martes, 29 de mayo de 2012

El señuelo del “progreso”

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

En numerosas circunstancias en la historia, las clases dominantes y sus representantes intelectuales y políticos han logrado enganchar a los sectores populares en el logro de sus objetivos, atrayéndolos con ofertas de igualdad de oportunidades, libertad política y progreso económico. Así, se ha hablado de vías y de “alianzas para el progreso” (como la sugerida por el presidente John F. Kennedy para afianzar la hegemonía estadounidense sobre nuestra América y evitar una nueva experiencia revolucionaria como la de Cuba en alguno de sus países), el recetario neoliberal del Fondo Monetario Internacional y los Tratados de Libre Comercio con los países industrializados.

Sin embargo, la misma historia se ha encargado desmentir contundentemente la “sinceridad democrática” de la clase dominante, incluso de aquellos que, proclamándose socialistas (como en España), le hacen el juego. Esto último ya lo habían advertido Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto Comunista cuando escriben que “los burgueses socialistas quieren perpetuar las condiciones de vida de la sociedad moderna sin las luchas y los peligros que surgen fatalmente de ellas. Quieren perpetuar la sociedad actual sin los elementos que revolucionan y descomponen. Quieren la burguesía sin el proletariado”. De ahí que el señuelo del “progreso” sea una constante cada vez que la clase dominante pretende extender su potestad sobre la sociedad, explotando las necesidades básicas y creadas de una vasta porción de la población que no halla mejor forma de satisfacerlas que secundarla, producto de la alienación inducida en la misma durante décadas.
Esto ha logrado que, en la mayoría de las veces, los grupos revolucionarios caigan en semejante trampa, tratando de captar las simpatías populares, pero sin plantearse contribuir sostenidamente a darle al pueblo las herramientas ideológicas y políticas que lo hagan superar este ciclo de dependencia que sólo profundiza su malestar y su impotencia, haciéndolo presa fácil de todo tipo de demagogia. Por ello es fundamental que quienes enarbolan las banderas revolucionarias tengan presente que el objetivo primordial de la revolución socialista es la transformación radical del orden imperante, de otro modo se estarían ubicando en el campo común del reformismo liberal-burgués, sin producir cambio socialista alguno. Por lo tanto, la promesa de progreso de la clase dominante tiene que combatirse con el respaldo de la historia de aquellos acontecimientos que pudieron resolverse a favor de los intereses populares y fueron frustrados, combatidos y distorsionados por quienes ocuparon las posiciones de poder en su nombre. Demás está afirmar que es necesario esclarecerle al pueblo cuáles son los verdaderos intereses que persigue dicha clase social al convidarlo a “compartir” este “progreso”. Para muestra, bastaría recapitular lo vivido en Chile, Argentina y México, por citar algunas de las naciones de nuestra América donde se “modernizó” la economía, según la tesis neoliberal muy en boga durante las dos últimas décadas del siglo XX.
Es difícil creer que la lógica capitalista podría resolver los graves problemas estructurales que padecen nuestros pueblos. Sólo quienes legitimen el individualismo (el patrón se queda con la mayor parte del fruto del esfuerzo productivo de los trabajadores), la economía del mercado (maximización del lucro, la ganancia y la rentabilidad a través de la explotación indiscriminada de la fuerza de trabajo asalariada), la responsabilidad individual y la libertad empresarial sin control alguno del Estado, estarán de acuerdo en que dicho “progreso” es posible. Lamentablemente, dicha fábula sólo ha engendrado mayores niveles de desempleo, pobreza, miseria y exclusión social que no pueden reducirse ni eliminarse únicamente con buenos deseos. No se puede obviar, por consiguiente, que “el mercado sin restricciones -como lo refiriera David Korten- tiende a funcionar como una institución profundamente antidemocrática. En tanto que la democracia confiere derechos a las personas vivientes, el mercado sólo otorga reconocimiento al dinero, no a la gente”. En tal sentido, se debe desenmascarar tal “progreso” e impulsar, contrariamente, el desarrollo integral de las personas, al mismo tiempo que se crean las condiciones para la construcción del socialismo revolucionario.

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Los diseminadores de democracia

Manuel E. Yepe (especial para ARGENPRESS.info)

Cuando, en abril ultimo, la monarquía de los Emiratos Árabes Unidos decretó el cierre de las oficinas del National Democratic Institute (Instituto Nacional Democrático) (NDI) en Abu Dhabi, el “Times” de Nueva York reportó que hubo desconcierto en sectores de la opinión pública de Estados Unidos que tienen al NDI como una respetable agencia “sin fines de lucro” cuya misión es promover la democracia por todo el mundo.

El NDI se identifica como una organización no gubernamental (ONG) pese a que es notorio su financiamiento por el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado y la CIA.

Según el escrito del Times firmado por su reportero Steven Lee Myers, uno percibe que “la mayor parte de a ciudadanía considera la cosa más natural del mundo que el gobierno de Estados Unidos subvencione a organizaciones que envían personas por todo el mundo a difundir la democracia, incluso hasta el punto de ayudar a promover revoluciones en naciones consideradas insuficientemente jeffersonianas”.

Según el trabajo de Myers, la decisión de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) constituyó “un sorprendente desafío diplomático y un acto marcadamente provocativo” dado que se produjo en momentos en que se anunciaba el próximo arribo de la Secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, a los EAU para conversaciones con los líderes de ese país y de otros que son miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (Gulf Cooperation Council).

La canciller estadounidense no tardó en lamentar la acción de la EAU aunque lo hizo en términos sorprendentemente blandos. Sostuvo que el NDI juega un papel vital a cumplir en el apoyo a la ONGs y la sociedad civil en la región. Se limitó a anunciar que se proponía sostener conversaciones sobre el tema con sus próximos anfitriones.

Es posible que esta moderación por parte de la Clinton, quien en circunstancias similares suele actuar con ira prepotente, haya obedecido a la necesidad de ubicarse en la circunstancia específica con una perspectiva regional.

En Egipto, en días previos, había sido arrestado un número de representantes de “ONGs promotoras de la democracia” que allí operaban. Estaban siendo amenazadas con ser procesadas por delitos de interferencia en los asuntos internos de esa nación árabe.

Las acusaciones inculpaban a tres ONGs estadounidenses muy conocidas por sus estrechos vínculos con la CIA (el NDI, la Freedom House y el International Republican Institute) que habían recibido financiamiento extranjero ilegal por 65 millones de dólares para ejecutar acciones de presión para influir en las elecciones del país y beneficiar objetivos políticos de Washington en la región.

El caso tuvo mayor divulgación en los medios de Estados Unidos porque, entre los arrestados estaba el hijo del Secretario estadounidense de Transporte, Ray LaHood, quien fue presentado a juicio criminal junto a los demás acusados. Todos fueron puestos en libertad solo luego que el gobierno de Estados Unidos amenazó con suspender una proyectada venta de armas por $1.3 billones a Egipto.

No obstante, las actividades de las tres ONGs, todas actuantes como fachadas de la CIA en El Cairo, se mantuvieron suspendidas.

Moscú también había expresado indignación por actividades injerencistas de ONGs estadounidenses en Rusia en esos días. El primer ministro Vladimir Putin denunció que durante su campaña por la presidencia, cientos de millones de dólares fueron inyectados por Estados Unidos para influir en esos procesos de consulta.

China igualmente había formulado denuncias por similares acciones intervencionistas de Estados Unidos.

En un artículo titulado “Unmasking the Democracy Promoters” (Desenmascarando a los promotores de democracia), Robert W. Merry, editor de la revista The National Interest y autor de varios libros sobre historia y política exterior de Estados Unidos, se pregunta cómo reaccionarían los estadounidenses si análogas organizaciones rusas, china o indias dedicaran similares cuantiosos recursos a influenciar la política interna de Estados Unidos.

Merry cita palabras de Michael McFaul representante de la NDI en Rusia hace algunos años: “No vamos a ponernos a dictar a Rusia cual es el camino hacia la democracia. Solo vamos a apoyar lo que nos gusta llamar valores universales. No valores americanos, no valores occidentales, sino valores universales”.

Pero Merry pregunta: “¿Quién es el árbitro que determina cuáles son tales valores universales? ¿Cómo es que se selecciona a quienes deban actuar como abanderados en su nombre? Para que nos lo digan habría que viajar a Rusia para hablar con Michael Mc Faul quien actualmente se desempeña en Moscú como Embajador de Estados Unidos”.

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Europa: Austeridad por decreto

Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)

Pretender gobiernos ejemplarmente austeros para sociedades de consumo es como intentar administrar lupanares con las reglas de los conventos. Una economía austera y sin déficit es un status en el cual el gobierno no gasta o gasta poco, conduce al deterioro de las funciones gubernamentales, las obras y los servicios públicos y repercute sobre el conjunto de la economía nacional.

Los gobiernos capitalistas que nutren sus fondos con los impuestos (que no se cobran por adelantado), aplican la regla de: gastar primero e ingresar después. Técnicamente, cuando a finales del año fiscal se aprueba el presupuesto para el próximo, las arcas están vacías, por lo cual se comienza a gastar un dinero que todavía no ha ingresado.
Es así porque por absurdo que sea, el sistema financiero y monetario internacional está organizado de modo que los países no pueden disponer de las reservas financieras que poseen, las cuales suelen estar depositadas en el extranjero y son administradas por los bancos centrales que actúan como estados dentro de los estados. En la Euro Zona o “Eurolandia” es todavía peor porque además de un banco central en cada país existe otro para el conglomerado.

