitarios, estudiantes y egresados y cuenta con la participación de la asociación.

En uno de los párrafos de la proclama, se advierte que la actividad minera "se realiza con inexplicables ventajas económicas y tributarias. En tiempos en que la presión impositiva avanza sobre el patrimonio de los ciudadanos, la explotación de los recursos naturales mineros se realiza en condiciones de expoliación y saqueo", apuntaron.

Díaz explicó que “estamos como en la época de la colonia, la mina firmó un acuerdo por el cual no ponía un peso hasta recuperar todo lo invertido. ¿Qué control hay sobre lo que ganan realmente? Además, transportan el concentrado en un tubo de 32 kilómetros de largos que esta reventado en muchas partes originando serios problemas de contaminación.

¿Qué es lo que piden?

Que termine ese contrato y se vaya la multinacional. Todas las ganancias de La Alumbrera deben ser para la comunidad. Se debe controlar la contaminación. Además hay denuncias sobre colocaciones financieras de los fondos que la Universidad recibía de la Minera. Todo esto hay que investigarlo.

En su documento los docentes hacen "un llamado a todas las organizaciones sociales, gremiales y políticas que sientan orgullo de pertenecer a nuestra universidad a coordinar acciones conjuntas para detener estos emprendimientos y encaminarnos a un modelo productivo nacional sustentable que se construya considerando las expresiones populares que se están manifestando democráticamente por un presente y un futuro mejor para el país”.

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Límite al monto de reclamo por daño moral contra periodistas

Miguel Julio Rodríguez Villafañe (PRENSA RED)

El “principio de intervención mínima” busca que las restricciones o sanciones al derecho a la libertad de expresión no sólo sean necesarias sino también proporcionales. La posibilidad de ser demandado por cifras irrazonables obra como una verdadera “censura previa”.

Luego del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado argentino en el caso del periodista Eduardo Kimel, en el año 2009, se dictó la ley 26551. Esta norma terminó con la figura de calumnias e injurias como delito penal, para expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas y para los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público.Esto fue un nuevo gran avance para el periodismo libre e independiente en Argentina, tal como, en 1993, también había sido el dictado de la ley 24198, que eliminó el delito de desacato.

La protección a la reputación de las personas ha quedaba garantizada por medio de sanciones civiles y la garantía del derecho de rectificación o respuesta.

Sin embargo, a los efectos del aseguramiento de los daños morales a las personas es importante fijar criterios claros y previsibles, para evitar que -con el pretexto de resarcimientos de ese tipo de daños- se puedan deducir demandas por abultados montos, buscando fundamentalmente frenar o anular a la prensa, más que una reparación adecuada. Ello opera como una “verdadera censura previa”, que ataca al derecho humano a la información y genera incertidumbre e inestabilidad a los periodistas.

Repárese que demandas por daños y perjuicios morales por grandes sumas de dinero, operan con efectos inhibidores para los informadores. La mayoría de éstos no tiene salarios significativos y muchos de ellos están desocupados y cobran magros montos por las colaboraciones que efectúan. En ese contexto, en muchos casos, resulta efectivo para algunos demandar a periodistas y embargarles sus bienes.

Total, si después se pierde el juicio, luego de por lo menos cuatro a seis años de litigio y desgaste del periodista, las costas para el demandante perdidoso pueden ser insignificantes, al lado de la intranquilidad que hizo vivir al periodista, ya que pagará sólo honorarios y costas resultantes. Además, con ello logró, tal vez, detener investigaciones y simultáneamente enviar un mensaje paralizador a otros que quisieran entrar a tratar el tema.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho en la problemática que “es evidente que el quantum del resarcimiento, si bien constituye un factor disuasivo de las conductas ilícitas, también puede convertirse, en caso de exceso, en factor de debilitamiento del desempeño de la prensa responsable. En este sentido, el monto no debe ser simbólico ni ínfimo pero tampoco debe entrañar un enriquecimiento sin causa del reclamante”, (caso “Menem, Carlos Saúl c/ Editorial Perfil SA y otros s/ daños y perjuicios-sumario”, sentencia de fecha 25/09/2001, Fallos: 324:2895).

