martes, 12 de junio de 2012

El pinochetismo, versión chilena del neo-nazismo

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Con el pretexto de auspiciar la “libertad de expresión” el gobierno de Piñera permitió la realización de un homenaje al dictador Pinochet en el centro de Santiago que provocó destrucción y caos en una parte céntrica de la ciudad habitada por clase media trabajadora. La apología del terrorismo de Estado que imperó por 17 años (1973-1990) provocó la esperada reacción de los ciudadanos que consideraron irritante el homenaje organizado por militares en retiro y otro que está preso.

El gobierno de Piñera, que no honra “la libertad de expresión” cuando suele prohibir algunas marchas de estudiantes, autorizó el bochornoso homenaje y, en cierto modo, protegió a los asistentes, quienes niegan de manera enfermiza la existencia real de los peores crímenes contra los derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos en la historia de Chile. Al final del acto incluso la policía ayudó a los pinochetistas a subir sin pagar pasaje a los autobuses que los sacaron del lugar.

En su muestra de “pluralismo”, el gobierno autorizó la contra-manifestación a escasas dos cuadras del teatro Caupolicán, donde los pinochetistas estrenaron un documental anticomunista titulado “Pinochet”, dirigido por Ignacio Zegers, con entradas a 10 y 30 dólares. El cinematografista Miguel Littin denunció ante la Policía de Investigaciones (PDI) que los realizadores del filme usaron imágenes robadas de su película “Compañero Presidente”, de 1971, que refleja conversaciones entre Salvador Allende y el escritor francés Régis Debray.

Littin quiso impedir que exhibieran el documental con sus imágenes sustraídas “para tergiversar el pensamiento y la imagen del presidente Allende”, cuyos derechos le pertenecen. La PDI tomó nota, pero respondió que no podía actuar mientras no se concretara el delito, es decir, la exhibición pública del filme. En definitiva, la policía civil apoyó el homenaje por omisión, pues las imágenes de Littin se exhibieron profusamente en noticiarios de televisión abierta y por cable en los días previos.

Pocos se enteraron que también asistieron tres “delegados extranjeros”, de la internacional del fascismo contemporáneo: los españoles Miguel Méndez, nieto de Blas Piñar, ministro del dictador Francisco Franco (1939-1975), y Jaime Alonso, uno de los abogados querellantes contra el juez Baltasar Garzón -quien logró la detención de Pinochet en Londres en 1998-; y el cubano-estadounidense Yasser Torres, que se presenta como "presidente de la juventud cubana en el exilio". Otros anunciado no comparecieron: Carlos Jiménez, alcalde del condado Miami-Dade; Anitere Flores, presidente del senado Estatal de La Florida; Tomas Regalado, alcalde de Miami; Marco Rubio, senador federal; y Mario Díaz Balart, congresista federal.

El gobierno se preocupó de la protección y resguardo de los asistentes al homenaje a Pinochet con unos 500 carabineros, casi uno por asistente. Los gastos operacionales, de transporte, combustible, horas extras, gases, alimentación, bombas, bastones, balas de goma, etc., corrieron por quienes pagan sus impuestos. Otro grueso contingente policial fue destinado a reprimir la contra manifestación.

El Teatro Caupolicán no está en el sector de la ciudad donde viven los más ricos y se encuentran “las bases sociales” del pinochetismo. Tampoco se requería un adivino para prever que la provocación pinochetista y la contra manifestación terminarían en combates y desórdenes que duraron hasta la noche, con enormes perdidas y destrucción de bienes públicos y privados, más la zozobra de vecinos y comerciantes de esa parte de la ciudad que no pudieron descansar en domingo. El alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, ex pinochetista y de extrema derecha, del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), se mostró contrario a autorizar el homenaje, facultad que no es municipal sino del gobierno y se ejerce a través de la Intendencia de la Región Metropolitana.

Decadencia del pinochetismo

Horas antes del homenaje a Pinochet, el ministro vocero Andrés Chadwick, de la UDI, sorprendió al conseguirse la TV pública para declarar arrepentimiento por haber apoyado a Pinochet. Dijo: "en la perspectiva del tiempo, de la madurez política que uno va aprendiendo y de los conocimientos que uno va adquiriendo, hay una situación que sí me arrepiento, que es la violación brutal a los derechos humanos que se efectuó en el gobierno militar y de eso tengo un profundo arrepentimiento de haber sido parte de un gobierno, haber sido partidario de un gobierno donde esos hechos sucedían". Respecto al homenaje, Chadwick dijo "yo creo, en lo personal y mirando las situaciones del pasado, que debiéramos no continuar con homenajes, en relación a los actores del pasado. Eso nos genera divisiones, no creo que sea necesario un homenaje ni a Pinochet ni a situaciones del pasado".

El lunes Chadwick reiteró sus declaraciones de arrepentimiento y fue secundado por Jaime Lavín, también de la UDI y ministro de Desarrollo Social, que en su juventud fue un recalcitrante pinochetista pero declaró su alejamiento cuando fue candidato presidencial en 2000 y 2006. Todavía no se pronuncia el ministro UDI de Economía, Pablo Longueira, otro pinochetista distinguido, y el sub secretario de Economía, Julio Dittborn, ex vicepresidente de la UDI.

Las señales políticas de Chadwick y Lavín no comprometen a toda la UDI, ni al gobierno en su conjunto, pero dejan en orfandad a los sectores que organizaron el homenaje al dictador, cumpliendo una agenda que pretende facilitar la candidatura presidencial del ultra derechista alcalde de Providencia Cristián Labbé, también de la UDI y ex oficial de ejército adscrito a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA).

El gesto parece indicar que el guión de la política de la derecha hoy lo escriben civiles que reconocen las violaciones de los derechos humanos de militares como los organizadores abiertos y encubiertos del homenaje, que siguen creyéndose “salvadores de la patria ante el peligro comunista”. Esta claro que los militares siempre actúan en política inducidos por los civiles cuando les falla el juego electoral.

Los miliares fueron convocados a dar el golpe de 1970 por la clase política civil de una derecha representada entonces por el Partido Nacional, fusión de liberales y conservadores, más el entusiasmo golpista del partido Demócrata Cristiano que en aquel tiempo presidía Patricio Aylwin Azócar, que fue presidente en 1990-1994 y acaba de proclamar en el diario español El País su respeto a Pinochet y su desprecio por Salvador Allende. Sin embargo, los dos partidos actuales de la derecha, la UDI, fundada en 1983, y Renovación Nacional (RN), desprendimiento UDI de 1987, nacieron prohijados por la dictadura.

Los uniformados negadores de que en Chile se violaron los derechos humanos hoy son lanzados al vertedero de la historia como basura política por aquellos mismos que en su momento los mandaron a hacer lo que hicieron. Tales gestos de arrepentimiento deben entenderse como mensajes dirigidos a recordar que hoy la batuta política de la derecha la empuñan civiles, no miembros de las fuerzas armadas, retirados o en servicio activo, presos o en libertad, por muy bien que hayan desempeñado el rol que les pidieron cumplir en 1973-1990.

“La traición de Piñera”

En el Teatro Caupolicán se escucharon imprecaciones muy groseras contra Piñera, Chadwick y otros “traidores”, que contrastaron con vivas a la CNI y gritos “Libertad para Corbalán”. Álvaro Corbalán Castilla, un ex oficial de ejército que fue jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) –que sustituyó a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), disuelta en 1977–, fue señalado como uno de los mentores del homenaje a Pinochet, pese a que está preso en el penal VIP de Punta Peuco, construido especialmente para violadores de los derechos humanos a 35 kilómetros al norte de Santiago.

La semana pasada Corbalán fue condenado por el magistrado Alejandro Solís a 3 años de presidió por torturas en 1981 contra el actual diputado Sergio Aguiló, pena que debe sumarse a una cadena perpetua y a condenas por diferentes crímenes que suman 51 años. Funcionarios de Gendarmería denunciaron que Corbalán abandona frecuentemente el penal con el pretexto de atenderse en el Hospital Militar, mientras se supone que estaba atareado en preparar el homenaje a Pinochet.

El jueves fue allanada su celda. Se le encontraron artículos informáticos prohibidos y fue castigado con la suspensión de visitas por 20 días, más la suspensión de un acto programado para el sábado pasado a las 10 de la mañana en Punta Peuco, al que asistirían los militares en retiro que actúan como organizadores oficiales del homenaje al dictador y a cuyo término se emitiría una declaración pública llamando a concurrir al Caupolicán. Poderes fácticos ocultos permiten que Corbalán pase largas temporadas en el Hospital Militar sin que padezca ninguna enfermedad grave e incluso con acceso a las calles, como cualquier ciudadano libre.

El presidiario Corbalán tiene arrestos políticos y en 1988 fundó un mini-partido pinochetista de corte neo-nazi llamado Avanzada Nacional que tuvo existencia legal hasta 1990. En el acto del domingo recogieron 200 firmas para tramitar su legalización con la mirada puesta en los más de 400.000 votos que dice poseer la “familia militar”, que se siente traicionada y abandonada por Piñera, porque no cumplió su promesa electoral de "un juicio justo" para los militares condenados por violaciones a los derechos humanos.

El pinochetismo es la expresión chilena del neo-nazismo/fascismo contemporáneo. Es la misma ideología totalitaria que inspiró la matanza perpetrada por Anders Behring Breivik, el asesino de 69 jóvenes y adolescentes en Noruega el año pasado y que sustenta el diputado griego Ilias Kasidiaris, que en estos días agredió a dos parlamentarias en un debate por TV. Estas ideologías debieran estar prohibidas constitucionalmente en los países civilizados, como lo ha hecho la democracia de Alemania, que prohíbe la ideología nazi y su expresión en organizaciones.

La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig, 1990) comprobó que el terrorismo de Estado de la dictadura de Pinochet (1973-1990) eliminó a 3.200 ciudadanos, incluidos 1.192 que aún figuran como “detenidos desaparecidos”, mientras la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) reconoció en 2011 un total de 40.018 víctimas de tortura o que sufrieron prisión por causas políticas.

Un informe del Laboratorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales señaló que al 31 de mayo de 2012 existían sólo 76 uniformados condenados por crímenes de la dictadura de Pinochet y 67 están en prisión. No están presos 6 que fueron beneficiados con condenas fuera de la prisión o libertad condicional, en tanto 3 restantes fallecieron. El condenado preso más prominente es el general de ejército retirado Manuel Contreras Sepúlveda, jefe y fundador de la DINA, responsable mayor de desapariciones y asesinatos de presos políticos, condenado a 239 años de prisión en fallos confirmados por la Corte Suprema. Los años aumentan a medida que terminan juicios aún en trámite.