El asunto es especialmente complicado para los gobiernos socialistas, “populistas” o “desarrollistas” que por razones políticas prometen cobrar menos impuestos y gastar más en servicios y obras públicas, seguridad social y otras partidas. De ahí que algunos acudan a préstamos y adquieran deudas, mientras otros optan por nacionalizar ramas rentables de la economía nacional con vistas a obtener recursos para financiar los gastos sociales e impulsar programas de desarrollo.

Donde no parece haber soluciones sencillas es en el empeño por conciliar el despilfarro a que ha conducido la sociedad de consumo con la austeridad que trataron de imponer en Europa Angela Merkel y Nicolás Sarkozy, esquema que ahora es confrontado por el gobierno socialdemócrata establecido en Francia con cuyas posiciones coincide Estados Unidos, que necesita una Europa si no próspera al menos gastadora.

Una de las contradicciones de la situación actual es que como mínimo el 50 por ciento de todas las deudas de Grecia, España, Italia, Portugal y otros países no son públicas, es decir no se deben a gastos de los estados sino que han sido adquiridas por los ciudadanos. Si bien los trabajadores griegos no deberían pagar por los submarinos adquiridos para reforzar la OTAN, tampoco el Estado debería financiar estilos de vida y consumos absurdos que, dicho sea de paso, el propio Estado promueve y facilita.

Como resultado de políticas erradas y de soluciones fallidas en Europa puede estarse gestando una gigantesca burbuja a punto de estallar y que no es inmobiliaria, bancaria ni financiera, sino política. Ya en Francia se instaló un gobierno socialdemócrata y pronto lo habrá en Grecia; no sería extraño un efecto dominó y si bien no parece haber espacio para el radicalismo y la ruptura del orden social, pude ser el turno del reformismo socialista. Allá nos vemos.

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Tosco, Susana Funes y el Cordobazo

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)
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Con Silvia Licht, autora del libro “Agustín Tosco y Susana Funes, Historia de una pasión militante”, recordamos en menos de ocho minutos qué fue el Cordobazo y para qué sirve traerlo a la memoria. Párrafo aparte merece esa relación de amor y política que unió a Susana Funes y Agustín Tosco.


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Impunidad o justicia

Juan Carlos Giuliani (PRENSA RED)

El Cordobazo fue una rebelión popular. Como el 17 de Octubre. Un acto de legítima defensa ante los atropellos del poder, el retiro del sábado inglés, la represión generalizada. Tiempo después, otras puebladas incendian la Patria.

El pueblo soporta la dictadura de las botas y los monopolios. La nueva interrupción del orden institucional clausura los canales de participación a los trabajadores y a una juventud hambrienta por expresarse políticamente.

El gobierno se asienta en las bayonetas. Es tiempo de piedra y barricada, de cańo y fusil. Explota la furia que viene de la larga resistencia peronista. La Revolución Cubana es la luz que persiste. Camilo Torres en Colombia y la heroica muerte del Che en Bolivia dejan una estela de compromiso en el firmamento de Latinoamérica.

En ese entonces a los que no militaban se los miraba como sapo de otro pozo.

En los ’60 y los ’70 se naturalizó la violencia como una metodología apropiada para restituir la soberanía en manos del pueblo. El encuadramiento en la militancia revolucionaria fue un fenómeno masivo. Se compartía un proyecto colectivo de Nación que terminó ahogado en sangre y fuego por el terrorismo de Estado.

Los genocidas borraron cualquier perspectiva de redención social. Hubo que masacrar a 30 mil militantes para aniquilar el Estado de bienestar e implantar el modelo neoliberal.

El terror se metió en lo más profundo de la sociedad. Se abandonaron los proyectos comunes. Se sobrevivió en el individualismo del sálvese quien pueda.

El nuevo rostro del capitalismo provocó una hemorragia de desplazados del sistema de producción y consumo. Masas de desheredados que perdieron el trabajo, la educación, la salud, la familia, la esperanza.

A la violencia libertaria, sofocada por la tiranía oligárquico-militar, le sucedió la violencia de la sobrevivencia.

El desprecio por la vida del otro se generalizó en el desmadre. La degradación provocada por la brutal desigualdad social es el caldo de cultivo de la violencia urbana, amplificada hasta el infinito por los medios de comunicación del régimen que se regodean exhibiendo la fragmentación, la insolidaridad, el naufragio colectivo.

El crimen organizado es posible gracias al maridaje de las mafias con la corrupción política y policial. La plata sucia envenenó la superestructura de una democracia tutelada por el Imperio.

Imperio que cobijó en su seno al máximo criminal de la historia contemporánea: Bush ha sembrado el horror y la muerte por doquier y puesto en peligro la subsistencia misma de la especie humana. Obama, con otro estilo, no le va en zaga a la hora de defender los intereses permanentes de la metrópoli. Vale la pena subrayar que en el actual contexto de crisis del capitalismo, la influencia global de Estados Unidos está en declive en materia política, económica y cultural. No obstante, sigue siendo la primera potencia militar del mundo.

La violencia doméstica anida en una sociedad enferma, infectada por la ideología dominante. La desaparición de Jorge Julio López y los asesinatos de Carlos Fuentealba, Mariano Ferreyra y tantos otros militantes populares confirma, por si hacía falta, la existencia de nichos intocables de la estructura represiva de la dictadura en las fuerzas de seguridad, grupos envalentonados por la cobertura institucional que le prestan instrumentos tales como la Ley Antiterrorista y el Proyecto X.

La justicia social es el único camino para que no haya más pibes chorros ni ladrones de guantes blancos. Para que deje de haber una justicia para ricos y otra para pobres. Para que se construyan más viviendas, escuelas y hospitales y menos cárceles. Para desterrar la impunidad y el desamparo.

Juan Carlos Giuliani es Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA.

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Perfume de revolución

Guillermo Posada (PRENSA RED)

Tras sufrir décadas de la vigilancia política que impuso el difunto Monseñor Raúl Primatesta -con las masacres más sangrientas que reconozcan la historia nacional y latrocinios democráticos incluidos- la provincia pareciera observar años aciagos y felices años con cierta melancolía.

“El saldo de la batalla de Córdoba, "El Cordobazo", es trágico. Decenas de muertos, cientos de heridos. Pero la dignidad y el coraje de un pueblo florecen y marcan una página histórica argentina y latinoamericana que no se borrará jamás”.

Así describió Rodolfo Walsh en el Diario de la CGT de los Argentinos los acontecimientos del 29 de mayo de 1969. Córdoba fue entonces el punto de condensación, como describe la historiadora cordobesa Mónica Gordillo, de las luchas sindicales y políticas que arrastraba la década del '60.

Aquellos años, marcados por la proscripción del peronismo, gobiernos seudodemocráticos débiles e ilegítimos y dictaduras militares que se repetían para impedir el ejercicio de la voluntad popular en el gobierno, cimentaron el camino de la acción obrera, en un período de expansión popular que resistía los mandobles de una dictadura que resbalaba en su propia decadencia.

Una camada excepcional de dirigentes sindicales y comisiones de base empujaron a las calles la exigencia de respirar nuevos aires en el país. Nombres como Agustín Tosco de Luz y Fuerza, Atilio López de UTA, Jorge Canelles de UOCRA o Elpidio Torres de SMATA atravesaron el prisma de la historia para difuminar sus propias diferencias y confluir en el podio de los luchadores de la causa popular argentina.

La provincia, conocida en aquellos años como la Turín argentina, mostraba un amplio desarrollo industrial metalmecánico, la universidad nacional vigorosa y llena de estudiantes ansiosos por protagonizar su momento histórico, y una clase media que, aunque siempre aplastada por la matriz beata mediterránea, también expresaba el hastío hacía un gobierno de tinte fascista que reducía libertades y desorganizaba, a fuerza de represión, la vida pública.

A ello se sumaba el despertar de curas tercermundistas que abrazaban la causa obrero con más fervor, incluso, que los propios sindicalistas. La revista “Cristianismo y Revolución” era uno de sus órganos de difusión. “Ellos hablaban de revolución abiertamente, cuando Tosco era mucho más medido en público”, cuenta el legendario Ernesto Ponsatti, colaborador de Luz y Fuerza de Córdoba entre el '64 y el '74.

Si aquel 29 de mayo, día del Ejército para más detalles, las columnas sindicales entraron al centro de la ciudad por los cuatro puntos cardinales y dominaron el terreno hasta las cinco de la tarde, fue fruto de años de convulsión presurizada donde las demandas de libertad política, mayor calidad de vida y el ejercicio de los derechos sindicales, que se mezclaba con la onda planetaria -crítica al sistema capitalista-, la relajación de las costumbres sociales y el anhelo de una revolución social donde, para muchos, Juan Domingo Perón tenía un papel insustituible. Para otros la figura del General no infería cambios en la estructura social del país, pero esas discusiones quedarían para más tarde.

La ceguera de la dictadura atacaba por igual a los trabajadores y, en Córdoba, la división entre colaboracionistas y combativos se remendó para resistir la pérdida de las quitas zonas y el sábado inglés, derechos adquiridos que la orgullosa clase obrera local no estaba dispuesta a tirar por la borda que proponían las políticas neoliberales de Adalberto Krieguer Vasena, ministro de Economía del dictador Juan Carlos Onganía.

La división entre la CGT de los Argentinos –que rechazaba de plano al régimen y era comandada por Raimundo Ongaro–, y la CGT Azopardo –colaboracionista con Onganía y dirigida por Augusto Vandor– tenía características propias en la provincia: la primera era minoritaria a nivel nacional pero mayoría en terreno cordobés. Sin embargo, la CGTA no contaba con los gremios industriales que podían movilizar miles de trabajadores desde el cordón industrial hacia el centro de la ciudad.

