martes, 15 de mayo de 2012

El gas natural de esquisto, el regreso a las energías baratas, pero muy contaminantes

Adán Salgado Andrade (especial para ARGENPRESS.info)

Hace algún tiempo escribí un artículo titulado “¿Más energía o más desperdicio?”, en el cual analizaba que la necesidad de hallar nuevas energías, sobre todo las llamadas “verdes” o “limpias” obedecía, por ese entonces, al imperativo de contar con más fuentes, que permitiendo la continuación de nuestros crecientes requerimientos energéticos basados en aquéllas, fueran, por otro lado, ecoamigables, o sea, redujeran el impacto contaminante y destructivo en el medio ambiente (ver el citado artículo en este mismo blog).

Sin embargo, ahí mismo mostré cómo prácticamente la totalidad de energías limpias tenían un problema y es el que su influencia es tan limitada que cubren un muy reducido porcentaje de los requisitos de la actual sociedad de alto consumo y desperdicio energético. Y no sólo no alcanzan a cubrir cuestiones tales como combustibles o generación eléctrica, sino que el costo, muy por encima de aquél de las energías basadas en combustibles fósiles, las ha hecho en muchos casos poco funcionales, sobre todo para este capitalismo salvaje, que privilegia los bajos costos y las altas ganancias, sin importar las consecuencias que sean.

Otra conclusión a la que llego en el trabajo mencionado, es que tampoco habrá fuentes energéticas que alcancen si se insiste, como se sigue haciendo, en aumentar el consumo de energía, en lugar de reducirlo. Cada año se incrementan considerablemente los consumos industriales, de transportación, de electrificación, agrícolas… en fin, de cuanta actividad emplea alguna fuente energética y no tanto porque sea en proporción directa al crecimiento de dichas actividades, sino que crece también el desperdicio. Por ejemplo, el que se haya impuesto como modelo económico el de la sociedad de hiperconsumo ha ocasionado, entre otras cosas, que los productos adquiridos sean cada vez menos duraderos, así que se deben de cambiar más rápido, algo ideal para el sistema, el que a propósito ha creado esos limitados tiempos de vida útil, con tal de vender más e incrementar las ganancias (ver en este mismo blog mi artículo “La obsolescencia programada, el deliberado acto de diseñar productos defectuosos, de desperdiciar más y de destruir el medio ambiente”, en el que analizo los dramáticos niveles de desperdicio y de basura a los que hemos llegado, sobre todo en la llamada basura electrónica - e-waste -, de la que cada año se producen millones de toneladas).

Por otro lado, la absurda tendencia de hacerlo todo desechable, empaques, botellas, cámaras, anteojos… también incrementa las necesidades energéticas asociadas al desperdicio que esa irracional tendencia implica (y es algo que nos remite a los tiempos de antaño, cuando se debía llevar el envase vacío de refresco, que era retornable, para comprar otro, o la canasta para meter el pan, la bolsa del mandado y otras cosas que no implicaban desechar y tirar a la basura una vez consumido el producto). Súmese a eso que el reciclaje no llega ni al 25% en los países que más lo hacen y el problema de contar cada vez con más y más fuentes energéticas tiende a crecer exponencialmente (además, también el reciclaje requiere de energía y bastante).

Encima, muchas de las energías “limpias”, ni lo fueron, limpias, además de que originaron otros problemas, como los biocombustibles, los que para producirlos emplean cereales, sí, comida, que en un mundo hambriento como este (más de tres millones de niños mueren cada año por desnutrición o falta de alimentos), resulta completamente aberrante. Eso, el emplear maíz o soya, por ejemplo, es la causa de que se hayan agudizado más los problemas de escases de alimentos y hambrunas, además de que al haber combustión, de todos modos son igual de contaminantes que los combustibles obtenidos del petróleo (ver en este mismo blog mi artículo “Biocombustibles, imposición transgénica, no alternativa ecológica”).

Así, las energías limpias más prometedoras resultaron ser la eólica y, sobre todo, la solar y lo serían aún más cuando la infraestructura empleada para fabricar los componentes para producirlas, tales como los generadores movidos por el viento o las celdas solares, fueran también fabricados con tales energías, lo que hasta ahora no ha sucedido así o ha sido mínimamente (el impacto actual del empleo de las energías solar y eólica en el mundo no llega ni al diez por ciento).

Justo en Estados Unidos, en el año 2007, cuando en su búsqueda de nuevas energías que resolvieran el déficit provocado por sus, entonces, declinantes reservas de petróleo - que implicaban depender más de las importaciones, sobre todo de países árabes, muchos de ellos cuestionablemente estables en sus regímenes gubernamentales -, decidió apostar recursos tanto privados (venture capitals), así como públicos, para el desarrollo de energías verdes y renovables. Bush, por ejemplo, estableció como mandato que en el 2015 casi la totalidad de los combustibles empleados en Estados Unidos serían producidos de cereales, pero en ese entonces ignoraba que para producir soya o maíz suficiente se requerirían varias veces la superficie cultivable de Estados Unidos, algo totalmente imposible. Así, las energías más prometedoras resultaron ser la solar y la eólica, como ya dije.

En cuanto a la solar, en el año 2007, con los altos precios que alcanzó el barril de petróleo (de unos 70 dólares), y su reflejo en la producción de electricidad, fue en la que más empeño se puso para su desarrollo. Tuvo también mucho que ver que hubo una especie de generalizada conciencia ecologista, sobre todo en importantes personajes. Al Gore, por ejemplo, provocó una importante reflexión con su documental “Una verdad incómoda” (An inconvenient truth). Inversionistas como el millonario John Doerr, buen amigo de Gore, dio el 8 de marzo del 2007, un conmovedor discurso en el que expuso que su hija adolescente le había planteado que realmente dependía de la generación de Doerr el resolver los graves problemas ambientales que su irresponsabilidad había provocado. Aquél derramó incluso lágrimas y se comprometió a impulsar una empresa que desarrollara una tecnología lo más eficiente posible para aprovechar la luz solar.

Todos esos factores, además de un programa gubernamental que tenía como cometido el apoyo público para el desarrollo de energías limpias, dio como resultado el surgimiento de empresas como Solyndra, que en su momento representó un hito tecnológico de Estados Unidos, que prometía un halagüeño futuro en cuanto al desarrollo y consolidación de celdas solares. El potencial de la energía solar es alto, dado que con una hora de luz solar, de poder capturarse y emplearse, se podría dotar de la energía necesaria a todo el planeta durante un año. El problema es que todavía no existían en ese entonces tecnologías realmente eficientes que pudieran aprovechar la totalidad de la energía solar… y tampoco existen actualmente.

Sin embargo, Solyndra parecía una prometedora empresa que fabricaría revolucionarios paneles solares, más eficientes y, se suponía, más baratos que los diseños existentes hasta entonces. Fundada por el doctor en procesamiento de semiconductores Chris Gronet, que se había desempeñado hasta entonces como gerente general de la empresa Applied Materials, empresa que provee de equipo y software a empresas fabricantes de semiconductores y tecnología solar, aquella compañía de inmediato recibió apoyos tanto de inversionistas privados, así como, lo mejor, del gobierno. Y tocó a la por entonces flamante administración de Barack Obama brindar financiamiento y cuanto estímulo fiscal y administrativo existiera a Solyndra, de la cual, Obama dijo, en una ocasión que visitó sus instalaciones, en mayo del 2010, que la empresa representaba “una máquina de crecimiento económico. El futuro está aquí”. Por desgracia, luego de esa visita, que poco tiempo después resultó ser un fiasco para la imagen de Obama, la empresa enfrentó diversas circunstancias adversas que la hicieron quebrar.

Para empezar, aunque el diseño propuesto por Gronet era más eficiente que las celdas convencionales (éstas, sólo logran transformar en electricidad apenas el 20% de la radiación solar que absorben) y aprovechaba más la energía solar desde cualquier ángulo, estaba hecha de cuatro materiales, sustitutos del sílice, el que por entonces se había encarecido demasiado debido a la inesperada demanda de paneles solares (como dije, era la moda tener conciencia ecológica). Su precio había pasado de $50 dólares por kilogramo en el 2004 a más de $300 en el 2008. Gronet basó su modelo en cobre, indium, galio y selenio o CIGS, como se denominó a la combinación de materiales. Y aunque eran un poco menos eficientes que el sílice, eran más baratos. No contó Solyndra con que al poco tiempo, en el 2010, el sílice volvió a bajar muchísimo de precio, a menos de $30 dólares por kilogramo, lo que hizo de su compuesto algo caro e impráctico.

En segundo lugar, el impulso de la energía solar y de otras energías limpias, se debió no sólo al generalizado espíritu ecologista imperante en Estados Unidos en esos años, sino que el capitalismo salvaje, siempre ávido del siguiente gran hito tecnológico que le permita hacer buenos negocios y obtener jugosas ganancias, vio en las nuevas empresas “verdes” una muy buena oportunidad de inversión. El problema fue que, a diferencia de otro tipo de compañías, como las dedicadas a desarrollar aplicaciones para el Internet, por ejemplo, las empresas como Solyndra, dedicadas a la fabricación, en este caso de paneles solares, que además eran basados en un nuevo modelo, requerían de verdaderas fábricas, con equipo y maquinaria pesada, y no sólo de una habitación rentada con computadoras y conexión a Internet. Además, son inversiones que tardan, al decir de los analistas, por lo menos diez años en recuperar la inversión y dar ganancias. Pero, además, el problema de Solyndra fue que basó su modelo en supuestas ventajas que duraron muy poco tiempo, como el sílice caro y que el costo de la electricidad también era elevado, dada la escases de los combustibles fósiles que poseía Estados Unidos. Así, si las ventajas iniciales se hubieran mantenido, de todos modos la inversión, sobre todo de los capitales privados, hubiera requerido tiempo para recuperarse y dar ganancias.

Pero al terminar esas ventajas competitivas, la empresa no pudo más y se declaró en bancarrota, perdiéndose las inversiones privadas y públicas, lo que desanimó a otros inversionistas privados a seguir metiendo dinero en empresas dedicadas a producir elementos para las energías limpias. Fue cuando, repentinamente, ese “espíritu ecologista” se esfumó. Como ven, así de convenenciero y voluble es el capitalismo salvaje.