El neo-nazismo militarizado se hizo del poder por la fuerza en 1973, en un momento de crisis para “los dueños de Chile” por las reformas sociales, económicas y políticas de Salvador Allende. Por lo demás, estas reformas no contaron con el apoyo real de la Unión Soviética, que negó la ayuda solicitada personalmente por Allende para contrarrestar la crisis de abastecimiento provocada por la misma derecha para desestabilizar al gobierno. Así que el “peligro” del “ingreso de Chile a la órbita soviética” y “la salvación del comunismo son afiebrada fantasías” diseñadas por la CIA y servicios de inteligencia para justificar el golpe militar ante gente muy incauta o reaccionarios de tomo y lomo como los que se reunieron el domingo.

En los últimos 80 años la derecha químicamente pura sólo ha ganado las elecciones presidenciales de 1932, 1958 y 2010. En 200 años, el país ha tenido 3 constituciones, la de 1833, 1925 y 1980, dictada [literalmente] por Pinochet, todavía vigente y legitimada por sucesivas reformas. Llegó la hora de eliminar el sistema binominal de elecciones que configura dos ganadores seguros por distrito y convocar democráticamente a una asamblea constituyente para diseñar la nueva Constitución que hoy necesita el Chile real de hoy. Los modelos políticos pinochetista y post-pinochetista están agotados tras 40 años de manoseo y mañoseo.

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.

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Entrevista a Ricardo Napurí: “Presidente Humala, yo he pedido para que ganes y ahora nos haces matar”

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

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Mario Hernandez (MH): Estábamos escuchando un audio de la represión que sufrieron los habitantes de Cajamarca el 31 de mayo. Allí se producen 4 asesinatos, de los 14 que lleva en 10 meses de gobierno Ollanta Humala.

Ricardo Napurí (RN): Y decenas y decenas de heridos.

MH: En otras oportunidades hemos analizado el ascenso de Ollanta Humala a la presidencia de Perú pero creo que estos hechos empiezan a definir hacia donde va.

RN: En las anteriores entrevistas que tuvimos conté que Ollanta Humala aparecía como un candidato nacionalista casi de centroizquierda en relación a Keiko Fujimori cuando disputaron la segunda vuelta presidencial en julio pasado, con un programa donde prometió rescatar de las grandes inversiones mineras algunos miles de millones de dólares para hacer asistencialismo y defender a los ambientalistas y a las etnias indígenas que estaban siendo atacadas por la invasión minera. Entre la primera y segunda vuelta adelgazó su programa para conseguir el apoyo de Vargas Llosa y Alejandro Toledo que son hombres de la derecha y EE. UU. y quedó prisionero de ese compromiso. Ahora la cuenta la está pasando la realidad.

En su programa inicial sostuvo que iba a defender a los ambientalistas y conseguir que los empresarios mineros le dieran un canon de U$S 2000/3000 millones por las ganancias excesivas que habían tenido. Quiso hacerlo, no pudo y capituló ante ellos, ante la derecha y los medios. Hoy está pagando las cuentas no solo en Conga sino también en Cajamarca, donde el conflicto viene de lejos, no olvides que la población decretó una huelga general y el gobierno los ha acusado de insurrectos.

Ollanta Humala ha pasado a ser una especie de Lucio Gutiérrez

MH: El empresario minero y Primer Ministro Oscar Valdez se refirió a las protestas contra el proyecto Conga diciendo, “los podridos quieren que este país sea una chacra, los congelados un páramo (…) Los incendiarios quisieran prender explosivos, verter venenos para que surja una gigantesca fogata”. En tanto, Ollanta Humala afirmó que “no es tarea fácil construir lo que otros pretenden destruir, es difícil pero posible porque la Gran Transformación la vamos a hacer, así les guste o no les guste a los extremistas".

He visto en las fotos que muestran las movilizaciones a miles de personas en poblaciones relativamente pequeñas del orden de los 60.000 habitantes donde la mitad de la población sale a la calle. Estos son los “extremistas” a los que se refiere Humala y los “podridos” que señala Valdez.

RN: Estamos viendo que este presunto progresista de Humala ha pasado a ser una especie de Lucio Gutiérrez, el coronel ecuatoriano que subió con el apoyo del pueblo y los movimientos sociales y terminó siendo un agente de Bush y atacando a quienes lo votaron. Ollanta Humala ya se desplazó a esa posición y se ha visto obligado a casi militarizar su gobierno. Valdez es un general y muchos de sus ministros también lo han sido de Fujimori. El léxico que utilizan corresponde a una situación tensa en el país y a lo que los militares creen de las protestas sociales. No te olvides que Ollanta Humala está acusado de genocida por violar los Derechos Humanos en el pasado. Ahora hablan como milicos de extrema derecha y criminalizan las protestas populares como extremistas, organizadas por violentos y subversivos. Ha ocurrido en Conga pero también en Espinar, en la provincia de Cusco.

MH: Allí renunció la parlamentaria nacionalista Verónica Mendoza por medio de una carta con definiciones muy fuertes cuestionando al gobierno.

RN: Allí está la minera Xstrata de capitales suizos. Ya mataron 4 y hay muchos heridos y el colofón fue la campesina que le dice: ‘Presidente Humala, yo he pedido para que ganes y ahora nos haces matar’ mientras gritaban: ‘Ollanta asesino, el pueblo te repudia’.

Ya hay una polarización contra el gobierno que no pudo o no fue capaz de cumplir con los compromisos preelectorales que fueron progresivos y ahora se ha puesto al servicio de las mineras y ha capitulado frente a la presión. Perú es el 4º país minero del mundo y el 80% de las exportaciones dependen de la gran minería. Ellos dicen que la minería no solo trae dólares sino que produce “derrame” y da trabajo, lo cual no es cierto porque la minería a cielo abierto es muy especializada y da poco empleo y solo trae dólares que benefician a los contratistas y al gobierno y ataca territorialmente a los damnificados que son las poblaciones indígenas y aldeanas.

MH: Entiendo que no solo es una política hacia el interior de Perú porque Humala prefiere aliarse con Piñera, Santos y Calderón, que oír los reclamos de su pueblo. Los jefes de Estado de Colombia, Perú, Chile y México, concretaron en la ciudad de Antofagasta (al norte de Chile) la firma de la Alianza del Pacífico, un grupo que servirá para impulsar el desarrollo económico y fortalecer los nexos comerciales entre estas naciones. Esta propuesta fue una iniciativa del entonces presidente, Alan García.

RN: Ellos se acaban de pronunciar contra la estatización parcial de YPF en Argentina. El ex presidente Alan García promovió este proyecto y Humala lo está continuando. En la campaña electoral había dicho que iba a ser neutral entre el bloque del Mercosur y el del Pacífico. Yo lo entrevisté en 2008 y me dio la sensación de ser un pobre militar desinformado políticamente pero con vocación y ambición de poder. Este hombre ha caído en las garras de las relaciones políticas establecidas en Perú y no ha sido capaz de ser consecuente con lo que prometió. Tan es así que su papá ha ido a encabezar las luchas de Conga contra su propio hijo, poniéndose al frente de las movilizaciones. Un hermano de Ollanta está preso acusado de terrorista y ahora que se apoya en las Fuerzas Armadas ha resuelto ser consecuente con las posiciones que tenía en el pasado y dejar de lado lo que prometió en su programa electoral.

Ahora se desplaza hacia un compromiso con EE. UU. y el bloque del Pacífico y será hostil hacia el Mercosur y todo lo que se está forjando como progresivo en América Latina.

Ricardo Napurí es ex Diputado Constituyente (1979) y ex Senador (1980-5). Autor de Pensar América Latina. Crónicas de un militante revolucionario.

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España: El rescate es una estafa, el pueblo debe decidir. Exijamos un referéndum

Partido Obrero Revolucionario

Después de un plan de ajuste que ha hundido a la economía española en la recesión, de una reforma laboral que ha provocado 400.000 parados más, y de dos reformas bancarias que han supuesto ayudas públicas a la banca privada de más de 150.000 millones de euros, el Gobierno Rajoy ha solicitado “una línea de crédito” a los mecanismos de la UE, hasta un techo de 100.000 millones de euros (10% del PIB).

Si no fuera trágica, y supusiera la miseria para miles de familias, la situación seria cómica a fuerza de patética. En el doble lenguaje que ha hecho suyo el gobierno en defensa de la “marca España”, no se trata de un rescate sino de "un préstamo en inmejorables condiciones". Pero la doble condicionalidad está reflejada blanco sobre negro en el comunicado del eurogrupo: para el sector bancario y para el cuadro macroeconómico. Es decir, más ajustes, más recortes, menos crédito. Un nuevo trasvase de deuda privada a deuda pública.

Porque, aunque un endeudamiento adicional del 10% del PIB -lo que situaría al Reino de España en una deuda aproximada del 80% del PIB a finales del 2012-, no sería grave y seguiría por debajo de muchos países de la UE, incluida Alemania, lo realmente preocupante es que se trata de un endeudamiento que tendrán que pagar los ciudadanos para recapitalizar la banca privada. Todo ellos para seguir sometidos a la irracional disciplina neoliberal del gobierno del PP y de la UE. Se rescata a los bancos privados a costa de las familias, los trabajadores, los pensionistas y los parados. Al contrario, lo que se necesita es una banca pública para dar respuesta a esas necesidades.

Este es el mecanismo: 100.000 millones de euros de la UE, en “condiciones más ventajosas” (¿cuáles?) que se inyectarán como capital público en unos bancos que, a pesar de ser en buena parte, cuando no en casi toda, de propiedad pública, tendrán que cumplir, como primera condición, seguir siendo gestionados de forma “técnica y privada”. Es decir, se obliga al estado a subcontratar la gestión de “su” banca pública, para reestructurarla, vender activos, cerrar oficinas, despedir a trabajadores y finalmente "reprivatizarla". ¿Podrá el estado poner condiciones a su banca pública, como a quién dar crédito, la dación en pago, la compra de bonos del estado? La respuesta de la UE es: No.

Se trata, pues, de una estafa. Que además tendremos que pagar todos los españoles. Porque a pesar de lo que diga un Presidente del Gobierno analfabeto económicamente, este 10% del PIB si va a sumarse a la deuda pública. ¿Con qué legitimidad endeuda el gobierno a cada uno de los españoles en 2.000 euros más (15.200 a finales del 2011)? ¿Dónde estaba en su programa electoral? ¿A quién ha preguntado? Por definición no existen las “estafas democráticas”, existen simplemente las estafas, que suelen ser profundamente antidemocráticas, como es el caso. El gobierno del PP ha demostrado en pocos meses su incapacidad para responder a la crisis. Su mayoría absoluta ya no se corresponde con las actuales necesidades políticas y sociales.