“Ante las diferencias sobre la política nacional los dirigentes optaron por la consigna ‘unidad en la acción’ como fórmula para subsanar las diferencias”, recuerdo el abogado laboralista Luís Reinaudi, secretario Gremial del Sindicato de Prensa en 1969 con sólo 24 años. La pueblada cordobesa, que descarta el espontaneísmo como explicación histórica, tuvo los dientes apretados y una organización detallada que incluyó a Tosco enseñando a los compañeros mecánicos cómo armar las bombas molotov en los fondos del gremio. “Me lo contó el gringo en persona”, afirma Ponsatti.

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“Smata era la infantería de la clase obrera cordobesa”, señaló el abogado Lucio Gazón Maceda a la revista Umbrales al cumplirse el 30º aniversario del Cordobazo. Sus asambleas eran masivas y expresaban la dinámica social de la época. “Había una conciencia de la propia fuerza muy grande”.

Elpidio Torres, obligado por sus bases y empujado por el dúo que formaban Tosco y Atilio López, convocó a una asamblea general el 14 de mayo en el Córdoba Sport, club donde se realizaban peleas de box, que fue duramente reprimida por la policía. Eso terminó de decidir al dirigente, que en Buenos Aires el diario de la CGTA calificaba de ‘cipayo’, pero que en Córdoba hoy es valorado como un táctico que asumió sus responsabilidades el 29.

El paro de UTA, realizado en 5 de mayo, ya había demostrado la capacidad de bloquear la ciudad, sólo restaba ocuparla. Cuando las columnas de trabajadores IKA-Renault abandonado la planta a las 11 de la mañana, los obreros llevaban sus bolsillos repletos de municiones de rulemanes que harían horas después retroceder a la Guardia de Caballería, en una mitológica imagen televisiva donde pudo observar a los policía a caballo escapar de la furia de los manifestantes. El asesinato del tapicero de Renault Máximo Mena al medio día, en la esquina de Arturo M. Bas y bulevar San Juan, enardeció los ánimos y la policía se retiró de las calles, desbordada, cuando se le terminaron los gases lacrimógenos.

Las barricadas se sucedieron a cada esquina y el pueblo salió de sus casas para participar de la contienda, aportando material para las fogatas y apredeando a la policía, mientras el gobernador Caballero rogaba que el Ejército controlara una situación salida de madre. Pero sólo a las cinco de la tarde, los blindados salieron desde La Calera para retornar la calma. El viernes 30, en medio de un paro general nacional que habían acordado las dos CGTs, los últimos focos estudiantiles del barrio Clínicas fueron acallados. Pero el golpe estaba dado. La dictadura no volvería a ser la misma. “Se les acabó el verso de ‘primero tiempo económico, segundo el tiempo social, por último el tiempo político’. Todo se les vino encima”, asegura Reinadi.

Los más importantes dirigentes gremiales fueron condenados a la cárcel por tribunales de guerra armados sobre la marcha y amnistiados meses después.

Hoy, pasados cuarenta años, tras sufrir décadas de la vigilancia política que impuso el difunto Monseñor Raúl Primatesta -con las masacres más sangrientas que reconozcan la historia nacional y latrocinios democráticos incluidos- la provincia pareciera observar años aciagos y felices años con cierta melancolía. La Universidad Nacional ha organizado una serie de eventos recordatorios y la Municipalidad promete realizar actividades relacionadas con rescatar la historia oral de los cordobeses, guarda en los arcones de memoria colectiva.

Al igual que la Reforma Universitaria, el Cordobazo forma parte de los hitos de la historia de la provincia que los cordobeses recuerdan con orgullo. Tiempos en que no existía la Fundación Mediterránea y que nadie sospechaba que los militares serían capaces de secuestrar, torturar y matar a los militantes populares, para después robarles a sus hijos.

Aquellos dirigentes sindicales del ’60 esperan aún que Córdoba recupere la memoria corporal que generó la efervescencia, las convicciones y la organización de todo un pueblo luchando en las calles para vivir según su propio designio. “Nosotros tenemos una pretensión muy ambiciosa: conquistar el derecho a ser los herederos de aquella expresión sindical”, concluye Oscar Cacho Mengarelli, secretario general de CTA Córdoba.

Revista de la CTA - 2009 -

Guillermo Posada es Secretario de Prensa del Cispren.

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Salarios mínimos y relaciones laborales

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Acaba de realizarse el Vº Encuentro Sindical Nuestra América, ESNA, entre el 21 y 23 de mayo pasado en la Ciudad de México. En el cónclave participaron las principales centrales sindicales de la región, con más de 400 delegados mexicanos y otros 200 representando a 20 países. Los debates concluyeron en la Plaza del monumento a la Revolución, con 5.000 participantes que siguieron con atención reflexiones de representantes de varios países de la región y especialmente de Piedad Córdoba, la senadora del pueblo de Colombia, despojada institucionalmente y perseguida por el régimen político de ese país.

Uno de los temas más destacado y celebrado en las deliberaciones fue la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo, LOT, en Venezuela, por tratarse de un instrumento que marcha a contramano de las regresivas reformas laborales instrumentadas en las últimas dos décadas en nuestros países.


Es relevante el asunto, ya que en el último lustro han mejorado relativamente los salarios del sector “regular” en el mercado laboral, y muy especialmente los salarios mínimos. Resulta de interés discutir ambas realidades y sus vinculaciones recíprocas. Es cierto que han mejorado los indicadores de ingresos de los trabajadores del sector regular, y especialmente del salario mínimo, pero sin modificar la reaccionaria legislación establecida en tiempos de ofensiva neoliberal en los 80´ y en los 90´.

Argentina tiene el mayor poder adquisitivo medido en dólares respecto de los salarios mínimos de 10 países de la región para el 2011(Tabla 1)[i], y seguido del Paraguay, aunque en la relación 2011-2007 ha sido el Perú el que encabeza la recuperación del salario mínimo, con un 36,73%, seguido de Argentina con 29,62% (Tabla 2). Al final de la Tabla 2 aparece Colombia con una recuperación del 4,63% y el único con valores negativos es Venezuela con un registro de -9,31%, o sea, pérdida de más del 9% de la capacidad de compra respecto de los últimos años.


Son interesantes los datos que presentan ambas Tablas para países con diferente orientación de política económica. Lo que pretendemos, es llamar la atención sobre algunas cuestiones estructurales relativo al empleo y a la relación salarial en el capitalismo en la región. Hemos mencionado el caso de la reciente aprobación de la LOT, Ley Orgánica del Trabajo en Venezuela, porque este país aparece último y con registro negativo en la evolución del salario mínimo. La LOT establece la reducción de la semana laboral de 44 a 40 hs, con 8 hs diarias y dos días de descanso; la extensión del permiso postnatal de 12 a 20 semanas; la inamovilidad de dos años para ambos padres después del parto; pago doble de prestaciones por despido injustificado; elimina los contratos de “outsourcing” (tercerización) entre otras cuestiones relevantes. Existe un debate sobre la práctica de gestión de los trabajadores en las empresas venezolanas, participación estatal mediante, que renueva la discusión sobre las relaciones laborales en el
capitalismo, máxime en un país que se propone el tránsito al socialismo.

Los indicadores presentados dan cuenta de un incremento en los salarios mínimos entre 2007 y 2011, claro que es una conclusión válida para los trabajadores registrados, que como sabemos, en la coyuntura del desarrollo capitalista contemporáneo, son la minoría. La mayoría de los trabajadores pertenecen al sector informal o no regularizado, sin seguridad social, que en muchos casos perciben ingresos por debajo del mínimo. Son entonces, dos aspectos a considerar. Por un lado el crecimiento de los mínimos salariales, que aun cuando se trata de una minoría indica una pauta del piso de ingreso de los trabajadores. Para muchos es un objetivo o una referencia, aún siendo insuficiente para resolver la canasta familiar de los trabajadores. La otra cuestión es que el mínimo, por mucho que crezca no destaca lo principal, ni de los ingresos del conjunto de los trabajadores, ni de la relación de los trabajadores con el capital actuante en cada país.

El salario mínimo es una referencia importante, sí, pero necesita relacionarse con otras variables. Una es la evolución de los precios de los productos y servicios que realmente adquiere la familia del trabajador, más allá de los índices oficiales de inflación. Es relevante el tema en el caso argentino ante la manipulación de los datos del INDEC, con una inflación real que discute las recuperaciones del poder de compra. Otra variable son las ganancias empresarias, las que definen la brecha en la división funcional del ingreso y que responden a una creciente concentración y centralización del capital. En definitiva, no solo se trata de los ingresos, sino de los derechos de los trabajadores y su lugar en la producción material de bienes y servicios, lo que define su capacidad de consumo y posibilidad de emancipación social.

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Todo parece indicar que en vez de una habrá dos CGT

Emilio Marin (LA ARENA)
Parece que del congreso de la CGT a realizarse en julio saldrán dos CGT. A las desavenencias propias del sindicalismo se sumaron las diferencias políticas promovidas por el gobierno.

Las leyes de la dialéctica se aplican al "movimiento obrero organizado" y "cuerpos orgánicos del movimiento obrero", como gusta llamarse la ortodoxia peronista. "Uno se divide en dos" expresa la dialéctica e ilustra la práctica de los dirigentes sindicales: una CGT, alojada en Azopardo 802, puede terminar fraccionada en dos, cuando se reúna el congreso.

