miércoles, 16 de mayo de 2012

El debate es por los ingresos de los trabajadores

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Son notorias las dilaciones en las negociaciones paritarias, las que ya debieran estar resueltas a esta altura del año. Es una situación convergente en la discusión por los ingresos populares, sean de trabajadores en situación regular, o irregular.

Los primeros discuten en paritarias los ajustes salariales, y con cierta dificultad incorporan entre sus reivindicaciones otras cuestiones atinentes a la relación de trabajo, como las condiciones de la actividad y el medio ambiente laboral.

Los segundos intentan ajustar los “beneficios”, o monto de los subsidios de los diferentes planes, ya que sus montos aparecen congelados ante una variación de los precios que se aleja de aquellos que mide y difunde el INDEC.

Inflación

El aumento de los precios es uno de los temas en discusión. Recordemos que en el INDEC se tienen en cuenta los precios regulados, que existen, aunque en cuenta gotas.

Resulta muy difícil para los compradores (consumidores) conseguir esos productos a precios regulados, puesto que éstos no suponen la producción en cantidades suficientes para el conjunto de la demanda de esas mercancías. La realidad es que en el mercado coexisten precios regulados y desregulados. El Indec asume la variación mensual sobre la base de los precios regulados y los compradores gastan en función de lo que consiguen, en general, productos que teniendo precio regulado, solo se consiguen a precio desregulado.

Pero además de los problemas inflacionarios, existen problemas estructurales que conviene considerar. Uno remite a la distribución del ingreso del conjunto de los trabajadores. El otro alude a la representación social y sindical de los trabajadores.

Distribución del ingreso y representación

La estadística con base en estudios del Observatorio de Derecho Social de la CTA y el Taller de Estudios Laborales TEL, según un texto de Horacio Meguira , señala “que el salario real del conjunto de los trabajadores percibido en el mes de diciembre de 2011, era similar al salario percibido en el último trimestre de 2001 (entre ambos períodos se experimentó un incremento del 1,8%).

Continúa diciendo que en el mismo período, el PBI experimentó un incremento del 90,6 por ciento.” Por otra parte se resalta que “El promedio de ingresos del conjunto de los ocupados, provenientes de su ocupación principal, al cuarto trimestre de 2011, ascendía a $ 3198 mensuales.” Es un monto insuficiente para una canasta de consumo que oscila en torno de los 6.000 pesos.

Queda claro que el gran crecimiento económico de estos años sirvió para mejorar los indicadores sociales, medidos en términos de baja de la tasa de desempleo e informalidad, de pobreza; pero no así en la calidad de los ingresos de los trabajadores y los sectores populares que justifican sus ingresos por el gasto de los trabajadores. El crecimiento de la renta ha sido apropiado principalmente por los propietarios de medios de producción, y entre ellos los empresarios más concentrados.

El otro problema estructural mencionado alude a la representación social y sindical de los trabajadores, un tema recurrente en el movimiento de los trabajadores, ya que desde el propio nacimiento de las organizaciones sindicales, la fragmentación fue la norma.

Para no irnos muy lejos podemos recordar las divisiones de la CGT en los 80´, la aparición de la CTA en los 90´ con la esperanza y expectativa de incluir a los trabajadores informales, pasivos y activos; incluso la afiliación individual.

La realidad política de la Argentina mostró la reciente ruptura de la CTA y ahora, nuevamente existen expectativas de fractura de la CGT. Este proceso de rupturas acontece por diferencias políticas en la estrategia de defensa de los intereses de los trabajadores.

¿Qué mueve la historia?

La Presidente aludió en estos días que las mejoras económicas son más producto de la política económica, del “modelo” en curso, que de las diferentes acciones reivindicativas realizadas, sean paros, cortes o movilizaciones.

Es un gran tema para discusión sindical, social y política, incluso, para discutir el origen del ciclo político de crecimiento argentino. El interrogante es si podría haberse instalado la política económica de fines del 2001 y comienzos del 2002 sin movilizaciones y reclamos de los trabajadores regulares e irregulares.

Sin el clima de movilización del 2001 es impensado el no pago de la deuda y la renegociación del 2005 y 2010; como tampoco es pensable haber salido de la convertibilidad sin el clima de protesta vigente a enero del 2002.

Lo que pretendemos señalar es que la dinámica sociopolítica precede a las políticas de Estado, y claro, la política económica puede sostener esa demanda, o contrarrestarla.

La coyuntura económica y política, cuando se agrava la situación mundial, con desaceleración de la economía, algo que también ocurre entre los países emergentes, sea Brasil o China, también impacta y preocupa en la Argentina, y por eso resulta de interés el seguimiento de la disputa estructural y coyuntural de la distribución funcional del ingreso, entre trabajadores y empresarios, y aquella que se opera entre trabajadores beneficiarios de planes sociales y previsionales y los recursos en baja gestionados por el Estado.

Es en la crisis capitalista que se presenta el riesgo de una nueva dinámica de la ofensiva del capital sobre el trabajo, y del Estado capitalista sobre los trabajadores. Pero es también la crisis la oportunidad para oponer la resistencia, y en especial la ofensiva de los trabajadores para oponer otro plan de organización económica de la sociedad.

Es evidente que existen tensiones en la Argentina del 2012 y que como siempre será la confrontación de los proyectos contrarios lo que determine el rumbo en el presente y en el futuro cercano. Como varias veces interrogamos, será interesante conocer quién vence a quien en la coyuntura por la disputa del ingreso. La respuesta está en la iniciativa política y los consensos que se obtengan en uno u otro de los polos de la contradicción.

Julio C. Gambina es Doctor en Ciencias Sociales de la UBA. Profesor de Economía Política en la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la FISYP. Integrante del Comité Directivo de CLACSO. Director del Centro de Estudios de la FJA y como tal integrante del Instituto de Estudios de la CTA y del Programa de Formación, Investigación y Asistencia Técnica del Encuentro Sindical Nuestra América, ESNA.

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La “sintonía fina” comenzó a aplicarse sobre los salarios

Horacio Meguira (ACTA)

El “Shock distributivo” fue la propuesta de la CTA para superar la crisis del 2001. Pretendíamos una política de inclusión masiva y urgente al mercado de trabajo de millones de desocupados, basada en la fuerte intervención estatal y una política activa de formación profesional.

Creímos que “la insurrección popular” de diciembre había creado las condiciones objetivas.

El Gobierno, por el contrario, eligió el gradualismo: inclusión paulatina al mercado de trabajo de la mano de obra excluida a la medida que éste lo requiriera, con continuidad del asistencialismo de los sectores marginados.

En este contexto, los aumentos de suma fija implementados a partir del año 2002 impulsaron la recuperación de la negociación colectiva, y un paulatino aumento del salario.

Sin embargo, luego de varios años de negociación colectiva ininterrumpida, una gran cantidad de empleadores eluden la aplicación del convenio colectivo por diversos medios: la no registración; la tercerización; el falso cuentapropismo; o por su no aplicación lisa y llana, favorecida por ausencia de inspección del trabajo, de representación sindical en los lugares de trabajo y la tolerancia o complicidad de muchas direcciones sindicales.

La cantidad de trabajadores convencionados nunca superó al 45 % de la fuerza del trabajo, y el 55% restante sirvió como disciplinador del mercado de trabajo formal.

Las reglas del mercado, en la última década, no han permitido revertir el proceso de heterogeneización de la estructura ocupacional.

Hasta el año 2007, el poder adquisitivo de algunos sectores de trabajadores del mercado formal creció sustancialmente, en un marco de situación inmejorable. No obstante, la brecha entre el crecimiento del PBI y el del salario se ha incrementado significativamente , lo que es demostrativo de la muy pobre redistribución que aún en esas condiciones se ha operado.

Desde entonces, el producto bruto ha continuado su camino ascendente, pero el salario se ha estancado. El ingreso del conjunto de los trabajadores en el mes de diciembre de 2011 era similar al del último trimestre de 2001, mientras que en el mismo período el PBI se incrementó en un 90,6% (Boletín de remuneraciones y negociaciones salariales elaborado por el Observatorio del Derecho Social y el Taller de Estudios Laborales).

Por otra parte, el promedio de ingresos del conjunto de los ocupados, provenientes de su ocupación principal, al cuarto trimestre de 2011, asciende a $ 3.198 mensuales, y el 80% de los ocupados percibe ingresos, inferiores a $ 4.500 mensuales.

El ajuste por inflación y la informalidad laboral resultaron insuficientes: es evidente que la intención es trasladar los costos de la crisis a los asalariados formales.

Los agresivos discursos presidenciales, orientados a los representantes sindicales, son coyunturales, no intentan modificar el estatus-quo del modelo sindical, ni favorecer la libertad sindical; menos aún combatir la corrupción.

Solo se trata de debilitar a los trabajadores en la negociación para forzar la baja del salario real. Simultáneamente se envía un claro mensaje a los empleadores para que no cedan ante los reclamos.

Hasta la fecha, son pocos los convenios firmados: el primero en importancia es el docente (salario mínimo garantizado de $ 2.800, equivalente al 19,8%, impuesto por decreto). Les siguieron otros como el caso de Alimentación (sector avícola): 16,7%; el de transporte de pasajeros entre el 15% y un 18% y el de vestido: 22% en tres cuotas. El más significativo en el sector privado ha sido el de los trabajadores de prensa de Buenos Aires, que pudieron lograr un incremento de entre el 23,5% y el 35%, en una negociación por rama de actividad luego de más de dos décadas de ausencia de este nivel. El último fue el acuerdo de la Administración Pública Nacional solo firmado por UPCN-CGT (no lo hizo ATE-CTA) por 21% (dos cuotas acumulativas de 10% en junio y en agosto).