CCOO y UGT han exigido un referéndum ciudadano sobre el conjunto del plan de ajuste neoliberal del Gobierno Rajoy. Ahora es más necesario que nunca, por pura higiene democrática. Necesitamos un acuerdo de toda la izquierda, del movimiento sindical, del 15M, de la ciudadanía para exigir un referéndum sobre el ajuste y el rescate, porque no tienen legitimidad para hacerlo en nuestro nombre.

Y antes, exigimos información, luz y taquígrafos: una auditoria de la deuda pública, una comisión de investigación parlamentaria sobre Bankia y las otras Cajas de Ahorros en quiebra, la acción del Fiscal General del estado sobre la responsabilidad de la gestión de Bankia y las Cajas intervenidas…una explicación contable fiable del estado de las cuentas públicas por Rajoy en el Congreso.

Para conseguirlo hace falta la movilización social. Sin ignorar que las prisas se deben a que el 17 de junio es probable que haya un gobierno de izquierda en Grecia que diga No y exija un cambio de rumbo de la política económica en toda Europa.

Esta estafa hay que pararla en la calle y con un referéndum.

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España: Tras el rescate

Antoni Domènech - Gustavo Buster - Daniel Raventós (SIN PERMISO)

El grupo de mayor vulnerabilidad de la población española son ya los niños. En toda la UE, sólo Rumania tiene una proporción mayor de niños que viven por debajo del umbral oficial de pobreza. Los jóvenes no lo tienen mucho mejor: más del 50% están en el desempleo, una proporción peor que la de Grecia; los mejores y más formados, emigran en masa, como sus padres y sus abuelos: a Alemania, a Inglaterra, a la Argentina. Y el paro a fines de este año, "en el peor escenario" previsto por los tecnócratas que han diseñado el rescate del sector financiero español decidido ayer, superaría ampliamente el 25% de la población.

En plena sintonía con estas malas nuevas, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó boquiabierto al auditorio la pasada semana -en la presentación del último libro de un periodista conservador barcelonés en el candelero madrileño- confesando como cariacontecida que, en el futuro mundo que nos preparan, "nuestros hijos vivirán peor que nosotros".

Tal vez no haya hoy en el planeta lugar mejor que el Reino de España para atestiguar la quiebra de las eufóricas promesas y de las instituciones de la "globalización", de la "sociedad de la información", de la "economía del conocimiento"-esa que habría superado para siempre los "ciclos económicos"-, de la "sociedad del riesgo", de la "postmodernidad líquida" y de todos esos eufemismos ridículamente pomposos con que los peritos en legitimación de turno han venido disfrazando en las últimas décadas la verdadera contrarrevolución económica, social, política y espiritual que han venido desplegando los nuevos mandamases del capitalismo tardío, herederos resucitados de los "monarcas financieros" combatidos por Roosvelt y de aquellos "rentistas" a los que Keynes recomendó encarecidamente aplicar la "eutanasia".

La primera víctima de esa "guerra de clases desde arriba" ha sido, como en todas las guerras, la verdad. De aquí el triunfo apoteósico de los eufemismos.

Con esa mezcla tan suya de gesto firme, paupérrima contundencia adverbial -"absolutamente"- y dicción insegura y trastabillada, el ministro De Guindos se empeñó anteayer en otro: no es un "rescate", "en absoluto", "vamos a ver", "es, es. es. una ayuda financiera, un préstamo a intereses mucho más bajos, como usted bien sabe, que los del mercado". Inútilmente: toda la prensa, nacional e internacional, amiga y menos amiga -que entre bueyes no hay cornadas-, titula en primera plana: "Rescate del Reino de España".

La segunda víctima es la democracia, entendida simplemente como predominio político de la opinión pública de los más. Porque no hay modo de que los menos impongan políticas abiertamente hostiles a los más. Sobre todo cuando los más se percatan, como obviamente lo hacen, de la mentira, ya vaya eufemísticamente vestida y al agravio se sume el insulto. El rescate ha llegado tras negarlo enfática y repetidamente los dirigentes más importantes del PP: el propio Rajoy el pasado 28 de mayo, y esta misma semana pasada, el ministro de Hacienda Montoro, y anteayer mismo, el ministro de Industria, Soria, la vicepresidenta del gobierno y la irritante secretaria general del partido, la señora de Cospedal, la del rictus avinagrado.

Cuando falla el eufemismo, quedan la policía y la "necesidad". De la policía mucho hay que hablar; la austeridad trae inexorablemente consigo autoritarismo. Y con ministros del interior de escasa convicción democrática -como el grotesco Puig en Cataluña, como el exfranquista Fernández Díaz en el gobierno central-, cosas mucho peores. Por ejemplo, robustecimiento del espíritu de cuerpo y del fanatismo represor entre los subordinados: se estima que en Grecia el 50% de las llamadas fuerzas de orden público son ahora mismo votantes del neonazi grupúsculo Alba Dorada.

Pero hoy toca hablar de la "necesidad".

Necesidad, arbitrariedad y legitimidad política

Nadie votó a Zapatero para hacer lo que hizo a partir del 12 de mayo de 2012, pero el hombrecillo dijo, tan contristado, que lo haría "cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste". Era "necesario", ¡qué diablos!

Rajoy se ha empeñado en superarle. No sólo nadie le votó para que negociara un rescate, sino que se presentó a las elecciones del pasado noviembre con el explícito mensaje de que sólo él podía evitarlo. Lo cual habría de ser relativamente fácil, habida cuenta de que todo se reducía a un problema de "confianza" de los mercados financieros, y para inspirar "confianza", ahí estaban el chico de Pontevedra y sus amiguetes (como Rato, mismamente). Ahora ha descubierto la "necesidad", que -como la "confianza"- vaya usted a saber en qué consiste exactamente, pero que parece servirle también para salir arbitrariamente del paso y, como a Zapatero, para ciscarse en sus electores. Todo muy quevedesco:

No olvides que es comedia nuestra vida
y teatro de farsa el mundo todo
que muda el aparato por instantes
y que todos en él somos farsantes.

En unas declaraciones a la emisora Onda Cero realizadas a fines de mayo, cuando negaba por fas y por nefás que el sistema financiero español necesitara rescate, decidió de todas formas curarse en salud, con un buen baño de arbitraria "necesidad": "haré cualquier cosa que sea necesaria, aunque no me guste y aunque haya dicho que no lo iba a hacer". Y lo hizo.

Con este resultado: la legitimidad política del gobierno de Rajoy terminó ayer, como la de Zapatero se hundió irreversiblemente el 12 de mayo de 2012 [1].

¿Quién decide lo que es "necesario" en un momento dado? La cuestión no tiene siquiera que ver con la representación democrática (de los intereses de los más), sino con la representación política tout court. La representación política fiduciaria de unos intereses ciudadanos -grandes o pequeños- no es un mandato personal para que el elegido por cuatro años decida por su cuenta y riesgo qué políticas (le) imponen las cambiantes "necesidades" interpretadas a su antojo y acomodo.-Eso sería, a lo sumo, usurpación tecnocrática de la representación política.- Es, al contrario, un mandato para desarrollar y poner por obra un programa de gobierno que se supone ex ante factible y realizable, es decir, un programa que incorpora ya explícitamente y somete al electorado, si se quiere como restricciones, todos las posibles "necesidades" (las anankaia de Aristóteles: así de viejo es el problema). Cuando un programa se revela, por lo que sea, irrealizable, termina el mandato político legítimo, y el representante no tiene sino cesar o someter un nuevo programa a una cuestión de confianza ante la ciudadanía.

Política ilegítima, tecnocracia de medio pelo y una derecha dividida

Es harto sabido: la sufrida izquierda social española arrastra desde el comienzo mismo de la Transición un grave problema de representación política. La célebre ley de hierro de las oligarquías políticas formulada por Robert Michels en 1910 se ha cebado espectacularmente con el pueblo español de izquierda. Carrillo impuso sin mayores discusiones -y para más INRI, desde una universidad norteamericana- el abandono del leninismo a los comunistas; luego, sin mayores explicaciones a nadie, decidió el abandono de la República y la aceptación de la Monarquía y su himno y su bandera. Felipe González, contra el parecer abrumadoramente mayoritario de los socialistas españoles, hizo repetir un congreso del partido para imponerles el abandono del marxismo en 1979; luego, contra las promesas electorales que le llevaron a un triunfo arrollador en otoño de 1982, chantajeó a su electorado hasta lograr imponerle -por los pelos- la permanencia de España en la OTAN en 1986. Buena parte del éxito inicial de Zapatero en su primera legislatura consistió en que, y para pasmo de todos, cumplió con su compromiso electoral de retirar las tropas españolas de Irak. Tanto más devastadora psicológicamente resultó la vuelta a la "normalidad" con la traición a su electorado en el giro de mayo de 2010.

Una de las más llamativas -y trágicas- consecuencias de ese endémico problema de representación política fiduciaria de la (demográficamente mayoritaria) izquierda social española, fraguado en el arranque de la Transición, se manifiesta en la poca calidad de sus dirigentes políticos. Pues se afianzó y prosperó todo un conjunto de mecanismos de selección inversa, que ha solido enviar sucesiva y regularmente a casa, o al basurero de la historia -como decían los viejos estalinistas-, a los mejores y más capaces, promoviendo generalmente a los incapaces, a los mediocres, a los serviles, a los cerriles, a los cainitas chiflados, y muchas veces -hay que decirlo-, a los más corrompibles (como, por señalado ejemplo, Roldán). Y a tenores huecos, a barítonos bufos, a revolucionarios de salón y tartarines de oficina, a buscavidas sin oficio ni beneficio conocido y a logreros de diversa laya (como los del "tamayazo", que lograron la imposible hazaña de aupar a Esperanza Aguirre al poder en Madrid). Y a inconsistentes zascandiles, como Zapatero. Todo un espectáculo coral. El asombroso descrédito de la política entre el pueblo -todos los sondeos de opinión coinciden en que el tercer problema percibido como más grave por los ciudadanos es la "clase política"- tiene que ver también con eso, más, desde luego, que con una espontánea querencia ibérica por la antipolítica.

