viernes, 22 de junio de 2012

Elecciones en Francia: Democracia pirotécnica y promesas al archivo

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

En Francia las elecciones presidenciales dieron la victoria al candidato del Partido Socialista con diez millones de votos sobre 46 millones de votantes inscriptos. Se abstuvieron 9,4 millones y votaron en blanco 900.000. Es decir quienes no votaron o votaron en blanco igualaron el “score” del candidato triunfante, quien no llegó al 22% del total de los electores inscriptos para votar.

En el segundo turno de las elecciones legislativas se abstuvo o votó en blanco el 48,5% del electorado.

El Partido Socialista , sobre un total de 577 bancas obtuvo 278 (el 48%) y sus aliados 55 (10%) con lo cual tienen la mayoría absoluta en el Parlamento.

El sistema de dos vueltas en las elecciones legislativas permite en Francia una total distorsión de la representación popular en el Parlamento.

Si se hace una simulación de los resultados electorales con representación proporcional (que existió en Francia hace 30 años) comparándolo con el sistema actual, se obtienen estos resultados:

El Partido Socialista tiene 278 diputados, con representación proporcional hubiera tenido 169. Sus aliados tienen 55 diputados y con representación proporcional hubieran tenido 33. Es decir que con representación proporcional, el PS y sus aliados no hubieran alcanzado la mayoría absoluta de que disponen ahora.

El Frente de Izquierda tiene 10 diputados y con representación proporcional hubiera tenido 40. El caso extremo es el Frente Nacional (de extrema derecha) que tienen dos diputados y con representación proporcional hubiera tenido 80.

En resumen, los diputados representan globalmente la mitad del electorado francés y dentro de esa mitad, la representación de las distintas tendencias políticas está totalmente distorsionada.

La explicación que se da para justificar ese sistema totalmente antidemocrático es que así se puede lograr un Gobierno estable.

No se ve muy bien la diferencia con los regímenes de partido único, salvo que en cada elección, los electores que entran en el juego (el 50% -60% aproximadamente) pueden optar entre dos o más variantes que se les ofrecen, todas destinadas a perpetuar el sistema.

Es cierto que hay opciones marginales que proponen cambios más o menos de fondo, pero varios factores influyen para que continúen siendo marginales: la ideología dominante, vehiculizada de manera sistemática y permanente por los monopolios de la información, un sistema electoral, como el descripto, que desalienta al elector, el temor instintivo al cambio y el “ombliguismo” o individualismo de buena parte de los ciudadanos y por último, aunque no menos importante, los errores políticos e ideológicos, e incluso tácticos, de los partidos y tendencias de izquierda.

El Partido Comunista que en 1946 era el primer partido de Francia con el 28% de los votos, fue desgastándose como consecuencia del abandono del objetivo estratégico de un cambio radical de la sociedad y de su oportunismo político que lo puso al servicio de los partidos de centro izquierda, en particular del Partido Socialista. Ahora agoniza con un caudal electoral propio de algo más del 2 por ciento y para seguir sobreviviendo penosamente y conservar algunos diputados no le queda otro recurso que establecer acuerdos electorales con el PS. En las últimas elecciones legislativas perdió algunos de los pocos bastiones que le quedaban desde hace decenios.

Su naufragio político se aceleró cuando, participando en el Gobierno del “socialista” Lionel Jospin, avaló la más importante ola de privatizaciones de grandes empresas y servicios en Francia después de la Segunda Guerra Mundial.

Hace pocos días le Consejo Nacional del PC, casi por unanimidad, tuvo la lucidez de decidir no participar en el Gobierno de Hollande.

En las elecciones presidenciales, con el nombre de Frente de Izquierda (que integraron, además del PC otros pequeños grupos) y la candidatura extrapartidaria del ex PS Jean-Luc Melenchon, obtuvo el 11% de los votos, sobre todo gracias a las cualidades como tribuno de este último. Pero Melenchon cometió dos errores: 1) fue ambiguo en sus críticas al programa del PS, con propuestas positivas pero manifiestamente insuficiente para superar la profunda crisis actual y 2) hizo del combate al populismo de derecha representado por el Frente Nacional de Marine Le Pen un combate personal contra ésta última, no exento de diatribas.

El combate contra el populismo, tanto de derecha como de izquierda, debe ser riguroso e intransigente, ideológico, político y profundamente pedagógico, denunciando sin reserva alguna la demagogia, el discurso intrínsecamente contradictorio y la contradicción entre los dichos y los hechos de ambos populismos. Y no dejarse intimidar ni paralizar por sus contraataques, consistentes en una especie de terrorismo ideológico seudo nacionalista y seudo popular.

Esto vale no sólo para Francia sino para cualquier otro país del mundo.

El Nuevo Partido Anticapitalista (NPA), fundado hace algunos años sobre la base de la Liga Comunista Revolucionaria, tuvo un periodo de crecimiento ayudado por la figura carismática de su líder Besancenot, pero nunca sus miembros (de distintos orígenes) acordaron sobre un programa claramente de izquierda adaptado a la realidad francesa, (la prueba es que ni siquiera se pusieron de acuerdo para darle un nombre positivo al Partido. Debe se el único partido en el mundo que se llama anti-algo). Así es como osciló entre el sectarismo político y el oportunismo ideológico y ahora, escindido, ha quedado reducido a la mínima expresión.

Lucha Obrera nunca ha logrado crecer significativamente y es, desde siempre, una especie de izquierda sectaria y folklórica.

Hay analistas que se dicen de izquierda que han escrito “Francia votó socialista”. En primer lugar no votó Francia sino la mitad de Francia y en segundo lugar, ni esa mitad (ni la mitad de esa mitad) votó socialista.

La realidad es que Francia tiene ahora un Gobierno con mayoría propia en ambas cámaras (algo así como la suma del poder) que pese al nombre de su principal componente, no tiene nada de socialista.

En estos tiempos de crisis profunda, su gestión será catastrófica, pues apenas logrará maquillar la continuación de una política de austeridad (para quienes trabajan, no para los ricos y el capital financiero).

Ya hay signos precursores: la participación de Hollande en el chantage preelectoral de la Unión Europea y del FMI contra el pueblo griego y el “descubrimiento” de que el Tesoro del Estado francés está más vacío de lo que pensaban, lo que los obligará a achicar sus promesas en materia social (salarios, jubilaciones, etc).

Y a nivel europeo Jean-Marc Ayrault, Primer Ministro de Hollande, acaba de declarar al semanario alemán Die Zeit que “la mutualisación de las deudas exige obligatoriamente una integración política más fuerte, lo que tardará varios años”. Dicho de otra manera, el nuevo Gobierno de Francia abandona su propuesta de las euro-obligaciones, tan publicitada durante la campaña electoral, y se inclina ante la canciller alemana Angela Merkel, quien propugna sangrar implacablemente a los países europeos agobiados por sus deudas y por los intereses usurarios que deben pagar al capital financiero internacional.

En Francia no tardarán en comenzar las protestas populares que, si no son encauzadas por una izquierda ideológicamente rigurosa, inteligente y políticamente hábil, serán capitalizadas por un nuevo conglomerado –en formación- de buena parte de la derecha tradicional y de la extrema derecha.

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Para avanzar hacia el socialismo

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

En su Propuesta Para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019 como candidato a la Presidencia de la república Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez expone, entre otras cosas no menos importantes: “Para avanzar hacia el socialismo, necesitamos de un poder popular capaz de desarticular las tramas de opresión, explotación y dominación que subsisten en la sociedad venezolana, capaz de configurar una nueva socialidad desde la vida cotidiana donde la fraternidad y la solidaridad corran parejas con la emergencia permanente de nuevos modos de planificar y producir la vida material de nuestro pueblo. Esto pasa por pulverizar completamente la forma de Estado burguesa que heredamos, la que aún se reproduce a través de sus viejas y nefastas prácticas, y darle continuidad a la invención de nuevas formas de gestión política”.

Tal necesidad pasa por comprender que ello será posible si existe un cambio radical en la conciencia de las mujeres y los hombres de la revolución, adoptándose nuevos patrones de comportamiento que reduzcan, eliminen y se opongan siempre a los existentes bajo el dominio del capital. De nada valdrán reformas constitucionales y legales mientras persista en la gente esa manera de concebir el mundo, en el cual todas las relaciones humanas tienen -prácticamente- un matiz mercantilizado, siendo cosificadas las personas. De igual manera, es imperativo que haya un cambio en las relaciones de poder y de producción, de manera que el poder popular pueda, verdaderamente, asumir el protagonismo, el control y la participación democrática que le destina el socialismo revolucionario. Sin tales elementos en marcha, no perdurará ninguna revolución socialista, del mismo modo como ocurrió con la Unión Soviética y otras experiencias históricas revolucionarias.

