lunes, 4 de junio de 2012

La historia no había terminado…

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

"Defiendo la construcción del Estado como uno de los asuntos de mayor importancia para la comunidad mundial, dado que los Estados débiles o fracasados causan buena parte de los problemas más graves a los que se enfrenta el mundo: la pobreza, el sida, las drogas o el terrorismo". Esta idea jamás podríamos asociarla al pensamiento neoliberal (o "capitalismo salvaje", para decirlo sin atenuantes), el cual se caracteriza por una apología fanática de la libre empresa y del achicamiento/desaparición del Estado.

Pero curiosamente es lo que nos dice Francis Fukuyama en su libro "State-Building: Governance and World Order in the 21st. Century", publicado en el año 2004 y llevado al español como "Construcción del Estado: gobierno y orden mundial en el siglo XXI".

Fukuyama se hizo famoso la década pasada cuando en 1992 (año del centenario del inicio de la conquista de América, casualmente) pronunció el grito triunfal en su libro El fin de la historia y el último hombre: "la historia ha terminado". Pero en realidad lo dicho por este pseudo-intelectual ni es pensamiento profundo ni encierra ninguna verdad científica. La historia ¡no había terminado! Años después de pronunciar esa frase de victoria (ideológica, visceral), se atempera y reconsidera el papel del Estado.

A inicios de la década pasada, caído el muro de Berlín y derrumbado el campo socialista de Europa del Este, el capitalismo se sintió exultante, triunfal. Todo parecía indicar que la economía planificada no llevaba a ningún lado, y que el mercado se imponía como modelo único e inevitable. Coadyuvaba a esta visión la idea de democracias parlamentarias como más "civilizadas" y dando más respuestas a los problemas sociales que las "dictaduras" del proletariado de partido único.

Fue tan grande el golpe –y en buena medida, el golpe mediático que el capital supo implementar al respecto– que el discurso dominante inundó toda la discusión. La izquierda misma quedó perpleja, sin argumentos. Parecía cierto que la historia nos dejaba sin respuesta. Pero la historia no había terminado (¿habían terminado acaso las causas que ponen en marcha la protesta social?, ¿habían terminado las asimetrías sociales basadas en la explotación y las injusticias?)

El término "globalización" se adueñó de los espacios mediáticos y del ámbito académico, pasando a ser sinónimo de progreso, de proceso irreversible, de triunfo del capital sobre el "anticuado" comunismo que moría, representado en autoritarios jerarcas de Comités Centrales que, sin duda, de comunistas no tenían más que el nombre. Y de verdad que nos lo hicieron creer. La siempre mal definida globalización pasó a ser el nuevo dios; según se nos dijo –siendo Fukuyama uno de sus principales difusores– la misma traería desarrollo y prosperidad para todo el planeta. La historia había terminado (mejor dicho: el socialismo había terminado), y el término que lo expresaba con elegancia, por no decir con refinado sadismo, era globalización. No se podía estar contra ella.

Por ese entonces el optimismo triunfalista del neoliberalismo en boga campeaba sobre el mundo. Después de las fracasadas experiencias socialistas (aunque habría que discutir más eso del "fracaso". ¿Cuba fracasó?, el sistema capitalista ¿triunfó y eliminó más pobreza?), o mejor dicho: después de la presentación mediática que hacía el capitalismo victorioso de los acontecimientos que marcan estos años, no quedaba mayor espacio para las alternativas. Con fuerza de moda, las políticas neoliberales barrieron el planeta. Según nos aseguraban sus mentores con convicción mesiánica, por fuerza traerían la paz y la felicidad.

Hoy, casi dos décadas después de este grito de guerra, la realidad nos muestra algo bastante distinto a paz y felicidad planetarias: buena parte de la población global pasa hambre, la miseria golpea con fuerza y la prosperidad es una palabra desconocida para la mayoría de los pueblos del mundo. El capitalismo creció, sin dudas, pero a condición de seguir generando más pobreza. La riqueza se reparte cada vez en forma más desigual, con lo que puede decirse que si algo creció, es la injusticia. Y las guerras no sólo no han desaparecido sino que pasaron a ser un elemento vital en la economía global; de hecho, en la dinámica de la principal potencia a escala planetari, los Estados Unidos, es su verdadero motor, ocupando alrededor de un cuarto de todo su potencial y definiendo su estrategia política tanto interna como internacional. Por lo que se ve, la historia no había terminado. La protesta social, aunque silenciada con nuevas y refinadas técnicas de control (¿medios de comunicación?, ¿nuevos fundamentalismos religiosos?), sigue estando.

Después de unos primeros años de impactante conmoción, tanto el campo popular como el análisis objetivo de los hechos fue saliendo del estado de shock, haciéndose evidente que este momento de euforia de los grandes capitales era un triunfo, enorme sin dudas, pero no más que eso: un triunfo puntual (una batalla) en una larga historia que sigue su curso. ¿Por qué iba a terminar la historia?

"Siéntate al lado del río a ver pasar el cadáver de tu enemigo", enseñó hace dos mil quinientos años el sabio chino Sun Tzu en el Arte de la Guerra. Parece que este asiático entendió mejor el sentido de la historia que este moderno oriental americanizado, Fukuyama. La historia no termina.

Después de observar los desastres que ocasionó el retiro del Estado en la dinámica económico-social de tantos países siguiendo las recetas (impuestas, por supuesto) de los organismos financieros internacionales en esta ola neoliberal absoluta, también hay gente pensante que reacciona. Este desastre –con éxodos imparables de inmigrantes desde el Sur hacia el Norte, con brotes desesperados de violencia tendenciosamente llamados "terrorismo", con un desastre medioambiental que pareciera ya irreversible de no cambiarse el curso de las cosas– torna al mundo cada vez más problemático, más invivible. Invivible, al menos, para las grandes mayorías. Y ahí aparece nuevamente Francis Fukuyama.

En realidad, en este otro libro al que nos referimos no se desdice radicalmente de lo dicho años atrás, pero lo matiza. Lo cual, en otros términos, no es sino expresión de una inconsistencia intelectual enorme. Un grito de guerra no es teoría. Y lo que 20 años atrás se nos presentó como formulación seria y sesuda –que la historia había terminado– no pasa del nivel de pasquín barato con visos de amarillismo. No hay en juego ningún concepto riguroso: sólo hay fanfarronería ideológica, pirotecnia verbal. Si algunos años después Fukuyama debe apelar a esta revalorización del papel del Estado, ello es lisa y llanamente porque la historia le demostró la inconsistencia del show propagandístico que nos lanzó años atrás. Además, pone el acento en el Estado y no en las relaciones estructurales que el mismo expresa. El problema no está en el Estado, si debe ser fuerte o débil: el problema siguen siendo las luchas de clases, la estructura real de la sociedad. Cuando el Estado debe salvar a los grandes capitales en bancarrota, como lo vimos recientemente ante la fenomenal crisis de las sub-primes en el 2008, crisis de la que aún las grandes masas no terminan de salir, ahí está inyectado millones y millones de dólares para rescatar a las empresas en dificultades (Glodman Sachs, Citigroup, General Motors, Wells Fargo, Bank of America), pero no así al pequeño ahorrista, al trabajador desamparado, al indigente. Y cuando tienen que reprimir la protesta social, aún en los maliciosamente llamados Estados "fallidos", no fallan, cumpliendo su cometido a la perfección.

La historia sigue su curso. En todo caso, no sabemos bien cuál es ese curso. Pero sigue, inexorable. La historia no es otra cosa que movimiento, cambios, revoluciones, violencia para cambiar lo que se resiste a morir ("la violencia es la partera de la historia"), avances y retrocesos, un meneo perpetuo. Pero de quietud, de fase final: nada.

Como atinadamente dijo Jorge Gómez Barata: "Lo que demonizó a Carlos Marx e hizo de él un adversario formidable, no fue haber predicado la revolución, sino haber demostrado su inevitabilidad, aunque tal vez ocurra de manera diferente a como lo soñó."

Para expresarlo en clave hegeliana: el amo tiembla aterrorizado delante del esclavo porque sabe que inexorablemente tiene sus días contados. Por más que el amo lo reprima, lo llene de "opios" varios –televisión, religiones fundamentalistas, Hollywood, guerra de cuarta generación mediático-psicológica–, por más que lo trate de anular y le muestre los dientes con arsenales de la más mortífera y sofisticada tecnología, sabe que en algún momento el esclavo puede abrir los ojos. ¿Qué otra cosa, si no esa guerra formidable, es la historia de las sociedades de clase?.

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Sin noticias de Islandia

Manuel E. Yepe (especial para ARGENPRESS.info)

Hace cuatro años que en Islandia, esa glacial isla adscrita a Europa que descansa en medio de Atlántico Norte con apenas unos 300.000 habitantes, ocurren cosas interesantes y novedosas que no se reflejan en los medios corporativos de occidente, confirmando la manipulación inexorable de que es objeto la humanidad por el control que sobre los medios de prensa en el mundo ejercen la superpotencia y las oligarquías a ella adscritas.

En Islandia no ha tenido lugar una revolución social, pero sí ha ocurrido algo casi tan grave para la alta jerarquía de las finanzas: una revolución contra la tiranía de los bancos capitalistas en un mundo globalizado con raíces que conducen inexorablemente a Wall Street.

Aunque gracias a sus centrales geotérmicas Islandia disfruta de gran independencia energética, el país dispone de muy escasos recursos naturales adicionales y su economía, dependiente en un 40% de las exportaciones pesqueras, es por ello muy vulnerable. Al igual que los demás países europeos, se fue endeudando con la banca en la especulación para vivir por encima de sus posibilidades reales en el sistema financiero neoliberal impulsado por Estados Unidos al que ahora la economía real ajusta cuentas.