La representación política fiduciaria de la (demográficamente minoritaria) derecha económica y social española nunca había conocido ese tipo de problemas, no con la gravedad con que los ha padecido la izquierda. Baste recordar cómo se desembarazaron sin pestañear de Hernández Mancha -el "parlanchín delirante" (Javier Pradera)- en la Alianza Popular antecesora del actual PP, o -mayúsculo ejemplo- la saña y rapidez con que liquidaron a Adolfo Suárez y a su UCD, tan pronto empezaron a resultarles incómodos. La diferencia con el destino de Felipe González -el de los gatos negros y los gatos blancos y la "mirada tontiastuta del gatazo castrado y satisfecho" (Rafael Sánchez Ferlosio)- salta a la vista.

Pues bien; en menos de seis meses de gobierno, la crisis y su gestión por el gobierno Rajoy lo está consiguiendo. El periodista Federico Quevedo -un informado correveidile del mundo de la derecha (El Confidencial) y la extrema derecha (Intereconomía) mediáticas madrileñas- contaba el pasado 1 de junio esta infidencia de "un importantísimo ministro del Gobierno de Mariano Rajoy ante un reducido grupo de empresarios":

"Nunca pensamos que a seis meses de ganar unas elecciones con mayoría absoluta, con un poder como nunca había tenido un partido político en España, íbamos a sufrir un desgaste tan brutal hasta el punto de que se cuestione nuestra continuidad. Y lo peor es que no sabemos qué hacer".

Obviamente, el "brutal desgaste" a que se refiere el "ministro importantísimo" no puede ser electoral (tienen tres años y medio por delante), sino que alude a la pérdida de confianza de su base social fideicomitente directa, es decir, al reducido núcleo de intereses sociales y económicos granempresariales del que el gobierno del PP es, supuestamente, fideicomisario.

Unos días antes, el diario El País había publicado un artículo firmado por tres destacados economistas jóvenes del principal think tank de la derecha española (la Fedea generosamente financiada por las grandes empresas nacionales), al que ya tuvimos ocasión de referirnos la semana pasada, y en el que se daba por amortizado al gobierno de Rajoy y se venía a pedir un gobierno tecnocrático de unidad nacional para mantener al Reino en el euro. El gobierno, principalmente De Guindos, el propio Rajoy y el secretario económico de presidencia, Álvaro Nadal, consideraron eso poco menos que alta traición, y algún periodista afín a ese grupo llegó a hablar de intento de golpe de Estado. (Véase "El día en que Fedea propugnó un golpe de Estado (y cavó su tumba)", El Confidencial, 9 de junio de 2012.) Pero la fidelidad del periodista a la fracciónn de Rajoy, De Guindos y Nadal le hace verosímilmente presentar las cosas al revés. Descubierto el "complot" para terminar con Rajoy, estos chicos estarían acabados, porque, supuestamente, el Gobierno Rajoy y las grandes empresas que financian a Fedea serían una y la misma cosa. ¿O no?:

" 'No se trata -aseguran estas fuentes- de cuestionar a Fedea ni su labor durante estos años, que ha sido excelente, sino de plantearnos por qué una institución que nace con la voluntad de aportar ideas, se erige de pronto en un baluarte de la oposición al Gobierno hasta el punto de promover la destitución del mismo'. La Fundación ha cruzado una línea roja peligrosa, y ahora tiene en su contra nada menos que al Gobierno de España -BBVA, Banesto, Santander, Abengoa, El Corte Inglés, Telefónica, La Caixa, Sabadell, Iberdrola, Repsol.-, y resulta cuando menos poco probable que los patronos de la Fundación, los que ponen el dinero con el que se paga a economistas supuestamente de reconocido prestigio para que escriban artículos como el mencionado, estén dispuestos a respaldar semejante propuesta de Golpe de Estado. ¿O si?."
Por lo pronto, nadie que sepa un poco del negocio bancario puede creer que en el Santander, el BBVA y la Caixa -los tres grandes- estén precisamente entusiasmados con las exigencias indiscriminadas de recapitalización de la banca. Los directivos de Bankinter -una entidad mucho más pequeña, pero con balances ajustados- han sido los primeros en denunciar en público que esas exigencias son consecuencia de las dos sucesivas "reformas financieras" erráticamente acometidas en un trecho de menos de tres meses por el ministro de Economía. Responsables directas, dicho sea de paso -como no se mordió la lengua en decirlo Rato-, de la inopinada aparición del agujero negro en el ejercicio contable 2011 de Bankia y la consiguiente escandalera internacional, que ha terminado por hacer imparable el rescate.

Por lo demás, los no tan velados amagos de amenaza de salir del euro y provocar la Grn Catástrofe -que cierta prensa atribuye a Nadal y al propio de Guindos, y el mismísimo New York Times (7/6/2012), al propio Rajoy, que tendría "un as en la manga"-, a fin de evitar a toda costa el rescate y ganar tiempo, forzando al BCE a volver a comprar títulos españoles de deuda pública en los mercados secundarios, lejos de conseguirlo, con toda probabilidad aceleraron las fugas de depósitos de los bancos españoles y agravaron las sensaciones de angustia y desconcierto[2].

Pero lo cierto es que la terrorífica presión internacional a que se sometió la pasada semana al gobierno de Rajoy -televisiva aparición Obama incluida- no tenía que ver con eso. El Reino podía aguantar perfectamente un buen tiempo, no estando, como no estaba, a diferencia de Italia, urgido por grandes vencimientos inmediatos de sus títulos de deuda pública. Acababa, además de colocar -el jueves- títulos por un monto superior a los 2.000 millones de euros con una demanda que triplicaba la oferta, sirviéndose del clásico truco de los últimos tiempos de forzar a los propios bancos españoles en dificultades a entrar en el negocio de comprar esos títulos (negocio grotescamente irracional donde los haya, pero redondo: la banca española toma prestado dinero del BCE al 1% y compra títulos de deuda pública española que, en el caso de los bonos a diez años, rinden unos intereses superiores al 6%). En suma, el Reino y sus banqueros podía aguantar todavía: ya se sabe que los borrachos tambaleantes pueden tenerse cierto tiempo en pie sostenidos unos en otros.

Lo que verdaderamente aceleró el rescate, como luego habrá ocasión de explicar, es el miedo, el pánico, al resultado de las elecciones en Grecia el próximo 17 de junio, y a un probable triunfo allí del partido de la izquierda griega Syriza, que ha sido capaz de desafiar inteligentemente a la eurocracia.

"Líneas de crédito", "condicionalidades" y "rescates"

¿En que consiste, pues, la "línea de crédito" negociada en tan "favorables" términos y después de "haber presionado tanto" Rajoy?

Tras el informe del FMI, publicado apresuradamente ante el anuncio de la teleconferencia del eurogrupo, que estimaba las necesidades en unos 40.000 millones de euros, el gobierno Rajoy se allanó a solicitar el rescate de un sector financiero español incapaz ya de financiarse en los mercados de capitales. Alemania se negó en redondo a la pretensión inicial de España -apoyada, en cambio, por Hollande y Rehn- de una ayuda directa a los bancos que lo solicitaran del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE), tras su prevista constitución y modificación de sus estatutos en julio próximo.

Por lo tanto, la única formula posible era un crédito al FROB, garantizado por el estado español, que a su vez inyectaría el capital necesario, directamente o a través de los llamados bonos convertibles contingentes, con un techo estimado de 100.000 millones de euros.

Esta cantidad, lejos de ofrecer como afirma De Guindos un "confortable colchón", se queda corta tras las poco meditadas exigencias fijadas por las dos últimas reformas financieras, porque la mayoría de los estudios realizados hasta la fecha por grupos y bancos de inversión privados sobre las necesidades de recapitalización de la banca española las cifran entre los 134 y los 180 mil millones de euros. Lo cierto es que los inversores esperan lo mejor, pero se preparan para el peor de los escenarios posibles. Y esta es su cifra. Al señalar un techo finalista de 100 mil millones a los dos evaluadores privados contratados para escarnio del Banco de España y sus funcionarios -Oliver Wyman y Roland Berger-, es evidente que se pone abiertamente coto a su independencia, por otra parte más que cuestionable. Para semejante viaje, no merecía la pena haberse empeñado antes en la destrucción de la credibilidad evaluadora del banco central español.

Con la política de transparencia que caracteriza al gobierno Rajoy, se desconocen hasta ahora las condiciones impuestas por el eurogrupo en la negociación, a despecho de que De Guindos repitiera hasta la saciedad en la rueda de prensa la muletilla "como usted bien sabe". Pero se han ido filtrando algunas, y otras resultan obvias. En primer lugar, el Financial Times revela hoy (11 de junio) que queda aún por resolver si el dinero vendrá del MEE, cuando se cree en julio, o de la Facilidad Europea para la Estabilidad Financiera (FEEF). La diferencia no es baladí, porque implica en el primer caso la prioridad condicionada en el pago de los intereses. Y eso es lo que exigen Países Bajos y Finlandia.

En segundo lugar, serán los representantes directos del eurogrupo, de la Comisión y del MEE o del FEEF, y no el gobierno de Rajoy, quienes decidan y vigilen -con la ayuda del FMI- la reestructuración del sector bancario español, con todas las consecuencias que eso trae consigo, como garantizar el objetivo de la "reprivatización" y cerrar el paso a cualquier veleidad de una banca pública. Eso sí, la "responsabilidad" será del gobierno.

En tercer lugar, porque como establece negro sobre blanco el comunicado del eurogrupo: "el Eurogrupo confía en que España respetará sus compromisos bajo el procedimiento por déficit excesivo y con respecto a las reformas estructurales, con vistas a corregir los desequilibrios macroeconómicos en el marco del semestre europeo. El progreso en estas áreas será revisado de cerca y regularmente en paralelo con la asistencia financiera. Más allá de la aplicación decidida de estos compromisos, el Eurogrupo considera que las condiciones de la asistencia financiera deberían centrarse en reformas específicas dirigidas al sector financiero". Y por mucho que Rajoy insista en negar los hechos, la parte de los 100 mil millones de euros (10% del PIB) que se utilicen, vendrá a sumarse a ese 70% del PIB que, aproximadamente, supone ahora la deuda pública.

Una cifra que no sería alarmante -seguiría por debajo de la media comunitaria, y en particular, de la alemana-, si no fuera porque el gobierno Rajoy opta por recapitalizar la banca privada a costa de aumentar y prolongar en el tiempo los recortes del gasto social. Que no del gasto público, volcado, como es harto sabido, en un sector financiero que ha recibido ya, entre pitos y flautas, la friolera de unos 150 mil millones de euros desde 2008, una suma que, sumada a los millones ahora previstos por el rescate, podría llegar a alcanzar el 25% del PIB.