En tercer lugar, dado que la tecnología para producir electricidad a partir de las celdas solares es conocida desde hace tiempo (ya en 1954, los Bell Laboratories inventaron una muy eficiente celda solar), con los años no sólo se fue perfeccionando, sino facilitando su fabricación, de tal forma que actualmente son tan relativamente fáciles de producir que incluso empresas que nada tienen que ver con la industria eléctrica las pueden fabricar. Por ejemplo, por ese entonces, Arno Harris, gerente de la empresa eléctrica Recurrent Energy fue contactado justamente por una empresa china fabricante de textiles, para ver si tenía interés en los paneles solares que tal empresa estaba por comenzar a fabricar. Así que si una textilera china podía fabricar paneles solares, el sofisticado y costoso equipo montado por Solyndra, que encareció aún más las celdas que producía, no podía competir más. En efecto, la fabricación de paneles solares en la actualidad se ha simplificado mucho, de tal forma que incluso se ofrecen tutoriales en Youtube que indican cómo hacerlos (en este link pueden verlo: http://www.youtube.com/watch?v=OrGIj8P9Ys8&feature=related).

Esa facilidad constructiva ha ocasionado que actualmente China produzca más de la mitad de los módulos solares que se usan en el mundo, además de que sus modelos son 20% más económicos que los estadounidenses, debido a su mano de obra barata, así como sus materias primas también baratas (claro que a un gran costo ecológico, pues China actualmente es uno de los países más contaminados del orbe. Ver en este mismo blog mi artículo: “El sobrevalorado y anárquico crecimiento económico chino”).

Aún así, sigue siendo caro electrificar una casa, por ejemplo, con paneles solares, debido, por un lado, a la baja eficiencia de dicha tecnología, ya que cada celda transforma sólo un 20% de la radiación solar que recibe, lo que se traduce en apenas 0.5 voltios de electricidad. Por eso es que se requieren arreglos de varios paneles solares colocados en los techos de la viviendas que se electrifican así y eso es costoso (aquí, por ejemplo, he consultado con personas que se dedican al negocio de la energía solar y costaría alrededor de entre 150 y 200 mil pesos electrificar a un hogar con necesidades digamos que normales de electricidad). Por ello, en Estados Unidos la “solución” ha sido rentar paneles solares. Allí, electrificar una casa de unos 280 metros cuadrados de área cuesta actualmente alrededor de $20,000 dólares ($260,000 pesos), lo cual no es barato y en medio de la brutal crisis actual, tampoco resultaría atractivo. Sin embargo, algunas empresas, como SolarCity o Sungevity, apoyadas por estímulos fiscales, rentan por menos de $119 dólares mensuales paneles solares que, en aquel país, resultaría digamos que “económico” (son más de $1500 pesos, que en México, con millones de personas pagando 200 o 300 pesos por mes de luz, tampoco sería algo costeable). Y con ese esquema de renta, ha subido algo la demanda de electrificación solar, aunque, como dije, es gracias a los subsidios gubernamentales, lo que quiere decir que para ser “verde”, el gobierno debe de financiar, con el dinero de los impuestos, una buena parte de la ganancia de las empresas que se dedican a eso. Y se vuelve al esquema de que es la sociedad la que debe de ayudar al capitalismo salvaje a hacer sus negocios o a “rescatarlo” cuando le salen mal (Solyndra, por ejemplo, se declaró en bancarrota y el dinero que el gobierno le había “prestado” se perdió y pasó a ser “deuda pública”). O sea, a fin de cuentas, como señalo antes, el capitalismo no actúa en el negocio que haga por una cuestión filantrópica, sino por una situación de lucro. Si invertir en las energías limpias es negocio, allí estarán las empresas, de lo contrario, no lo harán o lo harán marginalmente.

En cuarto lugar, y es lo que terminó de sepultar, prácticamente, la efervescencia “verde”, fue el descubrimiento de los enormes depósitos de esquisto con que cuenta Estados Unidos, de los que comenzó a extraerse gas natural, con un contaminante método (fracking) que si en principio resultó costoso, con los años ya se ha abaratado bastante, para ser ahora la muy prometedora energía del futuro, no sólo para Estados Unidos sino, por desgracia, para todo el mundo… sobre todo de los países que posean depósitos de esquisto.

Sin embargo, ese energético provocará muchos más problemas en el futuro, que las supuestas ventajas que actualmente se le adjudican, como veremos.

El esquisto es una piedra sedimentaria compuesta de barro arcilloso y pequeños fragmentos de otros minerales, como cuarzo o calcita. Y recientes exploraciones han localizado en Estados Unidos y en muchos países, abundantes depósitos de esquisto en el subsuelo, que por las grandes presiones y otras circunstancias geoquímicas, contienen gas natural atrapado entre sus capas. Tales depósitos están a grandes profundidades, de más de dos mil metros y por lo mismo, el método para extraer el gas natural es complicado y, sobre todo, muy contaminante, como veremos.

Se requiere, primero, de perforar el suelo más de 2000 metros hasta llegar al depósito de esquisto, luego de lo cual se instala una tubería de acero que se refuerza con una capa de cemento, rodeándola. Luego, se inicia la perforación horizontal, de tal manera que se vayan abarcando extensiones del depósito de esquisto. Una vez terminada la perforación e instalada toda la tubería y recubierta con cemento, en la parte en que está horizontal, mediante cargas eléctricas y explosivas, se hacen decenas de pequeños agujeros a lo largo de su cuerpo, a través de los cuales se bombeará el líquido que fluirá por dichos agujeros, romperá las capas de esquisto y liberará la salida del gas natural, el que saldrá a presión por la tubería (en el siguiente link se muestra un video en donde se puede ver el proceso: http://www.youtube.com/watch?v=CM8Lh7SAm6A&feature=related).

A ese procedimiento se le llama fracturación hidráulica (hydraulic fracturing), mejor conocido en la jerga industrial como fracking.

Y todo parecería muy limpio, como si se tratara de una perforación para extraer petróleo. Sin embargo, el problema es el líquido que se inyecta para liberar al gas. Consiste en una mezcla, la mayor parte de la cual es agua, combinada con arena y, enfatizan las perforadoras, apenas un 1% de químicos que, también insisten en aclarar, se hallan en productos domésticos que usamos a diario, tales como detergentes, limpiadores y así, lo cual es falso, como más adelante señalo. Justo el problema son los químicos que se añaden al agua, los cuales distan bastante de ser “inofensivos”, como insisten en decir las empresas dedicadas a la explotación de esa energía “no convencional”. Precisamente porque no es convencional ese energético, los problemas que genera su extracción tampoco lo son. Y aunque se ha insistido mucho en que es una “fuente segura y limpia, no contaminante, de energía”, varios estudios están demostrando lo contrario, incluso, que con el tiempo, el aumento de los pozos extractivos agudizará los problemas que comienzan ya a presentarse.

En el siguiente video se ven, justo, los problemas ocasionados por el empleo del fracking: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dEB_Wwe-uBM.

Producido por la organización no gubernamental linktv.org, muestra un reciente estudio coordinado por Earth Focus y la Ecologist Film Unit de Inglaterra, realizado en Estados Unidos, en el depósito de esquisto conocido como Marcellus Shale, el cual abarca parte de los estados de Pensilvania, Virginia Occidental, Ohio, Nueva York e incluso algo del lago Erie.

Ese depósito ya tiene algunos años explotándose (Halliburton es la empresa pionera que comenzó a aplicar el fracking allí) y se calcula que podría proveer de gas natural a todas las necesidades energéticas que lo emplean en Estados Unidos durante alrededor de catorce años… claro que a un costo ambiental y para la salud humana muy alto, como se explica en dicho documental.

Una de las escenas iniciales muestra a un hombre que está a un lado de un envase plástico. Dentro y fuera del envase circula agua. Del tope del envase sobresale un tubo. De dicho tubo sale una flama azulosa. Más adelante, el hombre, un granjero, explica que esa agua sale de un pozo y es supuestamente “potable”, pero que ya ha sufrido contaminación de metano, entre otras cosas, debido a que cerca hay un pozo extrayendo gas natural de un depósito de esquisto. O sea, que es agua inflamable. Por supuesto que ha dejado de ser potable. La investigación, realizada en el condado de Bradford, en el noreste de Pensilvania, también ofrece el testimonio de otras familias cuyos problemas con la contaminación del agua entubada, “potable”, que usan, comenzaron desde que se establecieron pozos que explotan gas natural. Una mujer comenta que el agua huele a gas, como el que se emplea para cocinar. Otra mujer dice que su calidad de vida está totalmente arruinada, pues el agua potable no es una mercancía, sino una necesidad. “¡
Es mi vida, sin agua, no es posible vivir. Estoy muy, pero muy enfadada por el grave problema que esas personas han ocasionado, que atenta contra nuestras vidas. Cuando lavamos los trastes, en el fondo quedan aceitosos, así, como si fuera diesel. Me tengo que poner loción en las manos cada que uso el agua. No sirve para nada así!”. Una granjera orgánica también ofrece su testimonio, mientras se muestran imágenes de un par de caballos, en los que pueden verse los daños ocasionados en el pelaje de su cuello por el agua contaminada que beben. “¡No es posible que el gobierno les permita hacer eso, que mezclen el agua con químicos que no pueden estar en la tierra, que pueden dañar a mi familia y a la gente que me rodea, eso debería de prohibirse. Muchos granjeros mejor están vendiendo sus tierras, pues no pueden con los problemas que nos traen esas empresas y prefieren obtener dinero a cambio. Pero eso está ocasionando que muy pronto desaparezcan los pocos granjeros que aún quedan y eso va a ser muy grave!”.

También el documental inicia sosteniendo que el agua desechada que está contaminando los acuíferos, además de los químicos empleados, contiene sustancias radioactivas, como el radio 226 (radium 226).

Se ofrece el testimonio del profesor Tony Ingraffea, académico de ingeniería en la universidad de Cornell, pionero y experto en el estudio del método del fracking y sus consecuencias. “El problema es que la explotación de gas natural en Pensilvania apenas lleva tres años, de un plan que pretende durar treinta. Hay alrededor de dos mil pozos por ahora, pero cada día tres o cuatro se incorporan. Y la industria energética planea construir tres o cuatro mil pozos cada año durante los próximos treinta y si pueden hacerlo, también lo harán así en Nueva York”, comenta el profesor, refiriéndose a que, por ahora, Nueva York ha prohibido la perforación de pozos en su territorio, aunque, por otro lado, irónicamente deja que el agua desechada se almacene en los sitos de desecho que tiene para ello.

Justo el hecho de que los pozos extractivos se deben establecer cerca de fuentes de agua, puesto que el fracking es un método de empleo intensivo de ese vital recurso, ha ocasionado que no sólo se sobreexplote el agua, sino, como ya he comentado, se contamine grave e irreversiblemente. Lou Allstadt, ex vicepresidente de la empresa Mobil, comenta que es realmente una locura haber permitido que tales pozos puedan estar a 45 metros de ríos o fuetes de agua potable. “¡Eso es verdaderamente irracional!”, comenta consternado.