Para hacer frente a los efectos de una devastadora crisis, hace cuatro años, su gobierno nacionalizó los principales bancos del país y, en represalia, Londres congeló todos los activos de 300.000 clientes británicos y 910 millones de euros invertidos en bancos islandeses por administraciones locales y entidades públicas del Reino Unido. La isla tuvo que dedicar 3.700 millones de euros de dinero público a rembolsar a esos clientes.

Con una deuda bancaria de Islandia equivalente a varias veces su Producto Interno Bruto (PIB), la moneda se desplomó, la bolsa suspendió su actividad y el país cayó en bancarrota.

Protestas multitudinarias frente al parlamento en Reykjavik, la capital islandesa, obligaron en 2009 a convocar a elecciones anticipadas que a su vez provocaron la dimisión del Primer Ministro conservador y de todo su gobierno, en bloque.

Un proyecto de ley ampliamente debatido en el parlamento planteaba descargar sobre todos los ciudadanos de la isla el rembolso a bancos británicos y daneses de la deuda de 3.500 millones de euros mediante el pago por éstos en mensualidades durante los próximos 15 años.

El pueblo volvió a las calles exigiendo someter a referéndum tal ley.

El Presidente accedió y no la ratificó pese a que el proyecto contaba con 44 de los 66 votos en el Parlamento. Se convocó al referéndum y el

NO al pago de la deuda logró el 93% de los votos.

Ante tal victoria de la revolución pacífica islandesa, el FMI congeló toda ayuda económica a Islandia hasta tanto se resolviera el asunto del pago de la deuda.

El gobierno dispuso una investigación para ventilar las responsabilidades de la crisis y comenzaron las detenciones de banqueros y altos ejecutivos. La Interpol dictó una orden de captura y todos los banqueros implicados abandonaron el país.

En este contexto se elige una asamblea para redactar una nueva Constitución que recoja las lecciones aprendidas de la crisis y que sustituya a la actual. Para ello, se recurre directamente al pueblo soberano representado por 25 ciudadanos sin filiación política elegidos entre 522 candidatos propuestos.

La asamblea constitucional trabaja desde febrero de 2011 en un proyecto de Carta Magna a partir de las recomendaciones consensuadas en distintas asambleas que se celebran por todo el país. Deberá luego ser aprobado por el actual Parlamento y por el que se constituya tras las próximas elecciones legislativas.

La recuperación económica experimentada por la isla tras liberarse de la carga parasitaria de la deuda con los bancos es vista por las cúpulas capitalistas europeas como un peligroso ejemplo para países que tildan de “morosos”, como Grecia e Irlanda. Sobre todo porque los éxitos recientes que viene logrando Islandia han llevado a muchos economistas a considerar que ha sido el colapso de los bancos lo que más ha ayudado a tales avances.

No sólo la economía islandesa no se derrumbó con la solución de la crisis a partir del impago de la deuda sino que cerrará el 2011 con un crecimiento del 2,1% que será del 1,5% en 2012, cifra que triplica la de los países de la zona euro.

Gran parte de ese crecimiento se basa en incrementos productivos, principalmente en el turismo y la industria pesquera. Ello contrasta con el cuadro que exhiben otras economías europeas, estancados o en declive.

Islandia demostró que con la recuperación de su soberanía han venido aparejadas la justicia y la dignidad.

Políticos y banqueros corruptos han sido sometidos a juicios.

Y, como reafirmación de su independencia, Islandia se convirtió en el pasado otoño en el primer país europeo en reconocer a Palestina como nación independiente, algo que ningún país sometido al yugo de la banca internacional capitalista ha podido hacer.

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Club de París: El pueblo quiere saber de qué se trata...

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

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Con María Elena Saludas, integrante de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC)-Argentina, conversamos sobre la carta que el pasado 25 de mayo varias organizaciones sociales le enviaron al Ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino. Como subraya una de las firmantes de esa misiva, Nora Cortiñas, es preciso "que el gobierno realice con urgencia una auditoria integral, pública y participativa de los reclamos del Club de París". Así fuesen tres dólares: que los abone quién debe pagarlos.


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Ferrocarriles: Después de la tragedia

Eduardo Lucita (especial para ARGENPRESS.info)

La tragedia ferroviaria de Once no es un hecho aislado. Por el contrario es la máxima expresión de una historia de decadencia y deterioro de muchas décadas, que se expresa más que trágicamente en esta coyuntura.

Finalmente el gobierno le retiró la concesión de las líneas Mitre y Sarmiento a TBA, el “accidente” de hace tres meses atrás y las conclusiones a que va arribando la investigación judicial, la presión de familiares de las víctimas y de los sindicalistas antiburocráticos, no permitían postergar más la decisión.
Para los especialistas existían numerosos indicadores que mostraban que una situación así era posible:

a) Informaciones recientes dan cuenta que en los diez años que van de 1996 a 2006 hubo más de 800 accidentes de distinta envergadura en la línea Mitre y unos 1.100 en la Sarmiento.

b) Los trenes de carga no le van en zaga: los descarrilos y los inconvenientes en el tráfico son permanentes en este servicio.

c) Los informes de la AGN como los de la CNRT reportan problemas de mantenimiento, inversión y gestión operativa que corroboran las numerosas denuncias oportunamente elevadas por los delegados de base.

No se trata de un destino trágico del modo ferroviario sino de una historia de decadencia y deterioro de muchas décadas, que se expresa más que trágicamente en esta coyuntura.

Hace poco más de un siglo y medio el camino de hierro comenzaba a extenderse por el país, a integrar su geografía, a dar vida a pueblos y ciudades. El impulso fue estatal, no podía ser de otra manera en un país como el nuestro. Desde entonces a hoy mucha agua ha pasado, muchos trenes corrieron por las vías y muchos otros dejaron de correr…

Modelos de acumulación y transporte ferroviario

Sobre el final del siglo XIX capitales franceses y británicos eran ya hegemónicos en el sistema de transporte ferroviario y comenzó a definirse un trazado radial que modelaba el país según los objetivos de una economía de exportación.

Era la etapa del modelo de acumulación de “desarrollo hacia fuera” donde el sistema de transportes y particularmente el modo ferroviario jugaban un papel específico en cuanto a la expansión de las zonas cultivables y de las áreas ganaderas, potenciando el país agroexportador.

Si bien su vertiginosa expansión fue un vehículo de progreso al mismo tiempo, dado su trazado tipo embudo hacia el puerto, se constituyó en una verdadera traba que bloqueaba la conformación de un mercado interno sustentado en la incipiente industrialización nacional. Resultaba así funcional a los intereses de las clases dominantes y sus lazos comerciales, financieros y culturales con Gran Bretaña.

El modelo de acumulación por “sustitución de importaciones”, que se fue diseñando luego de la crisis del ’30, conllevaba un cambio en ese patrón de acumulación, no sólo económico, sino también social y cultural, y asignaba un nuevo rol al sistema de transportes y por lo tanto también al ferrocarril.

Cambios y continuidades

Cuando ya hace mas de medio siglo un gobierno de incuestionable base popular ponía en marcha un vasto proceso de nacionalizaciones, instalando un debate que cruzó a la sociedad argentina en todas sus direcciones, se lo identificó como el intento de un Estado que buscaba apropiarse de los principales resortes económicos que hacen al desarrollo de un país: la energía, las comunicaciones, el comercio exterior, los transportes.

Las nacionalizaciones como correlato de particulares condiciones internacionales, se insertaban en un proyecto nacional que buscaba el crecimiento y desarrollo del país, donde el modo ferroviario, eje troncal de todo el sistema de transportes, se presentaba como un factor integrador y articulador de los espacios geográficos, económicos, sociales, culturales.

Sin embargo aquella nacionalización ferroviaria no modificó en lo esencial el orden de cosas. Es que se llevó adelante en medio de una contradicción irresuelta: aquel papel integrador de las distintas regiones se llevó a cabo por vía de los hechos, pero nunca alcanzó a ser definido ni programado adecuadamente.

No obstante los Planes Quinquenales del primer peronismo, el trazado radial, sus instalaciones fijas, su infraestructura en general siguieron reflejando las necesidades del país agroexportador, por más que el eje de la acumulación en este período estuviera centrada en el mercado interno. Tal vez por eso estudiosos de la economía del transporte prefieren hablar de estatización y no de nacionalización. Como muchos otros un debate incloncluso.

Si se analizan estos hechos desde la lógica del capital es posible ver que el intervencionismo estatal que se desarrolló a partir de los años ’30 tuvo como objetivo sistémico más general preservar la tasa de ganancia de los capitalistas, seriamente afectada por la crisis de aquellos años, colocando al Estado como motor de la acumulación del capital.

Los ’60 un momento de inflexión

Para el modo ferroviario esta nueva etapa fue históricamente efímera, ya en los albores de la década del ’60 con el deterioro de la infraestructura y el material rodante la declinación estaba instalada. En cierta forma puede decirse que se adelantó o anticipó la decadencia del país.

En 1961 el Plan Larkins es el primer intento de redimensionar el ferrocarril, fuertemente resistido por los trabajadores ferroviarios. El plan no llega a implementarse pero el sistema quedó seriamente deteriorado, la caída de la participación del modo en el total transportado se hacía cada vez más evidente y pronunciada. Así la perdida de la centralidad ferroviaria en el sistema de transporte nacional estaba ya sancionada.