La cita es el próximo 12 de julio en el microestadio de Ferro, cuando unos 2.000 delegados de los 200 gremios que componen la CGT, elijan el nuevo Consejo Directivo y el secretario general.

Hasta ahora ese cargo lo detenta Hugo Moyano, quien transita por su segundo mandato y aspira a un tercero. Sus detractores se oponen precisamente a esa continuidad y hacen acusaciones de "personalista" en contra del camionero.

Personalismos más o menos, esa no es la discusión central, que pasa por otro lado. Más bien lo que discute en esta oportunidad es la relación que debe tener el gremialismo con el gobierno, sobre todo, y con las patronales, en menor medida. Los hay quienes tienen una postura más crítica sobre Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo por su falta de respuesta a demandas planteadas desde el año pasado. Es el caso del moyanismo.

Los otros

El otro bando procura mantener la mejor relación con la presidenta, para recoger la mayor cantidad de concesiones en paritarias, reintegros de obras sociales, subsidios, etc. Allí operan los "Gordos" Oscar Lescano (Luz y Fuerza), Rodolfo Daer (Alimentación) y Armando Cavalieri (Comercio); los "independientes" Gerardo Martínez (Uocra), Andrés Rodríguez (UPCN) y José L. Lingeri (Aguas Sanitarias); los "no alineados" Antonio Caló (UOM) y Ricardo Pignarelli (Smata), más Luis Barrionuevo (Gastronómicos y "CGT Azul y Blanca").

Entre esos adversarios del actual secretario cegetista también revistan los que podrían llamarse los "traidores", como su ex operador Omar Viviani (taxistas) y Roberto Fernández (UTA).

Moyano no está solo porque lo secundan Juan Carlos Schmidt (Balizamiento), Julio Piumato (Judiciales), Omar Plaini (Canillitas), Jorge Lobais (textiles) y Gerónimo Venegas (Uatre), además de otros sindicatos y el de choferes de camiones a cargo de su hijo Pablo.

No es que hasta ahora la central obrera fuera un dechado de unidad. Hace tres años se fue Barrionuevo, en una dirección bien pro-patronal y antigobierno, ligada al duhaldismo y a Francisco de Narváez. En el seno de Azopardo, sin alcanzar la virulencia de estos días, chocaban los moyanistas con los "Gordos" y sus aliados "Independientes", que amagaban con dar el portazo. No se fueron, cosa que posiblemente hagan en julio próximo. Demonizar al camionero, si bien galvaniza a grupos dispares, no significa ninguna garantía de unidad. Es posible que, cuando salga de foco ese "enemigo principal" sobre cuatro ruedas, los antimoyanistas vuelvan a subdividirse en dos o más fracciones.

¿Se preparan para romper?

En lo formal, Moyano viene cumpliendo con los pasos estatutarios en búsqueda de su re-reelección. Reunió al Consejo Directivo de la CGT a fines de marzo pasado, donde se propuso hacer el Congreso el 12 de julio próximo y citó al Comité Central Confederal para el 23 de mayo. En el CD tuvo mayoría de 20 sobre 35 miembros, sin asistencia de sus opositores, que también vaciaron el CCC, donde se sumaron 30 gremios nuevos que seguramente votarán por el camionero, entre otros la Federación Argentina de Trabajadores Estatales presidida por el cordobés José Pihen.

Esas inasistencias de los "Gordos", "Independientes", "No Alineados" y barrionuevistas deja ver su táctica de no concurrir al congreso. No fueron a esas reuniones previas y objetaron la confección de padrones pues piensan que le jugarán en contra los nuevos congresales surgidos de esas flamantes incorporaciones a la CGT.

Lescano evaluó que "habrá dos centrales, una legal, transparente y representativa, y otra conducida por Moyano, tirando piedras desde la vereda de enfrente".

¿No será que la inasistencia de estos opositores a las reuniones orgánicas de la CGT se debe a su temor de quedar en minoría allí y en el congreso?

Una bandera menos

Esto último es lo que afirman los socios de Moyano. Sostienen que la mayoría de los delegados votará por su candidato, incluso los de gremios alineados en el otro bando. Al debutar un sistema de voto individual y secreto de los representantes, se posibilitaría que el delegado opte por el camionero aún perteneciendo a un sindicato de la contra. Podría suceder. Lo ha blanqueado Angel Tello, titular del Smata Córdoba, al admitir que la seccional sufragaría por Moyano por su defensa del salario, el requerimiento de universalización de las asignaciones familiares y la protesta contra el pago de impuestos al salario, que no es ganancia.

El gobierno nacional, que actualmente hace recaer sobre 1,8 millón de asalariados ese impuesto a los salarios, anunció que en julio venidero elevará el monto del mínimo no imponible, lo que distenderá la situación. Por supuesto no lo elevará a los 12.000 pesos que pedía la CGT, para que recién a partir de ese monto se tributara, pero aunque lo suba un 20 o 25 por ciento, será un alivio. ¿A quién beneficiará de los dos sectores enfrentados? En principio, al moyanismo, que más duro pegó contra esa política recaudatoria del PEN. Es posible que la información de la AFIP haya querido darle una mano a Caló y los antimoyanistas, como para que los re-reeleccionistas tuvieran una bandera menos, pero el resultado puede ser visto como fruto de la presión constante de la actual conducción de la CGT.

Lo formal y lo real

Los dos bandos en pugna, pero sobre todo los opositores a Moyano, hacen hincapié en los aspectos formales. Como se señaló, éstos denuncian supuestas maniobras del oficialismo en materia de padrones. Plaini, en nombre de su jefe político, reprocha a los antimoyanistas no haber aceptado discutir un programa común en el salón "Felipe Vallese". De ese modo alimenta la irreal hipótesis de que con Barrionuevo, por caso, se podría acordar una misma plataforma reivindicativa y luego cada uno sostener sus propios candidatos.

Lo real es que hay bastantes diferencias políticas entre las diferentes agrupaciones cegetistas.

Una tiene que ver con la decisión de respaldar o no las medidas de fuerza de sus afiliados a lo largo del año, y no sólo en la semana o semanas de la pulseada de paritarias. En este caso casi todos los dirigentes auspiciaron un paro de actividades, como la UOM el 10 de mayo, que terminó obteniendo 24 por ciento de aumento, o la Bancaria, que logró 24,5 por ciento luego de fuertes denuncias contra su patronal. Su afiche denunciaba que el Citibank no pagaba 972.000 horas extras anuales. Buena plata, ¿verdad?

En general, sin ser ninguna maravilla, Moyano ha apelado más a medidas de acción directa en defensa de demandas gremiales, por ejemplo por despidos de choferes en Chubut o en la cadena EKI. Eso, magnificado y sumado a su política no neoliberal en los ´90, le permitió a increpar a sus adversarios que fueron cómplices de decenas de miles de cesantías, como Lescano en Segba.

Moderados

Caló y su gremio metalúrgico no ha sido muy combativos en estos últimos años; fueron más bien cómplices de las privatizaciones, como en Somisa deglutida por el grupo Techint al costo de más de 10.000 despidos. Este es hasta ahora el candidato a la secretaría general por el sector, habiéndose mostrado en reuniones en Luz y Fuerza junto a Lescano, Barrionuevo y Gerardo Martínez. Este último fue el primer candidato de CFK hasta que lo dañó políticamente la denuncia de que había sido personal civil de inteligencia (léase buchón) de la dictadura en el II Cuerpo de Ejército.

Por supuesto, el bloque oficialista tiene sus impresentables, como Venegas de Uatre, cómplice de las situaciones de esclavitud laboral en el campo descubiertas con las multinacionales con las manos en la masa de peones.

Entre los dirigentes de uno y otro sector los menos malos parecen ser los agrupados en torno a Moyano, por aquella historia del MTA en los ´90, su pelea contra la Banelco y por las reivindicaciones actuales, incluido el proyecto de ley Recalde para que las empresas distribuyan parte de sus ganancias.

Sus adversarios están más pegados al gobierno y las patronales, con la salvedad de Barrionuevo, un duhaldista crónico. Y como tales, quedan desacomodados cuando la presidenta denosta las medidas de fuerza gremiales y las califica de "extorsión".

De todas maneras, debe quedar claro que el 90 por ciento de estos gremialistas, de la CGT, la CGT Azul y Blanca y otros gremialistas burocráticos difieren en mucho con Agustín Tosco y los sindicalistas combativos de la historia. Son hijos de Vandor, Rucci y en el mejor de los casos de Ubaldini. Por eso ninguno de ellos hizo un acto por el 1 de mayo ni se acordó hoy del Cordobazo en su 43º aniversario.

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Camperas sin patrón: Abrigate por su llueve

LAVACA

“Estoy feliz porque trabajo con mis compañeros, no tengo la presión que había antes, y estamos todos a la par” dice Eliana Díaz a LAVACA. La cooperativa de trabajadores de Lacar, que preside Eliana y autogestionó la empresa tras el fraudulento quiebre y vaciamiento de la fábrica y los locales, ya tiene dos puntos donde vende las camperas que ha comenzado a producir nuevamente. La inauguración oficial se hizo en el local ubicado en Forest 445 de Buenos Aires (el otro es en Bonpland 1660) pero desde febrero se las ingenian para vender las camperas que ellos mismos están fabricando en un espacio cedido por el INTI en el Polo Industrial Barracas.

De este modo lograron que, desde el traumático cierre el 19 de septiembre del 2011, se sumaran más de veinte de sus compañeros a estas tareas, trepando a 60 la cantidad de trabajadores que autogestionan la fabricación y venta de las camperas, pero que aún esperan una decisión judicial que devuelva los bienes materiales (más camperas y materia prima) y la propia marca Lacar a los trabajadores.