Otro experto, el señor James Northrup, ex inversionista en empresas energéticas (quizá por ello haya dejado de serlo, ¿no?), también ofrece su testimonio. “Ninguno de los agentes químicos que se emplean son potables, metanol, glicol… alrededor del uno por ciento de la mezcla que se emplea para extraer el gas son varios químicos, pero haga las cuentas, eso significa ¡cinco mil galones (19,000 litros) por pozo! Así que si hubiera cerca ocho pozos, eso serían cuarenta mil galones (152,000 litros) de sustancias químicas tóxicas!”.

En efecto, el problema es que esa agua ya contaminada, realmente no puede tratarse, no al menos para otros usos que no sean en la extracción del gas, además de que es empleada intensivamente, pues cada pozo utiliza al año ¡tres millones ochocientos mil litros! Como la proporción de agua gastada es mayor que la que puede procesarse para que pueda usarse nuevamente, se están destinando masivos depósitos para almacenarla, pero como en Pensilvania, en donde se concentra la mayor producción, no se cuenta con suficientes pozos de desecho - los que también representan un muy grave problema en gestación, como menciono más adelante -, se deben de buscar nuevos sitios para almacenarla, como en Nueva York, estado que ya comenté que no ha permitido aún que se perforen pozos, pero sí deja, irresponsablemente, que se deseche en su territorio el agua contaminada.

Por otro lado, el transporte de los crecientes volúmenes de gas natural, así como del agua contaminada, ha incrementado muchísimo el tráfico de tráileres-pipa, los que han hecho de antaño tranquilos poblados, como Bradford, ruidosos lugares en donde esos transportes pesados circulan las 24 horas del día, sin parar, como se queja uno de los habitantes, que señala que antes podían ponerse a platicar en el pórtico de sus casas y ahora eso ya no es posible.

Además, señala James Northrup, el ex inversionista, un muy grave problema adicional que podría presentarse, en caso de que un camión que transportara agua contaminada se accidentara cerca de un río y su contenido se vaciara en las aguas de aquél, sería terrible, se produciría un serio problema ambiental. Ahora, imaginen que a diario circulan miles de tales vehículos, pues las probabilidades de ocurrencia se incrementan cada día. Y, como ejemplo, se ofrece el testimonio de un hombre cuyo sueño al retirarse era vivir tranquilo, en medio del bosque. Y nada más fue que llegó una empresa extractora a establecerse muy cerca de su hogar, que los problemas comenzaron. En una ocasión, por un accidente, hubo una fuga de agua contaminada, que resbaló hacia las tierras aledañas, las que contaminó, pero además llegó a un pequeño lago, ubicado a un lado de la casa del hombre, al que también contaminó. “Antes, lo único que usted escuchaba aquí en las noches era el latido de su corazón. Ahora, todo está completamente devastado. Las tierras están contaminadas y también el estanque… ya no hay peces, ni ranas, ni tortugas. Tenemos problemas de salud, el agua de la llave está contaminada con plomo y nos han recomendado no beberla. ¡Lo que antes era el cielo, ahora es el infierno!”.

Señala el profesor Ingraffea que la estimación del Departamento de Preservación Ambiental de Pensilvania es de un serio accidente que dañara severamente al ecosistema por cada cincuenta pozos. Al parecer, sería un riesgo mínimo. Pero como aclara el profesor, eso es acumulativo y se debe tener en cuenta que cada vez habrá miles y miles de pozos más, unos 400 mil, lo que creará un efecto acumulativo de potenciales daños al ambiente. “Por eso usted no puede ver los problemas ahorita - le dice al entrevistador -, pero regrese en diez años y verá lo que sucederá”.

Como muestra, se ofrece el testimonio de un ex empleado de un pozo extractivo que se ríe de que el gobierno diga que sí están “bien regulados”. “Sí, uno o dos, pero el resto, el 95%, no lo están. Yo he visto lo terrible que son esas fugas. ¡Allí, en la montaña, eran cientos de galones y galones de un líquido rojizo, corrosivo, que salían, se regaban en la cima, y luego resbalaban por las laderas! Mentira que estén reguladas”.

Pero, como señalé antes, no sólo la preocupación de los ambientalistas y los científicos que estudian el problema son los químicos, sino que además el agua desechada está contaminada también con sustancias radioactivas, como el radio 226, el cual se ha comprobado que existe en grandes cantidades en los depósitos de esquisto. Al respecto, Northrup señala que “el radio es una sustancia radioactiva, mortal, cancerígena, y el nivel que existe en Marcellus es 267 veces mayor al que el ser humano puede tolerar, o sea, que lo puede matar. También existe evidencia de que esos depósitos son ricos en uranio y otros compuestos radioactivos. Como dije, el radio es carcinógeno, así que todos esos materiales se están llevando a la superficie cuando hay derrames y eso va a ocasionar terribles consecuencias, pues se está contaminando el medio ambiente con sustancias que antes no existían allí”.

Sin embargo, a pesar de todas la evidencias en contra de la explotación del gas natural de esquisto, los políticos, así como las empresas dedicadas a eso, han realizado una intensa campaña a favor de esa energía, señalando que es “una panacea para Estados Unidos, la cual ofrece un combustible que es tanto más limpio, así como más seguro que depender de fuentes externas de energía”. Y, en efecto, Obama está enfatizando mucho que el gas natural de esquisto es el futuro de Estados Unidos y que las reservas con que el país cuenta durarán más de un siglo. Además, en sus discursos agrega que así Estados Unidos ya no dependerá de inestables países, como los árabes, para proveerse de energéticos. Este factor, sobre todo, la baja o nula dependencia del petróleo importado, es el que ha alimentado más el factor nacionalista que está impulsando que casi todos los estadounidenses estén de acuerdo en la explotación de dicho gas, ignorando o minimizando los graves daños y riesgos que se están gestando o ya existen. Incluso, muchos sectores industriales han llegado más lejos, al afirmar que Estados Unidos va a convertirse de importador a exportador de energéticos. Y en medio de la actual crisis económica, la posibilidad de recibir ingresos extras que la mitiguen, de generar empleos, pues es otra sobrevalorada y exagerada razón para darle con todo a la explotación del gas de esquisto.

Sin embargo, a pesar de tanta alharaca, el profesor Ingraffea no está de acuerdo. “Hablando de los usos, el petróleo y el gas natural no son intercambiables. El petróleo se usa mayoritariamente para el transporte, en tanto que el gas natural se emplea para la industria, la calefacción y las estufas. Mientras no se demuestre que existe un plan energético nacional, que ya tenga contemplado cómo se va a convertir todo nuestro sistema de transportación para que emplee gas natural, ese argumento es vacío” (en México, se emplea al gas LP, en efecto, como combustible para los autos, pero no el gas natural, pues aquél tiene más contenido energético y calórico que el natural. Eso se hizo porque antes era más barato el gas LP que la gasolina, pero el fuerte incremento que ha sufrido su costo desde entonces, ya no lo hace tan atractivo).

Y también apunta el profesor que aunque la combustión del gas natural es más limpia que otros combustibles, no es más limpio considerando su ciclo de vida. “Se están realizando estudios que demostrarán que ese gas, en términos de producción de bióxido de carbono y metanol, es tan o más contaminante que el mismo carbón”. Eso lo señala el profesor porque Estados Unidos sigue dependiendo bastante del contaminante carbón para producir electricidad, pues más de la mitad de aquélla la obtiene de viejas plantas carboeléctricas. Y eso seguramente se obtiene al incluir en la ecuación todo lo que se requiere para extraer el gas natural de esquisto, desde la energía necesaria para perforar un pozo, para inyectarle agua contaminada, para extraerla, los cientos de miles de tráileres que lo transportarán o los gasoductos que se vayan a construir. Sumado todo eso, afirma el profesor Ingraffea, el gas natural de esquisto es más contaminante que el carbón.

Y también le preocupa que ya se esté generalizando la explotación de los mantos de esquisto por todo el mundo, pues, como señalé, estudios muestran que hay grandes yacimientos en muchos lados. “Me preocupa que ya se esté empleando esta tecnología demasiado rápido, sin tomar en cuenta todos los problemas que ocasionará al medio ambiente y a la salud humana”, declara, consternado.

Pero, claro, como ya señalé, la propaganda política destinada a convalidar la explotación de dicho gas es enorme y es de esperarse que logre justificar que se haga en Europa, en Asia, en India… en todos lados (en México, por ejemplo, se tienen evidencias de grandes yacimientos en el norte del país, pero las limitaciones en ese caso serían por la poca agua con que se cuenta, además que las frecuentes sequías la vuelven mucho más escasa, así que sería, pienso, impráctico explotarlo, claro, a menos que Estados Unidos quisiera “colaborar” para hacerlo, y entonces, sí, quizá hasta desalinizar agua de mar se les ocurriría, con tal de hacerlo).

Además, las compañías energéticas han sido muy obstinadas en proporcionar la información sobre cómo se desecharán todos los compuestos químicos que se emplean tan sólo en un solo pozo, más de 285,000 litros, así como 19 millones de litros de agua que se contamina irreversiblemente. Tales empresas se escudan en el Acta de Política Energética, aprobada durante la administración de George Bush, muy buen amigo de las corporaciones, que no las obligaba a hacerlo. Sin embargo, en septiembre del 2010, ocho empresas tuvieron que revelar qué químicos se emplean para el fracking, a petición expresa de la EPA (Environmental Protection Agency). Fueron las compañías BJ Services, Complete Production Services, Key Energy Services, Patterson-UTI, RPC, Inc., Schlumberger, Superior Well Services, Weatherford y la nefasta Halliburton (sí, la que tiene fuertes intereses petroleros por todo el mundo, sobre todo en el invadido Irak). Halliburton, la empresa que comenzó con ese contaminante sistema, señaló que se emplean los siguientes muy tóxicos químicos: 2-butoxietanol, etilhexanol, formaldehido, glutaraldehido, ácido bórico, glicol de etileno, metanol, monoetanolamina, dazomet, anhídrido acético, isopropanol, alcohol propargílico, 5-cloro-2-metil-4-isotiazotina-3-uno, diesel y bicarbonato de sodio, a lo que hay que agregar las aún más tóxicas y fatales sustancias radioactivas, mencionadas antes, tales como el radio 226 y el uranio, que salen junto con los químicos descritos en el agua desechada.

Esos químicos y sustancias radioactivas ocasionan enfermedades tales como cáncer de huesos, hígado y mama, males circulatorios, respiratorios y gastrointestinales, así como desórdenes en el desarrollo del sistema nervioso y cerebral, entre otros.