Los años ’70 son años de estancamiento. Se detiene la caída, hay intentos de modernización (reemplazo de la tracción vapor por diésel, cambios en los sistemas organización del transporte, se definen los llamados trenes block y la política de encaminamiento de vagones, la centralización administrativa y normativa). Pero esta modernización resulto frustrada, partía de un criterio impuesto por el Banco Mundial para su financiamiento: llevar a uno el coeficiente de explotación (relación ingresos / gastos). Como no se incrementaban los ingresos en términos reales acercarse al objetivo implicaba el ajuste en los gastos, esto sumió al ferrocarril en la impotencia y no logró superar su medianía.

Los años ’80 son los años en que se toma conciencia que el modo ferroviario marchaba hacia su colapso. Es un período de deterioro generalizado, caracterizado por un fuerte proceso de descapitalización donde las insuficiencias en los niveles de inversión y gasto ponían en serio riesgo la circulación misma de los servicios. Se alienta solapadamente el retiro del personal técnico y especializado, aparecen las privatizaciones periféricas y los primeros indicios de incorporación de capitales privados.

Pero debe señalarse que a pesar del desgaste físico y moral al que fue empujado el personal, solo aquellos hombres y mujeres -que durante décadas depositaron en la empresa estatal sus esfuerzos e ilusiones- en condiciones cada vez más precarias, fueron capaces de renovar las vías, reparar el material tractivo y remolcado, trazar programas de trabajo y en definitiva mantener los servicios.

Liquidación del capital social

Los ’90 son los años de la llamada “reestructuración del capital” bajo la hegemonía del sector financiero. En esa década de neoliberalismo con el achicamiento de los espacios económicos nacionales, las privatizaciones buscaron preservar la tasa de ganancia y reimpulsar el proceso de acumulación de capitales. Los objetivos explícitos se proponían la eliminación del déficit y la modernización de los servicios por medio de las inversiones privadas, el resultado no otra cosa fue que la transferencia al sector privado del enorme capital social acumulado por generaciones.

Si en los inicios la expansión del modo ferroviario fue vertiginosa, así de vertiginoso fue el proceso de su desestructuración, En poco menos de tres años bajo la figura de la concesión, la empresa estatal se transformó en 14 empresas de derecho privado.

Con las cesantías, los traslados masivos, las jubilaciones anticipadas se dilapidó todo el saber obrero. Esa acumulación de conocimientos transmitido de generación en generación, que es el que permitió sobrellevar los bajos presupuestos, la falta de repuestos, la obsolescencia tecnológica, las marchas y contramarchas de las administraciones de turno, la corruptela generalizada. Ese saber que hizo posible que los trenes circularan y los servicios se prestaran.

Prebendas e incumplimientos

Los trenes de pasajeros de mediana y larga distancia fueron eliminados, algunos se han recuperado recientemente pero se trata de servicios que se prestan en condiciones deplorables ( en estos días esos servicios concesionados a TBA se han cancelado). De los de cargas los más rentables se han concesionado – no funcionan como servicio público sino que lo hacen casi con exclusividad para los grupos económicos que los explotan- y los concesionarios solo han incorporado mejoras tecnológicas y operativas hasta donde les resulta funcional a los intereses de los nuevos monopolios privados. El resto se canceló y la carga se transfirió al camión.

De 39.000 km. en operación quedaron 22.000, de los que solo se explotan 7.500. De 95.000 trabajadores ferroviarios quedan en actividad algo más de 15.000. Si en los años de los ferrocarriles estatales corrían en promedio a 100/120 km/h ahora lo hacen a 40/50 km/h. En los ’70 la participación ferroviaria en el mercado de cargas era de un 15%, hoy es de solo el 4%.

No obstante el carácter prebendario de la privatización la gestión privada de las empresas no cumplió con los pliegos licitatorios, tampoco con los contratos renegociados en el 2006. No han invertido, no han hecho un mantenimiento de acuerdo a normas, no pagan los cánones establecidos ni los inventarios que se les transfirieron a precio vil. Pero el Estado asigna año a año mayores partidas presupuestarias para subsidiar a esas empresas y ha tenido que hacerse cargo de las inversiones.

Los servicios suburbanos de pasajeros están en el límite de sus posibilidades, como lo muestra el colapso de las líneas San Martín, Roca y Belgrano Sur primero y ahora las del Sarmiento y Mitre. La responsabilidad de los funcionarios es inocultable. Nadie puede alegar desconocimiento. La AGN, la CNRT y los delegados de base se cansaron de presentar informes, diagnósticos y denuncias, mientras que la Secretaría de Transportes miraba para otro lado.

Sin embargo el gobierno nacional al tener que hacerse cargo de estas líneas no encontró otra solución que darlas en gerenciamiento a grupos empresarios, que son los mismos que se beneficiaron de la privatización ferroviaria y que continúan explotando otros servicios. Una suerte de asociación ilícita con la activa participación de la mafia sindical que perpetró el asesinato de Mariano Ferreira.

Con el quite de la concesión TBA quedó afuera del negocio y serán los grupos Roggio (Metrovías) y Romero (Ferrovías) quiénes gerenciarán de ahora en más todos los servicios suburbanos de pasajeros. En este esquema el Estado se hace cargo de los gastos operativos y también de las inversiones, mientras que los gerenciadores cobraran un determinado porcentaje por su administración.
¿Qué hacer?

Los servicios están colapsados y los subsidios crecen sistemáticamente. El carácter de servicio público y el interés social general no son tenidos en cuenta. La privatización ferroviaria ha sido un fracaso y una estafa en gran escala.

El quite de las concesiones es un paso adelante pero ninguna solución de fondo. El Estado debe revertir de inmediato las privatizaciones y hacerse cargo integralmente de los ferrocarriles, incluidos los servicios de carga que son los verdaderamente rentables y que en todo el mundo subsidian a los de pasajeros. Hay suficientes razones jurídicas, económicas y sociales como para no demorar más esta decisión.

Pero será incompleta si no está integrada en la formulación de un Plan Nacional de Transporte que articule y complemente los distintos modos alternativos según sus costos de operación y el beneficio público.

Claro que nadie quiere volver al pasado. Habrá que buscar la forma jurídica que le asigne carácter de “empresa pública” y una forma democrática de gestión que contemple la participación y el control de los trabajadores, de los usuarios y de los diversos sectores de la ciudadanía.

Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda. Autor de “La patria en el riel. Un siglo de luchas de los trabajadores ferroviarios” Edic. del Pensamiento Nacional. Bs.As. 1999.

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Argentina: Crece el malestar y el gobierno no reacciona

LA ARENA

El enojo que viene creciendo en las filas de quienes viven de un salario a causa de la falta de actualización del Impuesto a las Ganancias es evidente y ya está en las calles con movilizaciones y quejas airadas.

Resulta incomprensible la inacción del gobierno nacional ante un problema que castiga a un número creciente de trabajadores en razón de que, en los últimos años, la actualización del límite inferior que afecta ese tributo ha sido muy inferior al avance de la inflación y de los aumentos salariales pactados en paritarias.

"El salario no es ganancia", dicen, y con razón, los que hoy se ven afectados por esta gavela. La movilización realizada ante la sede de la AFIP en Santa Rosa por parte de los trabajadores de la educación es un buen síntoma de ese disgusto que va ganando adherentes en todo el país. Según uno de los dirigentes del sindicato que agrupa a los docentes, con los últimos aumentos salariales quedó el 60 por ciento de los asalariados entrampados en el rígido corsé de un impuesto a todas luces injusto.

Ya está el impuesto al consumo -Impuesto al Valor Agregado- para aportar su cuota de inequidad, pues, como se sabe es pagado por toda la población por igual independientemente de su nivel de ingresos. Un rico y un pobre, tributan lo mismo de IVA cuando consumen. Y es un tributo que sigue siendo muy importante en la recaudación general del fisco.

La pelea del gobierno nacional con el líder de la CGT pasa en buena medida por este problema. Y en verdad no se entiende que el gobierno deje seguir aumentando la presión por parte de un sector que, por amplia mayoría, lo respalda y lo votó en las urnas. Es sabido que una enorme proporción de los votos que permitieron la reelección de la Presidenta provino de las filas de los trabajadores que le reconocen a su gobierno -y al anterior de su esposo- el haber instaurado definitivamente las negociaciones paritarias entre empleados y empleadores para establecer los niveles salariales. Se trata de un mecanismo de negociación directa cuyo uso nunca estuvo tan extendido en el país como en estos últimos años.

Pero si la evolución del límite inferior comprendido por el Impuesto a las Ganancias no asciende en forma paralela a esas negociaciones, y a la inflación, se produce el desfasaje que hoy provoca tanto malestar social.

Ese impuesto, si se decide aplicarlo a un sueldo, debería tener un límite muy superior y afectar únicamente las retribuciones de los salarios más altos de la pirámide laboral, los que perciben los puestos más jerarquizados. Y no los de un trabajador que apenas llega a un modesto sueldo promedio.

Un salario que hoy tributa Ganancias -tanto para las personas casadas y con hijos como para las solteras- alcanza apenas para vivir con cierta decencia y no mucho más. Por lo tanto, cuesta entender cómo el gobierno sigue si actualizar los valores de este tributo. Peor aún, cuando una funcionaria del Ministerio de Trabajo, intentando poner paños fríos a un debate tan caliente, anticipó que se está estudiando incrementar el nivel imponible, recibió inmediatamente una andanada de retos y reproches desde las esferas oficiales, como si ese tema fuera tabú o ese impuesto fuera intocable en los niveles de castigo tributario que hoy está.

