miércoles, 13 de junio de 2012

Entrevista a Julio Gambina: “Si se reconociera la inflación se podrían tomar una serie de medidas estructurales y no un conjunto de parches”

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

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Mario Hernandez (MH): Comenzó el frío. Parece que el clima acompaña a la economía en Argentina.

Julio Gambina (JG): Se está enfriando. No estamos en el momento de crecimiento de los últimos años, influyen los problemas globales pero también hay locales.
Hay desaceleración más que enfriamiento. Hay un menor ritmo de crecimiento que ocurre también en la economía mundial. Uno de nuestros principales compradores, Brasil, está creciendo mucho menos. Prácticamente hay recesión en Brasil, comparando los ritmos de crecimiento de los años anteriores, y eso sucede porque los compradores de Brasil también crecen menos. Hay recesión en Europa y desaceleración de la economía en países que venían creciendo muchísimo como China e India, es decir, crecen menos, no están en recesión, pero después de años de mucho crecimiento los datos actuales preocupan, por eso se habla de una crisis mundial.

MH: El jueves de la semana pasada el Wall Street Journal, citando fuentes del FMI, le puso cifras al rescate español: 300.000 mil millones de euros y también en EE. UU. hubo una fuerte caída en la generación de empleo en mayo.

JG: Por eso para nosotros era erróneo el diagnóstico de muchos gobiernos y estudiosos de América Latina que hablaban que la crisis estaba en el capitalismo desarrollado. Parecía que estábamos fuera del mundo.

MH: No estábamos “blindados” como afirmaban.

JG: Por supuesto, y no es que la crisis algún día iba a llegar. Yo decía en aquel momento que nuestro propio crecimiento se explicaba por la crisis, porque los precios de las materias primas aumentaban, el de la soja, por ejemplo, el del oro, el petróleo, precisamente por la crisis.
La crisis se manifiesta de distintas maneras, no es solo crecimiento o decrecimiento, tiene que ver con dificultades que se le presentan al capitalismo en el funcionamiento de su economía, especialmente en la capacidad de obtener ganancias. Por eso las ganancias de las empresas transnacionales que dominan la economía de América Latina, sirven para tapar baches que se generan en sus casas matrices. Por eso Repsol se llevó de la Argentina en los últimos 10 años U$S 13.000 millones para resolver una serie de inversiones globales para mantener su tasa de ganancia.

MH: O el Banco Santander que acaba de vender su sucursal colombiana por U$S 600 millones.

JG: Repsol no invertía en Argentina pero lo hacía en otros países latinoamericanos o en Africa. Se transformó en una empresa petrolera mundial gracias a los excedentes que obtuvo en nuestro país y los reinvirtió en otros países. Acaba de salir de Cuba donde estaba invirtiendo en la zona del Golfo de México, pero se ha consolidado muy fuertemente en Africa. Podríamos decir que ha invertido en el sur del mundo, pero en otro sures, mientras en Argentina agotaban las reservas porque le importaba la explotación, la exportación y la obtención de ganancias para acumular en otros países.

MH: Volviendo a la economía argentina, ¿podemos hablar de desaceleración o de recesión?

JG: Cuando venís de crecer en los 2 últimos años en cifras tan altas y ahora hablás de 0, 1, 2% de crecimiento, técnicamente se habla de desaceleración, pero de hecho es una recesión. No hay duda que ha caído el consumo, la inversión, el saldo comercial, porque hay menos expotaciones y hay una política para disminuir las importaciones. Todo es menos. Técnicamente se considera a un país en recesión cuando decrece en 2 trimestres consecutivos por debajo de 0. No es el caso argentino. Hay problemas económicos como la inflación, pero diría que el principal problema es que las autoridades no lo reconocen. Si se reconociera que las cifras son las que todos sufrimos al momento de hacer las compras para el consumo cotidiano, se podrían tomar medidas estructurales y efectivas y no un conjunto de parches. Por ejemplo, a fines del año pasado comenzó a plantearse el tema de los subsidios y luego se paró.

MH: ¿Esta negativa a reconocer el índice real de inflación en qué medida esta vinculada con la discusión de las paritarias?

JG: La economía es un conjunto complejo de relaciones sociales. Si suben los precios se afectan múltiples relaciones sociales, gente que puede o no comprar determinados bienes y la relación salarial es fundamental.
Recientemente los metalúrgicos firmaron 23% de ajuste salarial, porque no se trata de un incremento sino de un ajuste. ¿Cuánto es la inflación? Si es la del Indec del 8% anual podemos hablar de incremento, pero todos sabemos que no es así y por eso los acuerdos salariales rondan entre el 20/30% como piden los camioneros. Los judiciales bonaerenses terminaron una lucha terrible pidiendo la porcentualidad entre el mejor salario de los jueces y el peor salario del ingresante a la justicia.

MH: Me hacen acordar a las negociaciones salariales de mediados de los 80.

JG: También en los 40 se decía los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera. En los 80 se instaló la flexibilización laboral y salarial.
Las recesiones o desaceleraciones siempre terminan golpeando más fuerte a los de abajo donde hay mychos que viven de un ingreso fijo llamado subsidio: asignación familiar por hijo, Argentina Trabaja, cooperativas vinculadas a procesos productivos o de servicios en los municipios, o de jubilaciones mínimas. De 6.000.000 de jubilados nacionales el 73% cobra la mínima. Tenemos una cantidad de población muy grande que vive de subsidios que no les permiten salir de pobres y están congelados desde hace mucho tiempo y no absorben el deterioro inflacionario del presente año ni del anterior, con lo cual se deteriora su capacidad de reproducción de la vida, de consumo de esas familias.
A la mayoría de la población, lo que le interesa es la cotización de su ingreso mensual.
Muchos hablan del dólar, pero el dólar es un precio más, uno de los tantos. Otros dicen que está atrasado, cuando en realidad lo están los ingresos populares de los que viven de un subsidio, de un salario o los que les venden a esos sectores como el almacenero instalado en una barriada.

MH: En un artículo reciente Ud. señala: "El promedio de ingresos del conjunto de los ocupados, provenientes de su ocupación principal, al cuarto trimestre de 2011, ascendía a $ 3198 mensuales. Es un monto insuficiente para una canasta de consumo que oscila en torno de los 6.000 pesos”.

JG: Ese sería un nivel de ingreso para satisfacer las necesidades básicas de una familia tipo.

MH: A ver si entendí bien, con $ 6000 de ingreso mensual podemos tener un dólar a $ 6.

JG: Insisto, el dólar es un precio más. A los trabajadores, a los jubilados, a los desocupados que reciben subsidios, a la mayoría de la población, a los 3 millones de asignaciones universales por hijo, a los 2 millones de jubilados que no tenían aportes suficientes y están en la mínima, entre estos 2 últimos sectores está el 15% de la población argentina, a esa población le interesa la cotización de su ingreso mensual, no la del dólar. No están preocupados por ir a buscar un “arbolito” ni una casa de cambio. El precio del dólar se instala tan fuerte porque es ideológico, no quiero decir que no sea un problema económico, político, pero la preocupación de la mayoría de la sociedad transita por otros lugares.
El tema del dólar es importante porque está expresando que hay problemas en la economía argentina. Aquéllos que tienen pesos quieren cambiarlos por dólares, se quieren resguardar, es lo mismo que pasa en la economía mundial donde hay crisis y problemas con las monedas de los países donde esa crisis se manifiesta. Los inversores estadounidenses y europeos buscan oro y por eso crece su precio y así como ellos se desprenden de los euros y los dólares para buscar oro, en Argentina a los que le sobran pesos buscan una divisa, un resguardo de valor, que también puede ser el oro, pero lo más accesible y tradicional es el dólar.
No hay un problema cultural, hay un problema de crisis y el que tiene un poquito trata de resguardarlo, por eso la construcción que ha crecido en los últimos años ha sido para especular.

MH: hay 2.000.000 de viviendas desocupadas en la Ciudad de Buenos Aires.

JG: En las grandes ciudades se repite este fenómeno, en Córdoba, en Rosario, y todos sabemos que hay déficit habitacional. Mucha gente a la que les sobra dinero, en vez de tenerlo en el banco, por miedo a otro “corralito”, a que le intervengan las cajas de seguridad o a tenerlo en la casa y que se lo roben, tiene un activo en ladrillos. Si puede lo alquila, pero no le preocupa porque sabe que que en algún momento lo va a poder liquidar sin perder dinero. Estamos hablando de inversores, de gente que no necesita eses dinero. También pueden ser otros bienes como un auto o electrodomésticos. El año pasado crecieron mucho las ventas de televisores y celulares complejos porque, insisto, a los que les sobra dinero prefieren invertir en bienes físicos como forma de resguardarse.
En la Argentina hay problemas económicos y muchos, y pareciera que la política económica consiste en resguardar algunos equilibrios macroeconómicos más allá de cómo impacte en la calidad de vida de esta gran parte de la población.

Julio Gambina es Doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP, e Integrante del Comité Directivo del consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.

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La globalización de Guillermo Moreno

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

A la directora del Indec, Beatriz Paglieri, y a Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Interior, en Argentina los tenemos poco menos que como monstruos. ¿Cómo verlos de otro modo si, mes tras mes, desde hace cinco años, nos aseguran, contra viento y marea, que el costo de vida progresa al 8% anual cuando en realidad no baja del 25%, en promedio? Para imponer su versión de los hechos, estos energúmenos de las estadísticas, no vacilaron incluso en desencadenar una cruzada antisindical contra ATE, cuyos trabajadores se habían convertido en molestos testigos de sus falsedades.

El fraude que han venido perpetrando se ha inspirado, además, en el más patriótico de los motivos, como es el de evitar que los acreedores de la deuda pública en pesos se aprovecharan de la cláusula de ajuste llamada CER, contra los más altos intereses del Estado nacional. Es cierto que con el tiempo, es forzoso admitirlo, nuestros próceres de pasillo lograron transferir los perjuicios que ocasionaban con su trapisonda con el índice a la Anses -o sea a los trabajadores que aportan para jubilarse- a la que enchufaron la mayor parte de los títulos del Estado que deben ajustarse por inflación.