De ahí que resulte fundamental la promoción de valores que sustituyan los antivalores inculcados por la sociedad de consumo, creados según los intereses egoístas, competitivos y depredadores del capitalismo; valores estos que ya se han difundido a través de muchas de las doctrinas religiosas y forman parte de la educación impartida a niños y adolescentes, pero que -ante el embate constante de la publicidad capitalista- pierden arraigo durante la edad adulta de las personas. Esto debiera representar un objetivo invariable de los revolucionarios, a fin de ir influyendo en ese cambio de conciencia que permitirá, finalmente, la construcción efectiva y duradera del socialismo revolucionario por parte de los sectores populares.

No basta, por tanto, proclamar al socialismo como alternativa revolucionaria frente a la hegemonía del capital si ello no va acompañado por una firme resolución de cambio cultural y estructural que lo defina y lo consolide. Tampoco es suficiente suponer que la revolución socialista sólo requiere de líderes predestinados y organizaciones monolíticas que no dan espacio a la divergencia de opiniones ni a la crítica en nombre de una mal entendida disciplina de sus militantes, puesto que ello sería condenar de antemano al fracaso todas las tentativas de transformación social, económica y política que se plantearan bajo los ideales socialistas, además de restringir torpe y antidemocráticamente la actuación soberana del poder popular.

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El derecho de huelga no debe ser penalizado

Horacio Meguira (ACTA)

Advertimos desde esta columna la alta conflictividad que se avecinaba y que un sector de los trabajadores no iba a tolerar la rebaja del salario real. Si sumamos el retraso en la elevación del Mínimo No Imponible y los topes para percibir las asignaciones familiares, vemos que se ha generalizado en los trabajadores un fuerte descontento.

La huelga es un derecho fundamental que tiene nivel constitucional, cuyo único límite para su ejercicio es la afectación de los servicios esenciales. Estos están enumerados taxativamente en la ley y el transporte no está considerado como servicio esencial.

Existe una Comisión de Garantías, que tiene facultades de ampliar el concepto de servicio esencial y podría extenderlo en mérito de la duración e importancia y calificarlo como un servicio público de importancia trascendental.

El Ministro de Trabajo se limitó a dictar la conciliación obligatoria y aplicar multas por el no acatamiento. En varias oportunidades, los organismos de control de la OIT han insistido que se requieren dos requisitos para la intervención de la autoridad en un conflicto: confianza de las partes e independencia del órgano que la aplica. Evidentemente no parece que el Gobierno sea portador de dichas virtudes.

El vicepresidente anunció la aplicación de la ley de abastecimiento, que está dirigida a las empresas que se nieguen a la distribución de productos o servicios que afecten a la población y que impidan la actividad.

No contempla a la huelga.

Tampoco el sujeto ni la actividad que se intenta limitar es el sindicato o los trabajadores. Igualmente, en el 2002 un dictamen de la Procuración del Tesoro se refiere a que “las facultades previstas por la ley de abastecimiento se encuentran suspendidas”.

Pero nuestra mayor preocupación radica en las denuncias penales contra las autoridades del sindicato titular del derecho de la huelga, más teniendo en vigencia la ley antiterrorista. Se les imputa a sus titulares el delito de amenazas, amenazas agravadas y cortes de ruta. Nuevamente la penalización de un derecho constitucional denota un desapego a la ley y refleja una tendencia cada vez mayor al autoritarismo del Poder Ejecutivo. Nadie puede ser condenado por el ejercicio de un derecho, más tratándose de un derecho fundamental como la huelga, que es la base y el sustento de otros derechos de los trabajadores.

Se insiste en entender a la huelga como delito y se busca que encaje en la tipicidad. Es lamentable que se pretenda rastrillar los Códigos Penales y Contravencionales para proceder a “las pesca de tipos” y a su elastización con el objeto de atrapar estas conductas, que pertenecen al ámbito de ejercicio de la libertad ciudadana. Convertirla en delito es justamente anular el sentido de ser de su ejercicio.

Es evidente que se busca alguna medida ejemplificadora. Si denuncian penalmente al Secretario General de la CGT por efectuar una huelga que busca una modificación de normas generales, ¿qué quedará luego para otras manifestaciones de protestas de pequeños colectivos sin presencia mediática o poder en sus diversas formas?

Esperamos que ningún Juez de la Nación se preste a semejante maniobra.

Horacio Meguira es Director del Departamento Jurídico de la CTA.

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Viviendas de humo

Víctor Grossi

Desde que comenzó la era kirchnerista en nuestro país, muchos fueron los anuncios que se hicieron de planes de vivienda. Un año después de haber asumido, a mediados de 2004, Néstor Kirchner hacía público el mega-anuncio del Plan Federal de Viviendas, el cual contemplaba la construcción de 120.000 unidades habitacionales, las que debían terminarse en doce meses y que darían empleo a 360.000 trabajadores.

La información que se desprende de aquel momento indica que las viviendas tendrían un costo de entre 30.000 y 65.000 pesos, según la ubicación geográfica y los metros cuadrados. El plan se llevaría a cabo en diferentes regiones del país, con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -luego fue sustentado con fondos de la Anses. El programa fue centralizado por el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio de Vido -el mismo que maneja la energía, las obras públicas y que debe controlar a los concesionarios de las empresas de servicios.

A partir de ese momento comenzó una catarata de anuncios y promesas (ver recuadro: “Promesas incumplidas”), fundamentalmente con los planes federales de vivienda -nave insignia de los grandilocuentes anuncios del gobierno kirchnerista-, los que prometían 420.000 viviendas, de las cuales se terminaron alrededor de 143.000. Eso sin contar que en el mismo plan se anunciaron tres veces, durante tres años consecutivos, las mismas viviendas. Lo más grave es que nunca se hicieron, pero sí se pagó a los empresarios, cómplices del desfalco.

El presupuesto destinado a este plan ascendía a casi 21.277 pesos millones. Hasta el año pasado ya se había gastado más del 90 por ciento de los fondos -más de 19.000 millones de pesos- en menos del 35 por ciento de las viviendas terminadas.

Cada una de estas viviendas terminó costando alrededor de 150.000 pesos, lo que implica un sobrecosto de construcción del 300 por ciento. A esto hay que sumarle que la adjudicación de las viviendas no ha sido transparente, por lo cual en muchos casos no han sido entregadas a quienes más lo necesitan, sino a quienes los “punteros” políticos del gobierno designan a dedo.

Entre tantos anuncios, fueron innumerables los reclamos de las provincias y de las empresas por la falta de pagos. Empezaban así también a suspenderse aquellas obras que habían comenzado, con los trabajadores en la calle utilizados como variable de ajuste de la corrupción, de los desmanejos y de la impunidad de De Vido y de su “banda”.

Dime qué anuncias y te diré cómo mientes

Aunque los datos oficiales escasean para los ciudadanos -e incluso para la oposición-, los pronósticos más optimistas aseguran que sólo se terminaron aproximadamente 300.000 unidades entre todos los planes nacionales y provinciales que el kirchnerismo anunció con bombos y platillos al calor de los aplaudidores oficiales. Las viviendas anunciadas durante estos nueve años de Néstor y de Cristina fueron más de 1.200.000 -lo que marca el nivel de impunidad para generar falsas expectativas.

La utilización de temas tan sensibles para los trabajadores -como el derecho a la casa propia- para usarlos como bandera resulta de una perversidad manifiesta. Tanto los anuncios incumplidos de construcción de viviendas como las promesas de créditos accesibles para los trabajadores resultan moneda corriente para un gobierno que eligió como socio a Sergio Schoklender para la construcción de viviendas sociales, en las que reinaron los sobreprecios y la corrupción.

Las estadísticas oficiales hablan de un déficit habitacional, en la Argentina, de más de 2 millones de viviendas, aunque el crecimiento demográfico y la demanda que crece año a año hablarían del doble. Por ende, casi 4 millones de familias no tienen una vivienda digna en este país. Por otra parte, en el último mes, un estudio del BID manifestó que el 32 por ciento de las familias argentinas vive en casas precarias.

Frente a cada crisis política realizaron un anuncio sobre créditos o sobre planes de vivienda; lo que está directamente relacionado a una de las industrias madre en la economía de nuestro país, por ser generadora de miles de puestos de trabajo: la construcción.

El gobierno de los Kirchner y sus cómplices de la Cámara Argentina de la Construcción y de la Uocra se han enriquecido gracias a la obra pública, con salarios de hambre y con el sostenimiento de un sistema mafioso, que recauda a costa del esfuerzo y de la vida de los trabajadores.

Hoy, nuevamente el gobierno -de la mano de las corporaciones patronales que representan a la Cámara Argentina de la Construcción, así como también con el ferviente apoyo de su cómplice en la burocracia sindical, Gerardo Martínez- vuelve a echar mano a las promesas de una casa propia, con la misma liviandad con la que anunció la supuesta “estatización” de YPF, cuando no fue más que una nueva reprivatización.