Cuando el gobierno pide "solidaridad" a los asalariados registrados con respecto a los que están "en negro", y todavía en una proporción muy alta, parece desconocer que el esfuerzo económico que se solicita es demasiado alto en relación con lo que perciben. Especialmente cuando todavía persiste la injusticia de que los jueces provinciales y nacionales continúan sin tributar Ganancias a pesar de que sus retribuciones son incomparablemente más altas que las del común de los trabajadores. O que muchas operaciones financieras están exentas del pago de tributos aunque son realizadas únicamente por los sectores más adinerados de la sociedad.

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Loncopué hizo historia con un referéndum que rechazó la megaminería

Darío Aranda

Se realizó en Loncopué, Neuquén, el primer referéndum de la Argentina, de cumplimiento obligatorio, por el cual se votó Sí a una norma que prohíbe la minería a cielo abierto en las 8.000 hectáreas del ejido municipal. Sobre 3.601 empadronados, debía votar el 50% para que el referéndum fuera válido, pero votó el 72% del padrón y una arrasadora mayoría de 82,08% aprobó la ordenanza que prohíbe la minería. En votos: 2.125 a 388.

Loncopué, pueblo neuquino de siete mil habitantes, entró en la historia grande de las luchas socioambientales y también marcó un hito en la historia democrática del país. Este domingo 3 de junio de 2012 fue el escenario del primer referéndum de la Argentina respecto a la aceptación o rechazo de la megaminería: 8 de cada diez habitantes rechazó la actividad extractiva. El Movimiento Popular Neuquino, que gobierna la provincia desde hace cincuenta años, intentó frenar la votación y, durante toda la jornada, puso trabas para el desarrollo del acto eleccionario. “Ganó el pueblo, que decidió elegir su futuro. Y ese futuro dice no a la megaminería, dice no a las patotas del Gobierno, dice sí a la vida”, celebró una emocionada Viviana Vaca, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL).

Doce mesas para votar en una escuela. Urnas, sobre y sellos. Presidentes de mesa y fiscales (mayoría de mujeres). Nervios, pero también alegría, mates y galletitas de mano en mano. A las 8.06 fue el primer voto. Previsor, el hombre pidió no dar el nombre y explicó por qué: “Soy empleado municipal, bautizame don Jorge”. Padre de cinco hijos, 56 años, nacido y criado en Loncopué, definió su sentimiento madrugador: “Me desperté a las 5, con ganas ya de votar. Esto es hermoso. Por fin se nos consulta sobre el presente y futuro que queremos en el pueblo. No tenemos que dejar que nos impongan cosas que arruinan la vida y el ambiente”.

Tres minutos después, votó Oscar Muñoz, 32 años, nacido y criado en el pueblo. “Esto es algo que hacía falta, algo que es simple: que decidamos nosotros por nosotros, no que decidan otros. Creo que no digo ninguna locura ¿no?”, sonrió y, antes de irse, anunció lo que luego sucedería: “Aquellos son punteros, acá nos conocemos todos, quieren meter miedo, sacar planes, pero ganará el pueblo”.

A las 11 llegaron las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle de Río Negro, Inés de Ragni y Lolín Rigoni.

Asambleas + comunidad indígena

Loncopué está ubicada en el noroeste neuquino, a 300 kilómetros de la capital provincial. Desde 2008 rechazan la instalación de un proyecto minero para extraer cobre en manos de una empresa china (Emprendimientos Mineros SA) y la estatal Cormine (Corporación Minera de Neuquén).

De ese rechazo nacieron la Asamblea de Vecinos (AVAL) y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam). Y se organizaron junto a la comunidad mapuche Mellao Morales (vive hace cien años en la zona de interés minero) que está directamente afectada por el proyecto.

Lucharon desde la calle (volanteadas, charlas debate, cortes de ruta informativos) y también presentaron en 2008 un juicio por nulidad de contrato por no respetar los derechos de los pueblos originarios. En septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. Implicó el freno la actividad minera. El gobierno provincial apeló con un recurso extraordinario. Y, en marzo de 2011, el Superior Tribunal volvió a fallar contra el gobierno provincial y remarcó la obligación de respetar el derecho indígena.

La semana pasada, la Corporación Minera de Neuquén (Cormine -del Estado provincial-) volvió a acudir al Superior Tribunal para que suspenda la votación. El viernes a la mañana el máximo tribunal neuquino rechazó la presentación minera y confirmó que el referéndum era legítimo y sujeto a derecho. El mismo viernes, Cormine apeló. Y el mismo día, a la tarde, el máximo tribunal volvió a rechazar la presentación de Cormine. En un solo día, dos veces el Superior Tribunal le dijo no al gobierno provincial.

La “democracia” del MPN

A las 8, hora de inicio del referéndum, aún era de noche. El viento frío golpeaba y, en plena veda, el pueblo amaneció con sus calles alfombradas con un panfleto: “No te dejes engañar. No vayas a votar”. No llevaba firma, pero todos apuntaron al partido gobernante, que la última semana había realizado dos presentaciones judiciales para evitar la votación. Y las dos veces le contestó el Tribunal Superior de Justicia (máxima instancia provincial), que rechazó el pedido del Gobierno y dio luz verde al referéndum.

El sábado, un escribano se presentó ante la Junta Comicial Municipal (Jucom) para exigir padrones y anular la votación. El escribano afirmó representar al vecino Omar Cea, chapista, y que vive en la casa que Carlos “Nuno” Sapag (hermano del Gobernador) posee en Loncopué. La Jucom exhibió toda la documentación en regla, pero sobre todo le explicó que debía seguir el procedimiento electoral, que estaban vencidos los plazos para presentarse como parte fiscalizadora.

Desde las 8.15 del domingo, grupos de personas se apostaron en la esquina de la escuela 168 Manuel Belgrano, pleno centro del pueblo, y comenzaron a anotar qué vecinos llegaban. También les sacaban fotos. “Están intimidando. Le meten miedo a los vecinos, pero no van a poder”, explicó Viviana Vaca.

A las 8.30 llegó el mismo escribano. Exigió padrones e intento fiscalizar la votación. Código electoral y Constitución Provincial en mano, el abogado Cristian Hendrickse y toda la Junta Electoral presente le explicó que no tenía autoridad para eso. La Junta redactó un acta dando cuenta de la situación.

El ministro viajero

A las 8.55 ingresó con dos policías el ministro de Seguridad de Neuquén, Gabriel Gastaminza. “Vengo preocupado porque un ciudadano (por Omar Cea) pidió a escribanos que fiscalicen y aquí no se lo permiten”, acusó y pidió que la prensa se retire del lugar donde se daba la charla.

La Jucom pidió que la prensa se quede y le explicó cuál era todo el procedimiento vigente en la ley y también le expresó su sorpresa: “Qué curioso que por una persona que se queja por una elección, por una sola persona, un ministro de gobierno haga 350 kilómetros un domingo a la mañana y se muestre tan preocupado. Ya que está aquí, por favor ordene a la policía que retire a las patotas de su partido (MPN) de la esquina, donde están apretando a la gente”, le reprochó la maestra jubilada y miembro de la Jucom, Vilma Guillén.

A las 11, llegó otra escribana anti-referéndum. Presentó una denuncia en la policía porque no le dejaban permanecer como veedora de la votación. Se le volvieron a explicar los plazos y procedimientos, y también el sentido común: “Si cada vecino manda un escribano, y todos quieren fiscalizar, esto sería imposible”, le reprochó la Junta.

La familia Sapag gobierna la provincia desde hace medio siglo, casi sin intervalos. Están presentes en todos los negocios. Carlos “Nuno” Sapag, hermano del gobernador, en titular de dos proyectos mineros que están, justamente, en cercanías de Loncopué. El referéndum también afectó ese negocio.

Patota click

Toda la mañana estuvo la patota del Movimiento Popular Neuquino (MPN) sacando fotos a los votantes y anotando en una lista quiénes votaban. A las 11.30, cuando ya era evidente que la población no había acatado la propuesta del MPN de no concurrir, el partido comenzó a llevar a sus militantes. Las camionetas doble tracción y los remises comenzaron a llevar votantes, pero ya era tarde.

A la siesta, cuando se retiraban las Madres de Plaza de Mayo, desde la patota del MPN hubo un grito hiriente: “¡Viva Galtieri! ¡Viva la dictadura!”.

La última perla de la democracia del MPN fue ya al cierre de la votación. La policía local se negó a resguardar las urnas. Los efectivos son vecinos, y pidieron disculpas, pero reconocieron “órdenes de arriba”. El máximo jefe es el ministro de Seguridad, Gabriel Gastaminza, el que horas antes se había “preocupado” por un ciudadano de Loncopué.

Un grito y muchos datos

Desde la media mañana hasta el mediodía los pasillos de la escuela estuvieron con un continuo ir y venir de votantes. Al mediodía menguó, y retomó a las 16.

A las 18.00 en punto, se cerró la votación. La escuela estalló en un aplauso cerrado, cinco minutos. Y el grito celebratorio: ¡Lon-co-pué! ¡Lon-co-pué! Entendían que, con el votar, ya se había ganado. A los pocos minutos, comenzaron a conocerse los resultados

Se necesitaba que vote al menos el 50 por ciento del padrón más uno. La votación pasó con creces. Al cierre de esta nota, aún sin números finales, había votado el 72 por del padrón (la ley pedía un mínimo de 50 por ciento más uno).

Y se necesitaba que la mitad más uno de los votantes diga “sí” a la ordenanza que rechaza la actividad minera. El conteo determinó que el 82 por ciento votó por el sí y el 14,9 por el no a la ordenanza. A modo de ejemplo, en la mesa 1: 195 dijeron sí a la ordenanza (que rechaza la megaminería) y 41 votaron por el no. En la mesa 2: 203 por el sí, 38 por el no. En la mesa 3, 199 votos contra 30. Datos similares, en cuanto a la diferencia, se repitieron en las nueve mesas restantes.