Convencer a los desconfiados

Con las primeras ventas y algunos fondos de huelga los trabajadores lograron desahogar los meses iniciales. También a fuerza de asambleas y con el apoyo del colectivo La Alameda lograron llegar a sus compañeros más desconfiados o resignados, y convencerlos de que era posible. No tenían la fábrica, porque el dueño José Tarica la había vaciado sin previo aviso. Se trataba de un alquiler, los trabajadores quedaron del lado de afuera.

Tampoco tenían los bienes, ni los tienen, porque desde aquel cierre a hoy esperan que el poder judicial los destrabe a su favor. Debido a la Ley de Quiebras –que estaría estrenándose en este caso- lo que antes se conocía como “indemnizaciones” son para estos trabajadores “créditos laborales” cuyo valor puede intercambiarse por esos bienes secuestrados: maquinaria, materia prima, camperas y la marca.

Los roles cuando no hay un dueño

Para hacer camperas, tuvieron que hacer de todo. Rápidamente lograron conformarse como cooperativa a fines de 2011. Enseguida se contactaron con el Movimiento de Fábricas Recuperadas, al mando de Luis Caro, y continuaron con una serie de audiencias en el Ministerio de Trabajo citando a los responsables, sin resultados.

El ex dueño José Tarica no volvió a aparecer desde entonces. Pero en asambleas fueron conteniéndose y diseñando las estrategias para poner en marcha su trabajo nuevamente. Eran entonces aproximadamente 40, entre administrativos, empleados de la fábrica y de los locales comerciales. Gracias a un espacio que les cedió el INTI en Barracas, comenzaron a proyectar compras de materias primas (telas, cierres, botones) y redistribuyeron las tareas. Había un eslabón perdido, que la firma terciarizaba: los costureros. En esas mismas asambleas algunos se animaron a tomar los cursos del INTI y hoy son las “chicas de los locales” (vendedoras y administrativas) quienes llevan a cabo la tarea. Y en ese intercambio de roles, los “muchachos de la fábrica” están al mando de las ventas.

Si la cosa funciona

Ahora son más de 60. Los últimos fueron llegando a medida que veían que la cosa funcionaba. Los primeros indicios se dieron a principios de este año, cuando un solo local en la Avenida Directorio les permitió juntar lo suficiente como para soñar con otro local propio. “Esos meses no hicimos ningún retiro y pudimos juntar para alquilar en Forest, que era un punto de venta importante. Y dentro del Movimiento de Fábricas Recuperadas nos ofrecieron la garantía que pedía la inmobiliaria para poder alquilar el local”, cuenta Eliana a lavaca, presidenta de la cooperativa.

Fueron necesitando entonces cada vez más materia prima. Antes que los “créditos laborales” les correspondía un seguro de desempleo durante ocho meses, aunque en asamblea decidieron reclamar un cobro único que les permitió tener la plata antes. Eliana: “Entonces cada uno de nosotros hicimos ese trámite como para poder cobrarlo por única vez y recibir ese monto, y con eso juntamos el dinero con el que estamos comprando la materia prima”. Con eso, más la sabiduría de quienes fabrican las camperas y la capacidad adaptativa de “las de los locales” a costureras, proveen los tres puntos donde hoy comercializan las camperas. El más importante es el de Forest, una calle que agrupa distintos negocios de invierno.

Sin pérdidas

¿Cómo les está yendo?: “Bien, por suerte. No tenemos las ventas que tenían ellos pero por lo menos tenemos ingresos, podemos mantener los alquileres, la luz, pérdidas no tenemos. Todavía no tenemos ganancias, pero bueno, esta es una etapa de inversión, tendremos que invertir hasta que podamos recuperar el resto de lo que nos quedó adentro”.

Eliana se refiere al material y la maquinaria que quedó secuestrada tras el vaciamiento de la fábrica y los locales comerciales. Desde el 4 de octubre que el juez no mueve la causa en este sentido: debe tasar el valor de estos bienes e intercambiarlos según el monto de los “créditos laborales”, tal cual reza la Ley de Quiebras. Eliana: “Nos dio la orden para el uso y la conservación de estas cosas, pero no para la venta. Tenemos las camperas ahí varadas”. Estas camperas significarían un nuevo desahogo económico. ¿Y sobre la firma LACAR? “Hasta la resolución final está en manos de la cooperativa. Ahora el juez tiene que evaluar si la cooperativa funciona, si tenemos todos trabajo, y ahí supongo que ya estará definitivamente la marca”.

Esos son algunos de los pendientes. También, recuerda Eliana, “que lo metan preso”, en referencia al ex dueño José Tarica, que desde aquél septiembre se recluyó en su casa en el barrio privado de Hacoaj. Socios de la cooperativa ya iniciaron una denuncia comercial por quiebre y vaciamiento fraudulento y otra judicial, que podría llevarlo a la cárcel. “Pero estos procesos dicen que son largos… En algún momento va a llegar la justicia”, quiere Eliana.

La bronca se le borra cuando le pregunto cómo está, cómo se siente: “Feliz”. Sus razones:

-“Porque ahora trabajo con mis compañeros”.

-“No tengo la presión que tenía antes”.

-“Porque esto es nuestro, luchamos a la par”.

-“Porque todos hacemos todo”.

Y le pregunto lo mismo que aquél octubre cuando estalló todo, le digo que sueñe, que suelte su imaginación y que proyecte a esta cooperativa hacia donde ella quiera: “Es primordial que sea más consistente económicamente, porque tenemos que llevar dinero a nuestras familias y mantenernos como lo hacíamos antes. Lo otro es poder abrir otras bocas de venta, más que nada en los lugares donde ya nos conocen, seguir con el trabajo, tener un trabajo digno”.

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De Gennaro: “Tanto los despidos como las suspensiones atentan contra la libertad sindical"

ACTA

El diputado nacional Víctor De Gennaro repudió la persecución sindical a través de un proyecto de declaración, tras el despido de dos trabajadores de la Cooperativa de Electricidad de Zárate, que habían decidido libremente afiliarse al Sindicato Luz y Fuerza Zárate durante el mes de Abril.

El diputado nacional Víctor De Gennaro (Bloque UP) repudió la persecución sindical -a través de un proyecto de declaración- tras el despido de dos trabajadores de la Cooperativa de Electricidad de Zárate, que habían decidido libremente afiliarse al Sindicato Luz y Fuerza Zárate durante el mes de Abril.

De Gennaro, vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, explicó en los fundamentos del proyecto que Roberto Carlos Funes y Christian Javier Altamirano decidieron incorporarse a Luz y Fuerza Zárate luego de soportar, durante un prolongado tiempo, condiciones de trabajo que no corresponden a su profesión ni encuadre convencional, y que descuidan, además, considerable e inaceptablemente las condiciones de seguridad en el trabajo.

El 15 de abril, a los pocos días de su afiliación al sindicato encuadrado en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), les llegó el telegrama de despido de la Cooperativa de Electricidad de Zárate, con argumentos muy confusos y poco fundamentados; el telegrama decía que “los trabajadores habían incumplido órdenes de sus superiores”, sin explicitar qué órdenes, ni cuándo supuestamente habría ocurrido esto. Ante este atropello, la asamblea de afiliados del Sindicato Luz y Fuerza de Zárate se reunió el 17 de abril y decidió tomar medidas de fuerza, consistentes en paros de cuatro horas por turnos, por tiempo indeterminado, exigiendo la reincorporación de los dos trabajadores. La respuesta de la empresa fue el envío de cartas documento a cerca de 30 afiliados del sindicato, y la suspensión de los trabajadores en sus funciones por varios días.

El legislador nacional del bloque Unidad Popular, consideró que “tanto los despidos como las suspensiones posteriores son acciones que coartan derechos constitucionales y atentan directamente contra la libertad sindical de la libre elección de afiliación, como así también contra el derecho a las medidas de acción directa o paro de actividades que tiene toda organización gremial”. Asimismo, expresó su "solidaridad con los trabajadores de Luz y Fuerza Zárate, con la expectativa de que el conflicto se resuelva de manera favorable y lo más pronto posible”.

El proyecto –cuyo texto se adjunta- está acompañado por las firmas de los diputados Claudio Lozano, Graciela Iturraspe y Antonio Riestra del bloque Unidad Popular; Héctor Recalde, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, bloque FPV; Margarita Stolbizer, Virginia Linares, Gerardo Milman y Omar Duclós del bloque GEN; Victoria Donda Pérez del bloque Libres del Sur; Horacio Piemonte del bloque Coalición Cívica; y Ernesto Martínez, Gumersindo Alonso y Jorge Valinotto del bloque Frente Cívico Córdoba.

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Argentina: El MORENO y una nueva energía

La reciente expropiación de la mayoría accionaria de YPF constituye solo un paso diferente dentro de la política energética que se venía aplicando en el país. Pero ese paso, tomado por la imperiosa necesidad de paliar la situación del abastecimiento de hidrocarburos y del déficit de la balanza comercial del sector energético, abriría una gran oportunidad si se afianzara un cambio persistente de rumbo en la dirección de lograr una genuina soberanía energética.

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Si para partidos y grupos políticos y una mayoría de los ciudadanos que han apoyado la medida, quizás la motivación principal de su aprobación haya sido el sentimiento de pertenencia y orgullo que inspira todavía la historia de la YPF estatal, a muchos también los alienta, con reservas, la convicción de que el Gobierno nacional ha comprendido la gravedad de la situación y modificará de raíz la orientación de su política energética. Eso parece señalar la letra de la Ley 26741, que declara de interés público el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos y el desarrollo de todas las etapas de su transformación y aprovechamiento.