Cristina promete ahora 100.000 créditos por año para viviendas, con la plata de la Anses. Una nueva bomba de humo que, por otra parte, no logra explicar por qué en lo que va del año sólo se ha ejecutado el 12 por ciento del presupuesto destinado a la construcción de viviendas.

Las operaciones del gobierno para intentar tapar el ajuste que pretende aplicar sobre los trabajadores cada vez tienen un efecto más corto y débil; y una vez más terminan dejando al descubierto diez años de discursos vacíos, de falsos anuncios y de promesas incumplidas.

Víctor Grossi es secretario general del Sitraic.

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Lozano: “El Gobierno transforma un impuesto que debieran pagar los ricos en tributo sobre los asalariados de mayores ingresos y los sectores medios"

El proyecto da cuenta de que la mejora sustancial para los trabajadores, en términos de aumento salarial, queda neutralizada por la aplicación del mínimo no imponible, en sus valores actuales.

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En los fundamentos, señala que “las causas de esta situación son fundamentalmente dos:

a) Los incrementos en mínimos y deducciones han sido menores a los incrementos salariales nominales y

b) Los tramos de la escala de cálculo del impuesto han permanecido sin ajustar desde el año 2001 y por ese motivo los trabajadores, aún cuando no hayan visto incrementado su salario real, quedan sujetos cada año a alícuotas superiores.

“Nosotros interpretamos que una herramienta eficaz que permite ajustar los valores del Mínimo no Imponible del Impuesto a las Ganancias sería utilizar la variación anual del Salario Conformado Promedio de Convenio y aplicarlo al MNI desde el año 2002 de manera de actualizar este concepto en forma automática” , dice Lozano.

A modo de ejemplo, un trabajador dependiente que en 2011 tenía ingresos mensuales de $ 8.000 y que en el año 2012 van a percibir $ 9.600 pasaría a tributar impuesto a las ganancias, aún cuando su salario real no se haya incrementado si se considera que los $ 1.600 de aumento nominal solamente compensan la desvalorización monetaria. Para niveles de ingresos superiores que ya estaban alcanzados por el impuesto, se producirán significativos aumentos de la tasa efectiva.

El proyecto, que propone la eliminación de exenciones y la elevación de la alícuota para personas físicas del 35 % al 42% como vías para compensar los niveles de recaudación que el sistema dejaría de percibir, incorpora a los alquileres como deducibles y plantea la eximición de la carga tributaria sobre los salarios complementarios o adicionales (antigüedad, posesión de títulos, asistencia, puntualidad, presentismo, altas calorías, altura, fallas de caja, desarraigo, zona inhóspita), entre otras modificaciones .

Se adjunta también el proyecto de universalización de las asignaciones y que también es objeto de debate, el cual Lozano presentara la semana pasada acompañado de las firmas de Víctor De Gennaro, Liliana Parada, Graciela Iturraspe y Antonio Riestra del Bloque Unidad Popular y la diputada Victoria Donda de Libres del Sur.

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Argentina. Por el 82% móvil: Piden informe sobre los recursos del Sistema Previsional Nacional

ACTA

Nuestra compañera de ATE-CTA y actual Diputada Nacional, Graciela Iturraspe, del Bloque Unidad Popular, elaboró un informe acerca de los recursos del Sistema Previsional Nacional refiriéndose a la situación en la que se encuentra hoy la ANSES y dijo que “lo que hemos denunciado, desde la sanción de la ley que eliminó las AFJP, es que la lógica de utilización de los recursos no ha cambiado, sin darle el papel primordial al régimen previsional y sus jubilados”.

Iturraspe, Secretaria de la Comisión de Previsión y Seguridad Social aseguró que “el Poder Ejecutivo Nacional viene usando los fondos de la ANSES para otros destinos ajenos al previsional, en lugar de aplicarlos al pago de prestaciones que garanticen un beneficio definido y de la deuda que mantiene con los jubilados por la no aplicación de los fallos judiciales de las Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

La Diputada agregó que “se mantiene una política de Estado que apunta al reconocimiento de los derechos sociales como derechos precarios, mínimos y condicionales. Se reemplaza la concepción de los derechos sociales, que surge del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como derechos humanos fundamentales, de carácter incondicional, universal y suficiente, por derechos de pobreza”.

“Hoy los fondos de los que dispone la ANSES no son utilizados en función de resolver las condiciones de ingresos de los principales “sujetos de derechos” del sistema, que son los trabajadores jubilados, en cuanto a la actualización del haber inicial ni su “real” movilidad en función de la evolución de los salarios”.

Además la diputada recordó que “el pedido de la Corte Suprema de Justicia del 12 de junio a la ANSES para que informe, en 30 días, sobre el cumplimiento de juicios de jubilados y el destino de los fondos que administra, viene a ratificar las incógnitas y preocupaciones que transmitiremos en el cuestionario a la futura visita del Jefe de Gabinete a la Cámara de Diputados, en la que pediremos explicaciones”.

Para finalizar Iturraspe expresó su preocupación acerca de que “la prioridad no sean los derechos de los trabajadores jubilados, ni mejorar el día a día de los que no tienen tiempo, sino que no estaría determinada cual es la sustentabilidad y proyección del sistema previsional a mediano y largo plazo, ni comprobada la evaluación de la gestión financiera y de las decisiones de las políticas de inversión de los fondos previsionales”.

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La larga vida de los dinosaurios: ¿Quien dijo que Dagnino Pastore se había jubilado?

Carlos Saglul (ACTA)

Todos suspiraron al enterarse que el ex ministro de las dictaduras José María Dagnino Pastore se había jubilado. Claro la alegría decayó cuando constataron que cobraba una jubilación de privilegio. Hombre múltiple, fue gerente del Banco Sudameris, acusado de estafar ahorristas, fugar miles de millones gracias a la buena información que le permitió evadir “el corralito”, ahora vuelve al ruedo.

Organizaciones sociales, de derechos humanos lo denuncian por intentar desalojar a 250 familias en Moreno, por supuesto a través de testaferros. La longevidad de los dinosaurios del Jurásico argentino es increible, al igual que su voracidad.

En diciembre del 2001, al instaurarse el Corralito Finaniciero Dagnino Pastore era directivo del Banco Sudameris, una de las tantas entidades financieras que esquilmó a sus clientes.

El ejecutivo venía de una larga carrera en la administración publica. Había sido en 2 oportunidades ministro de Economía de la Nación durante la dictadura del General Juan Carlos Onganía y el terrorismo de Estado bajo el mando del General Leopoldo Fortunaro Galtieri primero y del dictador, Reynaldo Benito Bignone a partir de julio de 1982.

Pastore es miembro del Comité Ejecutivo del CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales), entidad ésta, fundada por el Premio Nobel de la Paz y genocida nortemericano Henry Kissinger el 15 de junio de 1978. También de desempeñó en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Trabajó para diversos grupos multinacionales, Pirelli, la cementera Fortabat, entre otros.

Cuando todos lo daban por retirado gozando de la fortuna que supo amasar en su agitada vida, una vez más el Jurásico argentino mostró la longevidad de sus especies. 250 familias del barrio Bongiovani de Moreno realizaron en el centro porteño un escrache al ex ministro de las dos últimas dictaduras al que denunciaron que quiere desalojarlos del terreno donde hace varios años tienen sus viviendas para desarrollar un negocio inmobiliario de magnitud y un polo industrial.

Carolina Caram del Frente de Organizaciones en Lucha dijo a ACTA “acá las autoridades deben optar entre cientos de familias trabajadores o este colaborador de las dictaduras”.

Según denunciaron, Pastore trabaja a través de los testaferros, Piero Dato y Juan José Dato. Tienen sus oficinas en la calle Viamonte al 1.700 del centro porteño, igual que el ex ministro.

Recordemos que el ex colaborador del régimen que llevó adelante el genocidio, no solo trabajo para las dictaduras, fue acusado de la estafa de miles de ahorristas muchos de los cuales –según consta en la denuncia correspondiente, perdieron la vida en razón de la depresión en la que los sumió la ruina económica en la que quedaron- y antes corralito sacó millones de pesos del país. Además fue repudiado y despedido de la Facultad de Derecho por falta de idoneidad moral.

La movilización –dice Carolina- no sólo es resultado del temor de la gente a perder su hogar. "Se han registrado aprietes a compañeros ante la inacción de la policía. Este escrache, convocado por las organizaciones sociales es una manera de parar esos aprietes o que pase algo peor con algún compañero. Necesitamos darle difusión".

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Argentina, Córdoba: Responsabilizan al gobierno provincial por la desaparición de Facundo "el Rubio" Rivera

PRENSA RED

En la marcha para reclamar por la aparición del joven, su madre y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, leyeron sendos documentos donde responsabilizan al gobierno de José Manuel de la Sota por el gravísimo hecho.