Como en Esquel

Cristian Hendrickse, de la Asamblea de Loncopué, no paraba de sonreír. Atrás habían quedado las presentaciones judiciales del Gobierno (que intentó evitar la votación, pero que fueron desestimadas por el Superior Tribunal de Justicia), los aprietes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y cuatro años de lucha en rechaza a un proyecto minero de cobre, que pretende explotar el gobierno provincial y una empresa china.

“Un Gobierno que responde a los intereses de las petroleras y mineras, un Gobierno que no escucha al pueblo, hoy tuvo una lección de democracia. Como hace nueve años en Esquel, el pueblo le dice sí a la vida, le dice no a la contaminación, sí a la defensa del ambiente y de las futuras generaciones”, explicó aún en los pasillos de la escuela 168.

Pidió que “estos mecanismos democráticos” (de referéndum) sean implementados en Andalgalá, Calingasta, Famatina y Tinogasta, entre otros. “Muchos gobernantes tienen miedo de consultar al pueblo, curiosa forma de entender la democracia”, ironizó Hendrickse, apoderado por la Mesa del Sí.

Afuera de la escuela comenzaban a sonar los bocinazos. La marcha se armó a las 19, cuando los datos provisorios ya marcaban que el resultado era arrasador e irreversible. La marcha salió de la escuela y dio vueltas por el pueblo. En la avenida San Martín, la más importante, la columna mostraba a ancianas, hombres, mujeres y niños. Familias enteras desafiando al frío, y celebrando. Dos banderas, en el frente de la marcha, resumieron los años de lucha y la histórica jornada del 3 de junio de 2012: “Tenemos derechos a votar” y “No a la megaminería”.

Loncopué ya ingresó en la historia de las luchas populares de Argentina.

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Junio

Jorge Fandermole (APE)

Diez años de la masacre de Puente Pueyrredón se cumplen el 26 de junio. Diez años de la inmolación de Darío y Maxi. El rosarino Jorge Fandermole escribió una bellísima canción que los nombra. Que los dice. Que los vuelve a la vida palabra por palabra. Durante este junio, en APe, Darío y Maxi serán presentes todo el tiempo, una y mil veces, ahora y siempre.

Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto
me desperté diciendo esta mañana,
no vi las predicciones del espanto
que le arrancaba al sueño mi palabra.
En este invierno que pega tan duro
está lejos tu boca que me ama
y se me desdibuja en el futuro,
y junio me arde rojo aquí en la espalda.
En este invierno atroz no hay escenario
más duro que esta calle de llovizna;
cada uno sigue en ella su calvario
pero la cruz de todos es la misma.
Salí con las razones de la fiebre
y una tristeza absurda como el hambre,
y cuando en el corazón la sangre hierve
es de esperar que se derrame sangre.
Me llamo con el nombre que me dieron,
el que tomó la crónica del día;
soy uno de los dos que ya partieron,
los dos en un montón que resistían.
Hermano en la delgada línea roja
que te me fuiste dos minutos antes
con la indiscreta muerte que en tu boca
entraba en cada casa con tu imagen.
Yo estaba junto a vos sobre tu grito
besándote feroz la indigna muerte
mientras te ibas volando al infinito
fulgor de la mañana indiferente...
Yo sé que el corazón que está latiendo
en cada uno es una senda pedregosa,
cuando en el suelo sucio me estoy yendo,
ajeno y solo de todas las cosas.
Si yo salí por mí y salí por todos
cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado
que me retenga la luz en los ojos,
que contenga este río colorado.
El corazón del hombre es una senda
más áspera que la piedra desnuda;
mi extenso corazón es una ofrenda
que pierde sangre en esta calle cruda.
Yo tengo un nombre rojo de piquete
y un apellido muerto de veinte años,
y encima las miradas insolentes
de los perros oscuros del cadalso.
Yo no llevaba un arma entre las manos
sino en el franco pecho dolorido,
y el pecho es lo que me vieron armado
y en el corazón todos los peligros.
La mano que me mata no me llega
ni al límite más bajo de mi hombría
aunque me arrastren rojo en las veredas
con una flor abierta a sangre fría.
Hoy necesito un canto piquetero
que me devuelva la voz silenciada,
que me abra por la noche algún sendero
pa' que vuelva mi vida enamorada...

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Argentina: Sólo en Chaco murieron cinco en menos de siete meses: CELS alertó sobre la inusitada cantidad de presos muertos en incendios

CHACO DIA POR DIA

En su informe sobre la situación de los DDHH en la Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales subraya estas muertes demuestran que no hay medidas mínimas de seguridad para garantizar la vida de los detenidos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales alertó sobre la “inusitada regularidad” con la que presos de diferentes provincias del país mueren a causa de incendios en celdas de comisarías, alcaidías y unidad penitenciarias. Una de las provincias con peores indicadores en este sentido es el Chaco, donde cinco personas detenidas murieron calcinadas entre octubre de 2010 y mayo de 2011.

En su decimoséptimo informe sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina, presentado el 4 de mayo pasado en la Feria del Libro de Buenos Aires, el CELS subraya que las muertes y lesiones de detenidos a causa de incendios son frecuentes en nuestro país. “Son situaciones que generan terribles sufrimientos a las víctimas y que ponen en evidencia profundas negligencias de los responsables de los lugares de detención o, en ocasiones, su utilización como represalia ante conflictos”, sostiene.

Sin embargo remarcó que en los últimos tiempos, este tipo de siniestros de da con una periodicidad insólita. “Estos casos están ocurriendo con inusitada regularidad en los centros de privación de libertad del país y resulta muy preocupante la reacción de las autoridades judiciales y administrativas”, añade.

Chaco

La organización presidida por el periodista Horacio Verbitsky, realizó un destacado especial en el caso chaqueño. “En menos de siete meses, cinco personas fallecieron en incendios ocurridos en centros de privación de libertad de esa provincia”, recuerda.

En octubre de 2010, se produjo un incendio en una celda de la Comisaría 7ª de Resistencia en la que estaban alojados Oscar Ramírez, de 23 años, y Daniel Fernández, de 25. Este hecho tuvo dos víctimas fatales y heridos graves que lograron salir por sus propios medios. Los detenidos señalan que el día anterior al incendio los policías los golpearon mientras los obligaban a realizar ejercicios físicos desnudos, reseña el CELS.

La fiscalía optó por focalizar su investigación en uno de los detenidos de la comisaría que, según algunos testimonios, habría originado el incendio, pero no avanzó en la responsabilidad de los policías que –según esos mismos dichos– no auxiliaron a las personas atrapadas en la celda y que podrían haber evitado las muertes, indicó la organización.

“La justicia no investigó las denuncias de los golpes, el alojamiento de dos menores con dos adultos en una misma celda, la responsabilidad de los policías por su omisión de auxilio, ni la ausencia de elementos para sofocar incendios”, criticó.

Mayo trágico

El otro episodio trágico se produjo en mayo de 2011 cuando se desató un incendio en la Alcaidía de Resistencia, que dejó como saldo tres víctimas fatales: Sergio Acevedo, Marcos Zacarías y Víctor Fernández. La única investigación que avanzó, afirma el CELS, fue iniciada por las autoridades de la unidad, que tomaron declaración testimonial a todos los testigos del hecho –principalmente, compañeros de pabellón– en un intento de presionarlos para construir un relato que evitara su responsabilidad.

“En oposición a todos los parámetros internacionales, parte de la declaración tuvo lugar frente a los agentes involucrados”, cuestiona la organización. “De los testimonios surge que en el pabellón se habían registrado hechos de violencia, y la noche del incendio no había luz artificial, ni guardias de seguridad en las cercanías. El único sobreviviente señaló que se trató de una pelea entre detenidos, que no pudo haber escapado al conocimiento de los guardias”, señala.

A estos casos se le añade otro ocurrido en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, que depende del Servicio Penitenciario Federal a principios de año cuando falleció Leandro Joel González. La muerte se produjo como consecuencia de las lesiones que sufrió cuando se incendió la celda en la que cumplía una sanción de aislamiento.

Un tema viejo

Para el CELS las muertes de reclusos derivadas de incendios no es algo nuevo en las cárceles argentinas. En 1978, en plena dictadura militar, se incendió la cárcel de Devoto y murieron 61 personas.

Por mencionar sólo otros ejemplos del período democrático, cabe señalar: la muerte de Juan Ángel Greco en 1990, tras el incendio en una de las celdas de la comisaría de Puerto Vilelas; el fallecimiento de 4 niños en la Comisaría 1ª de Quilmes en octubre de 2004; 33 víctimas en el incendio del penal de Magdalena de la provincia de Buenos Aires en octubre de 2005, 20 y 32 muertes tras el incendio de la Unidad 1 de Santiago del Estero en 2007.

“Estos casos demuestran que no sólo se trata de la ausencia de condiciones dignas de alojamiento sino que tampoco hay medidas mínimas de seguridad para garantizar la vida de los detenidos”, critica la organización. “Además, están estrechamente ligados a la arbitrariedad y a las prácticas de tortura y trato inhumano extendidas en los lugares de detención de todo el país”.

“Las responsabilidades comprometen desde los guardias hasta los funcionarios de alto rango. Sin embargo, los sistemas judiciales no avanzan en las investigaciones, perpetuando así la impunidad. Y el desprecio por la vida de las personas privadas de su libertad se traslada indefectiblemente al resto de la sociedad”, afirma.