¿Pero qué si el dúo ha terminado haciendo escuela allende los mares, en lugar de recibir la execración universal? Preocupado en racionar el ingreso de importaciones, la oficina de propaganda de Moreno dejó pasar la noticia de que Gran Bretaña, nada menos, se apresta a copiar su metodología, sin pagar, como piratas que son, el ‘copyright’ correspondiente. En efecto, de acuerdo a un suplemento del Financial Times (4.6), “Los cambios que se proponen al cálculo de los datos de inflación podrían ‘arruinar’ el mercado ajustable de deuda pública, de 338 mil millones de libras esterlinas, y dejar a los inversores alimentando pérdidas pesadas”. ¿Algún parecido con los ajetreos de nuestras costas? No solamente. “Las propuestas reducirían las obligaciones de la mayoría de los esquemas de pensión privados al erosionar los ingresos por jubilación de sus miembros”. Lo que a Moreno le llevó dos movimientos, fraudar el CER y luego transferir los títulos en pesos a la Anses, los ingleses lo hacen en uno. Pero Moreno es más servicial con los inversores, que en Argentina se desprendieron de los títulos en moneda nacional, en tanto que en Gran Bretaña deberían sufrir el nuevo índice desvalorizado.

La similitud del fraude llama la atención, aunque los ingleses lo ejecutan con menor grosería. En relación a lo primero, el FT informa que “Los cambios que están siendo discutidos pretenden eliminar las causas ‘injustificadas’ de la persistente diferencia entre la inflación medida por el índice de precios minoristas (RPI) y el normalmente inferior índice de costo de vida (IPC), achicando la cuña entre ambos mediante la alteración del cálculo del RPI (…) En los últimos veinte años, el RPI ha promediado 70 puntos básicos por arriba del IPC (…). El IPC autoriza la sustitución por mercaderías más baratas cuando los precios suben”. ¡Moreno típico, al ciento por ciento, y todavía lo presentan como la barbarie versus la civilización! Alan Clarke, un economista del Scotiabank, citado por FT, asegura que esto reducirá el índice de costo de vida en 90 puntos básicos por año si fuera aplicado a todos los bienes y servicios. Exactísimo lo que hace Moreno, centésimo por centésimo. Este resultado, para Clarke, haría las delicias del secretario del Tesoro británico, “porque reduciría la carga de intereses del stock de deuda ajustada a la inflación”.

Aquí tenemos, entonces, la madre del borrego: la quiebra de las finanzas públicas, que acá y acullá fuerza a los estados a operar un defol o cesación de pagos parcial de la deuda pública, pero en especial desvalorizar los ahorros acumulados para la obtención de una jubilación. Es precisamente lo que lleva a un `inversionista´ a amenazar que “la erradicación del diferencial (entre los dos índices) equivaldría a un evento de defol”, lo que en la jerga financiera significa pedir la quiebra del deudor -en este caso el propio Estado.

Los devaneos sobre los índices de precios minoristas en Gran Bretaña demuestran que el Willie Brown, que controla las estadísticas en Argentina, no es para nada un producto criollo, sino un resultado de la cesación de pagos nacional y popular y de la bancarrota del capitalismo mundial. El gran interrogante que emerge de aquí es: ¿por qué dejar que la expropiación de capitales y de ingresos la ejecuten los expropiadores capitalistas o sus lacayos, para salvar un sistema que naufraga, y no que los trabajadores asuman la reorganización de la sociedad sobre bases opuestas a la expropiación del esfuerzo personal?.

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Argentina: Crisis de deuda y emergencia financiera

Héctor Giuliano (CENTRO CULTURAL ALEJANDRO OLMOS)

El agravamiento de la Crisis de Deuda Pública que sufre la Argentina está determinando una serie de medidas de emergencia monetaria, cambiaria y financiera por parte de la administración Kirchner.

Lo que sigue es un intento de comprender la lógica convergente de esta batería de acciones gubernamentales, que - improvisadas o no - están destinadas esencialmente a cumplir a ultranza con los servicios de la Deuda del Estado.

Deuda y finanzas públicas

El Estado tiene tres fuentes básicas de financiamiento que son la Emisión de Dinero, la Recaudación Tributaria y la toma de Deuda Pública; con la importante diferencia que esta última - la Deuda - conlleva el costo de los servicios de Intereses y Capital.

Cuando el peso de estos servicios aumenta en forma extraordinaria sobre el presupuesto nacional, los países deudores - como el caso de la Argentina - pierden la capacidad de repago de sus obligaciones y entonces las deudas entran a ser refinanciadas permanentemente bajo un esquema de Deuda Perpetua.

El país - nuestro país - vive así refinanciando pasivos y además tomando más deuda para cubrir los costos financieros crecientes de la misma.

Pero para ello debe afrontar el pago de mayores servicios por intereses y por renovación de las obligaciones.

La administración Kirchner, desde sus inicios, está embarcada en una política de cumplir escrupulosamente con este esquema de pagos y re-endeudamiento.

Pero hoy la magnitud y gravedad del perfil de vencimientos de Capital e Intereses ha llevado nuevamente al país a una situación de Crisis de Deuda, esto es, a un riesgo cierto de default o incumplimiento de sus compromisos.

Esto es lo que ha determinado que el gobierno - en función de su “vocación pagadora” (1) - haya tenido que apelar a medidas extra-ordinarias en materia financiera.

Se verifica así la regla nefasta que, cuando se agravan las crisis de Deuda no sólo se siguen tomando más deudas sino que, además, se refuerzan las otras dos fuentes de financiamiento público - la emisión monetaria y la recaudación fiscal - para ponerlas también al servicio de la Política de Endeudamiento.

Cuadro de situación

La Argentina afronta actualmente un serio problema en el perfil de vencimientos de su Deuda Pública, que en más del 60 % del total está constituida por obligaciones en moneda extranjera.

Este año los vencimientos de Capital son del orden de los 40.100 MD (2) y está previsto por Presupuesto tomar nuevas deudas por 51.800 MD - producto de refinanciación total de las obligaciones que vencen más asunción de deuda adicional - lo que significa un aumento de 11.700 MD en el stock de la Deuda.

No es cierto que la Argentina se esté “des-endeudando”; por el contrario, el endeudamiento viene creciendo a un ritmo de más de 10.000 MD por año.

En estos importes no están comprendidos los pagos de Intereses de la Deuda, que forman parte del Gasto Corriente del Ejercicio y que representan este año 45.000 M$ (10.200 MD).

Las cifras, en realidad, son peores porque no toda la Deuda Pública por Capital está registrada en las estadísticas oficiales: falta computar la Capitalización de Intereses, la Indexación de Deuda en Pesos ajustada por Inflación y las estimaciones de pago de los Cupones ligados al PBI.

Tampoco están incluidos aquí los vencimientos de deuda correspondientes a Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios, cuyo monto se desconoce pero es relevante: baste decir que según el Presupuesto 2012 este año está autorizado tomar en este ámbito 28.000 MD. Se trata de Deuda Pública Indirecta con aval del Estado.

Igualmente, tampoco se incluyen aquí la Deuda cuasi-fiscal del BCRA (por Lebac/Nobac) ni la Deuda consolidada de Provincias y Municipios. Ni la Deuda Contingente por Juicios contra el Estado externos (CIADI y Holdouts) e internos (ANSES y otros). (3)

En todos los casos, las proyecciones de pago de Intereses de la Deuda y de vencimientos de Capital son fuertemente crecientes en los próximos años.

Deuda pública y modelo K

El denominado Modelo K descansaba en lo concreto sobre un esquema de Superávits gemelos: Fiscal y Externo.

Pero este “modelo” ha terminado: hoy la Argentina tiene Déficit Fiscal y un resultado negativo en su Balanza de Pagos.

El gobierno confunde a la Opinión Pública mostrando un Superávit Primario pero el Resultado Financiero de su gestión es deficitario. En 2011 el Déficit Fiscal fue de 30.700 M$ y en lo que va del corriente año este saldo sigue siendo negativo.

A su vez, la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos fue prácticamente neutra en 2011: sólo 17 MD a favor. Dentro de este resultado pesaron especialmente las Rentas de Inversión por pago de Intereses (Débitos por 5.100 MD y saldo neto de -3.400 MD) y por transferencias de Utilidades/Dividendos (Débitos por 8.600 MD y saldo neto de -7.300 MD), lo que dio así un saldo negativo de 10.800 MD por suma de ambos rubros.

En consecuencia, el resultado positivo de la Balanza Comercial - 13.600 MD en 2011, producto de 84.300 MD de Exportaciones menos 70.700 MD de Importaciones - quedó prácticamente neutralizado por el giro de los Servicios Financieros (los 10.800 MD citados).

Dada la fuerte salida de divisas, el saldo de la Cuenta Capital/Financiera fue negativo de 2.200 MD y la Variación de Reservas Internacionales (RI) en el año resultó de -6.100 MD.

Tal empeoramiento de los números en las cuentas nacionales fiscales y externas frente al aumento de los servicios de Capital e Intereses de la Deuda Pública durante el corriente año fueron determinantes de las medidas de Emergencia Financiera en curso adoptadas por el gobierno Kirchner.

Deuda y política monetaria

Hoy la causa principal de la actual política de emisión de dinero del Banco Central (BCRA) es atender el Gasto Público para el pago de las deudas en pesos del Estado y sostener paralelamente el costo financiero de la esterilización de moneda usada para comprar dólares, dólares que se prestan a la Tesorería para pagar Deuda.

La administración Kirchner está aplicando para ello tres vías de acción simultáneas.

- La primera vía de acción del BCRA es dar préstamos directos en pesos al Ministerio de Economía para cubrir las erogaciones presupuestarias; dinero éste que se origina por emisión de moneda sin respaldo.

Al 30.4.12 el monto de estos Adelantos Transitorios al Gobierno Nacional era de unos 72.500 M$.