Documento de Viviana Alegre, madre de Facundo

"El gobierno provincial no da respuestas"

“Soy Viviana Alegre y, en este día, quisiera compartir con ustedes mi historia. Mi hijo, Facundo Rivera Alegre, el más chico de 3 hijos, tiene 20 años y desapareció el 19 de febrero de 2012, al salir de un baile de Damián Córdoba en el Estadio del Centro. Facu siempre va a los bailes de Damián.

Facu tiene una beba de un año que ama, lleva a pasear todo los días y siempre dice que quiere disfrutar de la vida de su hija al máximo.

A Facu le gusta mucho cantar, es una de sus mayores pasiones. Hace varios años que lo hace. Ahora, tiene una banda de cuarteto con el tío de Mica, su mujer. Ama el cuarteto y estar con todos sus amigos. Tiene muchísimos amigos. Es una persona muy conocida y con muchos amigos; de los bailes, el colegio, de fútbol y del barrio.

Es un tipo comprometido, de jugárselas sin miedo a nada ni a nadie. Una persona muy solidaria que cuando ama da todo. Facu tiene ideales que los defiende con todo hasta el final.

Le encanta bailar, siempre entra a casa bailando. Es un tipo alegre, lleno de vida, de amor y solidaridad. No tiene problemas familiares, ni con amistades, ni laborales, ni económicos. Siempre está con una sonrisa y dice que los problemas van por dentro.

Facu trabaja ayudando a un arquitecto, está retomando los estudios porque quiere empezar Arquitectura. No tiene ningún tipo de antecedentes penales.

Jamás se ausenta de casa sin decirme. Si no tiene el celu o no tiene crédito, busca la forma de avisarme que no va a llegar.

Ese 19 de febrero no llevó su celular. Esa noche salió con tres chicos que conocía de poco tiempo: no eran los amigos con los que salía siempre.

El domingo 20 de febrero, cuando no lo escuché llegar y tampoco recibí ningún tipo de mensaje, empecé a preocuparme. A medida que pasaban las horas más me asustaba y pensaba en que lo habrían llevado en cana, como otras veces.

Fui a las comisarías cercanas a mi casa pero de todas tuve respuestas negativas, busqué en varios hospitales y nada, ningún dato del Facu.

La búsqueda de paradero en televisión salió recién al mes y cuatro días de su desaparición. Pero, en todo este tiempo los medios no difundieron el caso. Más bien encubrían pruebas e información.

Hago responsable de este hecho a la policía de la Provincia de Córdoba, ya que mi hijo sufrió y sufre permanentemente la persecución y el hostigamiento por parte de ellos.

Lo detenían constantemente sin ningún fundamento.

Actualmente, el caso está en la Fiscalía Nº 1, Instrucción 5, a cargo del doctor Alejandro Moyano y se encuentra bajo secreto de sumario. Como querellante no tengo acceso al expediente ni a la investigación y lo peor es que hace ya cuatro meses que el caso se encuentra en este estado.

Hace cuatro meses que no sé para dónde va la investigación, si hay algo o no hay nada.

Esta fiscalía no solo que no investiga, sino que ha cometido errores graves, existen muchas medidas de pruebas solicitadas por nosotros sin embargo la investigación no avanza. Hay testigos, hay datos que fueron ofrecidos y pareciera que hacen oídos sordos porque después de tanto tiempo el fiscal no tiene nada. Hay testimonios brindados por testigos que vieron la golpiza que la policía le dio a Facundo en la calle Avellaneda al costado del colegio Carbo, y no se los tienen en cuenta.

Seguimos exigiendo que se investiguen las cámaras ubicadas en toda la avenida Colón particularmente desde avenida Santa Fe hasta Cañada, recorrido que habría hecho Facu.

Seguimos solicitando que se realicen peritajes a los móviles de la policía que estuvieron ese día en las cercanías del baile. Cuatro meses después, seguimos exigiendo la nómina de policías que estuvieron afectados tanto para el baile como afuera del mismo.

En varias oportunidades fui amenazada y tampoco se ha hecho nada sobre eso.

En dos oportunidades fui visitada por el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario. La segunda vez me trataron muy mal porque no quise hablar a solas con ellos y dije que solamente iba a hablar con mis abogados presentes. Sin embargo, nunca aparecieron por el estudio jurídico.

Es por todo esto que puedo afirmar: la policía también me hostiga, y miente descaradamente, inventa cosas sobre el caso, se encarga de hablar de quien era mi hijo en vez de buscarlo, buscando de esta forma desviar la investigación y correr el eje hacia dónde se debe apuntar.

La cuestión no pasa por lo que hacía o no hacía Facu. Indagar sobre eso solo les sirve a ellos para desviar el eje de la investigación y me lleva al “algo habrán hecho” que ya conocemos.

Todos hacemos o dejamos de hacer algo en nuestras vidas pero nada justifica ni puede excusar de forma alguna la desaparición de una persona. Estamos hablando de una situación más que grave. Facundo desapareció hace cuatro meses y no sé nada.

¡Es inadmisible un desaparecido en democracia, no lo toleramos, no lo queremos, no lo podemos permitir!

A los dos meses de la desaparición, gracias a que no descansé ni un segundo con el reclamo, salió en la prensa una nota sobre el caso y ahí me recibieron funcionarios del Gobierno provincial, el ministro de Seguridad Alejo Paredes y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Graciela Chayeb.

En esa audiencia, Paredes me prometió custodia para mí y para mi nuera Mica que tiene a mi nieta. Si bien me ofreció la custodia del Cuerpo de Protección a Testigos por delitos de Lesa Humanidad, no fue fácil.

Actualmente cuento con la protección de testigos pero lo he logrado después de tantas idas y vueltas con el fiscal de la causa que no escuchaba mis reclamos acerca de que NO QUIERO QUE ME CUIDE LA MISMA POLICÍA A LA QUE ACUSO DE LA DESAPARICIÓN DE MI HIJO.

Al señor gobernador José Manuel De la Sota le he pedido ya tres Audiencias y no da ninguna respuesta. De La Sota es el responsable político de la desaparición de Facu y no responde. Solo nos queda pensar que José Manuel se ha quedado sordo, sino, no existe forma de entender que no escuche nuestros reclamos, que no se entere de nada.

Todo se dilata, y mi HIJO NO APARECE, NO SÉ NADA. Estoy devastada!

Su hija está alterada por su ausencia.

El lunes 12 de marzo Facu cumplió 20 años y no lo tengo conmigo.

NO DOY MAS! No sé si hubo problemas dentro o fuera del baile. ES RARO QUE NADIE SEPA NADA, QUE NADIE HAYA VISTO NADA.

EXISTEN MILES DE HIPOTESIS Y LA INVESTIGACION PARECE NO AVANZAR. EL GOBIERNO PROVINCIAL NO DA RESPUESTAS.

¡Con vida se lo llevaron, con vida lo queremos!

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Documento de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos

"Con vida lo llevaron, con vida lo queremos"

“Estamos aquí frente a la Casa de Gobierno Provincial para preguntar bien fuerte, bien alto, para ver si escuchan: ¿DONDE ESTA FACUNDO RIVERA ALEGRE?

Como Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos pensamos que su desaparición es el punto más alto de impunidad en nuestra provincia, consecuencia de una política de seguridad violatoria de los Derechos Humanos, de una policía que no ha sido depurada en su totalidad y continua manteniendo su aparto represor vigente.

La desaparición de Facundo es inadmisible.

El Gobernador De la Sota tiene a su cargo todo el aparato estatal para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos y no lo hace.

El gobernador y sus ministros son los responsables políticos de esta desaparición. La ministra de Justicia y Derechos Humanos: Graciela Chayep. El Ministro de Seguridad: Alejo Paredes y las fuerzas policiales que de dependen, a su vez los principales sospechosos del hecho.

La policía puede actuar con total impunidad porque existe un poder judicial provincial que la ampara y protege.

Desde el caso de David Moreno, en el 2001, a esta parte no hay ningún policía condenado por gatillo fácil. David Moreno, Martín Castro Zelayes, Sergio Ferreyra, Ian Duran, Joshen Martín Quintana, Pablo Luján, Moyano son solo una parte de la larga lista de niños y jóvenes asesinados por orden o complicidad de la policía que siguen impunes.

La policía, pueda actuar con total impunidad a través de una de sus herramientas: el nefasto código de faltas.

La policía, tiene una independencia tal que es la encargada de controlarse a sí misma, lo que hace a su accionar más impune aún. No hay políticas de democratización de las fuerzas de seguridad, no hay órganos civiles de control del accionar en cárceles y comisarías pero si hay políticos, jueces y fiscales que garantizan la impunidad del gatillo fácil, de las torturas, de la represión a los jóvenes.

La policía, actúa impunemente, tiene el poder de condenar, detener y juzgar a quienes considera sospechosos, a través de una norma que los avala, del abuso de poder y la complicidad con el Estado Provincial que los protege.