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Argentina, La Pampa: Una sospecha que debe esclarecerse

LA ARENA

Esta semana se conoció que nueve médicos del hospital Gobernador Centeno, en General Pico, se niegan a aplicar el protocolo para los abortos no punibles producto de la violación de la madre aduciendo "cuestiones de conciencia". Esto significaba, en los hechos, que en esa ciudad no se pueda poner en práctica la interrupción de embarazos producto de un abuso, si bien desde el Ministerio de Salud se aseguró que se va a cumplir con la ley.

La "objeción de conciencia" es un derecho para los profesionales que por causas religiosas o éticas no quieran practicar estas intervenciones. La ley la contempla, pero su uso ha sido utilizado también como una manera de frenar la implementación de los protocolos en varios puntos del país. Algunos, como se dijo, por cuestiones dogmáticas frente a un derecho de la mujer víctima de violación, pero también hay médicos que dicen temer la desprotección legal en la que podrían quedar incursos ante la práctica en casos dudosos o si la ley tiene huecos que pudieran comprometer su carrera.

Conocida la noticia de la decisión de los ginecólogos piquenses, enseguida surgió en el análisis de fondo las dudas sobre las razones de la medida corporativa y la relación entre salud pública y salud privada. Aunque no lo dijeron públicamente, colegas de los profesionales involucrados pusieron en duda la cuestión de la objeción de conciencia como la única causa de la negativa. Y vincularon la determinación de los ginecólogos con la posibilidad de que esos abortos no punibles sean derivados para su práctica en clínicas o centros asistenciales privados, con la consecuente erogación por parte de las víctimas. La atención en clínicas privadas hoy no está contemplada, pero hay un fuerte reclamo social en favor de esa posibilidad, por lo tanto no debe descartarse que en un futuro inmediato resulten habilitadas para ese fin.

No es la primera vez que un servicio o especialidad que se debería brindar en el área de la salud pública opone trabas para obligar la derivación de los pacientes a centros privados que cuentan con los profesionales o los equipos que faltan o no se utilizan en los hospitales estatales. Por lo común se habla de profesionales con un pie en el sector público y otro en el privado que promueven esta maniobra por una cuestión económica. O que el Estado bobo promueve esta "solución" porque se prefiere la "privatización" de algunos servicios para desligarse de determinados gastos y esfuerzos de organización.

Médicos consultados y que conocen la situación interna del hospital Centeno hablaron en reserva acerca de que esta decisión corporativa -de la que se sospecha estar motivada por un interés económico- es comparable con la desidia sufrida en otras áreas de la salud pública. Son las mismas dudas, respaldadas con hechos, que ha venido divulgando este diario en relación con los servicios de tomografía y de diálisis en varios puntos de la provincia.

Es evidente que, con cada caso nuevo que se conoce, se renueva la necesidad de que el Estado imponga reglas claras, y de manera definitiva, sobre el ejercicio profesional de la medicina y sus límites en el área de la salud pública.

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El nuevo Modelo Sindical tiene 150 años

Jorge Yabkowski (ACTA)

El martes próximo los trabajadores de salud de Mendoza nucleados en AMPROS-FESPROSA y ATE votarán en un masivo plebiscito la aceptación o el rechazo a la propuesta salarial del Gobierno.

Preguntada Isabel del Pópolo, Secretaria General de AMPROS y Vicepresidenta de FESPROSA, sobre su "pálpito" sobre el resultado, dijo al periodismo: "La conducción del sindicato no va a emitir opinión. Los trabajadores tienen que decidir libremente".

Con asambleas masivas que dieron mandato a sus delegados, SITAS-FESPROSA y CICOP-FESPROSA en Tucumán y Buenos Aires, llegaron a un acuerdo en las últimas semanas con sus Gobiernos.

En Santa Fe los trabajadores votaron en un 87% el rechazo a la propuesta del Gobierno. Este cerró la paritaria con AMRA sin importarle la opinión de los profesionales de la salud, de resultas de lo cual el conflicto dirigido por SIPRUS-FESPROSA lleva más de dos meses y en vías de profundización.

El Gobierno Nacional y los Gobiernos provinciales están convencidos de que lo que pasa en la realidad responde a lo que dice la Ley de Asociaciones Profesionales: los sindicatos con personería son los sujetos, los actores legítimos del conflicto.

Los trabajadores de salud estamos mostrando (como los tareferos, los azucareros, los maestros de Catamarca, los estatales de La Pampa y tantos otros) que el sujeto son los trabajadores. Y los sindicatos que crecen son los que así lo entienden y ponen en manos de los trabajadores la toma de decisiones.

Quien haya visto "Los compañeros" de Monicelli o "La Huelga" de Eisenstein, quien recuerde la Patagonia Rebelde o la Semana Trágica, quien revea la huelga de las escobas de 1907 o la gran huelga de la construcción de 1937 (para citar unos pocos de centenares de ejemplos) encontrará que las organizaciones o no existían o eran muy débiles y cuando las hubo estuvieron al servicio del verdadero protagonista: las y los trabajadores.

El 3 de octubre de 1945 se sentaron las bases del unicato mediante el Decreto N° 23852, implantando un modelo sindical, que otorgaba el privilegio de la negociación y el conflicto al gremio con personería (concedida y retirada por el Estado a su capricho).

Hoy este modelo está haciendo agua. No son sólo los fallos de la Corte y las condenas de la OIT. Tomada podrá negar inscripciones y personerías gremiales. Los Gobiernos podrán seguir pensando que el dueño del conflicto es la organización sindical. Y muchos líderes sindicales, lo mismo, que una paritaria o un acuerdo se puede firmar solo con la sola decisión de la cúpula del sindicato.

Pero en la realidad estamos, lentamente, casi capilarmente, volviendo a los orígenes. La democracia está entrando a lugares que aún tenía vedados: las fábricas y los lugares de trabajo.

Jorge Yabkowski es Secretario de Salud Laboral de la CTA. Presidente de la Federación de Asociaciones Sindicales de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSa).

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Hacia el Paro Nacional del 8 de junio: Los hospitales bonaerenses se plegan a la medida

CICOP - ACTA

El sábado pasado se reunió el Congreso general de delegados de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP-CTA) para considerar la convocatoria al Paro Nacional del 8 de junio.

Acorde a la metodología democrática ya tradicional en el gremio, los congresales expusieron los mandatos de las asambleas hospitalarias y luego de un intenso debate se resolvió por una amplísima mayoría convocar al Paro y participar activamente de las movilizaciones regionales y a la Plaza de Mayo.

Con la mesa de conducción integrada por los compañeros Hugo Amor, Viviana García y Guillermo Pacagnini, se inició el evento con una representativa concurrencia de las seccionales.

En la primera parte se abordaron los puntos pendientes de los recientes acuerdos paritarios y los conflictos en curso en los municipios y el Hospital Posadas, a cargo de los compañeros Alejandro Márquez, Verónica Moyano y Luis Liechtenstein, respectivamente.

Aproximándose a una primera síntesis: el paro del 8 fortalecerá esas luchas y sumará energías para la necesaria reapertura de paritarias reclamada para el segundo semestre, habida cuenta de la “sintonía fina” aplicada también en nuestra provincia. Justamente se concluyó que.

Por más que nuevamente nos intenten hacer creer que Scioli y Mariotto toman medidas contra los sectores privilegiados, la realidad es que la provincia está en rojo, hay preocupación por el futuro salarial y presupuestario en particular en nuestra área y las medidas que se toman son netamente de ajuste y mayor endeudamiento externo, garantía de las ganancias de los sectores concentrados y remesas para la caja del gobierno nacional.

Pero hubo una segunda conclusión que llevó a sumar con fuerza al Paro del 8 de junio de la CTA. La necesidad de articular esfuerzos por encima de lo sectorial, con el conjunto de los trabajadores, en solidaridad pero también en beneficio de todos por grandes reclamos comunes como la eliminación del impuesto al salario, la eliminación del tope y universalización de las asignaciones familiares y el 82% para los jubilados.

La crisis mundial está impactando en los sostenes del injusto y averiado modelo nacional. Otra vez se trata de quién pagará el déficit fiscal y de la balanza de pagos. Las medidas de ajuste apuntan a que el costo lo paguen los asalariados. Con el paro apuntamos a romper esta lógica perversa y se concluyó que también era una excelente oportunidad para la unidad de sectores en lucha y alrededor de los grandes reclamos nacionales. En ese sentido, Jorge Yabkowski expuso el compromiso con el Paro Nacional de asociaciones integrantes de FeSProSa actualmente en lucha.

Pese a que el Consejo Directivo Provincial ya había tomado clara posición respecto del Paro de nuestra Central, apelando a la necesaria democracia sindical se abrió un período de amplio debate en todos los hospitales y centros de salud, convocando a asambleas y consultas, para tomar democráticamente la decisión y asimismo para que el paro sea lo más contundente posible.

Así lo entendieron la inmensa mayoría de compañeros que en el Congreso respaldaron la medida. Las seccionales de cada región (norte, sur, oeste, matanza e interior), comprometieron su intervención en las movilizaciones zonales y en la marcha final a la Plaza de Mayo.

El Congreso culminó con un cerrado aplauso, expresión del compromiso de la CICOP con el Paro de la CTA.

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Argentina, Salta: Terrateniente arrasa patrimonio cultural de Comunidad Diaguita Kallchakí "El Divisadero", en Cafayate

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

Denuncian a “Eduardo Tolaba, terrateniente que ordeno el ingreso con una retro excavadora haciendo una picada con el fin de alambrar, a quienes responsabilizamos de la destrucción de sitios Sagrados (patrimonio arqueológico y paleontológico), desaparición del Bosque Nativo, como así también el cierre de caminos internos, avance de alambrados que impiden el uso tradicional de nuestro Territorio”.