La reciente Ley 26.739 modificó el artículo 20 de la Carta Orgánica del BCRA (CO BCRA) para posibilitar la duplicación de este tipo de préstamos de corto plazo al Tesoro.

Se trata de importes que, en la práctica, constituyen una suerte de stock constante para el Banco por concepto de créditos a corto plazo (un año) ya que los mismos se renuevan permanentemente a sus fechas de vencimiento.

- Una segunda vía ha sido despegar la relación cierta entre Reservas y Base Monetaria (BM) para poder utilizar las divisas en su Política de Pagos de la Deuda Externa con Reservas.

La 26.739 modificó la Ley de Convertibilidad 23.928, que establecía el respaldo total de la BM con Reservas Internacionales (RI) y faculta ahora directamente al Directorio del Banco para fijar el nivel de las Reservas excedentes a la cobertura de la BM o Reservas de Libre Disponibilidad (RLD), que se utilizan para pagar Deuda Externa del Tesoro.

El BCRA no ha informado el criterio que usa para determinar los nuevos niveles de RLD ni el monto en valor absoluto fijado para las mismas, de modo que se ignora así el grado de respaldo real con que ha quedado el peso argentino en términos de moneda extranjera (básicamente, en dólares).

Pese a esta seria insuficiencia el Banco sigue girando al Gobierno divisas que están comprendidas en ese cálculo de RLD, aunque - como decimos - dicho cálculo no está explicado en su metodología ni informado en su monto disponible.

De esta manera, la BM ha dejado de tener un respaldo cierto en reservas del BCRA.

El levantamiento de tal restricción Reservas-BM libera legalmente al BCRA de limitaciones para poder aumentar la masa de dinero en la Economía y, a la vez, para aumentar los giros de reservas al Tesoro para pagar Deuda Externa.

Deuda y BCRA

Una tercera vía de acción en materia monetaria, que se deriva de la anterior - el levantamiento de las restricciones de emisión de dinero - y que se le mantiene abierta al Directorio del BCRA, es la facultad discrecional de colocar Deuda Cuasi-Fiscal por Letras y Notas (Lebac/Nobac).

Tal facultad le permite al BCRA tomar este tipo de obligaciones de Corto y muy Mediano Plazo a los fines de absorber o esterilizar el dinero emitido; precisamente dinero que fue impreso para comprar dólares, dólares que pasan a integrar las Reservas y que se usan para ser prestados al Tesoro para pagar Deuda Externa del Estado.

Ergo, las reservas que se prestan al Gobierno para pagar Deuda Externa - préstamos en moneda extranjera contra Letras de la Tesorería a 10 años de plazo - son divisas compradas con Deuda que fue asumida por el BCRA a través de Lebac/Nobac; de modo que este tipo de endeudamiento, en principio, aumenta en función de la compra de reservas internacionales.

O sea, que existe una correlación entre compra de Reservas, aumento de la emisión monetaria y aumento de la Deuda Cuasi-fiscal del BCRA.

Como gran parte de estas reservas - las RLD - se prestan al Gobierno para pagar Deuda Externa, el BCRA se queda entonces con Letras de Tesorería en el Activo (que son Títulos Públicos de dudoso cumplimiento) y simultáneamente con una masa creciente de Deudas por Lebac/Nobac en el Pasivo (que son, en cambio, de cumplimiento cierto y que implican altos costos de intereses).

El stock de la deuda por Lebac/Nobac era de 111.600 M$ al 30.4 - equivalente a unos 25.300 MD - devenga una Tasa de Interés promedio del 13 % anual (14.500 M$ ≡ 3.300 MD por año) y tales obligaciones se renuevan continuamente en forma semanal pactándolas con un grupo acotado de grandes bancos (locales y extranjeros) que operan en la Argentina.

Esta práctica del BCRA mantiene retirada de la circulación una cantidad de dinero equivalente a la mitad de la BM - que al 30.4 era de 222.900 M$ - remunerando a los bancos prestamistas por tales sumas, que dejan de prestarse a la actividad económica productiva del país.

De hecho, sobre una masa monetaria total de 335.000 M$, las 2/3 partes están en la BM y 1/3 está retenido por Lebac/Nobac del Banco Central.

La existencia de este altísimo stock de Letras y Notas del BCRA - que subsidia fondos ociosos de los bancos - determina el elevado “piso” de las Tasas de Interés de plaza y se transmite así al Sistema de Precios a través del Costo Financiero de las Empresas, que es el peor “costo invisible” dentro de la actividad económica y es también el principal factor de Inflación en la Argentina.

Deuda e inflación

Dada la gravedad creciente de la Inflación Argentina el gobierno Kirchner, desde principios de 2007 modificó la metodología del INDEC en relación al Índice de Precios al Consumidor (IPC o Inflación Minorista) y, por extensión, al de sus coeficientes derivados o conexos (como Pobreza/Indigencia y aumento del PBI).

Este procedimiento le permitiría así al gobierno tratar de ocultar el aumento real de los precios y, a la vez, licuar parte de la Deuda Pública en Pesos que se ajusta por Inflación (bonos indexados por CER), que al 30.9.11 (último dato disponible) era equivalente a 37.500 MD.

En la actualidad se estima que la Inflación Real en la Argentina es de un 22 % anual (entre 20 y 25 %) - según Índice de Precios Congreso, estimaciones de Consultoras Privadas y Direcciones Estadísticas de Provincias - mientras que la Inflación Oficial es del orden de un 10 %.

Los mecanismos de indexación de deudas están prohibidos en la Argentina por la Ley 23.928 de Convertibilidad (artículo 10) pero esta restricción no se aplica a los casos de Deuda Financiera en Bonos del Estado.

Sobre un total de Deuda en Pesos Indexada equivalente a 37.500 MD esto significa una actualización anual de 3.800 MD, que es menos de la mitad de la cifra de incremento por año del Capital que correspondería si se tomara la Inflación Real. (4)

El gobierno Kirchner logra de este modo atenuar el impacto de la inflación sobre el valor Capital de los títulos públicos indexados pero hoy en día lo hace con una ambivalencia: que el efecto de licuación beneficia y afecta al propio Estado porque la gran mayoría de este tipo de bonos se encuentra en manos de agencias del Sector Público, de modo que lo que se ahorra la Tesorería lo pierden por lucro cesante las Agencias del Estado tenedoras de esta Deuda (que estaría mayoritariamente en poder de la ANSES).

Deuda y presión tributaria (PT)

La recaudación impositiva y previsional configura también una vía de ingresos adicionales al Erario Público gracias a la Inflación de Precios.

La presión fiscal efectiva es la segunda fuente de financiamiento del Estado que está hoy puesta al servicio de la recaudación de dinero para el Fisco y del refuerzo a los pagos de la Deuda.

Esta presión real se traduce aplicando la carga impositiva sobre montos imponibles que se han venido incrementando por efecto de la inflación a la vez que retrasando la actualización de las desgravaciones correspondientes.

Es el caso de la incidencia generalizada del IVA, del Impuesto al Cheque, del Mínimo no Imponible del Impuesto a las Ganancias, del piso del Impuesto a los Bienes Personales o de la prohibición de Ajustes por Inflación en el Balance de las Empresas.

Sin contar aquí los aumentos directos de bases, tasas o alícuotas tributarias, como es el caso de las Retenciones a las exportaciones agropecuarias o los revalúos de bienes durables que se trasladan a los impuestos inmobiliarios provinciales y a las tasas de servicios municipales.

Porque el aumento de esta presión tributaria es concurrente y potenciada a nivel Nación, Provincias y Municipios; y está determinada en forma directa por la necesidad de sufragar el costo financiero del endeudamiento público generalizado del Estado en todos sus niveles.

Se cumple así la regla que, en los tiempos de Crisis de Deuda, la función de recaudación fiscal asume un papel clave porque deviene necesario aumentar la presión tributaria, nominal y efectiva, para sostener los mayores servicios de la Deuda Pública.

El gobierno puede mostrar así un aumento relevante en su recaudación pero gran parte de ese aumento no es producto de una gestión tributaria normal o genuina sino producto del efecto inflacionario sobre los valores imponibles.

Con la ventaja adicional para el Fisco que su erosión de ingresos por el Efecto Olivera-Tanzi hoy en día se ve disminuida porque existe un menor desfasaje entre el momento de devengamiento y el momento de percepción de los impuestos.

De esta manera, por medio de la Inflación el Estado licua parcialmente sus deudas en pesos mientras mejora comparativamente el valor de sus ingresos tributarios en moneda nacional.

El rol de la deuda intra-Estado

- La tercera vía de financiamiento público es la Deuda, deuda que en este momento no se toma de los Mercados Internacionales de Capitales - salvo los Organismos Multilaterales de Crédito (Banco Mundial, BID y CAF) - sino que se ha venido asumiendo en gran escala con el propio Sector Estatal.

Este procedimiento consiste básicamente en tomar prestado fondos de todos los entes oficiales que dispongan circunstancialmente de excedentes de Caja, de agenciarse créditos provenientes de fondos administrados por el Estado y/o de transferir al Fisco utilidades contables de los organismos públicos

Las principales sumas de estos préstamos provienen del Sistema Previsional - los fondos de los jubilados administrados por la ANSES - y del uso de las Reservas Internacionales del Banco Central (RI BCRA); con la importante aclaración que el Tesoro Nacional no tiene capacidad de repago demostrada para responder a estas obligaciones.

La administración Kirchner exhibe hoy que casi la mitad de la Deuda Pública está contraída con entidades del propio Estado, fundamentalmente - como dijimos - con el Fondo de Garantía del Sistema Jubilatorio de la ANSES y con el BCRA (a través de Adelantos Transitorios en pesos al Gobierno y del préstamo de Reservas Internacionales contra entrega de Letras de Tesorería).

Esta conducta ha llevado actualmente los montos de esta Deuda Intra-Sector Público a niveles muy elevados: más del 50 % de los fondos de la ANSES - que pasan los 200.000 M$ - están prestados al Estado y las deudas contraídas por el Fisco con el BCRA son de 72.500 M$ (≡ 16.400 MD) por concepto de Adelantos Transitorios y de casi 33.000 MD por Títulos Públicos entregados al Banco contra entrega de reservas).