Más de 55 mil detenciones arbitrarias criminalizan y estigmatizan a una cultura, los etiquetan como posibles contraventores llamándolos de distintas formas, dependiendo del artículo que utilicen: mendigos, vagabundos, merodeadores, escandalosos, quienes pueden ofender la moral pública, etc. Un Código de Faltas que es en su totalidad inconstitucional.

Exigimos por ello su derogación y reemplazo por un acuerdo de convivencia que contemple las garantías constitucionales indispensables que nos protejan.

No debemos olvidar que tenemos un Ministro de Seguridad que es el ex Jefe de la Policía de Córdoba, que claramente actúa siempre en defensa de la corporación policial, y no en pos de de los ciudadanos. Es públicamente conocido que policías y militares trabajan para el narcotráfico. Nosotros nos preguntamos ¿son “algunos” policías, (según las últimas versiones de la Voz del Interior) los que trabajan para los narcos o son los narcos que trabajan para los funcionarios y la policía?

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también es responsable político. La ministra no ha hecho pública ninguna opinión con respecto a la desaparición de Facundo Rivera. La ministra de Justicia y Derechos Humanos Graciela Chayep, es también responsable política de las nefastas condiciones que se viven en las comisarías y cárceles de la provincia, donde se hostiga, se maltrata psicológicamente, se golpea y tortura a los detenidos. Se violan sistemática y permanentemente los Derechos Humanos en estos lugares de encierro.

Uno de los principales responsables de esta situación de impunidad es el poder judicial provincial que debería encargarse de investigar y perseguir a quienes hicieron desaparecer a Facundo, de dar respuesta de lo que sucedió con el caso.

Y como si fuera poco tenemos un Gobernador que no da la cara, que hace oídos sordos a lo que está sucediendo, José Manuel de La Sota es el responsable político de todo esto.

El Gobierno de Córdoba hace alarde de la inversión realizada en seguridad, más policías en las calles, más móviles, más cámaras y sin embargo nada de esto implica una política seguridad que garantice el bienestar de todos nosotros.

¿Donde estaban esas cámaras cuando desaparecieron a Facundo?

Está claro que el multimillonario negocio que realizan con las empresas de seguridad apunta a sostener un modelo de control social, que controla solo a los que menos tienen y no a los poderosos que viven bajo un manto de impunidad que los protege. Esto no garantiza seguridad para todas y todos. La seguridad de tener acceso a la salud, de ir a una escuela, de poder ir al baile y volver a nuestras casas.

¿Dónde están las seguridades que nos faltan? ¿Dónde está la inversión en hospitales, en salud, en cultura, en educación?

La política de Seguridad del Gobierno provincial, el Código de Faltas sigue una misma lógica, la de crear un estereotipo al cual responsabilizar de los “males” del momento. Durante la dictadura fueron los “subversivos” y hoy son los pobres o los militantes políticos. No es casual que vuelva aparecer el “por algo será”, el “algo habrá hecho” que intenta incriminar a la propia victima.

NO PODEMOS PERMITIR UNA DESAPARICION.

No queremos más detenciones arbitrarias, no queremos más impunidad ni omnipotencia policial. Ya dijimos nunca más y no podemos tolerar la desaparición de una persona.

Queremos discutir una ley que realmente garantice nuestros derechos y respete las garantías constitucionales de todos nosotros.

Queremos un control civil de la policía; por eso exigimos ser invitados como Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, como organizaciones que venimos discutiendo las problemáticas de seguridad y código de faltas, a la Comisión de la Legislatura que desde principio de año se encuentra debatiendo sobre materia contravencional.

Como organizaciones nucleadas a la Mesa de Trabajo hemos presentado en más de una oportunidad a distintos órganos del Estado nuestra posición en torno al código, el porqué de nuestro rechazo y las propuestas que conjuntamente realizamos con respecto a las políticas de seguridad. Consideramos que es una ley que nos afecta a todos y que por ello como colectivos organizados deberíamos estar discutiendo allí nuestras propuestas.

No podemos permitir más impunidad en nuestra provincia.

No podemos permitir la desaparición de ninguna persona.

Por eso exigimos:

¡Aparición con vida de Facundo Rivera Alegre!

¡Con vida se lo llevaron, con vida lo queremos!

Basta de impunidad y gatillo fácil

Basta de torturas en cárceles y comisarías

¡Derogación del Código de faltas!”.

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Argentina, Córdoba: Radio Río Cuarto comete fraude laboral

Ángel César Ludueña (PRENSA RED)

La empresa se niega sistemáticamente a regularización la situación laboral de alrededor de treinta trabajadores, pese a los permanentes reclamos del Cispren-Río Cuarto en el ámbito de la delegación local de la Secretaría de Trabajo.

El expediente iniciado por el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN) por irregularidades laborales detectadas en la firma Puntal SRL -prestataria de LV 16 Radio Río Cuarto, FM Ranquel 93.9 y el sitio web lv16.com- lejos de experimentar algún grado de avance en el ámbito de la Secretaría de Trabajo -Delegación Río Cuarto- se encuentra empantanado, producto de la nula voluntad de la empresa -en la persona de su director Julio César Castellina a regularizar los alrededor de 30 casos de fraudes laborales detectados por la organización sindical a partir de una inspección de registración laboral a fines de octubre de 2011.

Luego de fatigosas y poco provechosas audiencias en la sede administrativa laboral de la provincia, la empresa se avino sólo a regularizar al trabajador de prensa Fabián Petenatti, con medio turno en informativo, pero a quien le seguían exigiendo cumplir con un turno completo.

Es rotunda la negativa a registrar laboralmente a trabajadores de la página web en relación de dependencia, a quienes les exigen ser monotributista; lo mismo sucede con trabajadores que se desempeñan en otras áreas (radioperadores, locutores, entre tantos), al tiempo que se precarizan a jóvenes que se encuentran bajo el amparo de la Ley Nacional 26.427 de Pasantías, las que se encuentran vencidas en el tiempo habilitado para su ejecución.

No menos preocupante resulta la situación puertas adentro de la empresa. Castellina no ahorra ninguna acción amedrentadora hacia los trabajadores, con la complicidad de sus asesores letrados -integrantes del estudio de Delfor Maldonado-, hostigando e intimidando a los trabajadores víctimas del sometimiento empresarial desde hace larga data. Con igual impunidad actúan -empresario y abogados patrocinantes- en las audiencias en la delegación local del Ministerio de Trabajo de la provincia.

En efecto, en la audiencia celebrada el pasado lunes 18 de junio de 2012, el doctor Hugo Abrahan le sugirió al director Julio Castellana -mientras se elaboraba el acta pertinente- “… proceda a comunicar a todos los involucrados que quedan desafectados de sus funciones, responsabilizando al sindicato por esta situación…”. Al momento de constatarse este grave incidente, se estaba elaborando el acta pertinente, por lo que el CISPREN procedió a denunciarlo e informar la realización de asambleas en los distintos turnos durante el día martes 19 de junio de 2012.

Al tiempo que la empresa no tiene voluntad de regularizar en forma progresiva la situación laboral de los trabajadores detectados en negro, esta organización sindical debió efectuar las denuncias de otras situaciones violatorias a los derechos laborales y la libertad sindical que se registran en la empresa Puntal SRL. Por un lado, Castellina persiste en hostigar y obligar a la compañera María Paula Stecco a renunciar a su cargo de vocal en la actual conducción de la seccional Río Cuarto del CISPREN. Esto es un ataque a la libertad sindical y al mismo tiempo arrogarse una potestad que la ley no le concede ni a esta ni a ninguna empresa. Los trabajadores son libres de elegir a sus representantes a pesar de lo que piensen los patrones.

Por otro lado, a través de un jefe funcional a la patronal -Sebastián Gelain-, éste procedió a intimidar y presionar a las compañeras que realizan tareas periodísticas en la página web y que están sometidas en las condiciones de trabajo y a declararse como monotributistas. Gelaín se arroga la autoridad de imponerles condiciones de trabajo ajenas a las establecidas en el CCT de Prensa so pena de proceder a cortar abruptamente la relación laboral -paradójicamente- desconocida por la empresa.

Las políticas intimidatorias hacia los trabajadores y los actos de mala fe empresarial -aún en el marco legal de las audiencias en el Ministerio de Trabajo- se sucedieron el martes 19 en pleno desarrollo de la asamblea informativa en los distintos sectores de la radio -la que fue informada en el acta correspondiente y sobre la que nada expresó, la empresa-, se le solicitó al gremio que se retirara, pues esto entorpecía el trabajo de los compañeros.

La orden le fue adjudicada al “abogado”, por lo que debe entenderse que fue el doctor Hugo Abrahan quien impartió esa disposición, pues fue él -y no otro- el letrado que participó y firmó el acta celebrada el lunes en la delegación riocuartense de la cartera laboral de la provincia. Esto ratifica la posición de la empresa a coartar la libertad gremial dentro de la empresa por parte de los trabajadores y de la organización sindical que los representa.