El MORENO ha venido señalando durante años que las políticas del gobierno y el desempeño de prácticamente todas las empresas del sector hidrocarburífero nos conducirían a una situación crítica. Aquí estamos: por ahora solo se ha tomado el control de YPF S.A., puesto en marcha la renovación de sus cuerpos directivos y comenzado gestiones con otras megaempresas que extraen en el país, para impulsar mayor producción y exploración de hidrocarburos. No es poco en poco tiempo. ¿Estamos entonces a las puertas de una “nueva energía” en Argentina? No, si el gobierno no asume decididamente un control efectivo del sector energético, lo reestructura integralmente, consolida un marco legal claro, y modifica orientaciones y métodos en las relaciones con las empresas privadas.

En otras palabras, deben terminarse las prácticas neoliberales, anulando las concesiones que permiten que las empresas gocen ilegalmente de libre disponibilidad de los hidrocarburos y de la renta que genera su exportación. Los decretos N°1055,1212 y 1589 del año 1989 que concedieron esas ventajas, violan en diversos aspectos el espíritu de la Ley de Hidrocarburos (Ley 17319); aunque en los últimos años se han adoptado normas que limitan sus efectos, no anulan su vigencia. La experiencia mundial indica que casi en ningún país, especialmente en aquellos en los cuales las reservas de hidrocarburos están en poder de los Estados y tienen una empresa estatal con fuerte presencia en el sector, se otorgan concesiones. En casi todos los casos es el Estado nacional, el que decide sobre las grandes líneas en los ritmos de explotación y el destino del hidrocarburo.

En nuestro país se impone a partir de hoy realizar auditorías serias sobre el desempeño de las empresas concesionarias y sobre el estado real de las reservas hidrocarburíferas, anulando los contratos en cuyo cumplimiento se hayan cometido violaciones significativas, como las prórrogas anticipadas y la acumulación de áreas, por ejemplo. Particularmente, habrá que anular las concesiones de exploración y explotación off-shore otorgadas por ENARSA -sin control legítimo alguno- a través de uniones transitorias con diversas empresas, con contratos cuyas características y resultados no se han hecho públicos. Las áreas liberadas quedarán bajo administración estatal y, ante la necesidad de sostener y aumentar rápidamente la extracción de gas y petróleo, se deberán reactivar las áreas recuperadas y adjudicar otras nuevas. Se transformarán las actuales concesiones de explotación de la Ley N° 17319 en contratos de participación, en los que el socio privado corre los riesgos en la exploración, o en contratos de prestación de obras y servicios, aún con la YPF S.A., la que revisará regularmente su cumplimiento y administrará los hidrocarburos extraídos. A este respecto, no resulta tranquilizador que el artículo 17 -en el capítulo titulado “De la Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina” de la ley 26741- señale que YPF S.A. “acudirá (…) a todo tipo de acuerdos con otras empresas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras” (el subrayado es nuestro).

Para encarar y sostener un cambio como el propuesto en el rumbo y métodos de la gestión frente a los intereses económicos de los sectores privados, se requiere contar con el apoyo amplio de los ciudadanos y avanzar en la consolidación de un marco legal claro y estable. El Estado nacional, con la colaboración de todas las provincias, debe actuar con transparencia y coherencia. Para garantizarlo sería conveniente que, en el ámbito del Congreso Nacional, se constituyera una comisión de seguimiento del proceso de transformación del sector, que dé visibilidad a lo actuado. La exclusión en la ley de la intervención de la Auditoría General de la Nación muestra que se persiste en el argumento de que los controles afectan negativamente el accionar empresario, hecho que la experiencia mundial desmiente.
Aunque el poder político estatal tenga legitimidad -si cuenta con el apoyo mayoritario de las fuerzas políticas y del conjunto del país- no se podrá ejercer una gestión sólida del sector hidrocarburífero sin una conducción técnica altamente capacitada y comprometida con los objetivos políticos. Ese es el papel que le corresponde a una empresa estatal. No es una empresa más, ni sólo la más grande. Es una Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Sociedad del Estado (YPF S.E.) de propiedad exclusiva del Estado nacional y de todas las provincias, y sometida a los controles que corresponden a toda empresa estatal (similares técnicamente a los aplicados en las sociedades privadas) la que debe conducir el reordenamiento del “upstream”, el sector de exploración y explotación del petróleo y el gas. Y para eso debe contar con una gran capacidad profesional propia -tal como la tuvo en el pasado- y con el aporte de los organismos científicos y técnicos estatales. Hacia esa YPF S.E. deberían apuntar rápidamente los próximos pasos de la nueva conducción de YPF S.A., para avanzar hacia la “Soberanía Hidrocarburífera” que la Ley 26741 proclama buscar. Lamentablemente, en su artículo 15 la ley reafirma la condición de sociedad anónima de la empresa.

Es innegable que en nuestro país el abastecimiento de hidrocarburos es determinante en la disponibilidad de energía, y si bien la actual YPF S.A. sólo representa un 30% de la extracción de petróleo y una proporción aun menor en gas, su peso en el sector refinación, y en la producción y comercialización de derivados del petróleo y el gas, hace que la intervención de la empresa, y su posterior reestructuración, impacte en toda la industria energética. Por eso además de imperioso es oportuno que, a la par que se avance con la YPF estatal aumentando la extracción de gas y petróleo, se adopten medidas para reformular el funcionamiento del resto del sector energético.
En el corto y mediano plazo los problemas principales del sector energético que nos aquejan son conocidos: el déficit en la capacidad de refinación, la comercialización de los combustibles líquidos -que ha llevado a una situación crítica a trabajadores y empresas de estaciones de servicio y a la anarquía en los precios al consumidor en el ámbito de todo el país- la comercialización de la garrafa de gas licuado de petróleo, la estructura de los mercados mayoristas y las tarifas del gas y la energía eléctrica, la expansión y el mantenimiento de las redes de distribución.

Para encarar el futuro mediato y de largo plazo sería un buen paso constituir un organismo consultivo federal amplio -con participación de todas las provincias, los trabajadores y los usuarios- y jerarquizar, técnica y administrativamente, la Secretaría de Energía.

Si pretendemos “…garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones…” (art 1 de la ley) debemos alcanzar una verdadera “soberanía energética”, que haga posible la vigencia del derecho de todos los argentinos a acceder a la energía en cantidad y calidad suficientes para gozar de una vida plena, y el desarrollo del sector energético respetando el medio ambiente y favoreciendo el uso creciente de las fuentes renovables y no convencionales,
Sólo la acción predominante y decidida del Estado nos puede poner en ese camino. Los gobiernos actuales nos deben demostrar que son capaces de desarrollar una “nueva energía”. A quienes luchamos por la recuperación de los recursos naturales en beneficio del pueblo, nos corresponde desarrollar al máximo nuestra energía para peticionar, exigir y contribuir al cumplimiento de esa meta.

Hugo Palamidessi
Vicepresidente

Gustavo Calleja
Vicepresidente

Jose Rigane
Presidente

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Once ¿tragedia o masacre?

Ezequiel Hidalgo (INFOSUR)

La cruda realidad de la tragedia de Once al cumplirse tres meses de la catástrofe.

Todos los días desde muy temprano, miles y miles de personas se trepan a los trenes que los traen a Capital Federal para cumplir con sus trabajos. Lo que la oligarquía denominó “el aluvión zoológico”, los “negros cabeza”, “los del conurbano”, como pueden tratan de llegar hasta el corazón de la metrópoli para hacer los trabajos que los otros no quieren o no saben hacer. De ellos depende la construcción y la industria, son la mano de obra para consumo masivo, ellos ponen en marcha la ciudad, para que la clase media porteña haga sus trabajos profesionales y vivan en ella.

El Miércoles 22 de febrero de 2012 a las 08:33 a.m. el tren Nº 3772, identificado con la chapa 16 y piloteado por Marcos Antonio Córdoba (maquinista), no pudo evitar estrellarse, causando la muerte de 51 personas y más de 700 heridos en la estación Once. Ése mismo día el caso se enmarcó bajo la denominación de “tragedia”.

Veinte años atrás, el peronismo al mando de Carlos Menem justificó la privatización declarando deficitario el servicio de trenes, con una red ferroviaria estatal de 40.000 kilómetros de vía y 190.000 empleados -era la más extensa de América Latina. Privatización y subsidios de por medio, hoy el sistema ferroviario alcanza un nivel de déficit de tres millones y medio de dólares por día. Actualmente, sólo quedan 7.000 kilómetros de vías y los trenes no pueden ir a más de 40 kilómetros por hora. Los vagones en servicio tienen 40, 50 ó 60 años de antigüedad, las puertas nunca cierran y se deslizan por rieles obsoletos, las vías se hunden al no haber piedras debajo; hay numerosos tirafondos salidos, les faltan bulones o están rotos, así como los durmientes (maderas) están partidos o podridos en su mayoría. Quienes usamos el tren, podemos observar cotidianamente este deterioro.

En reiteradas oportunidades denuncias realizadas por los sindicalistas combativos fueron cajoneadas y ninguneadas por parte del portavoz de TBA, quien afirmaba que “la seguridad de los trenes está garantizada”, y que “hasta ahora no hubo ningún accidente en la línea por esos supuestos desperfectos”. Por el contrario, el “Pollo” Sobrero, delegado de la línea Sarmiento, señalaba que “No hay accidentes con heridos, pero sí muchísimas interrupciones y demoras en el servicio. Yo no puedo dar ninguna garantía de que no haya ningún accidente”.