Y dígase lo que se diga, a pesar del “bonito panorama” que se ha tratado de presentar en relación a la explotación de ese energético, esas sustancias terminan contaminando las fuentes de agua limpia, así como el aire. Como se señaló, puesto que se emplea más agua que la que puede procesarse, la desechada se almacena en depósitos hechos en terrenos, antes agrícolas, que están por todas partes, desde Pensilvania, Nueva York, Virginia Occidental y Ohio, como se muestra en el documental. Se insiste en lo irónico que resulta que Nueva York, estado que se opone al fracking, respondiendo quizá a obscuros intereses de las empresas energéticas, permita que en su territorio se deseche el agua contaminada, mucha con altos niveles de radiación y que ni siquiera ordene que se analice antes de ser vaciada a los depósitos que tiene para tal fin o que de allí se lleve a los sitios en donde se le da “tratamiento” (pero esa agua, aunque sea tratada, no sirve ya para el consumo humano, como dije antes, sólo se vuelve a emplear en el fracking). Además, considérese que el empleo intensivo de agua en un mundo cada vez más sediento y necesitado de ella es verdaderamente aberrante, pues además es agua que ya no servirá para el consumo humano (ver en este mismo blog mi artículo “El agua dulce: cada vez más demanda y cada vez más escasa”, en donde analizo ese grave problema de un mundo cada vez más sediento).

Un problema adicional, que no se menciona en el documental, es que mucha del agua desechada, al ser imposible tratarla o almacenarla en depósitos superficiales, a alguien se le ocurrió, desde hace algún tiempo, reinyectarla en profundos depósitos subterráneos. Esa absurda, irresponsable forma de deshacerse de ella, ocasiona dos graves problemas. Por un lado, dicha agua contaminada va lentamente trasminándose entre las capas rocosas y sedimentarias que la contienen, hasta llegar al mar, al que contamina, más de lo que ya está de contaminado, pero con químicos mucho más peligrosos o con las mencionadas sustancias radioactivas. Es un método, la reinyección, usado en muchos lados, en efecto, pero que está ocasionando cada vez más problemas de contaminación marina, dañando irreversiblemente muchos importantes ecosistemas, como los arrecifes de coral, vitales para la cadena alimenticia. Hay que señalar que más de la mitad de nuestros alimentos, provienen del mar (en el siguiente video se puede ver el problema que la reinyección de aguas negras, menos dañinas, ocasiona en Hawái: http://www.youtube.com/watch?v=iDAse0NjMno).

Por otro lado, el U. S. Geological Survey (USGS), ha realizado estudios recientes que correlacionan tanto al fracking, así como a la reinyección de agua contaminada ¡a la ocurrencia de temblores de magnitud media, de alrededor de 4! Por ejemplo, se registraron varios temblores, debidos a la acción del hombre, en el condado de Youngstown, en el estado de Ohio, lugar que se encuentra cercano a los cientos de pozos que actualmente están explotando el depósito Marcellus. La respuesta que dio el USGS ante la inquietud de habitantes del lugar es que “Existe una creíble conexión entre las actividades requeridas para la reinyección del agua de desecho y los recientes temblores, incluyendo el de magnitud 4, que ocurrieron en la noche del año nuevo del 2011. La conexión se basa en la cercanía de los temblores al pozo de reinyección y que además aquéllos tuvieron lugar justo después de los procedimientos de reinyección”. Y es que el mismo USGS ha declarado que el método de fracking tiende a debilitar las capas geológicas al justamente fracturar piedras y sedimentos, lo que lleva a un debilitamiento de las capas superiores y a movimientos de las mismas. Como “consuelo”, señala que la misma tendencia se observa en el mundo con respecto a la explotación de los mantos petroleros, pues la extracción hasta la última gota, digamos, de crudo, deja oquedades en el subsuelo que ceden a las tensiones de las capas geológicas que lo contenían, dando lugar a movimientos y subsecuentes temblores (quizá eso explique por qué últimamente en todo el mundo ha habido temblores de distinta magnitud. Probablemente algunos de ellos, como declara el USGS, se deban a la nefasta acción del hombre).

Así pues, esos son los inconvenientes ocasionados por esa peligrosa y contaminante explotación del gas natural de los depósitos de esquisto… y los que aún irán surgiendo con el tiempo.

A pesar de ello, Estados Unidos seguirá con sus planes de autosuficiencia energética, sobre todo porque el precio del gas natural de esquisto ha bajado bastante y que el precio del petróleo está subiendo demasiado, debido a que se están agotando muchos yacimientos (como el de Cantarell, en México). Por ejemplo, en el 2008, mil pies cúbicos de gas natural costaban $13 dólares. Hace una década, que comenzó a explotarse el gas de esquisto, éste contribuía con menos del 2% de los requerimientos estadounidenses de gas natural. En la actualidad, constituye casi un tercio. Como la cuarta parte de las plantas generadoras de electricidad en Estados Unidos lo hacen con gas natural, su abundancia y baratura, por ahora, han logrado que la electricidad también sea barata (en costo, claro, pero no en impacto ambiental). Así, en la actualidad, cuesta sólo diez centavos de dólar producir un kilowatt-hora (considerando que un hogar estadounidense emplea, en promedio, 10000 kilowatt-hora al año, eso reduce su cuenta eléctrica a 1000 dólares, unos 83 dólares mensuales, por lo que sería una razón más para que la gente en Estados Unidos esté feliz y no proteste por los problemas ambientales y de contaminación provocados por ese energético. Recuérdense las airadas protestas que en el año 2000 tuvieron lugar cuando la ya extinta empresa productora y distribuidora de electricidad, Enron, provocó fuertes escándalos por los altísimos cobros de energía eléctrica que de repente comenzó a facturar tanto a empresas, así como a los hogares y que si no pagaban, les suspendía el servicio).

Por tanto, a pesar de tantas desventajas, las que rebasan a las ventajas, Estados Unidos y el resto del mundo están decididos a disfrutar nuevamente de energía muy barata, pero muy contaminante y a seguir destruyendo lo que nos queda del deteriorado medio ambiente de este muy seriamente devastado planeta.

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Alcohol para la resaca

Carlos Miguélez Monroy (CCS)

El petróleo como asunto de seguridad nacional en Estados Unidos se remonta a finales de los años ‘40 del siglo pasado. La campaña militar en apoyo de los aliados y la reconstrucción de una Europa devastada por la guerra habían agotado algunas de las reservas en Estados Unidos, que convirtió el petróleo en motor de la economía de la posguerra y del American way of life.

Entre los años ‘50 y finales de los ‘70, el petróleo proveniente del extranjero que se consumía en Estados Unidos pasó del 10% al 45%, sostiene el profesor Michael Klare en Blood and Oil. How America’s Thirst for Oil is Killing Us. Aumentó la producción nacional, pero también el ritmo de consumo y el nivel de vida de los estadounidenses. En 1998, más de la mitad del petróleo que sostenía el sueño americano provenía del extranjero. Esta dependencia pasará del actual 60% a un 70% en 2025, según el Departamento de Energía. La sed de petróleo aumenta en otros países ricos que han hecho suyo el frenesí consumista de coches y electrodomésticos que contaminan, de ropa y de un estilo de vida que depende cada vez más de transportes basados en el petróleo.

La mayor parte de las reservas capaces de satisfacer el consumo de Estados Unidos, de Europa y de los países industrializados proviene de Arabia Saudí, Irak, Irán y los Emiratos Árabes. Klare señala las ambiciones energéticas como principal motivo de los distintos gobiernos desde Dwight Eisenhower para ayudar a la familia real de Arabia Saudí a mantenerse en el poder a cualquier precio: venta de armamento y de servicios de espionaje para aplastar a la oposición o el derrocamiento de Saddam Hussein, considerado una amenaza para Arabia Saudí, principal productora y abastecedora de petróleo de Estados Unidos y del mundo occidental. Y de fondos para grupos terroristas. Los dirigentes estadounidenses han demostrado que el control de las reservas de oro negro está por encima de su “guerra contra el terror”.

Los países ricos buscan alternativas en África, América Latina, la zona del Mar Caspio y de las antiguas repúblicas soviéticas ante la creciente inestabilidad de Oriente Medio. Pero esas “alternativas” presentan nuevos obstáculos, sin haber resuelto los ya conocidos. Muchas de estas reservas resultan inaccesibles por el aumento del consumo local de países como Colombia, México y Venezuela. La legislación en los dos últimos impide además la extracción de materias primas por parte de empresas extranjeras. En el caso de otros países con reservas significativas, no muchos inversores se animan ante una falta de infraestructuras y de seguridad jurídica, sumada a una corrupción generalizada.

Desde hace unos años, la competencia por nuevas reservas ha contribuido al crecimiento económico de Angola, pero también a los sobornos, asesinatos y torturas de activistas en Nigeria. El supuesto derecho que reclaman algunos países emergentes para alcanzar el nivel de desarrollo de los países ricos aumenta la presión por estas “nuevas” reservas.

A estas alturas, no se puede ignorar el papel que jugaron las tecnologías basadas en los combustibles fósiles en la revolución de la industria que contribuyó al aumento de nuestras expectativas y nuestra calidad de vida. La máquina de vapor permitió transportar en grandes cantidades el carbón, base de la industria textil. También de la producción de acero y la industria pesada, las carreteras y los transportes oceánicos de alimentos, la producción de grano y de carne, la refrigeración de productos perecederos, grandes sistemas de bombeo de agua. Pero la humanidad se acomodó ante semejante crecimiento y bienestar al basar toda su actividad económica en una materia contaminante, perecedera y que no podía estar distribuida de forma equitativa entre los países.

La dependencia del petróleo provoca guerras, contaminación y catástrofes “naturales”, represión de movimientos populares, inestabilidad política y social. Los precios de los alimentos van de la mano con el encarecimiento del petróleo, de los transportes y de los fertilizantes que facilitan la producción. Las hambrunas de años recientes se asocian a esta inestabilidad en los precios y a la explosión demográfica. Todo este desastre ilumina un camino distinto al que señalan nuestros dirigentes cortoplacistas y al que impulsó el despegue el siglo pasado.

Carlos Miguélez Monroy es periodista, coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS).

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Calleja: “En YPF hay que hacer la gran Evo Morales”

FUNDACION ILLIA

El subsecretario de Combustibles de Alfonsín dice que debemos expropiar todo y rehacer los contratos.