Sin embargo, lo cierto es que -más allá del criterio orientador sentado por la Corte- éste no alcanza si el resarcimiento moral queda siempre sometido al criterio discrecional de la justicia. La CIDH sostuvo: “La necesidad de proteger los derechos a la honra y a la reputación, así como otros derechos que pudieran verse afectados por un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, requiere la debida observancia de los límites fijados a este respecto por la propia Convención. Éstos deben responder a un criterio de estricta proporcionalidad”, (caso “Kimel vs. Argentina”, sentencia de fecha 02/05/08, párrafo 56).

El principio de proporcionalidad, también denominado como “Principio de intervención mínima”, busca que las restricciones o sanciones al derecho a la libertad de expresión no sólo sean necesarias sino también proporcionales. Es decir, busca que guarden una relación debida entre el daño infringido y la sanción o responsabilidad impuesta. En definitiva, en este aspecto, el beneficio que tendría la sociedad en la limitación a la libertad de expresión debe ser más grande que los condicionantes que se ponen al mencionado derecho.

Atento a lo referido es que hace tiempo propugno la necesidad de que se vuelva previsible la determinación de los montos indemnizatorios por daños morales que se demanden a periodistas. Como principio, la propia CIDH ha reiterado en el caso “Kimel” que “una sentencia declaratoria de la existencia de violación constituye, por sí misma, una forma de reparación”.

Si aun así, la sentencia y su publicación fueren insuficientes para superar la mortificación moral, es necesario prever pautas predecibles y objetivas de cuantificación de los montos a resarcir por los daños inmateriales que se hubieren causado.

En ese aspecto, y como una salida interesante en este tema, hay que resaltar lo dispuesto por la “Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal”, de México, del año 2006.

En esa norma se establece, con respecto a los perjuicios inmateriales: “La reparación del daño comprende la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del demandado, en el medio y formato donde fueron difundidos los hechos y/u opiniones que constituyeron la afectación al patrimonio moral”, (art. 39).

Se agrega luego en la ley: “En los casos en que no se pudiere resarcir el daño en términos del artículo 39 se fijará indemnización tomando en cuenta la mayor o menor divulgación que el acto ilícito hubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso, en ningún caso el monto por indemnización deberá exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal… ”, (art. 41).

En la norma también se hace la salvedad, en el artículo 33, de que “los servidores públicos tendrán limitado su derecho al honor, a la vida privada y a su propia imagen como consecuencia del ejercicio de sus funciones sometidas al escrutinio público”, por lo que, en este aspecto, el art. 41 antes referido, concluye sosteniendo:

"En los casos de los sujetos contemplados en el artículo 33 de esta ley el Juez podrá, dependiendo las características especiales del caso, disminuir hasta en un setenta por ciento la cantidad máxima establecida”.

Para que se tenga una pauta de referencia, el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal es de pesos mexicanos 62,33 por día. Si esta cantidad la multiplicamos por 350 -que es el máximo fijado por la ley de indemnización por daño moral- nos da el monto de 21.815,50 pesos mexicanos. Todo lo que equivale a una sanción en moneda argentina, que no podría superar, más o menos, dependiendo del cambio, $7.357 en concepto de daño moral.

No se trata de buscar indemnidad periodística pero si previsibilidad económica para brindar el servicio, siempre riesgoso en lo físico como en lo económico, de trabajar para una información al servicio de todos. Entiendo que habrá que trabajar para que en Argentina se pueda reformar el Código Civil y lograr que haya pautas predecibles y razonables en materia de resarcimientos de daños morales, con motivo del accionar periodístico. En ello se garantizará, debidamente, el derecho humano a la libertad de expresión.