Ángel César Ludueña es Secretario General (CISPREN- Río Cuarto).

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Paraguay: “Sectores privilegiados detrás de este golpe de Estado”

PL

El presidente paraguayo, Fernando Lugo, dijo hoy que los sectores más privilegiados y conservadores del país están detrás del actual intento de golpe de Estado.

Las declaraciones del mandatario a una radio latinoamericana fueron difundidas aquí por los medios de prensa locales y en ellas el mandatario destacó que esos grupos se unieron para tratar de eliminar el proceso democrático existente en Paraguay.

La gran popularidad de este gobierno no ha bajado a pesar de las deudas que seguimos teniendo con la ciudadanía y para ellos la única manera de entorpecer el proceso es eliminando al Presidente, añadió.

Lugo resaltó el rechazo popular a lo que calificó de "golpe de Estado express" y se refirió a los muchos miles de personas congregadas frente al Congreso Nacional y en otras plazas del país.

Apuntó que se trata de integrantes de movimientos campesinos, obreros, estudiantiles y de la gente más beneficiada con el actual proceso de cambios, los cuales permanecen en vigilia repudiando el juicio político contra el Jefe de Estado.

Reiteró que estará presente en el hemiciclo del Parlamento para responder a las acusaciones hechas por los legisladores de la oposición, quienes abogan porque las cosas permanezcan siempre como fueron en muchas décadas sin cambio favorable alguno.

En relación a la presencia en el país de una misión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), explicó que ningún país está aislado en el actual proceso de integración.

Ahora con Unasur y Mercosur estamos unidos todos y creemos en los cambios democráticos y la solidaridad internacional, concluyó.

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La protesta social en Chile en segundo tiempo

Tania Peña (PL)

Justo cuando se cumple un año del estallido del movimiento estudiantil en Chile, los jóvenes vuelven a las calles en un segundo tiempo de la lucha por el derecho a la educación.

En la última semana, miles de estudiantes volvieron a ratificar en la emblemática Alameda capitalina y en las principales ciudades de Chile el rechazo a la mercantilización de la enseñanza y la demanda de un sistema de educación pública y gratuita.

Convocada por la Coordinadora de Estudiantes Secundarios y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, tuvo lugar una primera jornada de protesta el pasado miércoles, 20 de junio.

Al día siguiente fue el turno de los alumnos de las universidades privadas, que se expresaron contra el lucro en la enseñanza y por mayores espacios de democratización al interior de las casas de estudio.

"En muchas instituciones, en el momento de matricularte te hacen firmar un contrato en donde aparece una cláusula de que no te puedes organizar", se quejó la portavoz de los alumnos de la Universidad Diego Portales, Fernanda Sandoval.

Están estrictamente prohibidas las organizaciones universitarias dentro de los diferentes espacios, señaló la líder estudiantil.

Asimismo la presidenta de la federación de estudiantes de la Universidad Santo Tomás, Carolina Jara, apuntó que "en las instituciones se está actuando de manera ilegal a través de la nula regulación por parte del Estado y donde el ministro de Educación (Harald Beyer) no ha sido capaz de dar respuestas y se ha dedicado a dar declaraciones bastantes desafortunadas...".

"En mi universidad se está lucrando, existe negocio de las inmobiliarias y las autoridades no se están haciendo cargo", recalcó.

La profundidad del lucro en la educación superior de Chile quedó en evidencia ante la opinión pública cuando en mayo de este año el rector de la Universidad de Viña del Mar, Raúl Urrutia, anunció su renuncia por graves irregularidades en el manejo de fondos.

En una carta que trascendió a la prensa, dijo que faltaba una cifra millonaria para pagar remuneraciones de trabajadores docentes, mientras paralelamente los controladores se pagaban considerables sumas a través de sociedades inmobiliarias relacionadas.

Para el analista chileno Manuel Luis Rodríguez, tal escándalo abrió una desagradable caja de Pandora que pocos querían descorrer.

No se trata solamente de operaciones ocasionales de traspaso y triangulación de recursos mediante fundaciones y sociedades inmobiliarias; en realidad es una práctica generalizada en muchas universidades, institutos, liceos y colegios privados, alertó el sociólogo.

Consideró además que lo más lamentable de todo es que la ley permite el lucro en la educación que reporta jugosas ganancias a los privados y deja a las instituciones de la enseñanza desprovistas de los recursos suficientes para "producir" una instrucción de calidad.

El contexto de las movilizaciones de las últimas horas estuvo marcado de hecho por las conclusiones de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que acusó a siete universidades y a un instituto profesional de efectuar maniobras para encubrir el lucro.

La Comisión detectó entre las violaciones más significativas: altos sueldos a ejecutivos sin límite legal aceptado tributariamente, exención al impuesto a la renta e incorporación de familiares al directorio de la universidad o alguna empresa relacionada.

También compra y ventas de universidades, bajo el control de grupos económicos y extranjeros, y aumento de los ingresos por concepto de subida de aranceles, sacrificio de calidad académica y especulación financiera.

Lo cierto es que la batalla contra el lucro acapara titulares en la prensa chilena y ha cobrado renovada magnitud.

Ante la envergadura de los hechos, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), rectora en 2011 del movimiento estudiantil, solicitó al Gobierno que detenga los subsidios a las universidades que lucran.

Su portavoz, Gabriel Boric, instó al Ejecutivo a cortar el subsidio estatal a los empresarios.

Tenemos ahora más motivo que nunca para movilizarnos, para seguir discutiendo y para salir a la calle, manifestó.

Boric pronosticó una nueva escalada de la lucha por otro modelo educacional y anunció una nueva jornada de protesta nacional para el día 28 de junio.

"Nos cansamos de esperar respuestas de un Gobierno que está permanentemente ignorando a los estudiantes", señaló el vocero de Confech.

"Los estudiantes de Chile nos cansamos y nos aburrimos de seguir viendo como hay empresarios delincuentes que se llenan los bolsillos y se hacen ricos a costa de nuestros sueños", remarcó el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Paralelamente, el fiscal nacional, Sabas Chauhán, anunció la designación de un fiscal preferente con el fin de investigar los eventuales delitos derivados del informe de la citada comisión de la Cámara Baja.

Al respecto, la carismática líder universitaria Camila Vallejo opinó que urge fiscalizar en el sistema de educación.

No puede ser que haya casos incluso que se asemejen a lavado de dinero en universidades privadas, esto tiene que fiscalizarse y sancionarse de manera urgente, enfatizó.

Chile debe movilizarse para poner fin al lucro en la enseñanza, regular el sistema privado y generar los mecanismos a fin de recuperar y fortalecer la educación pública, aseveró la actual vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Mientras, en las calles del país suramericano sigue expresándose un profundo malestar social.

A los jóvenes y estudiantes descontentos se suman los trabajadores que claman por mayores salarios, mejoramiento de las condiciones laborales y recuperación de los recursos naturales.

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Colombia: El Presidente Santos objetó reforma a la justicia

PL

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, objetó la reforma a la justicia aprobada por el Congreso de la República y calificó de inaceptable para el Gobierno y el país.

En una alocución radiotelevisada cerca de la medianoche Santos aseguró que hoy devolverá al Congreso objeciones, por razones de constitucionalidad y conveniencia, el proyecto de acto legislativo.

El gobernante agregó que es la que es la primera vez en la historia del país que un jefe de Estado acude a una decisión de este tipo.

Advirtió que de entrar en vigencia la norma que modifica la Constitución, se presentaría un colapso de inmensas proporciones y reiteró que las modificaciones introducidas son inaceptables para el país y para el gobierno.

Santos expresó así su desacuerdo con los artículos que establecen la inmunidad parlamentaria, la modificación del régimen de inhabilidades y los cambios en los procesos judiciales, porque -según dijo- alteran el espíritu de la reforma.

Asimismo, puntualizó que de entrar en vigencia la reforma constitucional tal y como está, la Fiscalía General de la Nación estaría obligada a paralizar cerca de mil 500 investigaciones a su cargo sobre funcionarios, y, adicionalmente, los que están detenidos podrían quedar en libertad.

"Esto tendría gravísimas consecuencias para la administración de justicia, la lucha contra la corrupción y la impunidad, con lo cual habría un colapso de inmensas proporciones", enfatizó.

Por otra parte, apuntó que la comisión de conciliación aprobó un parágrafo transitorio que extiende la doble instancia a todos los procesos que contra ellos cursen en la jurisdicción contencioso-administrativa, incluyendo los de nulidad electoral, lo cual generaría otro colapso judicial.

También advirtió se fusionaron las normas aprobadas en la Cámara y en el Senado sobre el régimen de pérdida de investidura de los congresistas, de tal manera que se alteró la voluntad de las plenarias de esas instancias.

A su vez, dijo que se suprimió el régimen de transición para la eliminación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

¿Qué significa esto? Que al día siguiente de promulgar la reforma, habría otro factor de colapso en la rama judicial porque la administración de la rama quedaría bajo la dependencia de un solo funcionario.