La Agencia de Noticias Copenoa emite el comunicado enviado por la Comunidad Diaguita Kallchakí "El Divisadero".

Salta: Un nuevo atropello a Territorio de la Nación Diaguita

Comunidad Diaguita Kallchakí "El Divisadero", nuevo ataque e intento de usurpar Territorio comunitario.

COMUNICADO DE PRENSA El Divisadero 1de junio 2012

Comunidad Diaguita Kallchakí “El Divisadero” Miembro de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita – UPND – SALTA PUEBLO – NACIÓN DIAGUITA EN PIE DE LUCHA, EN DEFENSA DEL TERRITORIO COLECTIVO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS COMO PUEBLOS PREEXISTENTES.

Por la constante persecución de nuestras autoridades y la violación de Nuestros Derechos.

Desde el año 2001 la Comunidad Diaguita Calchaquí el Divisadero, en plena vigencia de los derechos humanos y del Derecho de los Pueblos Indígenas en especial, derecho de fuente constitucional y consuetudinario, que se encuentra además expreso en la carta magna del municipio de Cafayate, sufre el intento de despojo territorial a sus miembros, con una constante persecución judicial, amenazas, aprietes, apremios, persecución de los medios monopólicos de comunicación a nuestra comunidad, su autoridad tradicional, delegados de base, consejo de anciano, consejo de jóvenes. Repudiamos estos hechos y nos mantenemos movilizados por el cumplimiento pleno y efectivo de nuestros derechos como Pueblos Originarios Preexistentes.

Como parte del Pueblo – Nación Diaguita habitamos el Territorio desde tiempos milenarios, hemos resistido el proceso de imposición cultural de la conquista y el colonialismo, fuimos victimas de crímenes de lesa humanidad, objetos de estudios antropológicos y arqueológicos con el fin de profundizar la colonización y la apropiación territorial, hoy nuestro Pueblo está vivo en cada una de nuestras comunidades a lo largo y ancho de nuestro territorio ancestral.

Informamos a la sociedad

Hoy 1 de junio del año 2012 decimos: nuestra comunidad tiene Personería Jurídica Resolución N° 087 Re Na CI – INAI, hemos realizado el Relevamiento Territorial que manda la Ley 26.160 y su prorroga 26.554 (ley de orden publico) de reconocimiento de la posesión ancestral y colectiva del Territorio; también mantenemos un juicio con Héctor Herrero - Alto de San Isidro SA Expediente N°223414/2008 que se tramita ante el juzgado civil y comercial de 7° nominación y no hay ninguna sentencia en contra de nuestra comunidad.

Reunidos en asamblea de autoridades tradicionales, delegados, consejeros y miembros; denunciamos públicamente la intromisión en el Territorio ancestral de personas externas a nuestra comunidad, hechos realizados sin el Consentimiento Libre Previo e Informado. Denunciamos al autor intelectual Eduardo Tolaba, terrateniente que ordeno en el día de la fecha a sus empleados a ingresar con una retro escavadora haciendo una picada con el fin de alambrar, a quienes responsabilizamos de la destrucción de sitios Sagrados (patrimonio arqueológico y paleontológico), desaparición del Bosque Nativo, como así también el cierre de caminos internos, avance de alambrados que impiden el uso tradicional de nuestro Territorio; todo este accionar es discriminatorio y violatorio de nuestros derechos como pueblo preexistente. Consagrados en el Art. 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, Convenio 169 de la OIT, Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Ley de Emergencia Territorial en materia posesión y propiedad comunitaria 26160, Ley de Patrimonio Arqueológico 25.517, Ley del Bosque Nativo 26331.

Como verdaderos herederos en la posesión actual, pública y tradicional de nuestro territorio colectivo, legado de nuestros mayores, con la responsabilidad de reguardar y proteger los bienes naturales, culturales y espirituales que constituyen el complemento para el desarrollo y la proyección de nuestras vidas como Pueblos.

Manifestamos:

HOY nuestra lucha sigue de pié, REPUDIAMOS y CONDENAMOS estos ACTOS de AVASALLAMIENTOS de NUESTROS DERECHOS, los PUEBLOS ORIGINARIOS queremos VIVIR en PAZ en nuestros TERRITORIOS.

No SOMOS “Ocupas” de NUESTROS TERRITORIOS, sino que habitamos en él desde los primeros tiempos, que los infames no pretendan usurpar nuestros territorios y quebrantar así nuestra paz.

RESPONSABILIZAMOS a la JUSTICIA, la fuerza POLICIAL, a los ÓRGANOS PROVINCIALES y NACIONALES, quienes deben brindar garantías de SEGURIDAD JURÍDICA y SOCIAL a los PUEBLOS ORIGINARIOS.

SALUDAMOS y reconocemos a todos aquellos hermano/as, compañero/as, militantes y aliado/as que mantienen viva nuestra Lucha, poniendo el valor de la Vida por sobre los intereses particulares y materiales.

Por la memoria de nuestros Iquines y Titaquines, KALLCHAKÍ, CHELEMÍN, JAVIER CHOCOBAR, AMBROSIO CASIMIRO, continuaremos con el legado y honraremos nuestra histórica lucha.

¡Basta de persecución judicial a los Pueblos Originarios!

¡Cumplimiento de la Ley de Relevamiento Territorial!

¡Por la Tierra y el Territorio - Ley de Propiedad Comunitaria Indígena Ya!

Convocamos:

A las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios del país, las Organizaciones Sociales y Políticas y a toda la sociedad a acompañarnos con hermandad y lealtad, respetando nuestra lucha por Memoria, Justicia, Identidad y Territorio.

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Morales afirma ante OEA que Bolivia "jamás renunciará retorno al mar"

XINHUA

El presidente boliviano, Evo Morales, enfatizó ayer ante los cancilleres reunidos en la 42ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que "Bolivia jamás renunció ni renunciará al mar con soberanía".

"Bolivia nació en 1825 con mar sobre el Océano Pacífico, el pueblo boliviano jamás renunció y jamás renunciar el retorno al mar con soberanía, por eso vamos a seguir con esta reivindicación en todos los foros internacionales", afirmó el mandatario.

En la oportunidad de su discurso en la inauguración del evento hemisférico celebrado en el municipio boliviano de Tiquipaya, Morales manifestó que "ni las guerras ni las invasiones otorgan derecho".

Indicó que si el mundo, Latinoamérica y el Caribe están en proceso de integración y desarrollo, el diferendo histórico que Bolivia sostiene con Chile debe ser resuelto.

Bolivia reclama hace más de una centuria una salida soberana al mar, perdida en una guerra frente a Chile en 1879, que, por su lado, insiste en que no hay asuntos pendientes entre ambas naciones tras un tratado de paz y límites en 1904, firmado por la fuerza, según La Paz.

El caso estará nuevamente en la mesa de la OEA, luego de un lustro en que La Paz y Santiago, que no tienen nexos diplomáticos desde 1978, buscaron infructuosamente un acuerdo sobre la base de una agenda de 13 puntos, en que por primera vez Chile reconocía que debía abordarse el tema del mar.

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Mapuches chilenos por mar a Bolivia y contra trangénicos

Héctor Miranda (PL)

La comunidad mapuche chilena subrayó en la Cumbre Social de Cochabamba su respaldo a la causa boliviana y rechazó la utilización de transgénicos para elevar la producción de alimentos.

José Llanquilén, vocero de la referida comunidad, aseguró en exclusiva a Prensa Latina, que como originarios, los mapuches pretenden que se respeten los derechos de todos los pueblos, e insistió en que, para comenzar, Chile debería devolver a Bolivia su acceso al mar.

"Pretendemos que los pueblo originarios bolivianos también tengan soberanía marítima, porque nuestros derechos van más allá de las posiciones de los estados", enfatizó.

Llanquilén, quien forma parte de la delegación mapuche a la Cumbre Social de Cochabamba, inaugurada hoy por el presidente Evo Morales, recordó que "los pueblos aimara y quechua tenían soberanía sobre el mar y es justo que la recuperen".

"Nosotros, los mapuches chilenos, somos partidarios de que los indígenas y el pueblo boliviano tengan una salida al mar, soberana, como tienen los pueblos de cada uno de los países de la región", recalcó Llanquilén.

Al mismo tiempo, se refirió al tema principal de la Cumbre Social: la seguridad alimentaria con soberanía, e insistió en que su país vive una situación preocupante con respecto a los transgénicos.

"Hoy esa situación pone en grave peligro la alimentación natural de los pueblos indígenas y la de toda la sociedad, sobre todo por el afán desmedido de algunos países de producir biocombustibles a través de transgénicos", enfatizó Llanquilén.

El indígena chileno llamó la atención, sobre todo, en tres alimentos fundamentales para los pueblos como el maíz, el trigo y la soya, sobre los cuales los productores de biocombustibles trabajan cada día en busca de variedades.

Por último, Llanquilén recordó que con los transgénicos se altera la esencia de los pueblos originarios, su alimentación.

La Cumbre Social se inició ayer en el Coliseo cochabambino de Tiquipaya, pero sus sesiones de trabajo, desde hoy, tendrán como sede a la Universidad del Valle, cercana a la sede de la 42 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

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Brasil: Rousseff anuncia aumento de subsidios a familias pobres

ANSA

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, anunció hoy que a partir de este mes se incrementa el programa Bolsa Familia, que beneficia a unos 50 millones de personas, a través del refuerzo del monto entregado por cada hijo de hasta 6 años. "A partir del 18 de junio vamos a garantizar que toda familia brasileña que tenga por lo menos un niño de 0 a 6 años, una renta mensual de por lo 70 reales (35 dólares), beneficiando así 2 millones de familias" dijo Rousseff.