En total, la Tesorería le debe así al BCRA unos 49.300 MD: más que el monto de las Reservas, que es de 47.800 MD, y casi tanto como la BM, que equivale a 50.500 MD.

El uso de este mecanismo de excepción de la Deuda Intra-Estado se ha generalizado por parte del gobierno Kirchner a toda una serie de organismos públicos: Banco Nación, Lotería/Casinos, AFIP, PAMI, Fondos Fiduciarios, etc.

Esto configura un riesgo de “empapelamiento” del Sector Público porque el Estado Argentino no tiene capacidad de pago para cumplir este cúmulo de obligaciones que sigue contrayendo.

En la práctica, los fondos que esas distintas agencias oficiales prestan al Tesoro se usan básicamente para pagar vencimientos de Deuda con Organismos Financieros Internacionales (los citados Banco Mundial, BID y CAF) y especialmente deudas con Acreedores Privados, de modo que el stock total de la deuda pública no disminuye - al contrario, sigue creciendo - pero cambia a la vez su composición o estructura.

Este procedimiento no es neutro desde el punto de vista financiero fiscal porque de esta forma el Estado no sólo altera sus prioridades de Gasto Público sino que se va descapitalizando y/o desfinanciando en su conjunto ya que la mayoría de esos fondos no son propios sino de propiedad ajena (caso de la ANSES) o de asignaciones específicas (como el caso del BCRA y los Fondos Fiduciarios).

El problema es ahora más grave todavía porque el gobierno Kirchner habría llegado ya al tope de su Deuda Intra-Estado y por eso ha forzado su ampliación por medio de la modificación de la Ley de Convertibilidad y la Carta Orgánica del BCRA tanto en materia de Adelantos Transitorios como de préstamos de Reservas.

Deuda y tipo de cambio

El problema de la Deuda Externa se ha venido agravando en los últimos tiempos y repercutiendo en el panorama económico y comercial argentino a través del Tipo de Cambio Real (Tipo de Cambio Nominal menos Inflación Interna).

El ritmo actual de devaluación del Peso (un 10 %) es menos de la mitad de la Inflación Real (estimada entre 20-25 %).

La Inflación carcome el Tipo de Cambio y eso equivale a una apreciación del Peso, por lo que estamos ante el doble problema de Inflación con Retraso Cambiario.

Esta combinación es particularmente perjudicial para las exportaciones nacionales porque reduce la competitividad por precio y afecta a la vez la sustitución de importaciones ya que abarata la compra de productos extranjeros.

Ello incluye el estímulo de otros rubros - entre los que está el turismo hacia el exterior - que se ven subsidiados así por un tipo de cambio barato.

Pero el atraso cambiario tiene una explicación financiera: posibilitar mayores pagos de servicios de la Deuda Externa.

El retraso cambiario mantenido hasta el presente por el gobierno Kirchner es un pre-requisito de los pagos en moneda extranjera porque de esta forma la recaudación fiscal y las tenencias en pesos tienen más valor de cambio para el giro de divisas.

Un Tipo de Cambio Bajo - Dólar barato - facilita el cumplimiento de las obligaciones en moneda extranjera porque aprecia el peso argentino y entonces la recaudación fiscal en moneda local permite comprar con esos fondos más dólares destinados a atender tales compromisos.

Se trata de un caso típico de contraposición de prioridades e intereses entre la Economía Real o Productiva - caso del Agro y la Industria - a la que conviene un tipo de cambio alto y la Economía Financiera ligada a la Deuda Externa, a la que conviene un tipo de cambio bajo, que facilita el aumento de la cantidad y valor de las divisas que se giran al exterior para el cumplimiento de los servicios de la Deuda.

Gracias a esta situación de rezago cambiario el BCRA puede comprar dólares más baratos, que después se usan para el pago de la Deuda Externa del Estado.

El reciente proceso de devaluación del real brasileño habría sido uno de los detonantes que forzó al gobierno argentino a incrementar relativamente el ritmo de sus mini-devaluaciones pero la relación de cambio del peso sigue estando todavía muy por debajo de las necesidades económicas locales.

Por eso, la administración Kirchner se encuentra hoy ante el dilema de mantener un

Tipo de Cambio retrasado, o por lo menos oficialmente frenado, para posibilitar el pago de Deuda Externa o acelerar el ritmo devaluatorio del Peso facilitando el aumento de nuestras exportaciones y la protección del mercado interno frente a las importaciones.

El balance de divisas

La Política de Pago de Deuda Externa con Reservas del BCRA viene determinando no sólo un problema general de retraso cambiario sino también un desequilibrio en el stock de divisas del Banco para atender todas las transferencias al exterior.

El BCRA ha pasado a ser una suerte de abastecedor institucional de moneda extranjera para la Tesorería a los efectos que ésta pueda cubrir los servicios de la Deuda Externa Argentina. (5)

El Banco vive comprando dólares que por un lado ingresan a las Reservas y por otro salen prestados al Gobierno para atender pagos de la Deuda.

Es como usar la “alcancía” del Estado para privilegiar el pago de compromisos a Organismos Financieros Internacionales y, especialmente, Acreedores Privados externos a costa de reponer las divisas que se van gastando.

Como hemos visto más arriba, estas divisas se giran al Tesoro contra entrega de Letras Intransferibles a 10 años que tienen muy improbable cobrabilidad por parte del BCRA.

El Banco, entonces, está forzado a reponer los dólares que salen de sus reservas, dólares que hoy compra a un tipo de cambio comparativamente bajo debido a la oferta de exportadores que liquidan sus ventas y de capitales financieros que ingresan al país para lucrar con el diferencial de tasas de interés locales versus internacionales, aprovechando la relativa estabilidad cambiaria y/o su previsibilidad devaluatoria.

Por otra parte, las operaciones internacionales en moneda extranjera obviamente no están prohibidas, de modo que las mismas continúan realizándose, aunque circunstancialmente no lo hacen en modo normal.

De hecho, el gobierno Kirchner, necesitado de divisas para atender los pagos de Deuda Externa de este año (6) está apelando a todas las vías posibles para procurarse los dólares necesarios para pagar deuda: corralito cambiario (que afecta principalmente al mercado minorista, que no es relevante), trabas burocráticas a las importaciones, freno transitorio al giro de Utilidades/Dividendos, etc.

Tales medidas tienen por objeto asegurar la disponibilidad de una importante suma de divisas necesaria por parte del Gobierno para atender los pagos de Deuda Externa y, a la vez, contener la suba del dólar para que no se dispare el tipo de cambio financiero “oficial”, que es el que se toma como moneda de cuenta.

El desdoblamiento fáctico del Mercado Cambiario, con una brecha que se amplió en los últimos días a un 25-30 % y más entre Tipo de Cambio Oficial y Paralelo, pudiera ser transitorio o tender a nivelarse en la medida que los sectores financiero-bancarios entiendan que una fuerte devaluación - más allá de las operaciones especulativas de coyuntura - no convendría al negocio más importante y permanente del arbitraje entre Tipo de Cambio y Tasas de Interés.

Pero ello corresponde ya al plano de suposiciones que exceden las posibilidades de este análisis. (7)

Lo único que puede decirse en firme a este respecto es que, en el actual contexto monetario, cambiario y financiero - merced a la política oficial del gobierno Kirchner - no es casual que los Bancos sigan siendo el Sector con mayor rentabilidad de la Economía.

Reservas y deuda externa

Hemos visto que los fuertes pagos de servicios derivados del Perfil de Vencimientos de Capital e Intereses de la Deuda Pública en general, y de la Deuda Externa en particular, explican las medidas de emergencia financiera que está adoptando la administración Kirchner para demostrar su “vocación pagadora”.

De hecho, éste es el Gobierno Argentino que más pagos ha venido efectuando sobre la Deuda del Estado y uno de los que está usando más recursos extraordinarios para mantener el cumplimiento de sus compromisos externos, independientemente de todos los altibajos de relación con los acreedores (caso Holdouts, Club de París, CIADI y otros).

Pero, por sobre todas las cosas, es quizás el Gobierno que más lapidariamente ha dado por concluida toda investigación y/o revisión de la Ilegitimidad de la Deuda Pública que se viene arrastrando desde la época del Proceso Militar y a través de todos los gobiernos democráticos sucesores (excepto la efímera presidencia del Dr. Rodríguez Saá).

La presidenta Cristina Kirchner fue contundente en su discurso del 4.3.10 y conexos acerca de la aceptación del sistema de la Deuda, de su no cuestionamiento y de su voluntad de cumplir al ultranza con los compromisos derivados de la misma.

El problema es que los pagos que se vienen efectuando y los vencimientos crecientes de servicios de esta Deuda están comprometiendo seriamente su gestión de Gobierno y el manejo consecuente de las Finanzas Públicas.

Y el empecinamiento en mantener esta posición no soluciona la Crisis de Deuda.

Hoy los tres ejes principales de la política de la administración Kirchner parecen ser:

1. El uso de la Deuda Intra-Estado como forma de traspaso o rescate de pasivos con terceros a costa de “empapelar” al propio Estado con títulos sin capacidad de repago.

2. La utilización de Reservas Internacionales del BCRA - a través del denominado Fondo Argentino de Desendeudamiento - para el pago a Organismos Financieros Internacionales y Acreedores Privados.

3. El re-armado de una estrategia de vuelta a los Mercados Internacionales de Capitales - después del fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 - a los fines de volver a endeudarse.

Serían, en el fondo, los lineamientos vigentes y previsibles de una política económico-financiera que viene poniendo todas sus herramientas posibles de gobierno en función del sistema de la Deuda Pública.