Si a esto le sumamos la injerencia del Gobierno en los sindicatos y la búsqueda constante de sujeción al mando de sus dirigentes, podemos describir algunos rasgos de la negociación 2012:

a) Las negociaciones cerradas hasta el momento se encuentran por debajo de la inflación , y persisten importantes sectores de trabajadores asalariados formales cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza.

b) El intento gubernamental de imponer una pauta en torno al 18% no se ha podido instalar en forma definitiva, pero la mayoría de las actividades todavía están en plena paritaria, con conflictos muy importantes en muchas de ellas.

c) La injerencia del poder político se está efectuando ahora por vía indirecta: ejerciendo presiones sobre los dirigentes sindicales y empleadores.

d) Los convenios colectivos numéricamente importantes, como docentes y Administración Pública Nacional, fueron elegidos como “testigos” y se caracterizaron por la subordinación a las pautas con sus principales referentes cooptados por el oficialismo.

La “sintonía fina” en materia salarial está en marcha. Todavía es incipiente y seguramente se irán agregando nuevos elementos. Pero el rumbo fue trazado; por ahora navega con dificultad …, pero navega. Serán los grandes gremios lo que en definitiva deberán resolver entre la presión de las bases para superar la pauta oficial o el sentido inverso. Esa es la cuestión.

Horacio Meguira es Director del Departamento Jurídico de la CTA.

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Argentina: La presidenta pidió "sensatez" en los reclamos salariales

Irina Santesteban (LA ARENA)

La presidenta Cristina Fernández continúa con su línea de criticar a los dirigentes sindicales, en momentos en que las paritarias se empantanan, por los pedidos de aumentos salariales por encima de lo que el gobierno pretende.

El discurso fue en el acto del pasado jueves 10, en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, en oportunidad de entregar certificados del Programa de Créditos del Bicentenario. Así completó con 1.400 millones de pesos los 8.000 millones de pesos totales que entregará este Fondo, a una tasa subsidiada del 9,9 por ciento, con un año de gracia y con un plazo a diez años, para empresas no precisamente pequeñas, como las automotrices y autopartistas, que recibieron fondos por 1.500 millones de pesos.

Sorpresivamente, la presidenta Cristina Fernández confesó sentir "rabia contenida" frente al modo de vida de muchos dirigentes sindicales que, cuando "se arman los barullos", se van a sus casas, donde viven bien, y los trabajadores se quedan sin trabajo.

Otro round

Semejante acusación sonó como si fuera pronunciada por activistas antiburocráticos, que no están precisamente en la CGT, aquellos que critican duramente al "sindicalismo empresarial", por haber sido cómplice de la política privatizadora de los ´90 y que se enriquecieron con los negocios derivados de la entrega del patrimonio estatal.

La dura crítica presidencial constituye otro "round" del enfrentamiento que desde hace más de un año, mantiene con el camionero Hugo Moyano, secretario general de la Confederación. Quien fuera un aliado incondicional del gobierno de Néstor Kirchner y el suyo propio, se ha convertido en este segundo mandato en uno de sus enemigos más vilipendiado.

Rápidamente, el hijo menor del dirigente cegetista, Facundo Moyano, secretario general del gremio de los trabajadores del peaje y diputado nacional, líder de la Juventud Sindical de la CGT, respondió por Twitter a la presidenta. Defendió a su padre, y le recordó a Cristina que en la crisis de 2008, cuando el lock out sojero había hecho descender su imagen presidencial, a menos de un año de haber sido elegida, a un magro 25% de aceptación popular, fueron Moyano y los trabajadores por él conducidos, quienes llenaron la Plaza de Mayo con más de 300.000 fervientes defensores de la Resolución 125. Luego, ese proyecto de ley que intentaba gravar la renta extraordinaria de los sectores más favorecidos del campo, en particular a los productores de soja, era abortado por el "voto no positivo" del vicepresidente Julio Cobos.

Claro mensaje

Una semana antes del discurso contra los sindicalistas, la presidenta ya había hecho un llamado a los empresarios y a los trabajadores, en oportunidad de la nacionalización del 51 por ciento de la empresa YPF y su confiscación a la española Repsol, para que le "pongan el hombro al país".

Pero ahora, frente a muchos empresarios como el presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina), José Ignacio De Mendiguren, se la tomó con los sindicalistas, por "vivir bien" cuando otros trabajadores no la pasan tan bien.

Su elogio a Andrés Rodríguez, de UPCN (Unión de Personal Civil de la Nación) por haber firmado un aumento del 21 por ciento para los estatales, fue un claro mensaje hacia otros gremios, que hoy pretenden incrementos salariales por encima de esa cifra.

En medio de la disputa por la dirección de la CGT, que debe renovar su conducción en el mes de julio venidero, y conocida la preferencia del gobierno por el sindicalista metalúrgico Antonio Caló, estos mensajes hacia Moyano, muestran claramente esa direccionalidad.

El otro mensaje

Pero hasta Caló se "rebeló" contra estas directivas presidenciales. El día anterior al discurso que comentamos, el dirigente metalúrgico había protagonizado un paro de actividades de toda la industria metalúrgica, en reclamo de un aumento salarial de un 31 por ciento, diez puntos por encima de la marca establecida por el oficialismo.

Facundo Moyano fue más allá. Le recordó a la presidenta que los gremios que luchan por salario "no son sectarios ni quieren hacerle mal a los argentinos", y mencionó a los maestros, aeronáuticos, camioneros, petroleros, trabajadores del subte, entre otros sectores que vienen luchando pese a las advertencias oficiales.

Y en un claro mensaje a la disputa política entre el gobierno y el moyanismo, Facundo dijo que "no se disciplina al movimiento sindical desde los discursos", sino "integrándolo a la política", reeditando la disputa del año pasado, cuando la CGT se retiró disgustada con la poca participación en las listas de candidatos del Frente para la Victoria.

Más aún, afirmó que "ni el 30% de pobreza ni el 34,5% de trabajo no registrado en un país que creció un 7,7% promedio los últimos 8 años, es culpa de los sindicatos", exagerando algunos números, pues el índice de pobreza, para la mayoría de los economistas se ubica en el 22 por ciento, mientras que el oficialista Artemio López, de la Consultora Equis, lo reduce a un 16,9 por ciento.

Ganadores

Números más o menos, Facundo dio en la tecla cuando le pidió a la presidenta que le pida solidaridad y razonabilidad a "los que han ganado como nunca en la historia", en obvia referencia a los grandes empresarios. Y se quejó de que el gobierno está buscando "siempre a un culpable", que sería su padre.

Quizás el párrafo más duro del discurso presidencial, fue cuando adjudicó al gobierno de su esposo y al suyo propio, como el verdadero "hacedor" de los aumentos salariales, y negó que esos incrementos tengan su origen en que el movimiento obrero "haya hecho una huelga más o menos".

Jerarca

Es más que obvio que el gobierno kirchnerista está buscando incidir y de manera clara, en la próxima elección de la nueva conducción cegetista, para sacar a Moyano del medio. Sin embargo, sus candidatos no están muy firmes, pues el primero que impulsó el gobierno fue Gerardo Martínez, jerarca desde hace más de 20 años de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), cómplice de las AFJP, al punto que formó parte del directorio de Claridad. Fue un "niño mimado" del gobierno kirchnerista, al punto que compartía las delegaciones oficiales en las reuniones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como representante "obrero". Martínez es un típico exponente del "sindicalista empresario" pero no parecía molestar en ese momento al gobierno. Fue dejado de lado luego de la denuncia de los organismos de Derechos Humanos, por su pasado como informante de los servicios de inteligencia de la dictadura militar, cuando apareció su nombre en el listado del personal civil de inteligencia (PCI) que diera a conocer el Ministerio de Defensa, luego de un decreto presidencial en enero de 2010.

Puntos en contra

El nuevo candidato oficialista para la CGT es el metalúrgico Antonio Caló, aunque su huelga del día anterior al discurso y su pedido de aumento superior al que desea la presidenta, hace pensar que esta candidatura no está del todo firme.

Así las cosas, la presidenta sigue sumando puntos en contra por parte de los trabajadores, a pesar que fueron uno de los caudales más importantes en la cosecha de votos de octubre del año pasado, que la volvió a sentar en el sillón de Rivadavia con un 54 por ciento.

Todavía les da "rabia" a los docentes cuando recuerdan el discurso de apertura del año parlamentario, el pasado 1° de marzo, cuando Cristina los amonestó porque piden aumento y tienen "tres meses de vacaciones". Nunca pidió disculpas la mandataria por esas palabras, que la llevaron a repetir los argumentos reaccionarios de quienes pretenden ignorar el esforzado trabajo de los maestros argentinos, en medio de bajos salarios, precarias condiciones laborales, incremento de la violencia escolar, etc.

Y ahora se enoja con el enriquecimiento de los dirigentes sindicales, una crítica justa y cierta para la mayoría de los jerarcas de la CGT, pero que viniendo de una presidenta que ostenta un patrimonio personal de más de 70 millones de pesos (en agosto de 2011), da lugar a que algunos dirigentes, como el textil Jorge Lobais, le conteste que "no todos los presidentes viven con la austeridad del uruguayo José Mujica", en obvia referencia al modo de vida de Cristina.

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Las Malvinas y los falaces argumentos de autodeterminación

Alejandro Olmos Gaona (especial para ARGENPRESS.info)

Son suficientemente conocidos los derechos soberanos que le asisten a la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los argumentos esgrimidos por el Reino Unido de Gran Bretaña para no sentarse a negociar como lo demandan las Naciones Unidas. El argumento británico principal solamente en el caso específico de las Islas Malvinas es que deben respetarse los derechos y las pretensiones de los habitantes de las Islas Malvinas, los mismos que han sido reconocidos como ciudadanos británicos plenos.