Explicó que ese incremento se inscribe dentro del programa de apoyo a la niñez pobre denominado Brasil Cariñoso, en el que están comprendido la construcción de guarderías y planes de mejora de la atención médica para los pequeños de familias carentes.

En Brasil hay ceca de 17 millones de personas que viven en la extrema pobreza y Rousseff se ha comprometido a "erradicar" la miseria hasta 2014, cuando finaliza su mandato.

"A partir del 18 de junio vamos a garantizar que toda familia brasileña que tenga por lo menos un niño de 0 a 6 años, una renta mensual de por lo 70 reales (35 dólares), beneficiando a 2 millones de familias", agregó en el programa Café con la Presidenta, transmitido por cadena de radios.

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Ecologistas chilenos rechazan "carretera eléctrica"

Margarita Bastías (ANSA)

Organizaciones ecologistas chilenas rechazaron el anuncio del gobierno de enviar al Parlamento un proyecto para la creación de una "carretera energética" y se pronunciaron a favor de un modelo de "Generación Distribuida".

Colbún, del poderoso grupo económico Matte, disparó esta semana un "exocet" al Gobierno de Sebastián Piñera al hacer pública su recomendación de no introducir al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental la línea de transmisión de Hidroaysén porque, dijo, "no están dadas las condiciones", con lo que congeló el controvertido proyecto que se tramita por más de seis años.

En el mundo político, la decisión de Matte fue interpretada como una clara señal de que a los empresarios "se les agotó la paciencia" con el gobierno de un colega, como escribió hoy el columnista del diario El Mercurio, Carlos Peña. HidroAysén, del que es propietaria mayoritaria la firma italiana Endesa-Enel, comprende la construcción de cinco grandes centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua. Con una inversión cercana a los 3.200 millones de dólares, incluye también la instalación de una línea de transmisión de 1.912 kilómetros entre Santiago y Cochrane, la más larga del mundo, que cruzará nueve de las 15 regiones del país.

Las organizaciones que luchan por una Patagonia Sin Represas declararon que la súper carretera eléctrica implica profundizar el modelo centralizador, depredador, ineficiente y vulnerable representado por el actual Sistema interconectado Central.

En cambio, la Asociación Gremial de Generadoras de Chile valoró la decisión del Ejecutivo y afirmó que es un primer paso para una política energética y aplaudieron la decisión de la empresa Colbún de haber abierto el debate. "Esta discusión ha sacado a la luz, que, efectivamente, hay una estrategia nacional de energía que tiene que materializarse e ir tratando de enfrentar incertidumbre y atrasos en la conclusión de proyectos y varios obstáculos que están haciendo difícil poder avanzar en el desarrollo y los permisos para levantar proyectos de generación y transmisión eléctrica", resumió René Muga, gerente de la Asociación.

El coordinador del Movimiento "Acción Ecológica", Luis Mariano Rendón, replicó que no pueden estar de acuerdo con que se depreden territorios como el de la Patagonia para luego transmitir la energía a miles de kilómetros de distancia, "con importantes pérdidas por transmisión y con toda la vulnerabilidad que un sólo gran sistema nacional significa, para que, por ejemplo, (la minera) Anglo American disponga de energía barata en la zona central para llevarse el cobre".

Rendón explicó que en lugar de la súper carretera, proponen el modelo de Generación Distribuida, consistente en "generar la energía lo más cercanamente posible a los lugares de consumo, generalmente mediante proyectos de mediana y pequeña escala, enlazando a generadores y consumidores en redes regionales con crecientes grados de autosuficiencia.

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Guatemala: Supuesto cierre de Archivo de la Paz genera reacciones

CERIGUA

El anuncio que realizara el secretario de la paz, Antonio Arenales, en cuanto al cierre de los archivos militares relacionados con el conflicto armado interno, fue desmentido por el Mandatario Otto Pérez Molina; las declaraciones vertidas por Arenales, en torno al tema generaron descontento y críticas de diversos sectores de la sociedad.

Lorena Escobar, coordinadora del área de Seguridad, Justicia y Agenda Legislativa, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) dijo a Cerigua, que esperaría que el anuncio del cierre del archivo haya sido una mala comunicación entre el secretario y el Mandatario.

Arenales anunció esta semana el cierre del archivo de la paz, y el despido de 17 trabajadores que investigaban los documentos militares, aduciendo que la dirección de dicho ente carecía de sentido; sin embargo el Presidente Pérez Molina aclaró que solo se despediría a personal innecesario y que el archivo se mantendría intacto.

En declaraciones a Siglo 21, Amílcar Méndez, de la Unidad de Seguimiento de los Acuerdos de Paz, resaltó que la medida tomada por el Estado, además de ser grave es política, pues favorece a los militares implicados en casos de genocidio.

Los archivos de la paz fueron creados en el 2008 con la finalidad de digitalizar los expedientes militares y para establecer crímenes cometidos por el ejército en el conflicto armado interno; los documentos encontrados han sido clave para los procesos judiciales que se han llevado en casos de genocidio en el país.

Investigadores del Archivo de la Paz han editado nueve libros que tratan temas como las adopciones ilegales en el conflicto armado, niñez desaparecida, diario militar y archivos de la Policía Nacional; los expertos han participado también como peritos, en procesos judiciales relacionados a deberes contra la humanidad.

Antonio Arenales, al momento de dar a conocer el cierre de los archivos de la paz, indicó que en Guatemala no hubo genocidio, aunque sí pudieron existir masacres entre personas vinculadas a la guerrilla o contra ésta; Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), dijo que respeta las declaraciones de Arenales pero no las comparte; por suerte no es juez y aunque tiene derecho a opinar no debe tergiversar la ley y el sentido de lo que ocurrió, anotó.

Finalmente, Carmen Aída Ibarra, del movimiento Pro Justicia, señaló que el Procurador de los Derechos Humanos debe intervenir para comprobar que los documentos estén debidamente guardados, pues no sabemos qué tanta es la información contenida en los expedientes, pero estos deben estar seguros.

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El Salvador: Resolución de CIADI no es victoria para el país

Zoraya Urbina (COLATINO)

La resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), en torno a la demanda de Pacific Rim, no es una victoria para El Salvador, afirmó la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.

Ayer circuló un correo que fue atribuido a la Fiscalía General de la República (FGR), pese a no tener membrete oficial, ni otros parámetros para ser considerado oficial, en el que se destacaba que “el tribunal del CIADI desestima la argumentación de Pacific Rim, de que su caso sea conocido bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centro América, la República Dominicana y los Estados Unidos de América -CAFTA-DR”, indica la Mesa.

No obstante, esto no significa que el proceso haya terminado, puesto que el CIADI aún mantiene jurisdicción en el caso, ya que el artículo 15 de la Ley de Inversiones, en su apartado de solución de controversias le da la potestad de dirimir casos de este tipo.

El CIADI es un tribunal adscrito al Banco Mundial del cual El Salvador es parte por haber firmado el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).

En 2009, Pacific Rim interpuso una demanda por $ 77 millones, más costas procesales que sumarían cerca de $ 125 millones, contra el Estado salvadoreño por no permitírsele la explotación minera en Cabañas.

La transnacional alegaba que el Gobierno salvadoreño incumple las reglas de inversión del CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centro América) al no otorgar permiso de explotación de la mina El Dorado, en el citado departamento, donde se han generado conflictos y asesinatos entre los pobladores por la extracción minera.

David Pereira, de la Mesa, explicó que la empresa tenía sus oficinas en Islas Caimán, que es parte del Reino Unido y por tanto, no es parte de los beneficios del Tratado del Libre Comercio y las trasladó a Nevada, Estados Unidos, en 2007, después de que comenzó el conflicto con El Salvador.

“Es importante señalar que el aparente triunfo es un hecho meramente casual. El resultado hubiese sido adverso para El Salvador si Canadá fuera parte de la Convención del CIADI o si la empresa Pacific Rim fuera de nacionalidad de un país que sí fuera parte de la Convención del CIADI o si la demandante hubiera sido otra empresa minera distinta a Pacific Rim y que fuera de un Estado parte de la Convención del CIADI”, indica la Mesa.

Asimismo, explican que si Pacific Rim hubiese sido de nacionalidad estadounidense, el CIADI sí pudo haber conocido el caso en el marco del CAFTA-DR, entonces la resolución hubiera sido contraria a los intereses de El Salvador. Por tanto, la Mesa subrayó la inconveniencia del sometimiento al CAFTA-DR y al CIADI

Aunque reconocieron la labor de los defensores contratados por el Estado salvadoreño para este caso, pidieron a la FGR no creará falsas expectativas en la población, pues “si bien es cierto los resultados en los casos incoados ante el CIADI contra El Salvador pudieron ser peores; los resultados han sido producto de errores técnico procesales imputables a las empresas demandantes, al grado de considerarlos casi providenciales”, añadieron.

A los medios de comunicación y a la población no asumir estos resultados como un éxito, puesto que bajo las actuales reglas, hay alta posibilidades de que el país “esté de nuevo en el banquillo de los acusados”.

Finalmente, solicitaron al Presidente Mauricio Funes: “que incluya en su propuesta de reforma de dicha ley la eliminación del artículo 15 para así no seguir supeditados a la jurisdicción del CIADI” y que impulse una Ley contra la Minería Metálica.

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