El 15 de noviembre de 1963 el presidente Arturo Illia firmó dos decretos que anulaban contratos de locación con petroleras extranjeras con YPF, acordados durante el gobierno de Arturo Frondizi por “vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación”. El mandatario criticado por los medios de comunicación por su “lentitud” había tomado esa decisión porque entendía que en lugar de locación se había hecho una concesión para la extracción de petróleo del suelo argentino. Lejos de dichas acciones pero encaminado hacia la recuperación de YPF del desastre económico y social que significó la privatización de los yacimientos petrolíferos fiscales, el gobierno de Cristina Kirchner expropió el 51 por ciento de la empresa a la española Repsol, proyecto que se convirtió en ley con un fuerte respaldo el pasado 3 de mayo. A propósito de este tema, el último lunes Gustavo Calleja, subsecretario de Energía durante el gobierno de Raúl Alfonsín, presidente de la Fundación Arturo Illia y vicepresidente del Movimiento para la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (Moreno), brindó una conferencia en la sede de la Universidad Nacional de Rosario sobre “Los recursos energéticos de la Argentina”, y en especial sobre el “Caso YPF”. En una entrevista previa con El Ciudadano, Calleja se explayó sobre el tema.

­¿Qué piensa de la expropiación de YPF?

-Yo no estoy totalmente de acuerdo. Me parece que se quedaron cortos porque ya, con esto tenemos el 30 por ciento del mercado. Falta el 70 por ciento que está en manos de empresas como Chevron, Petrobras y Panamerican Oil porque también hay que revisar esos contratos. En YPF hay que hacer la gran Evo Morales, hay que decirles: “Bueno muchachos estos contratos no van más”. Hay que hacer nuevos contratos donde ellos ganen y nosotros también. Acá falta hacer denuncias penales sobre los daños ambientales. Los que autorizaron las exportaciones también deben ser investigados. Todos los que contribuyeron al vaciamiento de la Argentina. Y habrá que investigar el tema de Enrique Eskenazi (accionista de YPF que fue cercano a Néstor Kirchner). Todo tendrá que tener una investigación. Porque acá hay daños, daños muy grandes. El país fue vaciado. Después hay que salir y conseguir recursos para crear empresas productoras de energía eléctrica con instalaciones de plantas hidroeléctricas, nucleares, y también desarrollar el tema del carbón. Con el gas, hay que seguir con la exploración para ver si tenemos suerte y podemos cortar con la importación y poder autoabastecernos. El autoabastecimiento se perdió porque no se hizo exploración. A la empresa que no invirtió e incumplió con la ley de hidrocarburos habrá que echarla y habrá que quitarle la concesión. Que se hagan contratos con participación. A mi me parece que es muy importante que pertenezca al Estado nacional para que desaparezcan las empresas productoras. Además, quiero que todas las provincias participen de la renta porque todas contribuyeron al desarrollo de los yacimientos. Por eso fue muy importante el voto del senador Rubén Giustiniani. Es muy importante que todo el petróleo sea de todos los argentinos porque todos lo descubrimos a través de YPF y todos pagamos impuestos para que la empresa se desarrollara. Si en 1989 teníamos 40 años de reservas de gas y casi 20 años de petróleo fue porque todos los argentinos pusimos para ello. No puede ser que sea manejado por gobernadores que después aparecen con candidaturas como la de Jorge Sobisch, Mario Das Neves o el mismo Kirchner. ¿De dónde sacaron la plata para pagar la campaña?

Ahora tienen la posibilidad de volver a tener lo que era antes: el petróleo es un bien estratégico y no un bien de mercado. Eso requiere una manifestación del Estado nacional que se haga cargo de todo. De las inversiones y de los precios, para que todos tengamos los mismos precios desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca. Que se hagan las inversiones, que sean claras y de a poco podremos salir del desastre que nos dejó la política de reemplazar el Estado por la cuestión de mercado. Que la impuso Carlos Menem y la sostuvieron los que vinieron después.

-¿Qué piensa del nuevo gerente de la empresa, Miguel Galuccio?

-No lo conozco pero pienso que ha trabajado con (Roberto) Monti a quien conocí en YPF. Conoce la empresa pero las cosas se ven cuando caminan. Es un hombre del sector y eso es importante.

-¿Se podrá recuperar YPF?

-Siempre se puede recuperar. Pero hay que hacerla crecer. Yo no soy el gobierno y estas son ideas que me surgen a partir de mi experiencia. A los contratos que representan el 70 por ciento de la producción de hidrocarburos hay que sacarlos de la categoría de concesión y que pasen a trabajar para YPF con contratos de locación y de servicio. Y que YPF se quede con todo el crudo nacional que se produzca. De esa forma a lo mejor mejoramos un poco la producción y nos dedicamos a mejorarla para el futuro. Tenemos que eliminar la importación, por lo menos eso se termina con inversiones muy fuertes. Hay que hacer por lo menos dos o tres “chocones” por año (en referencia a la represa El Chocón), con 5.000 millones de dólares puestos. Toda esa plata es la que se llevaron para el exterior a partir del gobierno de Carlos Menem, y eso es lo que no se invirtió. Por eso no hay represas nuevas, plantas nucleares nuevas, y esa energía de bienes no agotables es la que tiene que reemplazar el crudo y el gas que es la ecuación dominante en la Argentina y que hoy por hoy nos trae problemas.

-Con una inversión de 5.000 millones ¿cuánto tiempo se demoraría en levantar la empresa completar el autoabastecimiento?

-Eso es a largo plazo. El Chocón es una represa que se hizo en dos años. El tema es que ahora no hay nada en construcción. La central nuclear Atucha II está ahora en prueba y falta un año para que sea puesta en funcionamiento. Por eso, ya tenemos que pensar en Atucha III y tenemos que pensar también en Paraná Medio y en las represas del sur. Está bien que las hagan, el tema es de dónde salen los recursos.

Estenssoro, vaciamiento y rearme; temas para ver

Gustavo Calleja propuso un conjunto de culpables del derrumbe de YPF. Sin embargo y además de Carlos Menem, el principal responsable para el ex funcionario de Energía del gobierno alfonsinista fue Pepe Estenssoro, padre de la actual senadora de la Coalición Cívica-ARI, María Eugenia Estenssoro, quien se abstuvo de votar a favor de la expropiación de la petrolera argentina.

“El daño que se le hizo a YPF con el amigo Pepe Estensoro que echó a 50 mil trabajadores a la calle, técnicos de un valor inmenso. Cinco mil de Gas del Estado que no se pueden recuperar. Cerrar un laboratorio como el que tenía la empresa y desmantelarlo. Había 1.500 trabajadores de primer nivel en el mundo. Eso no se recupera más, cómo formarlo. La empresa formaba a su gente desde la época del general Mosconi y tenía los mejores técnicos del mundo, buscados por todos lados. Bueno, eso hoy no está. Son viejos, se murieron, algunos se suicidaron y eso no se puede arreglar. Además no tenemos recursos. Pienso que además hay que hacer un contrato muy clarito, muy público con una empresa que lo pueda hacer”. Incluso, la palabra que sintetiza la historia reciente de YPF, para Calleja es “vaciamiento”. “Acá hay un vaciamiento, acá se llevaron todo. Para decirlo en términos populares: se afanaron toda la guita y se llevaron todo. Exportaron, desarrollaron brutalmente los yacimientos, declaraban lo que querían por declaración jurada porque nadie controlaba nada. Y ahora de golpe descubrimos que estamos en la lona. Esto no se recupera así nomás. Eran 5 o 6 mil millones por año lo que estas empresas enviaban al exterior”, sostuvo.

Por todo esto, Calleja afirma que las ganancias del petróleo se deben reintroducir a la economía nacional y no caracterizar al petróleo como un bien de mercado sino como un recurso estratégico.

“Hay que destinar petróleo a la población, a las destilerías, y dinero para construir represas. Ellos tienen que hacer un plan porque si realmente están convencidos que el petróleo es un bien estratégico, hay que hacerlo bien. Si vamos a volver al mercado, si vamos a tomar como ejemplo a Estensoro que fue el vaciador de YPF, que la regaló a 19 dólares la acción, que la tasó sin el ánimo oficial del Estado con la agencia financiera norteamericana Merril Lynch. Eso es como elogiar a Frondizi que mintió con el logro del autoabastecimiento y pagaba el petróleo más caro en dólares. Tenemos que armar un programa nacional”, dijo.

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Argentina, Catamarca: Tras la represión, vecinos de Tinogasta siguen con el bloqueo a camiones de La Alumbrera

FARCO - ACTA

El sábado pasado, en Catamarca la policía reprimió y metió presos a vecinos de Tinogasta que participan del bloqueo contra camiones de la minera La Alumbrera. La medida de protesta se realiza desde enero de este año y no es un corte total sino que sólo se impide el paso a los camiones con insumos para esa empresa sobre la ruta nacional 60.

En declaraciones a Informativo FARCO, Rosa Andrada, vecina de Tinogasta, aseguró que van a seguir con el bloqueo y aseguró que la agresión a los pobladores demuestra que “los que tienen el poder son las empresas mineras”.

Los vecinos golpeados y detenidos el sábado por policías que custodiaban un camión con destino a la minera fueron Eduardo Argañaraz, Darío Moreno y Ezequiel Coch. Rosa Andrada contó que “la mayoría de la gente estaba en el bloqueo que tenemos establecido con la carpa y demás, pero hay un camino alternativo que queda a una distancia de 500 metros o un poco más” y los tres vecinos “se iban a proteger esa entrada, cuando se encuentran con los camiones y con la policía que venía adelante”.

Cuando se encontraron “se bajaron los policías, todos armados, con palos y los levantaron, los golpearon, los esposaron en el suelo, la cara contra el asfalto y los subieron a un móvil policial”. Según la vecina “los secuestraron y por dos horas nadie podía saber donde estaban” y luego los liberaron “porque nosotros fuimos a manifestarnos frente a la comisaría”.

Además contó que “para que no los reconocieran, cuando ellos querían levantar la cabeza los golpeaban con los palos, les tiraban gas pimienta, tienen los ojos muy irritados, y les daban patadas durante el viaje, fue una tortura”.

La integrante de la Asamblea de Tinogasta opinó que “es claro, es más que evidente, que acá los que tienen el poder son las empresas mineras” y que “los tres poderes que representan al pueblo no es nuestro, es de ellos”. Consultada sobre la continuidad del bloque selectivo, Andrada aseguró que “nosotros seguimos, anoche tuvimos una reunión amplia, fue muchísima gente, mucha gente que antes no se mostraba y que se muestra ahora porque les duele la violencia”. En ese sentido agregó que “la verdad que casi todos están con nosotros, lo que pasa es que no se muestran porque les meten miedo y esta es una forma de infundir el miedo”.