Sin duda, que el argumento del Reino Unido es poco sostenible debido a que los isleños nacidos en las Islas Malvinas son hoy una minoría de la población local como lo demuestra el último Censo en las Islas del 2006. Antes de la guerra de Malvinas, los isleños no tenían la ciudadanía británica, y la adquirieron en 1983, otorgándoseles en 1985 autonomía mediante la creación del Malvinas Islands Government. El gobernador de Malvinas, junto a siete isleños integran un Consejo que rige la administración de las islas y tiene un vínculo permanente con el Reino Unido. Unido del cual dependen en materia de políticas públicas tales como la política exterior y de defensa de esa monarquía

Al contar con la ciudadanía británicas los isleños fueron reconocidos como naturales de ese país y con los mismos derechos de cualquier ingles frente de la Unión Europea, lo cual llevó a una significativa emigración de las islas, particularmente de la juventud malvinense radicándose en Europa, lo que llevó a Londres a traer, a partir de1992, una nueva inmigración proveniente de países de la comunidad europea, nativos ingleses, nativos de otras posesiones de ultramar y de la Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth) con la consiguiente alteración de la integración nativa de las islas, que tiene a partir del año 2006 una minoritaria composición de isleños nativos al punto que el Malvinas Islands Government se integra hoy con tres personas nacidas en Malvinas y cinco ingleses llegados al territorio con posterioridad a 1990.

De acuerdo a los datos fidedignos de que se disponen a través del Censo de las Islas del 2006, la mayor parte de la población actual de las islas es transitoria y llega al territorio a los efectos de la realización de negocios y efectuar inversiones o cumpliendo contratos de trabajo temporales. Como lo ha señalado con acierto la especialista Virginia Gamba “Las Islas no están más pobladas por isleños, sino por europeos que, además rotan. Con lo cual no existe más el condicionante de considerar los intereses de los isleños –ya que estos son europeos-, ni sus deseos –ya que son una población transitoria- ni su modo de vida- ya que esta es artificial y está dictada por la dinámica de servir a las necesidades de una base militar permanente”

Es decir que la supuesta defensa de la voluntad de los isleños no pasa de ser una argucia británica, para seguir manteniendo la ocupación y la negativa a cualquier tipo de negociación como lo establecieron las Naciones Unidas en sus resoluciones 2065 y 3160, donde instaran reiteradamente a las partes a realizar conversaciones sobre la soberanía en la Cuestión Malvinas, Cuestión esta que siempre se reconoció como aplicable a las Islas Malvinas, las Georgias y Sandwich del Sur. A esto se suma la arrogancia de los sucesivos gabinetes británicos, que siguen sosteniendo que la cuestión Malvinas no es negociable desde ninguna perspectiva, continuando en sostener que la decisión la tienen los isleños, que son los habitantes legítimos del territorio.

Mostrando un notable desconocimiento del problema, hace unas semanas un grupo de conocidos intelectuales, coincidiendo con la posición británica, insistió en el reconocimiento de los derechos de los isleños, sin tener en cuenta que además de ser una población trasplantada es una población rotativa, sin arraigo, donde la única motivación son las inversiones, y la escasa población original no puede ser considerada sujeto de derecho por su escasa representatividad no solo territorialmente, sino aún en el Consejo que rige las Malvinas Islands Government, donde se encuentra en clara minoría. Aun así, la Argentina, a través de su Constitución y como se reitera ante la comunidad internacional, siempre tendrá en consideración el modo de vida de los isleños nativos, aquellos que antes de 1983 no tenían aun la plena ciudadanía británica. No tiene asidero el extender tales derechos a los ciudadanos europeos, ingleses y/u otros que se han asentado transitoriamente en las islas y que no pueden ni deben opinar sobre el futuro de las mismas.

De acuerdo con la estructura que regía en las Islas Malvinas, el Reino Unido de Gran Bretaña, siempre consideró como una misma unidad territorial a las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur, y las presentaciones efectuadas por las partes en las Naciones Unidas, siempre tuvieron presente al conjunto de las islas tal como las consideraba el gobierno de Londres. Tanto es ello así, que las negociaciones de 1977 y aun posteriormente en la década del 90 siempre ubicaron a los tres grupos de islas bajo el paraguas general de la disputa de soberanía de la Cuestión Malvinas, posición esta siempre aceptada por el Reino Unido. Sin embargo por una decisión de la Reina del 20 de marzo de 1985, aprobada por el Parlamento británico el 28 de marzo de ese año, el territorio de las Georgias y Sandwich fue separado administrativamente de las Malvinas, sin dependencia funcional de las mismas como había sido hasta ese momento (Statutory Instruments, 1985, Nº 449, South Atlantic Territories. The South Georgia and South Sandwich Islands Order 1985). Esta división territorial, fue a su vez confirmada por decisión real de noviembre de 1989, entrando en vigor en el mes de enero de 1990, por la cual se establecieron los límites territoriales de las Georgias y las Sandwich, incluyéndose las coordenadas de Mar territorial que les correspondía a las mismas (Statutory Instruments, 1989, Nº 1995, South Atlantic Territories, The South Georgia and South Sandwich Islands (Territorial Sea) Order 1989).

La decisión del Reino Unido de separar administrativamente tales territorios, no fue aprovechada por ninguno de los sucesivos gobiernos de la democracia para reclamar la iniciación de conversaciones y obtener un sustancial avance en nuestra disputa para obtener la soberanía sobre las Malvinas, ya que pondría a ese país ante la inevitabilidad de tener que negociar sobre las Georgias y las Sandwich, sin la excusa de tener como parte determinante a la población nativa de las islas. Esto es así, debido que en ambos grupos de islas no existe población alguna, y si reducidas guarniciones militares y científicas de carácter rotativo, que tienen el único fin de ejercer la custodia militar de esos territorios.

Como resulta imperioso utilizar todos los recursos diplomáticos al alcance de la Nación para recuperar los territorios usurpados, sería fundamental realizar las acciones que fueran necesarias a los efectos de comunicar al gobierno del Reino Unido, que sobre la base de las resoluciones de las Naciones Unidas, y sin perjuicio de los derechos soberanos a las Islas Malvinas, que es decisión del gobierno argentino buscar conversaciones simultaneas y paralelas para solucionar la disputa territorial en torno a las Islas Georgias y Sandwich, tratándola separadamente pero conjuntamente de la cuestión referida a Malvinas.

Como lo señalaramos anteriormente, Gran Bretaña debe responder ante Naciones Unidas y ante la Republica sus razones para negarse a cumplir con las resoluciones que imperan dentro de las discusiones del Comité de Descolonización de esa organización. Gran Bretaña no debe responder únicamente a la situación imperante en las Islas Malvinas, sino también en las Georgias y las Sandwich. En el caso de estas últimas, el argumento británico de referir toda negociación a los isleños no es aplicable a los territorios de Georgias y Sandwich del Sur. Tal argumento no podría ser esgrimido en ningún caso, ni tampoco la existencia de una vinculación estructural que fue dejada sin efecto por decisión unilateral de la monarquía británica hace 27 años.

Es importante poner de manifiesto que la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al comprender a las Georgias y las Sandwich, extendería su jurisdicción, resultando un incuestionable avance para finalmente recuperar las Malvinas

Cabe destacar, que por las proyecciones de las Georgias y las Sandwich del Sur en el mar continental, la decisión del gobierno argentino de negociar sobre estos territorios en forma separada y simultánea, pondría a Gran Bretaña en una situación difícil de sostener ante los organismos internacionales, favoreciendo la posición argentina, al mostrar, que nunca tuvo voluntad alguna de realizar conversaciones serias y responsables, y si continuar con la más que centenaria usurpación de los tres grupos de islas.

En síntesis, la Republica ha activamente pedido el cumplimiento de las resoluciones pertinentes para que Gran Bretaña negocie bilateralmente la soberanía por las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Sin embargo, en los últimos años, el esfuerzo de negociación pacífica de esta reconocida disputa, ha soslayado la especial situación de las islas Georgias y Sandwich del Sur, que al ser parte del todo y no contar con población local nativa de ninguna especie, no ha sido objeto de un especial reclamo a Gran Bretaña que permita avanzar sobre el cumplimiento de las resoluciones pertinentes en los tres territorios en cuestión. Es por lo tanto imperativo que la Cancillería Argentina asegure que la discusión sobre los tres grupos de islas tenga en cuenta la falta de población nativa de las Georgias y las Sandwich del Sur y busque, por lo tanto, una expedición británica que acepte comenzar las negociaciones por la soberanía en este grupo de islas al mismo tiempo que se busca reactivar las negociaciones por la soberanía en las islas Malvinas teniendo en cuenta que los isleños nativos son hoy una minoría. Asimismo, es importante que la Cancillería Argentina busque la definición final sobre quién es un habitante nativo de las Malvinas y especifique que los derechos al modo de vida de los habitantes de las Malvinas, indicado en la Constitución Nacional, es aplicable solamente a aquellos nativos nacidos en las islas antes de 1985, momento este en que todos pasaron a ser ciudadanos británicos.

La Republica no puede ser rehén de la voluntad de europeos y extranjeros venidos a las islas Malvinas en situación temporaria y transitoria. En este momento la mayoría, tanto de los habitantes de las Malvinas como de su Consejo Administrativo, tienen estas características. Esto también debe ser definido y presentado ante Gran Bretaña en las próximas reuniones del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.

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A 35 años del vuelo en la frontera de la muerte

Hace 35 años Adolfo Pérez Esquivel se encontraba detenido por la Policía Federal Argentina en el marco de la última dictadura militar argentina.