Notas:
1) La acertada expresión “pasión” o “vocación pagadora” es del Dr. Salvador María Lozada.
2) Las siglas MD/M$ significan Millones de Dólares/Pesos respectivamente. En todos los casos las cifras están mostradas con redondeo, por lo que puede haber mínimas diferencias entre totales y sumatoria de importes parciales.
3) Aquí debe agregarse la incidencia de la Deuda Externa Privada, que pesa también sobre la demanda de dólares. Al 30.9.11 – última información disponible del BCRA – el stock de esta deuda era de 66.100 MD (el 94 % corresponde a Empresas y el 6 % a Bancos); y su vida promedio es de sólo 1.6 años. Estas cifras corresponden a Deuda Financiera, no Económica ni comercial.
4) Estos importes – lo mismo que la Capitalización de Intereses y los Cupones ligados al PBI – el Ministerio de Economía no los computa en el stock de Deuda Pública. Es, como se mencionó al comienzo del artículo, Deuda no Registrada.
5) El análisis de los Balances del BCRA demuestra que no existen verdaderas RLD. Al 30.4.12 las Reservas Internacionales eran de 47.800 MD pero si a ellas le restamos los Depósitos en Moneda Extranjera por 6.900 MD, la deuda por Lebac/Nobac por 25.300 y Otros Pasivos (la gran mayoría, préstamos de divisas de otros Bancos Centrales) por 4.500 MD, tendríamos que las Reservas Netas quedarían reducidas a 11.000 MD; sin contar el respaldo de la BM (50.500 MD). Quien desee profundizar este tema del BCRA puede consultar los Informes mensuales del Dr. Carlos Ragonesi, de la Fundación Buenos Aires XXI, en el sitio Web http://www.buenosaires-xxi.org/
6) Se estima que el Gobierno necesita por lo menos unos 8 a 9.000 MD para cubrir los compromisos faltantes en moneda extranjera este año, correspondiendo los principales vencimientos al Boden 2012 – por unos 2.500 MD – en Agosto y entre 3.000 y 6.000 MD a fin de año por Cupones vinculados al PBI. Javier Llorens, de Córdoba, precisa que el monto de estas Unidades Ligadas al Producto (ULPBI) que vencen en Diciembre próximo, sumando el 5 % que se paga a los tenedores de bonos y el 5 % comprometido de recompras, llegaría a unos 10.300 MD.
7) Entre las distintas explicaciones concretas, en lo inmediato, uno de los disparadores ciertos del actual problema cambiario argentino – como se viene observando y como ya ha sido dicho en este trabajo – sería la devaluación en curso del Real brasileño así como, en menor medida, la revaluación del Dólar contra el Euro.

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Frente a la agonía del sistema capitalista: Francois Houtart, “La utopía es más necesaria que nunca”

Carlos Saglul (ACTA)

François Houtart, sociólogo belga ligado al movimiento de la Teología de la Liberación y activista altermundista (Movimiento Otro Mundo es Posible) reconocido a nivel internacional, visitó la Argentina y entre otras actividades brindó una conferencia en el marco del programa destinado a la formación de cuadros de la Central de Trabajadores de la Argentina en el Hotel de la Asociación de Trabajadores del Estado, ubicado en Defensa al 1.400.

El ex sacerdote católico y sociólogo marxista belga, fundador del Centro Tricontinental de la Universidad de Lovaina reflexionó sobre los alcances de la crisis capitalista, y expuso propuestas de alternativas y soluciones, dejando en claro que no se trata de rehabilitar al sistema sino de transformarlo radicalmente. “La utopía es más necesaria que nunca”, añadió. Su eje debe ser la defensa de la vida, hoy amenazada por la ideología de la maximización de la ganancia aún en tiempos de la crisis terminal del sistema capitalista.

Estaban presentes en la conferencia, entre otros, el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina, Pablo Micheli, los integrantes de la Mesa Nacional, Daniel Jorajuría (Gremial) Juan Carlos Giuliani (Relaciones Institucionales), Fernando Acosta (Interior), Horacio Fernández (Contabilidad y Finanzas), Jorge Cardelli (Formación y Capacitación), Carlos Ferreres (Discapacidad) junto a numerosos dirigentes de sindicatos nacionales y provinciales y secretarios generales de las provincias.

Para Houtart vivimos en una profunda crisis de la civilización occidental moderna, nacida de la expoliación del denominado “nuevo mundo” al amparo del genocidio y del pensamiento eurocéntrico que posibilitó el desarrollo del capitalismo mercantilista en un primer momento e industrial-extractivista y financiero-informacional, más tarde.

El pensador divide la crisis actual en varias dimensiones. La alimentaria, signada por el aumento en los precios de los productos agrícolas en los últimos años, y los movimientos de capitales especulativos hacia este sector de la economía mundial.

Houtart señaló además que la crisis energética, al ritmo de crecimiento de los niveles de consumo actuales, provocará el agotamiento de fuentes energéticas fósiles y minerales en un período de 50 años. Esto incrementa los proyectos de explotación de la agro-energía y la crisis del cambio climático, uno de cuyos efectos es la migración de grandes sectores de población hacia las zonas centrales, multiplicando la pobreza. “Sólo en los próximos cincuenta años 60 millones de campesinos dejarán sus tierras y migrarán a las ciudades”, ejemplificó.

Puso enfásis en la crisis de hegemonía –política y económica- de los Estados Unidos, la potencia otrora dominante, que ahora afirma sus espacios de dominación a partir del despliegue de su fuerza militar: las invasiones y golpes de Estado en Medio Oriente o la instalación de bases militares en zonas geopolíticas y geoeconómicas estratégicas en América Latina, una de las principales “reservas” de recursos naturales del planeta. En este sentido recordó que ya son 700 las bases estadounidenses instaladas en todo el mundo y que desde el fin de la Guerra Fría, lejos de reducir sus gastos en armas, la potencia del Norte ha ido aumentándolas en su rol de policía del planeta.

"En el origen de esta crisis -reflexionó- subyace la lógica de acumulación del capitalismo, que ignora deliberadamente las consecuencias de sus actos y nos pone frente a la ’crisis civilizacional actual’. Toda lectura de esta etapa del desarrollo capitalista no puede quedarse en la estrecha interpretación que intenta caracterizarla solamente en su perspectiva financiera", subrayó.

Houtart propone como urgente el replanteo profundo de los paradigmas dominantes de la civilización moderna, en particular, del modelo de desarrollo neoliberal, que hoy amenaza la supervivencia de la Humanidad. El “otro mundo posible” que plantea requiere revertir la ideología de dominación de la naturaleza, inseparable de la historia del colonialismo y el capitalismo, para forjar, en su lugar, una relación basada en el respeto y la conciencia de los vínculos profundos que existen entre el medio ambiente y el ser humano.

"La economía debe ser redefinida como una actividad necesaria para reproducir la vida cultural y espiritual y al tiempo, terminar con el dogma capitalista que coloca el valor de cambio por encima del uso de las cosas", dice. El intelectual cree que nada de esto es posible sin la democratización social y política, a todo nivel: desde las relaciones humanas más básicas, hasta las instituciones políticas estatales y los organismos internacionales. Subrayó la necesidad de "una sociedad con oportunidades para todas las culturas, todas las religiones, todas las filosofías y los saberes”.

Para llevar a buen puerto esta propuesta necesita de un análisis y una acción común de las fuerzas sociales empeñadas en el cambio y el bien común. Houtart cree que más que nunca la utopía es necesaria, que el mundo nuevo está al final de un largo camino que puede ser doloroso, difícil, pero que es necesario enfrentarlo sin refugiarse en el olvido y la desmemoria.

Insistió en el poderío militar de los Estados Unidos y resaltó que la relación de fuerzas no está a favor de quienes luchan por alternativas a la hecatombe final que plantea la agonía capitalista. Para el intelectual marxista el corazón de esa utopía necesaria no es sino una nueva ética basada en el respeto por la vida, en lugar de la voracidad de lucro que caracteriza al “reino del libre Mercado”.

Al cerrar la jornada de formación, el secretario general de la CTA, Pablo Micheli, agradeció la presencia y las enseñanzas de François y resaltó no sólo su compromiso con el conocimiento sino también con la práctica: "François ha sido invitado por Frai Betto a la Cumbre de los Pueblos y también a Corea por su Central de Trabajadores. Nosotros tenemos un papel muy importante porque hemos decidido asumir la conducción de una Central de masas por eso las jornadas de formación son fundamentales y ésta ha sido un lujo". Micheli finalizó retomando palabras de Rosa Luxemburgo: "No hay revolución sin teoría".

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Argentina, Rosario: Del paro del 8 de junio y otros temas educativos...

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

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Con Daniela Vergara, docente y Delegada Adjunta de AMSAFE Rosario, conversamos sobre la huelga del pasado 8 de junio de la CTA no kirchnerista en Rosario, la respuesta del gobierno socialista de Santa Fe de descontar el día de paro a los docentes, la reforma pedagógica de nivel medio que sigue el curso oficialista y una violencia social que se mete en las escuelas sin pedir permiso ni nada.


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Argentina. Puerto General San Martín: La degradación de la democracia

Alcira Argumedo

Si para muestra basta un botón, la experiencia vivida por un grupo de vecinos de esta localidad del Gran Rosario, permite dar cuenta de algunos rasgos que se reiteran entre dirigentes y funcionarios del pejotismo; esa farsa degradada del que fuera el movimiento de masas más importante de la historia argentina en el siglo XX.

El intendente Carlos De Grandis reina en Puerto General San Martín desde el 2001, contando con un importante respaldo electoral; supuestamente un legítimo apoyo popular. No obstante, algunos indicios surgidos en las elecciones del 2011 imponen ciertas sospechas sobre la transparencia de los comicios, en especial en lo relativo a la composición de los padrones y a la eventual existencia de DNI mellizos o trillizos, que permitirían incrementar el consenso hacia los oficialismos, tanto allí como en otros distritos del país. El primer llamado de atención fue el error cometido por uno de los votantes: entregó su DNI con dirección en Gualeguaychú, Entre Ríos. Cuando un fiscal le señaló el problema, sólo dijo “disculpe, me equivoqué” e inmediatamente sacó otro DNI con la dirección correspondiente a Puerto. Es sabido que en los meses previos a las últimas elecciones, el gobierno brindó especiales facilidades para la obtención de ese documento, recorriendo el país con camiones adaptados a la tarea, para brindar a los ciudadanos la posibilidad de emitir su voto: todo indicaría que, con generoso entusiasmo, a una buena cantidad de ciudadanos le entregaron más de uno.