Con respecto a los beneficios de la minería a cielo abierto en la provincia y a los años que lleva la empresa operando, la vecina aseguró que “acá progreso no se ve para nada, hace 13 años que funciona La Alumbrera y Catamarca es la provincia más pobre”. Además expresó que “contaminan el agua, gastan 100 millones de litros de agua por día para hacer el proceso, los recursos naturales no son nuestros, son de las empresas foráneas”.

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Argentina, Tucumán: Docentes y estudiantes de la Universidad Nacional se declaran en contra de la minería a cielo abierto

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

“Como miembros de una institución educativa pública, asumimos el compromiso social y ético de acompañar el reclamo de las asambleas populares, repudiando el extractivismo que sólo busca la maximización de la ganancia a costa de la pérdida de los derechos más elementales de las poblaciones. “, afirman a COPENOA los docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán.

Los abajo firmantes, docentes, estudiantes, egresados, no docentes, y demás miembros pertenecientes a la Universidad Nacional de Tucumán, comprometidos con la misión universitaria de cultivar los saberes de las humanidades, las ciencias, y las artes; y convencidos, a la vez, de nuestra vocación de servicio a la comunidad nacional a la que pertenecemos, en salvaguarda de los bienes naturales, materiales y culturales, declaramos:

1. Que la explotación minera a cielo abierto es una actividad que pone en crisis la biodiversidad por la elevada contaminación que acarrea; por el uso intensivo de recursos escasos como el agua y la energía, y por la altísima depredación de la geografía, el paisaje y las vías de transporte.

2. Que esa actividad se realiza con inexplicables ventajas económicas y tributarias, a favor de empresas megamineras transnacionales. En tiempos en que la presión impositiva avanza sobre el patrimonio de los ciudadanos, la explotación de los recursos naturales mineros se realiza en condiciones de expoliación y saqueo.

3. Que la completa desvinculación con el aparato productivo nacional, el claro detrimento de otras actividades económicas, la escasa mano de obra directa que emplea y la continuidad de la pobreza y el clientelismo como forma de sustento, son algunas de las causas que justifican el rechazo popular al actual modelo minero vigente en nuestro país, expresado en diferentes ciudades del norte argentino como Famatina, Belén, Tinogasta y Andalgalá. Rechazo que alcanza, por otra parte, a políticos, universitarios y otros funcionarios municipales, provinciales y nacionales que son cómplices de dicho saqueo.

4. Repudiamos que este proceso de expresión popular no sea escuchado por los gobiernos provinciales que dicen representarlos, ni tampoco por las autoridades universitarias; y rechazamos asimismo su actitud de connivencia con las mineras, negando y tergiversando información o adulterando informes con el fin de dar vía libre a la explotación perversa de recursos que nos pertenecen a todos los argentinos.

5. Reivindicamos que -haciéndose eco del debate abierto en torno a este tipo de explotación- una importante cantidad de unidades académicas y casas de estudio hayan rechazado los fondos que por ley Minera La Alumbrera –YMAD destina al sistema universitario nacional.

6. Como universitarios tucumanos –de la universidad nacional y pública- afirmamos además que, a pesar de las importantes sumas de dinero que la Universidad ha recibido de ese emprendimiento minero, uno de los más grandes de Latinoamérica, ninguno de sus problemas estructurales ha sido solucionado. Al tiempo de esta declaración, la UNT atraviesa una nueva crisis económico-financiera con un inexplicable déficit operativo.

7. En ese marco referencial, es dable destacar que -transgrediendo en muchos casos las normas de administración financiera del estado- esos fondos sólo financiaron obras menores con sobreprecios escandalosos, actualmente investigados por investiga la justicia federal. Idénticas consideraciones pueden realizarse sobre las “inversiones” en cuevas financieras que la Universidad ha realizado con fondos provenientes de la explotación minera, que también están siendo investigados por la justicia.

8. Se configura así un marco en el que las condiciones de saqueo de los recursos naturales de nuestro país aparecen rodeadas, en nuestra Alta Casa de Estudios, de injustificables hechos de corrupción que atentan, desde el interior de la UNT, contra el legado de Abel Peirano a nuestra universidad.

9. Exigimos que estos legítimos reclamos sean prolijamente considerados por el gobierno nacional y las autoridades universitarias, de manera de revertir la actual política de promoción y estímulo a la instalación de proyectos de megaminería.

10. En consonancia con el reclamo popular de las localidades movilizadas, nos manifestamos enérgicamente en contra de la instalación y continuidad de estos megaproyectos mineros a cargo de grandes empresas extranjeras, en tanto atentan contra cualquier tipo de desarrollo popular autónomo; se apropian de la renta colectiva; niegan los valores culturales de las comunidades originarias y ponen en riesgo todo tipo de vida; saqueando nuestros recursos y dejándonos la contaminación.

11. Como miembros de una institución educativa pública, asumimos el compromiso social y ético de acompañar el reclamo de las asambleas populares, repudiando el extractivismo que sólo busca la maximización de la ganancia a costa de la pérdida de los derechos más elementales de las poblaciones.

12. Exigimos un modelo económica y ambientalmente sustentable de producción y desarrollo, que garantice una razonable distribución de sus frutos no sólo para la presente generación de argentinos, sino también para las futuras. Repudiamos el actual modelo extractivista que sólo pone énfasis en el lucro, con el agravante de las probadas ventajas comparativas sin riesgo empresarial con que cuentan las empresas trasnacionales para realizar tareas que están prohibidas en sus países de origen.

13. Por ultimo, manifestaron a COPENOA, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, gremiales y políticas que sientan orgullo de pertenecer a nuestra universidad, y estén dispuestas a coordinar acciones conjuntas para detener estos emprendimientos y promover un modelo productivo nacional sustentable, construido en consonancia con las expresiones populares que bregan democráticamente por un presente y un futuro mejor para el pueblo argentino. Los universitarios tucumanos abajo firmantes consideramos una obligación moral defender el rico patrimonio de la UNT puesto en riesgo por las políticas universitarias aquí cuestionadas. Ramón Eduardo Ruiz Pesce, Juan Carlos Diaz Ricci, Myrian Genisans, Roberto Pucci, Ramón Eudal, Rodolfo Burgos, Roberto Buffo y muchos más.

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Argentina: Ingenio Ledesma, su vida ahora empieza a no ser tan dulce

Emilio Marín (LA ARENA)
Después de muchos años, el Ingenio Ledesma tiene a dos de sus directivos citados a declarar y sin poder salir del país. No es mucho precio por tantos delitos que se le imputan, pero es algo. Su vida ya no será tan dulce.

Hasta fines de 2011 Jujuy ostentaba un triste récord: no se había celebrado ningún juicio oral ni público, y tampoco por el viejo Código ("por escrito") por violaciones a los derechos humanos. Un nítido contraste con el resto del país, donde las causas eran elevadas a juicio y, sin la velocidad deseada por los organismos de derechos humanos, finalmente había audiencias y condenas.

En abril de ese año la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento por Delitos de Lesa Humanidad de la Procuración de la Nación, que dirige Jorge Auat, expresó: "El avance procesal de todas estas causas (en Jujuy) ha sido obstaculizado desde un inicio por la inacción y la denegación de los pedidos fiscales por parte del juzgado federal a cargo de Carlos Olivera Pastor". Además de apuntar contra ese magistrado, se consideraba que había complicidad para ese retardo de la Cámara Federal de Salta.

Además de esos poderosos bolsones o algo más, extendidos en la justicia de Jujuy, en el enorme retraso de esos procesos influía el poder económico de la región. Es que en aquellos no había sólo imputaciones contra militares y policías, como ocurre en el resto del país. También las había contra directivos del Ingenio Ledesma, un monopolio de prosapia oligárquica con vasos comunicantes con distintos gobiernos que se alternaron en la provincia y el país, incluido el actual.

El Apagón

Olivera Pastor no quería ir contra semejante empresa, que tiene tres causas, adormecidas hasta fines de 2011 y principios de 2012, esto sin contar su implicancia en la represión policial que causó cuatro muertos en julio de 2011.

De la época de la dictadura militar, la más conocida, es la del "Apagón" de julio de 1976, cuando los efectivos de Gendarmería y Ejército secuestraron a 400 personas, al amparo de la oscuridad de un apagón donde tuvo que ver la empresa. Esta también proporcionó listas de empleados díscolos, las camionetas y agentes de seguridad. Los secuestros se produjeron en el área comprendida entre Calilegua y Pueblo Libertador San Martín (Ledesma); sus víctimas fueron llevadas a sedes policiales, torturadas y una parte liberada, aunque 55 desaparecieron en esa "noche y niebla" del nazismo.

Otra causa es por la desaparición de cinco ciudadanos de Jujuy, entre ellos el médico Luis Arédez, ex intendente de la localidad en 1973, quien cometió el horrible delito de cobrarle impuestos por vez primera al Ingenio fundado en 1908. Aredez fue primero secuestrado en Jujuy tras el golpe y blanqueado como preso político en Buenos Aires, para ser posteriormente liberado. Poco después fue otra vez secuestrado y desaparecido. Las otras víctimas en esta causa son Antonio Filliú, Ramón Luis Bueno, Omar Gainza y Carlos Alberto Melián.

Los caminos conducen a Blaquier

El blindaje jurídico por décadas no les alcanzó a los dueños del azúcar para toda la vida. Las protestas de los organismos de DDHH y del fiscal Auat ayudaron al progreso de las causas, que ya en 2009 había impulsado el fiscal Domingo José Batule. En la del "Apagón" había pedido indagar al ex administrador Alberto Lemos y el jefe de Relaciones Públicas, Marcos Paz, el mismo que en el documental de Eduardo Aliverti, "Sol de noche", había admitido, como si fuese un mérito, haber cesanteado a más de 10.000 trabajadores en esos años dictatoriales.

Lamentablemente, hasta principios de 2012 el bloqueo del juez Olivera Pastor pudo más, aunque le valieron denuncias ante el Consejo de la Magistratura y un apartamiento.

El juez que lo subrogó en ese Juzgado Federal número 2, Fernando Poviña, dio nuevo empuje a las actuaciones. En 2011 había muerto Paz, así que la citación a indagatoria la mantuvo para Lemos y nada menos que para Carlos Pedro Blaquier, el dueño de la gran empresa. Esto significó un vuelco espectacular en el expediente y un acto de estricta justicia demorado 36 años.

Rendir cuentas

Era hora que estos monopolistas rindieran cuentas, como en marzo de 2011 reclamó en sede judicial Adriana Arédez, hija del médico desaparecido y de Olga Márquez de Arédez, la madre de Plaza de Mayo que animó todos esos años las marchas de los jueves en Ledesma y las Marchas del Apagón. Ella también fue víctima del monopolio pues en 2004 falleció de cáncer de pulmón provocado por bagazosis, una enfermedad derivada de aspirar el aire contaminado por la quema del bagazo de caña, especialidad de la casa Ledesma.