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En estas nuevas reflexiones, recuerda lo que para él significó vivir y sobrevivir a un “Vuelo de la Muerte” en manos de la crueldad represiva de los militares:

“Volví a “ver” el calabozo “tubo 14” (submarino seco) con inscripciones, puteadas, oraciones y esa inscripción que no puedo dejar de pensar, que un prisionero o prisionera escribió con su propia sangre: “Dios no mata”.

(…) Los asesinos también hablan de un dios, en cuyo nombre cometen toda clase de atrocidades, y son bendecidos por otros asesinos. Es la negación del Dios de la Vida.

(…) Ese día 5 de Mayo deciden que hacer conmigo. Vivir o morir. Abren el tubo y me llevan a una oficina…”

Con una descripción muy minuciosa, detalla todo lo que ocurrió en ese vuelo del 5 de mayo de 1977, que lo puso en la frontera entre la vida y la muerte pero en el que no dejaba de recordar aquel antiguo proverbio: “la hora más oscura es cuando comienza el amanecer”.

Se adjunta texto de la carta:

Buenos Aires, 5 de mayo del 2012

A 35 años del vuelo en la frontera de la muerte

Es 4 de mayo a media noche, estamos en el aeropuerto Charles de Gaulles en París, esperando el vuelo de Air France 418, con destino a Buenos Aires. El comandante anuncia que tendremos unos minutos de atraso. Todo bien, es un vuelo más después de un largo viaje pleno de actividades en Bradford, Londres y París. Me acompaña Beverly Keene, compañera de Jubileo Sur y Diálogo 2000.

El avión despega casi a las cero horas del día 5 de mayo. En ese momento, en segundos, minutos, o toda la eternidad, la memoria golpea mi conciencia y brotan miles de imágenes y momentos que surgen de espacios interiores que me sacuden y llevan a lo vivido hace 35 años. Trato de serenarme y ordenar mis pensamientos entre el paso del tiempo y la memoria que es presente.

El día 30 de abril en la Universidad de Londres, recordaba los 35 años de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo. Del dolor, resistencia y coraje nacido en el amor, reclamando el derecho de saber sobre sus hijos desaparecidos. Recordaba las luchas compartidas con el pueblo que fueron dejando huellas y caminadas hasta el día de hoy.

Volvió a mi mente la prisión, los miles de desaparecidos, muertos y exiliados por la dictadura militar argentina, la guerra de Malvinas y el dolor en resistencia de los pueblos en todo el continente contra las dictaduras militares.

Llegamos de Londres a París el 1º de Mayo, el día 30 de abril entregamos para ser presentada en el parlamento británico, la carta con la firma de siete Premios Nobel de la Paz y personalidades internacionales, para reclamar el diálogo entre Argentina e Inglaterra, para resolver el conflicto de las Islas Malvinas de acuerdo a las resoluciones de la ONU. El Primer Ministro David Cameron se negó a recibirme al igual que la embajadora británica en la Argentina. Lamentablemente sufren de soberbia imperial y falta de coraje para asumir el diálogo. A la embajada Argentina en Gran Bretaña le toca asumir una difícil tarea diplomática.

La memoria es reincidente en la vida y volví a ver a los chicos de la guerra que volvían del frente con el dolor y la muerte en la mochila, doloridos por la cobardía de sus jefes que los silenciaban, reprimían e ignoraban y vivir la angustia de heridas no cerradas en sus cuerpos y almas.

En París tuvimos el re-encuentro y actividades con organizaciones solidarias y amigos.

No voy a desarrollar los temas del viaje, no es la intención de esta nota, simplemente compartir la situación en que me encontraba el 5 de mayo del 2012, cuando se cumplieron 35 años de ese otro vuelo en la frontera de la muerte.

Todo vuelve a la memoria, el frío de ese 5 de mayo de 1977 cuando de noche me saca la guardia del calabozo, el “tubo 14” en la Superintendencia de Seguridad Federal, en la calle Moreno al 1500, a una cuadra del Departamento Central de la Policía donde fui detenido el 4 de abril de 1977. Muchas imágenes y recuerdos surgieron en mi mente y corazón. Volví a recordar y “ver” el corredor, las leoneras y calabozos, a los compañeros y compañeras presos; a mujeres que trasladaban de otras prisiones y a destinos desconocidos, o a una supuesta libertad y las largaban a la calle de noche con Estado de Sitio y las “chupaban” nuevamente.

Recordé la reja de entrada plegable con la gran cruz esvástica pintada en la pared con los rodillos para tomar las impresiones digitales y escrito “naZionalismo”, los frascos de sal gruesa que utilizaban para parar las hemorragias de sangre de los torturados.

Volví a “ver” el calabozo “tubo 14” con inscripciones, puteadas, oraciones y esa inscripción que no puedo dejar de pensar, que un prisionero o prisionera escribió con su propia sangre: “Dios no mata”.

Ese día 5 de Mayo deciden que hacer conmigo. Vivir o morir. Abren el tubo y me llevan a una oficina. Recuerdo a los uniformados que esperan la entrega del prisionero, observo sus rostros inexpresivos, todos tienen bigote y el pelo corto, parecen cansados de la rutina de matar y tirar prisioneros de los aviones al mar y de recibir órdenes, son autómatas. Escucho la orden: Póngale al detenido las esposas y lo llevan al celular, vayan dos de ustedes.

No entiendo que hablan entre los uniformados, han bajado la voz, unos me entregan y otros me llevan; para ellos soy una “cosa” que deben llevar o tirar en algún lado.

Mis preguntas no reciben respuesta.

El camión arranca y después de más de una hora de viaje se detiene y abren la puerta, es de noche y siento mucho frío. Veo un hangar de donde sale un pequeño avión que carretea en la pista y se dirige hacia donde estamos. Un letrero en el lugar indica: “Aeródromo de San Justo”.

No me quedan dudas de la orden que tienen y el destino que me espera, no necesito explicación alguna, conocía los vuelos de la muerte y el destino de los prisioneros. Recordé el antiguo proverbio:

“la hora más oscura es cuando comienza el amanecer”.

Me encadenan en el asiento trasero del avión, pasando la cadena por las esposas y las piernas, los uniformados toman asiento con sus armas reglamentarias y ametralladoras. En total siete personas, con el piloto y el co-piloto.

El avión carretea en la pista tomando velocidad para el despegue y veo el Río de la Plata, una masa de agua oscura con reflejos plateados por la luna, toma rumbo hacia el nordeste y veo el Río Lujan, el Paraná de las Palmas, el Paraná Guazú y el Paraná Miní, lugares que conozco por haberlos navegado, veo la costa del Uruguay, Montevideo, las luces, de la ciudad y las estrellas; el avión da vueltas sin rumbo alguno esperando la orden.

Comienza el amanecer, cada movimiento y respiración se siente en el avión, hay tensión y silencio, sólo se escucha el sonido del motor. El oficial a cargo del operativo saca una caja de un maletín negro que lleva consigo y manipula algo que no puedo ver porque está sentado adelante y yo en el último asiento. Me duele el cuerpo y me penetra el frío en el cuerpo y el alma. Creo que el oficial estaba manipulando una inyección, sabía que a los prisioneros antes de tirarlo le inyectaban una droga para dormirlos y evitar la resistencia.

Trato de respirar y serenar mi espíritu, rezo y pido a Dios que si es el último momento de mi vida que proteja a mi familia y a mi pueblo que no merecen vivir tantos sufrimientos.

Recordaba que en Ginebra, Suiza, en la Asociación Internacional de Juristas, pude ver un microfilm de cuerpos que la corriente del Río de la Plata había arrastrado a la costa uruguaya, de mujeres y hombres jóvenes a quienes les robaron la vida, algunos cuerpos estaban en parte comidos por los peces y atados con alambres. La dictadura militar no quería dejar rastros de los detenidos y buscaron hacerlos desaparecer y tirarlos de los aviones al río y el mar. Lo habíamos denunciado en Europa y el mundo, ante las Naciones Unidas, la OEA, iglesias y sindicatos, muchos no podían creer que fuera cierto, otros guardaron silencio, no faltaron los incrédulos, los cómplices internos y los externos.

En el vuelo recordé las inscripciones que dejaron otros prisioneros, una frase de San Juan de la Cruz, “en el atardecer de la vida te reclamarán en el amor” y ese tremendo acto de fe de un prisionero o prisionera torturado que escribe con su propia sangre “Dios no mata”.

Los asesinos también hablan de un dios, en cuyo nombre cometen toda clase de atrocidades, y son bendecidos por otros asesinos. Es la negación del Dios de la Vida.

La memoria regresa y muchas veces me pregunto ¿por qué yo, uno más entre las miles de víctimas?, porque la muerte no quiso abrazarme en ese entonces.

La conocí de frente y no le tuve miedo, si respeto. Sabemos que en algún momento nos abrazará a todos, no es horrible ni cadavérica, es como un cristal transparente donde refleja en miles de facetas tu vida, su rostro es el tuyo, el mío, el de todos

Supe que la Muerte está enamorada de la vida, una no puede ser sin la otra, son entes indivisibles, momentos de vivir y morir en la frontera de la existencia y el tiempo sin tiempo, donde el Uno respira sin ningún suspiro.

La oración del silencio de la palabra silenciada es vaciar el cántaro de toda carga del pensamiento de emociones y sólo dejar que fluya la luz.

En ese segundo de la eternidad, de ese límite, es cuando el piloto recibe una orden que transmite al jefe del operativo: “tengo orden de trasladar al detenido a la Base Aérea de Morón”. El jefe del operativo guarda la caja y habla con el piloto, no puedo escuchar que hablan, es casi un susurro.