El delegado advertía que las cuadrillas de mantenimiento eran de 40 personas en 1995, cuando se privatizó el ferrocarril Sarmiento, y “hoy ninguna tiene más de cuatro operarios” que en total suman 15. Es más, aclara que “no hay ningún mantenimiento en absoluto y por eso las vías están en un estado calamitoso”.

Ahora bien, en este marco es interesante reflexionar sobre el tratamiento que se le dio en los medios al tema. Por esos días escuchamos a periodistas y medios de toda calaña caracterizando el hecho como un accidente o una “tragedia”, el ejemplo más obsceno es el del intelectual autoproclamado filósofo, Ricardo Foster, portavoz del grupo de bufones llamados Carta Abierta. ¿Cómo es posible que alguien que cuenta con formación filosófica, que estudió a los griegos, denomine de esta manera la masacre de Once? Él sabe muy bien cual es el contenido del concepto, por lo tanto es cínico y no se le puede dejar pasar tal hipocresía. Vamos pues al concepto de tragedia, etimológicamente el término es griego, derivado de “tragos”, que quiere decir chivo y “oide”, que significa canción, aludiendo al grito agónico del chivo, animal de simbolismo fálico, asesinado en homenaje al Dios Dionisio. Pero mucho antes los griegos se inspiraron en el paso del tiempo, es decir, para ellos el paso del tiempo ya era de alguna manera algo trágico, pues su resultado llevaría a la muerte. El paso del tiempo es algo inevitable e irreversible, está mas allá de la intervención humana, es asunto de los dioses, por eso es una tragedia. Una tragedia representa la suerte del destino o la voluntad de los dioses y no la voluntad de las personas o de la realidad humana.

Once no fue una tragedia, ni un accidente, como no lo son los millones de asesinatos llamados accidentes de tránsito, en todo caso puede formularse como drama, el drama de miles de personas que al parecer no valen nada, que viajan como ganado todos los días, sin que ningún organismo haga nada por sus derechos básicos . Once Fue una masacre planificada desde intereses mezquinos producto de la desidia y el vaciamiento del sistema de transporte público.

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Tren para todos: Desde hace un mes no funciona el tren que une Argentina con Uruguay

UNO NOTICIAS - INFOSUR

La empresa TBA, que perdió las concesiones las líneas Sarmiento y Mitre, también suspendió los viajes del Tren de los Pueblos Libres.

Fue un regreso accidentado: el Tren los Pueblos Libre, que une Pilar (Argentina) y Paso de los Toros (Uruguay), se reactivó en septiembre pasado, pero el primer viaje, que trasladó a unas 25 personas, se vio demorado por “problemas administrativos”. Y ahora, a menos de un año, el servicio lleva un mes sin funcionar.

La empresa TBA, que acaba de perder la concesión de las líneas Sarmiento y Mitre, también suspendió los viajes del Tren de los Pueblos Libres. Las líneas no están operativas desde hace más de un mes, anunció Jorge Setelich, presidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado de Uruguay (AFE), al diario local Unoticias

Por su parte, Mauricio Cusano, director de AFE, sostuvo que están recolectando información con la gerencia del ente para determinar en qué situación se encuentra el servicio. “Le estamos pidiendo a nuestra gerencia que nos comunique las veces que entró y si entró todas las veces que tenía que haber entrado”, afirmó.

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Rosario y sus cuentas ajustadas

Carlos del Frade (APE)

“En Rosario se comete un crimen cada dos días. En lo que va del año ya hubo 72 homicidios. De ellos sólo el 10 por ciento fue en ocasión de robo. La mayoría está tipificado como “ajuste de cuentas””, sostuvo la información que fue tapa de uno de los diarios de mayor circulación de la Argentina en las últimas horas.

En los últimos cuarenta años, Rosario, cuna de la bandera, capital nacional del fútbol argentino en la primera parte de los años setenta, pasó de ser la ciudad obrera a la etiquetada “Barcelona” de Sudamérica por su persistente boom inmobiliario.

Ahora, todavía inmersa en el proceso que ha convertido la necesidad de viviendas en un fenomenal negocio de las grandes empresas constructoras, la ciudad del Che y Fontanarrosa empieza a ser marcada como una de las más inseguras del país.

Incluso el 25 de Mayo, decenas de vecinas y vecinos se autoconvocaron en el Monumento a la Bandera para pedir por seguridad.

Quizás no sean imágenes contrapuestas.

Hay una secuencia histórica que determina pocos, muy pocos ganadores y muchos, muchísimos perdedores.

Una evolución que va desde aquella geografía atravesada por el trabajo y que había perfilado una región obrera, portuaria, ferroviaria e industrial en los años sesenta y setenta y que a partir de 1976 y especialmente durante los noventa sufrió el saqueo del empleo estable vinculado a la producción y amaneció, entonces, una Rosario de cuentapropistas desesperados, empleados de comercio pauperizados, puerto fundido y mal vendido, vías y talleres ferroviarios poblados de fantasmas y empresas metalmecánicas olvidadas.

Nació entonces, la ciudad archipiélago.

Islas de grandes ganancias, lujos y arquitectura para el asombro para pocos; islas grises donde la pelea es el día a día; islas oscuras donde el nuevo circuito de dinero fresco del capitalismo, el narcotráfico, comenzó a secuestrar pibes para transformarlos en consumidores consumidos e islas de resistencias, donde lo solidario y lo colectivo siguen dando pelea contra el egoísmo y el individualismo exacerbados.

Hay datos oficiales que son necesarios repasar para pensar en voz alta: entre 1973 y 1988, la policía provincial informó que solamente se secuestraron 5 kilogramos de cocaína. Era un dibujo. Pero un dibujo oficial: 200 gramos de cocaína por año se consumían en aquella ciudad por entonces obrera y con desocupación cercana al 6 por ciento y escolaridad rayana al ciento por ciento especialmente en sus niveles primarios y secundarios.

La última estadística, de no más de una semana, señala que en la ciudad se llevan incautados 200 kilogramos de cocaína en el año 2012.

De aquellos 200 gramos anuales a 200 mil gramos en el mismo período.

Se multiplicó por mil la circulación de la droga que, mayoritariamente, hace que muchos vivan, mueran y maten por ella.

Y en forma paralela, se duplicó la cantidad de policías de los años setenta al presente.

Con lo cual el problema no es la cantidad, sino la calidad. Lo que hacen los policías que, mayoritariamente, participan del negocio del narcotráfico.

Pero también se ha multiplicado el exilio de los adolescentes de la escuela secundaria: el 80 por ciento de las pibas y pibes de los barrios populares no termina la escuela media. Y son ellos, además, los que no consiguen empleo ni trabajo.

De allí que sea fundamental saber que detrás de ese dato del presente, la cuestión es ajustar cuentas a favor de la vida, de volver a contagiar sentido a la mayoría de la gente y de los pibes que vaya más allá de lo material.

Para que Rosario vuelva a sentir que tiene un por qué vivir y existir sobre la geografía argentina, ajustar las cuentas para que se sumen sensibilidad, voluntad de cambio y ganas de enamorarse. Para que la felicidad sea el objetivo de la política, como decía Belgrano; para luchar sin perder la ternura jamás, como decía otro rosarino hoy más publicitado que sentido, Ernesto “Che” Guevara.

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Argentina: Piden la renuncia de parte del gobierno de Jorge Sapag: “Acá se trata de una decisión política, tienen que dejar de torturar y fusilar”

Carlos Saglul (ACTA)

Los organismos de derechos humanos de Neuquén pidieron la renuncia de autoridades provinciales, como derivación del crimen de Cristian Ibazeta, ultimado en su celda luego de denunciar a miembros del Servicio Penitenciario. Gladys Rodríguez de la Organización Zainuco dijo a ACTA "le decimos al gobierno que aquí se trata de una decisión política, se debe dejar de torturar y fusilar”.

Zainuco junto al Centro de Estudios Legales y Sociales, la APDHA y otras organizaciones, pidió públicamente la renuncia del ministro de Seguridad, Gabriel Gastaminza, del Jefe de la Policía y del director General de Cárceles.

-Cuando vio a Ibazeta por última vez?

Seis horas antes que lo mataran. Estaba mal porque lo habían provocado rompiéndole las zapatillas nuevas que le había regalado la mama. Había sido el principal testigo de un juicio contra 27 guardias de la Unidad 11. A partir de eso, su vida comenzó a ser un calvario. Siempre estaba en celdas de castigo. Lo trasladaban.

Todo empezó como resultado del manoseo a que sometieron a la madre de Ibazeta, luego de desnudarla. Ella es ciega. Como resultad de la indignación se produjo una revuelta. Al terminar, vinieron terribles torturadas para los internos que se rebelaron y él las denunció.

- ¿Que paso con esos guardiacárceles?

Dos fueron condenados y el resto volvió a la Unidad 11. El jefe del penal es el actual responsable de todas las unidades de la provincia. Hemos pedido su renuncia. Es absurdo que nos quieran hacer creer que se trató de un crimen entre presos. Ibazeta estaba encerrado y los otros internos no podían entrar en su celda, además no tenía problemas con nadie. Como todos los días a las 22 se realizó una requisa y no se encontró nada.

-Usted más que un caso puntual parece hablar de una máquina de matar...