Advertidos por ese error, el grupo de vecinos decidió investigar los padrones -que habían crecido sensiblemente en los últimos años- combinando los femeninos y los masculinos en un solo padrón ordenado por direcciones. El resultado fue sorprendente: por ejemplo, en la vivienda de la calle Nerbutti 985 -no es un convento ni un internado, sino una casa común- supuestamente conviven 60 votantes; en las direcciones América 1803 ó Tucumán 130 residen 23 votantes en cada una; en Belgrano s/n había 30; en Reconquista 370 viven 19; en Córdoba 100bis otros 21. Sin descartar la eventualidad de que sea una pequeña ciudad de familias numerosas, las cifras indican que algo raro pasa: 769 domicilios tenían entre 5 y 9 votantes; en 102 domicilios había 10 o más; en 12 direcciones figuraban 20 o más; en 3 de ellas la cifra sube a 40 empadronados; en 2 alcanzan a 50; y en otros 2 llegan a los60. A esto se agregan direcciones donde en principio residen varios ciudadanos; pero corresponden a la Iglesia, al Centro Cultural Municipal, a la Cooperativa de Agua Potable o simplemente a plazas y terrenos baldíos, además de calles pertenecientes a la ciudad vecina de San Lorenzo. En total, sobre un padrón de 12.220 personas, se estimó que unas 2.675 -equivalentes al 22% de ese padrón- son de dudosa pertenencia al distrito de Puerto General San Martín: contar con un piso propio del 22% de los electores, es sin duda una ventaja para obtener sucesivas reelecciones; pero se plantea la posibilidad de un fraude escandaloso y la pregunta acerca de si estamos ante un caso único en la Argentina o se reitera en otros distritos donde la escala de los padrones hace más difícil la detección de los votantes truchos. Las denuncias presentadas con las pruebas correspondientes ante el Tribunal Electoral de Santa Fe, aún no han tenido respuesta.

Por su parte, contando con ese peculiar apoyo popular masivo, en el 2003 el intendente permitió reabrir una fábrica de pigmentos para pinturas -American Color, del Grupo Delta- ubicada en el ejido urbano, a tres cuadras de la plaza principal y del edificio de la Intendencia, que la empresa anterior había cerrado por quiebra en 1997: entre otros insumos, para la producción se utiliza plomo, ácido sulfúrico, soda cáustica y cromo, cuyo poder contaminante del aire, del agua del río y del suelo, ha sido suficientemente comprobado. En los años transcurridos desde la reapertura de la fábrica hasta la actualidad, la situación se fue agravando dramáticamente: la calle Sarmiento, que es una bajada a la playa, debería clausurarse porque la fábrica del Grupo Delta ha contaminado las aguas con ácido sulfúrico, mientras la empresa agroexportadora Bunge aporta lo suyo en el mismo lugar con polvillo contaminado con agrotóxicos por el tratamiento de la soja y los cereales, que cae sobre la ciudad. Todo ello, sin contar los dos millones y medio de camiones que llegan al puerto cada año y son fumigados con pastillas de fosfina -fosfuro de aluminio- para matar las plagas; luego de utilizadas, los restos de las pastillas se tiran al costado de la ruta o de las calles: a causa de intoxicación, ya murieron diez camioneros y en la ciudad se han detectado numerosos casos de cáncer, incluso en chicos de 5 a 9 años. En esta localidad se encuentran además empresas de Biodiesel que arrojan sus desechos al río o corporaciones como DOW Química, responsable del desastre de Bophal -India- donde murieron más de 20.000 personas por un escape de gas tóxico; a lo cual se agrega un incinerador de residuos peligrosos de la empresa Pelco, que despide al aire dioxinas y toxinas cancerígenas. Esta irresponsable permisividad ha convertido a Puerto General San Martín en una Zona de Sacrificio, donde gobernantes y empresarios cuyas acciones rozan la criminalidad, han decidido lucrar a costa de la salud de sus habitantes.

Ante esa situación desesperante, la agrupación Vecinos Autoconvocados por la Vida comienza a reclamar el cierre de la fábrica de pinturas -proponiendo incluso una reubicación de sus 30 ó 40 trabajadores- y un control más estricto del comportamiento impune de las empresas cerealeras y mineras que exportan sus productos desde ese puerto: la lucha de los Vecinos Autoconvocados se centra en informar a los habitantes de la gravedad de los problemas, mediante pasacalles y alguna pintada. La respuesta del demócrata Carlos De Grandis fue contundente: Daniel Núñez, uno de los integrantes de la agrupación, es empleado de la Municipalidad y, como castigo ejemplar, recibió una suspensión de 90 días hábiles bajo acusación de haber deteriorado paredes con pintadas. De este modo, esa ciudad de unos 15.000 habitantes concentra como un doloroso paradigma un conjunto de males que azotan al pueblo argentino: fraudes electorales; corrupción de funcionarios y negocios espurios; impunidad de las corporaciones; muertes y enfermedades por contaminación irresponsable; castigo y criminalización de la protesta social; silencio de la prensa cómplice. Pero también Puerto General San Martín es un paradigma de ese “subsuelo de la Patria” que defiende su dignidad y su derecho a una vida digna: porque no los han vencido y con su conducta demuestran una vez más la existencia de un potencial humano capaz de construir un proyecto nacional basado en valores muy diferentes.

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Argentina: Boletín de CORREPI

El secretario Martín Fresneda y el engaño de los “derechos humanos concretos” / Apoyo de Bonfatti a la criminalidad policial / Magallanes: Derrotado con organización y lucha / Dos derrotas para la criminalización de la protesta / Fernando Carrera, otro ejemplo de causas armadas.

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El secretario Martín Fresneda y el engaño de los “derechos humanos concretos”

En su reciente visita al Congreso, el flamante secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, sostuvo que “los derechos humanos deben ser una herramienta de transformación y favorecer a los sectores más vulnerables”. El diario Página/12 señaló que Fresneda, coincidió con los objetivos que se trazó la comisión que preside Remo Carlotto en la Cámara baja. Según el diario oficialista, estos objetivos serían “erradicar la ‘violencia institucional’ y poner fin a los ‘castigos’ que aplican a detenidos las fuerzas penitenciarias y de seguridad, adecuar las legislaciones provinciales a los estándares internacionales sobre la materia y lograr consenso social para avanzar en la construcción de nuevas herramientas que resguarden los derechos humanos”.

No está de más recordar Remo Carlotto, entonces secretario de DDHH provincial, fue el que dio la orden al Servicio Penitenciario Bonaerense para que no dejaran entrar a los abogados de CORREPI a ver a los presos de la marcha contra Bush, que estaban en Batán la noche del 5 de noviembre de 2005, con el argumento de "ya están acá los de DDHH".

Por otra parte, no es una cuestión de jurisdicciones provinciales, como si a nivel federal el respeto de los derechos humanos fuera una constante. Más bien todo lo contrario. Desde 2003 hasta la fecha, este es el gobierno con más casos de gatillo fácil y muertes en centros de detención desde la vuelta de la democracia. Desde 2003 hasta la fecha, 17 personas fueron asesinadas en el marco de la protesta social; se encarceló a más de un centenar de luchadores y se criminalizó a miles de ellos, mediante el armado de causas penales, algunas con figuras penales gravísimas, utilizando las tareas de inteligencia que realizaron sobre las organizaciones populares, como las del Proyecto X.

Además, pese a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bulacio” en 2003, el gobierno nacional mantiene la legislación que autoriza las detenciones arbitrarias. Tanto es así que en 2010, en las últimas “Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de la ONU” sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la Argentina, el Comité manifestó su preocupación “por la subsistencia de normas que otorgan facultades a la policía para detener personas, incluidos menores, sin orden judicial anterior ni control judicial posterior y fuera de los supuestos de flagrancia, por el único motivo formal de averiguar su identidad, en contravención, entre otros, del principio de presunción de inocencia.”

Sin embargo, insistiendo en su discurso progresista, el secretario Fresneda dijo: “Queremos convertir los derechos humanos en hechos concretos”, para lo cual, el primer hecho concreto sería renombrar la estación de tren de Avellaneda, que se pasará a llamar Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Una medida simbólica, para obtener legitimación, que no convierte a los derechos humanos en hechos concretos. Máxime cuando varios de los responsables del asesinato de Maxi y Darío, como el senador Aníbal Fernández, son miembros fundamentales del gobierno que integra Fresneda.

Esta es la tarea de estos progresistas, inculcar a las masas la falsa idea de que en una sociedad dividida en clases, como la capitalista, donde existen una mayoría de pobres y una pequeña minoría de ricos, cuya riqueza es custodiada por un estado armado hasta los dientes, los derechos humanos pueden convertirse en hechos concretos. Apoyo de Bonfatti a la criminalidad policial

En la semana que pasó, desde la gobernación de Santa Fe, Antonio Bonfatti decidió echar al ministro de Seguridad de la provincia, Leandro Corti. Santa Fe, una de las provincias más pobladas del país, está siendo bombardeada por el discurso de la “inseguridad”, mostrando en sus estadísticas que es un distrito con elevado índice de homicidios y robos. Y el costo político de esta situación se lo hicieron pagar al ex ministro. Los medios hablan de un asesinado por día por la “inseguridad”. De lo que nadie habla, es de las grandes cifras de pobreza y marginalidad que posee la provincia y de cómo la policía y las fuerzas de seguridad utilizan este terreno fértil para manejar impunemente el negocio de las drogas, los robos y la trata de personas.

Santa Fe tiene históricamente uno de los mayores índices de criminalidad policial, superando a la ciudad y provincia de Buenos Aires, a Córdoba y Mendoza en relación a la cantidad de habitantes. Ejemplo reciente de esto es el renombrado caso del asesinato de los tres militantes del Frente Darío Santillán por la disputa por un negocio en uno de los barrios más humildes de Rosario, entre los transas y la comisaría del lugar. Este hecho puso en el tapete la criminalidad policial que existe corrientemente.