El avión cambia el rumbo dejando atrás el Río de la Plata hacia el destino indicado y aterriza en la Base. La espera es larga y tensa en el tiempo sin tiempo que altera el ritmo del vivir o morir, el límite es ínfimo. Llega la orden, trasladar al prisionero a la Unidad 9 de La Plata, cárcel de máxima seguridad.

El vuelo de Air France 418 está por aterrizar en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Después de casi 14 horas de vuelo, es otro 5 de mayo a 35 años de distancia, han pasado muchas luces y sombras, dolores y alegrías, caminos recorridos y otros por recorrer con nuestros pueblos del que somos parte y todo.

El pasado es presente, las heridas duelen y buscamos sanarlas, la Verdad y la Justicia caminan del brazo lentamente, pero caminan. Los pueblos y miles de víctimas reclaman sus derechos. El mundo, el continente, el país han cambiado, quedan las huellas y memoria de lo vivido y la resistencia y la lucha que no ha terminado.

Salgo del aeropuerto y respiro profundamente, el aire es fresco y el sol nos anuncia un nuevo día. Voy conversando con el chofer y le pregunto: ¿Que tal las cosas por aquí?- Ayer hubo una gran tormenta con muchos destrozos, voladuras de techos y árboles caídos; hoy las cosas están tranquilas, ha salido el sol.

Me quedo con esto.

Hay que seguir andando, siempre con esperanza de un mundo mejor.

No te olvides de sonreír a la vida, a pesar de todo, siempre sale el sol.

Adolfo Pérez Esquivel.

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Un grito guaraní en medio del silencio

Claudia Rafael (APE)

Daniel Solano, con sus ojos rasgados y el barro eterno en la piel espejaba los vericuetos de historias que se entrecruzan una y mil veces. Daniel Solano ya no está. Vivía en Misión Cherenta, en Tartagal. Llevaba en la sangre la pertenencia indisoluble a la etnia guaraní. Todavía se lo extraña en Sportivo Guaraní donde la hinchada viva su nombre y grita su ausencia en la segunda fase de un certamen de la AFA. Es el primer equipo indígena de la historia que llega a esa instancia. Pero él no lo supo.

Daniel buscaba un lugar en el mundo.

Como tantos en los arrabales de esa patria olvidada viajó hasta Choele Choel a ganarse unos cuantos pesos en la cosecha de la manzana. Más de un día y medio en el traqueteo del colectivo desgastado, junto a otros 60 guaraníes como él, con un falso título de turistas para atravesar fronteras y paisajes desérticos y de los otros. A medio camino de esos 2100 kilómetros, los bajaron del micro y les hicieron llenar y firmar un simulacro de contrato en el que se aseguraba que ante el menor “conflicto” con la policía o la justicia, la empresa los echaría sin miramientos.

La historia de Daniel pincela a borbotones la crónica rancia y oscura de este país. Engullidor cruel de sueños velados.

Nació un 2 de noviembre, en 1984. Único varón en una familia de seis hijos. La mamá, Dorila Tercero, murió cuando Daniel tenía apenas 14. Allí, en Misión Cherenta viven unos 3000 guaraníes que deambulan sus días en la ausencia de empleo y de mañana.

El trabajo golondrina suele ser para muchos, la única y tenue esperanza a la que asirse cada año. También para Daniel.

Cuentan que un puntero del lugar suele ser contratado para promover el trabajo en las cosechas. Se trata de hablar por una FM del lugar y difundir las bondades de ese trabajo duro pero de buena paga. El puntero se lleva unos 3000 pesos por esa tarea de captación más el extra por llenar el micro. Y 60 trabajadores cada vez suben a esos colectivos cargados de sueños rotos.

Ya Daniel había viajado el año anterior. El 10 de octubre llegó por última vez a Choele Choel y se hospedaba en gamelas, como todo el resto. Sabía que en esta ocasión debería trabajar en el raleo de la manzana. Ir quitando a mano el exceso de frutas para equilibrar la maduración y mejorar la cosecha.

Cuando el 28 fue a cobrar su primer sueldo, se encontró con que apenas se le pagaban 800 de los 3000 prometidos. Hizo lo que no se debía hacer: reclamar. Hacer oir la voz suele ser un peligro de efectos colectivos y eso no se debe permitir. Daniel tenía lo que pocos tienen: un título secundario de la escuela técnica OEA, de Tartagal. Hay quienes dicen que le ofrecieron entonces el rol de puntero, pero que él no quiso.

El 4 de octubre compró un teléfono celular, le escribió a su novia “te extraño, mi amor” y le pidió que le cargara 10 pesos de crédito. Sus últimas huellas se diluyeron en el boliche Macuba, de Choele Choel, algunas horas más tarde.

Ayer, una patrulla de buzos buscaba su cuerpo con perros rastreadores. La misma búsqueda en los mismos exactos lugares en que fue buscado a poco de su desaparición por policías comandados por uno de los ahora 22 imputados en la causa.

Walberto Solano, el papá de Daniel, lleva 10 días en huelga de hambre en Río Negro. Hace frío para su piel tan salteña y guaraní. Lo internaron en terapia intensiva con signos de hipotermia.

***

“De sol a sol”, suele ser el común denominador para los trabajadores rurales en condiciones de semiesclavitud. Taperas, gamelas, carpas plásticas suelen ser el refugio en las noches para un trabajo dolorosamente duro. Hacinados en camiones, amontonados en colectivos añejos, son llevados desde una tierra de pobrezas hondas hacia los oasis del cultivo en donde las promesas mutan en decepción.

En Río negro las denuncias suelen multiplicarse año tras año como epidemia imparable. Como aquel enero de 2010 en que encontraron a cientos de trabajadores hacinados en un galpón de la misma ciudad en que por octubre de 2011 se hospedaba Daniel Solano. “Les habían ofrecido 81 pesos por día y vivienda. En cambio le daban 30 pesos y un tinglado superpoblado. La mitad de los trabajadores dormía sobre el piso. Si alguien reclamaba, en el predio había policías de la provincia que amenazaban con reprimir”, escribía por entonces Darío Aranda en Página 12.

La cosecha del ajo y la uva, en Cuyo; de la manzana y la fruta fina en el Valle Medio y Alto Valle; de la oliva, en Catamarca y La Rioja; del arándano, en Entre Ríos multiplican esa práctica ancestral de explotación.

Una expoliación sostenida que forja riquezas a fuerza de silencios y complicidades. Pero que perdura en el tiempo con la orden férrea de no sacar los pies del plato. De lo contrario sobrevendrán otras prácticas aleccionadoras.

El ya disuelto y temible grupo antimotines Bora, de la policía rionegrina, trabajaba como guardia privada de la empresa Expofrut Univeg SA en sus instalaciones frutículas de Lamarque. Una firma que sostiene el eslogan de "estricto cumplimiento de estándares de calidad y buenas prácticas" mientras mantiene en la semiesclavitud a miles y miles de trabajadores golondrina.

Daniel Solano ya no está. Desapareció aquella madrugada del 5 de noviembre a poco de haber levantado su voz contra la contratista Agro Cosecha que lo llevó a trabajar para Expofrut. Hay 22 policías imputados por presunto encubrimiento, empresarios sospechados, dirigentes políticos y gremiales que callaron o asintieron.

“La cadena de complicidades incluye a los empresarios, intermediarios, sindicatos y Estado”, afirma Guillermo Neiman, investigador agrario de la Flacso, cuando analiza la estructura íntima de la explotación rural. Hay indudablemente un entramado profundo que desnuda la médula del trabajo golondrina.

Una cadena que sigue acoplando engranajes y aceitando sus eslabones en cada nuevo micro cargado de trabajadores extorsionados en la sumisión, a sabiendas de que una larga fila de desarrapados los podrá reemplazar ante el menor gritito tenue en medio del silencio.

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Los niños envenenados

Silvana Melo (APE)

José Rivero jugaba en la tierra, en la chacrita de Lavalle, a pocos kilómetros de Corrientes. Hundía el pie en la humedad y miraba el moldecito de su huella. A veces modelaba el barro y otras se ennegrecía los dientes con los dedos. A los cuatro años no entendía la muerte de sus animales, que iban cayendo, tiesos y amarillos, después de días de desánimo y vómitos bordó. Comía tierra mientras alzaba chozas con ella, con techitos de rama seca. A su alrededor los plantíos eran una alfombra verde. Algunos días se venía un olor fuerte, penetrante en los pulmones. Los ojos picaban y la garganta era de lija. La vida en su casa agonizaba proporcionalmente al verdor de las chacras. Se fueron secando, fumigados como malezas.

José murió en el Garrahan, envenenado. La tierra estaba embebida de clorados.

El modelo extractivo no incluye la vida. Menos aún aquellas vidas anónimas, de gente pequeñita, que llegó a deshora a un mundo para otros. Menos aún para las vidas confinadas a una parcela mínima en medio del negocio. Que se las arreglará más temprano que tarde para sacárselas de encima. Con la policía, con las patotas, con el cianuro en el agua o fumigándoles la casa y la piel. Como a la mala hierba. La soja modificada genéticamente resiste al glifosato y ve, desde su púlpito, extinguirse al pasterío indeseable. Pero los niños no tienen modificación genética. Y suelen morirse como los pastos.

Un año atrás dos vecinos de José, Nicolás Arévalo y su prima Celeste Estévez, caminaban por los sembrados en Lavalle, hundiendo los pies en el barro. Por su piel penetró el endosulfán, el mismo veneno atroz que mató a José. Un clorado prohibido en casi todo el mundo pero que en un par de países de América Latina sigue aplicándose. Nicolás no pudo resistirlo. Tenía cuatro años. A los niños de tierras perdidas los persigue el hambre, el gatillo fácil, el paco o una nube tóxica. Como los químicos asimilables al napalm que enfermaron de cáncer a Ezequiel, de siete años, en Nuestra Huella. Murió hace dos años de un tumor cerebral, después de haber apilado miles de huevos desde los cuatro. Embarrado de estiércol y agroquímicos.