En una devastadora crítica del rescate español, el conocido columnista del Spiegel y del Financial Times, Wolfgang Münchau se muestra más que escéptico (FT, 11 de junio 2012). El rescate del sistema financiero español solo habrá conseguido volver a ganar tiempo en la crisis del euro, que no se desencallará mientras no se avance resueltamente hacia una unión bancaria. Una unión bancaria que exige un nuevo tratado intergubernamental que instituya una autoridad bancaria central reguladora y supervisora, un sistema de garantía de depósitos y, lo más difícil, corte por lo derecho el nudo gordiano que ha apalancado la deuda privada en la deuda soberana de los estados. Porque en el caso español la pública aún no supera el 75% del PIB, pero la suma de la pública y la privada montaba un 363% del PIB en 2011. Y este es el perverso mecanismo que no han hecho sino reforzar las cuatro reformas financieras -emprendidas sucesivamente por los gobiernos del PSOE y del PP- y los dos programas de crédito barato puesto por obra por el BCE para inyectar liquidez al sistema bancario. Con el rescate de la banca, el estado español se ha convertido en el mayor propietario de su propia deuda soberana. ¿Qué sentido tiene en esta situación la palabra "solvencia"?

Pendientes resbaladizas, desfiles de horrores, y el factor decisivo: la izquierda griega

La urgencia del rescate español y su grandiosa escenificación internacional -ya va dicho- tiene sobre todo que ver con las elecciones griegas del próximo 17 de junio. Es evidente: para la UE, arde Troya. Y el caballo de la desdicha no es la disciplinada y autoritaria Esparta, sino la democrática Atenas.

Nadie mejor que el economista griego Varoufakis, uno de los mejores economistas científicos de Europa, y hombre cercano a Syriza, para dibujar el escenario de la crisis del eurogrupo:

"La falta de un proceso constitucional (o habilitado mediante Tratado) para salir de la eurozona está respaldada por una sólida lógica. Todo el desarrollo de la moneda común estaba concebido para impresionar a los mercados con la idea de que se trataba de una unión permanente que garantizaría pérdidas enormes para quienquiera osare apostar contra su solidez. Basta una sola salida para hacerle un descosido a esa percepción de solidez. Como una leve línea de fisura de un dique de portentosa contención, una salida de Grecia traerá inevitablemente consigo el colapso del edificio, demolido por las irrepresables fuerzas desintegradoras que se colarán por esa línea de fisura. En el momento en que Grecia se vea empujada a abandonar, ocurrirán dos cosas: una fuga masiva de capitales desde Dublín, Madrid, Lisboa, etc., seguida de la acrecida renuencia del BCE y de Berlín a autorizar liquidez ilimitada a los bancos y a los Estados. Eso significará la inmediata bancarrota de todos los sistemas bancarios, y la de Italia y España. Llegados a ese punto, Alemania se enfrentará a un terrorífico dilema: poner en riesgo la solvencia del Estado alemán (comprometiendo unos cuantos billones de euros en la tarea de salvar lo que quede de la eurozona) o salvarse a sí misma (es decir, abandonando ella la eurozona). No tengo la menor duda de que optará por lo segundo. Y puesto que eso significará romper unos cuantos Tratados y Estatutos (incluido el del BCE), la UE, en substancia, habrá pasado a mejor vida."

El increíble revuelo internacional provocado a cuenta del rescate del Reino de España, la ciclópea y estudiada dramatización mediática del problema -filtración de Reuters incluida- estaban primordialmente destinados a dar a entender al electorado griego estas dos cosas. La primera: que, caso de ganar las elecciones la izquierda, de ningún modo se renegociarán los tratados de austeridad que han devastado social y económicamente a Grecia, y que la salida de Grecia del euro resultaría entonces inevitable. Y la segunda: que a la Troika no le temblará el pulso, porque ha tomado ya todas las medidas necesarias para evitar el contagio catastrófico a España, y a su través, a Italia. (A la hora de escribir esto, Reuters hace otra filtración interesada: un grupo de superexpertos de la UE lo tiene ya todo estudiado para el caso de Grecia salga del euro, corralitos bancarios incluidos, en Grecia y . ¡ay! . en otros países miembros.)

No llevaba razón ayer Rajoy cuando, tras comparecer a rastras ante los medios de comunicación antes de irse al fútbol, proclamó propagandísticamente que el rescate era tan bueno para el Reino como para la eurozona.

No es bueno para nuestra economía. Primero, porque, además de avalar, y con toda seguridad agudizar, las catastróficas políticas procíclicas de austeridad de su gobierno, avala también el pésimo diagnóstico que anda por detrás del "reformismo" financiero del PP (idéntico al del PSOE): no es verdad que el saneamiento de la banca española se reduzca a un problema de capitalización. La enorme deuda privada de las familias y las empresas españolas en los años del "España va bien" (Aznar) y "España ha entrado en la Liga de Campeones" (Zapatero) es el principal problema de la economía española, y a causa de ese problema estamos en una recesión de balances y la banca privada española más comprometida con la burbuja inmobiliaria se halla en situación de insolvencia. Sanear la banca en serio no quiere decir recapitalizarla con inyecciones infinitas de liquidez -que, dada la recesión de balances, se va sin más por el sumidero, como acaban de comprobar amargamente a su costa los clientes y los empleados de Bankia que se dejaron embaucar en la compra de emisiones de capital-, sino proceder a una reestructuración a gran escala, cuyo centro debe ser la quita de la deuda. En una cosa lleva razón el PP cuando carga ahora oportunistamente el muerto al PSOE, alegando que si los socialistas hubieran hecho una reforma financiera a tiempo, ahora no nos veríamos abocados al rescate. Pero no en los argumentos para avalar esa razón. Lo cierto es que Zapatero, acaso demasiado entretenido en batallitas culturales miopes y en fotogénicos ágapes con Botín, perdió en 2008 la gran ocasión de proceder a una nacionalización de la enorme parte de la banca privada más dañada por el ladrillo -entonces había dinero público para hacerlo: nuestra deuda pública apenas representaba un tercio del PIB, y nuestra prima de riesgo era inferior a 100 puntos-, crear una gran banca estatal -incluyendo el robustecimiento de la constitución social de las cajas de ahorros-, sanear a fondo todo el sistema financiero con quitas masivas de deuda privada y, de paso, generar un gran parque público de vivienda de alquiler barata.

Sic transit: en el primer día hábil tras el rescate, la bolsa ha cerrado en -0,54 puntos, después de un subidón a primera hora de +5,9. Y la prima de riesgo ha vuelto a superar los niveles anteriores al rescate, pasando de 462 a 520 puntos. Es como si los mercados se hubieran enterado ya de que, gracias a la incalificable política económica en curso, el Reino de España, además del rescate de su sector financiero, deberá, de aquí al 2014, buscar refinanciación para su deuda soberana por valor de 155 mil millones de euros y conseguir otros 121 mil millones de euros para cubrir su déficit presupuestario.

Pero el rescate no es bueno tampoco para Europa. Lo que Europa necesitaría es quebrar la resistencia de Merkel, abandonar lo antes posible las catastróficas políticas procíclicas de austeridad, instituir rápidamente una autoridad fiscal unificada, mutualizar la deuda de la eurozona y poner por obra políticas fiscalmente expansivas. Por eso los desafíos y amenazas del tándem austérico Rajoy-De Guindos eran, además de ridículas, increíbles. Exigían limosnas, a cambio de seguir destruyendo a su aire, y tan dañina como innecesariamente, la vida económica y social española. No desafiaban ni amenazaban al núcleo de las políticas suicidas de la Troika, y muy señaladamente, de Berlín. Por eso les doblaron el brazo.

¿Pero quién quita que esta victoria "preventiva" de Merkel, Rehn y el resto de la eurocracia neoliberal no termine por hacerles avanzar un paso para retroceder dos? En Portugal y en Irlanda, especialmente tras el reciente referéndum sobre el Pacto Fiscal, se levantan ya por todos lados voces que exigen una renegociación de los términos de sus rescates, sobre la base del que el gobierno Rajoy jura por su honor haber obtenido en mejores condiciones. La periferia de la eurozona se alborota, justo antes de la prueba decisiva en Grecia.

Estar por ver si el pueblo griego, a diferencia del irlandés, será capaz de resistir el chantaje de la Troika el próximo domingo 17 de junio. Y entonces veríamos, gracias a Syriza, si Berlín, Bruselas y el FMI son capaces también de doblegar al pequeño gigante de la decencia resistente europea en que se habrá convertido la Atenas en que nació la primera democracia radical plebeya, la que echó a andar, con Solón, poniendo por obra un programa político tan sencillo como actual: reparto de la propiedad de la tierra (géa anasdesmos) y cancelación de la servidumbre por deudas (kreón apokopé).
Antoni Domènech es el Editor general de SinPermiso. Gustavo Búster y Daniel Raventós son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso.
Notas:
[1] Aunque desde mediados de febrero se podía percibir la inflexión en la tendencia al voto del PP, desde marzo de ha desplomado más de 9 puntos, hasta un 37,1%. Rajoy recoge actualmente un rechazo del 78%. Pero los electores no olvidan quién inició en mayo del 2010 el plan de ajuste: el PSOE solo ha remontado en la oposición 2,9% y Rubalcaba tiene un rechazo del 89%, superior a Rajoy. Los electores han ido desarrollando estos meses tres certezas, que parecen guiar sus prospectivas de futuro: que la situación económica ira a peor (90,2%), que el rescate era inevitable (64%), dada la inutilidad de la clase política, y nefasto (70%). (http://politica.elpais.com/politica/2012/06/09/actualidad/1339258034_213987.html)
[2] Usura del tiempo, esto es lo que, el 21 de Noviembre de 2011, tras ganar Rajoy las elecciones, escribimos desde estas mismas páginas de SinPermiso:: "El gobierno del PP va a tener que enfrentarse, quieras que no, a la siguiente y poco prometedora disyuntiva.
1) Obediencia más o menos ciega del gobierno de Rajoy a las directrices de los mandamases de una UE dominada por las actuales concepciones de la señora Merkel y la élite político-bancaria alemana. Esa opción tiene dos escenarios posibles: http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/20n2011.pdf
a) De persistir en la actual negativa alemana a cambiar rápidamente el diseño institucional de la política fiscal de la eurozona, no se llega sino al desastre y al final del euro. La eurozona, simplemente, se desmembraría, y el gobierno de Rajoy se convertiría básicamente en un aterrorizado gestor político, o de la europeseta, o de un nuevo euro devaluado, del que habría salido ya una Alemania resuelta a crear una nueva zona Deutschemark (verosímilmente, con Holanda, Austria, Finlandia, Luxemburgo y quizá Bélgica, pero no Francia). En cualquier caso, la implosión de la eurozona significaría una catástrofe económica, no ya para España, no ya para el continente europeo, sino para la economía mundial: un verdadero tsunami financiero que haría palidecer por contraste al provocado por la decisión norteamericana de dejar caer al banco Lehman Brothers en 2008: la Gran Recesión de 2008-2011 se convertiría con toda probabilidad en una Gran Depresión II de duración indefinida y de resultados económicos y políticos de todo punto inciertos.
b) De cambiar rápidamente la actual política dictada por la señora Merkel a la UE, yendo resueltamente a una salvación del euro con pasos prestos hacia un Tesoro común europeo, con eurobonos y un Banco Central normal, capaz de desempeñar la función de prestamista de último recurso, entonces, caso de llegarse a tiempo, se abriría en Europa un escenario algo mejor, pero simplemente semejante al norteamericano: comenzaría el debate político sobre qué política económica es mejor: si una política derechista (à la Tea Party) de austeridad fiscal, ajustes estructurales, etc., o una política progresista de expansión fiscal, crecimiento económico y reequilibrio entre la economía alemana y las periféricas. Este último escenario tendría la ventaja de que volverían a aparecer, como problemas propiamente políticos, y no meramente técnicos, dos opciones distintas de política económica a escala europea. Las perspectivas políticas del gobierno de Rajoy no serían muy halagüeñas aquí, pues las políticas ultraderechistas de austeridad fiscal a escala europea difícilmente podrían presentarse ante la opinión pública como compatibles con los intereses nacionales más elementales de los países periféricos.
2) La segunda opción que se ofrece al gobierno de Rajoy es la de una resistencia desde el primer día a Merkel, ya por la vía de intrigar, como parece estar comenzando a hacer (véase al respecto la información proporcionada por el conservador Times de Londres el pasado 18 de noviembre) con Cameron y el gobierno conservador británico (fuera de la eurozona), y/o con un cada vez más alarmado Sarkozy (dentro de la eurozona). Pero esta segunda opción, si no lograra vencer el empecinamiento de Merkel -que aterra ya hasta a la derecha económica más encallecida de nuestro país-, significaría un serio agrietamiento de la elite político-bancaria eurocrática, y es lo más probable que terminara con la destrucción de la eurozona y, de nuevo, como en el escenario presentado en 1a, con un Rajoy gestor político de la europeseta, con todas la tremebundas consecuencias de alcance mundial ya dichas allí".
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Argentina: “La bomba que dejó activada Lavagna”