Hemos denunciando hasta el cansancio que hay una política secreta en este sentido. Los policías les dicen a los reos: denuncien, total a nosotros no nos pasa nada. Matan, torturan y quedan libres La otra pata de la impunidad del gobierno del Movimiento Popular Neuquino es la Justicia. Las cárceles son una maquina de exterminar pobres. El Estado es responsable, no puede hacerse el distraído. Este asesinato debe ser el último, no podemos seguir permitiendo la impunidad. Si adelante de todos, aún la prensa, fusilaron a un maestro como el compañero Carlos Fuentealba, ¿que no pueden hacer detrás de los muros?.

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Argentina: Todavía existe una fuerte homofobia en Tucumán

PRIMERA FUENTE

En las provincias argentinas se observa una realidad muy diferente a la de Buenos Aires, de acuerdo con un informe que evalúa la situación en el NOA.

Las dificultades para aplicar el derecho a formar una familia es uno de los principales problemas que enfrentan las parejas no heterosexuales en Tucumán y las provincias vecinas. Por ejemplo, a poco de aprobarse el matrimonio igualitario, dos mujeres lesbianas que habían decidido casarse y ya tenían dos hijos (un niño de 5 años y una beba de meses de edad), tuvieron que padecer más de un mes de demora por parte de las instituciones policiales y del poder judicial, ante la retención de la hija de ambas por parte de la abuela.

Cabe destacar que desde el punto de vista legal, hoy esta familia conformada por dos madres, un niño y una niña, no cuenta con el adecuado reconocimiento legal, ya que las leyes no han previsto solución a la situación de hijos/as de familias homoparentales nacidos/as fuera del matrimonio. En esta situación de desventaja jurídica, han quedado hijos/as de familias homoparentales, con respecto a los demás. Un caso concreto ocurrió en Tucumán: al fallecer el padre biológico de un niño, dejó en una situación jurídica de orfandad a su hijo biológico. Quedó su marido como tutor del menor, pero se desconoció por completo la realidad familiar y el vínculo del niño, y de sus padres.

Las violaciones a los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGTB) en el Noroeste Argentino cuentan con un excelente aliado: el silencio. Severos obstáculos legales, sociales y culturales afectan a la vida de LGBT, en una región con muchos “peros” a la hora de tratar los derechos sexuales y reproductivos. La invisibilidad y la estigmatización arruinan y destruyen muchas vidas, mientras la violencia y la impunidad diarias obligan a muchos integrantes del colectivo LGTB a vivir en las sombras y con miedo.

La Multisectorial por la Diversidad en Tucumán elaboró un informe sobre la situación en nuestra región, que fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Está integrada por representantes de Crisálida biblioteca popular de género, Les Warmi, la Cámpora Diversia Tucumán, y Staff Babylon. Participaron Norma Salica (activista lesbiana), María Victoria Julio (activista trans), Gustavo Diaz Fernández (investigador y activista por los DDHH) y Gerardo Epelbaum (activista gay). La coordinación del informe estuvo a cargo de Agustín Martínez, investigador, abogado y director de Crisálida JUS.

Fuera del aspecto familiar, las personas gays, bisexuales y lesbianas no cuentan con protección especial por discriminación en las leyes generales del país, con lo cual no tienen garantizada la estabilidad laboral, ni protección legal específica en contra de crímenes de odio, y de discriminación en ámbitos laborales, educativos, y de atención de salud. Preocupa especialmente que mujeres lesbianas no tengan acceso a herramientas para prevenir enfermedades de transmisión sexual.

Madres solas y también parejas de madres lesbianas comunicaron su miedo a la imposición de un padre legal, a través del reconocimiento en el registro civil, por un acto unilateral y sin notificación ni posibilidad de defensa ante esa situación. Para el hombre, ni siquiera es necesario acreditar relación biológica con la/el niño/a. Esto genera una gran inseguridad jurídica y angustia familiar. Una mujer sola ni siquiera puede salir del país con su hijo/a, si no cuenta con una copia actualizada del acta de nacimiento, ya que debe acreditar que nadie más ejerce la patria potestad.

Las leyes que restringen los derechos humanos de personas con identidades trans, en general, datan de la dictadura militar que rigió el país desde 1966 a 1970. En los tribunales del interior del país existe una gran resistencia por parte del Poder Judicial a la hora de cumplir con sus funciones, cerrándoles en la práctica las puertas a personas trans. Existe una marcada diferencia entre la situación en Buenos Aires, y el resto del país.

Preocupa especialmente la persecución por parte de la Policía a mujeres con identidades trans. Las identidades de género no se encuentran criminalizadas en el Código Penal. Sertrans no es un delito. Sin embargo, las provincias persiguen a esta comunidad a través de contravenciones o códigos de falta (utilizados como excusa), y principalmente bajo figuras de “averiguación de antecedentes”, o “acreditación de identidad”, o similares.

En Tucumán las contravenciones son una herencia de la última dictadura militar,impuestas en el año 1980, con la clara finalidad de asegurarle a la Policía una herramienta que le permita detener a personas sin ningún tipo de control judicial. A pesar que hace más de un año la Corte Suprema de la Nación se pronunció por la inconstitucionalidad de la imposición dictatorial denominada “ley de contravenciones”, la Legislatura local no ha actuado todavía para su derogación.

Si bien las contravenciones son una institución de por sí grave, y con un sistema perverso denominado día/multa, que permite que personas con recursos económicos puedan evitar la privación de libertad, pagando un monto de dinero, mientras que las personas pobres son especialmente afectadas.

Con respecto a otros aspectos, debemos decir que el enfoque desde el que se trabaja la “Trata y tráfico de mujeres” (y en las dependencias gubernamentales que lo hacen), no incluyen a trans, por lo que el tráfico de trans (muchas de ellas adolescentes) con fines de prostitución está liberado. Un estudio del Area Queer NOA deja ver que mensualmente llegan a Tucumán adolescentes trans entre 13 y 18 años las cuales son receptadas por el sistema de prostitución.

El Área Trans de Crisálida denuncia que hay un descontrolado avance en las hormonalización por parte de jóvenes trans. La hormonalización es un negocio clandestino que conlleva nefastas consecuencias producto de una política de invisibilización, esto se potencia con el accionar impune de los laboratorios y puntos de venta. A esta situación se le suma también las prácticas caseras de inyección de siliconas industriales para poder feminizar sus cuerpos, atento a que las cirugías necesarias para obtener resultados similares pero de forma segura, aún no son accesibles.

Con respecto al derecho a la educación, un estudio que realizó Crisálida y el Centro de Derechos Humanos del NOAsobre abusos a LGBT en las instituciones educativas, expresa que niñas y adolescentes trans sufren la violencia y el acoso sexual por parte de compañeros y docentes. Su expresión de género habilita situaciones de violencia por parte de sus compañeros ante la impasibilidad de docentes y autoridades de establecimientos educativos. A su vez mujeres trans mayores de 25 años recuerdan haber sufrido acoso sexual y abusos sexuales por parte de docentes varones y autoridades.

En el año 2011, Crisálida abrió en Tucumán un Centro de Alfabetización Trans11, ámbito educativo en el cual asistían alumnas que habían sido expulsadas del ámbito educativo oficial en su niñez, debido a su identidad de género. Además de recibir alfabetización, las alumnas eran sensibilizadas sobre el cuidado de su salud, la forma de protegerse ante abusos de autoridad, y otros saberes propios de la currícula oculta de los establecimientos educativos.

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Bolivia reclama por mapa en el cual aparece sin costas

PL

El gobierno boliviano reclamó hoy a dos diarios locales por la publicación de un mapa de principios del siglo XIX, en el cual se muestra al país sin costa marítima alguna.

La Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima emitió un comunicado, en el cual dejó clara su protesta por la tendenciosa publicación del referido mapa, por los diarios La Prensa y El Alteño.

"Los periódicos La Prensa y El Alteño, en su edición del 25 de mayo del presente año, publicaron el mapa del cartógrafo alemán Cristhian Gottlieb Reichard, que responde a oscuros intereses antipatrióticos que se camuflan en el anonimato", asegura el comunicado.

Al mismo tiempo, la nota insiste en que "temerariamente pretenden mostrar que Bolivia nunca nació a la vida independiente con acceso soberano y directo al océano Pacífico".

Por otra parte, el director de la Dirección de Reivindicación Marítima, Juan Lanchipa Ponce, consideró como desafortunada la publicación de las referidas cartas.

"No se puede engañar a la gente con la difusión de un mapa fraudulento, carente de respaldo legal, sin certificación internacional, sin validez alguna, que se inscribe dentro de la arremetida de una desleal campaña camuflada que se contrapone con la verdad histórica", insistió Lanchipa Ponce.

El dirigente lamentó que esas situaciones se difundan en días previos a la 42 Asamblea General de la organización de Estados Americanos, prevista del 3 al 5 de junio próximo en Cochabamba.

Lanchipa Ponce aseguró que Bolivia "no retrocederá en realizar las acciones pertinentes ante las instancias internacionales competentes, para lograr por medios pacíficos, una salida soberana a las costas del Pacífico, injustamente usurpadas y retenidas por Chile tras una cruenta guerra, que se inició en 1879".

Al mismo tiempo, recordó que la referida contienda "culminó cuando ese país impuso a Bolivia el Tratado de 1904 en uso de todos los medios de presión que tenía a mano".

Finalmente, el jefe de la Dirección de Reivindicación Marítima recomendó a la población y a los medios de comunicación tener mucho cuidado con el manejo de mapas ilustrativos y exhortó a vno considerar como documentos de consulta o referencia ese tipo de materiales de escaso valor.

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