Los niños de tierras perdidas son débiles como la hierba.

En Misiones, 5 de cada 1000 niños nacen con malformaciones, según el informe del doctor Juan Carlos Demaio, jefe de cirugía del Hospital Provincial Ramón Madariaga. La mayoría, en las zonas tabacaleras y papeleras. Los agrotóxicos matan lo que se le interponga al cultivo. Se cuelan en el ambiente, en el agua, en la dermis de la tierra.

En siete años fueron cayéndose muertos uno a uno. Los primitos Portillo vivían en el paraje rural del Tala, en Entre Ríos. Habían quedado presos de las plantaciones de soja. Rodeados en su pequeña casita, en la única tierra suya, que les fue respetada apenas. Entre 2000 y 2007 fueron fumigados como al junquillo, atacados como a la peor maleza. Pero el junquillo resiste más que Alexis, de un año y medio. Que Rocío y Cristian, de ocho. Que se extinguieron como luciérnagas en el día. Sin poder pelearle a nada.

“Cuando fumigaban, nos encerrábamos en la pieza. Por días nos dolía la cabeza, picaba la garganta y ojos. Y si llovía, el arroyo de casa bajaba con peces muertos. En el campo hay palomas, perdices y liebres muertas, nada deja el veneno”, dice Norma, la mamá de Cristian. En Gualeguaychú culparon a la sangre (los papás eran primos). Después, a una bacteria desconocida. Por último a la supuesta desnutrición de los chicos.

Los niños de las tierras perdidas son débiles como la hierba. Y el poder económico los tala como a los montes.

El endosulfán, el glifosato y todos sus socios, amigos y parentelas son los dioses potentes del modelo extractivo que no deja hierba en pie. Ni pulmones ni niños ni tierra para jugar ni barro donde hundir el pie. Cómplices directos del cianuro que envenena el agua. De la topadora de los monstruos que construyen poder y riqueza sobre la piel de las vidas nuevas. Sobre los pedacitos de porvenir que intentan resistir a la agonía de sus cielos y de sus pájaros.

Pero los niños de las tierras perdidas son tan débiles como la hierba.

Se apagan, anónimos, como fueguitos lejanos. Y los pájaros se quedan cada vez más solos.

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Argentina, Córdoba: El trabajo sexual no es trata

PRENSA RED

AMMAR-Córdoba criticó al gobernador porque los proyectos enviados a la Unicameral para combatir la trata “son insuficientes y conllevan el riesgo de promover una mayor clandestinidad”. Reclaman participar en las políticas que las involucran.

El envío de dos proyectos de ley por parte del gobierno provincial para luchar contra la trata y la explotación sexual fue duramente criticado por la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR-Córdoba) porque “expresa la insuficiencia de estas medidas por tratarse de mecanismos que conllevan el riesgo de promover una mayor clandestinidad de la actividad”.

En un comunicado, la organización recuerda que “en la actualidad está prohibido por el Código Penal el proxenetismo mientras no conocemos que existan algunos procesados por este delito en la provincia”.

Sostiene además que “la falta de consulta por parte del gobierno provincial a nuestra organización, invisibilizando al colectivo político organizado, demuestra que no se pretende terminar con la trata sino criminalizar la actividad”.
“Como AMMAR proponemos la constitución de cooperativas de trabajo llevadas adelante y gestionadas por las propias compañeras sin proxenetas de por medio”, expresa en otro párrafo el comunicado.

La organización asegura que quieren sentarse “con el gobierno provincial a garantizar de manera conjunta el trabajo sexual bajo condiciones dignas de higiene y seguridad, y nos ponemos a disposición del señor Gobernador y del conjunto de los legisladores cordobeses para colaborar en todo lo que podamos para combatir la trata de personas".

Diferenciar el trabajo sexual de la trata

El Secretario General de la CTA-Capital, Guido Dreizik opinó que “primero hay que diferenciar el trabajo sexual de la trata de personas porque La prostitución es una actividad de instancia privada, licita no penalizada, cuando hablamos de mujeres mayores de edad, siendo un modo de subsistencia de la que viven miles de familia en la actualidad”.
Dreizik recordó que “AMMAR es una organización sindical nacional con personería jurídica enrolada desde hace dos años en la CTA y que representa a más de 800 trabajadoras sexuales tan solo en la ciudad de Córdoba"
El dirigente asegura que AMMAR apuesta a la legislación de la actividad, “para no caer en las redes mafiosas propias de la clandestinidad y del vacío legal que existe porque las compañera están cansadas que lo único que hagan con ellas es criminalizarlas, construyendo herramientas punitivas, y no propuestas inclusivas”.

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Argentina: Revelan disparidad en asignación de fondos nacionales

MOMARANDU

Según un estudio de una consultora privada, desde 2003 a la fecha Corrientes recibió un promedio de 590 dólares por habitante en concepto de fondos que Nación distribuye , mientras en el mismo periodo Santa Cruz recibió más de 8 mil dólares y Chaco US$1759.

Así lo refiere un estudio de la consultora Labour, Capital & Grouth, que señala una fuerte disparidad entre provincias ampliamente beneficiadas por los fondos discrecionales, dinero que el Ejecutivo nacional maneja por cuenta propia, y otras perjudicadas.

Del informe se desprende que estados como Santa Cruz, La Rioja o Santiago del Estero, cubren con fondos discrecionales más del 60% de su presupuesto.

En el caso de Corrientes está apuntada como uno de los distritos menos beneficiados. La distribución de fondos por habitante demuestra la brecha existente pues la provincia recibió 590 dólares por cada habitante, contra 8 mil 938 dólares por cada santacruceño.

Corrientes está apenas por encima de las que menos fondos recibieron que fueron Capital Federal US$ 226, Mendoza (US$ 546), San Luis 552 dólares Buenos Aires (US$ 588).

Si se analiza la región NEA, se desprende una distancia de Corrientes con las demás provincias pues Chaco en el mismo periodo recibió un promedio de 1759 dólares, Formosa US$ 1472 y Misiones 1294 dólares.

Otro informe, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) también tradujo en cifras la creciente dependencia de algunas provincias de los recursos discrecionales.

Para esta consultora, el índice de autonomía del consolidado provincial, es decir en cuanto dependen las provincias de sus propios recursos, disminuyó de un 47% a un 41% en seis años, a pesar de que la recaudación propia de las provincias subió un 25% anual promedio y los envíos de coparticipación federal un 26%.

La clave está en que las transferencias nacionales no automáticas (discrecionales) crecieron a un ritmo promedio anual del 42%, lo que tiene efectos en la autonomía de los estados provinciales.

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Pueblos originarios: Consejo Plurinacional Indígena denuncia falta de consulta al regular el derecho a la tierra, territorios y recursos naturales

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

Félix Díaz de la Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh de Formosa y miembro del Consejo Plurinacional Indígena hizo llegar a COPENOA el comunicado elaborado por los diferentes Pueblo Originarios preocupados por las medidas inconsultas que desde el Ejecutivo Nacional se pretende imponerles mediante la reforma del Código Civil.

“La Presidenta Cristina Kirchner presentó en marzo ante el Congreso de la Nación una propuesta para modificar el Código Civil Argentino. El título V de ese Código reglamenta cuestiones relativas a los Pueblos Indígenas y sus derechos reconocidos.” Declaran los referentes indígenas a COPENOA.

A continuación manifiestan: “Queremos señalar el alerta, porque se quiere regular el tema más sentido por los Pueblos Indígenas en el país: el derecho a la tierra, territorios y recursos naturales. Es urgente revisar esta situación. Derechos constitucionales ganados en décadas de lucha, pueden quedar reducidos a un Código Civil que no mide el impacto que va a generar en nuestras vidas y culturas. Estas son algunas de las razones:

Falta de Consulta: la ley obliga al Estado a consultar a los Pueblos Indígenas a través de sus instituciones representativas, cuando se legisla sobre aspectos que puedan afectar los intereses del conjunto de pueblos y culturas. En este caso, la inclusión del titulo V en el anteproyecto de ley, no se consulto ni siquiera al Consejo de Participación Indígena (CPI), creado en el marco del mismo INAI.

Tierra, no territorio: el derecho de los PUEBLOS a administrar y controlar sus TERRITORIOS, es ya derecho reconocido y aplicado. El proyecto habla de inmueble, concepto relacionado de manera directa con el concepto de TIERRA. No utiliza el término constitucional de territorio que es más adecuado para describir el espacio o hábitat en que habitan y desarrollan su vida comunitaria los pueblos indígenas. El borrador de nuevo Código no solo baja de rango un derecho ya normado por la Constitución y los Convenios internacionales como el 169, sino que además pretende interpretar la relación que los Pueblos tenemos con nuestros Territorios estableciendo una relación material y economicista de la tierra, despojándolo de toda su dimensión cosmogónica y cultural.

Tierras rurales: el borrador relaciona y reduce la existencia cultural indígena a la ruralidad o campesinado. Se determina el derecho a la propiedad comunitaria únicamente sobre los inmuebles rurales (art. 2028). Se dejan afuera los espacios urbanos que en muchos casos son ocupados por grupos indígenas que han sido forzados a migrar a las ciudades y/o generaciones enteras que han nacido en la urbe, que en procesos de recuperación de la identidad se han constituido como Comunidades. Por último obliga a que el inmueble tenga como destino la preservación cultural y el hábitat comunitario, no como una forma de reconocer esos conceptos como integrantes de espacios indígenas, sino utilizándolos como limitante del derecho, inmiscuyéndose en la autonomía indígena.