Mario Cafiero

El ex ministro Roberto Lavagna sostuvo que: “Estamos frente a una economía en falsa escuadra. Todos los precios y las variables monetarias están desajustados. La combinación de inflación no reconocida y las políticas “parche” ha creado esta situación”. Lavagna nos intenta convencer que la economía argentina es un reloj al que se lo ha tratado a martillazos y por eso se está descomponiendo. Un diagnóstico superficial, sin perspectiva histórica y que omite lo principal: la enorme responsabilidad del propio Lavagna.

La causa de las crisis recurrentes es la estructura económica dependiente

En realidad la Argentina está frente a una nueva crisis de balanza de pagos y fiscal. Crisis que se repite y estalla recurrentemente en nuestra economía. La última crisis fue el 2001, pero la anterior fue en 1989; y la anterior en 1981, y la anterior 1975. Cada crisis fue el estallido de una bomba económica que arrasaba el salario real, destruía la estructura productiva y los legítimos sueños de prosperidad de millones de argentinos. La cuestión de fondo, entonces, es como hacer para desactivar esa bomba y no pensar tanto en el reloj que la pone en marcha. Las causas de fondo de las crisis hay que buscarlas en la brutal dependencia económica, productiva, tecnológica y financiera. Dependencia que no ha sido morigerada ni atenuada, sino por el contrario profundizada en estos últimos años.

Seguimos siendo un país exportador de materias primas y no hemos desarrollado ninguna cadena de valor. Porque la cadena de valor: agraria-alimenticia-energética y/o industrial está en manos de empresas transnacionales. Y ¡algunos pretenden que seguimos implorando a estas que inviertan para poder crecer!. Mientras dejamos que giren al exterior miles de millones de dólares por años en utilidades y royalties. La causa profunda de nuestras crisis también es porque seguimos siendo una colonia, al estilo Potosí, que permite que se saqueen sus recursos naturales no renovables: petróleo, gas, megaminería, etc; y porque mantenemos prácticas insustentables de monocultivos agrarios y depredación pesquera. También dejamos fugar enormes recursos financieros y estamos en el tope de los países que acumulan depósitos en el exterior y dejan fugar capitales. País generoso, sí. Pero con los de afuera, no con los de adentro.

La reestructuración de la deuda del 2005: Una quita donde todos los argentinos ponen

Luego de la crisis de deuda del 2001, la Argentina pudo haber roto esa dependencia pero no lo hizo. Lavagna fue uno principales responsables como Ministro de Economía de Duhalde y Kirchner de NO cuestionar la legitimidad y legalidad de la deuda; y de impulsar un pésimo acuerdo de reestructuración. O sea mantener el principal factor de desorden y desencuadre económico. En la renegociación del 2005, no hubo ni quita real, ni solución de la deuda. Porque en el canje del 2005, Lavagna inventó (en realidad fue una idea del FMI) y emitió para los acreedores el bono atado al crecimiento del PBI. Como era de esperar, luego de la depresión del 2001, la economía argentina experimentó altas tasas de crecimiento por lo que el pago de ese bono significó que en definitiva no hubo quita real de la deuda. Los números son claros: Lavagna canjeó bonos en defaut por 81.800 millones de dólares de capital, por bonos nuevos por un capital de u$s 45.412 millones. Pero emitió bonos de Cupones ligados al crecimiento del PBI por 39.26
4 millones de dólares. O sea que la deuda nueva (45.412 MU$S+ 39.264 MU$S = 84.676 MU$S) es mayor a la deuda vieja de 81.800 M U$S.

Algún distraído o desinformado podrá decir que aunque no hubo quita se “ganó tiempo”. De ninguna manera. Las bases del canje del 2005 preveían además que un monto equivalente al pagado cada año por los valores ligados al PBI, se destinaría a la recompra anticipada de la nueva deuda emitida, para mejorar la cotización de esta. De modo que no hubo ni quita , ni alivio; sino que por contrario, hubo un pago acelerado y se mantuvo la deuda. De acuerdo al cálculo efectuado por Javier Llorens, el pago de Cupones ligados al crecimiento del PBI del año anterior y las obligaciones de recompras de deuda por la misma razón significaron para el Tesoro Nacional una sangría de 29.569 MU$S hasta el año 2012 y va significar una acumulación de 78.528 MU$S para el año 2017.

¡O juremos con deuda morir!

A finales del año 2004, al observar el enorme desbarre que se estaba por cometer, con Javier LLorens, confeccionamos un escrito con título “¡Oh Juremos con deuda morir!”. En el cual mediante un simulador computado, advertíamos las enormes distorsiones en el flujo de pagos de la deuda, que iba a producir esa deuda contingente, tal como había sido formulada. Si Argentina conseguía tasas de crecimiento elevadas, que resultaban indispensables para lograr su plena recuperación socioeconómica. Pero lamentablemente esas advertencias cayeron en saco roto. Esa reestructuración del 2005 se hizo sobre la falsa premisa que Argentina volvería a los mercados internacionales de crédito a tomar deuda. Como eso no sucedió, el gobierno recurrió a pagar deuda con los recursos de los jubilados, de las provincias, del Banco Central y de toda caja a la que pudiera saquear.

El salvataje a los bancos

La responsabilidad de Lavagna y del propio Néstor Kirchner, que avaló todo lo firmado por Duhalde, no acaba allí. Ya que, por exigencia del FMI y la banca internacional, concretaron la salida de la crisis bancaria del 2001, y de los famosos corralito y corralón, mediante el simple expediente de efectuar un salvataje integral de los bancos, cargándole el costo de la pesificación asimétrica al Estado nacional, que se hizo cargo de ella, y por extensión todos los que contribuimos a su sostenimiento. La información referida a cuanto recibió cada banco, se mantiene absolutamente encapsulada, como si fuera top secret. Pero el monto total de los Boden emitidos en ínterin trepan a los 27 mil millones de dólares. Y a la par analistas económicos sostienen que el costo fiscal de esa crisis, habría trepado al 18 % del PBI. O sea alrededor de 32.000 millones de dólares, que de alguna manera u otra fue solventada por el fisco.

La bomba que dejo Lavagna

De tal manera en el corto plazo de doce años, el Estado se echó al hombro la obligación de pagar en el corto plazo de doce años, nada menos que 120 mil millones de dólares: 79 mil millones provenientes de los valores ligados al PBI, y la recompra anticipada de deuda. 27 mil millones de la salida del corralito, y las compensaciones a los bancos. Y 15 mil millones de Préstamos Garantizados en poder de los bancos. Y esto sin contar los pagos de intereses de esas deudas. Ni tampoco las deudas mantenidas con los organismos multilaterales de crédito, el FMI, BM, y BID, por otros 25 mil millones de dólares. Ni la deuda garantizada proveniente de las deudas provinciales, por otros 11 mil millones de dólares. Ni la deuda con el Club de París por 8 mil millones. Todo lo cual por entonces arrojaba un monto total de deuda de 165 mil millones de dólares. Esta es la bomba que Lavagna contribuyó a dejar activada, mal puede ser el especialista que nos de consejos de relojería.

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Dos ejemplos de una Argentina autoritaria

LA ARENA

En la última semana, y entre varios otros acontecimientos, dos fueron los que han servido de recordatorio a los argentinos de que es mucho todavía lo que queda por corregir en una sociedad fascistizada por las sucesivas dictaduras. La primera señal de alarma estuvo dada por la excarcelación del cura Julio Grassi, condenado por la justicia por una probada corrupción de menores a su cargo, en una fundación por él dirigida.

Desde sus mismos comienzos el caso tuvo una desembozada injerencia de algunos estamentos eclesiásticos y judiciales, que apuntaban a una absolución o al menos a una pena mínima para con el autor de tan grave delito. Esas acciones llegaron al punto de que el juez de menores interviniente en el caso -suspendido actualmente en sus funciones y próximo a un jury- presionó a una de las víctimas para que se retractara de la acusación de abuso que había hecho al sacerdote. Si bien Grassi estaba en libertad hasta la confirmación del fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, por cuestiones procesales debía cumplir prisión domiciliaria, condición que acaba de ser anulada, volviendo al régimen de "libertad vigilada".