Miguel Julio Rodríguez Villafañe es Abogado constitucionalista, especialista en Derecho a la Información.

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Argentina, Córdoba: Presentan estudio de Conflictividad Laboral y Socioambiental

El acto se realizará hoy jueves, a las 19, en la sede del Cispren (Obispo Trejo 365). En la oportunidad se presentará el Primer Boletín abordando el conflicto de salud en Córdoba y la resistencia ante el desmonte en el Terrón (Mendiolaza).

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Hoy a las 19, en la sede del Cispren se realizará la presentación del Observatorio de la Conflictividad Laboral y Socioambiental de Córdoba que se realiza en el marco de un proyecto subsidiado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba.

“La propuesta de constituir un Observatorio de la Conflictividad Laboral y Socioambiental de Córdoba emerge ante la fragmentación de datos, subregistro e invisibilización de los conflictos y las dificultades de contar con datos sistemáticos (y sistematizados) sobre la conflictividad social de toda la provincia, que a su vez permitan a las organizaciones sociales una comprensión amplia del contexto y una estrategia para obrar en consecuencia”, manifiestan sus impulsores en: http://observatoriodeconflictoscordoba.wordpress.com.

Para llevar adelante la tarea se constituyó un equipo interdisciplinario compuesto por comunicadores, sociólogos, historiadores, politólogos y estudiosos de la filosofía y la economía política, con experiencia tanto en el abordaje científico de estas temáticas como en la transferencia y la articulación con los propios colectivos movilizados.

Se trabajó en conjunto con el CISPREN, el Instituto de Salud Laboral y Medioambiente (Islyma), la Seccional Capital de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-Córdoba) y las escuelas de Ciencias de la Información y de Trabajo Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.

Por otra parte, el Observatorio utilizó como fuentes documentales a medios masivos de comunicación de la provincia de Córdoba, prensa alternativa y fuentes primarias de información, a saber:

1. Prensared: http://www.prensared.com.ar/
2. Indymedia Córdoba: http://argentina.indymedia.org/
3. El Diario del Centro del País (Villa María): http://www.eldiariocba.com.ar/
4. Córdoba Noticias http://www.cbanoticias.net/
5. PUNTAL de Río Cuarto http://www.puntal.com.ar
6. La Voz del interior: http://www.lavoz.com.ar/

Equipo de trabajo
Directora
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Codirector
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Argentina, Córdoba: Inoperantes

Daniel Klocker (PRENSA RED)

La ciudad hace tres días que está sin transporte por la inoperancia de la municipalidad que no garantiza el cumplimiento del servicio, que como en el caso de Córdoba, es pésimo y con la tarifa más cara del país. El ambiguo papel del ministerio de Trabajo provincial.

Tres días sin transporte urbano de pasajeros y todos se pasan la pelota como si el problema lo debiera resolver la Corte Internacional de La Haya y no la Municipalidad de Córdoba, que debe garantizar la prestación del servicio público, mientras el ministerio de Trabajo de la Provincia fracasa en su intento mediador.

Mientras tanto, medio millón de pasajeros se ven afectados por la medida de fuerza y son rehenes de una disputa de intereses entre la UTA y la Fetap y la inoperante de la municipalidad de Córdoba que sin ponerse colorada promete “acercar soluciones” (¿?).

Por su parte, el ministro de Trabajo de la Provincia, Omar Dragún también contribuye a complicar aún más el panorama porque interviene en el conflicto, pero ninguna de las partes acata sus resoluciones

Primero exhortó a los trabajadores de la UTA a levantar la medida y no pasó nada porque los chóferes desconocieron ese ámbito de actuación y tampoco con los empresarios, que no depositaron los haberes acordados, mientras que la municipalidad de Córdoba no utiliza el poder de policía que tiene para garantizar el servicio.