"Queríamos y queremos una reforma constitucional a la justicia para que ganen la justicia y la transparencia, y no para dar gabelas y beneficios a quienes hoy están investigados, o para generar un caos en la justicia", puntualizó.

Como presidente de todos los colombianos y obrando en conciencia, tengo el deber de impedir que esto prospere, recalcó.

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SOAW pedirá al Presidente Rafael Correa retirar soldados ecuatorianos de la Escuela de las Américas

Una delegación del Observatorio por el cierre de la Escuela de las Américas (SOAW, en inglés), se encuentra visitando Ecuador, entre los días 20 y 28 de junio de este año, en compañía de su fundador, el sacerdote Roy Bourgeois. Entre ellos, viaja también la socióloga Lisa Sullivan encargada para América Latina de la organización estadounidense.

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En la visita a Ecuador, se reunirán con diversas organizaciones de derechos humanos, e intentaran nuevamente reunirse -como ya lo hicieran en febrero del 2008- con la máxima autoridad del país, el Presidente Rafael Correa.

Por segunda vez, le plantearan a Correa la necesidad de retirar a los soldados de Ecuador del entrenamiento que siguen recibiendo en la conocida Escuela de las Américas del Ejército de Estados Unidos. Pese a que la academia militar hoy funciona con otro nombre, el de Instituto de Seguridad y Cooperación del Hemisferio Occidental, sigue operando en el mismo lugar y con el mismo propósito que le dio origen.

Hasta la fecha más de 3600 militares ecuatorianos han recibido entrenamiento aquí pese a las críticas y denuncias que diversas organizaciones de derechos humanos han realizado contra la Escuela de las Américas.

En esta segunda visita de SOAW, tendrán un punto a favor ya que la Comisión de la Verdad, en su informe del año 2010 en Ecuador, dentro de sus recomendaciones señaló la importancia de “que no se autorice a miembros de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional a que asistan a cursos de formación o capacitación en escuelas o instituciones que tengan antecedentes en la enseñanza de prácticas contrarias a los derechos humanos” señalando explícitamente a la Escuela de las Américas.

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Cuba: Critican "bloqueo" de Google

XINHUA

La hija del presidente cubano Raúl Castro, Mariela Castro Espín, criticó hoy el "bloqueo" del buscador en internet Google, de Estados Unidos, para la realización de consultas por parte de la isla.

Sus declaraciones tuvieron luego de que el gigante de internet cerró el acceso de la ínsula antillana al servicio estadístico "Analytics".

"En el reclamo de Cuba por sus derechos, si bloquean Google sabremos utilizar la solidaridad", escribió la directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), en la red social de internet Twitter.

Al participar este jueves en un debate digital por los derechos de Cuba, Mariela Castro afirmó que el país caribeño buscará solidaridad para sortear este obstáculo.

En un encuentro organizado por "blogueros" cubanos (usuarios de internet que eleboran bitácoras) se denunció que el bloqueo de Google se suma a "las sanciones y provocaciones" de Washington contra la mayor de las Antillas.

Fuentes oficiales de la isla denunciaron el martes pasado que Google cerró a La Habana el acceso a su servicio estadístico "Analytics", medida que calificaron como "escandalosa censura" de ese portal, que a su vez se justificó al invocar las leyes del bloqueo estadounidense vigente desde 1962.

La medida afecta a los sitios de internet del gobierno cubano y a los "blogueros" del país caribeño, pero también a los "blogs" de los elementos hostiles al gobierno dentro de la isla, a los que La Habana considera mercenarios de Washington.

La herramienta de Google "Analytics" permite a los usuarios conocer datos estadísticos sobre sus sitios, como el número de visitantes y sus lugares de origen.

Los cubanos sólo podrán revisarlos ahora desde fuera de la isla.

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México: Obliga el Gobierno del DF a médicos a practicar ILE sin excusas

Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)

La Secretaría de Salud del Distrito Federal (SSDF) modificó los lineamientos de los servicios sanitarios para la interrupción legal del embarazo (ILE), con el fin de establecer las pautas para que el personal médico practique abortos voluntarios, ya que las disposiciones anteriores se limitaban a la interrupción por causales no punibles.

Con los cambios a los “Lineamientos generales de organización y operación de los servicios de salud para la ILE en el DF”, publicados ayer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se incluyó el uso de medicamentos como método preferente para practicar la ILE.

La Ciudad de México es la única entidad federativa donde, desde abril de 2007, el aborto voluntario es legal hasta las 12 semanas de gestación. A partir de ese año a la fecha se han realizado más de 77 mil procedimientos a mujeres capitalinas y de otros estados.

Los lineamientos anteriores fueron elaborados en noviembre de 2006, previo a la aprobación de la ILE en la Asamblea Legislativa del DF, por lo que no incluían las disposiciones pertinentes para garantizar el acceso al aborto legal a quienes quisieran interrumpir un embarazo no deseado de manera voluntaria.

Entre las nuevas disposiciones está que el procedimiento debe realizarse por un médico cirujano que muestre su capacitación y adiestramiento en la ILE, mediante documento teórico-práctico, emitido por el área de Salud Sexual y Reproductiva de la SSDF.

En caso de no contar con la constancia de capacitación, el personal médico debe referir a la mujer de manera adecuada, responsable y oportuna a una unidad médica donde le puedan practicar el procedimiento.

Los lineamientos establecen que el personal que realice la ILE está obligado a proporcionar un trato digno a la usuaria, respetar la confidencialidad del caso, y dar seguridad del procedimiento a realizar, en un contexto de empatía durante su estancia en la unidad de salud.

Si el médico cirujano se declara “objetor de conciencia”, podrá abstenerse de realizar la ILE, pero deberá canalizar a la mujer con otro doctor. Sin embargo, los lineamientos precisan que cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la usuaria, el médico “no podrá invocar la objeción de conciencia, estando obligado a realizar el procedimiento de la ILE”.

Respecto a las unidades médicas del sector público, social o privado, la SSDF indica que deberán cumplir con los requisitos establecidos en la NOM-178-SSA1-1998, que establece los mínimos de infraestructura y equipamiento para la atención médica de pacientes ambulatorios.

Procedimiento

Los lineamientos señalan que la técnica utilizada para la ILE será “preferentemente” mediante la administración de medicamentos (como el misoprostol) o quirúrgica, y el procedimiento se definirá tomando en consideración las semanas de gestación del producto, el estado de salud de la usuaria y el criterio del médico.

Las autoridades de la unidad médica agilizarán los trámites administrativos necesarios para llevar a cabo el procedimiento lo más pronto posible. Por lo que deben resolver la solicitud de ILE en un máximo de 48 horas.

Mientras que en el caso de las causales no punibles (violación sexual, inseminación artificial no consentida, malformaciones del producto o cuando esté en riesgo la salud de la mujer), el plazo para la interrupción del embarazo no debe ser mayor a 10 días naturales contados a partir de la primera consulta en la unidad médica

Lo anterior con el propósito de disminuir riesgos y daños a la salud materna, los cuales se incrementan conforme avanza la edad gestacional.

Información

El personal de salud de los sectores público, social y privado están obligados también a dar “información objetiva, suficiente, oportuna y comprensible” sobre los procedimientos que se utilizan, así como los riesgos y consecuencias, a fin de que quienes soliciten la ILE decidan de manera libre.

También los médicos, incluidos los adscritos a las agencias del Ministerio Público, tienen que brindar “información completa y oportuna” acerca del uso de hormonales orales dentro de las primeras 120 horas postcoitales, como una medida de prevención del embarazo en mujeres víctimas de violación o inseminación artificial.

Por último, la SSDF refiere que los expedientes clínicos se considerarán como información confidencial y restringida conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.

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Racismo, xenofobia y contrabando humano reverdecen en Estados Unidos

Jorge V. Jaime (PL)

Las tendencias racistas y xenófobas, junto al flagelo del contrabando humano, continúan afectando a la sociedad civil de Estados Unidos, un país paradójicamente fundado por inmigrantes y con una población extranjera de casi 40 millones de habitantes.

Inquietantes informes sobre el tráfico de seres humanos en Norteamérica se sumaron en meses recientes a reportes sobre incidencias relacionadas con odio racial en comunidades metropolitanas, maltratos policiales consecutivos e implementación de leyes intransigentes contra ciudadanos foráneos.

A mediados de junio trascendió que la organización racista estadounidense Ku Klux Klan solicitó al gobierno estadual de Georgia que le transfiriera la supervisión de una avenida en la localidad de Union County para garantizar su "limpieza, tranquilidad y progreso".

El pedido formal de los llamados Caballeros Keystones, un capítulo del KKK en el sureño territorio, tiene fecha del 21 de mayo y fue dirigido al Departamento de Urbanidad de Georgia, pero no se esclarece que actividad específica realizarán en el área.