El nuevo fallo ha causado malestar en el ambiente judicial ya que se tenía por probado que Grassi había violado las condiciones de su libertad. La vuelta a un régimen más beneficioso, en un caso que ya tiene condena en dos instancias, se atribuye a una fuerte presión de la Iglesia Católica.

El otro suceso al que aludimos al comienzo de estas consideraciones está referido a la lamentable actuación de la policía y la justicia en un caso que hace algunos años conmovió al país. Fue cuando un presunto ladrón que iba al volante de un vehículo, al ser tiroteado por la policía, condujo a contramano y atropelló a tres personas, un niño entre ellas, causándoles la muerte.

Ahora, tras una revisión del proceso que se da a instancias de una heroica tarea periodística y familiar, se ha demostrado que la persona es inocente, que la policía actuó con ánimo criminal y que terminó armando la causa, con la conformidad o ineptitud del juez actuante. Se comprobó que los uniformados actuaron sin identificarse, por lo que el hombre pensó al ser abordado que eran ladrones e intentó huir. Acribillado a balazos, quedó inconsciente, y así fue que su coche atropelló a las personas. Cuando llegaron refuerzos, siguieron disparando contra el cuerpo indefenso del hombre, que sobrevivió de milagro. Tuvo una condena a treinta años de prisión de la que cumplió siete. De la cárcel sale ahora con una vida y una familia destruidas. Madres de Plaza de Mayo, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el cineasta Enrique Piñeyro contribuyeron significativamente en la lucha por la reivindicación de esta persona.

La tradición argentina, desde el gaucho hasta nuestros días, no tiene en general una buena idea de la Justicia y su brazo armado, especialmente a nivel de las clases populares, lo que explicaría en parte la abundancia de los llamados "bandoleros sociales" en todas las latitudes. Sucesos como el referido dan sustento a esa desconfianza.

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Documento del Observatorio del Derecho Social: Conflictividad laboral - Informe anual 2011

ACTA

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El informe que presentamos en esta ocasión sistematiza los alcances de la conflictividad laboral a lo largo del 2011. Este documento se enmarca en el seguimiento que el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina realiza desde el año 2005, y que plasman en informes trimestrales y anuales que se encuentran disponibles en www.obderechosocial.org.ar.

A continuación presentamos una síntesis de los principales aspectos contenidos en este informe:

En el año 2011 relevamos información correspondiente a 754 conflictos laborales, de los cuales 423 corresponden al ámbito privado, 299 al sector público, 11 a ambos sectores, y 21 al sector informal.

Las actividades que presentan una mayor cantidad de conflictos laborales son transporte, almacenamiento y comunicaciones (24% del total), seguida por administración pública (21%) e industria manufacturera (13%).

La distribución geográfica de la conflictividad laboral presenta una marcada concentración en el área metropolitana de Buenos Aires (26% del total) y en la región pampeana (24%). Sin embargo, cabe destacar la existencia de una fuerte conflictividad en la región patagónica, ya que a pesar de contar con una cantidad significativamente menor de trabajadores, explica el 26% del total de conflictos relevados. En esta región sobresalen los conflictos en el sector petróleo, minas y canteras, y también en la administración pública.

En cuanto a los sujetos de la conflictividad laboral, en una amplia mayoría han sido impulsados por sindicatos de base o seccionales locales (561 casos), con una presencia mucho más acotada de las federaciones o uniones (33 casos) y de las centrales o confederaciones (31 casos). En 20 conflictos estos tres sujetos han actuado de forma conjunta. Por su parte, a lo largo del 2011 hemos relevado información sobre 80 conflictos llevados adelante por trabajadores sin representación formal.

En el sector privado se mantiene esta distribución, y se consolida una tendencia hacia la descentralización de los sujetos de la conflictividad laboral, ya que crece en términos relativos la participación de los sindicatos de base y seccionales (pasa de un 51% del total en 2007 a un 78% en 2011), mientras que decrece en una proporción similar la participación de los sindicatos de ámbito nacional (pasan del 35% en 2007 al 9% en 2011). Por su parte, se mantiene sin mayores variaciones la participación relativa de conflictos llevados adelante por trabajadores sin representación formal (en torno al 13% del total).

En cuanto al ámbito donde se desarrollan los conflictos laborales, seguimos registrando una amplia mayoría a nivel de empresa o grupos de empresas, que explican el 82% del total, mientras que los conflictos por rama o actividad alcanzan al 18%. Aquí también se consolida una tendencia a la descentralización de la conflictividad laboral, por cuanto en el año 2007 esta relación era 68% - 32%.

En el sector público, la mayoría de los conflictos se desarrollan a nivel provincial (63% del total), seguidos por los conflictos municipales (22%), y finalmente los conflictos a nivel nacional (15%).

El contenido de los reclamos laborales se vincula mayoritariamente a reivindicaciones económicas (aumentos salariales y adicionales) que explican el 28% de las causas totales presentes en los conflictos relevados. A su vez, las situaciones de crisis (despidos, suspensiones, vaciamiento de empresas) representan el 25% del total. Finalmente, los reclamos por otras condiciones laborales no salariales (modalidades de contratación, precarización) representan el 23% del total.

Sin embargo, si separamos los conflictos del sector privado y el sector público, vemos un comportamiento diferencial. En efecto, dentro del sector público existe una mayor participación relativa de los conflictos por reivindicaciones económicas y condiciones laborales no salariales (principalmente la contratación precaria de los trabajadores), mientras que en el sector privado predominan los reclamos por situaciones de crisis y conflictos de representación (encuadramiento, persecuciones antisindicales).

En el sector privado la presencia mayoritaria de reclamos por situaciones de crisis y conflictos de representación se verifica desde el año 2009, ya que hasta entonces habían predominado los conflictos por reivindicaciones económicas (54% del total en 2007, y 23% en 2011).

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Un hito para la unidad en la lucha: Entre Ríos. Un día para recordar

Ignacio González Lowy (RIO BRAVO - ACTA)

El viernes 8 de junio de 2012 quedará grabado a fuego para quienes creen en la necesidad de: en unidad, en la calle y luchando; enfrentar la decisión del gobierno de descargar la crisis sobre los trabajadores. En Entre Ríos, pese a la decisión de las conducciones de AGMER, ATE y CTA provinciales, fue un día combativo, ruidoso, en el que miles se expresaron con alegría y fuerza en la lucha.

Finalmente, y pese a los esfuerzos desesperados de las conducciones gremiales adictas al urrikirchnerismo, Entre Ríos se cubrió de luchas en el marco del Paro Nacional de la CTA. En Paraná y María Grande, en Concordia, en Chajarí, en Tala, en Ceibas y Paranacito, en Villaguay y seguramente en otros puntos de la provincia que se nos escapan; docentes, trabajadores del Estado, desocupados y privados, junto a estudiantes, salieron a las calles a manifestarse.

Las consignas y los reclamos de la jornada no dejaban lugar a dudas: paritarias libres, $5.000 de salario mínimo con el horizonte de alcanzar la canasta familiar real, 82% móvil para los jubilados de todo el país y defensa de la Ley 8732 en Entre Ríos, defensa de las obras sociales, por trabajo genuino y contra la flexibilización y el trabajo en negro, contra el impuesto a las “ganancias” (al trabajo) y por la derogación de la Ley Antiterrorista… no había margen para dudar: ¿de qué lado había que estar?

Aunque digan que no

En Entre Ríos la jornada de lucha se preparó con mucha dificultad y no menos trabas. AGMER convocó a un congreso en cuyo temario no incluyó ninguna posibilidad de discutir un plan de acción, y ante la demanda de los congresales de la agrupación Rojo y Negro (que traían de sus departamentos el mandato de abrir esa instancia), impusieron su mayoría automática y ganaron la votación. O sea: hay un paro nacional de la CTA pero la conducción provincial de AGMER no sólo no adhiere, sino que ni siquiera amaga con permitir la discusión al respecto. En el caso de ATE, mientras a nivel nacional el sindicato convocaba al paro y a marchar, Pellandino, Galarraga y compañía hacían campaña de prensa en su contra. Finalmente, cuando notaron que sus bases iban a hacer masivamente una huelga que ellos estaban boicoteando, hablaron de “libertad de acción de las bases” (una originalidad con pocos antecedentes en la historia sindical) y buscaron de este modo evitar hacer el ridículo. No lo lograron. CTA provincial, por su parte, continuó con su política de traicionar a sus votantes (que al votar a esta conducción también votaron la lista que a nivel nacional triunfó: la de Micheli), pegándose al interventor elegido por la Casa Rosada para la central de trabajadores: Hugo Yasky.

Así, se realizó un inconcebible "congreso provincial" en el Complejo Escuela Hogar de Paraná al que no fueron invitados ni notificados todos los congresales provinciales de la CTA que no coincidieran con la línea política de su conducción. En este circo, ilegítimo por donde se lo mire, ni se discutió la jornada de lucha resuelta por el congreso federal de CTA nacional realizado el 27 de abril en Capital Federal.

Sin embargo, y como dice la canción que sonó en la marcha por Paraná, “nos decían que no, no querían luchar; hoy ganamos las calles en este paro que es nacional”. Así, en Chajarí los docentes fueron a la ruta, en Ceibas y Paranacito también, en Concordia a la plaza central, en Villaguay y Tala se realizaron asambleas, en María Grande se marchó por la ciudad; y en Paraná marcharon juntos los docentes, trabajadores de salud (hospitales y centros) y del COPNAF, judiciales de AJER, estibadores portuarios, trabajadores de la OSPLAD (SITOS), trabajadores desocupados (de la Corriente Clasista y Combativa), choferes de la UCRA, estudiantes de la UADER y varias organizaciones políticas. Se marchó por el centro de la ciudad, se exigió a las conducciones gremiales provinciales que estuvieran a la altura de las circunstancias y dejaran de impedir las luchas por sus derechos, y se terminó con un acto intenso y ruidoso frente a Casa de Gobierno.

Sabores

Queda, sin duda, el sabor amargo de no haber podido realizar un paro nacional (que ni siquiera se discutió en muchos departamentos de la provincia) en los gremios principales de CTA en Entre Ríos. Queda, de todos modos, el dulce sabor de haber convertido un día que podría haber pasado “sin pena ni gloria” (si fuese por las conducciones centrales de ATE y AGMER), en un día de lucha, combativo, que se hizo sentir. Las bocinas y los aplausos de los vecinos que acompañaban el reclamo, sorprendidos al pasar, también es un dato que no debería ser menor para medir el pulso del sentir social (en otras ocasiones más dubitativo y hasta enfrentado con los protestantes).