Pero, en una vuelta tuerca más, el funcionario "delfín" del gobernador José Manuel de la Sota, secretario General del SMATA- Córdoba y Secretario General de la CGT-Córdoba (en uso de licencia), desbordado por los acontecimientos “sugirió” hoy que sea el Ministerio de Trabajo de la Nación el que intervenga para solucionar el tema.

En tanto, la Municipalidad no hace cumplir la ordenanza que declara de “valor social al transporte público”, y que en su artículo 38 especifica que “en casos excepcionales, se tiene que garantizar la prestación de servicios públicos y asegurar las condiciones de regularidad, continuidad, generalidad, accesibilidad y mantenimiento para los usuarios”.

Está visto entonces, que el gobierno municipal de Ramón Javier Mestre y sus inoperantes funcionarios “privatistas” no garantizan nada, mientras tanto los hace tres días pasan las de Caín para por cumplir con sus obligaciones diarias con el consiguiente desgaste mental que significa ser rehenes de funcionarios impresentables.

Tampoco seamos ilusos que un paro de usuarios solucionará el tema porque acá el problema es de fondo, que viene desde hace muchos años y nadie le pone el cascabel al gato porque las corporaciones son muy fuertes y los gobiernos municipales ineptos, y a veces también cómplices.

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Argentina, Chaco. Con la aplicación en los hechos de la nefasta ley federal: "ATECH: estamos condenados a seguir vaciando de contenido a la escuela"

CHACO DIA POR DIA

Haciendo referencia a la reunión del Consejo Federal la ATECH afirma: “No leímos una mínima referencia siquiera, a la prioritaria necesidad de dar por tierra en los hechos con la nefasta ley federal de educación que ha hecho trizas el sistema educativo.

Editamos textualmente el comunicado de ATECH.

«A las expresiones que en líneas generales pueden leerse hoy en los medios escritos de nuestra provincia, desde la máxima autoridad educativa nacional que está presidiendo la sesión del Consejo Federal de Educación en el Chaco, Alberto Sileoni, a las emitidas por varios ministros del área de distintas jurisdicciones, respecto de “su preocupación” por el “ausentismo docente y repetición escolar”, subrayando especialmente el tema de la “repetición escolar” en el nivel secundario, se les olvidaron adosar “las causas” –por lo menos en líneas generales- de tales “flagelos” si efectivamente ello responde a lo que en la realidad sucede a lo largo y a lo ancho del país.

«No leímos una mínima referencia siquiera, a la prioritaria necesidad de dar por tierra en los hechos con la nefasta ley federal de educación que ha hecho trizas el sistema educativo argentino, cuyos diseños curriculares y contenidos son los que a la fecha siguen vigentes y con los cuales se sigue trabajando en todos los niveles del sistema educativo argentino y chaqueño en particular.

«¿Cuándo va a entenderse que por más cambio de “cascarón” que hagamos –por el dictado de la nueva Ley de Educación Nacional, 26206, y el dictado de nuestra Ley Provincial 6691/10-, si no hay decisión y voluntad política de quienes tienen poder de decisión para prioritariamente lograr establecer los nuevos diseños curriculares jurisdiccionales y los nuevos contenidos en el marco de la nueva legislación, estamos condenados a seguir vaciando de contenido a la escuela con la aplicación en los hechos todavía de la nefasta ley federal?..

«Como una paradoja, hoy, en el mismo matutino donde desde la tapa a las dos primeras páginas se publican las expresiones de los ministros de educación en el marco de la sesión del Consejo Federal, a vuelta de página nomás, se publica (Norte) una nota al hoy presidente de la Bolsa del Chaco, funcionario del actual Gobierno provincial, quien en la época del neloliberalismo salvaje que destruyó la educación argentina, fue nada más ni nada menos que el Ministro de Educación de la Nación, Manuel García Solá (en la Presidencia de Carlos Menem) principal artífice de la aplicación de la transformación educativa en el marco de la resistida –por los educadores y por toda la comunidad educativa- Ley Federal. Lo recordamos porque vemos con preocupación la “amnesia” generalizada de la que terminan siendo objeto los gobiernos –nacional y provincial-, y especialmente las autoridades educativas argentinas, a la hora de “analizar, evaluar y pergeñar acciones” con vistas a recuperar nuestra escuela pública, estatal, gratuita y obligatoria de las fragmentaciones y vaciamientos de la que fuera objeto por décadas, no propiciados por los docentes ni por la comunidad educativa!.