De ser aprobada la demanda, el grupo tendría control en un perímetro cercano a la frontera con North Carolina y las Montañas Apalaches, una ruta transitada por inmigrantes ilegales y donde tienen asiento varias comunidades afroamericanas y latinas.

Agrupaciones civiles, empresariales, comunitarias, familiares o religiosas pueden pedir la adopción de una avenida para encargarse de su limpieza u otra logística durante un tiempo determinado, de acuerdo con leyes vigentes en varios estados norteamericanos.

También el KKK de Missouri hace dos meses planteó la misma propuesta a la gobernación de ese estado en relación con una calle nombrada en honor a la activista de los derechos civiles Rosa Parks, pero le fue negado el permiso.

El Southern Poverty Law Center, un foro que monitorea a los grupos de odio en Estados Unidos, recordó que el Klan es desde 1865 la más infame de las organizaciones racistas en este país, pero se ha presentado siempre como una misión cristiana.

Desde una página de Internet los Caballeros Keystones exigen al pueblo estadounidense "levantarse en armas contra la tiranía federal, la opresión de Washington, y pasar a integrar el Ejército Clandestino de Resistencia".

Las nuevas maniobras del KKK se difunden en coincidencia con una serie de eventos considerados como crímenes de odio racial en Estados Unidos, en que sobresalen la muerte de Trayvon Martin en Florida y de tres afroamericanos en Tulsa, Oklahoma.

Hace un mes la policía del meridional departamento detuvo a dos hombres blancos que dispararon al azar contra transeúntes afroestadounidenses y mataron a tres de estas personas.

Los sujetos son Jake England, de 19 años, y Alvin Watts, de 32. Aún se desconoce si pertenecen a alguna agrupación segregacionista, pero este hecho ocurre en momentos de alta conmoción social por recientes casos similares con perfil racista.

Voceros policiales explicaron que la única relación entre las víctimas -tres muertos, y dos heridos- es que paseaban o simplemente caminaban por un área pública en un radio de cinco kilómetros cerca de Tulsa.

El reverendo Warren Blakney, presidente de la Asociación Nacional por la Gente de Color, pidió a las autoridades actuar rápido en cuanto a formalización de cargos contra los detenidos, investigación general, y operaciones profilácticas para evitar nuevos incidentes.

Hemos visto ya demasiadas de estas situaciones. Entre mi gente hay recelo, desconfianza; va a ser difícil controlar a mis hermanos que busquen justicia, subrayó Blakney.

Igualmente causó indignación el caso de Howard Morgan, expolicía negro de Chicago, a quien le dispararon 28 veces cuatro agentes blancos. Sin embargo, Morgan acaba de ser sentenciado a 40 años de prisión por "asaltar a sus antiguos colegas", según sancionó un tribunal estadual.

Más de 18 mil víctimas del tráfico humano llegan cada año a Estados Unidos, país donde solo media docena de estados han creado organismos especiales de vigilancia para intentar contrarrestar una tendencia delictiva en franca expansión.

Las estadísticas fueron confirmadas por el Departamento Federal de Salud y Recursos Humanos y entre los territorios con mayor incidencia resaltan California, Texas, Colorado, Florida, Washington y Nueva York.

El 76 por ciento de las personas afectadas por este crimen son del sexo femenino, entre ellas muchos menores de edad, y la mayoría proviene de naciones en Asia y América Latina.

A inicios de este año el Departamento de Justicia instituyó 40 nuevas unidades de expertos en inteligencia policial, psicología, criminalística e inmigración que están siendo distribuidas por el territorio nacional, pero con prioridad enfocada hacia el sur.

Una operación de estos organismos frustró en mayo una red de contrabando y prostitución en California, y detuvo a cinco estadounidenses que tenían a una veintena de mujeres asiáticas prácticamente presas en burdeles de Los Ángeles.

Muchas víctimas son trasladadas directamente desde puertos hasta hoteles y el nivel de subyugación es tan alto que se fomenta el llamado Síndrome de Estocolmo, y por ende resulta difícil que delaten a sus captores, comentó el psiquiatra Jayceon T. Taylor.

Una línea telefónica especialmente habilitada por el Buró Federal de Investigaciones recibió en el 2011 cerca de 10 mil llamadas individuales de ciudadanos que dijeron son o han sido víctimas de contrabandistas en Estados Unidos.

Este sistema de monitoreo se llama Polaris Project, se mantiene activo 24 horas y las denuncias llegan sobre todo desde California, Texas, Florida y New York. Hablan no solo de abusos sexuales, sino también de personas obligadas a laborar como peones de campo, trabajadores sociales, chóferes de camiones y taxistas.

El flagelo del tráfico humano también golpea a los vecinos del norte, y el gobierno de Canadá activó un programa a un costo de 25 millones de dólares para contrarrestar el oscuro y humillante negocio que menosprecia la vida de los inmigrantes.

Cálculos extraoficiales indican que unas 15 mil personas son introducidas ilegalmente en Canadá cada año y que la mayoría son mujeres y niños con niveles de escolaridad inferiores a sexto grado. En cuanto al enmarañado tema migratorio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Estados Unidos prevé emitir antes de julio un veredicto acerca de la constitucionalidad (o no) de una polémica ley aprobada en Arizona.

El punto principal de la controversia en la sureña legislación es un acápite que permite a policías chequear el status legal migratorio de cualquier transeúnte o conductor de vehículos detenido por otras razones.

Abogados de derechos civiles en todo el país han denunciado que tal prerrogativa podría provocar que patrulleros establezcan un patrón discriminatorio en las inspecciones rutinarias donde prevalezca un perfil racial.

La mayoría de los magistrados en el tribunal superior fueron elegidos cuando la administración del presidente republicano George W. Bush y son de tendencia conservadora, por lo que se espera que la CSJ certifique la norma SB1070.

Si el jurado ratifica un fallo positivo para la gobernación de la republicana Jan Brewer la decisión tendrá un impacto en otros estados en el sur que han promulgado (o sopesan) medidas antiinmigrantes similares, como Alabama, Georgia, Carolina del Sur, y Nuevo Mexico.

En Estados Unidos, según cálculos oficiosos, están asentados cerca de 11,5 millones de extranjeros sin papeles, el 60 por ciento de ellos procedentes de México y el ritmo de cruzamiento de fronteras es de casi tres mil personas por semana en ambos sentidos.

Desde 2008 el entonces candidato presidencial Barack Obama prometió una reforma de inmigración, punto que no ha cumplido aún, porque -de acuerdo con la Casa Blanca- urgió priorizar otros temas políticos más acuciantes.

En un año electoral en que todos los políticos buscan contentar a un amplio espectro de votantes, el Congreso federal presentó hace 15 días un intento de ley migratoria que solo beneficiaría a extranjeros que funden empresas o posean altos conocimientos tecnológicos.

Republicanos y demócratas en la Cámara de Representantes estuvieron de acuerdo en adelantar una nueva pieza de legislación denominada Startup2.0, que ya había recibido luz verde en el Senado.

Luego Obama difundió otra iniciativa para otorgar estado legal de residencia a unos 800 mil jóvenes latinos que llegaron a este país siendo niños y cumplen ciertos requisitos educacionales o militares.

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Grecia: 14 puntos programáticos del gobierno de Samaras

ANSA

Los tres partidos que conforman el nuevo gobierno de coalición griego acordaron 14 puntos programáticos condensados en un documento de ocho páginas.

El acuerdo fue alcanzado tras tres días de negociaciones entre los partidos Nea Dimokratia (centro-derecha), Pasok (socialista) y Dimar (Izquierda democrática, moderato).

"El consenso programático necesario fue alcanzado en muchísimos puntos importantes", dijo el primer ministro Antonis Samaras.

"El texto será dado a la prensa. Se trata de un hecho que ocurre por primera vez en la política griega. Esta era una reivindicación del pueblo griego en las últimas elecciones", indicó.

Los 14 puntos, según el diario, son los siguientes:

1) Freno a los despidos en el sector público.

2) Bloqueo a recortes de salarios y pensiones.

3) Recapitalización del banco de Agricultura que servirá como instrumento de desarrollo.

4) Reducción del IVA para productos alimenticios.

5) Reglamentación de hipotecas (no podrá superar el 30% del salario.

6) Restablecimiento de indemnizaciones por despidos.

7) Regreso a los acuerdos colectivos de trabajo desde septiembre.

8) Mantenimiento de las tasas para las empresas a niveles actuales.

9) Permanecerá inalterada la llamada ley Ragusis que prevé la concesión de la nacionalidad griega a los hijos de los inmigrantes nacidos en Grecia.

10) Reforzamiento de la seguridad.

11) Reducción del 20% del financiamiento de los partidos.

12) Abolición de la pensión para nuevos parlamentarios.

13) Expropiación de las propiedades de los políticos que no pueden demostrar de donde provienen los fondos.

14) Control retroactivo sobre bienes de todos los partidos, incluidos sus líderes.

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