De la complicidad con la dictadura hay suficientes pruebas en esas actuaciones por el "Apagón" de 1976, pero también de antes, como se verá en el caso del detenido y desaparecido Jorge O. Weisz, y a posterioridad. En un par de libros se incluyó la carta que Blaquier le dirigió a su amigo José A. Martínez de Hoz donde da cuenta de entrevistas con directivos de medios extranjeros que lo invitan a poner dinero y publicar en el Time un artículo a favor de la dictadura. Todo eso había sido tramado por Martínez de Hoz con la crema de los monopolios, incluido su amigo azucarero, quien en la carta ratifica su "profunda admiración" por "Joe" y el plan económico de entonces, aplicado con terrorismo por el general Videla.

El juez Poviña ha citado a declarar a Lemos el 17 de mayo próximo y a Blaquier el día siguiente, y entre tanto les ha prohibido salir del país, en la causa por el secuestro y torturas sufridas por el doctor Arédez y los otros cuatro jujeños. La decisión judicial equivale a mojarle la oreja al monopolio y ha sido celebrada en el noroeste y el país, incluso en el extranjero pues ante el retraso judicial el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales se presentó en 2011 como "amicus curiae".

Clase contra clase

Era hora que Blaquier sea sentado en el banquillo de acusados, como ocurrirá el 12 de julio próximo cuando Jujuy debute con un juicio. Hasta ahora no fue importunado por su participación activa en los delitos cometidos durante la dictadura. Quienes deseen conocer más detalles de la oscura historia de explotación y violaciones a los derechos humanos de sus empleados y de los pueblos originarios a los que succionaron su sangre desde 1908, pueden ver el documental "Diablo, Familia y Propiedad", del realizador Fernando Krichmar y Cine Insurgente.

Los Blaquier no eran excepción. En 1985 varios sindicalistas denunciaron ante el juez Baltasar Garzón, en Madrid, los delitos cometidos por esa empresa y sus colegas de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca (Techint), Ford y Mercedes Benz.

En los allanamientos a dos oficinas de Ledesma en la última semana de abril pasado se halló documentación muy valiosa para las causas del pasado y el presente.

Del pasado, se dio con una carpeta con información de una agencia de seguridad norteamericana, World Division-Psicología Industrial, referida a Weisz, el principal dirigente obrero del Ledesma, militante de Vanguardia Comunista (actual Partido de la Liberación). Weisz era sindicalista y fue despedido en 1974, siendo detenido en octubre de ese año por instigación de monopolio. En diciembre de 1976, estando preso en el penal jujeño, fue desaparecido por fuerzas del Ejército, junto con el abogado del gremio, también militante de VC, Carlos Patrignani.

No hace falta ser un lince para darse cuenta que aquella carpeta en poder de la empresa la liga con la detención y desaparición del líder clasista, objetivo logrado con la complicidad del gobierno justicialista. Los Snopek y Martiarena de aquella época, como los Barrionuevo y Fellner de estos días, han sido muy obedientes a las órdenes de esa familia oligárquica.

Responsabilidades

El gobernador Barrionuevo afectó en 2011 los derechos humanos, toda vez que la falta de viviendas sociales motivó en julio ocupaciones de terrenos en Ledesma y sobrevino una durísima represión policial con varios muertos. Esa represión tuvo que ver con la actitud empresaria, a la que habían ocupado unas pocas hectáreas, sobre las 155.000 que tiene en el distrito, y en vez de dialogar con los ocupantes humildes, instigó el desalojo a los balazos.

La presidenta también tiene responsabilidad en lo sucedido, porque Jujuy es parte de la Argentina. Pero también por otros motivos: en 2009 Cristina Fernández recibió a Blaquier y a Federico Nicholson, enviando en 2010 a los ministros Julio de Vido y Débora Giorgi a la inauguración de la planta de etanol del Ingenio. Nicholson presidió la 16° Conferencia Industrial de la UIA en 2010, cuando CFK comenzó a criticar unilateralmente al movimiento obrero. Al titular del evento, en cambio, lo trataba amigablemente de "Federico".

Que la carpeta del espionaje sobre el desaparecido Weisz estuviera en oficinas de Ledesma es muy grave. Igualmente que se hallara allí documentación sobre la marcha del Apagón de 2005, con datos de personas, reuniones, patentes de vehículos, etc. No bastará con procesar y condenar a Blaquier; también será necesario depurar a las fuerzas de seguridad y terminar con el "Programa X" de Gendarmería.

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No portarás el arma, fuera del servicio

Julián Axat (APE)

En la Provincia de Buenos Aires se propicia la utilización de armas de fuego reglamentarias fuera de los actos de servicio. Así el artículo 10 c) de la ley 13.982 reformada por la gestión actual en 2009 incorpora como un “derecho” el portar el arma reglamentaria cuando el funcionario se encuentre de franco de servicio. Y agrega el artículo 11 "... e) Intervenir para evitar la comisión de delitos y detener a sus autores, siempre que se encuentre en servicio. Si voluntariamente interviniere encontrándose fuera de servicio, los actos que realice para cumplir el cometido indicado en este inciso y sus consecuencias, serán considerados a todos los efectos como actos de servicio".

Este panorama legal resulta una suerte de autorización institucional para que el personal de las fuerzas de seguridad opte por naturalizar la portación de las armas para su uso, y se mantenga en estado policial permanente, que es lo mismo que decir estado de alerta y reacción latente. Al no existir hiato entre intervención en servicio y fuera de servicio (en temas delictivos siempre se presume un uso de armas dentro de servicio), el arma reglamentaria se convierte en un riesgo las veinticuatro horas. La ausencia de lapso que corte portación en "servicio-no servicio", genera una ambigüedad que diluye hacia dentro del imaginario policial aquellas pautas objetivas que deberías diferenciar el uso del arma como medio de ofensa y ataque, que como medio de defensa de uso racional y excepcional , tal como establecen las normas y principios básicos universales de utilización de armas de fuego (adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, 1990).

Hay una frase dentro de la fuerza bonaerense que reza: "si los chorros son las veinticuatro horas chorros, nosotros somos las veinticuatro horas policías. Si el delito no descansa, nosotros tampoco". El sentido antropológico de la frase es contundente, y marca el imaginario en el que la bonaerense sigue siendo entrenada.

Seguramente, la no interrupción en la portación de armas conlleva hacia una tendencia al uso abusivo del arma reglamentaria, desde que se fomenta en el imaginario policial la necesidad de mantener "a toda hora y en todo lugar" el arma cercana al cuerpo; y con ello se delega toda ofensividad en la psicología de un individuo del que no sabemos si es apto, si ha aprehendido las reglas y protocolos de uso, o acaso el gobierno de la fuerza policial ha demostrado poner poco énfasis en la introyección de las mismas.

Una legalidad respetuosa de los derechos humanos debería generar interrupciones y evitar el uso de armas fuera de los actos de servicio; y desde ya nunca presumir -de entrada- como "acto de servicio" algo que puede no serlo. El mejor antecedente a nivel nacional es el art 9 del Dec. 836/08 que establece la obligación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de “... portar el arma reglamentaria durante el cumplimiento del servicio policial”. La norma es clara, "solo durante el cumplimiento del servicio policial". El personal policial aeroportuario se convierte en un ciudadano más, y debe dejar o depositar el arma en un lugar previsto, confiando en la seguridad que brinden sus colegas en actos de servicio. Es decir, hay una interrupción que aleja el arma del cuerpo. Cuando descansa, el policía pasa a ser un civil como todos, y por lo tanto, la perdida del arma disminuye su situación de uso en forma reactiva.

El uso de la fuerza letal por parte de policías que se encuentran francos de servicio o personal retirado de las fuerzas es un aspecto problemático de la violencia policial, tanto en la Policía Federal como en la Policía de la provincia de Buenos Aires y más recientemente en la Policía Metropolitana. Los policías fuera de servicio suelen intervenir espontáneamente, sin poder medir las consecuencias para sí mismos o los demás, sin atender a la proporcionalidad de su acción. Se trata de una combinación de normas y de costumbres que hacen a la relación de los policías con la portación del arma, y con el principio de actuar siempre, en cualquier circunstancia, sin atender que pueden estar introduciendo riesgos mayores de aquellos que procuran controlar. Estos principios de uso de la fuerza potencian los riesgos para la vida de los propios policías y de particulares cuando los agentes se encuentran fuera de servicio.

Es importante que se avance en nuevos estándares de uso de la fuerza y este es un punto central a modificar. En este sentido, una reforma debería implicar transformaciones normativas y especialmente de cultura institucional, lo que involucra cambios en la formación policial y en el sistema de control disciplinario. Este es uno de los eslabones críticos de un programa de reforma policial y definitorios en términos de derechos humanos. Estas reformas deberían tener como meta la reducción de la cantidad de personas que mueren en este tipo de circunstancias.

El lamentable asesinato de Lautaro Bugatto ocurrido hace pocos días en Lomas de Zamora, los daños y pérdidas humanas similares que todos los años vienen generando la laxitud en las reglamentaciones policiales, hacen necesario reflexionar seriamente este tópico. Desde ya que si se sigue la pauta establecida en el art 9 del decreto 836/08 se puede comenzar por un buen camino.

Algunos datos(1)

En los últimos 10 años murieron 1.323 personas particulares en hechos de violencia institucional con participación de integrantes de fuerzas de seguridad, cerca de la mitad de estas personas (49%) murió por disparos efectuados por policías que estaban en servicio.

Otro 44% de las personas murió en hechos en los que intervinieron policías que no estaban en servicio al momento de disparar su arma. En el 35% de los casos, los policías estaban de franco, hechos en los que murieron 471 personas. En un 9%, los hechos de violencia involucraron a policías ya retirados de la institución, la mayor parte de los cuales no se encontraban trabajando como custodios privados. Finalmente, sobre el 6% restante no hay datos consolidados.

El uso de armas de fuego por parte de funcionarios de franco o retirados tiene consecuencias letales también para los propios policías: entre 2002 y 2011, sólo un 24% de los policías fallecidos en hechos violentos estaba de servicio. El 44% de ellos se encontraba de franco al momento de su muerte y un 25% estaba retirado.

En el caso de la Policía Federal esta problemática es de especial relevancia. Los particulares muertos por policías fuera de servicio en los últimos 10 años alcanzan el 61% de los casos.