En esta circunstancia, Corti hizo un intento por despegarse del asunto involucrando a la policía con los negocios del narcotráfico (dato que para nadie es una novedad). Pero, para esta denuncia, no contó con el apoyo del gobierno provincial que se la hizo pagar echándolo del cargo y responsabilizándolo de la situación. Así dirimen sus internas y cuidan sus negocios. Evidentemente, el gobierno de la provincia dice que intenta “combatir el delito” con más policía y fuerzas de seguridad en las calles y no está dispuesto a que esta salida sea cuestionada.

Es importante reiterar que Santa Fe, además de encabezar el ranking en materia de asesinatos por el gatillo fácil y tortura en cárceles y comisarías, sostiene un aparato represivo que utiliza a diario las detenciones arbitrarias para amedrentar en las barriadas más pobres en el ámbito urbano, y que asola el medio rural con su versión criolla de los “rangers”, los célebres Pumas que gerencian el abigeato (robo de ganado). Ni hablar de las pistas “clandestinas” (todos saben dónde están) para el narcotráfico y el contrabando en general, o los enormes negociados policiales con los vales de nafta, las horas adicionales y otros escándalos que cada tanto aparecen, se llevan una o dos cabezas, y sigue.

Nosotros sabemos que “inseguridad” es más policía en la calle. Y que los gobiernos, tarde o temprano, más progres o más de derecha, despliegan todas sus fuerzas para su seguridad y no para la del pueblo.

Apoyo de Bonfatti a la criminalidad policial

En la semana que pasó, desde la gobernación de Santa Fe, Antonio Bonfatti decidió echar al ministro de Seguridad de la provincia, Leandro Corti. Santa Fe, una de las provincias más pobladas del país, está siendo bombardeada por el discurso de la “inseguridad”, mostrando en sus estadísticas que es un distrito con elevado índice de homicidios y robos. Y el costo político de esta situación se lo hicieron pagar al ex ministro. Los medios hablan de un asesinado por día por la “inseguridad”. De lo que nadie habla, es de las grandes cifras de pobreza y marginalidad que posee la provincia y de cómo la policía y las fuerzas de seguridad utilizan este terreno fértil para manejar impunemente el negocio de las drogas, los robos y la trata de personas.

Santa Fe tiene históricamente uno de los mayores índices de criminalidad policial, superando a la ciudad y provincia de Buenos Aires, a Córdoba y Mendoza en relación a la cantidad de habitantes. Ejemplo reciente de esto es el renombrado caso del asesinato de los tres militantes del Frente Darío Santillán por la disputa por un negocio en uno de los barrios más humildes de Rosario, entre los transas y la comisaría del lugar. Este hecho puso en el tapete la criminalidad policial que existe corrientemente.

En esta circunstancia, Corti hizo un intento por despegarse del asunto involucrando a la policía con los negocios del narcotráfico (dato que para nadie es una novedad). Pero, para esta denuncia, no contó con el apoyo del gobierno provincial que se la hizo pagar echándolo del cargo y responsabilizándolo de la situación. Así dirimen sus internas y cuidan sus negocios. Evidentemente, el gobierno de la provincia dice que intenta “combatir el delito” con más policía y fuerzas de seguridad en las calles y no está dispuesto a que esta salida sea cuestionada.

Es importante reiterar que Santa Fe, además de encabezar el ranking en materia de asesinatos por el gatillo fácil y tortura en cárceles y comisarías, sostiene un aparato represivo que utiliza a diario las detenciones arbitrarias para amedrentar en las barriadas más pobres en el ámbito urbano, y que asola el medio rural con su versión criolla de los “rangers”, los célebres Pumas que gerencian el abigeato (robo de ganado). Ni hablar de las pistas “clandestinas” (todos saben dónde están) para el narcotráfico y el contrabando en general, o los enormes negociados policiales con los vales de nafta, las horas adicionales y otros escándalos que cada tanto aparecen, se llevan una o dos cabezas, y sigue.

Nosotros sabemos que “inseguridad” es más policía en la calle. Y que los gobiernos, tarde o temprano, más progres o más de derecha, despliegan todas sus fuerzas para su seguridad y no para la del pueblo.

Magallanes: Derrotado con organización y lucha

Raúl Magallanes, el policía de la dictadura que, de la mano del kirchnerismo, pretendía asumir como Consejero Escolar en Lomas de Zamora, fue nuevamente derrotado por los Trabajadores de ATE SUR, organizados solidariamente con un conjunto importante de compañeros y otras organizaciones.

Impedido de asumir el cargo por la movilización y el repudio de los trabajadores, luchadores y organizaciones sociales y políticas, promovió una querella contra cinco compañeros de ATE SUR, pretendiendo convertir la denuncia pública por su directa implicancia en actividades represivas del estado entre 1973 y 2003 en “difamación”.

Los compañeros de ATE SUR, con la defensa y el asesoramiento -entre otras organizaciones- de CORREPI, y en el contexto del llamado ESPACIO MAGALLANES, demostraron la precariedad de la querella y la veracidad de la denuncia originaria, con lo que el juzgado correccional no tuvo otra opción que rechazar el planteo del policía represor, devenido en frustrado candidato kirchnerista.

El caso revela la inconsistencia de la llamada "política de DDHH" del gobierno, toda vez que, de la mano de ese sector del peronismo, alguien vinculado a la represión pudo reciclarse como funcionario de la llamada democracia.

Revela también el valor que cobran las conductas de los trabajadores y organizaciones sociales y de DDHH cuando se asumen como independientes del estado, sus gobiernos y partidos afines.

El caso además, reivindica el aporte de quienes, a través de la movilización y la lucha organizada, frenan esta nueva afrenta a la memoria y continúan la lucha de los compañeros víctimas de los aparatos represivos del estado.

Y por la naturaleza de la defensa invocada, destaca el necesario aprovechamiento de los recursos técnicos, puestos al servicio de los intereses de la clase que generalmente recibe en tribunales los mandobles de la selectividad penal, cuando no, la criminalización de su protesta.

Magallanes, el policía de la dictadura devenido en candidato kirchnerista, volvió a perder, y con él, el uniforme del estado en cualquiera de sus versiones. Le ganaron los trabajadores organizados en el "ESPACIO", el mismo que entendió que había que defenderse, también, con todos los recursos técnicos y procesales, pero priorizando la movilización y denuncia pública. Es que defenderse en tribunales es importante, pero con la organización, la movilización y la lucha, ganar, se gana en la calle.

Dos derrotas para la criminalización de la protesta

Esta semana, dos causas penales contra trabajadores antiburocráticos, en un sector clave como el transporte público de pasajeros, terminaron con la derrota de la política oficial de criminalizar la protesta.

Por una parte, La Cámara Federal de La Plata sobreseyó a cuatro acusados de cortar las vías del ferrocarril Roca cuando reclamaban la incorporación de tercerizados y una recomposición salarial. La causa se inició por una denuncia del entonces Secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, y directivos de UGOFE, después de que, el 23 de diciembre de 2010, los trabajadores se manifestaran junto a las vías en del ferrocarril Roca en Avellaneda, reclamando al ministerio de Trabajo y a UGOFE la reincorporación de ex empleados, el pase a planta permanente de trabajadores tercerizados y del área de limpieza y una recomposición de salarios.

Por orden del juez federal de Quilmes Luis Armella, fueron inmediatamente detenidos los trabajadores Omar Merino y Darío Hospital, y se libró orden de captura contra Miguel Morales, de la agrupación Causa Ferroviaria como los anteriores, y el dirigente del Polo Obrero Eduardo “Chiquito” Belliboni. Las “pruebas” en su contra se redujeron a las declaraciones de los policías de la División Roca que los señalaron, los mismos que, a partir del testimonio de esos compañeros, entre otros, irán a juicio por el asesinato del compañero Mariano Ferreyra el próximo 6 de agosto.

La fuerza de la movilización acompañó el reclamo por la libertad de los compañeros Merino y Hospital, que llegaron a la Plaza de Mayo en el marco de una multitudinaria marcha. Pronto, los compañeros de APEL lograron la eximición de prisión de Belliboni y Morales, pero con igual rapidez el juez federal, siempre apoyado en el testimonio de policías y funcionarios de UGOFE, dictó su procesamiento por el corte, agregando el delito de “extorsión”.

Esta semana, la cámara federal de La Plata debió reconocer que toda la causa contra los compañeros se encuadraba en la serie de protestas y reclamos que los ferroviarios venían haciendo, incluendo la marcha en la que fue asesinado el militante del PO Mariano Ferreyra, en octubre de 2010, y la posterior por la que aún están procesados, pronunciamiento apelado ante esa misma cámara, un conjunto de vendedores ambulantes del Roca y militantes de la TPR, defendidos por CORREPI.

“Podemos afirmar que nos encontramos ante una protesta de personas, que acudieron a medios de fuerte repercusión para atraer la atención pública sobre sus legitimas demandas”, tuvieron que decir los jueces Leopoldo Schiffrin, César Alvarez y Olga Calitri. Y concluyeron que los compañeros, como sostuvo su defensa, no cometieron delito alguno.

Casi simultáneamente, y acompañados también por una gran movilización, fueron absueltos los compañeros Néstor Marcolín y Yuren Pérez Cardona, trabajadores de la línea 60, acusados por el delito de "amenazas" por haber exigido a un encargado que deje sin efecto una arbitraria e ilegal suspensión contra un trabajador.

En su caso, no fue la justicia federal, sino la de la ciudad de Buenos Aires la que se ocupó de defender los intereses de la empresa DOTA, que viene queriendo imponer condiciones laborales que violan el Convenio Colectivo de Trabajo y las leyes laborales. La defensa técnica, asumida por compañeros de CADEP, logró su absolución en el juicio oral al que fueron sometidos.