«En el Chaco, desde la ATECH planteamos insistentemente esta cuestión, y con autoridad suficiente por haber aportado oportunamente las propuestas que entendemos viables y necesarias para la definición que requerimos de manera previa a la implementación de la nueva estructura educativa: diseños curriculares y contenidos. Y si no quisiéramos saber cuál es el fin, para qué, con qué objetivo se implementaría por ejemplo la nueva modalidad de “jornada extendida” (para la que también sumamos aportes y por escrito al MECCyT). Por ello entendemos que no es casual que haya sido el ministro chaqueño en soledad, quien haya hecho una pequeña referencia a esta cuestión.

«Hubiésemos querido leer como docentes y como integrantes de la comunidad educativa, la preocupación de los señores ministros por el necesario –y ausente aún-, incremento del presupuesto educativo para hacer frente al incesante crecimiento de la matrícula –en razón del establecimiento de la asignación universal por hijo (que nadie desconoce, para su percepción el beneficiario debe presentar el certificado de escolaridad correspondiente).

«A diario asistimos al dibujo de estadísticas que no se condicen con la realidad de lo que pasa. Como también, al insistente anuncio de compromiso de nuestros gobernantes de inclusión de los más necesitados, de garantizar “igualdad” para todos, y en nuestra Provincia, recién en la pasada semana se entregaron las primeras netwok a los alumnos de una de las zonas rurales…

«Sobre el ausentismo docente, no quedan dudas, la presentación de tal cuestión como el grave y gran problema de la educación argentina, no tiene otra dirección que la de generar la opinión en la sociedad de que los docentes no trabajan o “viven faltando”. Si efectivamente existe tal cuestión y en la magnitud con que la plantean nos preguntamos cuál es el ejercicio de contralor que ejerce el Estado para corregirla?.

«Las apreciaciones que han tenido desde la señora Presidenta para abajo a nivel funcionarios desde el inicio del presente ciclo lectivo respecto de los docentes, nos eximen de mayores comentarios.

«Hubiésemos querido anoticiarnos, de la hasta hoy inexistente definición política del incremento de los presupuestos para refrigerio y comedor, que a la fecha por ejemplo para refrigerio en escuelas de más de 300 alumnos la ración por cada uno representa $ 0,79 centavos; y la ración de comedor por cada alumno, $ 2,19.

«Sobre la aplicación de “jornada extendida”, expresaron algunos que, el principal escollo con el que se encuentran sus respectivas jurisdicciones son la falta de infraestructura… cuestión que debieran haberla señalado todos, pues a la fecha ninguna de las jurisdicciones evidentemente tiene resuelta esta cuestión que obviamente es prioritaria también, para pensar en la puesta en marcha de la nueva modalidad. Y desde ATECH lo planteamos con autoridad, pues para con ella, también hemos hecho los aportes correspondientes tanto para la Ley misma como para la reglamentación adeudada.

Conclusión: Siempre volvemos al punto de partida de todos los problemas de la educación argentina y chaqueña en particular: la falta de presupuesto adecuado y suficiente para garantizar los sueldos dignos a los trabajadores de la educación –con la eliminación de las nefasta política de los montos en negro-, la infraestructura adecuada, las condiciones dignas de trabajo y estudio para todos, y particularmente, la definición necesaria e inexistente a la fecha de una política educativa que responda a los intereses del conjunto de la sociedad».

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