En Plaza de Mayo, en Buenos Aires, con más de cien cortes de ruta en todo el país, y en Entre Ríos en tantos puntos de su geografía; el 8 de junio quedará grabado a fuego en nuestras efemérides. Quizá no sea el comienzo de nada, porque esto se viene gestando hace mucho tiempo; pero sí puede que sea un punto de inflexión. El gobierno buscará, a partir de ahora con más fuerza, desarticular y deslegitimar la lucha de las seccionales y organizaciones sindicales que están en lucha. Cuenta para ello con diferentes armas y estrategias: desde conducciones gremiales serviles hasta organizaciones como el PTS, que con ropaje de "izquierda" reproduce sus argumentos para golpear junto a éstas contra los sindicatos que desarrollan el plan de lucha.

Que en AGMER se hayan movilizado justamente las seis seccionales que conduce la agrupación Rojo y Negro, no es casualidad. Es fruto de la coherencia de quienes sí permitieron que se discuta la necesidad de un plan de acción, y buscaron las formas de llevarlo a cabo, aún contra los impedimentos burócratas y antidemocráticos de la conducción provincial de AGMER.

A los dirigentes que el día del paro nacional en vez de estar encabezando la movilización estaban en La Rioja, no de vacaciones sino en un “congreso” para formar un “movimiento sindical latinoamericano” (¡qué buen comienzo para ello!: huir de sus ciudades para no estar en ellas un día de lucha nacional); les llegará el turno, tarde o temprano, de dar explicaciones. Mientras tanto, la bronca seguirá buscando los cauces por los que expresarse. Y, cuando esto ocurre, como bien nos enseña la historia; tarde o temprano “tronará el escarmiento”.

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En conferencia de prensa denuncian más despidos: Teatro Colón. La cosecha del terror nunca se acaba

Carlos Saglul (ACTA)

Luego de despedir a los delegados de ATE en el Colón, la gestión de Pablo García Caffi va por más. Según explicó a ACTA, Carlos Fernández, uno de los delegados cesanteados, la nueva tanda de cesantías incluiría a 17 trabajadores en todos los casos "acusados" de participar de medidas de fuerza y asambleas.

-Vos y el resto de los delegados son parte de una primera tanda de despidos.

Se trató de ocho compañeros que tenían fueron gremiales. Obviamente la Justicia en todas las instancias va a expedirse por nuestra reincorporación. En estos nuevos despidos, la cosa es más grave porque no hay fueros.

Nuestros despidos y los se agregan obedecen a un intento de crear un estado policial y de terror que ha dado sus frutos. La gente piensa, que si despiden a los delegados no van a parar ante nada.

-¿A los trabajadores se les hace sumario y se los despide por ejercer un derecho constitucional?

No te olvides de la idea de democracia que tiene Macri y toda su geste. Por otro lado cuentan con la invalorable colaboración del gremio de Municipales para el cual, “aquí no pasa nada”. Eso crea divisiones, confude.

La persecución ha sido dura. Una de las compañera de la primera hora se nos murió en plena lucha. Agonizaba pero igual le seguían mandado telegramas intimándola a presentarse a trabajar.

-¿Qué cambio desde el año pasado cuando se produjeron los primeros despidos?

Nada, la represión es peor. La gente protesta sin levantar el tono por miedo. De cualquier manera esto no dura.

El teatro se sigue privatizando. La desaparición de talleres hace que deban contratar vestuarios internacionales por miles de dólares. El sistema de factoría que teníamos antes y por el cual, todo se hacia en el teatro beneficiaba no sólo a las puestas sino a la generación de empleo.

La modalidad actual es buena solamente desde el punto de vista del negocio. Además, esto es cada vez más elitista. El abono bicentenario sale 1.500 pesos. ¿Qué trabajador tiene mil quinientos pesos?

-¿Cómo sigue el conflicto?

Dando la pelea por todos los medios, pero sobre todo tratando de publicitar lo que está pasando en Colón. Es urgente terminar con este régimen de terror. No somos ingenuos sabemos que los despidos, el miedo son funcionales a la privatización del Colón, convertirlo en un institución cada vez más elitista.

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Argentina. Salud pública: La diputada Iturraspe reclamó que haya proveedores estatales en el Plan REMEDIAR

ACTA

La diputada nacional Graciela Iturraspe destacó que “Es imprescindible la vigencia y puesta en marcha integral de la Ley de Producción Pública de Medicamentos; sólo de este modo se podrá lograr que el Programa REMEDIAR cuente con la mayoría de sus proveedores estatales y no como sucede en la actualidad que de los 16 laboratorios proveedores, sólo 3 son del Estado, 11 son laboratorios nacionales y 2 internacionales”.

La diputada nacional Graciela Iturraspe, del bloque Unidad Popular, dijo que “es necesario impulsar la Ley de Producción Pública de Medicamentos en nuestro país, que a un año de su promulgación aún no ha sido reglamentada”. Iturraspe realizó estas declaraciones en el marco de la visita que la doctora Graciela Ventura, Directora Nacional del Programa REMEDIAR+Redes dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, realizó a la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados.

“Es valioso que los funcionarios nacionales informen sobre temas de competencia de la comisión, pero también es necesario que escuchen”. “Es imprescindible la vigencia y puesta en marcha integral de la Ley de producción Pública; sólo de este modo se podrá lograr que el Programa REMEDIAR cuente con la mayoría de sus proveedores estatales, y no como sucede en la actualidad que de los 16 laboratorios proveedores del Estado, sólo 3 son Estatales, 11 son laboratorios nacionales y 2 son internacionales”, señaló la diputada iturraspe, secretaria de la Comisión de Salud, tras el informe de la funcionaria.

La Ley 26.688, declara de Interés Nacional la Investigación y Producción Pública de Medicamentos, Materias Primas para la Producción de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos. La misma, fue sancionada el 29 de junio de 2011 y promulgada un mes después, pero aún no ha sido reglamentada. REMEDIAR es un programa que favoreció la accesibilidad a los medicamentos en el año 2002. “Con los años, fue incluyendo estudios sobre utilización de medicamentos y cursos de capacitación a profesionales de salud. Sin embargo, a 10 años de su creación, el debate debería ser mucho más amplio, y centrarse en cuál es la política de medicamentos en nuestro país. Políticas de medicamentos es accesibilidad, uso racional de los mismos, regulación de la publicidad, trazabilidad, y también, y muy importante, soberanía científico-tecnológica”, finalizó Iturraspe.

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Argentina, Tucumán: Unificaron las causas "Arsenales II" y "Jefatura de Policía II"

TUCUMAN NOTICIAS

El Tribunal Oral Federal resolvió unificar las megacausas “Arsenal II” y “Jefatura II”, por las que serán enjuiciados, de manera conjunta, más de 40 imputados por delitos contra los derechos humanos en perjuicio de 235 víctimas. Entre los acusados figuran el prófugo Juan Carlos Benedicto y el cura José Mijalchik. Habrá más de 200 testigos.

El Tribunal Oral Federal de Tucumán resolvió acumular las causas “Arsenales Miguel de Azcuénaga s/ secuestros y desapariciones (segundo grupo)”, Expte. A–36/12 y “Jefatura de Policía de Tucumán s/ Secuestros y desapariciones (Segundo grupo)”, Expte. J–18/12”, en donde se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en esa provincia.

Fue por el pedido de una de las querellas y tras una audiencia convocada al efecto por el tribunal, que se realizó el pasado 7 de junio.

Los jueces Carlos Jimenez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga sostuvieron que "no se advierte que la unificación signifique mayor gasto, tiempo o perjudique de algún modo el ejercicio de defensa en juicio".

Asimismo, los magistrados consideraron óptimo la acumulación de causas, toda vez que los hechos que se investigan "se habrían cometido todos en la Provincia de Tucumán, en una misma época, como parte de un pregunto plan sistemático de persecución contra parte de una población civil por razones políticas".

De esa manera, los jueces sostuvieron que "la reconstrucción de los hechos en un proceso oral puede alcanzar mejores niveles de verificación de las cuestiones fácticas y así traducirse en una mayor y mejor posibilidad de ejercicio de los derechos de las partes".

Las causas en números

En la causa "Arsenales II" hay 22 imputados y 97 víctimas. En tanto que en el expediente caratulado "Jefatura II" hay otra veintena de acusados y un centenar de víctimas. Según explicaron desde la agrupación HIJOS, entre ambas causas hay 41 imputados (entre ellos el sacerdote José Eloy Mijalchik y el escribano Juan Carlos Benedicto, actualmente prófugo), 235 víctimas y más de 200 testigos.

La referente de HIJOS en Tucumán, Carolina Frangoulis, dijo que, en primer lugar, celebran "el hecho de que la Justicia Federal haya convocado a una audiencia para escuchar el pedido de la querella y de los organismos de derechos humanos antes de adoptar esta decisión tan importante".

A propósito, sostuvo que "la unificación de estas dos causas nos deja muy conformes porque consideramos que esta medida le dará celeridad a la resolución de las mismas, que estaban paralizadas".

Además, consideró que con la resolución de la Justicia "quedará más a la vista cómo funcionó el circuito represivo, a partir de la documentación que aporta el testigo Clemente en la causa Jefatura, donde habla de cómo los desaparecidos eran trasladados entre ambos centros clandestinos de detenciones y otros que funcionaron en la provincia".

Por otro lado, Frangoulis dijo que "es oportuno recordar que, así como genocidas se van muriendo por la edad, las madres y abuelas también, sumado al hecho de que hay muchos testigos que tras 35 años de lucha ya están cansados de esperar. Por eso es importante esta unificación, que permitirá una mayor celeridad para la resolución de las causas", argumentó.

La representante de HIJOS estimó que "este juicio tendrá una duración de aproximadamente un año, debido a la complejidad y a la cantidad de testigos. Por eso, lo único que nos queda pedir es que empiece el juicio entre agosto y septiembre de este año, de manera tal que el proceso finalice a fines del año que viene", subrayó.

Por su parte, Sara Mrad, titular de Madres de Plaza de Mayo en Tucumán, dijo que para los organismos de derechos humanos "es una decisión muy importante esta de unificar las causas porque aceleraría el tiempo de la Justicia y quedará demostrado cómo fue armado del sistema represivo".

Agregó que "es una medida trascendental la que adoptó la Justicia, porque hay que pensar en que muchos de estos represores están muriendo sin ser condenados y también muchos testigos que ya no están debido a que envejecieron con el paso del tiempo".

Según Mrad, "estas dos megacausas demuestran claramente cómo fueron las relaciones entre las fuerzas represivas y los civiles que colaboraron con la dictadura. Cuando parcelan las causas y se juzgan por separado es más difícil demostrar cómo fue el mecanismo represivo en toda su dimensión", recalcó.

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