Persona Jurídica de derecho privado: el artículo 148 del borrador establece la calidad de persona jurídica de derecho privado a las Comunidades Indígenas. Esto significa que se sitúa a las Comunidades Indígenas al mismo nivel que las asociaciones civiles, que las fundaciones, que las sociedades comerciales, etc, pese a que la Constitución Nacional establece su reconocimiento como consecuencia de reconocer el carácter de PUEBLOS preexistentes al Estado Nacional. De este modo se niega la realidad jurídica previa que tienen las comunidades indígenas y se tiende a desconocer el carácter declarativo de las resoluciones de inscripción, ya que al introducir a aquellas dentro de la categoría de personas de derecho privado se las equipara a las otras personas jurídicas que constituye el Estado. Nuestras normas y sistemas de justicia, nuestros criterios de convivencia o de administración de nuestra economía, educación y salud, queda reducido y controlado en una “personería jurídica de derecho privado”, cuando el marco legal superior indica que debemos avanzar hacia una Personalidad Jurídica de Derecho Publico no estatal. Esto último implica que el Estado y sus organismos de control no pueden intervenir nuestra vida interna y procesos organizativos, que es la práctica común hasta hoy. Las direcciones de personerías jurídicas son hoy verdaderos órganos de intervención y de control sobre nuestras vidas autónomas.

Pueblos, no Comunidades: la propuesta de nuevo Código Civil reconoce a la COMUNIDAD. No se refiere a los PUEBLOS INDIGENAS como lo señala la Constitución Nacional que:”…reconoce la PREEXISTENCIA de los Pueblos Indígenas…” a la conformación del mismo estado argentino, como también lo reconoce el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas. La comunidad es la célula sobe la cual se organizan los pueblos indígenas; los pueblos indígenas están integrados por comunidades. Pero no se debe confundir el comunitarismo indígena que promueve el estado, para mantener control y dominio, con la defensa de la comunidad que hacemos los pueblos indígenas. La garantía mínima para que la vida comunitaria pueda desarrollarse y ser viable en medio de un ambiente hostil y de permanente invasión cultural, es consolidar formas de organización y nuestra institucionalidad política como Pueblos. De esa forma la comunidad se constituye en el nivel básico, la célula vital, la piedra fundamental de nuestro desarrollo como Pueblos Preexistentes.

Derecho a la Consulta/Recursos Naturales: La incorporación del derecho a la Consulta en el borrador es de una gravedad alarmante. Es un derecho que está costando hasta vidas humanas (en el país y en otras regiones del continente), por la importancia estratégica para defendernos del avance de la explotación irracional sobre nuestros territorios. Que hayan incluido el derecho a la Consulta, en este borrador de nuevo código, en un artículo, el 2038, que dice: la explotación de nuestros recursos naturales: “…está sujeto a previa información y consulta a las comunidades…” es violatoria de todos los avances sobre el tema. El derecho ya reconocido (art. 6 y 15 del Convenio 169 y art. 18 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas) es la necesidad de obtener el Libre Consentimiento Fundamentado Previo de los Pueblos afectados ante medidas u actos que puedan afectar sus intereses. Este avance conseguido en la última década, queda reducido en el borrador a un mero trámite administrativo de “información y consulta”.

En este caso lo grave de la situación es que van a encorsetar al derecho indígena que es un derecho CONSTITUCIONAL, dentro del Título de un Código Civil. Creemos que no es un descuido, porque el derecho indígena va tomando tal dimensión, al punto de ser el único que tiene legitimidad, autoridad moral y peso jurídico para condicionar o detener un modelo de explotación extractivista, que como decimos siempre, es un proyecto de muerte para nuestros territorios.

Actualizar un Código Civil que hoy es obsoleto y contradice la realidad que pretende regular, es sumamente necesario. Lo que es inadecuado a todas luces, es reglamentar la propiedad comunitaria indígena mediante la incorporación de un titulo especial en el Código Civil, toda vez que la posesión y propiedad indígena no solo son diferentes a la posesión y propiedad civil, sino muchas veces, hasta incompatibles. La Propiedad Comunitaria no puede quedar encorsetado en un Código Civil y debe ser reglamentado en una Ley Especial, como lo prometió la Presidenta en la reunión que mantuvo con el Consejo Plurinacional Indígena, en el marco de los festejos del Bicentenario, luego de la histórica Marcha a Plaza de mayo que reunió a casi 30.000 hermanos de todo el país, concluyeron los dirigentes en su comunicación con COPENOA.

Al grito de Jallalla – Marici Weu – Yasurupai – Takiñiwe – Muranta!!!, firmaron su documento :

Elias Maripan – REGION SUR
Paz Argentina Quiroga – REGION CUYO
David Sarapura – REGION NORTE
Nilo Cayuqueo – REGION Pcia de BsAs
Nestor Juan Angel – REGION CHACO
Jorge Nahuel – Confederación Mapuche (Neuquén)
Luis Alberto Angel – UNIS Unidad Norte Indígena en Salta (Salta)
Horacio Osores – Organización Warpe Waro (Mendoza)
Jorge Mamani – CPI Kolla de la Puna de Jujuy (Jujuy)
Alejandra Castro – CPI Kolla de la Puna de Jujuy
Lorenzo Canaviri – Organización Kolla Qollamarka (Salta)
Eduardo Nievas – Comunidad Indigena Amaicha del Valle (Tucuman)
Catri Duarte – Mburuvicha de Tekoa Ka`aguy Miri rupa (Misiones)
Ignacio Prafil – Lofce Fvta Anekon (Rio Negro)
Juan Ramos – Consejo de la Nación Guarani (Misiones)
Felix Diaz – Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh (Formosa).

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Argentina, Salta: Ambientalistas de Cafayate sobreseídos en causa penal de Minera Alumbrera

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

El Juzgado Correccional y de Garantías N° 3 a cargo del Dr. Marcelo Torres Gálvez, resolvió sobreseer a los ambientalistas de Cafayate que habían realizado un corte de calles selectivo impidiendo el paso de camiones de gran porte que transportaban tanques con destino a Mina La Alumbrera . La Dra. Mara Puntano, abogada de DDHH no gubernamental y defensora de los luchadores cafayateños , expresó a COPENOA.

El periodista Cafayateño Sergio “Chala” Núñez, entrevisto a la Dra. Mara Puntano sobre los alcances del fallo judicial, que beneficia a los ambientalistas.


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Campesinos bolivianos en alerta contra maniobras de oposición

PL

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia orientó hoy a todos sus afiliados a mantenerse en alerta ante las acciones de la oposición con el objetivo de desestabilizar al gobierno de Evo Morales.

La entidad, según Licarión Soto, su secretario de educación, instruyó a todas las organizaciones afiliadas a mantenerse en emergencia permanente contra las conspiraciones opositoras, entre las cuales incluyó la novena marcha, organizada por la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano.

Soto remarcó que los campesinos observan con preocupación desde hace muchos días el comportamiento de la derecha, por lo cual orientó a las federaciones departamentales, regionales y a los sindicatos a permanecer en emergencia.

"No es por temor, sino una alerta permanente ante la actitud conspirativa de la oposición", insistió Soto.

El dirigente recalcó que la conspiración de los opositores es latente y consideró que actúa de manera maliciosa, utilizando, por ejemplo, a los habitantes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure.

Para Soto, la novena marcha indígena no tiene como objetivo defender el referido parque nacional, sino intereses políticos.

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Presidenta brasileña resalta necesidad de la verdad, sin revanchismo

PL

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirmó hoy que la instalación de la Comisión Nacional de la Verdad persigue conocer lo que realmente aconteció, y carece de odio, revanchismo o deseo de reescribir la historia.

"Brasil merece la verdad, las nuevas generaciones merecen la verdad y, sobre todo, merecen la verdad quienes perdieron amigos y parientes y que continúan sufriendo como si ellos muriesen de nuevo y siempre cada día", aseveró Rousseff emociada hasta las lágrimas, en la instalación de la Comisión de la Verdad.

La Presidenta, quien es una de las miles de personas que fueron arrestadas y torturadas por la dictadura militar (1964-1985), aseguró que al darle posesión a los siete integrantes de ese grupo "no nos mueve el revanchismo, o el odio, o el deseo de reescribir la historia de una forma diferente a como aconteció".

Nos mueve, subrayó, la necesidad imperiosa de conocer la verdad en su plenitud, sin ocultamiento.

Rousseff dió posesión al exministro de Justicia José Carlos Dias, el magistrado del Superior Tribunal de Justicia Gilson Dipp, la abogada Rosa María Cardoso, el ex procurador general Claudio Fonteles, el diplomático Paulo Sergio Pinheiro, la psicoanalista María Rita Kehl y el jurista José Cavalcante Filho.

A la ceremonia, efectuada en el Palacio de Planalto, asistieron todos los expresidentes brasileños vivos posteriores al régimen militar: José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva.

Sobre los miembros de la Comisión, la mandataria aseveró que su selección no estuvo motivada por criterios personales o por evaluaciones subjetivas. "Escogí un grupo plural de ciudadanos de reconocida competencia, sensatos y ponderados", dijo.

Ellos, agregó, son capaces de entender la dimensión del trabajo que van a ejecutar con toda libertad, sin cualquier interferencia del gobierno, mas con todo el apoyo en lo que necesiten.

A nombre de los que tomaron posesión, el exministro de justicia Dias resaltó el paso relevante que significa para la consolidación de la sociedad democrática brasileña, virando la página dolorosa de nuestra historia en que los derechos públicos fueron suprimidos.