Una de las cuestiones a tener en cuenta al analizar la cantidad de personas muertas por personal de la Policía Federal en los últimos años es la distribución geográfica de los hechos. Entre 2002 y 2011, personal de la PFA mató a 231 personas en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien este dato es impactante por su magnitud, más sorprendente es el hecho de que otras 312 personas hayan sido muertas por policías federales en partidos del Gran Buenos Aires.

Usualmente, en estos casos se trata de policías federales que viven en la provincia de Buenos Aires y que se involucran en conflictos diversos al salir de sus domicilios o al regresar. Puede tratarse de intentos de robo al funcionario o a algún familiar –como en el caso de Lautaro Bugatto- u otras circunstancias como intentos de asalto a comercios.

En el caso de la Policía Bonaerense la responsabilidad de funcionarios de franco o retirados en la muerte de particulares representa un 30% de los casos. Y los policías muertos violentamente fuera de servicio son el 58%, todos datos de los últimos 10 años.

Los cuatro casos de uso abusivo de la fuerza letal que protagonizó la Policía Metropolitana durante 2011 tuvieron lugar a partir de la intervención de funcionarios fuera de servicio, lo que causó la muerte de tres personas. Vemos también la existencia del problema en la fuerza policial más moderna, lo que reafirma la necesidad de que se modifique la cultura institucional de portación y uso de armas.

La portación de arma fuera de servicio tiene también un fuerte impacto en hechos de violencia intrafamiliar en los hogares de policías, en los que la presencia de un arma de fuego hace que muchos de estos conflictos terminen en la muerte de algún integrante. También son frecuentes las acciones letales de policías en conflictos privados, como peleas entre vecinos o incidentes de tránsito.

Los altos niveles de participación de funcionarios de franco en hechos de violencia indican que la portación de armas fuera del servicio sigue siendo una costumbre habitual. Los policías circulan armados en su vida diaria. Por eso, este tipo de hechos suele darse en circunstancias en que los agentes se encuentran solos, o en desventaja, lo que los lleva a tomar decisiones extremas, que tienen resultados letales para otras personas y para ellos mismos.

Julián Axat es defensor oficial en el Fuero Penal Juvenil La Plata.

Nota:
1) Extraído del Documento elaborado por el CELS, con fecha 8/5/2012.

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A los abogados, jueces y la opinión pública

Víctor Mendibil

Escribo estas líneas en medio de la lucha que estamos protagonizando los trabajadores judiciales bonaerenses y profundamente preocupado por algunas opiniones de abogados, colegios de abogados y dirigentes profesionales, así como también integrantes del sistema judicial, especialmente magistrados que no parecen haber hecho el esfuerzo por entender de verdad el conflicto que paraliza al sistema judicial de la Provincia de Buenos Aires.

Quizás sea más justo decir, en primer lugar, que me he sentido emocionado por la expresiones que, como las de la Asociación de Abogados Laboralistas de Buenos Aires y la Asociación de Abogados Laboralistas de La Plata y muchos otros letrados, y no pocos jueces, revelan haber comprendido de verdad la situación, porque van más allá de los inconvenientes que puede traer aparejada la prolongada huelga en relación a sus prácticas profesionales y ven con claridad, en cambio, todo lo que esta lucha significa, en realidad, para mejorar las condiciones del sistema judicial local.

Porque ¿qué otra cosa significa la lucha por salarios dignos, un sistema de distribución de la masa salarial equitativo y proporcional, sino agentes judiciales en condiciones de cumplir con sus funciones? ¿O se cree realmente que tener empleados con salarios bajos, en el marco de una inequitativa distribución del presupuesto, en donde los integrantes de la Corte ganan sumas de dinero tan elevadas en relación a la masa de trabajadores, que parecen corresponder a otro sistema judicial, distinto al de la mayoría de los judiciales?

Digo bien: hay abogados y magistrados que se preocuparon por entender de verdad el conflicto. Y otros que no. Pareciera, en relación a estos últimos, que ni siquiera han apelado a sus propios conocimientos jurídicos, los mismos con los que desarrollan su práctica profesional, que sin embargo dejan de lado cuando se trata de analizar ya no el problema de sus clientes sino el de los trabajadores judiciales bonaerenses.

Veamos:

1) Durante los últimos 10 años, se ha experimentado en el país una recuperación de las paritarias y de muchos de los derechos de los trabajadores que se habían perdido durante la aplicación a raja tabla de las políticas neoliberales. Sin embargo, los trabajadores judiciales somos los únicos, en todo el país, incluidos, por supuesto, los bonaerenses que no tenemos paritaria ni negociación colectiva. Se nos ha negado ese derecho. Lo hemos pedido en todas partes, incluso ante la OIT, pero todavía no se nos ha dado una respuesta. ¿No merece esto ninguna reflexión de aquellos que hoy salen a opinar sobre nuestro conflicto cuando nunca se preocuparon por este avasallamiento? ¿Los sesudos opinantes conocen que el primer ámbito para prevenir los conflictos es el ámbito paritario? ¿Se pueden desentender de señalar a quienes se niegan a negociar en el marco de las Constitución Nacional y provincial y, en cambio, acusar a los trabajadores de intemperantes y otras simplezas? Una de los más firmes opositores a una ley provincia que organice un procedimiento para la paritaria es la propia Corte de la provincia: esa que luego en otros fallos, cuando no se trata de sus propios empleados, se llena la boca con el derecho a las paritarias. En el 2004 se acuerda por parte de los Legisladores, Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados y el Poder Ejecutivo aconsejar que se impulsara un proyecto de Paritarias para los judiciales. Hasta el día de hoy, no se cumplió.

2) Casi todos los años, cada vez que se llega a algún acuerdo salarial, se ha firmado entre el Estado provincial y la Asociación Judicial Bonaerense actas en las que ha quedado asentado el compromiso de que los “próximos aumentos” serían hechos en vista a recuperar la porcentualidad. Hay un acta, incluso, mucho más explícita en la que el gobierno provincial se obliga a negociar la forma de la porcentualidad, que ya cumplió más de siete años sin que se haya llevado a la práctica. Ni esta acta ni ninguna. Incumplimientos reiterados y consecutivos de la patronal: ¿significa algo eso para esos sesudos y preocupados profesionales a quienes nadie atiende en la mesa de entradas y proponen que los propios abogados (como carneros de grado universitario) reemplacen a los trabajadores para sortear los problemas que les trae aparejados la huelga?

3) Los trabajadores somos los primeros en sufrir la huelga. Nadie va al paro contento. Luchamos, sí con alegría, porque nos sentimos un poco más dignos al defender los derechos que nos corresponde. Pero ni un solo trabajador se desentiende de los problemas que ellos trae aparejado para el pueblo. Solo que ese pueblo entiende que la justicia solo funciona con trabajadores dignos y no con aquellos sometidos a la arbitrariedad del poder que no cumple con sus obligaciones. Incluso, se nos ha amedrentado con persecución policial, con denuncias penales y descuentos salariales exorbitantes que pone en serio riesgo la satisfacción de las necesidades mínimas de nosotros y nuestras familias. Los descuentos salariales llegan ya a la suma de 3 millones de pesos. En otro caso de descuentos, un juez los declaró nulos, pero una cámara revocó esa sentencia y la Corte hace varios años que tiene durmiendo el expediente respectivo: como juez y parte, tienen las de ganar. Eso es lo que queda del derecho de huelga y la libertad sindical para los trabajadores judiciales bonaerenses.

4) Por si algún desprevenido no conoce la escala salarial que rige en el sistema judicial bonaerense, brevitatis causae, le contamos que un juez de la Corte supera a la mayoría de las Cortes provinciales y, en la otra punta, un ingresante, contando el aumento que se nos quiere imponer por vía de decreto y no por negociación bilateral como corresponde, pasaría a ganar 3 mil doscientos pesos. En otras provincias, aunque la comparación resulte odiosa, esos ingresantes superan los 3 mil doscientos hasta los 6 mil ochocientos. Eso de que a igual tarea igual salario (para los que les suena la constitución), aquí no rige. Eso de negociación colectiva para todos los trabajadores judiciales, aquí no rige. Y la lista es más extensa.

5) Como he leído algunas opiniones que por olvido o desconocimiento descalifican la consecuencia en la lucha de los judiciales bonaerenses por la pocentualidad, quiero recordar que la Federación Judicial Argentina y la Asociación Judicial Bonaerense a los 45 días de asumido el gobierno de Menem convocaron a paro y movilización nacional ante la decisión de derogar los sistemas de porcentualidad y enganches, (este fue el primer paro realizado por una organización sindical al gobierno menemista). Es bueno también recordar que hace 20 años iniciamos una acción de inconstitucionalidad que atacaba un decreto de necesidad y urgencia que derogaba la ley de porcentualidad salarial, después de transitar todos los laberintos de la justicia, pasados 19 años obtuvimos sentencia favorable, la que inmediatamente fue recurrida por el Gobernador Scioli, hoy nuevamente, transita los "laberintos" cortesanos en busca de justicia.

6) En el 2004 el Consejo Consultivo Para el Estudio y Elaboración de Reformas al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, integrado por: Ministros del Poder Ejecutivo, Senadores y Diputados, la Suprema Corte, la Procuración General, el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires y la Asociación de Magistrados, con la sola abstención del representante de la Corte, aprobó por unanimidad, aconsejar al gobernador y a los legisladores el dictado de la norma legal que instrumente el Convenio Colectivo de Trabajo en el ámbito de Poder Judicial, han pasado 8 años y no se tuvo en cuenta esta contundente recomendación. Es más, desde la reforma constitucional del 94, tiene jerarquía constitucional un ORGANO IMPARCIAL que resuelva los conflictos de los trabajadores judiciales con la patronal (Suprema Corte, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo) hasta hoy no ha sido reglamentado el mismo, para no seguir abrumando, aunque la lista es más extensa, lo dejemos aquí.

Ciertos letrados, deberían tener en cuenta en algún momento de su tránsito por los tribunales, cuando ven las mesas de entradas sin empleados, que ocurre que en esos tribunales, no hay justicia. Por eso estamos en la calle, luchando. Porque lamentablemente la historia argentina demuestra que la justicia ha ganado más batallas en la calle que en los tribunales.

¿Será porque todavía hay demasiadas voces entre profesionales y magistrados que desconocen lo que acabamos de exponer y no se preocupan por analizar, ya no con una perspectiva ideológica solidaria y equitativa que parece que es demasiado pedir, sino con los instrumentos propios de los conocimientos que recibieron, en su mayoría en las universidades públicas que paga todo el pueblo para que ellos se eduquen?

Señores abogados, señores jueces ¿será Justicia?

Víctor Mendibil es Secretario General de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA).

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