Dos triunfos a los que llegamos a fuerza de organización y lucha, que deben reiterarse en la defensa de cada compañero represaliado por luchar.

Fernando Carrera, otro ejemplo de causas armadas

El 25 de enero de 2005, el barrio de Pompeya fue escenario de un hecho trágico, y del inicio de una injusticia que, por 7 años, sirvió para tapar una realidad cotidiana: que la policía tiene luz verde para disparar a cualquiera en cualquier momento, armar causas y hacer lo que le plazca con la vida de los que caen en sus manos.

Fernando Carrera fue excarcelado el miércoles pasado, luego de estar 7 años y 5 meses preso por lo que los medios denominaron “La masacre de Pompeya”. Es que ese día, perdieron la vida dos mujeres y un niño de 6 años. Ese día, la comisaría 34ª recibió dos denuncias por robos cometidos con un auto parecido al de Fernando. Él iba conduciendo, cuando en la esquina de Sáenz y Centenera vio que, de un Peugeot negro sin identificar, lo apuntaban con un arma. Trató de escapar, creído que era un robo. En el Peugeot iban policías de la comisaría 34ª, quienes dispararon 18 veces sobre el auto de Carreras. Ocho proyectiles lo atravesaron, incluyendo balas de punta hueca calibre 11.25 y 9mm, lo que hizo que perdiera el conocimiento y el control del vehículo, desembocando en el trágico final.

Los policías, ni lerdos ni perezosos, al ver que se habían equivocado de auto, le plantaron un arma (perro) y recurrieron a testigos falsos, como Rubén Maugeri, presidente de la Asociación de Amigos de la Comisaría 34ª, para armar la causa que resultó en la condena a 30 años de prisión. Cualquier parecido con la Masacre de Wilde de la bonaerense, no es mera casualidad.

Fernando fue torturado para que “se hiciera cargo” de los robos y las muertes, y, a pesar de que era evidente el armado de la causa, fue condenado a 30 años de prisión. La denuncia y la repercusión pública del caso a través de la película “El Rati Horror Show” finalmente forzó a la Corte Suprema a anular su condena, y a ordenar a la Cámara de Casación a dictar un nuevo pronunciamiento, lo que permitió la excarcelación de Fernando Carrera.

No podemos dejar de mencionar a los medios de comunicación, que siempre dan por cierta la versión policial de los hechos. En este caso se lucieron particularmente, a tal punto que, ese día, faltó poco para que a Fernando lo lincharan en plena calle.

Un caso que demuestra lo eficiente que son la policía y los jueces en materia de control social: la policía armas causas, la justicia sentencia, y, si no hay movilización y denuncia, nadie duda de la causa armada.

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Argentina: Los Testigos de Jehová ante la ley

Martín Lozada (RIO NEGRO ON LINE)

Días atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció ante el caso de una persona perteneciente al culto de los Testigos de Jehová, para entonces internado y urgido de contar con una transfusión sanguínea. Si bien el paciente se hallaba inconsciente, en el año 2008, ante escribano público, había dejado constancia de su voluntad contraria a la realización de esa práctica médica a su respecto.

Por un lado, su padre accionó judicialmente para que se autorizase a los médicos a efectuar dicha transfusión. Por el otro, su cónyuge solicitó que se respetase la decisión de su marido. La Corte, por su parte, entendió que no existían pruebas claras y convincentes de que el paciente al momento de expresar dicha voluntad no hubiere considerado la trascendencia y las consecuencias de su decisión.

Tampoco advirtió que esa voluntad estuviera viciada por presiones de terceros o de que la opción efectuada hubiera sido adoptada con otra intención que la de profesar el culto. Sostuvo, por lo tanto, que correspondía examinar si la decisión adoptada por Pablo Jorge Albarracini Ottonelli se encuadraba dentro de la esfera de libertad personal que establece la Constitución nacional.

Recordó que una de las premisas fundamentales de la libertad individual en la Constitución nacional se encuentra en el artículo 19, que consagra que: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados".

Dicho artículo concede a todos los hombres una prerrogativa según la cual pueden disponer de sus actos, de su obrar, de su propio cuerpo, de su propia vida, de cuanto les es propio. Ha ordenado la convivencia humana sobre la base de atribuir al individuo una esfera de señorío sujeta a su voluntad; y esta facultad de obrar válidamente libre de impedimentos conlleva la de reaccionar u oponerse a todo propósito, posibilidad o tentativa por enervar los límites de esa prerrogativa.

En el caso, afirmó, se trataba del señorío a su propio cuerpo y, en consecuencia, de un bien reconocido como de su pertenencia, garantizado por la declaración que contiene el artículo 19 de la Constitución nacional.

Con sustento en ello, el máximo tribunal nacional afirmó que la posibilidad de aceptar o rechazar un tratamiento específico o de seleccionar una forma alternativa de tratamiento hace a la autodeterminación y autonomía personal; que los pacientes tienen derecho a hacer opciones de acuerdo con sus propios valores o puntos de vista, aun cuando parezcan irracionales o imprudentes, y que esa libre elección debe ser respetada.

Tan así es que esa idea ha sido receptada por el legislador en la ley 26.529, al otorgar al paciente el derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos "con o sin expresión de causa".

La ley mencionada, en su artículo 11, reconoce a toda persona capaz mayor de edad la posibilidad de disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Directivas que deben ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes.

Agregó la Corte que la libertad de una persona adulta de tomar las decisiones fundamentales que le conciernen a ella directamente puede ser válidamente limitada en aquellos casos en que exista algún interés público relevante en juego. Y que la restricción al derecho individual es la única forma de tutelar dicho interés, circunstancias que claramente no aparecían configuradas en el caso.

Concluyó que no resultaba constitucionalmente justificada una resolución judicial que autorizara a someter a una persona adulta a un tratamiento sanitario en contra de su voluntad, cuando la decisión del individuo hubiera sido dada con pleno discernimiento y no afectara directamente derechos de terceros.

Así, mientras una persona no ofenda el orden, la moral pública o los derechos ajenos, sus comportamientos incluso públicos pertenecen a su privacidad y hay que respetarlos aunque a lo mejor resulten molestos para terceros o desentonen con pautas del obrar colectivo.

Finalmente, sostuvo que arribar a una solución en contrario significaría convertir al artículo 19 de la Carta Magna en una mera fórmula vacía, que sólo protegería el fuero íntimo de la conciencia o aquellas conductas de tan escasa importancia que no tuvieran repercusión alguna en el mundo exterior.

Martín Lozada es Juez Penal.

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La Corte confirmó sentencia que ordena a los padres de un niño el cumplimiento del plan de vacunación oficial

CIJ

El Máximo Tribunal priorizó la afectación de la salud pública y el interés superior del niño. Sus padres, seguidores del método homeopático y ayurvédico, se habían negado a administrarle las dosis estipuladas por el plan obligatorio de vacunación estatal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió hoy declarar admisible el recurso extraordinario deducido y confirmó la sentencia apelada que disponía que se intime a los padres de un menor a que acrediten el cumplimiento del plan de vacunación oficial, bajo apercibimiento de proceder a su vacunación de modo compulsivo.

Así lo decidieron los ministros Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi Maqueda, y Zaffaroni quienes entendieron que “la no vacunación del menor lo expone al riesgo de contraer enfermedades, muchas de las cuales podrían prevenirse mediante el cumplimiento del plan nacional de vacunación”, a la vez que pone en riesgo la salud de la comunidad.

Los padres del niño habían alegado que la decisión impugnada incurría en un “perfeccionismo y/o paternalismo incompatible con el principio de autonomía”. De ese modo, basaron su petición en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”.

Argumentos

Frente a dicho planteo, el fallo sostiene que toda conducta que perjudique derechos de terceros queda fuera de la órbita del ámbito de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional, y por lo tanto se trata de comportamientos y decisiones sujetas a la interferencia estatal la que, en el caso, está plasmada en el plan de vacunación nacional.

Asimismo, sostuvo que el derecho a la privacidad familiar antes referido resulta permeable a la intervención del Estado en pos del interés superior del niño como sujeto vulnerable y necesitado de protección -artículo 75, inciso 23 de la Carta Magna-.

La Corte citó además el artículo 3.1 de la Convención sobre los derechos del Niño que ordena sobreponer el interés de éste a cualquier otra consideración. Esta norma tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos, e incluso, el de los propios padres, por más legítimos que éstos resulten (fallos CSJN 328:2870. 330.642 y 331:941).

Por otra parte, el artículo 14 de la ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes establece que los organismos del Estado deben garantizar “el acceso a servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la comunidad a la que pertenece siempre que no constituyan peligro para su vida e integridad”. Asimismo dicha ley sostiene que “las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud (…)”

La Corte fundamentó también su decisión en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el artículo 25.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros. Todas estas normas sostienen que debe ser tutelado el interés superior del niño.

Los hechos

La causa fue promovida por la titular de la Asesoría de Incapaces nº1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, quien solicitó la internación del menor, con auxilio de la fuerza pública, en un hospital público a efectos de administrarle la vacunación que exige el protocolo oficial, así como la dosis de vitamina K aconsejada.

Frente a este pedido, la jueza de trámite rechazó la solicitud de internación, pero resolvió garantizar el acceso del niño al derecho a la salud, instando a sus progenitores a que le suministraran las vacunas y/o medicación que a criterio médico correspondiere. El Tribunal Colegiado de Instancia Única del Fuero de Familia nº1 de Mar del Plata desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por la Asesora de Incapaces y confirmó la sentencia por la cual intimó a los padres a concurrir a un hospital público a fin de que profesionales de la salud les informen sobre los riesgos de no vacunar al menor. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó el recurso extraordinario de nulidad deducido por la Asesora y, por mayoría, admitió el de inaplicabilidad de la ley. De esta manera, revocó la sentencia y dispuso que la causa vuelva a la instancia de origen para que ésta intimase a los padres del menor a que en un plazo perentorio de dos días acreditasen en auto el cumplimiento del plan de vacunación oficial, bajo apercibimiento de proceder a la vacunación en forma compulsiva.

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