Exaltó que la Presidenta "marca su gobierno con el coraje de asumir un definitivo compromiso con la verdad de ese capítulo sombrío de nuestra historia".

Los siete integrantes de la Comisión de la Verdad investigarán las violaciones de los derechos humanos en este país entre 1946 y 1988, aunque sin la posibilidad de llevar a los autores a la justicia.

Tendrán dos años para elaborar su informe a partir de declaraciones y la recopilación y análisis de documentos sobre esos crímenes en el período mencionado, que incluye la dictadura militar. Pese a no tener un fin punitivo, en el texto estarán registrados los nombres de los criminales y sus actos.

La imposibilidad de enjuiciar a los criminales está dada por la vigencia de la Ley de Amnistía, aprobada en 1979, todavía bajo el régimen militar, la cual impide el procesamiento judicial de los autores de torturas, asesinatos, desapariciones y otros delitos cometidos en esos 21 años.

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Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia entra en vigencia

RIA NOVOSTI

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia entró en vigencia tras seis años de constantes aplazamientos.

Según la fuente, la entrada en vigor del TLC provocó una serie de comentarios por parte de políticos en Colombia tanto positivos como negativos. Entre estos últimos se vaticina el debacle de la agricultura y la industria del país andino.

Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, considera que el TLC contribuirá a que los productos del país suramericano lleguen al mercado estadounidense; a la creación de por lo menos 100 mil plazas de trabajo, y que sería incorrecto no aprovechar la oportunidad que brinda el tratado.

En la actualidad, Estados Unidos es el socio comercial más importante de la nación suramericana. No obstante, el TLC permitirá que la exportación colombiana a ese país aumente en 6-10 por ciento al año.

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia fue firmado a finales de 2006, pero su ratificación se vio aplazada debido a que el Partido Democrático en el Congreso estadounidense exigía primero mejorar la situación relativa a la seguridad de los trabajadores y que se castigue a los asesinos de líderes sindicales en Colombia. Inicialmente el TLC debió entrar en vigor el 1 de enero de 2007.

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Bloqueo de Estados Unidos contra Cuba obstaculiza acceso a tecnologías

PL

Cuba denunció ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el bloqueo mantenido por Estados Unidos desde hace más de 50 años obstaculiza el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

El cerco económico, comercial y financiero dificulta la compra- venta en el mercado mundial de esos productos y servicios, incluyendo el comercio electrónico, que hoy constituye una herramienta importante de apoyo a las relaciones económicas internacionales.

Al intervenir en un simposio por el aniversario XV del Acuerdo sobre Tecnologías de la Información, el consejero de la misión cubana en Ginebra, Carlos Fidel Martín, solicitó a los asistentes exigir al gobierno norteamericano poner fin a sus medidas coercitivas unilaterales contra su país.

Esas prácticas son contrarias al derecho internacional, a las normas de la OMC y tienen incluso efectos extraterritoriales, denunció.

El representante cubano también ratificó su rechazo a las llamadas iniciativas plurilaterales o más restringidas en cuanto al número de participantes, que algunos países desarrollados tratan de impulsar ante el estancamiento de las negociaciones de la Ronda de Doha.

Advirtió Martín que esa modalidad de negociación en la OMC socava principios fundamentales del Sistema Multilateral de Comercio.

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Guatemala, país pobre y desnutrido, burocratiza el combate del hambre

CERIGUA

La desnutrición crónica infantil en Guatemala, país que ocupa el primer lugar en este flagelo en Centro América y tiene la más alta prevalencia de niños con desnutrición crónica en Latinoamérica y el Caribe, imposibilita la erradicación de la extrema pobreza y la reducción de la pobreza y le produce pérdidas al Estado en áreas como salud, educación y productividad, según un reciente informe del Procurador de los Derechos Humanos (PDH).

El V informe de la PDH sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional: de la asistencia humanitaria a la erradicación de la pobreza que fue entregado al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria (CONASAN) aborda el costo social y económico de la desnutrición y la situación de la seguridad alimentaria y nutricional en el país de 2008 a 2012.

El informe señala que la desnutrición continúa siendo un grave problema que afecta a más de la mitad de la población y a la niñez guatemalteca; este flagelo imposibilita la erradicación de la extrema pobreza y la reducción de la pobreza por sus efectos negativos en la salud y educación y consecuentemente en los potenciales ingresos de quiénes la sufren.

Aunque el país es capaz de producir todos los alimentos que su población necesita no existe disponibilidad de alimentos; gran parte de la población, paradójicamente la campesina no puede acceder física y económicamente a estos.

El modelo de producción agrícola, propiedad y uso de la tierra permanece sin transformaciones ni reformas, manteniéndose el desarrollo hacia afuera, consolidando la gran propiedad y la producción de monocultivos para la agroexportación, según la PDH.

Por su parte, el Estado y su aparato burocrático no se han apropiado de la política, las estrategias, el plan estratégico y los planes operativos para combatir la desnutrición, impidiendo que se reconozca la dimensión del problema y se actúe con decisión para enfrentar y reducir el hambre y las muertes que produce en el país.

En el ámbito legislativo aún no se han aprobado las iniciativas de ley de Desarrollo Rural y la de Granos Básicos, relacionadas a la Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN).

Asimismo la institucionalidad creada para combatir la desnutrición y garantizar el derecho a la alimentación y el derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional se ha mostrado débil y no ha sido capaz de consolidarse y coordinarse adecuadamente para cumplir con los fines que se trazaron en la ley y en la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, lo que constituye un obstáculo para el cumplimiento del Plan Hambre Cero, recién lanzado por el gobierno actual.

Entre las recomendaciones que la PDH hace al Estado está dar cumplimiento a las recomendaciones de los cuatro informes anteriores; impulsar el fortalecimiento jurídico, institucional y financiero del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y generar una coordinación de esfuerzos de todas las instituciones involucradas en la ejecución del Plan Hambre Cero.

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El Salvador: Familiares de las víctimas de masacre del Río Sumpul esperan justicia

COLATINO

Sobrevivientes de la masacre del Río Sumpul y familiares de las víctimas solicitan a las autoridades judiciales y a la fiscalía, que investigue el caso y castigue a los culpables del asesinato de más de 600 personas, hace 32 años, en el caserío Las Aradas, en Chalatenango.

“Nosotros no pedimos venganza, pedimos juicio y castigo, pedimos que se investigue y que haya justicia”, aseguró Blanca Miriam Ayala, sobreviviente de la masacre, en la entrevista Agenda de Nación, que se transmite en Canal 10 y Radio Nacional. La zona en donde se perpetró el crimen, que es fronteriza con Honduras, fue declarada ayer Bien Cultural de El Salvador, por la Secretaría de Cultura de la Presidencia, medida que fue aplaudida por los familiares de las víctimas.

El 13 y 14 de mayo de 1980, miembros de la Fuerza Armada realizaron un operativo militar en el norte de Chalatenango y persiguieron a la población que intentaba huir hacia Honduras y asesinaron en la zona de Las Aradas a cientos de personas en la ribera del Río Sumpul, afirmó Ayala, quien logró escapar.

“Yo oí que dijo una voz, sálvese quien pueda, porque era fuego cruzado y la única alternativa era el río, allí murió mi hermana Emilia Ayala, de 16 años, yo quedé sola, entonces intenté pasarme el río, pasó un muchacho que podía nadar y nos prendimos como cinco mujeres, y él nos dijo, yo los saco hasta la orilla del río”, describió la sobreviviente que en ese entonces tenía 12 años.

“Yo me salí y me quede en medio de unos matochos, el ejército pasaba disparando, la gente corriendo y yo como pude me salve y vi, estando allí escondida en unos matorrales, cuando el ejército, a la gente que no se fue para el río porque no podía nadar con sus bebes, la pusieron en fila y le dieron el tiro de gracia. Allí iban mujeres, jóvenes, niños y ancianos, la mayor parte, ahí no habían armas”, afirmó Ayala.

En el asesinato de más de 600 campesinos en el Río Sumpul se deduce que también habría participado el ejército hondureño, que cercó la zona y evitó que las personas pudieran refugiarse en el vecino país, afirmó Alejandro Lening Díaz, representante de Tutela Legal del Arzobispado, entidad que ha recopilado los testimonios de los sobrevivientes. Esta masacre y otras como la de El Mozote fueron resultado de la política de tierra arrasada que aplicó el ejército salvadoreño durante operativos militares entre 1980 y 1985, explicó Díaz.

Recientemente, como resultado de la presión de los sobrevivientes y de las investigaciones de Tutela Legal, el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango ordenó a la Fiscalía General de la República retomar las investigaciones sobre el crimen.

“Es una masacre muy grave, es un delito de lesa humanidad, es un delito que no prescribe, que no admite amnistía. Entonces acudimos y se pidieron nuevas diligencias, se nos notifica que se accede a seguir el proceso, a darle continuidad y se ordenan ciertas diligencias que las tiene que realizar la fiscalía”, aseguró Díaz.

Ayala reconoció las medidas que ha tomado el actual gobierno en materia de reparaciones para las víctimas de delitos de lesa humanidad y destacó el pedido de perdón que realizó el Presidente Mauricio Funes por la masacre de El Mozote en enero pasado y la declaratoria de Bien Cultural al sitio en donde se realizó la masacre de El Sumpul.

“Como sobreviviente y en nombre de todos los sobrevivientes es un gesto que nuestro presidente ha hecho y nosotros nos sentimos satisfechos ahorita con el proceso, con la declaración que ayer fue a leer el delegado de la Secretaría de Cultura”, afirmó Blanca Miriam Ayala.

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